El “rebrote” de COVID-19 en el mundo sacude a todos los países obligando a los gobiernos a tomar medidas de resguardo social desagradables, pero sumamente necesarias para la salud colectiva. En Europa, Navidad y año nuevo se vivieron con celebraciones muy acortadas y medidas de precaución acorde a los abrumadores índices de contagios. Papa Noel se presentó con barbijo y saludos distantes, alcohol abundante sobre los regalos que también sufrieron el castigo de una economía global limitada. Hasta los renos jalaban del trineo con tristeza contenida. El 2022 llegó con un masivo pedido de salud en los labios de una humanidad doliente.    

Ómicron se expande con un vértigo inusitado. Es una cuantiosa cascada de nuevos enfermos, con un personal de salud fatigado. Médicos, enfermeras, camilleros, choferes y asistentes exhaustos, ya con pocas fuerzas, luego de dos años de tremenda lucha y dedicación completa al combate del COVID-19.   

En nuestra patria, las colas para realizar testeos son tremendamente pobladas. Ya sea en Ciudad de Buenos Aires, provincias, la playa o cualquier otro lugar de vacaciones.   

Entre las doradas arenas de una Mar del Plata feliz, llena de turistas, tratando de gozar de merecidas vacaciones, existen puestos de provincia y municipio testeando a los ciudadanos que sienten síntomas de Coronavirus. Asistidos por aquel mismo personal de salud que no tuvo pausa, atendiendo a sus semejantes afectados. Médicos sin vacaciones y mal pagos. Con un triste fenómeno reinante, la agresión a quienes menos lo merecen, los trabajadores de la salud sufren la intemperancia de un sector de la población que parece exigirles “súper-virtudes” a la abnegada dedicación clínica de los médicos.   

¿Cómo llegamos de los aplausos devocionales de noche tras noche llenos de gratitud al personal sanitario, a los insultos, gritos y en ocasiones golpes a los que nos atienden y cuidan? ¿Será el agotamiento psíquico, sumado a las horas de espera impiadosas, parados bajo el abrazador sol de un enero singular?   

Jóvenes, viejos, mujeres y hombres padecen más de 10 horas de espera para que al final del tortuoso día no puedan ser atendidos por falta de tiempo o insumos. Esto desencadena una cruel violencia donde las víctimas suelen ser los que velan sin pausa por nuestro bienestar.  

 ¡Se establece una situación cruel de pacientes contra sanadores!  

Ómicron invade el ánimo cívico y en algunos casos arrasa con el débil “barniz” de cultura que algunos exhiben como un logro de la moderna civilización.    

El pase sanitario se torna una necesidad indispensable para cuidar a los que desean vivir en salud. Los no vacunados por “principios” o presuntas cuestiones conspirativas mundiales deben reconsiderar su actitud. El mundo no tiene más margen de tolerancia. La pandemia no espera, avanza sin piedad.   

El presidente Macrón ya no tiene más paciencia. Promete implementar un Pase Sanitario donde el que no posea el plan completo de vacunación no podrá ingresar a espectáculos públicos, ni restaurantes, bares ni clubes. En concreto, quedará marginado de la vida social francesa y europea.   

Con diversos matices sucede algo similar en el resto de Europa. La salida es vacunas para todas y todos, cuidado consciente en todo lugar.   

En Argentina hay vacunas esperando la decisión de los que sólo se dieron la primera dosis, existiendo unos 5 millones que no se dieron la segunda vacuna. La prédica política antivacuna absurda es mentirosa y a esta altura de los contagios mundiales es criminal.  ¿Vale un infectado más por un puñado de votos inciertos?  

Menos vacunas aplicadas, más enfermos que amenazan convertir a las naciones en un desierto de penurias. Vacunarse y persuadir a que los semejantes se vacunen es hacer patria y contribuir a un resurgimiento de la humanidad.   

Las potencias mundiales deben asumir el ineludible compromiso de vacunar gratuitamente en África y en todas las naciones humildes. ¡Hoy más que nunca la humanidad es una sola! ¡La salida es colectiva y no individual!  

Gracias desde el corazón al personal sanitario que cuida nuestra Nación atendiendo con manifiesto amor a su población. 

La iniciativa propone incorporar a los trabajadores, auxiliares, agentes, operadores y profesionales de la salud pública y privada al “Pase Libre Multimodal”, la credencial otorgada por la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso a la gratuidad en el transporte público automotor, ferroviario y fluvial.

