La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Rio Negro) presentó un proyecto de decoración manifestando preocupación y rechazo por la eliminación del carácter público de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la telefonía móvil, el acceso a las redes de telecomunicaciones; y la regulación de los precios de estos servicios.

“Estos instrumentos tecnológicos comunican lugares y personas y son derechos humanos fundamentales. Sin estas herramientas, el interior profundo del país quedará incomunicado. Las escuelas rurales de diferentes puntos del territorio nacional permanecerán absolutamente aisladas, puesto que las empresas multinacionales no invierten en lugares donde el negocio económico no esté garantizado”, subrayó.

La rionegrina remarcó: “El acceso a las TIC y a las comunicaciones requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar el acceso equitativo, justo y a precios razonables; lo cual la Ley 27.078 Argentina Digital buscaba garantizar hasta la modificación efectuada por el ejecutivo el 10 de abril, mediante el decreto 302/24”.

“Sin regulación por parte del Estado se hiere profundamente al federalismo, y la conectividad se convierte en un privilegio del que gozarán unos pocos”, finalizó.

García Larraburu indicó que el DNU emitido por el Gobierno implica que “la comunicación deja de ser considerada un servicio esencial y pone en riesgo el ejercicio de este derecho humando para las grandes mayorías; desregula las tarifas incrementando las brechas digitales y pone en peligro la política de conectividad en comunidades rurales”.

Luego de que el gobierno tomara la decisión de liberar, a través de un decreto 302/24, el mercado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con lo cual eliminó la regulación de precios en los servicios de telefonía, tv por cable e internet, el diputado nacional Tomás Ledesma (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se suspendan por seis meses los incrementos en las tardías de dichos servicios “con el fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores”.

Ledesma fundamentó que el acceso a las TIC “son un derecho que posee todo individuo para su desarrollo personal”, y agregó que “son necesarias para el acceso a la educación, a la información, al entretenimiento y para el desarrollo económico y social”.

Presenté un proyecto para suspender los aumentos de internet, cable y telefonía durante 6 meses ✋🏻

Los precios en este sector aumentaron exponencialmente en comparación a otros y las ganancias de las empresas han sido exorbitantes estos últimos años. pic.twitter.com/NiGjrOLfkI

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) April 12, 2024

Así, recordó que la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados; ello con el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los y las habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad. Mediante Decreto 690/2020 se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos”.

En tanto, apuntó contra el reciente decreto del Ejecutivo: “Estas desregulaciones enmascaradas bajo las consignas de la ‘libertad de fijar las tarifas’ y de la ‘promoción la competencia’, no hace más que dejar desamparados a los usuarios y consumidores al quitarles las herramientas necesarias para lograr tener el acceso a estos servicios”.