La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), presidida por Guillermo Pérez Crespo, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que su contenido es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

La entidad fijó su posición en un documento elaborado junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que integran las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina”, sostuvo en el comunicado difundido este lunes.

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, con fecha prevista para el 11 de febrero. Al respecto, adelantaron que no avalará ningún aspecto del proyecto y reclamó su rechazo total en el Congreso.

En el documento cuestionan que la propuesta oficial sea presentada como una modernización del sistema laboral y advirtieron que su aprobación “implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.

“El proyecto no admite más que su rechazo total”, aseveró el Foro, que anticipó acciones de resistencia en todo el país; gestiones ante gobernadores y legisladores nacionales, y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales, y se declaró en “estado de alerta permanente”.

Según el Foro, la reforma regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y reduce a “límites extremos” la presencia y la acción sindical, al tiempo que debilita la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa. También advirtió que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”.

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, afirmó que “ante el tenor del proyecto no queda otra respuesta que su rechazo” y planteó la necesidad de “llamar al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabajan”. Aclaró que la iniciativa oficial “viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”.

Entre los diez puntos enumerados, rechazaron que las leyes laborales sean responsables de la creación o destrucción de empleo y calificó como falsa la existencia de una “industria del juicio laboral”.

También, cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral con reducción de contribuciones patronales, al advertir que afectaría el financiamiento del sistema previsional, y alertó sobre cambios en el esquema judicial que debilitarían la justicia especializada del trabajo.

A su vez, plantearon que lo que se expresa a través de su normativa “es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina”, a “un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo”.

Bajo el rótulo atractivo de “modernización laboral”, el proyecto de reforma de los artículos procesales de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo introduce modificaciones que, lejos de mejorar el acceso a la justicia, consolidan un sistema más desigual, más lento y menos protector para la parte más débil de la relación laboral: el trabajador.

Uno de los cambios más preocupantes aparece en el nuevo artículo 46, que establece la caducidad de instancia sin necesidad de intimación previa y acorta los márgenes de actuación procesal. Se presenta como una herramienta para combatir la llamada “industria del juicio”, pero en los hechos termina favoreciendo otra industria mucho menos mencionada: la industria de la inactividad judicial.

Cuando el impulso del proceso queda exclusivamente en manos de las partes, en un fuero históricamente congestionado y con demoras estructurales, la caducidad se convierte en una sanción encubierta para quien menos recursos tiene para sostener un litigio prolongado.

La reforma también incorpora, en el artículo 65 inciso 8, la obligación de que el trabajador detalle desde el inicio todos los medios de prueba con los que cuenta o pretende valerse. Esta exigencia, presentada como una mejora en la transparencia procesal, genera en realidad una ventaja estratégica indebida para la parte demandada.

El empleador, al contestar la demanda, pasa a conocer de antemano con qué pruebas cuenta el trabajador para demostrar su derecho, permitiéndole ajustar su defensa, ocultar información relevante o reforzar su posición con pleno conocimiento del escenario probatorio. En un proceso donde las partes no son iguales —porque no lo son en la realidad—, esta “simetría formal” profundiza la desigualdad material.

Pero quizás el punto más grave aparece en la modificación del artículo 71. Allí se establece que, una vez contestada la demanda y reconocida o desconocida la documentación del empleador, el trabajador ya no puede ofrecer nueva prueba, incluso frente a hechos, versiones o documentos que desconocía al momento de iniciar la acción.

En términos simples: si el empleador introduce nuevos elementos en su defensa, el trabajador queda atado de manos. Se le exige previsión absoluta desde el inicio, aun cuando muchas de las pruebas relevantes se encuentran —como es habitual— en poder exclusivo de la empresa.

Este esquema procesal contradice principios elementales del derecho del trabajo y del debido proceso. No moderniza: rigidiza. No agiliza: excluye. No equilibra: inclina la balanza.

La justicia laboral nació para compensar una desigualdad estructural, no para profundizarla. Reformar el procedimiento sin tener en cuenta esa realidad no es modernizar: es retroceder. Y cuando el retroceso se disfraza de eficiencia, el costo siempre lo paga el mismo: el trabajador que busca justicia.

A través del proyecto de reforma laboral, el Poder Ejecutivo propone limitar la realización de asambleas en las empresas y prevé duras sanciones para las organizaciones sindicales que tomen o bloqueen un establecimiento.