La Cámara de Senadores bonaerense aprobó el proyecto de ley que declara la gratuidad del pasaje en el transporte público automotor, ferroviario y fluvial para las y los trabajadores, auxiliares, agentes, operadores y profesionales de la salud pública y privada, mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Con ese objetivo, el proyecto propone incluir a los beneficiarios previamente mencionados en el denominado "Pase Libre Multimodal".

Se trata de una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que otorga acceso a la gratuidad para viajar en el transporte público automotor y ferroviario, tanto urbano como interurbano, y en el transporte público fluvial en aguas jurisdiccionales de la provincia.

Actualmente, pueden acceder a este beneficio solo las personas con discapacidad y las trasplantadas o en lista de espera para trasplante, razón por la cual esta iniciativa implica una clara ampliación de derechos.

El proyecto fue consensuado por los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Transporte provincial. Ahora deberá ser considerado por los diputados, pero se estima que no encontrará inconvenientes para su sanción en ese ámbito.

Por ello, al inicio de la sesión, se hicieron presentes en el Senado Rosario Flores, directora provincial de Transporte, y Gonzalo Maldonado, director de Transporte de Pasajeros y Cargas, para dar su visto bueno a la iniciativa.

En el marco de la emergencia sanitaria, social, económica, productiva y energética que se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires se pretende reconocer a todos los trabajadores de la salud.

En esa línea, en los fundamentos se resalta que el beneficio de la gratuidad “se propone en función del indiscutido rol que los mismos y las mismas han desempeñado durante más de un año de servicio a la comunidad”.

En el mismo sentido, se explica que esta medida se propone no solo para acompañar a las y los trabajadores de la salud, “sino como reconocimiento a su labor y como forma de ayudar de manera presente e inmediata” a quienes se define como “verdaderos héroes”.

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves, por unanimidad, con 59 votos a favor, la creación de un “Programa Nacional de Asistencia, Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en Situaciones de Crisis y Emergencias”, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Sin cruces entre los distintos sectores políticos, el oficialismo y la oposición elogiaron un proyecto de ley consensuado entre las propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que fue denominado "un proyecto para cuidar a quienes nos cuidan".

Fernández Sagasti sostuvo que "como representantes de los argentinos y argentinas nos tenemos que poner de acuerdo, sin discusiones partidarias y poniendo sobre la mesa la calidad humana para salvar las vidas que estamos perdiendo por esta pandemia".

En tanto, Elías de Pérez manifestó: "Para todos nosotros es muy importante hacernos cargo de la situación que está viviendo el personal de la salud, se trata de cuidar a los que nos cuidan, en los momentos como el que estamos pasando son los que están en la primera línea de batalla".

Media sanción

El objetivo del programa es “brindar contención emocional, psicológica y física integral a todo el personal de salud, en todos los niveles de atención, que trabaje en establecimientos públicos y privados en situación de crisis y emergencias”.

Se busca entre otras cosas “promover y preservar el más alto grado de bienestar físico, mental y social” de estos trabajadores, e “identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del lugar y de las características del trabajo que pueden poner en riesgo la salud y el bienestar del personal”.

Otra de las metas es “establecer una red nacional de contención, asistencia y capacitación confiable, accesible y gratuita que atienda las demandas del personal de salud y brinde herramientas para la gestión de emociones y el cuidado psicofísico, personal y colectivo”.

Los principios del futuro programa serán los de protección de la vida, salud e integridad del personal de salud; prevención de riesgos laborales; abordaje integral interdisciplinario; accesibilidad; cooperación; confidencialidad; educación y capacitación; y no discriminación.

La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional de atención temprana y establecer el plan operativo anual para la efectiva implementación de la ley en todo el país; identificar los dispositivos más adecuados para cumplir con ese fin; y diseñar estrategias de abordaje integral.

También tendrá que brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en cuanto a la salud psicofísica, la resiliencia y gestión socio-emocional en contextos de crisis y emergencias; y planificar campañas de comunicación que difundan los alcances y beneficios del programa.

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio – Tucumán) presentó un proyecto de ley que establece el pago de un sueldo adicional para todos los trabajadores de la salud involucrados en la lucha contra el Covid-19.

El adicional, que será no remunerativo y tendrá carácter de alimentario, se pagará por única vez en diciembre y será equivalente al mayor salario que haya tenido cada uno de estos trabajadores en 2020, sin deducciones ni retenciones.

