El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.

En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.

Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

Ante el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien resolvió que la mega usurpación en el barrio de Los Hornos (250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”) no fue un delito, archivando su expediente, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, expresó su más enérgico repudio y manifestó una gran preocupación por el dictamen.

“La resolución de Ramos Padilla, está cargada de concepciones ideológicas, políticas y sociales y abre la puerta a más tomas de predios y de cualquier bien en propiedad del Estado o de un particular”, señaló Lipovetzky a través de un proyecto de declaración.

Agregó el legislador que “el derecho a la propiedad privada es un Derecho Humano fundamental del Estado de Derecho, el cual es inalienable por terceros y cuyo respeto está íntimamente relacionado con la posibilidad de cada sujeto de poder realizar su plan de vida. La inacción del Estado Provincial en la mega toma de Los Hornos y la resolución del Juez Federal Ramos Padilla quien no cuenta con la competencia para resolver dicha causa, solo deja más desamparados a los bonaerenses y sobre todo a los platenses”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la causa por la ocupación de tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, en La Plata, argumentando entre otras cosas que la misma se produjo “a plena luz del día”.

A juicio de Ramos Padilla, el hecho no constituyó delito “según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”, y agregó que “el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día”.

“La delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”, agregó en su fallo, donde establece que “los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”.

“El Poder Judicial se jerarquiza cuando los jueces dictan sentencias ejemplares y vigorizan el Estado de Derecho. Pero cuando fallan influenciados por razones sectoriales, el daño que provocan  es inconmensurable”, expresó el bloque de diputados nacionales del Frente Pro al reaccionar ante semejante fallo.

“Repudiamos enérgicamente el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, con el que archivó la causa por la megatoma de 161 hectáreas, situadas en Los Hornos, argumentando que la ocupación se hizo sin violencia y a la luz del día. Semejante precedente doctrinario no hace otra cosa que crear condiciones delictivas a futuro, es decir, que en vez de custodiar y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, un magistrado atenta contra la seguridad jurídica”, expresó el bloque que conduce Cristian Ritondo.

Los diputados del Pro exigieron “la inmediata intervención de los gobiernos nacional y provincial, para que apelen este fallo escandaloso en los plazos legales pertinentes, a los fines de defender a los ciudadanos platenses en particular y a los bonaerenses en general”.

“Este fallo dictado por un  juez amigo del Gobierno desprestigia al Poder Judicial y nos insta a redoblar esfuerzos para frenar la impudicia de quienes promueven prácticas sociales detestables que someten a riesgo la convivencia democrática y la paz de los argentinos”, expresó la bancada del Pro a través de un comunicado, que concluyeron diciendo que “ante estos casos de degradación populista, estamos y seguiremos estando del lado de la legalidad, de la República y del cumplimento irrestricto de la Constitución”. 

A su vez, el diputado provincial bonaerense Daniel Lipovetzky reaccionó señalando que “desde el primer día denuncié la inacción del Estado por la megatoma de Los Hornos. La resolución de Ramos Padilla, quien no tiene competencia para resolver, solo deja más desamparados a los platenses”.

“Es vergonzoso que la justicia legitime el delito de usurpación de tierras”, concluyó el diputado de Juntos.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de resolución expresando su profunda preocupación frente las constantes tomas de tierras en La Plata, y ante lo que consideran una inacción del Gobierno provincial advirtió: “Los bonaerenses quedamos sometidos a las mafias protegidas por sectores del oficialismo”.

La propuesta legislativa de Ritondo lleva las firmas de los diputados María Eugenia Vidal, Mercedes Joury, Gabriela Besana, María Luján Rey, Alejandro Finoccchiaro y Camila Crescimbeni.

En ese sentido, el jefe de la bancada opositora repudió la deserción del Estado ante esta situación de ilegalidad y de ataque a la propiedad privada. Por eso, expresó en su cuenta de Twitter que “hace dos años que la toma indiscriminada de tierras avanzan sin que el gobernador de la Provincia le ponga un freno. La ocupación ilegal en manos de unos vivos es algo que no podemos permitir”.

Finalmente, concluyó que “si no se pone un freno, los bonaerenses quedamos sometidos a las mafias protegidas por sectores del oficialismo, como ocurre en la Provincia de Buenos Aires”.

Mensaje de Santilli al gobernador

En ese marco y frente a la toma de terrenos que sufre particularmente la ciudad de La Plata y distintas zonas de la provincia, el diputado Diego Santilli sostuvo que “es moneda corriente. Se debe hacer cargo de los problemas de los bonaerenses”.

El diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires remarcó de ese modo  que “las tomas en la Provincia se convirtieron en moneda corriente”, y señaló que el gobernador “tiene que dejar de mirar para otro lado y hacerse cargo de los problemas de los bonaerenses”.

En la misma línea, Cristian Ritondo recordó que “hace  dos años que la toma indiscriminada de tierras avanzan sin que el gobernador de la Provincia le ponga un freno”; y agregó: “la ocupación ilegal en manos de unos vivos es algo que no podemos permitir”.

En tanto, el intendente platense, Julio Garro, consideró que “la toma de tierras ha sido un delito en aumento durante los últimos meses en la Ciudad. Un incremento notorio y alarmante que nos preocupa y pone en situación de alerta”.

Como ya se informó, en el partido de La Plata, desde hace más de dos años las usurpaciones ocurren permanentemente. Alrededor de 250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”. La mayor de ella esta ubicada en la localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores. Allí viven 2.600 personas. En ese distrito hay 260 asentamientos compuestos por unas 200.000 personas, el mayor registro de toda la provincia de Buenos Aires.

Las usurpaciones de terrenos se vienen acrecentando año tras año y en la actualidad ubican a la capital de la provincia de Buenos Aires en el punto geográfico de mayor ocupación ilegal de tierras: 250 hectáreas que involucran a más de 40 “tomas activas”. Por ese motivo, el presidente del bloque Pro en Diputados Cristian Ritondo apuntó contra el gobernador Axel Kicillof.

“Hace dos años que la toma indiscriminada de tierras avanza sin que el gobernador de la provincia le ponga un freno. La ocupación ilegal en manos de unos vivos es algo que no podemos permitir”, denunció Ritondo.

En ese contexto, advirtió que “si no se pone un freno, los bonaerenses quedamos sometidos a las mafias protegidas por sectores del oficialismo, como ocurre en la PBA”.

Frente a las informaciones difundidas públicamente y atribuidas al diputado nacional Héctor Bárbaro, por un audio en el que se lo escucha instigar a cortar rutas y a “apretar” a un juez por haber dictado una sentencia de usurpación; y al Gobierno provincial para que otorgue tierras privadas, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se manifestó profundamente preocupado por estos dichos y se solidarizó con todos los productores de la provincia de Misiones.

“Agrava el hecho que en dicho audio reconoce expresamente saber que la propiedad tiene titular de dominio, y a pesar de ello se escucha instigar y promover cortes de ruta, intrusiones y aprietes tanto al Gobierno como al juez con el evidente fin de presionar y lograr la revocación de una sentencia por vía del amedrentamiento público; y a apretar al Gobierno provincial propiciando cortes de rutas para que compre las tierras y se las entregue a los presuntos usurpadores”, expresó la entidad a través de un comunicado.

En el mismo, CRA recordó que en varias oportunidades se ha manifestado en defensa del derecho y garantía constitucional que protege la propiedad privada como uno de los pilares básicos de nuestro sistema de derecho y de convivencia como Nación.

“Pero mucho más grave aún es que un diputado nacional que juró defender la Constitución Nacional inste a su violación y a amedrentar a un juez por una sentencia”, sentencia Confederaciones Rurales, que concluye repudiando este tipo de hechos y reiterando “el apoyo a los productores en defensa de los principios constitucionales básicos de nuestro país”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Schiavoni presentó un proyecto en repudio a “todas las usurpaciones de tierras”, tanto fiscales como privadas, que se vienen realizando en la provincia de Misiones. 

“En particular las últimas ocurridas en la localidad de Wanda, donde decenas de familias se apropiaron a inicios de noviembre del presente año de dos lotes que pertenecen a un empresario que pretendía montar allí un emprendimiento ecoturístico”, reza el proyecto. 

Asimismo, declara su “más profundo repudio” a los dichos de Miguel Gularte, “referente del grupo de usurpadores, quién filmó un video dirigido al presidente de la Legislatura provincial Carlos Rovira, que se viralizó en todas las redes sociales, donde se identifica junto al grupo de usurpadores como integrantes del partido gobernante en la provincia de Misiones”; y solicita sanciones para los concejales oficialistas y opositores, que avalan las tomas de terrenos. 

“Hoy estamos viviendo momentos de inseguridad tanto física como jurídica; de atropellos a las instituciones y en este caso en concreto nos referimos a las violaciones dela propiedad privada”, expresa el legislador en los fundamentos de su proyecto, en el que relata que no se trata de la primera usurpación que se da en Wanda: “Todos entendemos el problema habitacional que hay en la Argentina y en particular en la provincia de Misiones, pero que un grupo usurpe terrenos privados, para que después el municipio adquiera esas tierras y las asigne a quienes la tomaron, no puede convalidarse como una forma de habitar y organizar ciudades. No puede ser la regla este mecanismo espurio y más aún si después terminan vendiendo los terrenos para hacer un negocio inmobiliario como denunciaron concejales locales”, indicó. 

“Es injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como medio de salida de la desigualdad social. Es el Estado, y no la lucha entre ciudadanos, el que tiene que arbitrar los medias para generar un crecimiento sustentable”, manifiesta, y agrega: “El gobierno provincial no toma medidas, la solución al déficit habitacional no puede ni debe venir nunca como consecuencia de la vulneración de derechos de otros ciudadanos, y mucho menos se puede avalar tal situación”. 

Finalmente, sostiene que “el silencio aturde, como ciudadanos necesitamos expresarnos contra las usurpaciones. No se puede tapar el sol con una mano, no se puede invisibilizar la violencia que conllevan estas acciones. Como argentinos, como sujetos de derecho, como militantes del mérito y del esfuerzo,no podemos hacernos los distraídos ante los atropellos”. 

