Avanzó la prórroga de la Ley de Tierras Indígenas, pero la oposición presentó dictamen propio

La norma vence el próximo 23 de noviembre y el Ejecutivo podría extenderla por decreto hasta que la Cámara baja sancione el proyecto.

comision presupuesto y hacienda diputados 17 noviembre 2021

Al filo del vencimiento de la Ley 26.160, de Emergencia de Tierras Indígenas, el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto -con media sanción del Senado-, pero desde Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de minoría.

En un debate álgido, la oposición cuestionó que el Gobierno nacional vaya a extender la norma por decreto de necesidad y urgencia, cuando se está debatiendo en el Congreso, pero desde el Frente de Todos se defendió que faltan solo seis días para que caiga la ley y, además, eso no impedirá votar el proyecto.

Al comienzo de la discusión, la chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que la Ley 26.160 “es la primera y única política pública que trata el derecho” de los pueblos originarios, y su prórroga es necesaria “para que podamos avanzar con el relevamiento”, realizado actualmente sobre 998 comunidades, aunque restan 762.

En la misma línea, la salteña Alcira Figueroa (FdT) resaltó que en el país “hay más de 300 conflictos territoriales” y “esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos”, por eso “es una ley urgente y necesaria”. Además, abogó por dar el debate de “una ley de propiedad comunitaria indígena”.

Desde la izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano (FIT) se quejó que la prórroga no haya sido votada antes, cuando “hace semanas que las comunidades están acampando” frente al Congreso, y “le pidieron a Sergio Massa (el presidente de la Cámara) una sesión antes de las elecciones”. También rechazó la “criminalización” hacia los pueblos originarios.

Al explicar el dictamen de minoría propuesto desde Juntos por el Cambio, el chubutense Gustavo Menna (UCR) sostuvo que “esta norma no puede considerar el concepto de actualidad”, además de “entrometernos en las decisiones de otro poder” al “suspender sentencias de desalojo” de la Justicia.

Para el radical, hay que “ponerle un tope temporal”, al tiempo de involucrar a las provincias y los municipios en los relevamientos. También subrayó que hay que contemplar “el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado”.

Por otra parte, el legislador opositor cuestionó que se vaya a dictar la prórroga hasta 2025 por DNU, porque no existe “circunstancia excepcional”. “¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, fustigó, y apuntó que el presidente Alberto Fernández lleva firmados “170 con decretos con contenido legislativo, entre los de necesidad y urgencia y los de facultades delegadas”. “Es un papelón y una falta de respeto al Congreso y nuestra investidura”, añadió.

Recogió el guante el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), que le preguntó: “¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley? Nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”. Pero sí aclaró que “parece poco probable” que vaya a haber sesión antes de esa fecha, y que el decreto se publicara “para que el Parlamento tenga los tiempos que corresponde para tratarlo”.

Otro opositor que habló fue el neuquino David Schlereth (Pro), quien advirtió que “en los últimos cuatro años han pasado hechos gravísimos” y esta prórroga “lejos de conducirnos a resolver un problema, va a tender a agravar episodios que ya están sucediendo”.

El macrista habló de “otros actores que nada tienen que ver con las comunidades” que, por la “ambigüedad” de la ley y el “sesgo” con que es aplicada, “se han aprovechado de esta situación y están generando caos, violencia, usurpaciones ilegítimas”.

En igual sentido, el chubutense Ignacio Torres (Pro) denunció que los grupos violentos están “avalados y financiados por sectores de este Gobierno” que lo que hace es “avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.

Más tarde, la salteña Lía Caliva (FdT) rechazó que se hable de “terroristas” y que se vincule a ciertos grupos violentos con los pueblos originarios. Asimismo, calificó como “una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017”. “Sin embargo, en plena pandemia, en 2020, hubo 48. Se está avanzando”, diferenció. “Esta ley va a ayudar a resolver los conflictos”, afirmó.

