Es a través de un proyecto de resolución que presentaron en conjunto en el que también exigen “respeto a la memoria de nuestros ciudadanos víctimas del terrorismo y la inmediata liberación de los argentinos que permanecen como rehenes de Hamas”.
Diputados del Frente Pro y de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de resolución en conjunto solicitando al Gobierno Nacional que declare al grupo Hamas como una organización terrorista en medio del conflicto con el Estado de Israel.
El texto está dirigido hacia el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a los efectos de que “disponga la incorporación en el Registro Público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a las entidades Hamas y el brazo militar, las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam”.
También requieren que se disponga la incorporación de las siguientes personas: “Ismail Haniych, jefe de la Oficina Política de Hamas; Yahya Sinwar, jefe político de Hamas en la Franja de Gaza; Salih al-Aruri, vicejefe de la oficina política de Hamas; Mohamed Al-Deif, jefe de las brigadas al-Qassam en la Franja de Gaza; Marwan Issa, subcomandante de las Brigadas; y Khaled Mashal, líder de la rama extranjera de Hamas.
“Se requiere al presidente que solicite a la Unidad de Información financiera que disponga el congelamiento de activos de dichas personas en los términos de los artículos 6 de la Ley 26.734 y el inc. 15 A del Decreto 918/2012”, cierra la iniciativa.
Dentro de los fundamentos, los legisladores argumentaron que “el uso de la violencia por parte de Hamás contra objetivos israelíes ha sido una constante desde su creación por el Jeque Ahmed Yassin durante la primera intifada contra Israel en 1987”.
“Dada la utilización de la metodología terrorista de modo sistemático –incluyendo coches bomba, atentados suicidas, secuestros de ciudadanos israelíes y ataques con diferentes tipos de misiles contra población civil- gran parte de la comunidad internacional occidental ha decidido incluirlo en sus listas de organizaciones terroristas”, subrayaron los dirigentes opositores.
Y añadieron: “La brutalidad de Hamas contra civiles de diversas nacionalidades, entre las cuales nuestros conciudadanos fueron víctimas como en los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, requiere una respuesta terminante contra aquellos que organizaron, planificaron y legitimaron dicha acción terrorista”.
Dicha propuesta fue una de las promesas de campaña que hizo el candidato oficialista, Sergio Massa, durante el primer debate presidencial previo a las elecciones generales en caso de que llegase a la Casa Rosada.
Es el segundo proyecto que Javier Milei presenta como diputado nacional. El primero de su autoría fue hace cinco días atrás en el que les pidió a las autoridades nacionales “accionar con todas las herramientas institucionales que nuestro sistema republicano nos provee, para exigir la inmediata aparición con vida y liberación de los aproximadamente 25 compatriotas desaparecidos por el grupo terrorista Hamas, el pasado 7 de octubre en el Estado de Israel durante los acontecimientos que son de público conocimiento”.
En el acto disertaron familiares e integrantes del CELTyV. Varios legisladores porteños repudiaron el acto desde el hall del Salón Dorado. La diputada de LLA afirmó que “del otro lado quieren DDHH con exclusividad para ellos”.
La diputada nacional y candidata a vicepresidente Victoria Villarruel (La Libertad Avanza – CABA) encabezó este lunes un acto de homenaje a “las víctimas del terrorismo perpetrados por el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros” en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde expresó que “el Estado viola los Derechos Humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos”.
Previo al “homenaje”, el Gobierno de la Ciudad valló los alrededores de la Legislatura porteña, ya que varias organizaciones de Derechos Humanos, del Frente de Izquierda y sindicales se movilizaron en rechazo al acto organizado por la diputada libertaria.
El acto se realizó en el Salón Dorado de Legislatura porteña y fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria, y también por la legisladora libertaria Lucía Montenegro. Allí, disertaron Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure.
Las organizaciones que marcharon en rechazo y repudio fueron: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Además, sectores del Frente de Izquierda y agrupaciones peronistas estuvieron en el lugar.
El acto estaba convocado para las 17, pero debido a las movilizaciones se retrasó y comenzó pasadas las 18. En el hall del Salón Dorado, Gabriel Solano, Vanesa Gagliardi y Alejandrina Barry, legisladores del FIT, repudiaron enfáticamente el acto con pancartas que decían “genocidio, no guerra” y “fueron 30.000”.
