De 79 años de edad, el senador nacional Carlos Alberto Reutemann continuaba este domingo internado en la sala de terapia intensiva de un sanatorio de la capital santafesina.

El legislador nacional viene padeciendo un complejo cuadro sanitario desde mayo pasado, habiendo sido internado hace pocas semanas por hemorragias digestivas. Ahora está internado en el Sanatorio Santa Fe, donde a través de un parte médico se informó que sus parámetros vitales están estables y su pronóstico reservado.

No se informó si este domingo se le volvieron a realizar transfusiones de sangre, como sí sucedió el sábado último.

No son buenas las noticias provenientes de Rosario, donde se encuentra internado desde hace una semana el diputado provincial y exgobernador santafesino Miguel Lifschitz.

Según el último parte médico, la salud del presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia presentó este lunes “una desmejoría clínica, motivo por el cual el equipo médico realiza constantes controles y estudios para una reevaluación adecuada de su cuadro”.

Lifschitz “continúa recibiendo todos los soportes terapéuticos correspondientes”, informó el parte médico difundido. El diagnóstico de Lifschitz por el cual permanece en terapia intensiva de un sanatorio rosarino es “un compromiso pulmonar compatible con el Covid-19 que cursa”.  

Miguel Lifschitz anunció a través de sus redes sociales el pasado 11 de abril haber contraído coronavirus, en tanto que el lunes 19 ingresó a la clínica donde se encuentra internado.

Frente a la necesidad de atender la pandemia y el crecimiento de la ocupación de camas de terapia intensiva en la región metropolitana, legisladores del Frente de Todos proponen crear un “Sistema de Información y Gestión para la Asignación de Camas” (SIGAC), como ha hecho el gobierno de la Provincia, que permite centralizar la información y la definición de criterios para la priorización de los pacientes Covid en todo el sistema de salud, sea en el sector privado, público o de obras sociales.

“Frente a un gobierno local que transfiere respiradores al sector privado y cede salas de atención de hospitales públicos a prepagas sin contraprestación alguna, nos parece imprescindible que se implemente un sistema de gestión integrado en la ciudad de Buenos Aires”, expresó el diputado Matías Barroetaveña.

El proyecto dispone crear un sistema de información actualizado 6 veces al día con “datos e información de camas ocupadas y disponibles en los establecimientos de salud públicos y privados” y “comunicar inmediatamente la disponibilidad de camas a requerimiento de los efectores del sistema de salud público, privado y de la seguridad social”.

El proyecto fue presentando este jueves y fue acompañado por los diputados y diputadas del bloque Frente de Todos.

El proyecto deja expresa constancia de la “prioridad absoluta para la atención e internación de pacientes con Covid-19 siempre que, según criterio médico, no peligre la salud de las y los demás pacientes”

La colaboración entre los diferentes subsistemas de salud debe estar coordinada por el estado estableciendo criterios epidemiológicos y sanitarios por sobre los criterios comerciales que pueden regir en el sector privado”, manifestó Barroetaveña; y agregó que “estamos ante una emergencia, disponer de información y gestión centralizada es hoy la diferencia entre la vida y la muerte”.

A más de seis meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual prevén solicitarle al Ejecutivo porteño una serie de detalles acerca del avance del coronavirus en el distrito capitalino y su impacto en el sistema de salud.

En ese sentido, los legisladores pidieron que se detalle la evolución diaria sobre la ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y la situación actual desagregando la información por hospital y/o establecimiento de salud públicos; así como también la cantidad de pacientes considerados de gravedad que se encuentran en guardias, shockroom, unidades coronarias u otros sectores diferentes a las UTI.

Sobre esa misma línea exigieron precisiones acerca de la disponibilidad de equipamiento y recursos humanos para asistir en UTI en cada hospital y el protocolo dispuesto para pacientes que requieran ingresar a terapia intensiva, en el caso de asistir a centros que no cuenten con disponibilidad de camas.

En los fundamentos del texto los opositores señalaron que en “los primeros días del mes de septiembre la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó un comunicado en el que manifiestan su preocupación ante la creciente ocupación de las UTI, la escasez de trabajadores y trabajadoras que cuenten con la formación y experiencia necesarias para abordar la especificidad que implica el sector de terapia intensiva, así como el agotamiento y cansancio que sienten frente al contexto por la pandemia”.

Asimismo recordaron que “en dicha solicitada dan cuenta de la gravedad de la situación de forma explícita cuando sostienen que ‘estamos perdiendo la batalla’ y que ‘el personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso’” y destacaron que “por otro lado, la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes informó a fines de julio que las camas de UTI dispuestas para Covid que contaban en ese momento con equipamiento y personal era de 274 en el total de hospitales públicos de la Ciudad de las cuales más de un 85% se encontraban ocupadas y que, además, el 40% de los efectores tenía el 100% de ocupación”.

“Ante este contexto de crisis sanitaria es importante conocer el estado de situación y las medidas dispuestas que permitan evitar o mitigar el colapso del sistema sanitario en la Ciudad”, sentenciaron.

La iniciativa es de autoría del diputado Matías Barroetaveña (FdT) y también lleva la firma de Javier Andrade, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, María Rosa Muiños, Santiago Roberto y Leandro Santoro (FdT).

La diputada nacional por Río Negro del Frente de Todos Ayelén Spósito presentó un proyecto de ley para que los trabajadores vinculados a las áreas de urgencias y terapia intensiva se jubilen a los cincuenta y cinco años de edad o treinta años de servicio en ese sector.

“Tendrán derecho a la jubilación ordinaria con cincuenta y cinco años de edad y treinta de servicio el personal de salud que se desempeñe en forma autónoma  o en relación de dependencia que preste servicios directa y habitualmente como personal de ejecución en el sector de urgencia y/o de terapia intensiva”, señala el texto presentado.

La iniciativa legislativa comprende a todo profesional que acredite horas de servicio en guardias o en la terapia intensiva hospitalaria. Se entiende por personal de ejecución en el sector al designado para cumplir funciones exclusivamente asistenciales en un servicio de urgencias, entendiendo por éste a aquel que presta servicios de atención de la salud en forma continua, regular y permanente, durante las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año.

Por su parte, el proyecto de ley  explica que aquellas personas que no alcancen el requisito de temporalidad, y se hayan desempañado alternadamente en otras actividades, a los fines de los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuarán un prorrateo en función de los límites de edad de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.

En cuanto a la contribución patronal, en el proyecto se expone que será la vigente en el régimen común, incrementada en un punto porcentual durante el primer año, desde la vigencia de la presente ley, de dos puntos porcentuales en el segundo año contado desde la misma fecha y de tres puntos porcentuales a partir del tercer año.

En el caso de las trabajadoras y los trabajadores que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta que cumplan 65 años, propone la iniciativa propuesta por Spósito.

Cabe destacar que acompañan a este proyecto de ley las diputadas Verónica Caliva, María Jimena López y el diputado Leonardo Grosso.