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff conversó vía plataforma Zoom con Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y Santiago Nazar, ingeniero agrónomo sobre la toma de tierras en el sur y el silencio del Poder Ejecutivo. 

Al principio de la exposición Diego Frutos hizo un poco de historia sobre Villa Mascardi y su funcionamiento político. Explicó que no tiene intendencia y se maneja con un Comisionado y dos vocales, que dependen de la provincia. Elogió la tranquilidad del pueblo y lamentó que “a partir de noviembre de 2017 un grupo de jóvenes guiados por alguien con mucho poder se instaló en el único terreno fiscal que quedaba en la zona”. Frutos contó que en principio la justicia de Bariloche actuó con celeridad para desalojarlos y no fue a “sangre y fuego como quiere hacer creer el Gobierno actual”. Pero “lamentablemente el gobierno de Macri no pudo seguir adelante por la presión popular que generó la supuesta desaparición de Santiago Maldonado”. Por eso esos jóvenes volvieron y hoy -por la falta de efectivos en la zona, dada la pandemia- se permiten robar, saquear e incluso quemar casas. 

Frutos explicó que “la comunidad esta asesorada por los Montoneros Vaca Narvaja y Perdia. Además de la complicidad de Gabriel Fucks, que se ha reunido con esta gente antes que con nosotros”. 

Luego fue el turno de Santiago Nazar, quien elogió la conducta de “la verdadera comunidad mapuche de la zona que es el Lof Wiritray, que convive con nosotros en forma pacífica”. Y agregó que “se necesita propiedad privada, respeto por las leyes y la bandera nacional”. 

Después recordó que el Obispado de San Isidro echó a Ernesto Saavedra, quien se desempeñó muy bien en el tema de las tomas y criticó muy duramente al Obispado por ello. 

El final estuvo a cargo del diputado por el partido UNIR Alberto Asseff, quien reflexionó sobre lo que sucede en el sur y explicó que hoy “está en peligro la soberanía de la Nación. Hay sectores que no quieren ser argentinos”; y caracterizó a estos sectores como “truchos”, ya que “no son verdaderamente mapuches y su accionar está muy alejado de reivindicaciones ancestrales”. 

Asseff sostuvo que esos sectores “están financiados por exguerrilleros, que tienen mucha plata y movilizan comunidades artificiales”. Por último, hizo un análisis geopolítico y evaluó que dichos movimientos “que reivindican falsamente pretensiones ancestrales”, en verdad están financiados “por poderes para-gubernamentales de Europa, que nunca dejó de tener la idea de dividir para gobernar”. Siendo la Patagonia es “pletórica de recursos” y los recursos de la argentina son “preciosos”, por lo tanto, “las potencias mundiales buscan asegurarlos alentando conflictos que generan todo tipo de necesidades y empobrecimiento general”. 

Asseff concluyó que “hay que hacer una defensa de la soberanía nacional que está amenazada. Y está amenazando el orden legal. Si el Estado renuncia a la fuerza legal y si el orden se desmadra o subvierte abrimos la puerta a la violencia anárquica”. 

Los diputados nacionales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto de ley que apunta a garantizar el derecho a la propiedad privada en menos de 72 horas para todos los casos de intrusión o usurpación. La iniciativa fue presentada por los diputados tucumanos con el apoyo de una veintena de diputados del bloque radical en la Cámara baja y busca dotar a los jueces de herramientas que otorguen mayor rapidez a la hora de resolver cualquier situación en la cual se pongan en riesgo las garantías y el derecho a la propiedad privada.  

“Las modificaciones que proponemos en el Código Procesal Civil y Comercial, y la incorporación de nuevas herramientas en el Código Penal Federal son medidas cautelares genéricas o innominadas, y tienen la finalidad de posibilitar a que el titular damnificado obtenga la restitución de su inmueble en menos de 72 horas aun cuando siguiera en curso el juicio por desalojo o usurpación. Es decir que, ante un hecho de usurpación, el juez tendrá un plazo de no más de 3 días para restituir la propiedad a sus legítimos dueños”, explicaron los diputados. En este sentido, Ascárate aseguró que “La celeridad en la protección de los derechos es fundamental para afianzar la Justicia”. 

Según dichos de Ascárate, “la propiedad privada vive momentos complicados en la Argentina. El Estado de derecho empieza a agrietarse a partir de acciones que ponen en jaque principios fundamentales, resultando necesario hacer un alto, exigir mesura, compromiso y responsabilidad”.  

“Últimamente nuestro país estuvo sufriendo serias violaciones contra la propiedad privada, específicamente las usurpaciones de tierras llevadas a cabo en todos los puntos del país. Se trata de una situación que nos preocupa, porque quienes injustamente son privados de su propiedad, naturalmente buscarán la protección del Estado, y si este los abandona o si justifica a los perpetradores, ello llevará ineludiblemente a que los argentinos nos encaminemos hacia la violencia”, finalizaron los diputados. 

El proyecto lleva también la firma de los diputados Migue Bazze, Diputada Ximena García, Juan Martin, Gustavo Menna, Diego Matías Mestre, Claudia Najul, Miguel Nanni, Luis Mario Pastori, Fabio Jose Quetglas, Roxana Reyes, José Luis Riccardo, Jorge Rizzotti y Federico Raúl Zamarbide, entre otros. 

Legisladores nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio manifestaron su preocupación por cuestiones referidas a la usurpación que ocurre del ex Club de Planeadores, ubicado en la localidad de Los Hornos, La Plata, la más grande de toda la provincia. Exigen una “urgente” relocalización y advirtieron que la zona es “inundable”.  

El proyecto de resolución fue encabezado por el presidente del bloque Pro de la Cámara baja de la Nación, Cristian Ritondo, junto a sus pares Mercedes Joury, Miguel Bazze, María Luján Rey, Martín Medina, Ezequiel Fernández Langan, Silvia Lospennato, Pablo Torello, Juan Aicega, Hernán Berisso, Adriana Cáceres y Camila Crescimbeni. 

En provincia, en tanto, la presentación fue efectuada por la diputada Carolina Píparo y el senador Juan Pablo Allan; junto a su par Florencia Barcia; y los diputados Diego Rovella y Carolina Barros Schelotto. 

Los legisladores advierte que el caso del ex Club de Planeadores de la Ciudad de La Plata, que se encuentra en la localidad de Los Hornos es “paradigmático”. Luego de que el club dejara de operar, un grupo de personas comenzó a asentarse en el predio de forma ilegal. Ante esta situación, el gobierno bonaerense propuso la urbanización del barrio, sin embargo, informes hídricos señalan que el terreno tiene un alto riesgo de inundación, y por lo tanto, no es posible realizar construcciones de viviendas sobre el mismo.

En el caso particular de La Plata, si bien la usurpación de tierras no es un hecho novedoso, puede apreciarse claramente cómo desde el comienzo de las medidas de aislamiento este delito creció exponencialmente en las diferentes localidades, como Lisandro Olmos, Abasto, Melchor Romero, Barrio Aeropuerto, Gorina y Los Hornos, entre otros. 

“Es preocupante no sólo el delito de la usurpación, sino también que los gobiernos nacional y provincial pretendan avanzar en la urbanización de una zona inundable sin mayores estudios ni precisiones previas”, remarcó Ritondo. 

Joury, por su parte, señaló que “el intendente Julio Garro, junto a la Universidad Nacional de La Plata, presentaron un informe que demuestra que estas tierras están en la planicie de inundación del Arroyo Regimiento y si llueve 1/4 de lo que llovió el 2 de abril de 2013 el agua llegaría a 1,80 m. de altura. Sería una tragedia que se debe evitar”. 

La diputada Carolina Píparo destacó que “presentamos hoy el pedido de informes sobre la situación del ex Club de Planeadores de La Plata, queremos saber qué están haciendo y qué piensan hacer. Nos preocupamos por todos los vecinos y sobre todo nos preocupamos por La Plata. Esperamos que esta vez nos den la chance de escucharlos, pero sobre todo, esperamos una solución a una situación que no queremos que termine en tragedia”. 

El senador Allan remarcó que la zona del ex Club de Planeadores “es inundable”, por eso, según dijo, “nos preocupa que se tomen decisiones improvisadas sin tener en cuenta la seguridad de los habitantes del asentamiento”, y llamó a “defender la propiedad privada, pero salvaguardando la vida de las personas”. 

Finalmente, el radical Bazze, expresó que “en La Plata, el gobierno del intendente Julio Garro abordó el problema hidráulico y urbanístico con responsabilidad. Así se terminaron las inundaciones. Lo hizo coordinando con los gobiernos  provincial y nacional de Cambiemos. Esperamos que el actual gobierno entienda la necesidad  de concretar obras de urbanización para evitar graves perjuicios a las familias que de manera precaria  se instalan en tierras inundables”. 

El jefe comunal de la ciudad de Pinamar Martín Yeza volvió a cuestionar – en las redes sociales- el accionar judicial por tomas y usurpaciones de viviendas en su distrito. El intendente, apuntó directamente contra el fiscal de la causa y brindó detalles de lo que está aconteciendo.  

Al respecto escribió en su cuenta de Twitter e Instagram que “en enero y con boleto de compra trucho unas personas usurparon la casa de una flia en Cariló. Llegaron los dueños originales y con total asombro se encontraron con unos delincuentes en su casa. Hicieron la denuncia y el fiscal archivó la causa, les dijo que vayan por la vía civil” y continuó: “Y ahora les agrego más: No solamente usurparon la casa, lo cual es un delito. Entre sus posesiones tienen vehículos con los grabados de los vidrios tachados y con patentes mellizas: delincuentes al cuadrado”, puntualizó Yeza.

El jefe comunal, que responde al macrismo, tomó como caso testigo la problemática de esta familia para arremeter contra el accionar judicial y advirtió que ampliará la denuncia. “Ya solicitamos la suspensión del fiscal Elizarraga, pero vanos a insistir. Los vecinos y los ciudadanos de la República Argentina no se merecen estos funcionarios públicos”, aseveró. 

Dijo Alberto Fernández y estimo satisfactoria esta argumentación.  

“Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia. Previo a ello hubo un enorme trabajo de reubicación de familias realizadas por el ministro Larroque. El gobernador Kicillof tuvo la prudencia de mantenerme informado. 

