A continuación de la reunión de la reunión de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, se realizó este miércoles un plenario de esa comisión que preside la salteña Nora del Valle Giménez, con la de Trabajo y Seguridad Social, que preside la senadora Juliana Di Tullio, para un proyecto referido al acceso a programas sociales para trabajadores rurales temporarios, impulsado precisamente la senadora Giménez.

El proyecto, que obtuvo despacho y quedó así habilitado para llegar al recinto, amplía la seguridad social de los trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito de las PyMES de las economías regionales. Al exponer brevemente sobre el mismo, Di Tullio hizo una introducción en la que señaló que el tema ya había sido abordado en comisión y recordó que existe un decreto que señala precisamente lo que se busca ahora transformar en ley, y busca que los trabajadores del sector rural puedan seguir teniendo todos los beneficios sociales: AUH, asignación por maternidad, Tarjeta Alimentar…

El decreto en cuestión ha sido renovado periódicamente, recordó Di Tullio, que abundó: “Lo hemos votado siempre en amplísimas mayorías, porque necesitan, requieren este tipo de acompañamiento para poder tener previsibilidad en sus ingresos”.

Habló entonces la autora del proyecto, que destacó que se trata de una iniciativa que “cuenta con el consenso de los dos sectores involucrados”, en referencia a trabajadores y cámaras empresarias. El proyecto “ha puesto su objetivo en los trabajadores rurales temporarios y hace compatible los planes sociales con la registración, que es la puerta de entrada al conjunto de los derechos que lo asisten como trabajador y jefe de familia”.

“A partir de la registración estamos garantizando que esa persona, ese trabajador temporario que en la mayoría de los casos no quiere registrarse, porque entre un ingreso bajo que signifique entre cobrar un plan los 12 meses del año y tener un ingreso mayor esos 3 o 4 meses, que es el tiempo de desarrollo ciclos productivos de nuestra economía, prefiere no registrarse y cobrar el plan durante los 12 meses del año”, señaló la senadora salteña.

Este es el desafío, agregó: “Cómo lograr que este trabajador esté registrado, tenga este conjunto de derechos que asisten al conjunto de los trabajadores, salud, habilita también para los convenios de corresponabilidad, y de este modo empecemos a subsidiar el trabajo.

Porque estamos hablando de que ese trabajador temporario pueda contar con aportes jubilatorios, cobertura de salud, aclarando que el cobro de estos planes sociales no implica bajo ningún punto de vista que estos planes sean parte del salario. Eso está perfectamente aclarado, que por un lado va a percibir el salario que les corresponde mientras realice ese desempeño y por otro lado va a percibir el salario que le corresponde”.

Giménez reiteró que el proyecto cuenta con el consenso de los dos sectores, y contó que habían tenido reuniones con UATRE y al mismo tiempo también con los sindicatos específicos, como los de la vid, de arándanos, a la vez que han tenido reuniones con las cámaras que nuclean al sector empleador y que son los que más demandan este tipo de legislación, dijo, “para lograr que con la registración se puedan garantizar las cosechas y que no tengan que recurrir a la alternativa de mecanizar el campo y reemplazar a la mano de obra, generando despoblamiento y desarraigo”.

Habló a continuación la senadora del Pro Carmen Alvarez Rivero, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, que puso en duda que las PyMEs quisieran o pidieran esa ley, o que los propios trabajadores golondrina o temporarios lo pretendieran. “Y también me pregunto cuántos recursos estamos comprometiendo como Estado nacional para esta ley y en estos años han sido un 20% los que se han registrado solamente. Es muy difícil conseguir trabajadores en el área rural, es una tarea muy complicada para las PyMEs y la mayoría quiere tener todo en regla”.

Sostuvo la senadora cordobesa que “no estamos creando empleo y necesitamos inversión; el que genera es el sector privado, todos estos subsidios tarde o temprano van a ser impuestos que van a pagar estas PyMEs, y ya están asfixiadas. Creo que es un plan más de los planes”. Muy crítica, consideró que se trata de “un subsidio más que es muy difícil que favorezca a los trabajadores, porque estamos viendo, son 3 años y solo hemos logrado formalizar el 20%. Si fuera una zanahoria valiosa, vendrían todos a buscarlo, tendrámos 70, 80% de registración”.