La iniciativa establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento".

También se sancionará cuando se ocasionen “daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".

"Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder", agrega el texto.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea, tanto donde se realizará como el horario y el tiempo de su duración; y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”.

Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma o infracciones graves.

En ese sentido, el proyecto fija como prácticas desleal "intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas, violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa".

La iniciativa también contempla la posibilidad de armar sindicatos por empresas y se establece un mecanismo mas ágil para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. Por otra parte, se limita a 10 horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.

Diputados de diferentes bloques llevaron a cabo una audiencia pública en el Congreso de la Nación que fue solicitada por trabajadores despedidos de Georgalos y su Comisión Interna y los trabajadores y delegados de Secco.

“Hace 18 años que trabajo en Georgalos. Crié a mis hijas sola, trabajando domingo y feriados para que nada les falte. Soy mamá, y ahora Georgalos me deja en la calle a los 53 años”, contó Elizabeth, una de las despedidas.

“La reunión insistió en el carácter ilegal de los despidos que suceden en Georgalos y Secco y en la necesidad de unificar las distintas luchas en curso”, contó el diputado del PTS/FITU Alejandro Vilca.

Su compañero de bancada, Christian Castillo, destacó que “fue un importante paso adelante. Es fundamental unificar las luchas que están en curso, como plantearon los trabajadores, y es clave para enfrentar a las grandes patronales, como las que los despidieron, así como al plan de conjunto que lleva adelante el gobierno de Milei, que a la par aplica un ajuste que ya no se soporta”.

“Esta lucha sigue: el lunes se marchará en La Plata, hacia la gobernación para pedir una audiencia a funcionarios provinciales, y el jueves 17 seremos parte de la importante marcha convocada por las y los trabajadores del Garrahan”, anunció Diego Cianni, despedido de Georgalos, al finalizar la reunión.

Los obreros exigen que el Ministerio de la Provincia determine la ilegalidad de los despidos y utilice todas las herramientas que tienen su alcance para poder revertir la situación y que puedan ser reincorporados, ya que se trata de despidos “ilegales” producto de haber sido parte de un paro convocado por el sindicato de la alimentación de Rodolfo Daer.

De la Audiencia participaron los diputados Alejandro Vilca, Christian Castillo, Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Mercedes Mendieta, Myriam Bregman (MC) y Nicolás del Caño (MC), del Frente de Izquierda Unidad; Hugo Yasky, Mónica Macha y Sergio Palazzo, en representación del conjunto del bloque de Unión por la Patria. Además, Natalia Zaracho y Lorena Pokoik enviaron su saludo. También se sumaron a la reunión Esteban Paulón, por el bloque Encuentro Federal; y Luis Zanora, ex legislador porteño por Autodeterminación y Libertad.

En solidaridad se acercaron desde las Comisiones Directivas de Vialidad, la Comisión Ejecutiva del Sindicato del Subte, los sindicatos docentes UTE. También, los Hospitales Garrahan y Posadas en lucha, la gráfica recuperada MadyGraf, Morvillo, los trabajadores del INTI, de la seccional UATRE 877 de Ledesma (Jujuy), del Sindicato de Obreros Ceramistas de Neuquén, delegados de GPS-Aerolíneas Argentinas; trabajadores de VW, EDO, Pilkington y Shell en lucha por su reincorporación, entre otros.

Además, estuvieron presentes la referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry; Carlos Lordkipanidse, del Encuentro Cachito Fukman; Margarita Noia, Secretaria de Derechos Humanos de la CTAA Capital.

Diputados del bloque de Unión por la Patria que integran la Comisión de Salud, presidida por el tucumano Pablo Yedlin, recibirán este miércoles a las 12 a personal del área de salud para escuchar sus testimonios, ya que fueron afectados por las últimas medidas que tomó el Ministerio de Salud de la Nación.

Los diputados de UP que integran la comisión son el mencionado Yedlin, Luana Volnovich, Natalia Zaracho, Eugenia Alianiello, Jorge Neri Araujo, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Andrea Freites, Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Mónica Macha, Cecilia Moreau, María Luisa Montoto, Estela Neder y Blanca Osuna.

A raíz de la decisión del Gobierno de cerrar el Hospital Bonaparte de Salud Mental, Yedlin acusó que “el sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”.