Los sucesos de Entre Ríos, originados en una disputa familiar, fueron también resultado del accionar policial dispuesto por la justicia local tras el fracaso de la conciliación entre las partes. También aquí el gobernador Bordet me mantuvo permanentemente informado. 

Obviamente, como presidente de la Nación, estoy atento a todo lo que ocurre en nuestro país. Pero como somos un Estado federal este tipo de conflicto son resueltos por los gobiernos provinciales.  

Dicho esto, ambos gobiernos debieron enfrentar situaciones críticas en donde se mezclaron necesidades humanas, disputas familiares y también intencionalidades políticas. A mi juicio, los conflictos se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone”. 

Y también en política siempre hay que ver a quienes perjudica o beneficia determinada situación. En ambos casos, Guernica y Entre Ríos, la ocupación de tierras (con justos motivos, sin justos motivos, por necesidad o por intereses y hasta asumiendo que todos los que estaban ahí tienen reales necesidades habitacionales) no beneficia al gobierno, crea una sensación de desborde legal y seamos objetivos, debilita simbólicamente al Gobierno nacional. Luego está el desalojo. Ordenado por una justicia (mala, pésima, buena) que es la que hay y la que impone los criterios de legalidad. Los gobiernos provinciales cumplen ese cometido intentando hacerlo de la mejor y más pacífica forma. Tal vez no salió 100% perfecto en ese aspecto y hubo corridas en Guernica con niñes y madres y hubo cierta violencia para responder a ocupantes que se negaban a abandonar el predio. Entendiendo todo y hasta aceptando que algunos compañeros valoren ” la justa respuesta de resistencia de quienes pelearon contra la policía” lo cierto es que esos episodios también ayudan a crear un clima contra el gobierno. Y no seamos ingenuos, hay quienes están en esa actitud. Dentro de las tomas, y fuera de ellas y en muchos medios. No seamos nosotros los que por “ideología” y satisfacernos con cierta fraseología infanto/revolucionaria, abonemos a esos sectores.  

Ahora bien, una vez terminado esto los peronistas y sobre todo aquellos en función de cierto liderazgo o responsabilidad política en conducir, desde un ministerio hasta la más chica UB virtual o real del país, no pueden comportarse como “pensadores independientes” y seguir arrojando nafta al fuego. Desde los que comparan – ¡sí los hubo y compañeros!, – a la Guernica conurbana con la Guernica vasca, cometiendo un desatinado juego de banalización y bastardeo histórico (en abril de 1937 la aviación nazi alemana con su Legión Cóndor, bombardeó durante horas la ciudad de Guernica en la España republicana causando casi 300 muertos y la destrucción de la ciudad), hasta los que se sienten “decepcionados” y “enojados” con el presidente Fernández y con Kicillof y no se cansan de hacerlo saber en redes y medios. ¿Enojados por qué? ¿Por cumplir un mandato judicial? Por poner orden en una situación política, ¿que se tornaba inmanejable? ¿Por acatar una decisión judicial?  

Y a no hacerse los distraídos ni repetir excusas históricas fallidas como la Teoría del Cerco, tan infantil y tan dolorosa para nuestras experiencias militantes de los años setenta. Nada de lo que se hizo esta fuera de la decisión del gobierno nacional, de Alberto Fernández, de Cristina, de Kicillof, del PJ Nacional, de los gobernadores y cuenta con el apoyo de organizaciones de DDHH, religiosas y sociales.  

Entonces si los compañeros quieren debatir otra cosa que lo digan. Y si quieren cuestionar a todos los mencionados, también pueden hacerlo. Bienvenido el debate. Pero tengamos en cuenta cuando y como se da. Nuestra Argentina y nuestra identidad política, no están en condiciones de tirar por la borda ni ayudar a la extenuación de esta experiencia, difícil y costosa, del gobierno peronista que tenemos.  

Mientras tanto las palabras del presidente ponen cierta claridad en el accionar institucional. 

“Quien quiera oír que oiga”. 

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, junto a miembros de la Mesa Ejecutiva, y el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), expusieron la gravedad de las distintas tomas y usurpaciones que se vienen sucediendo en distintas provincias y el accionar de la Justicia, federal o provincial en cada caso, manifestando que la demora propia de la burocracia judicial “impide respuestas rápidas y efectivas que pongan fin a los hechos denunciados”. 

Asimismo, destacaron la necesidad de respuestas concretas, que desalienten e impidan la toma de tierras, amparadas por distintas organizaciones sociales. 

Tanto la ministra Sabina Frederic, como el ministro Luis Basterra, hicieron fuerte hincapié en sostener el pleno respeto a la propiedad privada y sostuvieron que “desde sus áreas de competencia no se alientan ni apañan tomas de tierras bajo ningún concepto”, y ofrecieron un ámbito de recepción de hechos denunciados comprometiéndose a buscar instrumentos que pongan fin a la violación de propiedades privadas, correspondan estas al ámbito tanto público como privado. 

CRA instó a las autoridades a “sostener una posición uniforme” por parte de los distintos integrantes del Gabinete nacional en “respetar plenamente la propiedad privada como punto central en el desarrollo productivo y la convivencia pacífica de la sociedad”. 

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para elevar las penas del delito de usurpación.

La iniciativa propone modificar el artículo 181 del Código Penal, que actualmente establece una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Esa pena pasará a ser de 1 a 6 años de cárcel. Además, se considerará agravante cuando en la toma participen más de 3 personas. En ese caso la pena será de 2 a 7 años. Pero si el inmueble usurpado fuere un parque nacional o una explotación productiva, la pena será de 2 a 7 años, y de 3 a 8 años si participan más de 3 personas. Por último, si de la toma participan empleados o funcionarios públicos quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cargos.

Al referirse al proyecto, Ritondo afirmó: “Los argentinos no merecen que les usurpen el futuro. Como oposición responsable haremos todo lo que está a nuestro alcance para defender la propiedad privada y la libertad, como corresponde en una república. El espectáculo de usurpaciones que vemos en los medios nos avergüenza. No es la Argentina del trabajo que heredamos de nuestros abuelos”.

Además, Ritondo denunció la ausencia del estado en defensa de los propietarios que ven vulnerados sus derechos, y señaló que funcionarios fogonean las tomas al favorecer a los usurpadores con entrega de materiales, subsidios y alimentos. “El mensaje que se transmite es nocivo y altera la convivencia democrática”, señaló.

Acompañan el proyecto los diputados PRO Martín Medina, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, María Luján Rey, Pablo Torello, Juan Aicega, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, Sebastián García De Luca, Álvaro González, Fernando Iglesias y Luis Juez.

Los diputados y senadores nacionales y provinciales entrerrianos de los interbloques de Juntos por el Cambio reclamaron al gobernador Gustavo Bordet exigir al Gobierno nacional “que no tenga injerencia en una provincia que es autónoma”.

“Usted debe garantizar que todos los estamentos del Estado actúen conforme a derecho defendiendo y resguardando a las personas y sus bienes”, le advierten.

A través de una carta abierta, los diputados entrerrianos advierten sobre el fenómeno de la ocupación de tierras en el país en general y en esa provincia en particular, que -advierten- “contribuye a más miedo, a más incertidumbre”. En ese sentido sostienen que “las tomas de tierra en nuestra provincia no son episodios esporádicos y no se reducen al conflicto familiar que hoy ocupa la primera plana”.

“No se puede pedir que no se politice el conflicto cuando todo lo que subyace a las ocupaciones ilegales de predios, ya sea en campos o en terrenos en nuestras municipalidades, es un problema político que obedece al abandono de los gobiernos, a la falta de políticas integrales que combinen el trabajo con la vivienda, con la educación”, expresan en un pasaje, reclamándole al gobernador que “no se enrede en la contradicción de la amplitud ideológica del Gobierno nacional, que pregona el respeto a la propiedad privada, que asegura que la usurpación es un delito, pero que hay ilícitos que reflejan desesperación que deben ser tolerados cuando no auspiciados”.

Le dicen al gobernador que “no puede aceptar que en un conflicto que se supone familiar, intervengan funcionarios nacionales tomando parte en una causa que obliga la intervención y resolución urgente de la Justicia entrerriana”. Y en ese sentido le expresan a Bordet que “no debió permitir que en plena pandemia, con restricciones en la circulación, hayan ingresado a la provincia cientos de vehículos con personas que se alojan en carpas en condiciones que no son precisamente las que usted ha impuesto a la sociedad entrerriana.

Nuestra provincia, Sr. Gobernador, tiene todas sus instituciones funcionando, Ud. la gobierna hace casi 5 años, y antes de usted muchos de su mismo signo político”.

“Por esto lo interpelamos, para ayudarlo a que no caiga en contradicciones”, le señalan, alertando que “el Gobierno nacional parece ignorar que destruye la confianza con su inquietante ambivalencia sobre el derecho de propiedad, con sus incongruencias en materia de seguridad, o cuando activa proyectos para subordinar a la Justicia”.

Agregan que “una activa fracción de la sociedad se manifiesta con una frecuencia que expresa su inquietud frente a estos despistes del oficialismo. No se sume usted a esa ambivalencia”, y aclaran que “ni la oposición, ni los productores, ni nadie que se manifieste está politizando este conflicto. El Gobierno nacional lo hace al no asumir frontalmente una ideología en pugna en el seno del poder”.

“No abone usted esa contradicción”, reclaman.

El texto remitido al gobernador Bordet le expresa que “si realmente pretende defender la propiedad privada hágalo con todos los resortes del Estado. Interpele a la Justicia para que actúe con celeridad, garantice la seguridad y la paz social, la libertad de expresión. Exija al Gobierno nacional que no tenga injerencia en una provincia que es autónoma”.

“Sr. Gobernador, no mire para otro lado, lo que se discute en la Argentina de hoy tiene que ver con nuestros derechos, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestra Constitución -señalan-. Sr. Gobernador sea claro, contundente. Por su bien y por todo el pueblo entrerriano; no pierda la confianza de la gente. De ahí no se vuelve”.

La nota concluye señalándole al gobernador entrerriano que “nosotros estamos atentos, comprometidos y dispuestos a acudir a su convocatoria. El diálogo, la búsqueda de acuerdos, la construcción de un camino común para todos y todas es nuestro objetivo y debe ser el desafío de este nuevo tiempo que nos toca construir desde los cimientos”.

