Es verdad que el presidente Javier Milei no suele recorrer mucho el país. No lo hizo siquiera en campaña. Por eso es una novedad cada vez que se sube a un avión para visitar algún paraje del interior. Este jueves se conoció que lo haría a Tierra del Fuego, para encontrarse allí con Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército norteamericano.

El viaje terminó resultando complicado pues su llegada a Ushuaia se retrasó pues debió hacer una escala técnica imprevista en Río Gallegos. Si bien el acto del que tomaría parte -discurso incluido- estaba previsto para las 22, terminó llegando a la isla a las 23.30.

La visita motivó el enojo de una senadora de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, la fueguina Cándida Cristina López, quien a través de su cuenta de X manifestó su indignación, no porque visitara su provincia, sino porque lo hiciera para reunirse con una general del Ejército norteamericano y no haber en cambio participado del homenaje tradicional que cada 2 de abril se le rinde en Río Grande a los soldados de Malvinas.

“Javier Milei no vino a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. Tampoco envió funcionarios a las Vigilias y Actos en Ushuaia y Río Grande. 48 hs después el admirador de Margaret Thatcher llega a la capital de Malvinas a reunirse con la Jefa del Comando Sur de EE.UU.”, lanzó la senadora peronista desde su cuenta de X.

@JMilei NO vino a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. Tampoco envió funcionarios a las Vigilias y Actos en Ushuaia y Río Grande.
48 hs después el admirador de Margaret Thatcher llega a la capital de Malvinas a reunirse con la Jefa del Comando Sur de EE.UU. pic.twitter.com/ClhfakogEr

— Cristina Lopez (@crislopeztdf) April 4, 2024

Lejos de esa polémica, el presidente argentino se reunió finalmente con Richardson y luego dio un discurso en el que expresó que “tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que cuando adoptaron las ideas de la libertad pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de sus historias a la altura de su ambición y vitalidad”.

Señaló en otro pasaje que “más allá de los vaivenes, los argentinos como pueblo tenemos una afinidad con los Estados Unidos”. Fiel a su estilo, también dijo ver “con preocupación que Occidente, tal como lo conocemos, corre riesgo, corre peligro. En parte por darle la espalda” a las ideas de la libertad.

El senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) fustigó al presidente de la Nación, Javier Milei, y consideró que el DNU 70/2023 “es inconstitucional”. Sin embargo, no confirmó el sentido de su voto a la hora de dar su discurso. Finalmente lo hizo en contra del DNU.

En el inicio de su intervención, el senador fueguino expresó: “Legó el día, pero estamos perdiendo el tiempo porque si el presidente hubiese cumplido lo que juró el 10 de diciembre en el recinto de la Cámara de Diputados, no estaríamos con esto”.

Respecto al decreto de necesidad y urgencia enviado el 20 de diciembre, el legislador fueguino reiteró su postura a lo largo de estos meses: “Acompañamos a la mayoría de los puntos, pero está establecido en la Constitución Nacional cuales son los alcances de los decretos de necesidad y urgencia”.

Lejos de agraciarse de coincidir con el voto de Unión por la Patria, explicó: “No es que yo vote con el kirchnerismo, sino que el kirchnerismo descubrió que existe un reglamento y está votando con nosotros”.

Asimismo, agregó más críticas contra el jefe de Estado: “Perdemos el tiempo porque si el presidente juró por la Constitución, sus ministros le hubieran dicho que todos varios de los capítulos del DNU no se permiten”. “No me trago que lo hizo por ignorancia o no supo ser aconsejado. Él considera en su soledad que en la República Argentina asumió un emperador o un rey”, cuestionó.

Del mismo modo, planteó que “si coincidís con el Gobierno, bárbaro, pero si no coincidís sos mafioso o casta. Y casta hay alrededor de él”. “Parece que a Milei le molesta el Congreso porque se quejó del aumento en las cámaras, pero él firmo uno más grande para el Poder Ejecutivo”.

En tal sentido, remarcó que “él nos hace perder el tiempo porque si lo hubiera mandado -al contenido del DNU- en 15 o 20 leyes las tendría aprobadas en las sesiones extraordinarias”.

También, criticó que el Gobierno y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relacionaron la situación de Rosario con la caída de la ley ómnibus. “No existió la emergencia en seguridad, pero no perdieron el tiempo en salir a criticar, pasa que son conversos para demostrar que son mas oficialistas de lo que realmente son”, ironizó contra la funcionaria.

Finalmente, remarcó que “no comparto para nada el DNU porque esto es anticonstitucional y me quedan dudas de un Gobierno que es capaz de hacer cosas que no corresponden”. También, mencionó que “el gobernador de mi provincia (Gustavo Melella) me pide que rechace el DNU”.

Para cerrar, consideró: “ojalá pueda tener más clara la ideas”, y volvió a cargar contra Milei: “Me da bronca votar por la desidia de un presidente que hizo caso omiso de la Constitución y la división de poderes”.

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo Hernández (UP – Tierra del Fuego) rechazó el DNU 70/23 al calificarlo como “inconstitucional por donde se lo mire” y alertó que “si pasa va a provocar un daño irreparable a la democracia y a la división de poderes”, por lo que reclamó al Congreso su urgente tratamiento para intentar construir una mayoría parlamentaria para derogarlo en ambas cámaras.

“Desde el bloque presentamos un documento a los gobernadores patagónicos, en el que solicitamos al gobierno que los debates y discusiones entre Nación y Provincias se den a través de los órganos institucionales consagrados en la Constitución Nacional, incluyendo al Congreso Nacional por supuesto”, contó el fueguino.

En tanto, Araujo Hernández acusó al gobierno nacional de recurrir “sistemáticamente a prácticas extorsivas”, por lo que señaló que “hoy no hay diálogo político, lo vemos en la Cámara de Diputados. Solo vemos extorsiones en todos los niveles”.

En esa línea, recordó que este jueves se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía y cuestionó que “de todos los funcionarios del gobierno invitados para explicarlo, no se presentó ninguno; no dio la cara ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni ningún otro funcionario del Gobierno nacional convocado”.

“La falta de diálogo el gobierno la reemplaza con presiones mediante la no transferencia de recursos a las provincias, socavando el federalismo. Así vemos como avanzan en la suspensión de la obra pública, la retención de los fondos fiduciarios o fondos específicos creados por leyes específicas, como en Fondo de Incentivo Docente (FONID), las trasferencias al transporte, las reformas tarifarias, los recortes a la ciencia, la intención de privatizar empresas públicas, la modificación de leyes socioambientales, la ley de Bosques, entre otras”, manifestó.

Para el diputado opositor “en el DNU están justificadas todas estas medidas que atentan contra las actividades económicas que sustentan el desarrollo de las provincias patagónicas, como ser nuestra promoción industrial por la vía de la apertura indiscriminada de importaciones, la pesca y la explotación de hidrocarburos”.

Con respecto a los hidrocarburos, indicó que “el gobierno viene utilizando políticamente YPF para cerrar negocios con empresas extranjeras para beneficiarlos con retirar la empresa nacional de áreas emblemáticas en la producción de recursos convencionales, como por ejemplo, en la Cuenca del Golfo San Jorge que cubre porciones de Chubut y Santa Cruz”.

“El derecho constitucional argentino, en lo que respecta al formato de estado federal, se apoya en que las provincias son preexistentes a la Nación”, recordó y resaltó que “el gobierno debe respetar los recursos y los fondos que le corresponden por derecho a los territorios provinciales que hayan surgidos de acuerdos o leyes específicas”.

El legislador de UP explicó que “la Nación tiene sentido jurídico como sumatoria de las provincias que la componen”, y, en ese sentido, señaló que “no puede un gobierno de turno eliminar transferencias creadas en fondos específicos que se recaudan por medio de impuestos cobrados a todos los argentinos con destino a las provincias y retenerlos en su tesorería. Es literalmente un robo. No lo seria, a los sumos, si al menos eliminara los impuestos que todos los argentinos pagan para que existan estos fondos”.

“En nuestro documento también solicitamos a nuestros gobernadores patagónicos que consideren cómo la situación económica creada por este gobierno afecta negativamente la ocupación turística que cayó sensiblemente en los últimos meses, tanto en turismo nacional como internacional”, comentó.

Por último, el diputado Koky Araujo dijo que “creemos que el gobierno nacional tiene una actitud pusilánime y mendicante respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Queremos ver mayor determinación en el gobierno nacional en la defensa y el sostenimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas, tanto en el discurso como en los hechos”.

En medio del conflicto entre las provincias patagónicas con la Nación, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció este martes que parará la producción de petróleo por 24 horas en rechazo a la medida del Gobierno nacional y en una clara muestra de apoyo al gobernador de Chubut.

Dicha medida fue cuestionada por el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani (Pro) al señalar que “es totalmente fuera de lugar porque deja a la provincia muy mal parada” y respaldó al Gobierno.

En diálogo por Delta 90.3 el fueguino expresó: “Vemos de manera preocupante lo que pasa con Chubut y la Nación porque me parece equivocada la decisión del gobernador. Un poco también porque el Gobierno no tiene muchas cosas para mostrar que haya hecho bien a la hora de hacer ajustes, de administrar los fondos públicos, a la hora de publicitar los actos del gobierno además de que el estado provincial no tiene ninguna empresa que produzca hidrocarburos para la provincia”.

“No es que se cierra un grifo y se interrumpe el suministro es una idea totalmente equivocada, sobre todo en un Gobierno Nacional que a tierra del fuego la apoya en esto que es los subsidio que tiene que son el 0,33 del PBI”, planteó y agregó: “El presidente que ha sostenido y ha tenido por lo menos esa idea clara pesar de que hay diputados de LLA y del Pro del régimen y lo quieren eliminar. Tomar esta medida en apoyo a Chubut es totalmente fuera de lugar que deja a la provincia muy mal parada”.

Para Stefani “hay que resolver las cosas de forma institucional y no escalando la violencia, pero la Argentina tiene un grave problema de federalismo el Congreso nunca hizo una nueva ley de coparticipación que es de la década del 40 porque el esquema donde se reparten los recursos entre Nación y provincias es un delirio”, y manifestó: “¿Cómo lo vamos a resolver en el Congreso si todos los diputados de Patagonia somos 25 y solamente Buenos Aires tiene 50, Mendoza tiene 10. No lo vamos a poder resolver nunca”.

“Entramos en que la primera ley que fue modificada el 50% de los recursos iba a Nación y el otro 50% se distribuía en las provincias, pero la Nación en ese momento tenía salud, seguridad, educación, defensa, hoy no tiene nada y no transfiere a las provincias esos recursos”, indicó y cerró: “La provincia donde vivo no puede mostrar en qué gasta los fondos, porque no tiene transparente los actos administrativos públicos. Celebro que un presidente como este ponga sobre la mesa una discusión que la Argentina tiene hace 40 años bajo el escritorio y que ataquemos ese cáncer que es la corrupción”.

Las luces de alarma se encienden en un sector que debería desarrollar su actividad sin sobresaltos. Con subsidios y exenciones impositivas de Estado y disposiciones aduaneras protectivas aduaneras, la industria textil de Tierra del Fuego, despierta la miradas de todos. Bueno, no sería este el primer caso de empresarios que toman decisiones de acuerdo al famoso “por si acaso”, cubriéndose eventualmente de algún cambio en situación que les podría resultar adversa. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Están temiendo que se corten los privilegios y los subsidios a ese sector?

La realidad está mostrando una compleja situación como la planteada en la empresa Australtex, que ha comenzado con 15 despidos y se avizoran más suspensiones.

Pero esas preguntas tienen que ver con una legislación, resoluciones, y la decisión política del estado de sostener y fomentar a las industrias de la región fueguina particularmente al sector textil, para promover su “expansión” y desarrollo.

Todo esto abre un nuevo debate y un interrogante interesante para todos los argentinos: ¿vale la pena el esfuerzo fiscal y el subsidio que se le otorga a esta industria? Porque a pesar de recibir toda clase de subsidios protecciones aduaneras y ayudas y sin estar viendo afectados sus niveles de venta ni castigados por una recesión, las empresas textiles fueguinas, achican planteles quitan trabajo y reducen jornadas.

Pero veamos un poco la magnitud y el volumen del sector para comprender de lo que estamos hablando.

Del análisis de los datos del comercio exterior de textiles entre el 202018 y 2022 se observa que el 7.5 % de los textiles (fibras, hilados, tejidos y confecciones) que se importan al territorio nacional ingresan al Área Especial Aduanera de Tierra del fuego (AAETF), sin embargo en el período bajo análisis, los hilados tuvieron ingresos por encima del 27% y los tejidos cercanos al 15%, siendo que ambas manufacturas en su mayoría son producidas en el continente.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 19.640, no rigen para dicha área las restricciones a las importaciones, ni aranceles de importación, lo que le otorga una ventaja competitiva por demás elocuente.

El 91% de los textiles manufacturados (hilados, tejidos y confecciones) que ingresan al área especial provienen de Asia, China, Indonesia, Pakistán e India, grandes productores de textiles con economías de mercado no tan transparentes.

En términos de sustitución de importaciones, la cadena de valor de la industria textil argentina presenta desarrollados todos sus eslabones, siendo una de las cadenas de valor de mayor integración a nivel nacional.

La prórroga del régimen que incluyen una agregación de valor mínima, sumado a la no reglamentación del Artículo 11 de la Ley 19.640 -en cuanto a las restricciones a las importaciones fundadas por motivos de carácter económico-, sin lugar a dudas se traduce en un incentivo a la importación de productos que buscan simplemente obtener los beneficios de la promoción sin necesariamente realizar un verdadero proceso industrial, y no conducen a una integración de los procesos productivos entre el área y el continente.

Pese a la relevancia que parecería mostrar en términos de actividad el área aduanera en base al monto que capta en importaciones, según los últimos datos de la Dirección General de Estadística y Censos de Tierra del Fuego, sólo se encuentran radicadas en la Provincia 12 empresas del sector, (7 de la industria Textil y 5 de la Confección), con cerca de 1186 ocupados (661 ocupados en Textil y 525 en Confección), manteniéndose casi constante la ocupación en los últimos 4 años.

Por otro lado, sólo el 3% de la importación de maquinarias del sector es adquirida por la Provincia, dato que resulta muy relevante si se tiene en cuenta que prácticamente el 100% de la inversión en maquinaria del sector no se produce en el país, lo que permite utilizar la importación de maquinaria como indicador de inversión.

En base a estimaciones realizadas por organizaciones privadas, el costo teórico de un puesto de trabajo en Tierra del Fuego del sector es de U$S 7.308 mensuales, es decir el equivalente a lo que deja de percibir el Estado en términos de recaudación a partir de la promoción industrial.

Es tiempo de definir redefinir y rediscutir todas las ayudas subsidios y exenciones que el estado nacional realiza ya que en los últimos años la Argentina ha sido un verdadero festival de subsidios injustificados ayudas desvirtuadas y promociones que no han servido para desarrollar realmente los sectores a los que apuntaba estimular.

El Lic. Jaime Selser es analista político y consultor.

La diputada nacional Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) avizoró sobre el proyecto de ley Bases que “hay muchas probabilidades de que se apruebe”. También cargó contra las dos empresas que sacan beneficio del régimen fiscal de Tierra del Fuego y pidió terminar con las ventajas impositivas en la isla.

En diálogo por Radio Rivadavia, la legisladora destacó que “el Gobierno puso negociadores mucho más aptos que en la primera etapa mandaban empleados y era difícil compartir y encontrar una devolución. A partir de que el vicejefe y otros funcionarios de mayor jerarquía se involucraron en las charlas avanzó mucho más rápido y encontramos mayor recepción”.

“Salvo en algún artículo en particular que se está revisando y que quedaron en contestar, pero que no hacen al núcleo del proyecto yo creo que hay muchas probabilidades de que se apruebe prontamente cuando convoque el presidente de la Cámara”, avizoró.

Al ser consultada por la situación fiscal en Tierra del Fuego, planteó: “Somos un país pobre, donde 6 de cada 10 chicos no comen, necesitamos que los empresarios que se están beneficiando con una economía cerrada paguen sus impuestos y poder quitar los beneficios a estos dos empresarios que toman el tema de Tierra del Fuego porque ese régimen de promoción se dio cuando había que poblar la isla donde había situaciones adversas que hoy no están”.

En la misma línea, enfatizó en la necesidad de poder quitar los beneficios a las dos empresas vinculadas a los Caputo (Mirgor) y los Chernajovsky (Newsan).

Al respecto, Oliveto expresó que el proyecto de la Coalición Cívica contempla a los 10 mil trabajadores de la isla, pero apuesta a terminar con el beneficio de los empresarios que “que hacen que paguemos la ropa y los celulares caros. Los sueldos de los directores de empresas tienen exenciones”, y subrayó: “Hay un montón de situaciones que nuestro país no puede sostener más”.

Por su parte, la diputada cercana a la dirigente Elisa “Lilita” Carrió sostuvo que “hay que salir de la crisis y sostener a un montón de argentinos que ya no dan más entre ellos los jubilados”. “Por qué quieren no mejorar la situación de los jubilados mientras seguimos sosteniendo estos regímenes especiales que benefician a algunos vivos”, se preguntó.

“Los argentinos necesitamos tranquilidad, la no confrontación, un país de la confrontación y de insulto es inviable para que vengan e inviertan, para que podamos crecer, para el diálogo político que se tiene que dar más cuando el presiente no tiene las mayorías”, remarcó.

Así, insistió: “Esa no es la manera, ya vivimos mucha confrontación con el kirchnerismo, estamos agotados y no queremos más esa forma de relacionarnos, le pido que se tranquilice y que piense, el que piensa distinto no somos la fuerza del mal, sino que somos personas que tenemos disidencias y dejemos de dividirnos porque es malo para la viabilidad del proyecto de vida. Tiene que entender que todos los días nos levantemos y haya un enemigo nuevo, una pelea nueva. A lo largo del tiempo esto es inviable”.

“Hay mucha gente que lo quiere ayudar, hay muchos argentinos que lo acompañaron, que no dinamite puentes, sino que lo construyan porque el presidente es de todos los argentinos no solo de los que piensan como él”, manifestó Oliveto Lago.

La diputada de la CC-ARI cerró: “El presidente tiene en nosotros el apoyo para dejar de lado los intermediarios, la realidad es que sobre el tema de la intermediación no se mandó nada al Congreso y ahí hay que hacer algo porque esta gente obliga a la gente que la pasa mal a ir a las marchas, los ponen en las listas, el problema está en el procedimiento. Si vamos a hacer el cambio que sea en serio, no un maquillaje y nosotros en eso vamos a acompañar. Hay que hacerlo porque hay herramientas para hacerlo”.

