El exdirector de la OSPJN volvió a ausentarse por segunda vez a la reunión. Desde JxC pidieron que compadezca acompañado de su abogado, pero el FdT lo rechazó. Este martes fueron tres los testigos, el principal Héctor Marchi.
En el marco de la undécima jornada -la séptima con testigos- de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, se presentaron a testificar el docente universitario Gustavo Montanini, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia, y el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.
Al final de la reunión, que duró más de cinco horas, se resolvió volver a citar bajo apercibimiento de informar de la ilicitud al juez al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, justificó su incomparecencia.
Desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón compadezca ante la comisión acompañado de su abogado, pero el oficialismo rechazó esa idea.
En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente, a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para el jueves a partir de las 11.
Es que se resolvió que la próxima reunión no sea el martes, por el feriado del lunes. Al final, se puso en discusión hacerla el miércoles o el jueves y se eligió el segundo día.
El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.
Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.
Primer testigo en declarar este martes, Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, se refirió a la auditoría interna que realizó junto a otro abogado y dos contadores sobre la obra social del Poder Judicial, en cuanto a cuestiones “económicas, financieras, de legalidad y de gestión”. Afirmó que el plan de trabajo fue determinado por esa comisión interdisciplinaria que integró y no por la Corte. Para la misma, que abarcó un análisis desde abril de 2008 a septiembre de 2021, se tuvieron en cuenta auditorías realizadas anteriormente por la AGN, contó.
Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario del máximo tribunal dijo no tener conocimiento sobre una “acordada o resolución” que haya designado como encargado de la obra social a uno de los ministros. “El control depende de la Corte Suprema en su conjunto”, dijo e insistió en desconocer si el juez Juan Carlos Maqueda había sido designado o había estado a cargo de hecho, como interrogó la oficialista.
De Vedia confirmó que, de acuerdo con la información recibida por la obra social, en el período auditado no se cubrieron los cargos de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna. “No se cubrieron esos cargos, estaban vacantes”, afirmó y detalló que en el caso de los subdirectores, “según el estatuto es una designación compleja”, porque “los designa la Corte, pero a propuesta del directorio”.
Sobre la falta de presupuestos, el letrado ratificó que en el período que abarca la auditoría “no se confeccionaban”. Según el estatuto, que él mismo leyó, el directorio lo debía elevar ante la Corte, pero señaló que no tenía conocimiento de si la Corte exigía el presupuesto al directorio: “Nosotros auditamos la obligación y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte lo solicitó”.
Al responderle al diputado Juan Manuel López (CC-ARI), el testigo explicó que en el caso de las licitaciones y contrataciones “interviene la propia asesoría jurídica de la obra social, no la de la Corte”, aunque “según la relevancia de la licitación en algunos casos se elevó a la Corte la decisión respecto de la licitación o adjudicación” y, más precisamente, a la presidencia del máximo tribunal.
En una de sus intervenciones, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) dejó en claro que “no hay una norma que establezca o exija la obligatoriedad de que (esta obra social) se maneje a través de presupuestos”. Y resaltó que “la pelota está en nuestra cancha”, porque habría que lograr que este organismo como otros adapten “sus sistemas a la Ley de Administración Financiera”. Sin embargo, los oficialistas Germán Martínez y Rodolfo Tailhade (FdT) consideraron que sí le cabe a la obra social la obligatoriedad de presentar los presupuestos, al estar bajo la dependencia del Poder Judicial, el cual está contemplado en la Ley de Administración Financiera.
Al momento de las preguntas, Tailhade interrogó a De Vedia sobre las delegaciones de firma que hizo el exdirector Aldo Tonón y concluyó en que “por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había subdirector médico ni subdirector administrativo, con lo cual cualquier delegación de firma era totalmente antiestatutaria porque solo a esas personas podía delegarse”, subrayó el legislador
Luego fue el turno del docente universitario y contador Gustavo Montanini quien conformó la Comisión de Auditoría de la Obra Social al ser contratado “externamente”. Al ser consultado por la diputada Siley sobre las dificultades que tuvieron al iniciar el trabajo y el plazo para la realización de la auditoría, comentó que tenían un plazo de 120 días que “no” pudieron cumplimentar por lo que solicitaron una prórroga para poder terminarlo.