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley en el que propone agravar las penas para quienes usurpen u organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas.

“El delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo. Claro que existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, señaló.

La iniciativa pretende, además, diferenciar las usurpaciones del artículo 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo reducido, de aquellas que se producen masivamente.

“Esta modificación planteada viene en relación al incremento de usurpaciones que se han registrado en el último tiempo en nuestro país”, explicó el exgobernador de Río Negro, provincia en la que se registraron conflictos en distintos terrenos con miembros de la comunidad mapuche.

El legislador argumentó que “la usurpación masiva implica no solo una menor posibilidad de resistencia para la víctima, sino una mayor dificultad para la Justicia a la hora de proceder con las investigaciones correspondientes”.

“Incluso, muchas veces los organizadores de las tomas, si no procedieron a ser parte del despojo quedan impunes, o solo serían alcanzados por el delito de instigación, por lo cual se plantea una figura específica para ellos, que hasta aquí no existe”, agregó.

El proyecto estima que si los delitos se producen por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión, para todos los que hayan participado del hecho. Mientras que los organizadores serán reprimidos con penas de 3 a 6 años de prisión.

También propone un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión, “cuando un grupo de usurpadores invocando injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas”.

“Esto tiene que ver con las ocupaciones de personas que muchas veces ni siquiera son parte de pueblos originarios y aprovechan dichas situaciones para tomar tierras, dañando propiedades o sembrando el terror en la comunidad. En este caso, para estos grupos se establece una pena que no sería excarcelable”, remarcó Weretilneck.

El senador consideró que “esta reforma es una manera de ir aggiornando la legislación penal a las necesidades de la gente hoy, protegiendo la propiedad privada y desalentando la continuidad de estas usurpaciones masivas”.

El exgobernador planteó la reforma del artículo 23 del Código Penal, agregando dentro de las medidas cautelares el desalojo preventivo, que busca que en todo el país se pueda resolver anticipadamente el desalojo y la restitución del bien a quien lo poseía, sin necesidad de tener que esperar hasta el final del proceso, ya que ello puede llevar años de tramitación.

El artículo establece que luego los códigos procesales serán donde se establecerán las formas específicas para tal fin, en función del sistema procesal que cada provincia establezca.

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) acusó una “complicidad de buena parte del Gobierno nacional” en la toma del campo de la familia Etchevehere, al tiempo que apuntó contra el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

El radical también cargó contra el dirigente Juan Grabois, a quien calificó como “un provocador profesional” y lamentó que “la Justicia haya resuelto avalar la usurpación”.

“Tengo una enorme preocupación porque esto implica un atropello y una violación a la propiedad privada”, sostuvo. En tanto, aseguró que los productores “están en alerta máxima porque lo viven como un anticipo de lo que puede pasarles, y este ha sido el motivo por el que han decidido movilizarse”.

El entrerriano sostuvo: “Han elegido una mala provincia para plantear esta discusión cultural. Entre Ríos es un lugar de gente de trabajo, de paz y respeto, pero también sabe defender sus derechos. No se trata de defender a una familia, sino las normas, la Constitución, el derecho a la propiedad privada”.

“Además quienes usurpan están atentando contra uno de los sectores que el país necesita que funcione para generar trabajo y recursos, y situaciones como estas pone en peligro la seguridad jurídica”, consideró.

Sobre Grabois, la cara visible del denominado ‘Proyecto Artigas’, Benedetti aseveró que el militante “merece el repudio de toda la gente que cree en el trabajo y que sabe que a pesar de las dificultades se puede sacar adelante a este país”. “Grabois está haciendo un enorme daño en el tejido social argentino”, agregó.

También, el legislador cuestionó “el silencio oficial que hay tanto a nivel nacional como provincial” y remarcó que es necesario que haya “un claro posicionamiento de todas las autoridades”. “El que calla otorga y las señales que están dando son muy preocupantes”, advirtió.

“Como ha pasado en otras tomas, hay una preocupante complicidad del Gobierno nacional, que le da respaldo político a este accionar. No se trata de la aventura individual de algunos trasnochados, tiene el soporte de algunos sectores oficiales que están acompañando como si esto fuera una patriada, sin respetar la autonomía de las provincias ni al propio gobierno provincial. Lamento el papel de Bordet, que está dejando intervenir a actores nacionales en un caso que es de jurisdicción provincial”, lanzó.

Un grupo de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los entrerrianos Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por “la participación de funcionarios nacionales en hechos relacionados con la usurpación del ‘Establecimiento Casa Nueva’ en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos”, perteneciente a la familia Etchevehere.

Precisamente, los legisladores solicitaron “la justificación de la presencia” de la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Carpineti; y de la titular del INADI, Victoria Donda. Además, mencionaron al dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

En el proyecto, los opositores consultaron si la presencia de las funcionarias “responde a directivas emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, otra dependencia del Poder Ejecutivo o si actuaron por cuenta propia”.

“A partir de la bendición a las usurpaciones y las tomas de tierra por parte del oficialismo, se construyen escenarios en los cuales personas inescrupulosas sacan provecho personal o sectorial, económico, mediático y/o político”, apuntaron en los fundamentos.

Los senadores dijeron que “la acuciante necesidad insatisfecha de viviendas de muchas personas ha sido manipulada para irrumpir en la propiedad privada para proveer supuestas soluciones que no son más que acciones directas de carácter populista que sólo generan caos, perpetúan la pobreza y avanzan contra la Constitución Nacional”.

“Resulta imperioso conocer el carácter de la acción de los funcionarios involucrados en las tomas y dar a conocer la posición del Gobierno Nacional en relación con la protección de la propiedad privada y del Estado de Derecho”, completaron.

En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR), que acompañó el proyecto de resolución, sostuvo que “la presencia y participación de estos funcionarios públicos no puede ser leída de otra manera que como un aval del Gobierno Nacional. Es un avasallamiento liso y llano de la Constitución que no hace otra cosa que contribuir al estado de caos y división interna”.

Tras el rechazo de la Justicia a desalojar el terreno de la familia de Luis Etchevehere, exministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron este viernes al Gobierno que “actúe rápido y que lo haga bien antes de que debamos lamentar la profundización de un conflicto gratuito y decadente”.

La bancada encabezada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) emitió un comunicado titulado “Basta de usurpar”, en el que expresan su “más enérgico repudio ante las usurpaciones de tierras en distintos lugares del país” y solicita “con carácter de urgencia la intervención del Gobierno nacional, a los efectos de preservar el derecho a la propiedad privada y aventar, al mismo tiempo, cualquier hecho violento que ponga en riesgo la tranquilidad pública”.

“Las constantes usurpaciones ocurridas en los últimos días son consecuencia de la desidia oficial, que deviene en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho”, consideraron.

Los legisladores señalaron que “cuando un gobierno duda en hacer cumplir la ley y en auxiliar a la Justicia para hacer valer los derechos constitucionales, ingresamos en un terreno conflictivo de resolución azarosa. Porque se pone en juego la legitimidad en el ejercicio del poder y la incertidumbre se apodera de los diversos actores económicos y sociales, perjudicando el trabajo, la producción y el desarrollo sostenible de la Argentina”.

“Observamos con sorpresa la falta de reacción de la administración central cuando el delito se expande por todas partes. Las usurpaciones de tierras son señales de inseguridad legal que dañan la credibilidad del Gobierno nacional. Nosotros deseamos contribuir a la solución del problema desatado en un momento crítico de la pandemia y de volatilidad cambiaria”, continuaron.

Los opositores opinaron que “la sociedad demanda un mensaje sereno, firme y apegado a la tradición jurídica que establece nuestra Constitución”. Por otra parte, afirmaron que las fuerzas de seguridad “necesitan directivas precisas para la prevención de las usurpaciones de tierras y ello es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es en este sentido que apelamos a la racionalidad política de la coalición gobernante”.

“Las únicas víctimas son los ciudadanos usurpados y los victimarios son los usurpadores. Nunca nada estuvo tan claro a la vista de todos como para dejarlo en manos de la prepotencia de una minoría trasnochada que lesiona la democracia y la paz de los argentinos“, apuntaron.

Y para concluir, los diputados pidieron que “el Gobierno actúe rápido y que lo haga bien antes de que debamos lamentar la profundización de un conflicto gratuito y decadente”. “Estaremos siempre del lado de la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la ley que garantiza derechos y libertades sin exclusivos partidarios ni divisiones estériles”, añadieron.

Desde la Coalición Cívica ARI le exigieron al Poder Ejecutivo Nacional que “deje de promover la toma de tierras y campos”, como viene ocurriendo en distintos lugares de nuestro país, y que “ejerza su autoridad y garantice el derecho a la propiedad privada y su inviolabilidad”. 

“Vemos con mucha preocupación cómo el Estado se abstiene del cuidado y de hacer respetar los bienes y la vida de las personas” expresaron desde la CC-ARI. 

Y concluye el comunicado: “Es inadmisible que el Estado mire para otro lado o fomente este tipo de acciones ilegales”. 

El intendente de Olavarría Ezequiel Galli adelantó que la Justicia analiza las cámaras de seguridad y que si es necesario presentará la denuncia personalmente, ante el intento de toma del edificio de la municipalidad por parte de militantes de la agrupación Mesa de Emergencia.  

El jefe comunal puntualizó que “la Justicia está revisando cámaras de seguridad e hicimos la denuncia porque hubo daños al patrimonio municipal, al edificio, así que si tengo que hacer la denuncia personalmente lo voy a hacer porque hay que respetar la propiedad del Estado y la privada”. 

Cabe recordar que un grupo de personas que integran la denominada Mesa de Emergencia, integrada por organizaciones sociales y sociedades de fomento, ingresaron al hall del Palacio Municipal de Olavarría para exigir soluciones habitacionales al intendente del Pro.  

La misma agrupación acampa hace más de 20 días por el mismo tema frente al edificio municipal. “Ahora entraron, hicieron una sentada y dijeron que se iban a quedar hasta que yo los atienda, yo lógicamente por extorsión no iba a atenderlos”, explicó Galli.  