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Maximiliano Ferraro cargó duramente este martes contra el ministro de Economía. “El señor Toto Caputo entrega a los jubilados para hacer el ajuste y licúa fuertemente sus haberes, pero no toca el régimen fiscal de privilegios y corporativo de Tierra del Fuego, cuyo beneficiario directo es su familiar ‘Nicky’”, lanzó el presidente de la Coalición Cívica a través de sus redes sociales.

Ferraro fue más lejos, al señalar que “hoy, una de las peores emergencias que atravesamos, es el padecimiento de nuestros  jubilados”.

De esta manera, el legislador de la CC reflotó un tema que ya hace un tiempo ameritó iniciativas desde ese partido para ponerle fin al régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego.

El mensaje de Ferraro tuvo luego el respaldo de la líder de ese espacio, Elisa Carrió, quien replicó el tuit en sus redes.

El 18 de enero pasado, desde la Coalición Cívica – ARI plantearon limitar los beneficios fiscales del régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones de notebooks y celulares, dentro de la discusión de modificación de artículos de la ley ómnibus.

La idea del espacio comandado por Juan Manuel López propone dos capítulos: Limitación de los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego; y  la eliminación de los aranceles a la importación de notebooks y celulares.

Para el primero, explicaron que “el régimen de Tierra del Fuego es el de promoción más costoso de nuestro país, generando pérdidas al Estado Nacional de más de mil millones de dólares cada año”. “A pesar de haber transcurrido más de 50 años desde su creación, continúa vigente y durante el 2024 implicará una pérdida de recaudación del 0,33% del PBI”, criticaron.

“El proyecto que presentamos desde la Coalición Cívica prevé la eliminación total de este beneficio, de modo que las empresas de Tierra del Fuego no puedan quedarse con el IVA que cobran a sus consumidores en nombre del Estado. Si el gobierno acepta la propuesta, podría obtener un ahorro fiscal para 2024 de $412 mil millones (0,12% del PBI)”, consideraron.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno Nacional que informe respecto a la navegación por aguas argentinas del buque británico RRS Sir David Attenborough con bandera de la Islas Falklands.

Además, busca saber “si el Gobierno tiene planeado realizar ante las autoridades chilenas una formal queja por el apoyo brindado a un buque con bandera ilegal”, advirtió.

“En enero del año 202 ya había ocurrido, por eso solicitamos que informen que previsiones se adoptarán de ahora en más; si se informó al Gobierno Británico el contenido del decreto presidencial 256/2010 que establece que ‘todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previ’”, explicó Blanco.

También, consulto “si se prevé denunciar ante la Organización Marítima Internacional el uso de bandera ilegal Falklands y si esta cuestión formará parte de la Agenda Malvinas pactada entre el presidente Javier Milei y el Canciller Británico David Cameron y qué otros temas incluirá dicha agenda”.

Del mismo modo, relató que “cuando esto mismo sucedió hace un año nos llamó profundamente la atención el silencio de nuestra Cancillería y del Embajador en la República de Chile sobre el asunto. En efecto, el gobierno anterior nunca realizó ningún tipo de acción o comunicación orientada a la defensa de intereses o posiciones de nuestro país”.

“Los más altos intereses nacionales están en juego y el gobierno nacional no puede ignorarlos. Para los argentinos y los fueguinos la causa Malvinas es sagrada y debe ser defendida activamente y con altura en todos los foros internacionales”, aseveró.

Por ello Blanco señaló: “Resulta imprescindible que el Congreso sea informado de este asunto puesto que las Relaciones Exteriores constituyen uno de los activos más valiosos de la república. Delegar estas funciones, no hacerse cargo de ellas es regalar soberanía y los argentinos no estamos dispuestos a permitirlo”.

Desde la Coalición Cívica – ARI, espacio que integra el bloque Hacemos Coalición Federal, plantearon limitar los beneficios fiscales del régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones de notebooks y celulares, dentro de la discusión de modificación de artículos de la ley ómnibus.

Desde el espacio opositor que “busca dar gobernabilidad” señalaron que “en el caso de que el Gobierno recepte la propuesta, podrá dar marcha atrás con algunas subas de impuestos contenidas o mejorar las condiciones de actualización de los haberes jubilatorios”.

La idea del espacio comandado por Juan Manuel López propone dos capítulos: Limitación de los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego; y  la eliminación de los aranceles a la importación de notebooks y celulares.

Para el primero, explicaron que “el régimen de Tierra del Fuego es el de promoción más costoso de nuestro país, generando pérdidas al Estado Nacional de más de mil millones de dólares cada año”. “A pesar de haber transcurrido más de 50 años desde su creación, continúa vigente y durante el 2024 implicará una pérdida de recaudación del 0,33% del PBI”, criticaron.

“Según informes que midieron los niveles de asistencia pública que recibe cada actividad económica, el Régimen de Tierra del Fuego es el sector más beneficiado por el Estado, al punto de mostrar niveles de asistencia superiores al 100% respecto de su valor agregado”, agregaron.

Así las cosas, indicaron que “este mecanismo permite a las empresas beneficiarias del Régimen de Tierra del Fuego cobrar el IVA en sus ventas en el Territorio Continental, pero al mismo tiempo los libera del deber de ingresar lo obtenido al fisco”.

Asimismo, cuestionaron que “cuando los consumidores argentinos abonan el IVA al adquirir productos elaborados en el marco del Régimen de Tierra del Fuego (celulares, TVs, aires acondicionados, microondas, etc), dicho impuesto no ingresa al Estado. En su lugar, las empresas beneficiarias lo incorporan como ganancia”.

“El proyecto que presentamos desde la Coalición Cívica prevé la eliminación total de este beneficio, de modo que las empresas de Tierra del Fuego no puedan quedarse con el IVA que cobran a sus consumidores en nombre del Estado. Si el gobierno acepta la propuesta, podría obtener un ahorro fiscal para 2024 de $412 mil millones (0,12% del PBI)”, consideraron.

Notebooks y celulares

En la segunda parte, desde la CC-ARI proponen que “los celulares importados deben pagar un arancel del 16%”, y agregaron que “a fin de liberar la oferta, que las empresas compitan y bajen los precios, el proyecto propone que las notebooks (nuevas y usadas), los celulares y otros productos informáticos y de las telecomunicaciones puedan ingresar al país sin pagar aranceles de importación (las notebooks nuevas pagan hoy un arancel del 16% y las usadas del 35%)”.

También, indicaron que “la medida busca replicar la política llevada adelante durante el gobierno de Cambiemos”. “En 2017 se eliminaron los aranceles a las notebooks, tablets y computadoras y los precios en dólares de un 24% y un incremento de las ventas del 47%”, añadieron.

Además, criticaron una medida de Alberto Fernández por la que “en marzo de 2023 reestableció los aranceles a notebooks y tablets produciendo aumentos de hasta el 80% en cuestión de horas”.

“La eliminación de los aranceles sería una solución para los consumidores que hoy tienen que afrontar precios mucho más altos que en el resto del mundo”, consideraron, y concluyeron que “Hicimos un relevamiento en varias tiendas oficiales y los resultados mostraron que tenemos precios en dólares dos o tres veces más caros que en el exterior”.

Nadie ataca la industria nacional Gobernador. Solo queremos que haya competencia y que los productos electrónicos tengan precios similares a los del resto del mundo.

No es razonable que los millones de consumidores tengan que pagar el doble o triple que en el exterior 👇 https://t.co/SGA3JiuKPI pic.twitter.com/ZvluDHBn46

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 18, 2024

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – TdF) le respondió al jefe de bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, por sus dichos en un programa televisivo contra su provincia: “Él desconoce absolutamente el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego”.

Este jueves, De Loredo estuvo presente en LN+ y había manifestado: “No entiendo porqué no nos metemos con Tierra del Fuego. (Se gastan) mil millones por año y tiene un proteccionismo absolutamente insólito”. A su vez, comparó la situación de la industria fueguina con la empresa Aerolíneas Argentinas.

Del mismo modo, el titular del bloque radical en Diputados cuestionó: ¿Por qué no nos metemos con Tierra del Fuego? Yo estuve en la empresa Arsat y los proveedores tecnológicos chinos tenían un área para desarmar los celulares y llevarlos a esa provincia”.

El Diputado @rodrigodeloredo desconoce absolutamente el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Habla con una liviandad inadmisible. Ahora y siempre voy a apoyar a la industria fueguina y a defender los puestos de trabajo de miles de familias de mi provincia. pic.twitter.com/nzwPNs2oJ6

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 29, 2023

Ante ello, el senador fueguino Pablo Blanco le contestó en X y deslizó: “Habla con una liviandad inadmisible. Ahora y siempre voy a apoyar a la industria fueguina y a defender los puestos de trabajo de miles de familias de mi provincia”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) informó que recibió respuesta al pedido de acceso a la información pública, que oportunamente remitiera a la Jefatura de Gabinete de Ministros encabezada por el Ingeniero Agustín Rossi, sobre diversos aspectos ligados a la habilitación y puesta en funcionamiento del radar de capitales irlandeses e ingleses de la empresa LeoLabs en las cercanías de Tolhuin.

Entre los requerimientos, Blanco había preguntado si se había dispuesto alguna medida tendiente a investigar la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios.

Asimismo, el senador había solicitado, a criterio de esa dependencia, cabría responsabilidad resarcitoria por parte de la Nación o la provincia de Tierra del Fuego ante un eventual reclamo patrimonial que pudieran tener que enfrentar.

La documentación recibida por el senador dice textualmente que “con el dictado de este acto administrativo -en referencia a la cancelación del permiso precario que se otorgó- se agota el ámbito de actuación de la Jefatura, teniendo en cuenta las competencias asignadas por el marco normativo vigente. En ese sentido, cabe destacar que nadie tiene un derecho adquirido al sostenimiento de un permiso precario, y que la Autoridad de Aplicación puede en cualquier momento sustituirlos, modificarlos o cancelarlos, total o parcialmente, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna a favor del autorizado o administrado”.

El documento de Jefatura de Gabinete agrega que lLa cancelación total del permiso precario exige exclusivamente el apagado de la electrónica y las antenas, lo que fue inspeccionado y constatado por autoridades nacionales en oportunidad de la suspensión preventiva del permiso”.

Al respecto, el senador radical sostuvo: “La respuesta recibida no hace más que confirmar lo que vengo sosteniendo desde el principio. Aquí, por lo menos a nivel nacional, nadie se hace responsable y nadie va a ser investigado o sumariado. Y resulta poco creíble que, con una simple desconexión eléctrica que pudo ser acotada en el tiempo, se pueda afirmar que el radar definitivamente no funciona o no está en condiciones de funcionar”.

IF-2023-138958790-APN-SSTYCOJGM-Respuesta-acceso-informacion-publica-RADAR

El documento fue suscripto por el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Hernán Lombardi y dice que “los asuntos relacionados con el desmonte físico de la estación terrena son de competencia exclusivamente provincial, tal como fueron siendo asignadas las autorizaciones ambientales, de obra, de provisión eléctrica e internet, como la constitución de la sociedad comercial en la I.G.J. fueguina. Todas estas autorizaciones fueron otorgadas con carácter previo a que la empresa solicite ante las autoridades nacionales la autorización precaria del uso del espectro. A su vez, se señala que la autorización precaria estaba condicionada a la homologación del equipamiento. Como esto último nunca llegó a ocurrir, el permiso no tuvo una vigencia efectiva y sólo fue hábil para pruebas de calibración, antes de la suspensión y posterior cancelación total”.

Blanco expresó: “Yo agradezco al jefe de Gabinete que haya mandado a responder mis inquietudes que, entiendo, son de todos los fueguinos”, y planteó: “Hay dos cosas que me quedan en claro. La primera es que la jurisdicción nacional se lava las manos y le pasa la pelota a la provincia; la segunda es que el huevo de la serpiente lo pusieron algunos vivos con la complicidad absoluta de la administración pública fueguina”.

“Lo dije una y mil veces: no voy a parar hasta que el radar sea desmantelado por completo. Y según informa el jefe de Gabinete esa es responsabilidad exclusiva del gobierno provincial quien fue el que le facilitó todo a LeoLabs para que pueda instalar este radar que es una afrenta para todos los fueguinos, un insulto a nuestros héroes de Malvinas y una amenaza material y concreta a nuestra seguridad y soberanía nacional”, cuestionó.

El radical cerró: “Basta de hacerse los distraídos y de jugar al yo no fui. Acá hay que hacerse cargo. El gobierno de Tierra del Fuego es el principal responsable de que este radar esté donde está y es quien debe desmontarlo de una buena vez. No lo digo solo yo, lo avala el propio Agustín Rossi”.

En la noche del 22 de octubre, mientras terminaba el recuento de la primera vuelta presidencial, el Juzgado Electoral de la provincia de Tierra del Fuego anuló 2.500 votos al partido Republicanos Unidos, próximo a Javier Milei, por haber impreso sus boletas a concejales de Ushuaia y Río Grande con una tonalidad de amarillo diferente a la que en principio correspondía. Cabe señalar que en esta provincia cada categoría tiene una boleta separada y se imprime con un color determinado.

Ante esta situación, el apoderado de Republicanos Unidos y diputado nacional electo, Santiago Pauli, presentó un recurso de queja el 30 de octubre ante la Corte Suprema, que ahora deberá decidir si da por válidos estos votos y le otorga al partido las dos bancas que le fueron quitadas la noche del 22 de octubre.

La expectativa por lo que pueda suceder en la provincia es grande, toda vez que en una provincia con una población tan exigua como es Tierra del Fuego, la diferencia entre contar o no con un concejal puede hacer la diferencia entre gobernar con mayoría o tener que hacerlo por consenso.

Según la proyección de las elecciones PASO del 13 de agosto, las tres bancas en juego de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur iban a quedar repartidas entre las tres fuerzas (Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza).

Sin embargo, con el 99% de las mesas escrutadas los resultados de las elecciones generales arrojaron que UP se impuso con el 34% de los votos y Republicanos Unidos, partido aliado a los libertarios de la provincia, sentenció a JxC al tercer lugar y se quedó con una banca.

De esta manera, el oficialismo llevará a la Cámara de Diputados a Andrea Freites y Jorge Araujo Hernández. Por su parte, los libertarios estarán representados por Santiago Pauli.

En las PASO, UP había sacado el 21% de los votos y en esta ocasión sumó 13 puntos para hacerse con la victoria. El espacio libertario sumó un punto y consolidó el segundo puesto con un 30%. En cambio, JxC pasó de 17 a 13% y no llevó ningún candidato a la Cámara de Diputados.

Tierra del Fuego fue una de las provincias en las que Javier Milei se impuso en las PASO en agosto, mientras que la lista de diputados nacionales que llevó, en acuerdo con el partido local “Republicanos Unidos”, sacó ocho puntos de ventaja respecto de la de Unión por la Patria. 

En caso de lograr una buena performance nuevamente este domingo, y que las otras fuerzas mantengan también resultados similares, las tres bancas que se ponen en juego en el distrito más austral se repartirían una para cada espacio. 

La lista que lleva la boleta encabezada por Milei postula como candidatos a la Cámara baja a Santiago Pauli, Natalia Zeballes y Martín Agüero. Pauli, quien está con chances de obtener una banca, es hijo de Andrea Almirón de Pauli, la pastora que compitió por la gobernación en representación de LLA. En sus redes sociales se define como “docente, emprendedor y cristiano”. 

En tanto, por Unión por la Patria, la nómina está conformada por Andrea Freites, Jorge Araujo Hernández y María Belén Molina. 

Tras ganar la interna la lista del espacio de Patricia Bullrich, los candidatos de Juntos por el Cambio son el actual diputado Federico Frigerio, Verónica Di Matteo y Lisandro Ruiz Cardona. 

Además, compiten las listas del Frente de Izquierda, Hacemos por Nuestro País y el partido provincial Somos Fueguinos. 

Si los resultados se replicarán en octubre, LLA le sacaría una banca al actual oficialismo, ya que el 10 de diciembre próximo culminan sus mandatos Rosana Bertone (FdT), Mabel Caparrós (FdT) y Federico Frigerio (Pro). 

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó este miércoles con otra de las leyes promovidas en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que contiene una serie de beneficios impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo sobre blanqueo laboral. 

Al igual que sucedió en la Cámara baja, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco la rechazó. Es más, los legisladores recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate. 

En el arranque, Guerra señaló que “sin dudas es un proyecto de ley importante” con el objeto de “fomentar con un criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de programas sociales”. “Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé. 

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un proyecto sobre fomento del empleo que “nunca lo trató el oficialismo”. “La idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”. 

Además, consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el beneficio” del plan, “porque quiere decir que tiene algún comportamiento endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en nuestro país, con 20 años de planes y planes”, apuntó. Para Romero, “va a ser muy difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más gente, por la inflación y la recesión”. “Si bien es buena, es bastante incompleta”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC), resaltó que “las empresas chicas, un panadero, un carnicero, son los que tienen el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa. “El blanqueo es el principal problema de este proyecto”, advirtió y consideró que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye en Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales, porque ese es un requisito muy exigente”. “Mucha gente no va a poder blanquear su personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y medianas empresas”, explicó el radical.

A favor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos enseñaron que gobernar es crear trabajo”, y esta iniciativa “tiende a crear trabajo, principalmente para los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial”. “Está orientado correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra economía”. 

Otro de los que habló en el debate fue el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT), quien opinó que ante “lo demorado de este tipo de normativas, la necesidad en el contexto de crisis que tenemos y lo amplio que es el proyecto, es un primer y gran paso el que estamos dando en la comisión”. Para el legislador, servirá a “muchos trabajadores que tienen un plan social y ya están trabajando, y no se animan a terminar de registrarse por el temor de perder el plan y perder también poder adquisitivo familiar”.

“Este proyecto, junto a la devolución del IVA y la baja en el impuesto a las Ganancias, son tres grandes medidas que incluyen esta idea de motorizar la economía, de la movilidad social ascendente, de propuestas progresistas”, expresó el camporista. 

Doñate detalló que “en las empresas de hasta cinco trabajadores, hay algo menos de 75% de informalidad; en las empresas entre seis y 40 trabajadores, hay un promedio de un 35%; en las empresas entre 41 y 100 trabajadores, un 15% de informalidad; y en las de más de 100 trabajadores, un 12%”. “El impacto de este proyecto de ley apunta a las MiPyMEs, que están tratando de salir adelante, que son generadoras de trabajo y que muchas veces por los costos laborales les cuesta formalizar a sus trabajadores”, completó.