Intervino entonces la senadora oficialista Lucía Corpacci (Catamarca), que indicó que “lo que estamos tratando ahora es intentar poner en una ley algo que está vigente a través de un decreto. La realidad de los trabajadores golondrina es muy dura, van de provincia en provincia, acompañando las cosechas, y se ven siempre en la situación de que uno no tiene claro si es real por parte de la patronal o no de que no quieren ir a la cosecha porque no quieren perder el plan, o la patronal no les quiere blanquear el trabajo y ponen esa excusa”.

“No estamos hablando de agregar ningún subsidio, hacer una erogación que no existe, la erogación está: todas estas personas cobran el plan, lo único que pretendemos hacer con esto es darles la certeza de que van a seguir cobrando ese plan, que es lo que a la gente les angustia. La sensación de perder lo único que tiene es muy angustiante para todos. Si pudiéramos darles la certeza por medio de una ley de que eso no se va a caer, creo que estaríamos contribuyendo a que muchos tengan cierta seguridad en un momento tan difícil para todos”.

En disonancia con su compañera de interbloque, el radical pampeano Daniel Kroneberger celebró el debate que se estaba dando, al que consideró “un sinceramiento de una situación preexistente de larga data. Venimos sufriendo en el país un flagelo que se va agudizando, ya van tres generaciones excluidas del sistema, con planes que les permiten tan solo subsistir. Y también tenemos a los que apuestan día a día por la producción y les cuesta conseguir mano de obra. Yo lo voy a ver desde la perspectiva que uno tiene de haber sido intendente: el desafío que uno tiene es que esas personas vuelvan al sistema”.

Por eso consideró que se debe dar un debate para que quienes cobran planes puedan incorporarse al trabajo formal a través de un sistema general, como el empalme, pero “que se logre que perdure en el tiempo. Lo principal de este proyecto es empezar a tratar este debate. Creería que lo tenemos que seguir profundizando no solo para las economías regionales. Desde mi punto de vista me parece que es un avance y tenemos que acompañar el proyecto, pero que no quede solo en este tema”.

Sobre el final volvió a pedir la palabra la senadora Alvarez Rodríguez, para reafirmar su “vocación profunda de que todos tengamos empleo”, y abogó por “trabajar por la inserción laboral” de aquellos que solo perciben planes, para recordar luego que ella es autora de un proyecto para la reinserción laboral.

Cerró el debate la senadora Di Tullio, que manifestó su coincidencia con Kroneberger y habló de la vocación de esa comisión por “profundizar este debate. Si hay un acuerdo de que todos podemos transitar este camino juntos, sería una novedad interesante para todos los argentinos y una muy buena noticia para la sociedad argentina”.

Más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, nucleados en la Mesa Chica de Autoconvocados contra Delitos Rurales de  esa provincia, emitieron un comunicado de repudio a las declaraciones del diputado nacional Hector “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos – Misiones), que tildan de “amenazantes” y “violentas”. El escrito critica los dichos del legislador por enfrentarse a un juez “que tuvo la valentía de defender el principio de propiedad privada y convocando a ciudadanos para volver a tomar dichas tierras, configurando un claro delito”.

“Repudiamos tal conducta por ir contra los principios establecidos en la Constitución Nacional, por ir contra los derechos de los propietarios de tierras y por poner en serio riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones, desalentado a los productores y a las empresas a seguir apostando en la producción de riqueza de nuestra región”, argumentaron los productores.

En el mismo sentido, los Autoconvocados contra Delitos Rurales mostraron su apoyo las acciones del Gobierno misionero “en cuanto a la defensa de la propiedad privada, actuando con decisión ante hechos de usurpación de chacras de colonos en los últimos meses”.

El audio

Este fin de semana comenzó a circular un audio de WhatsApp en el cual se escucha al diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro instigando a la toma de tierras, a pesar de reconocer que son propiedad privada. 

En el audio, el legislador misionero anuncia una presentación judicial pidiendo anular una sentencia contra los usurpadores de una propiedad privada en Picada Guaraní (San Vicente). También se lo escucha convocar a una movilización ante el Juzgado de Instrucción 3 de esa ciudad, “entre lunes y martes” y un corte de la ruta 14.