Galli, aclaró luego que la policía y el fiscal de turno invitaron “a retirarse pacíficamente” a los manifestantes, pero que no respondieron, y que el reclamo “se terminó mezclando con otra marcha, por un tema policial”, que terminó en un desalojo por parte de la fuerza, en el que se rompieron vidrios y arrojaron piedras.

Para el intendente, en el reclamo “tuvo que ver la toma de tierras, ya que hemos evitado algunas usurpaciones de tierras privadas y públicas y no vamos a ceder ante este tipo de acciones. Es preocupante y tenemos que estar muy firmes”, concluyó.

Los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Entre Ríos solicitaron a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial y a los jueces competentes que se tomen las medidas necesarias y urgentes para evitar la multiplicación de toma de tierras de las que ciudadanos entrerrianos están siendo víctimas, y se lleven adelante las acciones necesarias para desalojar las ya usurpadas.

“En el marco de la premeditada inacción del Gobierno nacional y el fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio Gobierno y hasta detentan cargos en él, esta modalidad se ha transformado en una pandemia nacional y no cabe más que deducir la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada”, advirtieron los diputados y senadores nacionales, que señalaron sobre el gobierno de la provincia de Entre Ríos que “parece seguir el mismo mandato o formar parte del mismo plan, aplicando idéntica mecánica”.

A través de  una nota suscripta por los senadores Alfredo De Angeli y Stella Olalla, y los diputados nacionales Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Gabriela Lena y Gustavo Hein, recuerdan que la Constitución establece que “la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sin sentencia fundada en ley”, y advierten que “más allá de los intereses de los propietarios brutalmente usurpados en todo el país, la exigencia de los abajo firmantes se basa en la convicción indeclinable de hacer cumplir la Ley Fundamental en todo el territorio de la Nación”.

Advierten los legisladores que la prevención de estos hechos está a cargo de las fuerzas de seguridad que siguen los mandatos del Poder Ejecutivo. “Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas. La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad”, agregan.

“La ausencia del Estado en la custodia de derechos constitucionales fundamentales genera un severo riesgo para la paz social, resulta una declinación inadmisible del uso de la fuerza legítima que los ciudadanos delegaron en el Estado y pone a la sociedad en un estado de indefensión que no puede sostenerse frente al tumulto usurpador”, puntualiza el comunicado en el cual los diputados y senadores de Juntos por el Cambio condenan y lamentan estos hechos, y exigen además “el inmediato cumplimiento del mandato constitucional de custodia de los derechos básicos de los ciudadanos”.

Los legisladores nacionales creen que los resortes estatales correspondientes “deben poner un freno a esta situación y restablecer a la mayor brevedad posible la plena vigencia del Estado de Derecho”. 

“Esperamos la pronta acción de la Justicia en las situaciones que se están planteando en la Provincia de Buenos Aires, la Patagonia y Entre Ríos”, concluyen.

El diputado nacional de JxC Alberto Asseff pidió que el Gobierno informe, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los hechos acontecidos en la zona de El Foyel, Bariloche, provincia de Río Negro, por los cuales personas identificadas como integrantes de la “Lof Gallardo Calfú”, de descendencia Mapuche, “han usurpado 600 hectáreas, en nombre de la reivindicación ancestral posiblemente avalados por el organismo aquí peticionado”. 

Asimismo, el diputado reclamó que se informe sobre cuál es la documentación emitida por el INAI por la cual este grupo “se ampara para ejercer estos actos de violencia” y si la ministra Losardo solicitó al presidente del INAI explicaciones sobre el hecho. 

El titular del Partido UNIR solicitó además que se informe al respecto “de la conexión entre las políticas del INAI y la toma de tierras”, así como conocer la identidad de las personas que están usurpando en nombre de la autoproclamada “Lof Gallardo Calfú”. 

Por último, Asseff pidió información sobre las políticas de seguridad federal instrumentadas “ante el avance violento y constantes amenazas de estos grupos”. 

“Es inadmisible pensar que en un Estado de Derecho exista un grupo radicalizado que utiliza la violencia sometiendo a toda una población y gobiernos democráticos para hacer respetar sus arrojados y no probados derechos”, concluyó Asseff. 

Acompañan el proyecto Alfredo Schiavoni; Luis Pastori; Carolina Castest; Pablo Torello; María Luján Rey; Adriana Cáceres; Gerardo Cipollini; Lorena Matzen; José Luis Patiño; Jorge Enríquez; Martin Grande; Estela Regidor; Héctor Stefani; Lidia Azcarate y Juan Aicega. 

Además, son adherentes: Marcelo Orrego; Ignacio Torres; Gonzalo del Cerro; Alicia Terada y Hernán Berisso.

Diputados nacionales y provinciales del bloque Pro visitaron los predios tomados en la localidad de Guernica. En el lugar fueron recibidos por el concejal del Pro de Presidente Perón y vecino de la usurpación, Guido Giana, que está protegiendo su terreno para evitar que sea ocupado.

Durante la visita, el presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, advirtió que “la demora del desalojo en Guernica es una radiografía de lo que hoy prevalece en la administración provincial, patear todo para adelante. Lo que pasa en Guernica es una mala señal al conjunto de la sociedad. El Estado debe contener a estas familias que llegaron a tomar esta medida sin descuidar a quienes trabajaron duro para comprar la tierra”.

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Alex Campbell aclaró que “no es la primera vez que vengo a la toma de Guernica” y consideró “lamentable lo que está sucediendo y se replica en varios lugares de la Provincia. El Gobierno tiene que dar respuestas inmediatas dentro del marco de la ley. Las tomas son un delito, el Estado tiene que actuar en consecuencia”.

Por su parte, la diputada nacional María Luján Rey dijo que “la toma de Guernica no es la única en la provincia y es lamentable que existan grupos que con sus intereses interfieren sin permitir encontrar solución rápida como lo requiere esta situación, tanto para quienes están en esta circunstancia como para quienes a través de su trabajo son propietarios de sus tierras”.

La diputada provincial Carolina Píparo agregó que “ya pasó más de un mes desde que la Justicia ordenó el desalojo en Guernica, que en su mayoría está vacío. Si la Provincia no tiene los medios, que se los pida a Nación, porque detrás de la negligencia política hay un delito ocurriendo, que además genera inseguridad a todos los vecinos de la zona. No hay que entrar a la fuerza para desalojar el predio, pero sí es necesario que el Presidente y el gobernador den una señal clara de apego a la ley, y no de apañamiento al delito. La Argentina del ‘siga, siga’ no es el camino”.

Por otra parte, la ex asesora del ministerio de Seguridad Nacional Florencia Arietto, que también estuvo presente, afirmó que “Guernica tiene que ser desalojado sin más dilataciones, es urgente para la paz social aplicar la ley y restablecer el orden”.

Además, estuvieron presentes los diputados nacionales del Pro Adriana Cáceres y Mercedes Joury; los diputados provinciales Matías Ranzini, Susana Lázzari, Guillermo Sánchez Sterli, Juan Carrara y Andrea Bosco; el senador provincial Owen Fernández, y el presidente del Pro en Ituzaingó, Gastón di Castelnuevo.

La diputada bonaerense del Partido Fe Natalia Sánchez Jauregui presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para que la restitución provisoria de los inmuebles usurpados a sus dueños sea resuelta como medida cautelar en el plazo de 10 días; permitiéndose así que los damnificados afronten la duración del juicio dentro de sus propiedades y no afuera. 

“Las recientes tomas de tierras nos hicieron notar que, actualmente, en la legislación vigente los fiscales tienen la facultad, pero no el deber, de solicitar la restitución de los inmuebles a sus dueños. Por su parte, los jueces no tienen plazo para resolver si hacen lugar o no a la restitución de la propiedad”, señaló Sánchez Jauregui. 

Con la modificación propuesta por Sánchez Jauregui, los fiscales deberán solicitar la restitución y los jueces contarán solo con 10 días para resolver la cuestión. Con ello se ganará celeridad, a la vez que se contribuirá a una respuesta oportuna a la demanda ciudadana, en cuanto la misma reza que justicia lenta no es justicia. 

Sánchez Jauregui pidió a sus colegas legisladores “avanzar de manera urgente con este proyecto” que toma mayor relevancia por las últimas tomas en el sur bonaerense. 

Ante el inminente desalojo en la localidad de Guernica, los seis diputados nacionales de la UCR por la provincia de Buenos Aires le reclamaron al gobernador Kicillof que se realicen políticas efectivas de acceso al suelo urbano, “como manera de paliar la crisis habitacional, garantizar el derecho de propiedad y descomprimir los conflictos ocasionados por la proliferación organizada de tomas de tierras”. 

“Entre la represión como amenaza y la tolerancia indulgente, lo que necesita nuestra provincia es desplegar políticas públicas que faciliten el acceso al suelo urbano. Desde ya que es un camino más complejo y esforzado que las actitudes y declaraciones demagógicas, pero si no lo encaramos la situación de las tomas ilegales se volverán cada vez más recurrentes y difíciles de solucionar”, aseguraron los legisladoras Daniel Salvador, Karina Banfi, Josefina Mendoza, Carlos Fernández, Miguel A. Bazze, y Fabio Quetglas. 

Asimismo, señalaron que la actual situación es “paradojalmente mala para todos los actores, los propietarios se sienten vulnerados, los ocupantes, muchas veces víctimas de manipulaciones políticas resisten en condiciones inhumanas, y el Estado lo único que hace es política mediática”. 

En este sentido, indicaron que ya existe un proyecto de ley que propone la creación de un Fondo de Urbanización Social, que espera ser tratado en la comisión de vivienda y planificación urbana de la Cámara de Diputados. “Allí se plantea la creación de un Fondo de Urbanización Social que le permita al gobierno Federal junto a los gobiernos locales, adquirir tierras linderas a las localidades de menos de 300 mil habitantes con el fin de transformarlas en suelo urbano y poder venderlas con criterios que aseguren un acceso amplio y legal a las tierras, con los servicios básicos incorporados”, manifestaron. 