Desde la vereda de enfrente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas impositivas”, cuestionó. 

La opositora aseveró que “los planes han constituido no una solución, sino una traba importante, que no nos permite resolver el problema. Y en vez de ser un piso, de alguna manera se han constituido en un techo”. “Nuestros jóvenes ni siquiera desean un trabajo formal, porque no saben los beneficios que tiene. Tenemos que comunicar los beneficios que significa”, enfatizó.

Puntos principales del proyecto 

El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí. 

Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Acuerdo para la Promoción y Desarrollo de Tierra del Fuego

En la reunión también se dictaminó a favor de un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022, por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia. 

Guerra señaló que se trata de la conformación de un nuevo fideicomiso para financiar obras de infraestructura y defendió que “fijar políticas promocionales” es necesario “en un país donde existen marcadas asimetrías”. “Este tema de promoción hacia una provincia austral tiene una larga historia”, afirmó luego de enumerar distintos convenios y acuerdos firmados desde 2001.

La senadora fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) explicó que este fideicomiso será para “financiar obras viales, que son sumamente necesarias tanto para la ciudad de Ushuaia, Río Grande y también Tolhuin”. Entre ellas, mencionó la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y Tolhuin; el Hospital Regional de Ushuaia; y un nuevo acueducto y cisterna en Río Grande.

En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) agradeció que el tema se ponga en tratamiento. “Este fideicomiso es la continuación de un viejo anhelo de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre se trató de que la Nación, independientemente de cual fuera el gobierno, le reconociera a la provincia parte de las regalías de la explotación costa afuera”, sostuvo. 

El radical comentó que “es una manera interesante de poder llevar adelante una serie de obras que son esenciales para el desarrollo de la provincia más joven del país, y la más grande, más allá del tamaño”. “Muchas veces se la critica a la provincia de Tierra del Fuego teniendo en cuenta la matemática, porque para muchos parece ser que la soberanía tiene un costo, pero para nosotros, los que habitamos en Tierra del Fuego, los beneficios que reciba nuestra provincia no hace más que garantizar la soberanía”, remarcó. 

La Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado se reunirá este martes a las 14.30 en en Salón Arturo Illia para designar a sus autoridades. El último titular fue el senador fueguino Pablo Blanco.

El Senado busca reactivarse tras varias semanas sin actividades oficiales y así poder establecer fecha para sesionar en los próximos meses. Así también, la Comisión de Economía Nacional e Inversión no se reúne desde el 14 de diciembre del 2022.

Del mismo modo, la Comisión de la Banca de la Mujer designó una reunión constitutiva para el próximo miércoles a las 16.00 y así designar a sus autoridades. No se reúnen desde el 30 de noviembre del 2022.

Además, de estas reuniones constitutivas, también designarán a sus nuevos presidentes, vicepresidentes y secretarios las comisiones de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las cuales tendrán plenarios para tratar proyectos que llegan desde la Cámara de Diputados.

Además, de estas reuniones constitutivas, también designarán a sus nuevos presidentes, vicepresidentes y secretarios las comisiones de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las cuales tendrán plenarios para tratar proyectos que llegan desde la Cámara de Diputados.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR-JxC) celebró la cancelación definitiva del funcionamiento de un radar inglés en Tierra del Fuego, luego de la medida que días atrás se anunciara desde el Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana.

El radical señaló “la aparición tardía de la disposición por la cual se cancela totalmente la autorización precaria que se le había concedido a la filial argentina de la empresa de capitales irlandeses e ingleses Leo Labs para instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena en Banda S, con el fin de rastrear y monitorear objetos en ambiente LEO (Low Earth Orbit)”.

“El mismo funcionario que concedió la autorización precaria para instalar el radar inglés en Tierra del Fuego firmó una disposición por la que lo ‘cancela totalmente’. Me pregunto: ¿Por qué de paso no firmó también su renuncia?”, disparó el legislador opositor.

Además, crítico de la situación desde el comienzo, agregó: “Tuve razón desde el principio. Ahora el gobierno fueguino tiene que proceder a desmontarlo de manera urgente”.

“Pero no sólo eso: quiero que se conozcan los nombres que componen toda la cadena de complicidad que hubo de parte del gobierno fueguino para que la instalación de este radar sea posible”, desafió Blanco.

En ese sentido, expresó que “se tiene que acabar esto de jugar a las escondidas. Acá hay que ponerle el cascabel al gato y el gobernador (Gustavo Mellela) es el principal responsable de informar como corresponde al pueblo fueguino y a los argentinos”.

“Lo sostuve desde el principio, este radar sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional hasta tanto no se lo desmantele por completo. Y constituye, además, un hecho gravísimo que se haya permitido que los usurpadores de nuestras Malvinas lo instalen en el corazón de la provincia a la que las Malvinas pertenecen”, enfatizó.

Por último, el senador destacó que “por fin ha primado la racionalidad en medio de tanto disparate y la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad que depende de la Jefatura de Gabinete le hizo caso al ministro Taiana”. “Un gobierno más desconectado entre sí y de la realidad de lo que está pasando no se consigue”, cerró.

El batacazo de Javier Milei en las PASO a nivel nacional le otorgaría más legisladores en el Congreso, en caso de replicar los resultados en las elecciones generales. Según los porcentajes obtenidos este domingo en Tierra del Fuego, la Libertad Avanza ganaría una banca en la Cámara de Diputados. 

En la categoría de diputados nacionales se impuso en las PASO la lista de Republicanos Unidos, encabezada por Santiago Pauli, quien se define en su perfil de la red social X como “docente, emprendedor y cristiano”. 

“Gracias a todos los fueguinos que se animaron a votar por un país y una provincia mejores. Estamos orgullosos de representar a esta gran esperanza que compartimos. Sabemos que tenemos meses de mucho trabajo, de seguir llevando el mensaje de la libertad a toda Tierra del Fuego y de ser parte de la transformación de Argentina junto a Javier Milei. Gracias al equipo de Republicanos, a nuestros fiscales y a todos los que se sumaron. ¡Vamos por más!”, publicó Pauli en la noche de este domingo.

En segundo lugar se ubicó Unión por la Patria, que ganaría un escaño para Andrea Freites; mientras que en Juntos por el Cambio ganó la interna la nómina propuesta por Patricia Bullrich, que encabezó Federico Frigerio, quien busca un nuevo mandato. 

Si los resultados se replicarán en octubre, La Libertad Avanza le sacaría una banca al actual oficialismo, ya que el 10 de diciembre próximo culminan sus mandatos Rosana Bertone (FdT), Mabel Caparrós (FdT) y Federico Frigerio (Pro). 

El diputado nacional Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego) se refirió este jueves a la medida del impuesto País, que, según el ministro de Economía, Sergio Massa, “favorece a las empresas”. “Esto no es algo más, empieza un camino en el que nunca van a retroceder, este es el principio del fin de una ley fundamental para la provincia”, lanzó.

El diputado fueguino publicó en su cuenta de Twitter que “es la primera vez en la historia desde la creación de la ley 19.640 que se nos aplica un impuesto nacional”, y agregó que Massa “hace campaña diciendo que va a terminar con el subrégimen industrial de Tierra del Fuego y el gobernador lo abraza”.

“Esto no es novedad, el ministro Massa intentó quitar los beneficios de la ley 19.640 en el presupuesto que envió a la Cámara de Diputados en el 2023”, enfatizó el legislador.

Por último, cuestionó al oficialismo de su provincia: “Ahora me pregunto, dónde están los que se alarmaban tanto frente algunos dichos de un diputado de otro espacio político. ¿Son los que hoy militan a Massa presidente en Tierra del Fuego?”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de declaración para expresar beneplácito por la identificación del cabo segundo Jorge Eduardo López de la Prefectura Naval Argentina quien descansaba en el cementerio de Darwin de Malvinas, en una tumba anónima y su reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense por “la labor desarrollada en todos estos años”.

Entre los fundamentos, Blanco cuenta que el Equipo Forense identificó a López el 30 de junio de 2023 y le informó a su familia que “descansa en la tumba D.A. 4.3. del cementerio de Darwin”.

El 30 de junio de 2023 nuevamente el Equipo Argentino de Antropología Forense da paz y certeza a la hermana de este héroe de Malvinas, informándole que su familiar descansa en la tumba D.A. 4.3. del cementerio de Darwin.
¡Gran trabajo! pic.twitter.com/MAHYj133HT

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) July 17, 2023

“Este joven de 19 años le anunció a su familia que se iba de voluntario a Malvinas, ello sucedía en la casa de Tigre allá por abril de 1982. Jorge en secreto ya se había presentado en Prefectura como voluntario y sin saberlo había sellado ya su destino”, recordó el radical.

Así, narró que “aquel 10 de mayo el Isla de los Estados navegaba a oscuras por el Estrecho de San Carlos en una misión de abastecimiento de víveres, municiones, medicamentos y vehículos con destino a Puerto Yapeyú. Jorge y otros 24 héroes fueron sorprendidos por el fuego de la fragata Alacrity. Nuestro buque se incendió y hundió en el estrecho, solo dos tripulantes sobrevivieron”.

PD-Beneplacito-por-la-identificacion-del-cabo-segundo-Jorge-Eduardo-Lopez-heroe-de-Malvinas

Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Francisco Sánchez y Carlos Zapata presentaron un pedido de informes dirigido al ministro de Defensa, Jorge Taiana, en alusión a un radar británico instalado en Tierra del Fuego.

La solicitud exige conocer “si en el año 2022 la empresa Leolabs obtuvo un permiso para instalar un radar” en la provincia y “por qué no se alertó desde el nivel Estratégico Militar, la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos Leolabs”.

También, los legisladores preguntaron “cuándo tuvo el Ministerio información relacionada a la instalación del radar” y “qué medidas concretas tomó al respecto”.

En los fundamentos del proyecto encabezado por Asseff, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se señala que “la empresa Leolabs habría obtenido un permiso del Gobierno Nacional en 2022 que se canceló hace pocos días”.

“Hasta el momento se creía que el radar todavía no había sido instalado. Pero una inspección al lugar realizada por funcionarios nacionales corrobora que las instalaciones se encuentran terminadas y ‘activas’. E incluso que el radar ya estuvo funcionando ‘a prueba'”, apuntaron los diputados.

Asimismo, recordaron que el senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (UCR) “reveló que el radar instalado en el centro de la provincia (a 600 kilómetros de las Islas Malvinas) por una empresa de capitales británicos, se encuentra ‘activo’ desde hace meses e incluso funcionó ‘a prueba’ sin que esa situación fuera de dominio público”.

“El embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, estuvo en Ushuaia cuatro días antes del anuncio de la empresa y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego para ‘colaborar con empresas y gobiernos de todo el mundo en la protección contra los desechos espaciales’. Ocho meses más tarde, el 15 de noviembre de 2022, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del Gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino, que luego canceló”, repasaron.

Y añadieron que “sin embargo, para entonces ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra. De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico”.

“Todo apunta a que el Ministerio de Defensa había frenado el emprendimiento antes de que se concretara, aunque las evidencias muestran lo contrario: el radar británico ya está instalado en Tierra del Fuego, a un paso de las Islas Malvinas ocupadas por el propio Reino Unido”, advirtieron.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) denunció la existencia de una estación terrena cercana a la ciudad de Tolhuin en la que existe un radar operativo construido por capitales ingleses con un permiso precario otorgado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Secretaría de Innovación Pública.

Al respecto, el senador explicó que “el 22 de junio me enteré por una nota periodística publicada en el diario fueguino Provincia 23 que la empresa multinacional de capitales Británicos Leolabs INC instalaría en Tierra del Fuego una antena radar que serviría para ‘detectar satélites y misiles en orbitas espaciales bajas y podría proveer información al sistema de inteligencia espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de poder avisar sobre posibles coaliciones entre satélites en órbita y basura espacial. Esto generó en mí una enorme inquietud que se transformó en un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional que presenté el día 27”.

“En ese proyecto solicité precisiones acerca de la autorización precaria otorgada por el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad a la empresa LeoLabs INC para la instalación de una estación terrena de banda S para el seguimiento de objetos en órbita baja en la Provincia de Tierra del Fuego”, señaló.

A su vez, agregó: “Lo que más llamó mi atención fue que, al parecer, tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería no estaban al tanto del tema o bien habrían sido salteados”.

“Creo que un tema de semejante nivel de complejidad e importantísimo para la seguridad nacional en un área tan estratégica a nivel mundial y sensible para los intereses soberanos argentinos no puede ser tratado alegremente sin el conocimiento de estas reparticiones y del Congreso de la Nación. No se deben ceder facultades que pueden afectar severamente a nuestra soberanía a una empresa del mismo país que usurpa nuestras Malvinas”, aseguró Blanco.

El senador contó que los tiempos legislativos del Senado no permitieron que el proyecto sea siquiera girado a comisiones pero al día siguiente, es decir el 28 de junio, “nos enteramos por los medios nacionales que la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad decidió suspender los efectos de la Disposición N° 8/22, a través de la cual se autorizó con carácter precario a la empresa Leolabs Argentina, a instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena en Banda S, con el fin de rastrear y monitorear objetos en ambiente LEO (Low Earth Orbit)”, relató.

Y siguió: “El ministro Jorge Taiana, aparentemente, habría dado la orden de que se suspenda el permiso”. “Tomaron contacto conmigo autoridades de la empresa LeoLabs y me solicitaron una reunión a la que accedí junto tres de mis asesores el día 4 de julio”, continuó.

Del mismo modo, agregó que “existe un acta de inspección técnica realizada por la Secretaría de Innovación Pública en la que CONSTA que existe una estación terrena con un radar instalado en Tierra del Fuego. Del documento se desprende claramente -con profusión de fotos- que las instalaciones se encuentran en la estancia El Relincho (Km 2946 Ruta Nacional 3 en Tolhuin) y el radar ha venido funcionando en modalidad de prueba. La directora contó que la empresa multinacional invirtió 1 millón de dólares sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería pues habían conseguido que le otorguen la frecuencia autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Secretaría de Innovación Productiva”.

“En mi opinión esto es un escándalo sin precedentes. Resulta que, bajo una autorización precaria, otorgada por la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad en 2022 se instaló un radar que la misma Subsecretaría desautorizó hace una semana cuando hice un pedido de informes al respecto”, aseveró.

Sin embargo, responsabilizó al Gobierno nacional: “Nada tengo que reprocharle a la empresa LeoLabs sino simplemente decir que funcionarios argentinos los han engañado haciéndoles cometer errores garrafales. Resulta grotesco ver cómo el gobierno de nuestro país abre la puerta a inversionistas y se la cierra meses después en la cara cuando se descubren irregularidades o malas prácticas”.

Por último, Blanco manifestó que “también dejan enormes dudas los gerentes nombrados por LeoLabs en Argentina. Ninguno de ellos tiene antecedentes en la industria satelital ni en la vigilancia espacial. Todo es y ha sido muy raro”.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de comunicación con le objetivo de que el Gobierno Nacional informe sobre la autorización otorgada a la empresa LeoLabs Space para la instalación de una estación terrena de banda S para el seguimiento de objetos en órbita baja en la provincia del sur.

“La autorización otorgada a la empresa Leolabs, constituye un acto que afecta potencialmente la vida de argentinos y la libertad de acción de la República Argentina para maniobrar en el mapa mundial de escenarios múltiplemente enlazados”, expresó Blanco.

En esa línea, planteó que “la autorización resulta un acto administrativo tan irresponsable como temerario si no contó con el análisis de los distintos sectores involucrados. La construcción implicaría una amenaza en general sobre Argentina y en particular sobre la zona donde se instalarían las antenas”.

En la iniciativa, solicita al ministro de Defensa, Jorge Taiana, y al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero que respondan: “¿Cuáles son las capacidades actuales y potenciales de los dispositivos a instalar en relación con el seguimiento de satélites y objetos de órbita baja y misiles tácticos o balísticos intercontinentales? ¿Cuáles son las capacidades de interceptación o interferencia de sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia, Vigilancia e Informática?”.

“¿Cuál es la participación del Ministerio de Defensa en lo relativo a la determinación de escenarios potenciales de riesgo estratégico y riesgo estratégico militar? ¿Cuál es la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto en lo relativo a la articulación de la medida en relación con el conflicto Atlántico Sur, Malvinas y Antártida?”, suma.

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Gran revuelo y preocupación generó la noticia sobre un memorándum firmado entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con una empresa China que autorizaba la construcción de un puerto multipropósito en dicha provincia. Tal es así, que esa polémica se coló en una de las preguntas que le hicieron los diputados de JxC al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, tras brindar su informe de gestión en la Cámara baja y afirmó que “no va a haber puerto chino en la provincia de Tierra del Fuego”.

Fue precisamente el fueguino Héctor Stefani (Pro) quien planteó el tema en el recinto. “Mi consulta es sobre el acuerdo firmado entre el gobernador Gustavo Melella y la empresa estatal China que prevé una inversión en el país de 1.200 millones de dólares para la construcción de un puerto oceánico a construir en Tierra del Fuego”, arrancó.

Stefani precisó que “es un punto importante geopolítico y estratégico para el país, pero es la provincia más cercana a la Antártida a mil kilómetros; el Océano Pacífico es uno de los de mayor porcentaje de carga y el puerto es estratégico porque es el único lugar de salida y entrada al océano”.

“Es importante referirnos a que China tiene un conflicto con Argentina por la pesca ilegal hace décadas porque tenemos en el Atlántico Sur una zona de riqueza y biodiversidad y tenemos varios países ahí y China constituye uno de las amenazas más grandes para el país en pesca ilegal”, denunció el diputado del Pro.

En tanto, advirtió que “Tierra del Fuego es una zona libre de conflictos internacionales y es importante en turismo como actividad”, y sostuvo que “la estrategia anunciada por el presidente chino y que viene cumpliendo desde 2013 de la ruta de la seda moderna que incluye la vinculación con países a través de carreteras o de ferrocarriles, ahora también se extiende al mar con inversiones en varios países de África y América y tiene interés en el polo Antártico y Ártico”.

“Esto nos genera preocupación. Estamos poniendo en riesgo la soberanía de la Argentina y queremos saber la postura del Gobierno nacional, si cancillería tomó intervención al igual que la subsecretaría de puertos y vías navegables tomó intervención”, cerró Stefani.

A la hora de responder, Rossi apuntó contra la exgobernadora Fabiana Ríos y la acusó de ser ella quien hizo el acuerdo con esa empresa china. Así, se refirió a la denuncia penal que la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) le realizó hace unos días.