“El lunes tenemos que convocar a la gente al juzgado de vuelta, a todos, a los que podamos, y después nos vamos a cortar la ruta, y después al Concejo Deliberante a entregar un petitorio ahí, al intendente (Fabián Rodríguez de San Vicente), a todos, tenemos que movernos, si no esto se va a enfriar la sopa, y ustedes no van a poder entrar”, menciona Bárbaro, en referencia a las tierras desalojadas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el fragmento del audio en el cual el misionero reconoce que “es propiedad” y alienta a las personas a “volver” a ocupar las tierras para forzar a una compra por parte del Gobierno. “Ahí vamos a apretar al Gobierno para que compre las tierras que estamos ocupando”, asegura.

Por su parte, el diputado nacional, quien es líder del Partido Agrario y Social y aliado del Frente de Todos, justificó sus dichos en el audio, pero aclaró que lo habían entendido mal. “En ese audio se entiende mal, como que yo voy por la intrusión de esa tierra. Y no es así. Yo participé de muchos cortes de ruta. Hace siete años no voy más a la ruta, desde que armamos (la) ACTIM (Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones). Pero pasó una semana, no le dieron respuesta y yo no puedo mirar para el costado”, señaló en Radio Libertad.

La diputada nacional del Pro por Entre Ríos Alicia Fregonese presentó un proyecto de ley de “Protección Integral a las Mujeres Rurales” con el objetivo de garantizar los derechos y visibilizar la situación de vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres que trabajan en actividades rurales, a través de programas de educación y de políticas públicas específicas de prevención, sanción y erradicación de toda forma de discriminación y violencia. 

“Queremos brindar herramientas prácticas para lograr el empoderamiento de la mujer rural a partir de la educación y de la autonomía económica y reducir las brechas que les impiden aprovechar al máximo sus potencialidades para alcanzar una efectiva igualdad de género, pero también, una equiparación con las mujeres urbanas”, indica Fregonese en los fundamentos del proyecto. 

El articulado del proyecto define como mujeres rurales a aquellas que, residiendo o no en zonas rurales, realizan actividades relacionadas directa o indirectamente con la productividad y sustentabilidad rural, ya sean agricultoras, recolectoras, pescadoras, asalariadas, artesanas, microemprendedoras, amas de casa, productoras, tamberas, profesionales, empresarias, investigadoras, docentes, académicas, o políticas. 

“Las mujeres rurales sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por ser rurales. Su trabajo está absolutamente invisibilizado. A esto se suma el aislamiento en el que viven, la falta de nuevas tecnologías y conectividad, la escasez de infraestructura y de medios de transporte, lo cual provoca que, su acceso a los servicios de salud, educación y protección contra la violencia de género sea limitado. Es hora de lograr su inclusión en el Censo Agropecuario y de darles el efectivo goce de los derechos que les corresponden”, agrega la diputada nacional por Entre Ríos. 

En este sentido, la iniciativa presentada por Fregonese establece que el Estado debe “garantizar el acceso a una educación integral, permanente y de calidad, inclusiva y equitativa que propicie oportunidades de aprendizaje y promueva la terminalidad de la trayectoria educativa”. 

Por tal motivo, la diputada propone que “los tres poderes del Estado unifiquen programas existentes y elaboren nuevos a fin de llevar adelante políticas públicas que establezcan el acceso al trabajo remunerado, recursos, toma de decisiones y puestos de representación y poder; la eliminación de toda forma de discriminación y/o violencia”. 

Por último, Fregonese consideró que “las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito y la asistencia sanitaria son algunos de los muchos retos a los que se enfrentan. La capacitación y educación son las principales herramientas para eliminar los obstáculos de desigualdad de género. El conocimiento es el motor del cambio en todas las dimensiones y es ahí donde el Estado debe hacer énfasis”. 

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Graciela Ocaña, Estela Regidor, Hernán Berisso, Lorena Matzen, Mercedes Joury, Sofía Brambilla, Pablo Torello, Gabriela Lena, Claudia Najul, Shoer El Sukaria, Adriana Ruarte, Lidia Ascarate, Marcela Campagnoli, Marcela, Leonor Martínez Villada, Alicia Terrada, Carmen Polledo, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Gisela Scaglia, Jorge Enriquez, Gonzalo Del Cerro, David Schlereth y Carla Carrizo.