“No es razonable ni la extorsión ante los hechos consumados ni la pasividad política frente a este tipo de situaciones. Argentina debe darse una política sostenida de generación de suelo urbano bien concebido, donde los beneficiarios del acceso lo puedan pagar con un sistema financiero lógico, para acceder a un título de propiedad. Hay experiencias de este tipo en muchas localidades de la Argentina. Hacerlo requiere de una decisión política”, concluyeron los y las diputadas radicales. 

El diputado nacional Luis Petri, junto a legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto que aumenta las penas e incluye agravantes en el delito de usurpación. “Es imprescindible proteger y garantizar la propiedad de acuerdo al mandato constitucional, la reforma contribuirá a garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica”, consideró el legislador radical. 

El proyecto prevé penas de 1 a 4 años para el delito de usurpación simple, en el supuesto de que concurran agravantes de 2 a 6 años y si además hubiese ánimo de lucro la pena va de 4 a 8 años de prisión. 

Petri indicó que “el Código Penal vigente no prevé ni agrava los casos de usurpaciones, por ello el proyecto incorpora los siguientes supuestos: con armas de fuego, explosivos o sobre inmuebles del Estado o destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación o inmuebles pertenecientes a Parques Nacionales; o cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad; o el hecho se cometiere en despoblado y en banda; o a quienes organicen, financien, faciliten o dirijan la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada”. 

En ese sentido, aseguró que “es fundamental sancionar severamente a las bandas que organizan la toma de tierras y que lucran con las necesidades de la gente y venden los terrenos usurpados haciendo loteos clandestinos de los mismos”. 

En la actualidad, el delito de usurpación en nuestro Código Penal tiene una pena que va de los 6 meses a los 3 años, de aprobarse el proyecto, para la figura simple se incrementa a 4 el máximo y 8 años en el caso de las figuras agravadas que incorpora el proyecto. 

Petri consideró que “el Estado debe impedir las usurpaciones ya que consentirlas es admitir su fracaso y el rompimiento del contrato social que une a los argentinos. Es una grave afectación al derecho de propiedad protegido constitucionalmente”. 

“Para prevenir las usurpaciones es imprescindible una activa política de viviendas por parte del Estado Nacional, cumpliendo el mandato del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, garantizando el acceso a una vivienda digna. Cuando se cometen las usurpaciones, además de violar expresamente el Código Penal, violan el artículo 14 de la Constitución cuando dispone y consagra el derecho a usar y disponer de la propiedad y el artículo 17 cuando determina que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, solo autorizando restricciones a la misma por expropiación por causa de utilidad pública”, concluyó el diputado. 

Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Soledad Carrizo, Sebastián Salvador, Juan Martín, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Gustavo Menna,  Mario Arce, Luis Pastori, Victor Hugo Romero, Gerardo Cipollini, Estela Regidor, Ximena García y Fabio Quetglas. 

Intendentes del conurbano bonaerense negaron este lunes que exista malestar entre los jefes comunales por la presunta negativa del Gobierno provincial en repartir el porcentaje de la Coparticipación Federal que le cedió el presidente Alberto Fernández al distrito luego de quitarlo a la Ciudad de Buenos Aires.

Alberto Descalzo (Ituzaingó); Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo) ofrecieron una videoconferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).
Al ser consultados sobre las versiones que daban cuenta del supuesto enojo de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof, que habría sido expuesto durante una reunión con la ministra de Gobierno, Teresa García, los tres negaron de forma tajante esa posibilidad.

“La reunión existió y se hizo en Ituzaingó, pero a diferencia de lo publicado fue muy buena, con mucho contenido y con una síntesis clara”, expresó Descalzo, quien ofició de anfitrión de ese encuentro del que participaron la mayoría de los jefes comunales de la primera sección electoral.

Agregó que “siempre hay autocríticas y las va a haber, pero son reiterativas las publicaciones sobre que estamos enojados con el gobernador y eso no es cierto. Y además estamos muy contentos con la decisión del presidente Alberto Fernández porque abre la posibilidad de hacer una inversión muy importante para la seguridad de todos los municipios, con obras y equipamiento que seguramente se irá viendo en el corto plazo”.

A su turno, Menéndez valoró que el presidente “haya asumido el costo político” de su decisión, que “de ninguna manera tiene por objetivo perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires o a Cambiemos, ya que hay más de 50 municipios en la provincia que son gobernadas por esa fuerza”.
“Solo se trata de sacarle un poquito a los ricos para darle a los pobres, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, a quien podríamos llamar Hood Robin porque le sacó a los pobres para darle a los ricos”, subrayó.

Más adelante, Zabaleta destacó que dentro del plan de seguridad lanzado en las últimas semanas y reforzado con el retoque en la Coparticipación Federal, “24 municipios recibiremos 7.500 millones de pesos a repartir de acuerdo a la cantidad de habitantes, y esa decisión sin duda marcará un antes y un después en cuanto a la seguridad provincial”.

Respecto al conflicto policial y la continuidad del ministro Sergio Berni en el cargo, los intendentes coincidieron en señalar la “gravedad institucional” que tomó el reclamo salarial cuando un grupo de efectivos decidió rodear la residencia de Olivos, aunque advirtieron que eventuales cambios en el gabinete son resortes exclusivos del gobernador.

“Lo que sí queremos aclarar es que es mentira que se esté confabulando en contra del gobernador o de un ministro”, precisó Menéndez, quien en contrapartida denunció que “hay sectores de la oposición que intentan permanentemente socavar la imagen del presidente o el gobernador”.

En ese sentido, y al retomar el tema del conflicto policial, Menéndez opinó que “se deberían tomar medidas con aquellas personas que se extralimitaron con una protesta de origen salarial, que era justa, pero que luego se desvirtuó”.

Por su parte, Descalzo volvió a rechazar diferencias con el gobernador Kicillof y afirmó que “nos quieren ver peleados, pero los peronistas ya hemos aprendido que cuando nos dividimos perdemos, y por lo tanto decidimos trabajar juntos, porque recibimos una provincia con problemas de educación, salud, con el campo, etc, y por eso trabajamos para proponer temas que nos lleven a una salida” favorable para los bonaerenses.

“Un gobierno no es un grupo de amigos, aunque mejor sí podemos serlo, pero lo que se comentó en un diario no sucedió y estamos todos comprometidos en resolver rápidamente el tema de la seguridad porque cada vez hay menos excusas para hacerlo”, reafirmó Zabaleta.

Contra las tomas de terrenos

Los jefes comunales rechazaron de plano que las ocupaciones de terrenos sean la forma que tengan las familias carenciadas de poder llegar a la vivienda propia.

“Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, afirmó Descalzo, al tiempo que aclaró que el problema “es que a veces la justicia se la hace difícil al propio estado para poder resolver” esas instancias.

Agregó que “el Estado y el Gobierno deben estar presentes ante la demanda de vivienda y no se puede dejar esa demanda en manos de cualquiera porque sino termina siendo del que es más guapo, y la cuestión después viene cuando se meten en un terreno y luego no tienen agua, luz, ni cloacas y le reclaman al intendente que se los resuelva”.

Por su parte, Menéndez informó que en Merlo “hay dos o tres tomas diarias, con el agregado que algunas son muy violentas” y puso como ejemplo el caso de una ocupación en la que los intrusos “formaron un escudo con chicos y por encima de ese escudo agredían a la policía”.

“Cometer un delito no se puede ser la forma de llegar a un terreno propio y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, más allá que como gobernantes luego debamos tener en cuenta esa necesidad que tiene un sector de la sociedad”, agregó.

Más adelante, sostuvo que “no hay soluciones mágicas porque a veces los terrenos que se ocupan son inhabitables por ser zonas inundables o estar en los sectores más alejados donde no hay custodia policial y lo que pasa muchas veces es que se ocupa el terreno, se divide y al mes van a la intendencia a pedir que le ponga tosca a las calles, una escuela o una posta policial”.

Con la presidencia del senador nacional Alberto Weretilneck, y la participación de los dieciocho intendentes de Juntos Somos Río Negro, la Mesa Provincial del partido, con todos sus miembros presentes, sesionó por espacio de tres horas.

La reunión comenzó con un amplio análisis del crecimiento de Juntos como partido provincial, los desafíos a enfrentar en este periodo y un mensaje para “superar” las limitaciones que impone la pandemia. Se destacó la oportunidad de trabajar puertas adentro del partido “en un ámbito de confianza que cobija las coincidencias y diferencias entre los integrantes”.  

A continuación, se debatió la realidad sanitaria, social y económica producida por el Covid 19. Cada líder comunal dio a conocer las acciones que desarrolla en este contexto de lucha contra la enfermedad que está marcando el primer año de gestión. Se valoró la amplia red de apoyo que ha dispuesto el gobierno provincial, destacando el trabajo de cada área del ejecutivo con los municipios, y se consideró muy importante la colaboración mutua para afrontar decisiones en esta situación inédita.  

También fue motivo de análisis la tensión entre salud y desarrollo de la economía local y regional, situación que afecta en mayor medida a las economías ligadas a servicios no esenciales. 

Luego se puso en análisis la toma de tierras en diferentes municipios. Se coincidió en que es necesario llevar adelante acciones conjuntas para evitar este delito. “Las tomas y amenazas de toma se han multiplicado en el país y lo mismo ocurre en nuestros municipios”, manifestaron los intendentes de Bariloche, Cipolletti, Viedma, Choele Choel, San Antonio, y, por supuesto, el intendente Pogliano de El Bolsón, quien expresó su “total rechazo” a la determinación del juez Gustavo Zapata en el caso de la ocupación ilegal de tierras del Mirador del Azul. 

En este punto, se acordó realizar una denuncia conjunta a dicho juez, quien se niega a indicar acciones de desalojo, y, le impone al municipio que en 15 días encuentre nueva vivienda a 130 personas. Las preguntas que surgieron de inmediato fueron: “¿Con qué información de la realidad opera el juez? ¿Cuáles son los marcos legales que guían su decisión? Dónde vivían estas personas antes de trasladarse a las tierras del Mirador? “ 

Los dieciocho intendentes coincidieron en rechazar las tomas “por ser ilegales y dañinas para la sociedad en múltiples sentidos”, asimismo expresaron que “el déficit de viviendas es un tema para trabajar en los tres niveles de estado y se están promoviendo soluciones”.  