El vocero de la organización del acto dio por iniciado el homenaje y consideró que “se trata de crímenes que no han sido juzgados”, y añadió que “vinimos a darles visibilidad a las víctimas del terrorismo. Es una deuda con todos los argentinos”.
Luego, la legisladora libertaria de la Ciudad de Buenos Aires, Lucía Montenegro, expresó: “Es un inmenso orgullo acompañar a Villarruel porque es necesaria una memoria integral y completa”. Del mismo modo, agregó: “La verdad a medias, es maldad y mentira, pero no estamos reivindicando a la dictadura”.
“Nuestro espacio lo repudia de forma clara y contundente y con mis profundas convicciones democráticas les doy la bienvenida a nuestra casa, a pesar de los problemas”, indicó Montenegro entre risas e ironías por las movilizaciones en la puerta de la Legislatura porteña.
A su turno, Lorenza Ferrari, la primera de las disertantes, dijo tener “el orgullo de representar a padres e hijos víctimas del terrorismo porque acá hubo una guerra”. “Hace 48 años que estoy luchando con esto y que nuestros muertos vivan de vuelta”, indicó.
Posteriormente, Graciela Saraspe expresó: “Quiero agradecer a la flamante diputada que tiene mucha empatía con las víctimas del terrorismo”, y entre lágrimas afirmó que “Villarruel nos dio una luz de esperanza”. La organización del evento compartió un video con imágenes que utilizaba voces de niños para relatar los nombres de las “víctimas del terrorismo”.
El tercer disertante fue Arturo Larrabure quien manifestó que “la juventud no conoce la historia de los 70”, relató que “una noche de sábado en Villa María, mi padre fue secuestrado por el ERP”. “Mantuvimos un silencio hasta que en el 2003 sentimos que era oportuno decir que nuestros familiares tuvieron Derechos Humanos y no fueron respetados”, aseveró. “En el 2006 nos reunimos con Vicky (Villarruel) y fundamos el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)”, señaló y cerró que “perdonar salvo mi alma”, en alusión a los presuntos grupos armados que asesinaron a su padre.
Finalmente, la diputada nacional y candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tomó la palabra y expresó que estas personas “vienen de sufrir el dolor indecible de que tu país te niegue”. Además, lanzó críticas contra las organizaciones que repudian el acto y afirmó que “el autoritarismo está afuera”.
“Quiero saludar a los presentes que pasaron un momento dificil para llegar hasta acá y estuvieron con mucho miedo”, indicó la diputada libertaria con relación a los grupos concentrados en la puerta de la Legislatura. Del mismo modo, señaló que “el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo se reconoce cada 21 de agosto en todo el mundo, pero en Argentina vivimos en un relato eterno”.
A su vez, consideró que “el ERP y Montoneros pretendieron armar un estado dentro de nuestro estado y durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron eliminadas y barridas de la historia”. “Ninguna de estas víctimas puede tener una reparación”, añadió.
Asimismo, sostuvo que “el Estado viola los Derechos Humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos”, y enfatizó que “vinimos a darle voz a lo que no la tienen porque del otro lado, quieren Derechos Humanos con exclusividad para ellos”.
También, se dirigió a las organizaciones y dirigentes políticos que repudiaron el acto “homenaje a las víctimas del terrorismo”: “Los que se oponen a este homenaje son los que tienen las manos manchadas con nuestros seres queridos”. “Monopolizan el recuerdo y no nos dejan recordar a nuestros familiares”, lanzó.
Por último, Villarruel afirmó que “ya no tenemos miedo”, concluyó el acto al expresar que “nada pueden hacernos lo que trataron de quitarnos todo” y pidió “que el pueblo argentino tampoco tenga miedo”. En el cierre, fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino por los presentes en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.
Atenta a la repercusión que tuvo el acto en homenaje a “las víctimas del terrorismo”, la diputada reivindicó su accionar.
Luego de los repudios que desde el oficialismo y la izquierda surgieron ante el acto que tendrá lugar este lunes a las 17 en la Legislatura porteña en homenaje a “las víctimas del terrorismo, una de sus organizadoras, la diputada nacional Victoria Villarruel, realizó una enfática defensa del mismo.