En coincidencia, el neuquino Alberto Vivero (FdT) expresó que la ley es “necesaria”, aunque admitió que “no es una ley que sirva para resolver los problemas de fondo” sobre el conflicto territorial, pero sí “nos va a servir como ordenador”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

La actual ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en febrero 2021, unas 1.756 comunidades originarias fueron registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país.

La prohibición de desalojos de tierras indígenas llega al Senado

La Cámara alta tratará este jueves la prórroga de emergencia que evita desalojos de tierras indígenas.

El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria que será la segunda en forma presencial tras marzo de 2020.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.

“Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión.

Y a gregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que “actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700”.

JxC reclama la presencia de Odarda ante los conflictos territoriales

Diputados de la bancada opositora, encabezados por Carla Carrizo, pidieron que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas asista al Congreso a explicar la demora en la aplicación de la Ley 26.160, cuya última prórroga vence en noviembre próximo.

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La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 de sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, a un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano; y Seguridad Interior, para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.

A raíz del atentado registrado en El Bolsón, contra el Club Andino Piltriquitrón, el cual fue incendiado, la legisladora radical reclamó que la funcionaria brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas, “continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país”.

“La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir”, enfatizó la porteña, citando la norma sancionada originalmente en 2006 y cuya última prórroga vence el próximo 23 de noviembre.

Asimismo, detalló que según Amnistía Internacional, “ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año. ¿Cuál es el plan del Gobierno? ¿Prorrogarla sin informar?”.

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto, los diputados señalaron que “existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios”.

“El gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar, o como ha declarado la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) hace un tiempo, fagocitar”, cuestionaron.

Finalmente, Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”. “Por menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.

La iniciativa fue acompañada por Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Gustavo Menna, Aída Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray.

El FdT escuchó el reclamo de pueblos originarios ante el inminente vencimiento de la ley de tierras indígenas

Diputados del oficialismo recibieron a representantes de distintas comunidades, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, diputados del Frente de Todos recibieron a representantes de pueblos originarios, quienes marcharon al Congreso para reclamar por la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que prohíbe los desalojos en las tierras que habitan las comunidades hasta que se complete el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

La norma fue extendida por última vez en 2017, por el término de cuatro años, y su próximo vencimiento es el 23 de noviembre. Ante esta situación, varios legisladores presentaron proyectos para que se vuelva a prorrogar.

En lo que respecta el Senado, allí se avanzó con un dictamen en comisiones, pero el tema no fue incluido en la última sesión que hubo en la Cámara alta. Esa iniciativa en particular modifica e incrementa las partidas presupuestarias que hoy contempla la ley.

En el encuentro con los representantes de las comunidades, la diputada Paula Penacca afirmó que “el compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no sólo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), expresó que “es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios” y que, en ese sentido, lo primordial “es la prórroga de la Ley 26.160”.

Sin apoyo de JxC, tuvo dictamen un proyecto para prorrogar la ley de tierras que habitan pueblos originarios

La iniciativa impulsada por la salteña Nora del Valle Giménez pasó a la firma con aval del oficialismo. La norma vence el próximo 23 de noviembre y se busca extenderla por cuatro años más.

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Durante una reunión remota de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de un proyecto que busca prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas.

La salteña Nora del Valle Giménez, impulsora de la iniciativa, remarcó que “la urgencia de esta ley es que su vencimiento opera justamente el 23 de noviembre de este año”. En efecto, la última prórroga de la norma se votó en 2017.

Ante ello, la legisladora advirtió que, si no se aprueba una extensión, “nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, cuando todavía “no se han completado los relevamientos”.

También, “hace falta habilitar la partida de cada Presupuesto para que estos fondos sean operativos y el Fondo especial pueda funcionar como tal”, subrayó la oficialista, que agregó que “pese a todas las dificultades generadas por la pandemia, ha habido una tarea importante por parte del equipo técnico del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.