“Al principio tuvimos más dificultades por el espacio físico y decidimos hacer un intercambio de información para poder analizarla por separado”, agregó y manifestó que los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo “pueden ser varios” porque para poder iniciar el trabajo de revisión de la documentación “tuvimos que esperar un plazo significativo y la dinámica que tuvimos en la revisión hizo que no pudiéramos constatar inmediatamente las dudas que pudiéramos tener”.
Al respecto, informó que “el pedido de información exigía por parte de la obra social, un análisis de lo que estábamos pidiendo, la devolución y un análisis de nuestra parte y si teníamos preguntas para hacer teníamos que repetir el pedido o recurrir a la obra social para sacarnos las dudas o a veces la información nos llegaba en forma parcial y no pudimos hacer el análisis en los tiempos en los que hubiésemos querido”.
Y sumó: “El no contar con un espacio físico, fue el detonante por el cual empezamos a pedir la información y recibir respuestas que solicitábamos”.
Por otro lado, se refirió a las dificultades al no contar con una Auditoría Interna: “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y utiliza como disparador esos informes. Al no existir la auditoría interna no existían los informes por lo tanto tuvimos que arrancar de cero con 13 años de proceso de revisión”. “El informe por el que comenzamos es el número uno, elaborado por Héctor Marchi”, afirmó Montanini.
Siley también le preguntó por los movimientos al Banco Nación, puntualmente por el ingreso de mas de 7 millones de pesos que “dicen que no pueden identificar su procedencia. ¿Qué significa esto?”. El contador explicó que “cuando se realizan conciliaciones bancarias recurrentes explican cuáles son los movimientos que aparecen como partidas conciliatorias. En este caso podemos ver que hay elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.
“Nosotros intentamos revisar esas conciliaciones bancarias, pero no existieron, por lo que esa diferencia de 7 millones de pesos es una diferencia que no pudimos comprender cuál era el ingreso que refería a ese monto”, informó y contó que pidieron “explicaciones” sobre “todos los movimientos bancarios y no recibimos explicación sobre esos 7 millones de pesos”.
En ese sentido, precisó que las consecuencias de no contar con conciliaciones bancarias es que “no existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”.
El último en declarar fue el exadministrador Héctor Marchi quien se despachó con dureza hacia los miembros de la Corte y dejó al descubierto la “informalidad” con la que se manejan. También apuntó contra Silvio Robles y denunció que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” y que es “víctima de seguimientos y amenazas”.
Rodolfo Tailhade solicitó la comparencia de cinco testigos más por la obra social judicial y dos más por la causas 2×1.
Como es habitual en las reuniones de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo realizó en el comienzo un pedido de ampliación de prueba, solicitando una serie de nuevos testigos en la causa. Y como suele suceder, fue el diputado Rodolfo Tailhade el encargado de hacer tal solicitud.
Pero en esta oportunidad la oposición hizo un planteo que logró imponer, para que esos pedidos no sean votados de manera intempestiva, sino que puedan conocer bien de qué se trata y votar los temas en la semana siguiente. El logro, aclaremos, fue a medias.
Tailhade pidió que sean citados como testigos, por la causa que tiene que ver con la Obra Social del Poder Judicial, los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez. Como así también los funcionarios judiciales María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía del doctor Juan Carlos Maqueda, y Andrés Sacchi, director general de Sistemas de la Corte Suprema.
También como testigos, pero por la causa 2×1, Jorge Auat, extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad entre 2013 y 2017, hoy jubilado; y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj.
Asimismo solicitó librar oficio a la Corte para enviar una serie de oficios y expedientes referidos a la obra social y otras cuestiones. En el marco de la diversidad de solicitudes, Tailhade precisó en un momento que esos requerimientos tenían que ver con las denuncias contra el doctor Carlos Rosenkrantz relacionados con su intervención en cuestiones de sus exclientes.