“Les molesta que pidamos derechos humanos para todos y que sepamos la verdad de lo que hicieron los terroristas, quieren amedrentarnos con escraches y amenazas como en los 70. No quieren que se sepa la verdad, porque la izquierda es la tiranía hecha ideología, pero vamos a honrar a nuestros muertos”, expresó la candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza.
Tras aclarar que “no importa lo que digan de mí”, Villarruel dijo haber “luchado y lo sigo haciendo por los que NO tienen DDHH”. Y agregó: “Estudié, entrevisté a todos los que pude, me reuní con terroristas para escuchar su visión y arrepentimiento, escribí libros, fundé una ONG, di conferencias, pero no levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula, no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios, ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, solo lucho para darle voz a los que ustedes asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió”.
Terció en la discusión la diputada nacional Carolina Piparo, quien respaldó a su compañera de espacio diciendo: “¿Se dan cuenta lo negacionista que es salir a repudiar el homenaje que hará Victoria Villarruel a las víctimas del terrorismo en Argentina como si no hubieran existido?”.
A lo que Villarruel respondió: “Caro: niegan la historia, niegan los DDHH para todos, niegan que expresemos el dolor cuando ellos han usado y abusado de los recursos del Estado para eso. Nos consideran de segunda y una simple conferencia los deja expuestos”.
El evento generó gran polémica, pero un diputado del bloque Pro salió a respaldar el evento de este lunes en la Legislatura porteña.
La diputada nacional y candidata a vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel encabezará este lunes a las 17 un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El evento, que también cuenta en la organización con la diputada porteña Lucía Montenegro, despertó críticas desde la izquierda y el kirchnerismo y pedidos de suspensión del evento. Pero quien se manifestó totalmente a favor del mismo es un diputado que integra el bloque Pro, Alberto Asseff.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja expresó a través de las redes sociales su apoyo a Victoria Villarruel “por auspiciar un homenaje a las víctimas del terrorismo. La memoria debe ser completa, la justicia no es revancha ni venganza”, remarcó el legislador nacional.
En marzo de este año Asseff había vivido una situación polémica cuando iba a presentar en un salón de la Biblioteca del Congreso el libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, del investigador José D’Angelo. La presentación terminó siendo suspendida por Ceremonial de la Cámara, según contó el propio legislador. Originalmente programada para noviembre, pero luego suspendida por el fallecimiento de Hebe de Bonafini, Asseff denunció que en marzo pasado sectores del oficialismo “se movilizaron” para suspenderla. “Llegaron una batería de planteos a la presidenta de la Cámara por parte de la agrupación HIJOS, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos pidiendo que se frene la presentación de forma urgente”.
El evento que levantó fuertes críticas desde diversos sectores tendrá lugar este lunes en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y es organizado por la diputada nacional.
Un singular protagonismo viene tomando en los últimos tiempos la diputada nacional Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, ganador de las elecciones primarias del 13 de agosto.
Su postura en defensa de las víctimas del terrorismo es bien conocida y en esta campaña el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, la emprendió recientemente contra la legisladora diciendo que “Villarruel organizaba visitas con jóvenes para ir a verlo a (Jorge Rafael) Videla en su arresto domiciliario”.
Ahora Villarruel levantó gran polémica al organizar junto a la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro un “homenaje a las víctimas del terrorismo”. Será este lunes 4 de septiembre a las 17, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.
Allí disertarán Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure.
Previsiblemente llovieron las críticas al evento desde diversos sectores. “No es un homenaje, es una reivindicación de la dictadura”, advirtió este sábado Alejandrina Barry, legisladora del PTS/FIT. Hija de desaparecidos, la diputada expresó su “más enérgico repudio a la actividad que se realizará este lunes en la Legislatura porteña”, y consideró “una verdadera provocación” que en allí se realice una actividad a 4oº años del fin de la dictadura “para reivindicar y promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de estado”.
“La propia Victoria Villarruel que propiciaba las visitas a Videla y aparecía entre los contactos del genocida (Miguel) Etchecolatz como parte de sus contactos y su círculo de confianza ha militado históricamente para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, desaparecieron a nuestros familiares y se apropiaron a nuestros hermanos”.
