La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a un veintena de sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto a través del cual se pide que se cite al Congreso al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que “explique por qué se violó la Ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el Gobierno provincial”.

“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, reclamó la porteña, quien advirtió que “Mendoza no es una excepción. Es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia”.

En ese sentido, la legisladora recordó que “la ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”.

“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, resaltó.

Precisamente, en las últimas semanas el INAI publicó diversas resoluciones (36/2023; 42/2023 y 47/2023) sobre relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza que reconocieron la posesión de alrededor de 25 mil hectáreas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, próximas a los departamentos de San Rafael y Malargüe, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, quien iniciará acciones judiciales.

En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años. Pasaron 17. Fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del año pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos y se estipuló que se deben hacer con la intervención del Estado provincial, algo que no ocurrió en el caso reciente de Mendoza.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó la diputada.

El proyecto fue acompañado por Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Fernando Carbajal, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Gustavo Bouhid, Germana Figueroa Casas y Rubén Manzi.

A cuatro días del vencimiento de la Ley de Tierras Indígenas, el Poder Ejecutivo volvió a extenderla hasta 2025. Así lo dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 805/2021 y que fue publicado este jueves.

El DNU prorroga los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley 26.160, prorrogados por las leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.

Por ese lapso se suspenden la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° del decreto en cuestión. “La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, señala el artículo 2° del DNU.

Precisamente un proyecto en el mismo sentido avanza en el Congreso de la Nación y seguirá hasta ser convertido en ley seguramente en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. El Senado le dio media sanción el pasado 28 de octubre.

Por lo pronto, este miércoles había obtenido dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cuyo presidente, Carlos Heller, aclaró durante el debate que más allá del tratamiento del tema el Poder Ejecutivo emitiría en breve un DNU para extender la norma, por cuanto faltan tan pocos días para que caiga la ley que no era prácticamente imposible que se aprobara antes la misma. Ese fue el motivo de las críticas de Juntos por el Cambio, que acusó al Gobierno de manejarse a puro decreto.

Incluso desde el oficialismo, la salteña Alcira Figueroa reclamó la aprobación de una ley para dar seguridad a los pueblos originarios interesados en el tema. “Es una ley urgente y necesaria”, dijo, mientras que desde la izquierda Juan Carlos Giordano se quejó de que la prórroga no hubiera sido votada antes.

“¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, bramó indignado el radical chubutense Gustavo Menna, en tanto que Carlos Heller insistió en afirmar que “nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”.

Así las cosas y tal cual el propio Heller reiteró varias veces, el DNU correspondiente salió y tiene fortaleza de ley. Pero el proyecto que ya tiene media sanción será convertido en ley en cuanto la Cámara baja vuelva a reunirse.