Giménez explicó que cuando se sancionó la ley en 2006, “las comunidades eran menos de mil”, pero a partir de subdivisiones “actualmente llegan más o menos a 1.700”.

“Lo que es indispensable es asignar una partida, porque este año se ha trabajado sin recursos propios. El INAI ha puesto de sus fondos de funcionamiento”, indicó.

Por otro lado, la senadora alertó que “esta ley nos ha permitido evitar todos esos conflictos que apenas la ley se venza, y si no lo prorrogamos, van a florecer a lo ancho y largo del país”. “Es una responsabilidad para garantizar paz social en todo el país”, continuó y estimó que los operadores inmobiliarios “ya están esperando si la ley no se prorroga. Inmediatamente van a echar mano y reactivar todos sus negocios inmobiliarios”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

Una ley sí, pero la otra no: Juntos por el Cambio, ausente

El proyecto sobre la prórroga de la ley de tierras indígenas fue tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de un breve plenario que se realizó con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la macrista Gladys González, en la que el oficialismo y la oposición dieron aval a la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos en Río Negro.

Sin embargo, cuando comenzó el otro tramo, aparecieron los planteos de senadores de Juntos por el Cambio. El primero fue de la radical santacruceña María Belén Tapia, quien reclamó que la comisión que ella preside, de Población y Desarrollo Humano, tendría que haber tenido parte en este asunto, ya que “trata sobre pueblos originarios”.

Luego fue el turno del jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien aclaró que el protocolo de funcionamiento remoto -dispuesto por decreto por la vicepresidenta Cristina Kirchner– “está vencido” y el último no fue tratado y aprobado todavía por el pleno del Senado.

“Esto no indica estar en contra del proyecto”, sostuvo, pero añadió que mientras se está empezando a tratar el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados “estamos comprometiendo presupuesto por cuatro años” con este proyecto.

Schiavoni planteó que Juntos por el Cambio no iba a participar de la comisión (Foto: Comunicación Senado).

En tanto, el radical Víctor Zimmermann consideró que hubiera sido “oportuno que podamos invitar a las provincias, a los municipios y a los miembros del INAI para que nos expliquen que se viene haciendo hasta acá”.

Ante los planteos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Caserio, consultó entonces si la cuestión de la prórroga del protocolo solo corría para este proyecto y no para el anterior, el que se trató junto a la Comisión de Ambiente, a lo que Schiavoni ratificó que efectivamente era así.

Entonces, los opositores se desconectaron del Zoom y desde el Frente de Todos criticaron la postura de la oposición. “Si lo es válido para una ley, lo puede ser perfectamente para otra. No veo cómo un método pueda servir para el tratamiento de una ley y no para otra”, expresó el misionero Maurice Closs, a lo que Caserio sumó: “Lamento que ahora que estamos tan cerca de que la pandemia termine, y de la presencialidad, se hagan planteos tan inconsistentes”.

En el mismo sentido, el chaqueño Antonio Rodas lamentó “esta inconsistencia, porque no se pueden medir las cuestiones legislativas con distintas varas”.

Por su parte, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que la bancada oficialista -con mayoría- ratificará la extensión de sesiones virtuales dispuesta por la presidenta de la Cámara alta. No obstante, aclaró que existen conversaciones con los jefes de los bloques para acordar la modalidad de trabajo en el recinto.

También, el formoseño remarcó que “se puede hacer en algún momento una reunión” invitando a todos los actores involucrados, pero la intención es “dejar ya el despacho para que no caiga la ley”. “Prorrogar esta ley es un acto de estricta justicia social”, completó.

Finalmente, Caserio volvió a criticar a la oposición porque “en vez de estar unidos ayudando a la gente están siempre viendo a ver de qué modo pueden poner un palito en la rueda para trabar a la gestión” y muestran un “ímpetu” para que “fracase nuestro Gobierno”.