A través de un comunicado, Barry sostuvo que “la pelea colectiva de años de años, de familiares, organismos de derechos humanos ha permitido condenar a muchos de los genocidas y también evitar sus intentos de impunidad como el fallo del 2 x1 de la Corte Suprema. Con esa misma fuerza repudiamos esta actividad y decimos son 30 mil fue genocidio”, concluyó.
Desde el partido Unidad Popular llamaron a “impedir” un acto al que consideran “en favor del negacionismo histórico y los crímenes de lesa humanidad”. A través de un comunicado suscripto por el exdiputado nacional Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular Nacional, y María Eva Koutsovitis, titular de Unidad Popular CABA, expresaron que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es “una institución de la democracia que en ningún caso debiera permitir que en sus instalaciones se desarrollen actividades que impulsan pensamientos y prácticas de negacionismo histórico que siguen reivindicando el golpe de Estado de 1976, haciendo abstracción del carácter genocida y de los crímenes de lesa humanidad por él cometidos y que fueran expresamente reconocidos por el Poder Judicial de la Argentina e incluso también a nivel internacional”.
Por esa razón solicitaron a las autoridades de la Legislatura, así como a los presidentes de los distintos bloques y a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que impidan la concreción del acto.
Para la diputada nacional Myriam Bregman, “el único sentido que tiene esto es provocar. Villarruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo?”.
“Es otra acción más de este grupo tan identificado con la dictadura. Cada 24 de marzo no acompañan el documento donde se repudia el golpe de Estado. Cuando no repudiás los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese tiempo es porque decidís avalarlos”, sostuvo el diputado porteño kirchnerista Claudio Morresi.
La izquierda llamó a repudiar lo que considera un “acto negacionista” y así llamaron a reunirse en Perú 160 este lunes a las 16.30 el diputado Gabriel Solano y la diputada nacional Romina del Plá, entre otros.
Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa también reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para debatir un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C”, el titular de Legislación General, Lucas Godoy (Salta – FdT), agradeció la presencia de funcionarios e invitados en el tema.
El primero en disertar fue el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, consideró que es “importante” la reforma porque “nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos”.
“En septiembre de 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, adelantó y sumó: “El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los tres poderes, como también al sector privado, para el cumplimiento técnico y la efectividad. Es muy importante este proyecto de ley para poder cumplir con los requerimientos”.
En esa línea, sostuvo que es necesario “arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al Gobierno”.
A continuación, Otero destacó que la realización del proyecto fue un proceso “muy participativo” en el que trabajaron desde el Ejecutivo, miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, el BCRA, entre otros y contó que “se dieron discusiones interesantes”. “Esto sigue acorde con políticas de Estado que venimos desarrollando por las cuales hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que se aprobó a través del decreto 653 y, a su vez, actualizamos la evaluación nacional de riesgo y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“A través de las evaluaciones se ven las amenazas y vulnerabilidades, muchas de esas están siendo mitigadas en este proyecto de ley al igual que las vulnerabilidades en materia de regulación”, explicó Otero.
Además, resaltó tres ejes centrales del proyecto. Respecto al primer eje, planteó: “En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos ‘poseer’ y ‘adquirir’”, y aclaró que “esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las Convenciones de Viena y Palermo”. Asimismo, explicó: “Con respecto al monto de la actualización que actualmente es de 300 mil pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido”.
Sobre el artículo 306 el tipo penal de financiamiento de terrorismo, informó que “se incorpora la figura de los ‘combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de ‘fondos y otros activos’. Esto acorde a la recomendación cinco del GAFI y a la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas”.
Respecto al segundo eje sobre la Reforma a la Ley 25.246, el funcionario contó que “se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA/CFT, tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiario final”. En suma, la UIF profundiza la autarquía funcional y económica, y sobre las facultades, amplia los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto; incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo; celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por otro lado, se sube al carácter de ley las sanciones: “Congelamiento administrativo de fondo u otros activos, mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente, vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“También se incorporar medidas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo”, agregó Otero y explicó que se garantiza el secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Publico Fiscal y ponderó que “estas herramientas le dan más confianza y resguarda más la información”.