Tras ello, Juan Manuel López, vicepresidente de la comisión, planteó que se les pedía votar por algo que recién ahora estaban conociendo. “Yo no sé qué está pidiendo el diputado”, remarcó, aclarando que ese sistema no les permitía evaluar si las citaciones que debían votar eran o no pertinentes. “No sé si es prueba o no”, dijo y advirtió con ironía que deberían alquilar un galpón para guardar tal cantidad de material que estaban acumulando.
“No voy a acompañar un pedido de prueba que no puedo conocer”, señaló, anticipando que se abstendrían de votar ese tipo de pruebas.
La diputada Paula Oliveto planteó que lo conveniente sería anunciar los pedidos y someterlos a votación la semana siguiente. “Para ordenarnos”, aclaró, destacando que de lo contrario no podían fundamentar su posición. “Todas las disposiciones tienen que tener una motivación”, señaló, anticipando que en su caso querían citar al secretario Legal y Técnico de Héctor Daniel Marchi, secretario general de Administración de la Corte, pero lo fundamentaban por escrito.
Mientras la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, insistió en la necesidad de votar ese mismo día, su compañera de bloque Vanesa Siley aclaró que el abogado Sebastián Clerici, a quien la diputada Oliveto se había referido, ya había sido citado como testigo y su comparencia aprobada la semana anterior, “porque es uno de los que auditó a la obra social”. Con todo, aclaró que la de Oliveto no le parecía una propuesta errada.
“Me parece bien que se pueda a viva voz hacer alusión a qué se refiere la comparencia de los testigos”, aceptó, aunque precisó que en esos casos se podía aclarar sobre cada caso y postergar en cambio la votación sobre la prueba informativa.
Oliveto aclaró que en el caso del testimonio de Clerici, excedía el tema de la obra social y tenía que ver en cambio con su rol de director jurídico de la Secretaría de Administración de la Corte.
Luego de que Tailhade aclarara por qué se citaba a cada testigo, se aprobaron las citaciones, pronunciándose en contra de las de Auat y Avruj los diputados de Juntos por el Cambio. “Me parece que el caso 2×1 está agotado, es suficiente con lo que tenemos y nos oponemos a seguir citando testigos por este tema”, planteó Juan Manuel López.
Carolina Gaillard le contestó que siempre habían hablado de que se debían una “audiencia remanente”.
En la reunión de este martes el oficialismo interrogó al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel; y a tres funcionarios de la Corte Suprema, entre ellos, Natalia Monayer quien comparte despacho con Silvio Robles.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de la oficialista Carolina Gaillard, recibió en la reunión de este martes- en el marco del pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema- a cuatro nuevos testigos. Tal como lo había anticipado, el fiscal federal Carlos Stornelli se ausentó por segunda vez consecutiva.
El primer testigo interrogado fue el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, por una conversación que mantuvo con el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y que él mismo ratificó días atrás en un intercambio que tuvo a través de Twitter con la periodista Cynthia García.
Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios CSJN, fue el segundo testigo en ser interrogado. Fue la diputada oficialista Vanesa Siley la que abrió la ronda de preguntas quien consultó si participó por las causas que son objeto del juicio político, el testigo respondió negativamente.
Respecto a si tiene vinculación laboral con los secretarios privados letrados de la vocalía de Rosatti, en concreto Robles, Garay contó que “no tiene vinculación”, y agregó: “El señor Robles lo he visto en la secretaría, pero no más que un buen día”. Asimismo, Siley preguntó por la participación de un chat laboral y quiénes participan a lo que el testigo aclaró: “Es con los miembros de la secretaría”.
A su turno, de la vereda de enfrente Álvaro González (Pro) le consultó quién lo había designado y quién era presidente de la Corte, a lo que Garay recordó que fue Enrique Petracchi, pero no recordaba quien era el titular del máximo tribunal. También le consultó respecto de quién le firmó el pase a la Secretaría de Juicio Originarios y le retrucó: “El presidente de la Corte en ambos casos era el doctor Lorenzetti y el que firmó también fue él”.
