Después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizara al Gobierno porteño a tomar una deuda por 85 millones de dólares para realizar mejoras en materia de salud, la diputada de Confianza Pública y vicepresidenta tercera de esa Casa, Graciela Ocaña, cuestionó con dureza el tratamiento exprés que recibió la iniciativa y exigió al Ejecutivo que de precisiones sobre como se invertirá el dinero.

En diálogo con parlamentario.com, la legisladora explicó que la medida tuvo “un tratamiento rápido, la verdad es que no pasó por la Comisión de Salud, pero el miembro de nuestro partido que está en la Comisión de Presupuesto planteó la necesidad de incorporar los informes trimestrales de la ejecución del préstamo”.

Al mismo tiempo que aseguró que “es una cifra muy importante para hacer una inversión en salud digital y equipamiento. Bueno, los informes serían para que la Legislatura pueda ver en qué se utilizó esos recursos” e indicó que “son recursos, está bien con un organismo internacional, el BID, pero obviamente la Legislatura tiene una responsabilidad y hemos pedido el envío de informes trimestrales a la Comisión de Presupuestos, sin embargo esto nofue aceptado”.

“No estamos hablando de una comisión investigadora ni una comisión de seguimiento ni nada complejo, es una cosa sencilla y no entendemos por qué el Pro, que lo hemos escuchado en los últimos tiempos en defensa de la Ley de Acceso a la Información y en contra de las restricciones, cosa que yo también coincido, cuando le toca a gobernar pone restricciones al acceso a la información”, continuó Ocaña.

Además, remarcó: “nosotros queremos saber cómo se van a utilizar esos recursos, si se van a utilizar para generar mejor calidad de salud o si se van a pagar contratos que por otro lado no se pueden pagar”.

“Los números no están dando. El ministro dijo que el 60% se iba a invertir en equipamiento, claramente eso son muchos más que los 21 millones que para nosotros es el equipamiento que están comprando, o sea el 25% es el equipamiento, no sabemos en qué se gasta el restructurado”, añadió.

Por lo que concluyó planteando que “el Gobierno no tiene que rendir ninguna cuenta de este dinero. La rendirá, digamos, oportunamente, pero la verdad que nosotros creemos que una autorización dada a tal nivel de la Legislatura en donde todos coincidimos que es importa”.