“El acuerdo con esa empresa china lo hizo la exgobernadora Fabiana Ríos. Yo tengo una denuncia penal por una diputada que supongo que no debe tener esta información porque ese acuerdo lo hizo Fabiana Ríos cuando era miembro del ARI y mandó una ley a la Legislatura de la provincia y la Legislatura apoyó y aprobó”, recordó el funcionario.

Y sumó: “Entonces si la denuncia penal es a mí, al canciller y al ministro de Defensa, la pregunta sería por qué no la denunció a su jefa política.  Porque su jefa política era la jefa política de Fabiana Ríos cuando tomó este crédito. Yo me acuerdo se sentaba acá junto con Carrió. Ese es el acuerdo que se firmó”, en tanto remarcó que “ese acuerdo fue desconocido y derogado por la diputada Rosana Bertone. También lo judicializó y nunca se llegó a implementar”.

“Entre lo que aprobó Fabiana y desconoció la posterior gobernadora y actual diputada Rosana Bertone quedaron en el limbo 30 millones de dólares que la empresa China el otorgó al Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego gestión de Fabiana Ríos”, informó Rossi.

En tanto, explicó que “lo que hoy tenemos en discusión son esos 30 millones de dólares que por la acción de la diputada Bertone están desconocidos en la justicia, pero están judicializados. Así fue la historia, pero el único puerto que está autorizado en la provincia de Tierra del Fuego que se va a construir y es un puerto multipropósito que tiene todo autorizado para construir es Milgor en el mismo terreno que lo iban a hacer los chinos”.

“No va a haber puerto chino en Tierra del Fuego”, afirmó y sumó: “Solo hay una discusión con esa empresa china por los 30 millones de dólares que dio la empresa a la diputada Ríos, que era diputada del ARI cuando ganó la gobernación, cuya jefa es Elisa Carrió y es la misma jefa de quien nos denuncia”.

Y cuestionó: “Ahora la desconocen a Fabian Ríos, ustedes sí que tienen una distorsión de la realidad. La denuncia es una versión achicada de la denuncia por traición a la patria del acuerdo con Irán porque estas denuncias se hacen para que queden dando vueltas para que después alguno la agarre y te termine generando una preocupación”.

“La tasa de interés de activación del swap con China es confidencial”

Siguiendo el tema de China y la relación con Argentina, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) inclinó sus preguntas hacia el plano económico y le preguntó: “¿Cuál es la tasa que paga argentina por la activación del SWAP con China?”, y pidió que hagan público el acuerdo que hicieron con China.

Al respecto, el jefe de Gabinete chicaneó: “La ampliación del SWAP a China parece que estamos entregando la soberanía del país a China”, y planteó: “Lo único que estamos haciendo es facilitar las importaciones de productos chinos para que las empresas argentinas puedan seguir produciendo y generando crecimiento económico. Usan el SWAP para las importaciones y estamos buscando de qué manera fortalecemos las reservas no utilizando reservar en lugares donde podríamos utilizar otras monedas y por eso fuimos a china y ampliamos el SWAP trabajando para ser parte miembro de los BRICS de manera tal que pueda venir un crédito necesario y sea algo para la economía del país y se fortalezca el crecimiento económico”.

“El presidente del BCRA suscribió la renovación anticipada de un SWAP por 130 mil millones de yuanes por el plazo de 3 años. Se inició el procedimiento de acreción del monto al uso por otros 35 mil millones de yuanes. Dicha ampliación operara una vez que se agote el primer tramo”, informó.

Y manifestó que “la tasa de interés de activación del swap con China es confidencial. Hay una cantidad de cosas que son confidenciales. En todo caso se lo responderé por escrito. La tasa es del orden de lo que cobran los organismos internacionales. Solo es una ampliación del SWAP nada más”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – CABA) encabezó un pedido junto a Ricardo López Murphy y Mariana Zuvic para solicitarle -de manera urgente- al presidente de la Legislatura fueguina una copia certificada del Memorándum de Entendimiento celebrado el día 16-08-2022, con la empresa pública de la República Popular de China, Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.

A través de un proyecto, Asseff, titular de la Comisión de Defensa Nacional, atribuyó tres causas al acuerdo en cuestión tiene consecuencias políticas y estratégicas jurídicas, diplomáticas, patrimoniales, económico y financieras de suma gravedad entre otros motivos y “brevitatis causae”.

En primera instancia, sostuvo que “lo previsto en las siguientes cláusulas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, (Ley Nacional N° 19.865)

deseamos poner de relieve que desde el punto de vista exclusivamente del Derecho Internacional por el sólo hecho de haberse estampado la rúbrica en el compromiso escrito y luego haberse “ratificado” el mismo por la Gobernación provincial, la República Argentina se podría ver constreñida a no frustrar los objetivos pactados y además a tener que responder internacionalmente frente a China en caso de reclamos”.

Además, cuestionó que “no desobliga a la República Argentina de cumplir con las mandas de la Convención de Viena citada, se considera que -en cambio- acuerdos como el Memorándum mencionado sólo pueden ser válidos en nuestro fuero interno cuando los mismos tengan apenas objetivos económicos o sociales, cuya determinación, regulación y administración sean de potestad exclusiva de las provincias”.

“En cuanto a los intereses estratégicos y diplomáticos no podremos tampoco omitir mencionar la tremenda relevancia del Atlántico Sur y de Tierra del Fuego en particular, en estos momentos de guerra en Europa, con la cual nuestro Mundo lamentablemente empieza a quedar de nuevo”, finalizó.

Solicitud-urgente-para-que-se-remita-a-la-HCDN-el-convenio-de-entendimiento-con-Shaanxi-Chemical-Industry-Group-Co.-Ltd

“El Gobierno le bajó el pulgar al proyecto de Tierra del Fuego con China para levantar una planta de químicos, un puerto y una central eléctrica”, informó este sábado el diario Clarín, poniendo supuestamente fin a una ola de protestas que había estallado en el Congreso por un acuerdo suscripto por el gobernador fueguino Gustavo Melella con una empresa china.

Según la especie, tanto desde el Ministerio de Transporte de la Nación, como de Vías Navegables, consideraron que el acuerdo con la empresa Shaanxi no era “nada probable”, advirtiendo que el mismo presentaba “riesgos ambientales”, como así también los documentos “graves inconsistencias”.

“¡Logramos frenar la entrega!”, proclamó la diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, que de todas maneras aclaró que “el final definitiva de esto es la derogación del decreto provincial 3312/22”. De lo contrario, con el decreto vigente “el peligro está latente”, señaló la senadora de Juntos por el Cambio, que dijo esperar “el avance de la justicia en este escándalo con graves consecuencias geopolíticas”.

LOGRAMOS FRENAR LA ENTREGA!

Pero, sepan que el final definitivo de esto es la DEROGACIÓN del decreto provincial 3312/22. De otra forma, con el decreto vigente que ratifica el MdE, el peligro está latente.

Esperamos el avance de la justicia en este escándalo con graves… pic.twitter.com/G16J1VmUvS

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 9, 2023

Otro de los que reaccionó fue el senador nacional radical Pablo Daniel Blanco, que advirtió que “por más que el Gobierno le haya ‘sacado el banquito’ al gobernador Gustavo Melella la pelea no está ganada”, y que recién “lo estará cuando la Legislatura fueguina archive el proyecto y cuando el canciller Santiago Cafiero reconozca que el Gobierno nacional siempre estuvo al tanto de todo”.

El acuerdo con China por la construcción de un puerto en la provincia de Tierra del Fuego sigue sumando repudios por parte del arco opositor. Ahora se sumó la diputada nacional Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) con un proyecto de resolución expresando preocupación por la instalación de una “base multipropósito” y exigió: “No toquen nuestra soberanía”.

La legisladora plantea que el Memorándum “pone en riesgo la soberanía nacional sobre el territorio, enajenando derechos irrenunciables del Estado y de la Patria sobre el control de su espacio terrestre y renunciando al resguardo de intereses estratégicos, así como de la vigilancia sobre posibles violaciones a derechos humanos”.

“Nuevamente nos encontramos con la noticia de que el kirchnerismo renuncia expresamente al ejercicio de la soberanía territorial y al resguardo de intereses nacionales y estratégicos en favor de un aliado y socio circunstancial como lo es China”, alertó Píparo.

Además, planteó que la aceptación de una base en Tierra del Fuego “es un punto geopolítico estratégico” que “resulta alarmante, en tanto se renuncia expresamente al control de lo que ocupa en aquel sitio, creando un espacio de exclusiva jurisdicción china en nuestro territorio nacional, extrayéndole el control a nuestro Estado sobre ese espacio”.

En tanto, recordó que las flotas chinas “depredan” los mares “sin descanso ni preocupación alguna por la sostenibilidad del exosistema marino, lo cual demuestra un nulo respeto de China por nuestras aguas, por la naturaleza o por las normas internacionales”.

“La independencia que declaramos en el año 1816 nos obliga a una constante vigilancia para mantener nuestra patria a salvo de indebidas injerencias extranjeras. Nos debería avergonzar ceder nuestra soberanía nacional y que por intereses pura y exclusivamente económicos permitamos que sigan instalando bases chinas”.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal por “claudicación histórica” contra funcionarios nacionales y provinciales por el Memorándum firmado con China para autorización de una terminal portuaria multipropósito en Tierra del Fuego.

Zuvic informó a través de sus redes, que la acusación es contra el ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La denuncia cayó en el juzgado Criminal y Correccional de María Servini y es por “delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. Además, presentaron una medida cautelar para detener el acuerdo que Tierra del Fuego negocia con China.

Según el documento al que pudo acceder diario Clarín establece que la empresa Shaanxi Chemical Group invertirá US$ 1.250 millones en la provincia para la construcción de una planta industrial con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

Ello implicará la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno, para el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas, es decir un puerto chino en Argentina, y una central eléctrica de 100MW.

Desde que se conocieron los detalles de la construcción de la planta, el puerto y la central en Rio Grande, la oposición se encuentra embarcada en una fuerte polémica contra este memorándum de entendimiento que Melella envió a la legislatura de su provincia esta semana para que fuera aprobado, ya que el senador nacional Pablo Blanco solicitó la intervención de Cancillería y le pidió explicaciones y transparencia en la información al mandatario provincial.

El diputado nacional Héctor “Tito” Stefani (Pro) le exigió una vez más al gobernador fueguino, Gustavo Melella, “transparencia” sobre el acuerdo firmado con China por la construcción de un puerto en la provincia y “explicaciones sobre las implicancias que puede generar” esa decisión ya no solo en el país, sino en toda la región.

“Está claro que la idea de China es ampliar la ‘ruta de la seda’. Contar con un puerto en Tierra del Fuego es estratégico en términos geopolíticos y toma una postura nacional sobre una disputa entre los bloques más poderosos del mundo”, advirtió el macrista.

El legislador resaltó que “esto excede los términos provinciales; es un puerto con fines internacionales y el Estado nacional debe intervenir en ese tipo de decisiones”.

“Desde que tomamos conocimiento de este hecho motivamos que este memorándum llegué a la Legislatura y se tome conocimiento en detalle de las implicancias que tiene para la provincia y el país”, explicó el fueguino.

El opositor cuestionó que “el gobernador está acostumbrado a no rendir cuentas, a manejarse de forma poco transparente, pero acá está especulando con los recursos naturales del país y la soberanía nacional”.

“En ese sentido es relevante saber el grado de conocimiento e intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Sobre todo, teniendo en cuenta el conflicto que tenemos en las 200 millas marinas con las embarcaciones chinas que son las principales responsables de la pesca ilegal”, alertó.

Stefani señaló que “Argentina debe mantener un equilibrio en sus relaciones internacionales y asegurarse de no comprometer su soberanía y su posición en el ámbito global. Es fundamental que se realicen evaluaciones exhaustivas de los posibles riesgos para la seguridad regional y se establezcan mecanismos de control adecuados para proteger nuestros intereses estratégicos”.

El diputado de Juntos por el Cambio recordó el pedido de informes presentado en enero de este año para que el Poder Ejecutivo explique el grado de conocimiento sobre el acuerdo entre Melella y la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry para crear un “puerto multipropósito”. “Un acuerdo que pone en riesgo nuestra soberanía, nuestros recursos y nuestro principal acceso a la Antártida no se puede hacer entre gallos y medianoche a escondidas de los argentinos”, finalizó.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR) exige la intervención del canciller, Santiago Cafiero, para que dé cuenta de la posición que tiene el Gobierno Nacional con respecto al Memorándum firmado entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.

“El gobernador @gustavomelella le debe a los fueguinos y a los argentinos una explicación pormenorizada de los alcances del memorándum que con tanto interés impulsa, así como sus implicaciones para nuestra soberanía”, sostuvo en redes el radical.

Además, alertó que “abrirle las puertas a una potencia totalitaria como China en el sur de nuestro país es facilitarle un enclave estratégico que puede llegar a vulnerar y comprometer nuestra soberanía”, y ratificó: “Es por ello que solicito que Cancillería se expida urgentemente al respecto”.

“No estoy dispuesto a permitir que mi provincia quede comprometida como prenda de negociaciones entre un gobierno nacional desesperado por fondos y el régimen de Xi Jinping que aprovecha este tipo de debilidades para afianzar su política expansionista”, planteó Blanco.

Melella ratificó mediante el decreto provincial 3312/22 autorizó la construcción de una base naval y dio giro a Mónica Urquiza, presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, para que sea tratado por sus diputados.

El memorándum -escrito tanto en chino como en castellano- señala que el régimen asiático eligió a aquella provincia porque “está ubicada en el extremo sur de Sudamérica, es rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias industriales de Argentina”, en referencia al ensamble tecnológico que se desarrolla en Tierra del Fuego.

Una denuncia penal

La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI) quien días atrás ya alertó sobre la autorización de la construcción del puerto que “es estratégico porque van a tener una base logística extraordinaria”. Ahora, presentó una denuncia penal “contra los responsables de esta entrega histórica de nuestra soberanía”.

“9 meses ocultaron el Memorándum con China. Durante 9 meses en sendos pedidos de informe y accesos solicitamos a MRECIC, MINDEF, MECON, JGM el contenido del memorándum. El Memorando de Entendimiento de Melella con una empresa del Estado chino no respeta los dispuesto en el artículo 124 de la Constitución que exige sea conocido por el Congreso”, planteó Zuvic.

Y remarcó que “esto aborda facultades delegadas como las relaciones exteriores y la defensa nacional sin que dichas áreas hayan tomado la intervención de su competencia”.

“Massa lo anunció y hoy lo confirma, somos Argenchina”, alertó la diputada y planteó: “Debemos unirnos en defensa de esta entrega de nuestra soberanía”.

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en el centro de la polémica luego de conocerse que la Justicia Electoral impugnó las boletas del partido de Javier Milei por el color de las mismas y le quitó dos bancas en las elecciones que se celebraron el pasado 14 de mayo en las que, por una diferencia de 40 puntos, fue reelecto Gustavo Melella.

Al respecto, el diputado nacional Héctor Stefani (Pro) -quien quedó en segundo lugar- presentó un proyecto de resolución junto a legisladores de distintos espacios como Alfredo Schiavoni, Marcela Campagnoli (CC-ARI), Francisco Monti (UCR), y los liberales Javier Milei y Victoria Villarruel.

En la iniciativa expresaron su repudio por la resolución de la Junta Electoral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, “de dar por nulos más de 3000 votos emitidos en las últimas elecciones provinciales”.

“Esta es una mancha a la democracia de la provincia. Es una decisión que va contra la voluntad de los fueguinos. Es la trampa de los feudos kirchneristas que no quieren perder su metro cuadrado de poder”, denunció Stefani.

En esa línea, disparó que “la necesidad de perpetuarse en el poder es evidente. Con una Justicia Electoral cómplice, se anularon arbitrariamente 3.000 votos, faltando el respeto a los fueguinos. Es antidemocrático y atenta contra la voluntad de la sociedad”.

“Todo el arco político debe expresar su repudio”, exigió y sumó: “No se puede subestimar así a los fueguinos, vulnerando su confianza y faltando al respeto de quienes depositaron su voto. La Justicia debe responder a la demanda y respetar los cargos”.

En tanto, cuestionó que “este es otro ejemplo del sistema de votación plagado de trampas y vicios de la vieja política. Complica al ciudadano y facilita el fraude”, y planteó que “es necesario cambiar el sistema electoral en Tierra del Fuego y promover la Ley de Boleta Única”.

“Es momento de escuchar y atender las demandas de los ciudadanos, fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en el proceso electoral. La sociedad fueguina merece un sistema que refleje su voluntad y fomente la participación ciudadana”, cerró.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para autorizar automáticamente las importaciones de servicios de transporte terrestre y sus conexiones marítimas para mercaderías, obligadas a pasar por Chile, provenientes de nuestro territorio continental hacia Tierra del Fuego en ambos sentidos.

“El gobierno mete cuanta traba se le ocurre para impedir que el transporte terrestre de mercaderías desde nuestro continente a Tierra del Fuego y viceversa pueda hacerse con normalidad”, explicó en sus redes.

En su artículo 2, la iniciativa plantea que quedan derogadas “todas las medidas administrativas tendientes al control y autorización previa de importaciones de servicios de transporte terrestre y sus conexiones marítimas que comuniquen la provincia de Tierra del Fuego con el continente argentino, tanto las impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos como por la Secretaría de Comercio, ambos dependientes del Ministerio de Economía. Se prohíbe al Poder Ejecutivo dictar en el futuro cualquier medida que tenga como efecto la demora o prohibición de estas mismas importaciones”.

Blanco explica que “la provincia de Tierra del Fuego está fuera de la plataforma continental argentina. Para acceder a ella mediante caminos terrestres se debe cruzar necesariamente el estrecho de Magallanes mediante transporte marítimo. Pero, en las actuales condiciones de la infraestructura, la única ruta disponible para ello exige ingresar en territorio chileno y utilizar dos puertos marítimos de ese país”.

“El Estado nacional no ha saldado aun la deuda con esa región austral construyendo un paso terrestre y marítimo argentino, que pueda ser operado por empresas transportadoras argentinas, sin necesidad de acceder a territorio chileno para completar la única ruta disponible hasta el momento”, denuncia.

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Con el 53 por ciento de los votos se impuso este domingo en Tierra del Fuego el gobernador actual Gustavo Melella. Con enorme diferencia sobre el segundo.