En su artículo 1° establece el otorgamiento a “los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que presten servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en instituciones asistenciales y en el primer nivel del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de Covid-19, un adicional equivalente al mayor sueldo liquidado en el año 2020, no sujeto a deducciones ni retenciones”, dice el proyecto.

“La pandemia nos ha demostrado que nuestro país cuenta con un personal de salud de excelencia, que dejan la vida todos los días para cuidarnos de este virus que ha golpeado a todos los países del mundo. De todas maneras, debemos reconocer, que los salarios de una gran parte del personal de salud de la Argentina no son proporcionalmente justos respecto a la gran tarea que desempeñan”, explica Elías de Pérez en los fundamentos del proyecto.

La senadora tucumana explica también que este adicional va en línea con el incentivo de 5.000 pesos que han recibido los trabajadores sanitarios desde marzo, cuando el Presidente emitió el decreto 315/2020, beneficio que luego se prorrogó en octubre a través del decreto 787/2020.

“Podemos observar que el presente proyecto de ley está en consonancia con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de ello, entendemos que el monto alcanzado mediante los decretos citados con anterioridad, no son suficientes. Asimismo, sabemos del esfuerzo que realiza el Estado Nacional, pero tampoco podemos desconocer que los índices de inflación que posee la Argentina generan una pérdida constante en el poder adquisitivo”, agrega el proyecto en sus fundamentos.

La iniciativa de Elías de Pérez deja en mano del PEN la instrumentación de la medida y establece que para solventarla se podrá echar mano a las partidas del Tesoro, ya que la Jefatura de Gabinete tiene la potestad de reasignar partidas.

La diputada provincial Alejandra Lordén solicitó al Poder Ejecutivo que el personal de salud en su totalidad, reciba un aumento en su nómina salarial acorde con el esfuerzo llevado a cabo durante la lucha en la pandemia de COVID.

“Está muy claro que han sido innumerables los efectores de salud que han dejado su rutina habitual, ya de hecho virtuosa y de servicio, para entregar su vida, sus afectos y su propia salud, física y emocional, para luchar por el cuidado de todos los conciudadanos” expresó la legisladora.

Por otra parte, reconoció el acierto en la decisión del Poder Ejecutivo, de disponer un monto económico no remunerativo a quienes se encuentran expuestos a esta enfermedad. “En este momento, mi iniciativa persigue poner en discusión, el justo reconocimiento económico a todos los trabajadores de la salud que siguen trabajando, aun postergando sus justos reclamos salariales, porque dedican su fuerza física y moral, para trabajar sin descanso por todos nosotros” argumentó Lordén.

También remarcó que no es su intención “plantear controversia alguna sobre el manejo de la pandemia. Es una propuesta de mejoramiento salarial que les permita un alivio al menos en su diaria preocupación por el sustento familiar. Mis colegas no solo se han encontrado desde hace más de seis meses con una tremenda presión y aumento notorio de la carga laboral, sino con los más de cien médicos muertos por la pandemia”.

Lordén aseguró que “Esta recomposición salarial, podría ser consensuada con los gremios médicos y tomada en parte de adelanto a la negociación paritaria que prontamente debería llevarse a cabo.”

Finalmente dijo “debemos dar una rápida muestra de reconocimiento y agradecimiento a los días el trabajo abnegado y de exposición constante no solo del personal de la salud, sino de todos aquellos que se encuentran en la primera línea de trabajo frente a la pandemia".

El municipio de Vicente López realizó un anuncio que otorga licencias de descanso para cada trabajador de la salud. 

En coordinación con los equipos de Salud, Recursos Humanos y el Sindicato, se acordó otorgar licencias de una semana para médicos, enfermeros, terapistas, ambulancieros, personal del SAME, camilleros, kinesiólogos, obstetras y técnicos. 

“Hemos escuchado el pedido y el planteo de agotamiento de los equipos de salud, y nos parece importante poder garantizarles descanso adicional, para que se puedan cuidar frente a esta enfermedad y seguir cuidando a los vecinos como lo venimos haciendo”, expresó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, tras anunciar las nuevas medidas. 

Además, estas se suma a las anteriores ya brindadas, como el bono de $9.000 a aquellos empleados que estén realizando tareas en el área de Salud, capacitaciones permanentes en el manejo de la pandemia, elementos de trabajo y protección personal, apoyo psicológico los siete días de la semana, la contratación del Hotel Ramada para aquellos que prefieren evitar contagiar a sus afectos, la rotación laboral de los equipos y los estudios serológicos quincenales para la detección de casos asintomáticos. 