Sobre la incorporación de “nuevos sujetos obligados”, detalló: “Proveedores de servicios de activos virtuales; aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo; abogados que, en nombre de sus clientes, llevan a cabo la compra/venta de inmuebles, administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra/venta de participación social; proveedores de servicios societarios y fiduciarios; no financieros de crédito; de servicios de pagos”.
A su vez, indicó que en “la supresión de sujetos obligados” se dejó de lado a las organizaciones sin fines de lucro; el Tribunal Nacional de Defensa y, con respecto a los intermediarios de seguros “dejan de ser sujeto obligado los peritos, los liquidadores de seguros, los productores asesores de seguros”. “Se incorpora un capítulo referido a las personas jurídicas sin fines de lucro que, aunque dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abusos para la FT y deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, sumó.
Por último, explicó el tercer eje sobre la creación de un Registro de beneficiarios final que será un registro centralizado de personas y estructuras jurídicas con información “adecuada, precisa y actualizada”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP levantándose el secreto fiscal.
De forma breve, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dejó constancia de “la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto hasta hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y participativo, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo, corregir, adaptar, adecuar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales. Sin perder el eje del proyecto, hubo un debate muy rico con diputados y diputadas y asesores que nos permitió poder actualizar el texto original y llegar al que explicó detalladamente el doctor Otero”.
A su turno, el director del BCRA, Zenón Biagosch, puntualizó en algunos aspectos de la ley que “son medulares” en relación al rol del Banco Central en el sistema integral y preventivo de lavado de activos.
“Es un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada, que requiere una reforma estructural en lo que hace a la relación de las temáticas atendidas por el Banco Central, no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación de servicios financieros”, resaltó.
Y siguió: “Hay una realidad objetiva que ha emergido y se vio fortalecida por la pandemia donde los mecanismos de ofertas han mutado y son distintos, por ende, los controles que tenemos que aplicar, de alguna manera tienen que ajironarse a estas nuevas realidades”. Asimismo, destacó tres aspectos de la reforma: “La actualización del artículo 20 sobre los sujetos obligados en formar operaciones sospechosas, es importante que se incorpore a los actores proveedores de servicios proveedores de cobros y pagos, los otros proveedores no financieros de créditos y los de servicios virtuales”.
“Esta es una realidad objetiva en la cual hoy tenemos en el mercado en la Argentina una cantidad de actores que brindan este tipo de servicio con una cantidad de cuentas abiertas en cabeza de residentes locales que tranzan con este tipo de activo financiero que está totalmente desregulado”, planteó Biagosch y propuso rever el régimen sancionador administrativo por parte de la UIF sobre el artículo 20 sobre sujetos obligados que hay organismos públicos que se encuentra el BCRA y se haga una salvedad que “no todo el marco sancionador es aplicable a todos los sujetos obligados, en tanto sean organismos públicos”.
Como tercer aspecto, destacó la creación del registro de beneficiarios finales “es un tema pendiente y central que hace a al trasparencia y funcionamiento del sistema. Esto es un gran avance en la reformulación de la ley. La adecuación del marco normativo es muy oportuna”.
La directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, Verónica Grondona, brindó las características del registro actual que lleva a cabo su institución a cargo y lo que propone el proyecto. En principio sostuvo que el concepto de beneficiario final consiste en “una verificación en cascada” controlando y requiriendo informes tanto a beneficiarios finales que sean por titularidad de acciones o a través de otros medios indirectos.
En esa línea, destacó la importancia y la necesidad de identificarlos porque “permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos que lo requieran”. En suma, se refirió a la creación del registro que permitirá “tener acceso en tiempo real a la información y mejorar la calidad y supervisión de la misma”. En tanto, comentó que a nivel mundial se están implementando distintos tipos de registros y en Latinoamérica hay registros de beneficiarios finales en muchos más países de la región como Chile, Ecuador, México, Brasil.
Sobre el registro de AFIP contó que eran de “participación accionaria” y manifestó que “son extremadamente útiles porque sirve para la verificación de la efectiva declaración de los activos y sobre ganancias y bienes personales”. También informó que Argentina desde el 2017 participa del intercambio de informaciones de cuentas financieras.
“El registro de beneficiarios finales busca centralizar los registros e información existentes que pueden estar en otras sedes”, resaltó Grondona y añadió: “Los registros tienden a ser de difícil verificación y necesitamos de un trabajo colaborativo entre todos los organismos públicos. Se pretende una serie de accesos diferenciados”.
