La diputada nacional de Unión por la Patria presentó un proyecto para ampliar las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa prohíbe la compra o arrendamiento de predios cercanos a infraestructura crítica, elimina excepciones en zonas de frontera y busca impedir que recursos estratégicos queden bajo control extranjero.
La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección de las tierras rurales y restringir aún más la adquisición de inmuebles por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, especialmente en áreas vinculadas a recursos estratégicos e infraestructura considerada sensible para la defensa nacional.
La iniciativa fue acompañada por un duro cuestionamiento al Gobierno nacional. A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que existe una intención de “desterritorializar” la Argentina y denunció que detrás de las propuestas de desregulación “buscan darle carácter de bien público global a nuestro territorio para justificar ceder la soberanía frente a la prepotencia económica de las corporaciones transnacionales”.
Según explicó Propato, el proyecto mantiene los límites vigentes para la compra de tierras rurales productivas y aquellas vinculadas a recursos hídricos, pero incorpora nuevas salvaguardas para lo que denomina “activos estratégicos”. En ese sentido, propone prohibir la titularidad o posesión por parte de extranjeros de inmuebles que contengan infraestructura crítica fluvial y marítima, así como de aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece la prohibición de compra o arrendamiento de tierras rurales por extranjeros cuando se encuentren a menos de 30 kilómetros de puertos, centrales eléctricas y nucleares, yacimientos mineros, instalaciones petroleras, infraestructura de telecomunicaciones y acuíferos estratégicos, entre otros activos que puedan ser considerados críticos por el Estado nacional.
La legisladora argumentó que “nuestros puertos, centrales nucleares, yacimientos de litio, gas, petróleo y acuíferos no pueden estar bajo control extranjero indirecto” y sostuvo que la creación de este “anillo de protección” responde a criterios de defensa nacional y resguardo de la soberanía.
El texto también propone eliminar las excepciones actualmente previstas para la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera. Para ello modifica el régimen vigente y establece una prohibición absoluta para la compra de inmuebles rurales por extranjeros en esas áreas. Además, crea la denominada “Comisión Nacional de Zonas de Seguridad e Infraestructura Crítica”, que actuaría en coordinación con el Ministerio de Defensa para supervisar estas operaciones.
Otro aspecto relevante del proyecto apunta a excluir la compra de tierras rurales de la categoría de inversión. La modificación propuesta sostiene que la tierra constituye un recurso natural no renovable aportado por el país receptor, por lo que su adquisición no debería ser considerada inversión en los términos de los regímenes de promoción económica.
En ese marco, Propato cuestionó especialmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y rechazó cualquier esquema que promueva o flexibilice la compraventa de tierras por parte de actores extranjeros. “La extranjerización de la tierra no genera desarrollo”, afirmó la diputada, quien vinculó la iniciativa con la necesidad de preservar el control nacional sobre recursos naturales y áreas estratégicas.
En los fundamentos del proyecto, la legisladora advierte además sobre los intentos de modificar o derogar la Ley de Tierras Rurales y sostiene que, mientras otros países refuerzan los controles sobre la adquisición de tierras por extranjeros en zonas sensibles, la Argentina corre el riesgo de debilitar los mecanismos de protección de su territorio.
La iniciativa fue presentada por integrantes del bloque de diputados de UP en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires y podría tener trámite express.
En oposición a la propuesta del gobierno Javier Milei, que busca desregular la venta de tierras rurales sin límite a personas extranjeras, el presidente del bloque de diputados de UP Facundo Tignanelli, junto a sus compañeras de bancada Noelia Saavedra y Cintia Romero, presentaron un proyecto de ley fijando un límite del 15% a la titularidad extranjera en el territorio provincial y en cada uno de sus partidos.
Según los legisladores que se autodenominan “kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires”, la iniciativa surge como “respuesta directa a la derogación de la normativa nacional de tierras” y busca “resguardar recursos estratégicos” mediante la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, garantizando “la transparencia dominial y la plena identificación de los beneficiarios finales en toda operación inmobiliaria o societaria”.
El texto define además “estrictas salvaguardas” para proteger las “denominadas zonas de protección territorial estratégica”; que incluyen cuencas hídricas, humedales, áreas naturales, cinturones hortícolas y territorios de agricultura familiar; exigiendo autorización previa y denegando transacciones que puedan comprometer “la soberanía alimentaria, el acceso al agua o el arraigo de las comunidades locales”.
De esta manera, la aprobación de este proyecto de Ley, según los impulsores de la misma, “permite a la provincia contar con más y mejores herramientas para una mejor utilización de sus recursos naturales y defender el trabajo local, evitando la especulación, cuidar el ambiente y asegurar que la tierra sirva para el desarrollo de todos los bonaerenses”.