El diputado presentó un pedido de informes para que se detalle la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de por qué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024; y metas y acciones planificadas para este año 2025.

En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.

Además, los diputados de UP habían expresado su rechazo al cierre de la Coordinación de tuberculosis y lepra y de la Coordinación de hepatitis virales que funcionaban en el ámbito del Ministerio de Salud y exigieron su restablecimiento, la convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, HV y TBC, reincorporación de los despedidos y cumplimiento de la Ley 27.675.

Más de 40 expositores pasaron este jueves en una jornada organizada por diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda donde trabajadores despedidos, tanto del sector público como privado, junto a representantes gremiales expusieron en una audiencia pública y apuntaron contra las políticas de Javier Milei.

La reunión se llevó a cabo en el auditorio del Anexo de la Cámara baja desde las 11 de la cual participaron trabajadores del Hospital Posadas, el INTI, la Agencia Nacional de Discapacidad, Sitios de Memoria, INCAA, Aerolíneas Argentinas, FATE y otras empresas y fábricas.

Abrió la reunión el diputado Sergio Palazzo (UP) quien recordó que en la Comisión de Legislación del Trabajo hay diversos proyectos para declarar le emergencia ocupacional con los que se busca “que se frene esta sangría de despidos que se están produciendo producto de las políticas que lleva a cabo este gobierno tanto en materia pública como privada”.

“Hemos intentado en varias ocasiones que el presidente de la comisión invite a los compañeros despedidos a una reunión, pero hasta ahora no lo ha convocado”, manifestó y cuestionó a la Cámara baja por no transmitir públicamente el evento.

Palazzo explicó que armarán un panorama completo para que en la primera reunión de la comisión solicitar a través del reglamento interno que se le de tratamiento obligatorio a los proyectos presentados. “Ojalá podamos tener uno en común y sea tratado y quede con claridad en esta Cámara quiénes estamos con los compañeros que sufren las políticas de este Gobierno y quienes van a seguir sosteniendo los despidos que se animen y voten en contra”, cerró.

A su turno, el diputado Alejandro Vilca (FIT) apuntó: “Los despidos son parte del plan de gobierno que lleva Javier Milei. Está llevando a más del 50% de la clase trabajadora a la pobreza y creciendo la desocupación. Festejan los despidos y hablan de ‘limpieza’ como si los trabajadores fuésemos basura. Al plan de ajuste de Milei hay que enfrentarlo en la calle con la lucha y la organización”.

El primero en exponer fue Jesús Giménez delegado de Jumbo Pilar quien comentó que ejerció desde el 2014 al 2022 “elegido en elecciones democráticamente”, pero contó que “en enero de este año decidieron despedirme sin causa, pero sabemos que la causa es que yo me iba a presentar nuevamente a elecciones. Presentamos una medida cautelar, salió favorable, me presenté y el 15 de febrero ganamos las elecciones con el 54% ante cuatro listas, pero tuvimos que pelearla porque la patronal no quería que ganemos, metió miedo. A pesar de eso, la Cámara de Apelaciones Nacional decidió revocar la cautelar y dejó sin representación gremial a más de 300 trabajadores”.

“Este caso puede ser ejemplo para que los patronales avances contra los derechos democráticos de los trabajadores, la libertad sindical que permite a las empresas despedir a delegados con fueros gremiales dejando a los trabajadores en un estado de mayor vulnerabilidad. La Ley Bases permite mayores atropellos a trabajadores”, finalizó.

Cuando hablamos de despidos en el Estado, nos referimos a experiencias como esta: María es neumonóloga. 30 años de trabajo en el Hospital Posadas.

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— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 11, 2024

Luego expuso Agustina Panizza secretaria adjunta de ATE capital agradeció a los diputados porque “entienden que el poder del Estado también tiene que dar respuesta y no puede mirar para otro lado ante la gravedad institucional y social en materia de derechos laborales”.

“Queremos denunciar la realidad que les va a tocar atravesar a los 47 millones de argentinos como consecuencia que de esos despidos no van a tener sus derechos garantizados por el Estado”, alertó.

Así apuntó: “No conozco antecedentes de empleadores que declaren que van a destruir aquello que le toca gestionar porque esa es la realidad del presidente que vino a decir que es el ‘topo del Estado que viene a destruirlo’, sino que declara que no va a cumplir con sus obligaciones constitucionales como mandatario y va a incumplir con la responsabilidad en materia de derechos humanos y económicos sociales y culturales”.

