Una misión internacional de expertos en derechos humanos calificó como “violatoria de la Convención Americana” la imposición de una tobillera electrónica a Cristina Kirchner. El dictamen advierte que la medida es desproporcionada, innecesaria y podría constituir una forma de tortura psicológica.
Una Misión Internacional de Especialistas en Derechos Humanos, integrada por destacadas personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina, emitió un dictamen técnico que considera “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El documento centra su análisis exclusivamente en las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria, en particular en la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, aunque señala que el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso.
El dictamen sostiene que la medida en cuestión no cumple con el principio de proporcionalidad, ya que existen mecanismos menos lesivos –como la notificación judicial a la custodia oficial permanente que ya acompaña a la exmandataria– que resultarían igualmente eficaces. Además, afirma que su imposición podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica, especialmente por su carácter simbólico y disciplinador sobre una figura política de alta representación popular.
El informe exige que el magistrado actúe de oficio para dejar sin efecto esta medida y adecuar las condiciones de ejecución de la pena a los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integra el bloque de constitucionalidad argentino.
El dictamen fue elaborado y suscripto por Raphael Vasconcelos (Brasil), profesor de derecho internacional y árbitro especializado en derechos humanos; Nadia Alejandra Cruz Tarifa (Bolivia), exdefensora del Pueblo; Jordán Rodas Andrade (Guatemala), exprocurador de Derechos Humanos, actualmente exiliado.
También Minou Tavárez Mirabal (República Dominicana), exvicecanciller y presidenta del Fondo Fiduciario de Víctimas de la CPI; Lourdes Palacios (El Salvador), coordinadora del COFAPPES; Juan Carlos Moraga Duque (Chile), presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras; Pablo Vommaro (Argentina), director Ejecutivo electo del CLACSO; Bettiana Díaz Rey (Uruguay), senadora del Frente Amplio y parlamentaria del Mercosur; y Estefanía Veloz (México-EE.UU.), abogada y periodista.
La misión exhorta al Poder Judicial argentino a garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad, sin agravios simbólicos, humillaciones ni excesos punitivos, y reafirma que continuará observando el desarrollo del caso en su integralidad, atento a las denuncias de persecución judicial y afectación del Estado de Derecho en Argentina.