El último orador en presentar el proyecto fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, manifestó que “quedaba pendiente por cumplir la recomendación 15 del GAFI sobre los proveedores de servicios virtuales que incluye la preocupación de que sean sujetos obligados, sino también, que exista un registro de estos actores”.
“El modelo elegido parte del análisis de qué están haciendo los países medianos de la región, así que quedó plasmado en el artículo 35 y 37, no solo contempla la preocupación sobre el lavado de dinero, sino que incluye cuestiones vinculadas con la trazabilidad, las operaciones entre el destinatario y originante, cuestiones sobre protección los inversores y datos personales”, precisó Negri.
En esta etapa de la reunión, abrió el debate el presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, criticó la forma en el que país “viene encarando” el tema en materia de derecho penal porque “por su carácter permanente es una muestra de que, con más derecho penal, no se pone coto a la criminalidad organizada”.
Sobre la reforma de lavado de activos, se refirió a la pretensión de conversión de los abogados en sujetos informantes a la UIF sobre operaciones sospechosas y destacó la inclusión en el artículo 303 inciso 3 “de la posesión o ‘auto receptación’ para incluir a quien posea activos provenientes de un delito para aplicarlos a una operación de lavado sin haberlos recibido de otra persona o sin que se pueda probar que así haya sido”.
“Aquel proyecto a advertido una laguna de imponibilidad y en ese afán de castigar todo tampoco quiere dejar esta conducta fuera para el caso de que no se pueda probar de que los bienes poseídos fueron recibidos o entregados por algo. Este frenesí penal que no se detiene ha convertido al delito de lavado de activos en otra cosa diferente a un encubrimiento”, cuestionó Díaz Cantón y comparó que “hoy es punible cualquier tipo de lavado y a cualquier monto”, pero cuestionó que en la iniciativa “no se actualizan los montos para ingresar en la figura gravada que hoy debería ser, no de 300 mil pesos, sino de 9 millones de pesos. Todo para sumar punición y restringir libertad”.
En el mismo sentido se manifestó la expresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, sobre la “innecesaridad de trocar la extensión del tipo penal de acuerdo a cierta terminología que usa el estándar internacional, pero que a nuestra práctica judicial sería muy inconveniente. Tocarlo ahora sería un error”, y cuestionó: “Hay un verbo que se introduce que es ‘poseyere bienes’, poseer no tiene la lesividad necesaria que requiere ese tipo penal”.
También compartió con el orador preopinante la necesidad de “elevar el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos y el crimen organizado que afectan el orden económico y financiero tiene que tener una envergadura mucha más grande”.
Además, observó un error en el inciso 3 del artículo 2 que “utiliza la terminología vieja” y propuso modificarlo. En suma, expresó preocupación por la redacción del artículo 6.
En su presentación, el abogado Gustavo Juana recordó que la legislación vigente es del año 2011 y opinó que las modificaciones propuestas por la UFI “están alineadas con los cambios que ha habido en las mejores prácticas internacionales”, y ponderó: “Los activos virtuales; la inclusión de proveedores de servicios digitales como sujetos obligados. El GAFI publicó en 2021 un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con los activos virtuales. Se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos. Es necesario un marco regulador específico”.
“El segundo punto son los abogados o estudios jurídicos como sujetos obligados. Van a ser sujetos obligados solo aquellos que brindan servicios de creación de empresas, o administran fondos de terceros”, destacó y sumó: “La ampliación a otro tipo de sanciones, la diferenciación de las multas y la actualización de las mismas. La creación de un registro se inscribe dentro de una de las mejores prácticas”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que “en este tema como en otros, es importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea. La falta de actualización de la condición objetiva de punibilidad de los 300 mil pesos es un absurdo porque la cantidad de hechos son enormes”.
“Esto es lisa y llanamente un absurdo. Esto no es prevenir ni castigar el lavado de dinero, de esta manera vamos a inundar la UIF de cosas inservibles”, lanzó y siguió: “La cuestión de los cambios de tipo penal me hace ruido la incorporación del término ‘poseyere’ y la incorporación del ‘adquiriere’”.
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación: “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”.
“Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”, explicó y manifestó: “Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico, pero también la efectividad”.