El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley para otorgar los mismos beneficios impositivos a los trabajadores de la salud, pública y privada, que están en relación de dependencia con los que no lo están, quienes quedarán así exentos del pago del Impuesto a las Ganancias por las horas extras, como ya pasa con los trabajadores de la salud en relación de dependencia.

“Pretendemos que los altos propósitos de justicia que guiaron la solución legal alcance por igual tanto al personal de la salud en relación de dependencia como a los que, bajo el régimen de profesión liberal y sin relación de dependencia, prestan igual servicio a la comunidad afectada por este virus”, explicó Behongaray.  

El legislador advirtió que de lo contrario se genera -en la práctica- una diferenciación de tratamiento entre el personal de la salud “por el sólo hecho de la modalidad de trabajo con que han sido contratados por los hospitales y demás establecimientos sanitarios del mismo Sistema de Salud, tanto público como privado”. 

Acompañan esta iniciativa los diputados Álvaro de Lamadrid, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Luis Petri, José Riccardo; Estela Regidor, Roxana Reyes, Víctor Romero, Sebastián Salvador, Jorge Rizzotti y Lidia Ascárate.

El senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) propuso, a través de un proyecto de comunicación, un régimen laboral especial para los trabajadores de salud mediante la declaración de sus tareas como “insalubres” y el acceso a la jubilación con 55 o 52 años.

“La situación excepcional de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia no ha hecho más que exponer los factores de riesgos a los que se encuentra sometido el personal de salud. Este proyecto es un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacen en primera línea de batalla”, sostuvo el exgobernador rionegrino.

Mediante esta iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la ANSES y en particular de la Comisión Técnica Permanente Sobre Regímenes Diferenciales, que por el tiempo que dure la pandemia de Covid-19, "incorpore como tareas insalubres asimilables a las prestadas por los profesionales de la salud -siempre y cuando por su especial actividad ya no estuviesen incluidos en el mentado decreto o en otro régimen diferencial más beneficioso-".

Asimismo, solicita la realización de todas aquellas gestiones tendientes a celebrar un acuerdo entre la ANSES y las administraciones provinciales para que estos trabajadores accedan a su beneficio jubilatorio bajo el régimen diferencial.

“Solicitamos que tengan derecho a la jubilación con 52 años las mujeres y 55 años los varones, legalmente autorizados para desempeñar las diferentes tareas, en ambos casos con 30 años de servicios”, explicó.

Weretilneck enfatizó que "el trabajo hospitalario es una actividad que, en diferentes niveles según el área y la función, implica trabajar con el dolor, el sufrimiento, y la muerte, con horarios nocturnos, rotatividad y con mucha carga horaria, exposición a infecciones y sustancias químicas, a situaciones de violencia y estrés emocional".

"Las consecuencias que ello acarrea a la salud son gravísimas: agotamiento prematuro, estrés, trastornos psicosomáticos, depresión, contracturas, cervicalgia y ruptura de los lazos sociales y familiares, entre otras”, agregó.

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente de Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para que se establezca el Programa “Cuidando a quienes nos cuidan” destinado a ofrecer asistencia y contención psicológica y psiquiátrica gratuita a trabajadoras y trabajadores de la Salud y sus familiares que en el marco de la pandemia Covid-19 presten servicios en la atención directa a pacientes que hayan contraído el virus.

“El crecimiento de la demanda sanitaria, producto de la gran contagiosidad que caracteriza al virus Covid-19, y el miedo a lo desconocido provocan ansiedad, agotamiento y muchas otras sensaciones negativas. En este escenario, el sufrimiento del personal de salud se multiplica; la cercana relación con las historias de los pacientes y la incertidumbre respecto a las reacciones y los tratamientos que se puedan aplicar sobre los enfermos  genera una sobrecarga emocional que necesita ser atendida”, explicó Moreau.

El proyecto incluye habilitar una línea telefónica y una plataforma de atención virtual, ambas gratuitas y de atención personalizada, operadas por profesionales de la salud mental, que deberán funcionar las veinticuatro horas.

La agenda política se ve directamente afectada por la pandemia que atraviesa el mundo, y la actividad parlamentaria no es la excepción, así lo resalta la impulsora de la iniciativa: “La tarea que realiza el personal de salud es encomiable, y en cada oportunidad que tengamos debemos resaltarlo, pero sin un acompañamiento multifocal no alcana el reconocimiento. La situación desbordante a la que se enfrentan debe ser atendida con las herramientas necesarias, y el Estado debe acompañar con los recursos necesarios”.