En efecto, el segundo lugar en esta elección correspondió al diputado del Pro Héctor Stefani, que sumó apenas el 10,19%. Stefani rompió la coalición Juntos por el Cambio y se presentó por el Pro.

En rigor de verdad, el segundo lugar correspondió al voto en blanco, que sumaba casi el 21%.

Tercera resultó Laura Almirón, de Republicanos Unidos, con 7,38%, y el senador nacional radical Pablo Daniel Blanco, acompañado por el diputado Federico Frigerio, sumaban apenas un 5,75%.

En Tierra del Fuego, la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) arribó a la provincia para apoyar a los legisladores Pablo Blanco (UCR) y Federico Frigerio (Pro), en sus candidaturas a Gobernador y vicegobernador de Juntos por el Cambio respectivamente de cara a los comicios del próximo domingo.  

“El valor de la lista de Juntos por el cambio en Tierra del Fuego es la renovación, mucha gente joven, mucha gente que por primera vez hace política, tanto Federico (Frigerio) como Pablo (Blanco), le están dando un lugar, y eso es importante para cuando el domingo los fueguinos, vayan a votar, van a poder elegir algo distinto y hay una alternativa”, expresó la diputada.

En ese sentido Vidal explicó que “no tenemos que seguir votando a gobiernos provinciales que acompañan a gobiernos nacionales que nos llevaron a una inflación del 120%, un 40% de pobreza”.

Además, contó: “Recorrí todo el país y lo voy a seguir haciendo y una de las cosas que hice es escuchar, que estemos unidos, que no se peleen, que no discutan cargos mientras los argentinos están sufriendo angustiados, mi rol es acompañar a los candidatos y construir equipo en todo el país”.

 “Tierra del Fuego es una provincia que tiene muchísimos recursos para salir adelante, Tenemos con que, nos parece fundamental tener un equipo sólido capaz que pueda sacar esto adelante, que nos saque de la inflación del 120%”, planteó.

Durante su actividad en la provincia, Vidal compartió una agenda vinculada a la cercanía, visitó una ONG que trabaja con temas vinculados a adicciones, además de mantener encuentros con representantes de la Cámara de Comercio, emprendedores, comerciantes y vecinos de la provincia.

Senadores nacionales por la provincia de Tierra del Fuego cuestionaron el spot con el que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció su precandidatura presidencial.

El dirigente del Pro publicó un vídeo en sus redes sociales donde habla desde el kilómetro 0 de la Ruta Nacional 40, en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, y dice estar en “la ruta que une a toda la Argentina”.

Para el senador Matías Rodríguez (UC-FdT) “lo de Larreta es una muestra más de lo que significa Tierra del Fuego para Cambiemos. No les importa nuestra provincia, nunca les interesó tampoco la importancia geopolítica que tiene para el país y la región, ni hablar de nuestra industria y su desarrollo. El macrismo destruyó nuestra provincia; los fueguinos y fueguinas sufrimos durante cuatro años las políticas de ajuste”.

En ese sentido, el camporista recordó que “hacia fines de 2015, nuestra provincia tenía pleno empleo, cuatro años después, cuando (Mauricio) Macri dejaba su gobierno, Tierra Del Fuego había llegado al primer lugar de la pérdida del empleo registrado de toda la Argentina”. “Más de 15 puntos de desocupación, y en sectores puntuales como la industria, 18% de pérdida directa de empleo”, apuntó.

https://twitter.com/MatiasRodrigTDF/status/1628883614631964673

En la misma línea que las quejas que tuvo el gobernador Gustavo Melella, el legislador criticó que “Larreta no solo no mencionó a nuestra provincia en su spot presidencial, también se olvida de más de 10 provincias argentinas por donde la Ruta 40 no pasa. Quiere ser presidente de un país que no conoce, ni quiere conocer”.

“Lo de Cambiemos es siempre igual, realizan un par de viajes para mostrarse cercanos y preocupados, arman montajes con efecto marketinero y siguen subestimando a los argentinos”, lanzó el fueguino.

Finalmente agregó que “la Argentina es bicontinental” por eso “necesitamos dirigentes que tengan claro la amplitud de nuestro hermoso país, y lo complejo de sus regiones. Con respeto, le recuerdo a Larreta que mi provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Otro de los que se mostró molesto fue el senador de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego, el radical Pablo Blanco, quien tuiteó: “Me da pena tener que recordarle a @horaciolarreta que Tierra del Fuego, mi provincia, es la más grande del país e incluye a la Antártida, las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur”.

Me da pena tener que recordarle a @horaciolarreta que Tierra del Fuego, mi provincia, es la más grande del país e incluye a la Antártida, las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. pic.twitter.com/gTtprvpJSR

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) February 23, 2023

El diputado nacional Héctor Stefani (Pro – Tierra del Fuego) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde detalles sobre el acuerdo firmado entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la empresa estatal china para crear un “puerto multipropósito”.

En tal sentido, cuestionó: “Llama la atención la falta de información oficial no solo en ámbito provincial sino también a nivel nacional”. “No quedan dudas que es un tema de soberanía nacional, en donde están en juego los intereses de nuestra Nación. Es sumamente importante saber qué postura ha tomado el Gobierno nacional”, remarcó el diputado fueguino.

“Es indispensable que se respete la región como zona de paz y no permitir la introducción de conflictos globales”, explicó Stefani y agregó: “No podemos desconocer que hoy la Argentina tiene problemas de pesca ilegal que requieren la construcción de acuerdos globales que sostengan con el paso del tiempo y China es uno de los países más comprometido”.

Del mismo modo, el diputado señaló: “Estamos hablando de un asunto de política exterior con intereses geopolíticos en el medio, es sumamente importante que en este tipo de temas se avance mediante consensos amplios que involucre no solo a la administración provincial sino también al Gobierno Nacional”.

El proyecto fue acompañado con la firma del vicepresidente primero de la Cámara baja, Omar de Marchi (Pro), y los diputados nacionales Fernando Iglesias (Pro), María Luján Rey (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica – ARI), Pablo Torello (Pro), Mercedes Joury (Pro), entre otros.

En las últimas horas se alzaron desde el Pro las voces de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para cuestionar duramente la reforma previsional aprobada en Tierra del Fuego, a partir de la cual los empleados públicos podrán jubilarse solamente con 20 años de aportes. Una iniciativa que fue aprobada por unanimidad, esto es: con votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El senador nacional de esa provincia Pablo Daniel Blanco se manifestó así sobre el tema: “Votar favorablemente una reforma previsional que otorga mejoras a los jubilados fueguinos cuando los legisladores nacionales estamos haciendo denodadas gestiones para que el Gobierno nacional no nos quite el Régimen de Promoción Económica, que es visto por muchos como un privilegio indebido, cuanto menos es pegarse un tiro en los pies. Peor aún si la caja previsional es actualmente deficitaria y la propia Legislatura de Tierra del Fuego prorrogó la emergencia previsional”.

El senador radical advirtió que “lo que hicieron los legisladores fueguinos, todos, incluidos los de mi espacio, es ignorar la trascendencia nacional de las decisiones que toman. El gobernador cree que así podrá ganar las elecciones quedando bien con un sector de sus potenciales votantes, pero lo que ha hecho es pan para hoy y hambre para mañana, además de haber puesto a Tierra del Fuego en la picota a nivel nacional una vez más”.

Agregó Pablo Daniel Blanco que “la actitud de los legisladores ha sido desacertada. Una medida como esta no se puede acompañar porque es financieramente insostenible y porque no hay el más mínimo argumento razonable para explicársela al resto de país que nos mira como si fuéramos una comunidad que vive de privilegios que ‘la Nación otorga’ y encima se ‘premia’ a sí misma como si los recursos sobraran”.

“Defenderé siempre la Ley 19640, instrumento genuino y exitoso que ha servido para desarrollar la provincia. Pero no me encontrarán nunca defendiendo privilegios sectoriales”, finalizó el senador fueguino.

La polémica generada en torno al Régimen de Promoción Económica y Fiscal concluyó este jueves por la tarde en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se anunció la decisión de no tocar el mismo y aplicar una suba de impuestos compensatoria.

La cuestión había cobrado renovado interés los últimos días, a partir del pedido de la Coalición Cívica de derogar la Ley 19.640, cosa que provocó la reacción de los legisladores fueguinos, incluidos -y sobre todo- los de los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio, que reprocharon a sus socios por esa medida “inconsulta”.

La discusión subió un escalón más al trascender las fronteras fueguinas y pronunciarse el Comité Nacional de la UCR, que rechazó “de forma tajante” el proyecto de ley presentado por los legisladores de la Coalición Cívica.

En este marco es que trascendió que el ministro de Economía, no vería con malos ojos esa medida, al punto tal que el senador nacional Pablo Daniel Blanco llegó a hablar de “una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

La realidad es que desde Economía plantearon la posibilidad de compensar la erogación de ese fondo aplicando un aumento de impuestos, que fue confirmado este jueves durante el debate en comisión del Presupuesto 2023.

Fue ahí donde el presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, preguntó sobre el tema. Atento a lo que había trascendido en medios periodísticos, el legislador observó que “estaba la posibilidad de que el oficialismo incorpore el aumento a los impuestos internos sobre bienes electrónicos, que están en el 6,5% y que según la información periodística pasaría al 10%”, ante lo cual advirtió que “esto sería un aumento de impuestos internos que a nuestro modo de ver, con el casi monopolio, duopolio, o como quieran llamar a ese mercado concentrado y con la alícuota diferencial de impuestos internos del 17% para bienes importados, más las restricciones que hay para que entren productos importados en esta materia, lo único que va a hacer que aumentar el precio de los productos electrónicos”. Por eso preguntó si ese aumento estaba en evaluación.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, le dio la palabra a la diputada oficialista fueguina Rosana Bertone, quien aclaró que ella junto a los diputados del Pro Héctor “Tito” Stefani y Federico Frigerio, más la oficialista Mabel Caparrós y ella misma habían propuesto subir el impuesto interno a los productos elaborados en su provincia, pero también el impuesto interno para el importado. Y rechazó de paso el término “oligopolio” expresado por su par de la Coalición Cívica: “Son 23 industrias, 8.075 trabajadores directos, 6.900 trabajadores indirectos, con una situación geopolítica que creo que es bastante más complicada que la de 1970 cuando se dictó el régimen federal”.

Más tarde Heller detalló la modificación impositiva: el impuesto a los productos nacionales creado en 2009 fue elevado del 6,5 al 10%, mientras que el impuesto al importado se eleva del 17 al 19%.

“Es mantener todo tal cual está, lo que impacta en el precio de los productos”, señaló a parlamentario.com el diputado Juan Manuel López, que por si hacía falta aclaró que no estaban “en nada de acuerdo” con esa decisión.

¿Qué harán a la hora de votar el proyecto? “Lo vamos a decidir después de que podamos estudiar el dictamen”, fue la respuesta del jefe del bloque CC-ARI.

Así quedó el artículo

IMPUESTOS INTERNOS

Artículo XXX.- Sustitúyese, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2023, inclusive, el artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones – manteniéndose vigente su planilla anexa, aprobada por el artículo 123 de la ley 27.430 y sus modificaciones- por el siguiente:

Artículo 70: Están alcanzados con la tasa del DIECINUEVE NUEVE POR CIENTO (19%) los bienes que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se indican en la planilla anexa a este artículo, con las observaciones que en cada caso se formulan.

Cuando los referidos bienes sean fabricados por empresas beneficiarias del régimen de la ley 19.640, siempre que acrediten origen en el Área Aduanera Especial creada por esta última ley, la alícuota será equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la alícuota general, con excepción de los productos definidos como “Aparatos receptores de radiodifusión que sólo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles”, que se clasifican en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8527.21.00 y 8527.29.00, cuya alícuota aplicable será del CERO POR CIENTO (0%). Los fabricantes de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, que utilicen en sus actividades alcanzadas por el impuesto productos también gravados por esta norma, podrán computar como pago a cuenta del impuesto que deba ingresar, el importe correspondiente al tributo abonado o que debió abonarse por esos productos con motivo de su anterior expendio, en la forma que establezca la reglamentación. El impuesto interno a que se refiere el presente artículo, con el diferencial de alícuotas aquí establecido, forman parte de los beneficios y franquicias promocionales y mantendrán su vigencia, en los mismos términos y condiciones, que los demás beneficios y franquicias al amparo de la Ley N° 19.640 y normas complementarias.

Luego de que el fin de semana llovieran los cruces en el seno de Juntos por el Cambio luego de que se conociera el proyecto de la Coalición Cívica para derogar que estableció un régimen fiscal y aduanero especial para el territorio nacional de Tierra del Fuego, la Unión Cívica Radical emitió este lunes un comunicado rechazando “de forma tajante el proyecto de ley presentado por el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI por el que se pretende derogar la Ley 19.640 que, desde  hace 50 años, promueve la radicación de industrias y población en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

“La 19.640 surgió como una estrategia geopolítica de integración nacional para dotar de herramientas a Tierra del Fuego para que por un lado pudiese desarrollarse y, por otro, para que lograra integrarse al territorio nacional debido a que está ubicada a 3.000 km de los grandes centros urbanos y de consumo”, plantea el Comité Nacional de la UCR, que adelantó que están instruyendo a sus bloques de diputados y senadores nacionales “a fin de rechazar este proyecto al que no se le prestará consideración ni acompañamiento alguno”.

Concluyen instando al ministro de Economía, Sergio Massa, a implementar “los recortes presupuestarios que considere necesarios para reducir el déficit fiscal sin afectar al federalismo, a la soberanía nacional, ni procurando atentar contra la unidad de Juntos por el Cambio”.

Ante ello y sin nombrar a sus socios dentro de la principal oposición, la Coalición Cívica-ARI emitió su propio comunicado en el que anticipó que dará “todos los debates necesarios para terminar con los privilegios que se financian con el dinero de todos los argentinos”.

“Quienes piensen que el federalismo y la soberanía nacional se ponen en juego por la eliminación de un régimen que no es más que un esquema de subsidio desde millones de consumidores de todo el país a un par de empresarios, deberían revisar sus conceptos de federalismo y soberanía”, plantearon desde el partido de Elisa Carrió, concluyendo que “el mundo cambió demasiado en los últimos 50 años como para pensar que el desarrollo y la integración debe promoverse con las mismas herramientas de hace medio siglo”.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios a fin de proceder a “la pronta” reparación de los escáneres del puesto fronterizo de San Sebastián y del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Entre los fundamentos, Blanco advierte que “el narcotráfico se ha transformado en un flagelo que permea todos los estamentos de la sociedad corrompiéndola y transformando los territorios donde se asienta”, y que su provincia “no se encuentra exenta” de eso, ya que “su ubicación geográfica la convierte en territorio cuya posición es estratégica”.

“Es importante investigar a fondo todo lo que tenga que ver con la droga en la provincia y para ello es fundamental la prevención. Tenemos que saber de dónde y cómo viene, quiénes la distribuyen y comercializan”, argumenta en la iniciativa el radical.

PD-Solicitando-la-reparacion-de-los-escaneres-de-TDF

El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley que impulsa la derogación de la Ley 19.640, que establece un régimen fiscal y aduanero para el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades que se desarrollen en el territorio, tanto para las personas físicas como jurídicas.

La norma rige desde hace 50 años y es a partir de la cual “la provincia de Tierra del Fuego viene desarrollando no sólo su industria sino también su crecimiento poblacional, la proyección de sus ciudades y su vida económica”, recordó el senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR), uno de los que reaccionó de manera airada por la actitud de sus socios de Juntos por el Cambio.

Blanco advirtió que “este proyecto, presentado de una manera totalmente inconsulta con ningún legislador fueguino, es un ataque directo a nuestra soberanía federal. Una intromisión nefasta que no hace más que agredir a los habitantes de nuestra provincia y poner en marcha la maquinaria de recortes y trabajo sucio que impulsa el ministro de Economía Sergio Massa”.

“Es inadmisible que desde el seno mismo de Juntos por el Cambio surjan este tipo de iniciativas basadas en prejuicios y el absoluto desconocimiento de la realidad fueguina”, se quejó el senador Blanco, para quien “pretender eliminar de un plumazo al régimen que ha permitido el desarrollo local, la llegada de inversiones internacionales millonarias, la creación de miles de fuentes de trabajo, impulsado las migraciones que permitieron poblar el extremo sur del país y sostener la soberanía nacional sobre las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la Antártida, es una aberración prácticamente criminal”.

“Como fueguino me siento agraviado y solicito el inmediato retiro de este proyecto que ya ha sentado un precedente lamentable”, enfatizó el senador nacional Blanco.

Los argumentos de la CC

El jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, justificó la propuesta de ese espacio de terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego por considerar que “hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos”. Lleva 50 años, recordó López, que agregó que “encareció los productos electrónicos.

Explicó Juan Manuel López que el régimen exime a las empresas de todos los nacionales y, mediante aumento de impuestos y aranceles a productos importados, elimina toda competencia. Y agregó que “es el gasto tributario más alto del Presupuesto. Según estimaciones oficiales en 2022 será de 0,36% y en 2023 0,35% del PBI.

“En 4 años, las empresas beneficiadas convergerían al pago total de los impuestos”, planteó López, que agregó que “para asegurar que los cambios no deriven en un incremento de precios de productos electrónicos reducimos el impuesto interno, bajamos aranceles y eliminamos barreras de importación”.

A los trabajadores que hoy se desempeñan en empresas beneficiadas por el régimen, en caso de que sean despedidos, se los protegerá mediante seguro de desempleo. Este seguro garantiza el ingreso de los trabajadores y costará menos del 20% de lo que hoy cuesta sostener el régimen, señala el proyecto de la CC-ARI.

Al mismo tiempo, “buscamos beneficiar a millones de consumidores argentinos que hoy son rehenes de pocos productos electrónicos y tecnológicos, de menor calidad y mucho más caros que en cualquier otra parte del mundo”, sostuvo López, que agrego´que “cualquier intento de reducción del gasto tributario que solo consista en aumentar impuestos a Tierra del Fuego sin facilitar el comercio exterior y poner a la isla a competir con el mundo, implicará un traslado directo del impuesto a precios y menor bienestar para el consumidor”.

“Si este fuera el caso no estaríamos haciéndoles pagar a las empresas del régimen por los beneficios obtenidos durante todos estos años sino, una vez más, a todos los consumidores”, cerró Juan Manuel López.