Luego fue el turno del kirchnerista Rodolfo Tailhade apuntó directamente su consulta por el expediente, que se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios, de Santa Fe contra Estado Nacional sobre la acción declarativa de constitucionalidad tramita un incidente de regulación de honorarios promovidos por el doctor Rosenkrantz que pidió más de 400 mil millones de pesos por haber representado a la provincia de Santa Fe. “La hipótesis tiene que ver con que el doctor Rosenkrantz intervino en temas de exclientes así que mas tarde voy a pedir unas medidas de prueba sobre este expediente”, adelantó Tailhade.
De forma breve, el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, consultó: “¿Tiene una noción aproximada de la cantidad de casusas que tramitan por año?”, a lo que Garay respondió de forma negativa.
A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque radical, Mario Negri, que le preguntó al testigo si sabía el motivo de la citación. “Nada, solo escuché el apellido de mi padre, nada más que eso”, sostuvo Garay, a lo que Negri ironizó: “Vio luz y entró”.
La titular de la Comisión puntualizó su consulta por la causa de Coparticipación. “No recuerdo haber tenido participación ni haber despachado ninguna providencia en las causas de referencia”, afirmó Garay. Gaillard volvió a insistir sobre lo mismo, pero la respuesta que encontró fue negativa.
Al ser interrogado Guillermo Sebastián Garay, de la vocalía Dr. Rosatti CSJN, Siley pidió saber cuándo ingresó al máximo tribunal a lo que el testigo afirmó que fue en el 2004 como secretario letrado y en el 2016 fue convocado a integrar la vocalía de Rosatti. Además, aseguró que los expedientes se los asigna el presidente de la Corte.
“A partir de la cuarentena empecé a remitir informes a las casillas de correo a Robles y Monayer dirigidos a Rosatti para que se le acerquen los mismos. Antes se dejaban en papel en la mesa de entrada”, explicó Garay y contó que tiene un chat “directo” con ellos dos y uno colectivo con los otros integrantes de la vocalía donde ellos también están. “El chat colectivo en el 2016 sigue vigente, el chat de tres sigue vigente, pero en algún momento lo que hubo fue una limpieza de mensajes, la última fue en febrero, pero ha habido anteriores”, contó.
En el mismo sentido, Siley le preguntó si la relación que tiene con Rosatti es de forma directa a lo que el vocal relató: “Con él habitualmente me comunico por medio de la gente de mesa de entrada o a través de Silvio Robles o Monayer que me dicen cuándo me va a recibir”.
También hizo referencia a los daños que sufrió el despacho de Robles y Monayer producto de una inundación. “¿Conocía el desperfecto que sufrieron las computadoras?”, lanzó tajante Siley, ante lo que Garay manifestó: “No me consta que las computadoras de Robles y Monayer hayan quedado fuera de servicio”. Por otro lado, negó haber participado en las causas de Consejo de la Magistratura y Coparticipación.
En una breve interrupción, Juan Manuel López denunció que “estamos exponiendo a los funcionarios de la Corte a responder sobre causas en trámite y siendo que el presidente dijo el primero de marzo que él promovió el Juicio Político está muy claro que lo que hacer el bloque FdT es ser el brazo armado del presidente para inmiscuirse en causas judiciales”.
Más tarde, se hizo presente Natalia Monayer de la vocalía de Rosatti CSJN quien, ante la consulta del oficialista Leopoldo Moreau, contó que ingresó a la Corte en 2016 propuesta por Rosatti y que integra grupos de chats laborales con los miembros de la vocalía.
Moreau también consultó si recibe en su correo electrónico informes, proyectos de sentencias o información sobre el estado de las causas elaborados por secretarios de la Corte y secretarios letrados. “Secretarios de Corte no me envían por mail ningún informe, secretarios letrados de la vocalía si, son informes para el doctor Rosatti”, aclaró.