Acompañaron con su firma los diputados Eduardo Bucca, Ricardo Wellbach, Carlos Selva, Claudia Najul, Rosana Bertone, María Carolina Moisés, Patricia Mournier, Jorge Romero, Gabriela Estévez, Sergio Casas, Alicia Aparicio, Mónica Macha, María Graciela Parola, Gisela Marziotta, Nancy Sand y María Jimena López.

Buscando ponerle fin a los hechos de violencia contra los trabajadores esenciales, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 55 votos a favor y tres en contra una iniciativa del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar el Código Contravencional porteño y aplicar multas a quienes discriminen a esos trabajadores.

La medida contó con el apoyo de todos los bloques de la Casa, a excepción del PTS, FIT y PO que lo rechazaron.

Es así que el texto considera como un agravante, y por lo tanto eleva las penas al doble, cuando “la contravención sea cometida contra un trabajador de la salud, personal policial o judicial, y la conducta esté motivada en razón de haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.

De esta manera, los agresores serán castigados con dos a diez días de trabajo comunitario o con multas que oscilan entre las 158 y 793 unidades fijas -es decir, entre $3.381 y $16.970 pesos-.

Por otro lado, la Legislatura también aprobó un proyecto de declaración, a través del cual expresó su agradecimiento a los trabajadores de la educación, tanto del sector público como privado; a los cuerpos de agentes dependientes del Ministerio de Seguridad del GCBA (Policía de la Ciudad, Cuerpo de Bomberos, y agentes de prevención) y a los voluntarios que colaboran en áreas o programas vinculados con la atención de la pandemia del Covid 19. A fin de reconocer y valorar la labor que vienen desarrollando desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El debate en el recinto

La diputada Claudia Neira (FdT) aseguró que “por supuesto que acompaños este proyecto porque tenemos la convicción de que es necesario cuidar al personal de salud en este momento” e insistió en que como institución “deberíamos repudiar estas situaciones, por eso nos extraña que no hayamos podido aprobar alguna expresión de repudio”.

“Todos los días recibimos denuncias por parte del personal de salud, tanto público como privado, por la falta de insumos, entre otras cuestiones. Hay un gran descontento por parte del personal de la salud, tenemos que tenerlo en las condiciones que corresponden y cuidarlos”, remarcó.

A su turno, el oficialista Claudio Cingolani (VJ) aseveró que “este flagelo del Covid 19 trajo lo mejor y peor de las personas, de la política y de todos” y recordó que “por eso la modificación de esta ley recibió las mejoras y propuestas de los distintos bloques, está muy bien que no pase inadvertido en las normas las agresiones y la discriminación. Está muy bien que se penen las conductas despreciables”.

“Hemos tomado conocimiento de distintos agravios y ofensas: agresiones a un farmacéutico, una carta a una médica pidiéndole que se retire del edificio, entre otras. Hay que condenar estas conductas de quienes no entienden de normas de convivencia, aunque, por supuesto, no representan a la mayoría de los vecinos de la Ciudad”, completó.

En tanto Alejandrina Barry (FIT) consideró que en la Legislatura “discutimos cosas pero no las centrales que aquejan a nuestra ciudad, se quintuplicaron los casos en los barrios vulnerables, tenemos problemas en los geriátricos y paradores, pero no discutimos los problemas fundamentales y profundos”.

Además puso el foco en la “falta de insumos” en los hospitales públicos de la Ciudad y advirtió que el personal de la salud debe reutilizarlos y que, en algunos casos, deben llevarse los camisolines para lavarlos en sus hogares. “Somos uno de los países con mayor cantidad de profesionales de salud contagiados”, subrayó.

Sobre esa misma línea, Victoria Montenegro (FdT) consideró que “si hay personas que discriminan a los profesionales de la salud, seguramente lo aprendieron de la meritocracia y eso fue política de Estado hasta el 10 de diciembre. Aprendieron que solo importan ellos y no el que tienen al lado” y volvió a poner el foco sobre la necesidad de que existan protocolos de actuación para los barrios populares.

Mientras que la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Gimena Villafruela (VJ), recordó que “a mediados de abril presenté un proyecto de declaración de repudio frente a estos actos de discriminación” e insistió en que “estas personas básicamente pretenden imponer sus propias reglas de convivencia, atentando contra los derechos civiles de los demás. El personal de salud es la primera línea de defensa frente a la pandemia, y merece todo nuestro respeto y agradecimiento”.