Para cerrar la reunión se profundizó la idea de “afrontar el día a día hasta que la enfermedad no sea una amenaza para las personas y pensar en la reinvención de los programas de gobierno a la luz de lo aprendido y lo sufrido por la población en este año”.

El diputado nacional Héctor “Toty” Flores (CC-ARI) se refirió este miércoles a las tomas de terrenos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y sostuvo: “Estamos sospechando que detrás de todo esto hay bandas de narcotráfico que toman estos lugares donde el Estado no entra, y eso hace que sea mucho más peligroso que otras tomas y algunos pícaros de la política se aprovechan”.

Para el dirigente social de La Matanza, “algunas personas van por necesidad” pero “otros son bandas de delincuentes que hacen negocio”. En ese sentido, dijo que esos grupos organizan las usurpaciones y venden los cables de luz “a 30 mil pesos”.

“En realidad ya los tienen comprados. Hay una organización detrás que pone el dinero para la logística”, señaló en declaraciones a CNN Radio.

El legislador de Juntos por el Cambio explicó que para que una toma sea efectiva “necesita la complicidad de algún funcionario del municipio o la provincia que le señala que ese terreno tiene un problema de titularidad, que no han pagado los impuestos los dueños o ha entrado en sucesión”.

De esa manera, “no pueden hacer un reclamo rápido de desalojo y se gana tiempo para que entren familias”, indicó.

“En la toma de terrenos sincronizada en todo el conurbano es evidente que hay una organización detrás”, aseguró y analizó que en estas situaciones “hay mucha ligazón” de factores y “es complejo”.

Por otra parte, Flores manifestó que también sospecha que organizaciones de narcotráfico instaladas en los barrios se involucran en la ayuda alimentaria a los vecinos, porque al lado de los comedores tradicionales “se arma una olla popular que tiene todos los elementos para sostenerse por mucho tiempo”.

“El Gobierno tiene que tomar medidas contra esta cuestión de la política ligada al delito y empezar a hacer presencia preventiva” en los lugares donde podría producirse una toma, consideró.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, admitió que en su distrito se han registrado algunos intentos de tomas de tierras de propiedad privada. 

En declaraciones a “Todo Este Ruido” por Radio Provincia indicó que “estamos tratando de generar la modalidad de alerta temprana para que se respete la ley”. 

Nardini precisó que “se comprende la problemática del déficit habitacional, pero en la gestión anterior no se trabajó mucho”, en la materia. 

Destacó que “hay que trabajar en coordinación con Nación para dar respuesta, pero tampoco se puede avalar la toma de terrenos”. 

El intendente de Malvinas Argentinas sostuvo que no sabe “quién organiza las tomas, pero alguien las organiza, porque no son personas vecinas del lugar que ocupan terrenos. Alguien las termina trasladando y dándole la información de que no va a pasar nada”. 

En el marco de la tensión por las tomas de tierras, presentan un proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Urbanización Social, con el objetivo de facilitar a las municipalidades la generación de suelo urbano y producir empleo en las ciudades menores de 300 mil habitantes.

El plan aspira a mejorar las oportunidades de acceso al suelo a los sectores de ingresos medios bajos y bajos y se propone como una solución al problema que plantean la toma de tierras. Su autor, el diputado Fabio Quetglas (UCR-JxC), manifestó que “las tomas son un tema de seguridad, no solo por la tensión que generan, sino por las circunstancias en las que niños y ancianos acampan por semanas. Es obligación de las autoridades gestionar la emergencia y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

El Fondo de Urbanización, busca contribuir a resolver el déficit habitacional; y además, el acceso a la propiedad puede operar como un organizador demográfico para evitar la conurbanización patológica. “La generación masiva de suelo urbano es parte de la solución, porque con una tasa de inversión accesible, genera empleo, estimula el arraigo y se bajan los niveles de tensión social. Además, estimula una cultura de inversión pública y privada, manifestó Quetglas.

“Las tomas”, que generalmente constituyen barrios en lugares inadecuados, generan tensión y vulneran el derecho de los propietarios, requieren de una política sostenida en el tiempo, que vincule responsabilidad colectiva y esfuerzo individual.  El proyecto de ley espera tratamiento en la Comisión de Vivienda y Planificación Urbana de la Cámara de Diputados, además de haber sido presentado la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.

Con la firma de los principales referentes del PRO bonaerense, el diputado Alex Campbell, integrante del bloque de JxC, presentó un proyecto de ley que plantea “limitar la asistencia” a personas y organizaciones sociales que participen “de las tomas de terrenos y propiedades”.

“Le estamos pidiendo al gobernador Axel Kicillof que no sean cómplices de las usurpaciones, que reaccionen frente a un delito que se extiende en nuestra provincia”, dijo el diputado opositor y brazo legislativo de la ex gobernador María Eugenia Vidal.

El diputado opositor hizo uso de los cinco minutos para insistir en el tratamiento de la iniciativa, sabiendo de la negativa del bloque oficialista del FdT que comanda Facundo Tignanelli a avanzar en el tratamiento “sobre tablas” del expediente.

“El objetivo del proyecto de ley es desincentivar la toma de tierras quitándole los planes sociales a aquellas personas u organizaciones que promuevan o participen de las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires; esa es la iniciativa de nuestro bloque que, lamentablemente, el oficialismo no quiso tratar ‘sobre tablas’ como lo solicitamos por la urgencia del tema”, dijo el diputado Alex Campbell que reclamó una “respuesta ya para los bonaerenses” y deslizó “el silencio es ausencia, abandono y complicidad”.

El proyecto de ley presentado expresamente limita “la prestación de Programas de asistencia provincial a personas y Organizaciones Sociales que participen y/o fomenten usurpaciones de terrenos o propiedades en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Más adelante agrega que “la restricción al acceso de asistencia por parte del Estado provincial en los casos mencionados, tendrá una duración de 2 años una vez que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.

Para los legisladores que presentaron la iniciativa “resulta preocupante el creciente número de casos de usurpaciones y tomas de terrenos”.

La negativa del oficialismo se desarrolló en silencio, pero el diputado independiente que funciona como aliado del FdT, Mario Giacobbe, mostró una parte del argumento “de resistencia”, los planes no pueden ser “un premio o un castigo para un chico de cinco años que tiene que ir con su madre a armar una casilla en una toma”, al tiempo que reclamó caer con todo el peso de la ley a aquellos que “delinquen con estas necesidades”.    

Los opositores enumeraron que “en las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas de terrenos en La Plata, San Fernando, La Matanza, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo, Marcos Paz, entre otros” distritos del conurbano.

Los legisladores opositores recordaron, además, que la legislatura, recientemente, sancionó la Ley 15.172 suspendiendo las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales hasta el 30 de septiembre a fin de eliminar desalojos habitacionales durante la crisis sanitaria, como para evitar estas acciones.

 “No puede haber ninguna duda: el Estado tiene que estar siempre del lado de la ley”, dijo Campbell.

El diputado bonaerense Julio Pereyra (Frente de Todos) dijo hoy que “no” está de acuerdo con la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y, en ese plano, advirtió que en el caso de lo ocurrido en distintas zonas del conurbano, se mezclan ¨la necesidad real de mucha gente de tener un terreno con grupos de indeseables que quiere ganar plata” con esa situación, y nombró entre ellos a personas vinculadas al narcotráfico.

¨Estamos intentando generar un esquema que permita cortar lo que está pasando ahora, porque fue muy fuerte lo que ha sucedido en Guernica, ya que no puede ser que hayan ocupado tantas hectáreas (15) y nadie haya visto nada. Lo mismo pasó en San Fernando¨, agregó.

El legislador ofreció este miércoles una conferencia de prensa en exclusiva para los miembros de APeRa, oportunidad en la que denunció que en las tomas “se ha metido gente indeseable que intenta ganar plata diciendo que le va a resolver un tema de tierra a necesitados. Hay abogados, contadores y también algunas personas que quieren regentear las adicciones en esos lugares¨. ”No estoy de acuerdo con la toma de tierras”, enfatizó el ex intendente de Florencio Varela y ex intendente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

¨La propiedad privada hay que respetarla, pero también hay que entender la demanda social de mucha gente a la que le está faltando la vivienda¨, aclaró Pereyra, pero remarcó que para frenar la ola de ocupaciones actual ¨primero hay que detectar quienes son los manipuladores, que no lo hacen gratis¨.

El legislador explicó que en Florencio Varela, donde fue intendente por 7 períodos, trabaja con el actual jefe comunal Andrés Watson en la continuidad del Consejo de Tierras, que puso en marcha durante su gestión.

En ese ámbito, ¨trabajamos con la participación de la Pastoral Social, concejales de oficialismo y oposición, y gente preparada para tratar con los propietarios y con los que están usurpando la tierra. Eso lo estoy aconsejando en todos los municipios y ya Quilmes va a empezar a actuar de igual manera¨.

Ante una consulta sobre el tema de la inseguridad, el diputado bonaerense reconoció que “la violencia que se registra” en las calles “nos asusta a todos, nos preocupa” y admitió que “hay mucha reincidencia” de los delincuentes.  

“Tenemos que estar viendo cómo podemos ayudar para que cuando salgan (de la cárcel) les encontremos un trabajo para reinsertarse en la sociedad”, aseguró Pereyra, quien destacó la tarea que realizan algunos municipios como Lanús y Lomas de Zamora, que ¨articulan juntos en el combate a la delincuencia más allá de pertenecer a diferentes espacios políticos¨.

Pereyra elogió luego la intención del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof de ¨pensar para los tiempos de pospandemia, con el armado de programas para industria, trabajo e infraestructura¨, así como también la implementación de programas para la construcción de viviendas.

¨El coronavirus está lejos de haberse ido y tal vez estemos en el peor momento, pero tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para reconstruir la vida y el trabajo de todos cuando llegue la vacuna¨, finalizó.

Numerosos diputados de la oposición salieron al cruce de la postura de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que tomó distancia de la situación generada en el sur del país en torno a la toma de tierras. “¿Cómo puede decir, Sabina Frederic, que la toma de tierras no es un asunto de seguridad?”, se preguntó el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo. Y agregó: “Las usurpaciones se dan entre armas, incendios y descontrol; si el Estado no toma cartas en el asunto, los vecinos quedan completamente desprotegidos”.