Desde la Coalición Cívica propusimos terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que hoy sólo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios, pagados por todos los argentinos.
Lleva 50 años. Encareció los productos electrónicos👇https://t.co/wrhEMcqvPp

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 14, 2022

Le salió al cruce el diputado del Pro Héctor Stefani. También fueguino, replicó: “Estimado, creo que hay un desconocimiento enorme sobre la importancia y el impacto que tiene la Ley 19.640 en Tierra del Fuego. Es una de las pocas políticas públicas que se mantuvo por 50 años”.

Tito Stefani aclaró que “no se trata de una ley con beneficios para los industriales, se trata de una ley de promoción y desarrollo económico de una provincia que era habitada por 13 mil habitantes, de los cuales más de la mitad eran extranjeros”. Y agregó: “Hay que terminar con la mirada centralista de la Argentina y pensar en un país federal. Esta ley permitió que un territorio nacional se convirtiese en una provincia. Impulsó la industria fueguina, generó inversión, empleo, crecimiento y soberanía de nuestro territorio”.

“Como se lo dije a Massa cuando presentó esta misma iniciativa en el último presupuesto, atacar políticas de incentivos que generan desarrollo no es el camino”, advirtió Stefani, para quien “hablar de terminar con la Ley 19.640 es sumamente irresponsable por parte de cualquier legislador y más aún si no vive en Tierra del Fuego”.

Otro diputado del Pro, Federico Frigerio, también reaccionó exigiendo el “retiro inmediato” de ese proyecto de ley que “no hace más que exhibir el carácter unitario, el desconocimiento territorial y centralista que tiene ese espacio político. Vengan a conocer nuestra industria cuando quieran”.

A su vez, Pablo Daniel Blanco dijo comprender cabalmente que “todas las leyes son perfectibles, pero entiendo también que no se puede borrar de un día para el otro una realidad existente construida durante medio siglo de esfuerzo mancomunado. ¿Tiene precio la soberanía nacional? La respuesta es no. ¿Puede mejorarse la Ley existente? La respuesta es sí.

“Los fueguinos estamos dispuestos a conversar y a dar todos los debates que haya que dar, pero jamás permitiremos intromisiones de esta especie que pretenden derribarlo todo. ¿Debe cambiar el Régimen de Promoción Industrial Fueguino para adaptarse a los nuevos tiempos económicos y tecnológicos en un contexto de crisis? La respuesta es sí. Pero de allí a suprimirlo sin más hay una distancia absolutamente inaceptable”, concluyó Blanco.

Exigimos a los Diputados de la Coalición Cívica-ARI que retiren el proyecto de ley por el que pretenden quitarle a Tierra del Fuego su Régimen de Promoción Industrial. pic.twitter.com/8eYB6JSiyh

— Juventud Radical Rio Grande (@JuventudRg) October 15, 2022

Desde la ignorancia, desde la prepotencia y desde el porteñismo más parasitario, se presenta un proyecto de ley que borra del mapa a la provincia más joven del país, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Vengan a conocer el polo industrial antes de hablar de él.

— Martín Perez (@MartinPerezTDF) October 14, 2022

También desde el oficialismo

Más allá de la reacción dentro del propio Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos reaccionaron también de manera airada contra la iniciativa de la CC. Exgobernadora fueguina, Rosana Bertone rechazó el proyecto “que persiste en la idea de eliminar el régimen industrial de nuestra provincia bajo el falso argumento del encarecimiento de los productos electrónicos”.

Sostuvo que “la industria fueguina genera miles de puestos de trabajo ocupados por trabajadores y trabajadoras oriundos de todo el país, y sustituye importaciones que sólo benefician a empresas que no generan trabajo argentino”, y agregó: “Este proyecto es consecuencia de la mirada centralista de diputados a los que sólo les interesa la ciudad de Buenos Aires”.

“Trabajaremos para que ninguna propuesta que atente contra el trabajo fueguino avance en el Congreso de la Nación”, concluyó.

En el mismo sentido se expresó la diputada Carolina Yutrovic (Frente de Todos), que reaccionó frente al comentario de Juan Manuel López sobre “un par de vivos”. “¿Se refiere así un diputado de la Nación a toda la población fueguina alcanzada por la Ley de Promoción Económica y Fiscal (19.640)?”, se preguntó la diputada fueguina, que agregó: “A más de 11.000 argentinos/as que trabajan en las fábricas radicadas bajo el Subrégimen de Promoción Industrial?

Para Yutrovic, “los diputados firmantes no dimensionan la gravedad del impacto que tendría sobre Tierra del Fuego y sus habitantes”, y concluyó: “Ofende a mi provincia toda, que desde el desconocimiento y el prejuicio, propongan eliminar una ley que es columna vertebral para su desarrollo”.

Proyecto-Eliminacion-Regimen-de-TDF

Los senadores fueguinos Pablo Daniel Blanco (UCR), Eugenia Duré (Frente de Todos) y Rosa Bertone (Frente de Todos) celebraron a través de las redes sociales el aniversario 101 de la ciudad de Rio Grande que fue fundada un 11 de julio de 1921.

“Hoy la ciudad de Río Grande está de fiesta.  ¡Feliz 101 Aniversario a mi querida ciudad que con empuje y compromiso los riograndenses la vemos crecer!”, escribió el radical Blanco y sumó: “Orgulloso de compartir el acto con mi nieta abanderada Milagros”.

Hoy la ciudad de #RíoGrande está de fiesta.
¡Feliz 101 Aniversario a mi querida ciudad que con empuje y compromiso los riograndenses la vemos crecer!
✨Orgulloso de compartir el acto con mi nieta abanderada Milagros 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/zjl2Xmiees

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) July 11, 2022

En el mismo sentido se pronunció Duré quien expresó: “Felices 101 años querida Río Grande. Participé del Aniversario de nuestra ciudad en el que acompañamos al Intendente Martín Pérez en esta celebración que nos une como pueblo riograndense”, y remarcó: “Infaltable el chocolate caliente con nuestros veteranos de Malvinas”.

Felices 101 años querida Río Grande ♥️

Participé del Aniversario de nuestra ciudad en el que acompañamos al Intendente @martinpereztdf en en esta celebración que nos une como pueblo riograndense.

>> Infaltable el chocolate caliente con nuestros veteranos de #Malvinas 🇦🇷 pic.twitter.com/a5QX092zRI

— Eugenia Duré (@EugeniaDureTDF) July 11, 2022

“FELIZ CUMPLEAÑOS RÍO GRANDE. Hoy Río Grande cumple 101 años”, comenzó su posteo Bertone y explayó: “En cada cumpleaños siento que debemos recordar el compromiso y el esfuerzo de sus pioneros, que contra viento y marea construyeron una gran ciudad forjada en el trabajo y la lucha por la soberanía nacional.

Y cerró su mensaje: “Te quiero mucho Río Grande, sigamos con fuerza y trabajando unidos por los que estuvieron y marcaron el camino, ¡por los que están y por los que vendrán! ¡¡Feliz cumpleaños Río Grande!!”.

Te quiero mucho Río Grande, sigamos con fuerza y trabajando unidos por los que estuvieron y marcaron el camino, por los que están y por los que vendrán!

Feliz cumpleaños Río Grande!! 🙌🏻♥️#RioGrandeCumple

— Rosana Bertone (@RosanaBertone) July 11, 2022

“Nacida un 11 de julio de 1921, bajo la visión estratégica de Hipólito Yrigoyen, hoy es una ciudad que crece bajo el impulso y el esfuerzo permanente de su gente que a través de cuatro generaciones le dieron identidad y futuro. ¡Felices 101 años querida ciudad de Río Grande!”, manifestó la legisladora provincial Lili Martínez Allende (UCR).

Rio Grande es conocida por ser la capital nacional de la trucha y fue declarada en el año 2013 por el gobierno argentino mediante la Ley Nacional N° 26.846 “Capital Nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas” en referencia al acontecimiento que recuerda la Guerra de las Malvinas.

En la noche de este jueves, la Cámara de Diputados ratificó por 128 votos a favor, 77 en contra y 16 abstenciones el “Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado nacional y la provincia.

Los votos en contra fueron de gran parte del interbloque Juntos por el Cambio y los diputados libertarios. Mientras que las abstenciones correspondieron a Evolución Radical -dentro de JxC- y la izquierda.

De acuerdo al proyecto, el fideicomiso tendrá como objetivo financiar obras de carácter vial, de infraestructura sanitaria, de energía, portuaria, entre otras.

Mediante este nuevo convenio, el Estado nacional “se compromete a destinar de manera mensual y automática, el porcentaje correspondiente de las regalías hidrocarburíferas que percibe mensualmente por los lotes de explotación costa afuera del área Cuenca Marina Austral I”.

Además, Nación destinará la suma inicial 1.000 millones de pesos para el primer año de vigencia del nuevo acuerdo, “importe que será compensado de los recursos efectivamente recaudados”, reza la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

También detalla que el fideicomiso será administrado por un comité ejecutivo de administración compuesto por seis miembros: tres representantes del Estado nacional y tres representantes de la provincia. Y por un consejo técnico consultivo que estará compuesto por tres representantes del Estado nacional y tres representantes de la provincia, el cual tendrá como principal función asesorar, desde el punto de vista técnico, al comité ejecutivo de administración en la toma de decisiones vinculadas al fideicomiso y su ejecución.

En primer lugar habló la diputada oficialista Rosana Bertone, quien recordó los antecedentes del convenio en 2001, pero destacando especialmente el de 2011, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Para la exgobernadora fueguina, este nuevo acuerdo “nos da una oportunidad de alcanzar el desarrollo regional que tanto necesita nuestro país” y “se nos abre nuevamente una oportunidad de seguir creciendo, de consolidar nuestra provincia”.

“Fortaleciendo nuestra infraestructura fortalecemos también nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”, consideró y abogó por tener “una provincia que sea autosuficiente y sustentable, que logre equilibrio fiscal”. Y agregó que más obras “es mejor calidad de vida para la gente y más puestos de trabajo”.

A continuación, Carolina Yutrovic, otra de las diputadas oficialistas por Tierra del Fuego, recordó que la implementación del fideicomiso de 2011 tuvo como objetivo “contribuir a una provincia que estaba en pleno crecimiento” y que “había habido una gran explosión en cuanto a la generación de empleo”, por lo cual “hacían falta esas obras de infraestructura y eran imposibles de afrontar con los recursos de una joven provincia”. En ese sentido, ponderó que en diez años “se pudieron hacer muchísimas obras necesarias”.

Desde la oposición, el macrista Federico Frigerio arrancó picante: “Hoy la provincia empezó con problemas de abastecimiento de combustible. Felicitaciones al oficialismo, dejaron sin combustible a todo el país”.

Respecto al acuerdo, el legislador consideró que “le quitará muchos derechos a los fueguinos para adelante” respecto del convenio anterior. En su discurso, destacó que durante la gestión anterior “se hicieron más de 15 obras y se desembolsaron más de 700 millones de pesos en nuestra provincia”, mientras que desde diciembre de 2019 “el fondo se paralizó por completo, se dejaron de girar las equivalencias y se paralizaron todas las obras”.

El fueguino explicó que se pasará del “50% en equivalencias de regalías al 20%”, y que con este nuevo convenio “se perderán 4.300 millones de pesos acumulados y el 60% de las regalías que le correspondían”. Sin embargo, adelantó su voto a favor porque “sería irresponsable perder aún más recursos”.

Después fue el turno de otro legislador del Pro, Héctor “Tito” Stefani, quien celebró la aprobación del acuerdo y sostuvo que “es una herramienta para el desarrollo industrial y productivo de mi provincia, tiene que ver con cuestiones de energía, servicios sanitarios, obras portuarias”. También resaltó que en la gestión anterior fue “el período donde más obras se hicieron”, mientras que con el convenio firmado por el gobernador Gustavo Melella se hace “perdiendo parte de las regalías y no habiendo realizado obras en los últimos dos años”.

En el cierre del debate, la oficialista Mabel Caparrós afirmó que este acuerdo “permite planificar el futuro, en este caso federal, de una provincia que es la más austral de la Argentina. Atiende al desarrollo provincial, pero también atiende la logística de los yacimientos nacionales en el territorio provincial, atiende cuestiones del riesgo ambiental en el territorio nacional, atiende conflictos laborales, y se fiscalizan las inversiones”.

“Es un fideicomiso que ha dado muchísimos resultados”, señaló la fueguina, que enfatizó que “Tierra del Fuego es soberanía, es la única provincia de la Argentina que tiene el conflicto más grave”, en relación a Malvinas, por lo que “debe ser cuidado, protegido, cuidado, acompañado en su desarrollo y crecimiento”.

En la previa del “informal” receso invernal en el Congreso, la Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 13, con el objetivo de tratar un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos algunos vinculados a la salud y otros a la producción, impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Sergio Massa, protagonista del intenso fin de semana que se vivió en la quinta de Olivos tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y durante el que circularon fuertes rumores que lo hacían dentro del Gobierno, presidirá la sesión, en su rol de titular de la Cámara baja, cargo en el que continuará.

Al tratarse de una agenda de consenso no se puso en peligro la realización de esta sesión, pero la crisis que atraviesa el Gobierno y la situación política y económica del país podría colarse en los discursos de la oposición, mediante cuestiones de privilegio, por ejemplo. A las 11.30 está citada la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definirá el orden y la cantidad de oradores.

A casi un año de su envío al Congreso, se debatirá el proyecto de ley de promoción de la industria automotriz, una iniciativa que fue impulsada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El proyecto tuvo un único dictamen en las comisiones, aunque Juntos por el Cambio firmó con disidencias. La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina; y propone la creación de un Instituto de la Movilidad, un aspecto cuestionado por la oposición; entre otros puntos.

También, el pleno debatirá el proyecto que busca extender el Régimen de Promoción establecido en la Ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” hasta el 31 de diciembre de 2034.

La nueva norma incluirá al sector de la nanotecnología, que se define “a toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen -de manera controlada- materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”.

La iniciativa plantea una actualización en los conceptos, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.
En cuanto a beneficios impositivos, prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y conversión en bono de crédito fiscal en un 50% para los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollo aprobados. De los dos primeros beneficios también gozarán los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios.

Por otro lado, también se discutirá otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la ratificación del “Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”, que fue suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra el Fuego.

El temario incluye un proyecto de la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) que propicia la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, en la Plataforma Continental Argentina. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, y donde yacen los restos del submarino ARA San Juan. La iniciativa cuenta con el aval del oficialismo, mientras que el interbloque Juntos por el Cambio firmó en comisión un dictamen de minoría de rechazo.

En la sesión se tratará, además, un proyecto -con media sanción del Senado- de acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

En la misma línea, se votará una iniciativa que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública referido a la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos.

Con el foco puesto en decirle no a la re-reelección del oficialismo municipal de Ushuaia, dónde el intendente local convocó a una elección Constituyente para el próximo domingo 15 de mayo, la diputada nacional María Eugenia Vidal arribará el jueves a Tierra del Fuego, para apoyar la lista de Juntos por el Cambio local. 

Vidal aprovechará su visita a Ushuaia y Río Grande para mantener encuentros con emprendedores locales vinculados a la pesca, operadores turísticos, Pymes, además de interiorizarse sobre el sector electrónico y mantener reuniones con dirigentes y jóvenes de su espacio. 

Oportunamente Vidal señaló: “Venimos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan”, y añadió: “Este es mi trabajo y como diputada quiero representar mejor a cada argentino”. 

Respecto a una posible candidatura presidencial, Vidal señaló que “es difícil imaginar un 2023 hoy, cuando tenemos una argentina tan urgente, una argentina que duele tanto”, aseguró la diputada nacional, y agregó: “Yo quiero ser presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca. Es mucho más importante el para qué qué el quién. Puede ser en 2023, en 2027”.

Senadores nacionales, encabezados por el radical Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego), presentaron un proyecto para expresar su rechazo al manual presentado por la titular Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la República Argentina, Miriam Lewin, sobre la causa Malvinas.

Según explicó Blanco a través de sus redes sociales en el “el manual de ‘recomendaciones’ que lanzó la titular de la Defensoría del Pueblo sobre cómo abordar la causa Malvinas, al igual que con la política de Derechos Humanos, los K pretenden apropiarse de una causa que es de todos los argentinos”.

A su vez, pidió la renuncia de Lewin porque “actúa como agente de propaganda oficial antes que como defensora del público tratando de imponer a los periodistas una visión kirchnerista de la causa Malvinas”.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto junto a los senadores nacionales Eduardo Costa y María Belén Tapia solicitando a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que realicen las gestiones que consideren necesarias ante el Gobierno de la República de Chile con el objeto de lograr la normalización del flujo migratorio entre ambos países en las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

“Nuestras fronteras conectan a ambos países y permiten el intercambio turístico, comercial y familiar. Las relaciones entre las personas de ambas nacionalidades son también parte del cimiento cultural de Tierra del Fuego más allá de las fronteras políticas. Existen en nuestra Tierra del Fuego gran cantidad de familias ‘binacionales’”, expresó Blanco.

El legislador fueguino expresó que “la pandemia ha trastocado el normal desenvolvimiento de los pasos fronterizos y cada país ha dispuesto sus propias reglas migratorias en defensa de un interés supremo como es la salud Pública. Eso es normal y comprensible. Lo anormal e incomprensible es que las restricciones se extiendan tanto tiempo y para algunos sí y para otros no. Hoy es posible ingresar a Chile por su capital pero no por algunas de las provincias patagónicas”.

El senador de Juntos por el Cambio agregó que “en estos momentos, ya cerca de las tradicionales fiestas de fin de año, podemos afirmar que la pandemia está bajo control. La provincia de Tierra del Fuego recibe turistas de todo el mundo cada vez con mayor volumen y frecuencia siguiendo los protocolos mínimos para el ingreso seguro a nuestro territorio. Sorprende que las fronteras de Santa Cruz, Magallanes y Tierra del Fuego permanezcan cerradas. Son miles las familias afectadas que buscan reencontrarse desde marzo de 2020, teniendo que haber soportado demasiado tiempo de separación e, inclusive, hechos dolorosos como fallecimientos a la distancia sin poder estar presentes”.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de resolución para declarar de interés nacional la vigilia que se realizará el 2 de abril de 2022 en el Paseo de los Héroes de Malvinas, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al cumplirse el 40 aniversario de la gesta histórica. También requirió la colocación de una placa de bronce por parte del Honorable Senado de la Nación en el “Monumento a los Héroes de Malvinas” de la ciudad de Río Grande.

“A pocos meses de cumplirse 40 años, es importante que este Honorable Senado se haga presente en la ceremonia venidera declarando de interés nacional la vigilia del año 2022 y colocando una placa que reconozca y recuerde a nuestros queridos héroes de Malvinas”, afirmó el legislador radical.