Por último, sostuvo: “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”.
Así lo manifestó la senadora radical al participar de una reunión sobre esta temática en Italia, en su rol de presidenta del Parlatino.
La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR) participa, en su rol de presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en la II Reunión del Mecanismo de Coordinación de las Asambleas Parlamentarias contra el Terrorismo, que tiene lugar en Nápoles, Italia.
El evento, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) y el Consejo Shura del Estado de Qatar, tiene como objetivo mejorar la coordinación entre parlamentarios y asambleas parlamentarias en su contribución a políticas, estrategias y planes de acción en materia de contra terrorismo y extremismo violento.
Desde allí, la legisladora jujeña expresó “el compromiso del Parlatino en la lucha y prevención del terrorismo y su inagotable busca de la paz mundial”.
En este sentido, la titular del foro parlamentario latinoamericano manifestó que “es necesario desfinanciar a las organizaciones criminales”.
“Sin dinero no pueden operar y en esta tarea estamos trabajando junto a Crime Stoppers en la puesta en marcha del Consejo Interinstitucional Público Privado contra el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada”, afirmó.
Asimismo, Giacoppo se comprometió a promover la revisión y actualización de la ley modelo sobre terrorismo aprobada en el año 2007 en nuestro país. A instancias de impulsar esa reforma, se firmará un Acuerdo de Cooperación con UNOCT, quienes apoyarán técnicamente la iniciativa.
En el encuentro también participan el Parlamento Árabe, la Unión Interparlamentaria Árabe, la Unión Parlamentaria de África, el Parlamento de Andean, la Asamblea Parlamentaria de Asia, la Asamblea Parlamentaria de OSCE, la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo y la Asamblea Interparlamentaria de Naciones Miembros de la Comunidad de Estados Independientes.
Así lo expresó Sergio Massa, quien junto a entidades judías y parlamentarios de la región encabezó el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo.
La Cámara de Diputados de la Nación y el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) co-organizaron el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo que, por primera vez, contó con la participación de los presidentes de los parlamentos de la región, entre ellos, los representantes del Mercosur.
En conmemoración al 27° aniversario del atentado a la AMIA, el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo se realizó por videoconferencia con el objetivo de generar y fortalecer políticas que enfrenten el flagelo del terrorismo internacional.
Al inicio del Foro, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que el encuentro implica “no solamente recordar a las víctimas y seguir bregando por justicia, sino también expresar que el deseo de lucha de nuestro país contra el terrorismo, el racismo, el odio y la discriminación no es un deseo individual, sino un trabajo colectivo con los parlamentos”.
“La lucha contra el terrorismo debe ser un trabajo colectivo de América Latina”, agregó.
“Estamos a pocas horas de cumplir 27 años de un acto terrorista que sufrió no solamente la mutual AMIA, sino también nuestra región, tal vez uno de los actos terroristas más graves que haya sufrido, por eso es muy importante la condena que hoy impulsamos de manera conjunta y, sobre todo, el compromiso al trabajo conjunto desde los parlamentos y el fortalecimiento de las leyes, para luchar contra el terrorismo”, sostuvo Massa.
En su discurso ante el Foro, el presidente de la Cámara baja pidió trabajar juntos “para regionalizar la necesidad de lucha contra el terrorismo” y demandó tener “la capacidad de transformar la búsqueda de justicia, el fin de la impunidad de quienes perpetraron ese acto terrorista, en una bandera que fortalezca las democracias en nuestra región”. “Las democracias fuertes son las que se manifiestan con firmeza en contra del terrorismo”, declaró.
Asimismo, Massa dijo que “contra el terrorismo, contra el racismo, contra la violencia, contra las violaciones a los derechos humanos, tengamos la firmeza en nuestros parlamentos de sostener la palabra en alto, la voz de lucha, para preservar las democracias en América Latina”.
Participaron del foro Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Jorge Knoblovits, presidente de DAIA, y Ariel Eichbaum, titular de AMIA, los presidentes de los parlamentos Artur Lira (Brasil), Diego Paulsen (Chile), Dulce María Sauri Riancho (México), Pedro Alliana (Paraguay), Alfredo Fratti (Uruguay); Germán Alcides Blanco Alvarez (Colombia) y el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins.