Asimismo sostuvo que “las tomas de tierras en distintas partes del país son un avance sobre la propiedad privada. Las fuerzas de seguridad deben garantizar los bienes, la vida y la seguridad de las personas. La actitud de la ministra no ayuda a combatir el delito. Lo incentiva”.

En el mismo sentido, el diputado radical Luis Petri señaló que “la misma ministra que denuncia penalmente a quienes se movilizan por la toma de terrenos, ahora dice que las usurpaciones no son tema de seguridad. Cuando se incurre en un delito, es usted quien debe intervenir y combatirlo, de lo contrario es proteger a los delincuentes”. Para el legislador mendocino, “los dichos de la ministra de Seguridad demuestran su falta de conocimiento, el Ministerio de Seguridad de la Nación nació con la toma de otras tierras, las del Parque Indoamericano en la gestión del kirchnerismo. Mirá si no es una cuestión de seguridad la toma de tierras”.

Por su parte, el diputado nacional Alberto Asseff rechazó y repudió la denuncia penal presentada por Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, por orden de la ministra de Seguridad, sobre la posible comisión de los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”, contra los vecinos de Villa Mascardi que se manifestaban en contra de la toma de tierras y demás hechos de extrema violencia que azotan a la localidad. Dijo “la decisión es insólita, absurda y vergonzosa. Es el país del revés”. Y agregó que “las autoridades deben garantizar la seguridad, el ambiente, los recursos naturales, la libre circulación y la propiedad privada -entre otros- ya que todo ello está siendo afectado por grupos violentos que atentan contra la soberanía nacional. Querer camuflar la improcedente denuncia bajo el argumento que posiblemente se ocasionen hechos de violencia por el reclamo legítimo es tan absurdo como la denuncia misma”, sostuvo.

Pedido de informes

A su vez, diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un nuevo pedido de informe al Ministerio de Seguridad de la Nación, para obtener información sobre la denuncia penal que iniciaron a ciudadanos que se manifestaban en contra de la toma de tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Además, solicitaron la presencia de la ministra Sabina Frederic en la Cámara de Diputados.

Los legisladores opositores reclamaron que el Poder Ejecutivo Nacional “indique detalladamente los motivos y consideraciones que llevaron a Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, a realizar una denuncia penal contra ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho de protesta”. También, solicitaron saber si la denuncia “se encuentra enmarcada en las tareas de ‘vigilancia y ciberpatrullaje en las redes sociales”’, mencionadas por la ministra Frederic.

Por otro lado, los diputados preguntaron si, desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, “se encuentra suspendido el derecho de libertad de expresión”, y cuál es el marco normativo por el cual este derecho “está suspendido, limitado y/o regulado de forma especial” durante este período.

Por último, el proyecto de resolución efectúa un pedido de citación para que la ministra Frederic concurra a la Cámara de Diputados de la Nación “con el propósito de detallar los motivos de la denuncia formulada por la cartera que dirige contra los ciudadanos de Villa Mascardi” y para “explicar los fundamentos de la política del Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de los acontecimientos ocurridos en esa localidad rionegrina y su vinculación con la protección del derecho de protesta”.

La diputada nacional Karina Banfi (UCR – Buenos Aires), una de las impulsoras de la iniciativa, afirmó que “necesitamos conocer en detalle toda la información sobre la denuncia que realizaron desde el Ministerio de Seguridad”. “La restricción del derecho a la libertad de expresión vulnera los principios sobre los cuales debe regirse una sociedad democrática. Exigimos saber en qué se basó el Ministerio de Seguridad para realizar esta denuncia”, señaló Banfi.

El proyecto presentado por Karina Banfi y Lorena Matzen cuenta con el apoyo de los diputados Claudia Najul, Federico Zamarbide, Gerardo Cipolini, Gonzalo del Cerro, Ana Carla Carrizo, José Luis Riccardo, Ximena García, Lidia Ascarate, Estela Regidor Belledone, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Fabio Quetglas y Aida Ayala, entre otros.

El diputado nacional del bloque JxC Alberto Asseff pidió al Gobierno nacional que informe cuál es la situación en el marco de los hechos de violencia y tomas de tierras que se están llevando a cabo en reserva forestal de Loma del Medio, localidad de El Bolsón, provincia de Rio Negro. 

Asseff explicó que “los hechos violentos en la zona de Bariloche no son una novedad, pues lamentablemente el país está siendo víctima de un grupo terrorista que, bajo la excusa de reivindicar derechos nativos, indígenas y sociales, acuden a la utilización de la violencia para imponer sus presuntas ideas y objetivos materiales. La Resistencia Ancestral Mapuche es un grupo radicalizado, liderado por Facundo Jones Huala- hoy detenido en Chile – que cree en la lucha armada como medio para reclamar por las tierras”. Y señaló que “el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, solicitó este fin de semana la intervención de la Justicia y de las fuerzas federales de seguridad para desalojar a más de un centenar de familias que ocuparon tierras en la reserva forestal de Loma del Medio el viernes pasado”. 

Asimismo, el titular del Partido UNIR recordó que el mes de mayo solicitó dos pedidos de informes por los hechos de violencia que se están produciendo en la zona del Lago Mascardi, Bariloche, provincia de Rio Negro. Y que “no ha recibido respuesta alguna, mientras el conflicto escala a niveles significativos”.

Por lo que el diputado nacional Alberto Asseff pidió al Gobierno nacional que “se expida sobre la razón por la cual aún no se ha desalojado a los ocupantes de reserva forestal de Loma del Medio”. Así como informar sobre la venta de las tierras que los ocupantes estarían intentando realizar. 

Acompañan el pedido los diputados Héctor Stefani, Luis Pastori, Julio Sahad, Lorena Matzen, Jorge Enríquez y Victoria Morales Gorleri. 

El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentó este lunes un proyecto de resolución por el cual se dispone “citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin que informe a esta Honorable Cámara sobre distintas cuestiones relacionadas con la situación de toma de tierras en la provincia de Rio Negro”.

Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que la ministra de Seguridad “defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada”.

“La ministra de Sabina Frederic no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado Argentino. La ministra en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta. Yo le recomendaría que haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender. El Ministerio de Seguridad le queda grande”, declaró el senador.

En la iniciativa, los legisladores recordaron que “con fecha 13/2/2020 en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se firmó el Acta Acuerdo entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales y el INAI, para construir la Meas de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos indígenas. Mediante este acta, las partes acordaron la constitución de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”.

Consultada la ministra en oportunidad de brindar informes por ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, respondió que esta Mesa misma “tiene por objetivo intervenir en los conflictos buscando respuestas consensuadas entre los actores involucrados”.

“Dicha mesa se ha conformado en el mes de mayo en la provincia de Río Negro para intervenir en conflictos con comunidades locales de pueblos originarios a pedido del gobierno provincial con representantes de todos los sectores involucrados”.

“A casi 9 meses de asunción de este Gobierno no sólo se ha puesto de manifiesto que este mecanismo ha sido ineficiente para la resolución de la situación, sino que se nos encontramos frente a una escalada de violencia preocupante en la región contra los pobladores y que se disemina al resto del país donde la práctica de la toma de tierras se está tornando habitual”, advirtió el senador Blanco, que agregó: “Es en ese marco de ausencia del Estado que los vecinos de Mascardi convocaron a un banderazo pacifico para visibilizar la situación y para pedir el imperio del orden y de la ley”.

“Contrario a lo que la lógica haría suponer el Ministerio de Seguridad, en lugar de abocarse a la solución del conflicto procedió a la denuncia penal de los vecinos por la posible comisión de los delitos de ‘instigación a cometer delitos’, ‘apología del crimen’ y ‘asociación ilícita’, todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación, desligándose así de su responsabilidad”.

Cabe recordar que la semana pasada, el senador Blanco presentó junto a los senadores Silvia Elías de Pérez; Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli, un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales – Parque Nacional Nahuel Huapi – por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia cordillerana argentina.

“Este es un tema que nos preocupa desde siempre. No constituye novedad. Lo nuevo y alarmante es la que la ministra no haga nada o proponga mesas de diálogo con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia”, manifestó el senador Blanco.

“Bueno sería que las autoridades dejen de apoyar por omisión a quienes están cometiendo delitos y no tienen el menor empacho en proclamar públicamente que las tomas de tierras continuarán hasta expulsar al último ‘Huinca’. Esto es francamente intolerable. Me pregunto si la Ministra tiene verdadera dimensión del cargo que ocupa y del problema que enfrenta. Sinceramente lo dudo”, finalizó el autor del proyecto.

Firmaron el proyecto para interpelar a la ministra de Seguridad los senadores Pablo Daniel Blanco, Luis Naidenoff, Martín Losteau, Esteban Bullrich, María Belén Tapia, Mario Fiad, Juan Carlos Marino, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Alfredo De Angeli, Laura Rodríguez Machado, Víctor Zimmermann, Silvia del Rosario Giacoppo, Julio Martínez, Roberto Basualdo, Gladys González, Stella Maris Olalla, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Costa, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.

Aliado del Gobierno nacional, el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck salió al cruce de la denuncia hecha por la ministra de Seguridad de la Nación contra vecinos de Bariloche que salieron a las calles para protestar contra la toma de tierras que se está dando en esa zona de nuestra Patagonia.

“La denuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que se manifestaron pacíficamente a favor de los ciudadanos que son atacados y violentados en forma sistemática por un grupo de personas encapuchadas autodenominadas integrantes de una comunidad mapuche que ocupan un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”, disparó el senador nacional.

“El no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros Símbolos Patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo que se autodenomina ‘Lof Lafken Winkul Mapu’ y ni siquiera está inscripto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”, denunció el legislador.

En ese sentido señaló que “pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en provincia de Buenos Aires”.

El exgobernador rionegrino afirmó que este conflicto “tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico. Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de la Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos”.

Weretilneck reconoció que el diálogo y la resolución pacífica es “el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto”.

A través de su cuenta de Twitter, Weretilneck le pidió a Sabina Frederic: “Señora ministra, no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores. Su gobierno tiene un problema mayor, en nuestro país se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas”.