En ese sentido, detalló: “Todos los años, a las 20 horas del día 1 de abril una multitud concurre y allí comienza la misa de campaña, luego el simulacro de desembarco, más tarde la ofrenda de antorchas al mar, se aguarda hasta las 0 horas, toca la sirena y comienza el acto con el izamiento del pabellón nacional. Se hace un minuto de silencio en profundo homenaje y reconocimiento a quienes combatieron y, sobre todo, a aquellos que no pudieron volver con vida”.

“En marzo de 2013 fue sancionada la Ley 26.846, la cual declara a la ciudad de Rio Grande la ‘Capital Nacional de la vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas’. Esta vigilia tiene también la finalidad de crear conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones sobre la guerra de 1982 y también sobre el activo reclamo que tiene la Argentina sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas”, finalizó el senador que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Con la casi totalidad de los votos escrutados, el Frente de Todos logró dar vuelta de manera contundente la elección en Tierra del Fuego: consiguió casi el 40% de los votos, nueve puntos más que en octubre, contra el 29% de Juntos por el Cambio, cuatro menos.

De todas formas, a pesar de haber revertido el resultado, las dos bancas en juego se repartirán de manera equitativa: los dos elegidos fueron los actuales diputados Héctor “Tito” Stefani (Pro) y Carolina Yutrovic (FdT). 

Tras conocerse los resultados provisorios, Yutrovic afirmó estar muy contenta: “Ha sido un enorme trabajo de toda la gente que acompaña este proyecto político”, y señaló que “en esta segunda etapa se ha visto reflejado en retomar un resultado, que nos posiciona como primero en la provincia”. 

Asimismo, en diálogo con FM Master’s, destacó el rol de la vacunación “Fuimos a buscar ese voto enojado, anulado, fuimos a buscar a la gente y a rendirles cuentas. Así recuperamos en parte confianza de muchos fueguinos y fueguinas”. 

En tercer lugar quedó Somos Fueguinos (16%), seguido por Republicanos Unidos (6,8), el Partido Obrero (4%), el Movimiento Popular Fueguino (2,7%), y el Movimiento al Socialismo (1,7%). 

Cuando le ha ido bien, la clave del éxito electoral de la principal oposición siempre ha estado en los principales centros urbanos. Es allí donde anida el núcleo que le ha permitido ganar elecciones, o mejorarlas aun cuando ha perdido. Como en 2019. De ahí “la camiseta de Boca” que refleja el mapa electoral con los resultados que muestra a Juntos por el Cambio vencedor en la franja central del país.

No es el caso de lo que sucedió en las recientes PASO, cuando JxC dio la sorpresa venciendo en 17 distritos. Pero nunca ha sido lo habitual, ni cuando Cambiemos ganó las elecciones intermedias en 2017, ni mucho menos cuando Mauricio Macri se consagró presidente. Recordemos que la primera vuelta la ganó Daniel Scioli y el líder de Cambiemos se impuso recién en el balotaje.

El norte es del peronismo, con excepciones puntuales como Jujuy, donde Gerardo Morales se hizo fuerte y dio la nota ganando en 2015, repitiendo en 2019. No a nivel nacional, pues en las últimas presidenciales allí se impuso con amplitud la fórmula del Frente de Todos. Pero habrá que decir que los extremos son del peronismo, pues en los últimos años también le va más que bien en el sur argentino al peronismo. Y bastante mal a lo que hoy es Juntos por el Cambio. No era algo que le quitara el sueño a la principal oposición, habida cuenta de que desde la reforma constitucional que eliminó el Colegio Electoral, los presidentes se eligen en el conurbano bonaerense, y la Patagonia no es en su sumatoria más influyente que un municipio populoso del AMBA.

Así y todo, a nivel legislativo esa región no debe ser soslayada en su conjunto. Por un lado, porque todo suma; pero más que nada por el peso legislativo de la región. Si bien al tratarse de provincias no muy habitadas, todas cuentan con representación mínima -5 diputados-, hacer diferencia allí es clave, sobre todo cuando los números están tan finos en la Cámara baja.

Estamos hablando de 12 o 13 diputados que se ponen alternativamente en disputa en la Patagonia en cada elección. En estas elecciones el Frente de Todos expone 5, Juntos por el Cambio otros tantos, y los partidos provinciales 2 (Alma Sapag, del MPN y Antonio Carambia, que entró por Cambiemos y hoy tiene un monobloque y no renueva). Números muy parejos, que corresponden a una elección que Cambiemos ganó a nivel nacional hace cuatro años y en la que no le fue tan mal en la Patagonia, ganando incluso en Santa Cruz, donde hizo una diferencia (2-1) que luego perdió al alejarse un diputado propio después de la derrota de 2019.

En cambio en 2019 el Frente de Todos arrasó en la Patagonia. Tan es así que de los 12 diputados en disputa se alzó entonces con 9. En esa oportunidad la entonces oposición se impuso en todas las provincias patagónicas, pero solo dividió diputados en Neuquén. 2-1 fue el resultado en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, y 2-0 en Santa Cruz.

Los números de esa elección son bien elocuentes.

Neuquén

FdT: 47,75%

JxC: 37,31%

Río Negro

FdT: 57,23%

JxC: 28,58%

Chubut

FdT: 52,42%

JxC: 29,35%

Santa Cruz

FdT: 59,77%

JxC: 28,24%

Tierra del Fuego

FdT: 56,93%

JxC: 26,09%

Las perspectivas de este año son bien distintas, según surge del resultado de las PASO. Veamos cómo fueron los porcentajes el 12 de septiembre pasado:

Neuquén

JxC: 18,16%

FdT: 15,45%

Río Negro

JxC: 27,09%

FdT: 25%

Chubut:

JxC: 39,5%

FdT: 26,65%

Santa Cruz

JxC: 38,60%

FdT: 26,46%

Tierra del Fuego

JxC: 36,45%

FdT: 32,96%

De esta manera, en caso de repetirse los resultados de las PASO el 14 de noviembre, al Frente de Todos le iría aun peor que a Juntos por el Cambio en 2019. Es que obtendría apenas 3 diputados (no sacaría ninguno en Río Negro), mientras que Juntos por el Cambio se alzaría con 6. Los tres restantes corresponderían a partidos provinciales: 2 del MPN y uno de Juntos Somos Río Negro. Ergo, en la Patagonia el oficialismo terminaría con 2 diputados menos que los 5 que expone, mientras que Juntos por el Cambio sacaría uno más. Un resultado en el que una cuota parte de razón podrá adjudicársela al conflicto mapuche, o más precisamente a la actitud del Gobierno nacional ante el mismo.

	2017	2019	2021*
Neuquén
Frente de Todos	1	1	0
Juntos por el Cambio	1	1	1
MPN	1		2
xxx
Río Negro
Frente de Todos	1	2	0
Juntos por el Cambio	1	1	1
Juntos Somos Río Negro			1
xxx
Chubut
Frente de Todos	1	2	1
Juntos por el Cambio	1	1	1
xxx
Santa Cruz
Frente de Todos	1	2	1
Juntos por el Cambio	1	0	2
Otros	1
xxx
Tierra del Fuego
Frente de Todos	1	2	1
Juntos por el Cambio	1	1	1
xxx
TOTAL	12	13	12
xxx
Frente de Todos	5	9	3
Juntos por el Cambio	5	4	6
Otros	2	0	3

*Elecciones PASO

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto este jueves para solicitarle al Gobierno Nacional, a través de los organismos que correspondan, informes sobre la ejecución del Plan de Acción de Salud Mental y Apoyo Psicosocial frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Puntualmente, el cuerpo del texto pide que “brinden información sobre los resultados obtenidos desde la aplicación de dicho plan hasta la actualidad”, y consulta sobre: “¿Cuál es el fondo presupuestario destinado a la promoción de la salud mental comunitaria y, en particular, a este plan?, ¿Qué acciones concretas se registran en materia de prevención en Salud Mental?”, entre otros puntos.

“En el año 2020, el Ministerio de Salud de la Nación desarrolló el Plan de Acción de Salud Mental y Apoyo Psicosocial teniendo en cuenta la importancia de reconocer e incluir a la salud mental para dar respuestas institucionales ante este contexto pandémico, como así también poder garantizar la continuidad de tratamientos, recomendaciones y protocolos a la población, fortalecer una red multisectorial, capacitar en Salud Mental y Apoyo Psicosocial a los equipos de intervención, y cuidar de los efectos en el psiquismo de los trabajadores de la salud”, expresó el senador fueguino.

En ese sentido, consideró que “es muy importante saber cómo se ha monitoreado la ejecución de este Plan y los avances que ha tenido, como así también resulta vital conocer las problemáticas más acuciantes en materia de la salud mental porque será lo que nos permitirá desarrollar estrategias y abordajes eficaces de aquellas personas con padecimiento mental”.

“La crisis sanitaria y económica ha exacerbado la vulnerabilidad de una gran parte de la población y para esto se requiere poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental para aquellas personas que puedan necesitar más apoyo y atención”, agregó Blanco.

Además, precisó que “vivimos aún en pandemia, esto es una situación que sigue siendo una gran amenaza tanto para la salud física como para la salud mental ya que ha alterado el bienestar de la comunidad en todo nuestro país, generando fundamentalmente crisis sanitaria y económica”, y añadió: “El otro impacto del Covid-19 son las consecuencias en la salud mental. Es decir, a las secuelas psicológicas, psiquiátricas y neurológicas tanto del virus en sí mismo como de todo el contexto pandémico que ha producido un impacto sin precedentes en la población”.

“Numerosos estudios e investigaciones de todo el mundo se han ocupado en comenzar a describir estos efectos en la salud mental. Así, por ejemplo, UNICEF afirma que por lo menos 1 de cada 7 niños y jóvenes ha vivido confinado en el hogar durante gran parte del año, lo que supone un riesgo para su salud mental y su bienestar”, ejemplificó el legislador que integra la coalición de JxC y finalizó: “Otros estudios indican un aumento en la depresión, ansiedad, angustia y riesgos de suicidio en muchas personas por causa del coronavirus”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional Omar De Marchi (Pro – Mendoza), le reclamó al Gobierno Nacional que garantice la provisión de vacunas aprobadas a aquellas personas que deban viajar al exterior y que no pueden hacerlo por haber recibido en su momento Sputnik V. Por su parte, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) solicitó que se informe la posición que adoptó el Poder Ejecutivo ante la suspensión del proceso de aprobación de la vacuna y frente al anuncio de la prohibición de ingreso a Estados Unidos y Europa de los ciudadanos que tienen la vacuna rusa.

De Marchi presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados y aseguró que “el Estado Nacional está limitando la elección de los ciudadanos al no permitir que accedan a las vacunas que prefieran”, y denuncio que “incluso el Gobierno ofrece vacunas que aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que carecen de disponibilidad de segundas dosis como la Sputnik V”.

“La falta de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud de la vacuna Sputnik V que se aplica en nuestro país, ha generado una gran incertidumbre en muchos habitantes que requieren viajar al exterior sea por cuestiones de trabajo, de familia, de negocio o incluso para realizarse intervenciones quirúrgicas”, enfatizó el diputado por la provincia de Mendoza.

Al mismo tiempo, el legislador que integra la coalición de JxC solicitó al Ejecutivo Nacional que “brinde apoyo y facilite las gestiones para que las instituciones privadas puedan adquirir vacunas contra el Covid-19 en el mercado internacional”.

“En esta situación creemos que es imprescindible acelerar la vacunación incorporando facilidades para que las instituciones privadas puedan realizar contratos para la importación de vacunas directamente con los proveedores internacionales”, sentenció De Marchi.

Por su parte, el referente radical presentó un proyecto para solicitar que se informe sobre la posición que adoptó el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud frente a la suspensión del proceso de aprobación de la vacuna por parte de la Organización Mundial de la Salud.

“Si esta suspensión tiene o puede tener incidencia en el proceso de producción local de la vacuna Sputnik V por parte del Laboratorio Richmond, qué posición adoptó la Cancillería Argentina frente al anuncio de la prohibición de ingreso a Estados Unidos y Europa de los ciudadanos vacunados con Sputnik V y si se ha evaluado que la Cancillería Argentina interceda, por sí y a través de sus representaciones diplomáticas, para actuar como garantes frente a los demás Estados por los ciudadanos argentinos en tránsito vacunados con Sputnik”, expresa el cuerpo del texto.

En este sentido, el senador fueguino cuestionó: “Evidentemente no genera interés e inquietud al Ministerio de Salud la suspensión del proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud, como si no fuera materia de preocupación para los más de 10 millones de compatriotas que han sido inoculados con ella”.

“El Gobierno Nacional decidió invisibilizar a los más de 10 millones de argentinos que han recibido la vacuna Sputnik V con la primera dosis y más de seis millones que completaron el esquema con la misma vacuna. Es inaceptable la nula reacción que ha merecido el anuncio internacional de prohibición de ingreso a los Estados Unidos y a Europa de los vacunados con Sputnik V”, afirmó el legislador que integra la coalición de JxC.

Por último, denunció que “la Cancillería no ha hecho público un solo pronunciamiento al respecto y sospecho que tampoco lo hizo por vía diplomática. Alguien deberá responder y hacerse cargo de las decisiones tomadas. El Gobierno hizo su preferencia por la vacuna rusa y le salió mal” y concluyó: “Hoy lo pagan millones de argentinos que quedan varados en el país y decenas de miles de personas que, debido a la pésima gestión gubernamental de las vacunas, ya no están con nosotros”.

En Tierra del Fuego, el frente electoral de Juntos por el Cambio, compuesto por cinco listas distintas, se alzó con el triunfo alcanzando el 36% de los votos, superando al Frente de Todos por tres puntos. 

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el actual diputado nacional Héctor “Tito” Stefani se quedó con la interna de Juntos por el Cambio, alcanzando el 48% de los votos dentro del frente, y el 15% a nivel provincial. 

Tras conocerse los primeros resultados, Stefani consideró que ahora “hay que buscar común denominador de Juntos por el Cambio de sostener la democracia con más República. Y creo que para por la capacidad que tengamos de apertura y saber entender que hay otras visiones. Estoy preparado para eso, en Juntos por el Cambio vamos a terminar todos unidos”. 

En diálogo con la prensa local, agregó que “es muy importante el respaldo de todos los fueguinos que nos acompañaron, eso tiene múltiples lecturas, del oficialismo y la oposición. Tenemos que convocar a todos los sectores de Juntos por el Cambio, y pensar en la elección de noviembre”. 

Por su parte, la candidata del Frente de Todos Carolina Yutrovic consideró que el pueblo fueguino les dio un fuerte mensaje de apoyo: “Vivimos una jornada democrática ejemplar, en la que el pueblo fueguino se expresó con claridad, dándonos un fuerte mensaje de apoyo, pero que también nos desafía a profundizar la discusión sobre el modelo de país que queremos para nosotros y para nuestros hijos”, expresó. 

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR- Tierra del Fuego), presentó un pedido de informes al Gobierno Nacional respecto a políticas, programas y presupuestos de la empresa YPF en relación a las operaciones e inversiones en el país, específicamente en la provincia del sur porque “está siendo víctima de un proceso de desinversión por parte de la petrolera que comienza a generar un daño económico y social creciente y notorio”.

La solicitud fue realizada para que las autoridades, a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía de la Nación, el presidente de la empresa YPF y otras autoridades con competencia en la formulación de políticas públicas y control de gestión en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, den explicaciones “respecto a diferentes cuestiones vinculadas a la empresa del Estado YPF S.A”.

El legislador radical exigió que se detallen en los informes “sobre las políticas, planes, programas y presupuestos de la empresa del YPF en relación al despliegue geográfico de sus operaciones e inversiones en todo el país”, puntualmente hizo hincapié en “las previsiones en materia de operaciones y desinversiones en Tierra del Fuego, los planes y acciones vinculadas a la transferencia de permisos de explotación de yacimientos no estratégicos a otras empresas privadas y sobre las acciones para el sostenimiento y protección del empleo directo e indirecto en dicha provincia”.

“Es necesario que la Secretaría de Energía y la Empresa YPF generen un espacio específico y urgente de diálogo con la provincia de Tierra del Fuego para gestionar el proceso de desinversión, cesión y transferencia de los reservorios que no integran los activos estratégicos de la empresa de un modo que no siga generando daño a las comunidades”, manifestó Blanco.

A su vez, apuntó “mi provincia está siendo víctima de un proceso de desinversión por parte de YPF que comienza a generar un daño económico y social creciente y notorio”, y cuestionó que es “inaceptable la demora de casi un año en la reparación de la monoboya de San Sebastián”, lo cual “es un indicador evidente e inexcusable de un abandono y falta de interés por sostener los procesos productivos”.

“Permitir que YPF haga acuerdos con otras empresas interesadas y que realice acuerdos comerciales que la beneficien, cuando es cada vez más claro que no le interesa continuar en Tierra del Fuego, es tolerar una situación irregular desde el punto de vista jurídico, y claudicar de antemano esperando que el incumplidor traiga las soluciones, que básicamente deberían ser cumplir con los compromisos asumidos. YPF está incumpliendo y traicionando a los fueguinos”, fustigó el referente de la UCR.

El senador nacional concluyó que “más que un asunto económico, se trata de una cuestión moral hacia el pueblo de una provincia con profunda tradición en la explotación off shore de gas” y criticó “el trato de YPF para con Tierra del Fuego es injusto e innecesario. La falta de gestión ningunea a un pueblo. Sólo falta ponerle un poco de empeño y energía a la gestión para poder satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y que YPF cumpla lo que firmó”.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto para solicitar que el Gobierno Nacional que informe sobre las distintas cuestiones relacionadas a la propuesta de construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas por parte de Inglaterra y alertó que esto “tiene como finalidad ampliar la infraestructura en las islas”.

El dirigente opositor (que integra la coalición de Juntos por el Cambio) reclamó que se detalle “qué grado de conocimiento tenía la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa de este proyecto portuario. Qué acciones o presentaciones realizará la Cancillería Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas y que se informe si en la sede local de la Embajada Británica se realizó alguna queja o pedido de explicaciones por este hecho u por vía diplomática”.

Asimismo, el legislador radical consultó si el Gobierno “tiene en estudio la concreción de algún proyecto en la provincia de Tierra del Fuego que permita el abastecimiento de nuestras bases antárticas y la de otros países y qué proyecto tiene en forma concreta la política nacional antártica”.

“Este proyecto tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo explique qué actitud tomará frente a este hecho más que significativo. Es evidente que Gran Bretaña tiene como finalidad ampliar la infraestructura en las islas con la construcción de un puerto cuyo costo sería de unos 85 millones de dólares que brindaría apoyo logístico en el Atlántico”, advirtió Blanco.