“¿Accede al sistema interno?”, preguntó el oficialista, a lo que la testigo informó que tiene clave del sistema por “el trabajo que realizo”. Sobre esto, Moreau volvió a preguntar: “¿Usted tiene clave?”, a lo que Monayer volvió a responder de forma afirmativa, pero el diputado insistió: “¿En función de qué jerarquía judicial si usted no es funcionaria letrada de la justicia? ¿cómo tiene la clave? ¿quién se la proveyó? Es un hecho irregular, pidamos informes al área de sistemas para saber a quién provee y por qué razón”.
Además, la testigo afirmó que comparte despacho con Silvio Robles y que el mismo sufrió daños este año. “Ninguna de las computadoras que está adentro del despacho sufrió daños”, aseguró Monayer.
“¿Estuvo presente en alguna audiencia de la Corte Suprema referida a coparticipación?”, interrogó Moreau, ante lo que la funcionaria contó: “Estuve en una audiencia, no estuve en toda la audiencia, sino que ingresé en un momento que se hizo entre las partes de ese caso ante los ministros de la Corte”.
Por el lado de la oposición, el diputado del Pro González inició: “Usted trabaja con Robles en el mismo espacio físico. Hay en esta Comisión todo un tema vinculado a una inundación que hubo a la que se le pretende atribuir daños que hasta ahora por lo menos en los testigos que escuchamos no han sido validados. Producto de esa inundación ¿hubo pérdida material tanto de computados y expedientes en el despacho donde ocurrió el siniestro?”.
“La inundación sucedió en varios pisos del edificio en lo que respecta al despacho donde estoy computadoras no se dañaron, expedientes judiciales tampoco, lo que se daño es el aire acondicionado, instalación eléctrica y esas cuestiones. Hay un área que realizó un relevamiento piso por piso y hay un informe hecho que a mí me llegó por mail”, explicó Monayer.
El listado del pedido de Juicio Político contra la Corte incluye a los gobernadores y organismos de Derechos Humanos. Los cuatro jueces del máximo tribunal están citados como acusados.
El Frente de Todos presentó este viernes en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
En la iniciativa, que consta de 410 páginas, hay una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión de Juicio Político. Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.
“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.
A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. Así, el primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.
Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
De esta manera, entre los citados a declarar como testigos también se encuentran:
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio quiere conocer qué hace el Gobierno para custodiarlos, Fabián Gutiérrez incluido.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto por el cual solicita al Poder Ejecutivo que a través de los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos, informe sobre las medidas ejecutadas para la protección de testigos, testigos protegidos, imputados arrepentidos y en especial por la situación de Fabián Gutiérrez, determinando si existía información respecto de su residencia habitual, su traslado hacia la localidad de El Calafate y si el nombrado poseía algún tipo de protección.
A través del decreto 168/2020 el Poder Ejecutivo Nacional derogó el Decreto 795/19 del 28 de noviembre de 2019, el cual creaba la Agencia de Protección de Testigos. Dicho ente autárquico tenía la responsabilidad de resguardar la seguridad de los llamados “arrepentidos” en causas judiciales. De esta manera, el decreto 795/19 buscaba evitar que, en los casos de corrupción que involucrasen a autoridades políticas, sea el mismo poder político denunciado quien brinde protección a aquellas personas que pudiesen aportar pruebas en su contra sumándole a ello la imposibilidad de desalentar ese tipo de testimonios”, recordó Roxana Reyes al fundamentar el proyecto.
“Entendemos que todos los ilícitos deben ser denunciados y condenados con claridad, sean estos de origen institucional, perpetrados por desconocidos o abusos domésticos, tengan motivación de género, de inclinación sexual, finalidad política o sean delitos comunes o estén destinados, a testigos en causas de alta relevancia institucional o a la ciudadanía en general”, agregó.
Acompañan el pedido de informes los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Gustavo Menna. Lorena Matzen, Jorge Vara, Gabriela Lena, Juan Martín Musachio, Luis Pastori, Diego Mestre, Ximena García, Sebastián Salvador, Lidia Ascarate, Mario Arce, Dolores Martínez, Estela Regidor y Karina Banfi, Gonzalo del Cerro, Graciela Ocaña, Omar De Marchi y Tito Stefani.