En suma, el senador nacional agregó que “con la construcción de este puerto Gran Bretaña pretende consolidar su colonialismo en Malvinas y la región como punta de lanza para extender su influencia sobre la Antártida y brindarle servicios logísticos a terceros países europeos que tienen intereses en el continente blanco”.

A su vez, manifestó que lo que pretenden con la construcción del puerto “es contar con más recursos logísticos para seguir apropiándose de recursos naturales renovables y no renovables que son nuestros” y cuestionó que “como argentinos también debemos preguntarnos si la intención no será también la de brindar servicios a la industria hidrocarburífera, gasífera y a los pesqueros ilegales que depredan nuestros recursos”.

“Además de consolidar una posición estratégica en el Atlántico Sur, este proyecto reportará un beneficio económico muy grande para Gran Bretaña y también para los habitantes de nuestras islas. A tal punto está todo avanzado que la obra ya ha sido adjudicada a la empresa británico-holandesa BAM Nuttall”, señaló el referente de la UCR.

Por último, Blanco finalizó que “Argentina está desaprovechando un posicionamiento geopolítico que tiene Tierra del Fuego para la construcción de un polo logístico para ofrecer servicios antárticos a nivel internacional tales como: alojamiento para personal y científicos, provisión de combustible y víveres, depósito de vehículos antárticos, equipos científicos y talleres para reparaciones navales entre otros”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff; Silvia Elías de Pérez, Alejandra Vucasovich, Stella Maris Olalla, Silvia del Rosario Giacoppo, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Juan Carlos Marino; Gladys González, Oscar Castillo, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard y Eduardo Costa.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR- Tierra del Fuego) le envió una carta al presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Pablo Ceriani, para reiterarle su preocupación “por la mala calidad del servicio” en carácter de representante de la provincia del sur por la “pésima atención” a la que se está sometiendo a los usuarios de la empresa que preside.

El referente de la UCR explicó que el 4 de diciembre del 2020 le mandó una nota similar, pero que “jamás fue respondida en la que expresaba” y comentó que “todos los canales de atención al cliente no funcionan como corresponde. A miles de pasajeros se le han cancelado vuelos sin aviso sin brindarles posibilidades razonablemente amplias de reprogramación”,  

“No se responden ni las inquietudes ni se despejan las naturales dudas de todo aquel que tiene un pasaje adquirido con anterioridad a que se decrete la ASPO. Tampoco funciona el sistema telefónico de atención al cliente que es la vía más natural de comunicación para aquellas personas adultas mayores o que tienen algún tipo de dificultad para comunicarse por internet”, se quejó el senador fueguino.

En suma, el legislador nacional (que integra la coalición de JxC) reclamó que “es necesario que nuestra compañía de bandera brinde soluciones y, al menos, una respuesta formal a un senador de la Nación preocupado por la mala calidad del servicio, las tarifas abusivas a las que son sometidos los usuarios fueguinos, las arbitrarias reducciones de frecuencias a la Ciudad de Río Grande y la falta de oficinas de atención al público toda vez que la cuarentena obligatoria ha terminado”.

“El transporte aéreo y el servicio que presta Aerolíneas Argentinas es una actividad esencial que, de manera urgente, se debe ordenar para que vuelva a funcionar como corresponde”, finalizó el senador Blanco.

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR-Tierra del Fuego) solicitó al ministro de Producción, Matías Kulfas, explicaciones porque la telefonía móvil no fue incluida en el relanzamiento del “Ahora 12”. El legislador advirtió que el ministro “incumplió el compromiso pactado por escrito con AFARTE”.

“El presidente anunció el relanzamiento del programa y, para sorpresa de los fueguinos, nos encontramos con la ausencia de los celulares prometida. Este es un duro golpe no sólo para la industria fueguina sino también para los argentinos de más bajos recursos que, en plena pandemia, necesitan estar más conectados que nunca”, señaló Pablo Blanco.

A su vez, el senador nacional aseguró que “el Gobierno nacional, representado por el ministro de la Producción, y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas, cuyo apoderado es Eduardo Lapiduz, firmaron hace unos meses un compromiso conjunto con el objetivo de fortalecer las capacidades y los márgenes de rentabilidad del sector productivo que invierte en el país, generar empleo de calidad y mejorar el salario real de los trabajadores argentinos”.

Según el legislador radical, en este acuerdo compromiso quedó escrito de manera explícita que “el ministerio restablecerá la participación de los teléfonos celulares en el programa Ahora 12, comenzando por los equipos de gama baja, entendiendo por tales a aquellos cuyo precio de venta al público sea igual o inferior a 50 mil pesos”.

Pablo Blanco le preguntó al ministro Kulfas “si la buena fe siempre tiene que ser unilateral, porque el compromiso firmado dice claramente que se trataba de un documento de buena fe”, y expresó que “el Gobierno ha faltado a su palabra no sólo con la no inclusión de los celulares que estaba pactada sino también con la eterna demora de la prórroga del Subrégimen de Promoción industrial hasta el año 2073 que Alberto Fernández le prometió en campaña al gobernador Gustavo Mellella”.

“Es increíble el destrato al que el Gobierno nacional viene sometiendo a los fueguinos. La ausencia de los celulares en el Ahora 12 no hace más que confirmarlo. El mismo documento firmado habla sobre la importancia de la reactivación y este gobierno hace poco y nada para lograrla jugando con la angustia de los fueguinos que necesitan más trabajo en un contexto de mayor demanda de celulares”, finalizó el legislador nacional.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto junto a un grupo de senadores de Juntos por el Cambio para celebrar la sanción con el voto unánime de los integrantes de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del Asunto 198/2021 que transforma en ley la prohibición de la cría de salmones en jurisdicción provincial y, especialmente, en aguas del Canal Beagle.

El proyecto fue acompañado por los senadores Gladys González, María Belén Tapia, Alfredo De Ángeli, Pedro Braillard Poccard; Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Costa, Víctor Zimmermann, Silvia Elías de Pérez y Silvia del Rosario Giacoppo.

“La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de manera unánime aprobó la ley que prohíbe la salmonicultura a escala industrial en su territorio para evitar daños ambientales, lo que convierte a la provincia en la primera del mundo en frenar un proyecto de cría del salmón antes de que entre en vigencia”.

“El objetivo de la misma es ‘asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos’. Además prevé sanciones como la clausura del establecimiento, el decomiso de todas las instalaciones removibles y de la materia prima existente y el pago de una multa”, explicó el senador.

“Esta nueva ley fueguina constituye un hito histórico pues es la primera que se aprueba en el mundo con tal finalidad. La industria salmónidos es una amenaza cierta al ambiente marino y a su ecosistema. Nuestra provincia tiene el orgullo de ser líder mundial contra este tipo de explotación que, por las razones expuestas, produce un daño que hay que evitar”, finalizó Blanco.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani recibió gran recepción de los distintos sectores para que el proyecto del segundo registro de buques de comercio nacional e internacional en el país con asiento en Tierra del Fuego pueda ser tratado en la Cámara baja durante el 2021. 

Según el legislador, tanto el ministro de Transporte Mario Andrés Meoni, como las autoridades provinciales, ven con buenos ojos la implementación de la bandera fueguina para potenciar una industria completamente estancada e incrementar el número de buques registrados en nuestro país. 

Actualmente, a falta de una flota propia, Argentina paga entre 5 y 6 mil millones de dólares al año para transportar su carga al mundo. Todos los actores involucrados consideran este proyecto una oportunidad para agilizar la cadena logística del país y generar ingresos por millones de dólares. 

“La Argentina padece problemas estructurales y sistemáticos en materia naval y mercantil y este es un paso fundamental para corregirlos y recuperar la actividad naviera de la que supimos ser la 4ta más grande del mundo y hoy estamos lejos de esa realidad”, sostuvo Stefani y agregó: “Implementar el segundo registro con los beneficios tributarios de Tierra del Fuego es el primer paso en la revolución de la logística comercial a nivel nacional”. 

“No se pueden transportar cargas 4 mil kilómetros por tierra si podemos agilizar tiempos y costos haciéndolo por otra vía. El país se merece que la dirigencia esté a la altura. El debate está planteado”, finalizó el legislador del Pro.    

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco manifestó su “profunda preocupación” ante las versiones de que se quitaría el rubro celular del plan Ahora 12, y sostuvo que se trataría de un “tremendo mazazo”. 

Para el legislador esto sería “una pésima medida que afectará no sólo a la industria fueguina sino primordialmente a millones de argentinos que necesitan celulares para estar comunicados, para trabajar y para estudiar. ¿Quién puede afrontar semejante gasto sin financiación en la Argentina de hoy?” -cuestionó-, y agregó: “La verdad que impulsar una medida como esta nada tiene que ver con la inclusión social a la que hace siempre hace referencia el presidente. Esta medida apunta a todo lo contrario: a dificultar el acceso de la gente a las comunicaciones, a transformar a los celulares en objeto de consumo solo aptos para los ricos y, de manera indirecta, a estimular los robos y el mercado negro”. 
 
Ante la versión de que se sacaría el rubro celular del Plan Ahora 12 el senador fueguino declaró que “al presidente no se le ocurre mejor idea que sacar a los celulares del plan en plena pandemia cuando las comunicaciones se han vuelto una necesidad esencial y el precio del dólar se ha disparado. Sin la ayuda que implica Ahora 12 los celulares solo van a estar al alcance de unos pocos. Esto de progresista no tiene nada”. 

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco se manifestó preocupado por la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández de transferir recursos coparticipables de una jurisdicción a otra, “en una actitud unilateral que siembra dudas sobre un régimen que tienen estatus constitucional justamente para que sirva como certeza para la Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales acerca de la disponibilidad de sus recursos tributarios”.

El senador radical advirtió que la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación todavía no fue constituida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner e instó “a que su constitución se realice de manera urgente, para tratar en su seno las consecuencias que podría tener esta grave decisión”. 

Asimismo, consideró que “el ministro de Interior Eduardo de Pedro debe presentarse ante el Senado, que es la casa de las provincias, para dar explicaciones claras acerca de cómo interpreta este régimen impositivo y cómo justifica en consecuencia la modificación realizada de un plumazo por el gobierno”. 

Por último, el legislador manifestó su preocupación por el hecho de que su provincia Tierra del Fuego tampoco forma parte plena de la ley de coparticipación vigente y “podría correr con una suerte similar a la de la CABA, si es que el Gobierno persiste en actitudes de este tipo”. 

Por ello, instó “a que se cumpla con el mandato constitucional de la cláusula transitoria sexta, vencido en enero de 1997, que obliga a sancionar un nuevo régimen de coparticipación que incluya a las 24 jurisdicciones que junto con la Nación conforman la Argentina desde la última reforma de 1994, en lugar de seguir manteniendo el régimen acordado en 1988, en el cual ni Tierra del Fuego ni la CABA participaron y por lo cual ven peligrar la integridad y estabilidad de sus recursos”. 

Por unanimidad, el Senado aprobó en la sesión de este jueves un proyecto de ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otro que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

Ambas iniciativas habían sido anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y recibieron el impulso de Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Demarcación del límite exterior

La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana (Frente de Todos), destacó que “la finalización de esta larga tarea demuestra la posibilidad de tener políticas de Estado en Argentina”.

El excanciller explicó que la labor se realizó de acuerdo a la Convención de los Derechos del Mar e informó que “se realizaron doce campañas para conseguir los datos”. “Es un paso importante que nos acerca a la idea de la Pampa Azul”, indicó.

La iniciativa apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.

Luego de dos décadas de trabajo ininterrumpido del equipo científico, técnico y jurídico de COPLA, en 2016 y 2017 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en Naciones Unidas adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada en 2009.

Taiana aclaró que en el trabajo se exceptuaron las zonas sujetas a la disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico.

El Consejo Nacional de Malvinas

El otro proyecto aprobado crea un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Si bien el texto original hablaba de “espacios marítimos circundantes”, a pedido de veteranos de la guerra se adaptó la denominación de acuerdo a lo que reza la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

Según explicó Taiana, la composición del Consejo “durará cinco años, para que no esté atada a un solo gobierno”, y esto permitirá “la existencia de una política de Estado que sea respaldada por los más diversos sectores”.

El Consejo funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.

Desde la oposición, el fueguino Pablo Blanco (UCR)  recordó que el reclamo por la soberanía de las Malvinas lleva más de 187 años y que “no hay grieta” que atente contra esta causa.

Blanco señaló que hubo avances importantes, como la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, del año 1965, y agregó que hasta se llegaron a instalar vuelos regulares desde las islas hacia el continente. Sin embargo, “lamentablemente esos avances se vieron impedidos con la temeraria decisión de la última Junta Militar de la competencia bélica con Inglaterra” en 1982.

La oficialista Eugenia Duré, también de Tierra del Fuego, coincidió en que “desde 1983 a la fecha la Argentina reclama el ejercicio de la soberanía y eso está plasmado en nuestra Constitución”, pero advirtió que “durante cuatro años tuvimos un retroceso” en la materia, tras lo cual destacó la “decisión política” del presidente Fernández de enviar estos proyectos al Congreso.

“No podemos permitir que nuevamente gobiernos neoliberales vuelvan a poner el reclamo de soberanía como moneda de cambio”, alertó Duré.

Por el contrario, el exministro de Defensa Julio Martínez (UCR) destacó que Malvinas es “una de las pocas cuestiones de Estado que tenemos” ya que “todos los gobiernos argentinos han hecho reclamos por la soberanía en todas las instancias internacionales”.

Martínez sostuvo que “el mayor logro diplomático” fue la citada Resolución 2065 de la ONU, aprobada durante el gobierno de Arturo Illia, que entre otras cosas reconoce que en las islas hay “una cuestión colonial” e invita a ambas partes “a sentarse a dialogar para lograr una solución pacífica”.

La Justicia de Tierra del Fuego condenó a un exfuncionario por aplicar, hace 10 años, un artículo de la Constitución provincial que prohíbe a las autoridades de todos los poderes percibir salarios superiores al del gobernador. 

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Río Grande, al ratificar la condena al exlegislador de la Coalición Cívica-ARI Miguel Raimbault, que había exigido el cumplimiento de ese punto en el ámbito de la Legislatura provincial. 

A pesar de que la Carta Magna fueguina establece ese límite en las remuneraciones para los tres poderes del Estado, a lo largo de casi tres décadas, la clase dirigente de la provincia encontró diferentes argumentos legales para eludir esa imposición y cobrar sueldos mayores al del gobernador.

“Me demandaron empleados que ganan más que el gobernador, usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros también ganan más, y me condenaron jueces en esa misma condición salarial”, aseveró al respecto el abogado y exlegislador Miguel Raimbault.

En este sentido, consideró al fallo como “un claro mensaje de la clase política porque, no solo siguen sin aplicar el tope después de casi 30 años, sino que, ahora, dan un paso más y condenan a quienes nos atrevimos a aplicarlo”.

En su momento, en su condición de titular de la Legislatura fueguina, Raimbault había resuelto hacer efectiva la aplicación de ese artículo de la Constitución provincial y estableció que el cuerpo no podía abonar sueldos superiores a los que en su momento cobraba la entonces gobernadora Fabiana Ríos. 

Dos integrantes de la Legislatura accionaron judicialmente contra la medida y, cuando Raimbault ya no ejercía su cargo, obtuvieron un fallo favorable de la Justicia, dictado por jueces que también cobran por sobre el tope salarial. 

En paralelo fue iniciada otra acción contra Raimbault para cobrarle el “perjuicio fiscal” de los 23 mil pesos -más los intereses de seis años- que pagó la Legislatura por la decisión del exlegislador de aplicar el tope. 

En 2011, un fallo del Superior Tribunal de Justicia había señalado que el sueldo del gobernador se encuentra “indeterminado”, porque a la remuneración habitual hay que sumarle otros ítems como “la vivienda oficial, el chofer o la custodia”. 

Desde entonces, el tope salarial se tornó “inaplicable” en todos los poderes del Estado. 

Según anticipó Raimbault, apelará el fallo de segunda instancia ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cuyos integrantes también ganan más que el gobernador y son los mismos que convalidaron la inaplicabilidad del tope salarial constitucional, diez años atrás. 

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto para declarar su beneplácito por la fabricación del primer respirador artificial fueguino por parte del Grupo Mirgor de Río Grande, que en conjunto con la empresa cordobesa Lesitung, producirán 1.000 respiradores mensuales que serán adquiridos, en un principio, por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Este hecho es una muestra de la capacidad de reinvención y adaptación productiva de la industria fueguina de cara a la futura prórroga del subrégimen de promoción industrial basado en la Ley 19.640 que vence en el 2023”, manifestó el legislador al respecto. 

En este sentido, destacó que el país produce 23 de los 24 productos esenciales identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la crisis del coronavirus y los respiradores son de enorme demanda mundial. 

“Esto es un verdadero hito para la industria fueguina que debemos aprovechar para fortalecer nuestra cadena de valor de insumos y equipamiento médico. Es vital para nuestra provincia y para el país que se multipliquen emprendimientos como este que generan fuentes de trabajo y diversifican la producción poniendo en el mercado productos de alta tecnología y mucho valor agregado”, finalizó Blanco.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que informe cómo se determina el cuadro tarifario correspondiente a las rutas aéreas de la empresa Aerolíneas Argentinas desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego.

Además, pidió que se informe cuál es el criterio que se utiliza para determinar las tarifas, que en algunos casos superan en hasta tres veces el importe de la menor, y si están estudiando medidas para solucionar esta problemática.

“Volar de Buenos Aires a Río Grande tiene tarifas similares a las de un pasaje al exterior”, advirtió el senador fueguino, y manifestó: “Nos preocupa e indigna esta política aerocomercial que discrimina y excluye a los riograndenses de la posibilidad de conectarse con el resto del país y el mundo por los precios desorbitantes que ofrecen”

En este sentido, consideró que los fueguinos “son rehenes de las tarifas que imponen las líneas aéreas. Queremos visibilizar el reclamo de los habitantes de esta isla que, muchas veces, se sienten incomunicados y aislados del continente”.

Blanco admitió que la situación del país “no es la mejor, eso es de público conocimiento”, pero señaló que no pide que la aerolínea sea deficitaria, “solo que se revisen las tarifas y que se implementen las medidas necesarias que permitan revertir esta excesiva amplitud en las mismas en los destinos desde y hacia mi provincia, así como también en todos aquellos destinos donde se produzca la misma situación”.