“Los despidos que se llevan a cabo en el Estado Nacional no son aleatorios”, denunció Panizza y sumó: “Lejos de ser una cuestión presupuestaria o de tratarse, como dice la Ley Bases, de una cuestión de atacar la sobredimensión del Estado. No es cierto que tenga que ver con una cuestión de desempeño. El verdadero motivo de los despidos tiene que ver con que no es posible llevar a delante la política que vino a implementar este Gobierno si no se elimina a los trabajadores de del Estado. Este gobierno viene a desmantelar las políticas de derechos humanos”.

Carlos Ortega empleado de ANSeS mostró que fueron 1.300 los despedidos y agregó: “Una atrocidad porque es el 10% del organismo. Iniciamos los juicios correspondientes y hubo 20 restituciones. El ANSeS durante años pudimos incluir a millones de personas que fueron despedidos durante el menemismo. Como organismo de inclusión social y de beneficios a los argentinos, esto está dirigido sincronizadamente como el menemismo. Este gobierno quiere llegar a ese lugar de la gran estafa de la argentina. Esto es un deja vu de los 90’”.

“Hay que luchar en las calles de una vez por todas para que este gobierno se vaya por más que nos digan golpistas por un gobierno que no es democrático, porque este gobierno no es democrático es autoritarismo. Esto recién empieza, pero vamos a triunfar”, cerró.

A continuación, hablaron trabajadores despedidos del Hospital Posadas quienes les respondieron al ministro de Salud, Mario Russo, y repudiaron sus dichos sobre ‘cueva de militantes’ y denunciaron: “Esto es un claro ataque a la salud pública también y un intento de desmantelar el hospital público”. También solicitaron un pedido de informes sobre los despidos al ministro que “a nosotros no nos responde y no da respuestas”. Además, plantearon que los despidos tienen un efecto inmediato en la atención de los pacientes, en la accesibilidad y la imposibilidad de formas equipos de complejidad y resaltaron que son 88 los despedidos”.

En suma, desde FATE manifestaron que fueron 97 los trabajadores despedidos y denunciaron que desde la patronal “dicen que tienen una crisis para atacarnos y a la organización porque somos muchos trabajadores despedidos. Esto es un plan sistemático y si salís a protestar te meten preso”.

“Estos no son despidos al boleo ni que tienen crisis, nos despiden por buscar negocios para ellos. No les importa si tenemos familias o no. Nos echan por pertenecer a un gremio y levantar la voz. No podemos permitir más esto”, agregaron.

Adolfo González Dardik, de la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) denunció que fueron despedidos 343 trabajadores que “tenían como misión y función garantizar los derechos de niños y adolescentes entre los distintos programas que fueron desguazados que son 15”.

“Estamos dispuestos y lo venimos haciendo, ya lo hemos hecho contra el macrismo, no nos van a ver nunca de rodillas en nosotros van a encontrar un bastión de resistencia y dignidad que será así hasta que logremos la victoria echando a este gobierno de cipayos”, remató.

Por su parte, despedidos GPS - Aerolíneas Argentinas apoyaron la moción de unificarse y propuso un “gran paro nacional para pelear contra este gobierno por los despidos. Si no hacemos una medida unificada va a ser muy difícil desarrollar la fuerza para derrotar a este gobierno”. Así, apuntaron contra el plan de desregulación del transporte aéreo porque 2bsuca destruir Aerolíneas Argentinas como no lo pudieron hacer por la vía legislativa y lo van a hacer por DNU”.

Desde Sipreba apuntaron: “El Gobierno se cargó a más de 360 compañeros que amenazados con preventivos de crisis inviables tuvieron que retirarse de la Agencia Télam, son 360 puestos menos de trabajo en el gremio de prensa, el gobierno logró también imponer a través de una resolución una agencia de publicidad y haciéndose de esta forma de un instrumento de domesticación de los medios a través de la publicidad oficial, algo que han hecho todos los gobiernos, pero este pretende reforzar y promover”.

“Hay un intento de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. El salario en el gremio de prensa está por debajo de la línea de indigencia, ese es el cuadro en el que se desenvuelve el oficio de prensa en este momento, pero estamos convencidos que el camino es la lucha. Vamos a exigir incremento de salarios y el reingreso de los trabajadores a sus fuentes de trabajo. Hay que terminar con este gobierno: son ellos o nosotros”, cerró.

Diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Nicolás del Caño, presentaron un proyecto de ley de emergencia laboral a fin de “proteger a los trabajadores bajo amenaza de despido y congelamiento salarial”.

La iniciativa establece la continuidad de “todos los trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando tareas de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, cualquiera sea su relación contractual”, y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023.

Además, plantea la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia, lo cual también implica “dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante el mes de diciembre de 2023, debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.

También busca que se disponga el pase a planta permanente de todo empleado que cumpla funciones en la administración pública nacional, sea cual fuese su relación contractual; que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad y que gocen de todos los derechos y garantías del personal. En esa línea, aclara que dicha incorporación “en ningún caso podrá afectar, en perjuicio del empleado o empleada, los derechos y la remuneración vigentes, incluyendo el encuadramiento escalafonario”.

En el proyecto proponen la creación de comisiones de trabajadores para la fiscalización y seguimiento en cada oficina pública con el fin específico de la regularización del empleo público establecido por la presente ley que tendrán como función “garantizar que las autoridades de cada organismo de la Administración Pública Nacional centralizada, como así también de los entes descentralizados, efectivicen el pase a la planta permanente respetando el encuadramiento escalafonario y el nivel salarial vigente de cada empleado o empleada y sin que se vea dañado ninguno de los derechos adquiridos”.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) presentó un proyecto de modificación de la Ley de Obras Sociales para que los beneficiarios que ingresen a un nuevo trabajo puedan cambiar la obra social de su actividad. En la actualidad, deben permanecer un año debido a un decreto impulsado por el presidente Alberto Fernández. El objetivo de la iniciativa es favorecer el derecho a la libertad de elección, tanto desde el inicio como durante el transcurso de la relación laboral.

De acuerdo con el proyecto de Figueroa Casas, la voluntad de los trabajadores sobre las obras sociales fue afectada por el Decreto N° 438/21 -publicado el 7 de julio de 2021 en el Boletín Oficial- que estableció que quienes “inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho a la opción de cambio”.

“El Decreto limita el derecho de opción que permitía la libre elección desde el comienzo. Dicha medida perjudica no solo a la decisión de los trabajadores, sino también a la competencia entre obras sociales”, sostuvo la diputada y continuó: “Es arbitraria y contradictoria”.

Por eso, solicita para los trabajadores el derecho de opción de obra social tanto desde el inicio como durante el transcurso de la relación laboral y expresamente establece la prohibición de limitar, suspender o condicionar dicha facultad; indicando que su interpretación será siempre a favor de la libertad de elección. A su vez, la iniciativa vela por el derecho de acceso a un sistema de salud digno que responda a las necesidades.

“Es importante trabajar para permitir la completa libertad de elección de los trabajadores sin límites”, expresó la santafecina y agregó: “No puede ser que permanezcan cautivos por un año de la obra social sindical si es su primer trabajo o cambiaron desde otra rama de actividad”.

En ese sentido, la diputada del Pro señaló: “El derecho a opción está limitado a causa de una medida decretada por el Gobierno Nacional. Solo pueden elegir cambiar de obra social luego de un año de ingresar a un nuevo trabajo”.

Acompañan el proyecto los diputados Fabio José Quetglas, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Florencia Klipauka Lewtak, Gerardo Milman, Mónica Frade, Gabriel Chumpitaz, Laura Rodríguez Machado, Ximena García, Ingrid Jetter, Victoria Morales Gorleri, Ana Clara Romero, María Sotolano, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Alberto Assef, Paula Omodeo, Virginia Cornejo, Gustavo Santos, Héctor Stefani, Sofía Brambilla, José Núñez, Laura Carolina Castets, Gabriela Besana, Lidia Inéz Ascarate, Pamela Verasay, Pablo Torello, Hugo Romero y Gerardo Cipolini.

Un proyecto de ley que establece la reparación de legajos laborales de los trabajadores del sector privado desaparecidos en la última dictadura fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 207 votos afirmativos, 15 negativos y siete abstenciones.

La iniciativa había sido presentada por la exdiputada Carla Pitiot y dispone que en los legajos de estos trabajadores figure la inscripción de la condición de detenido-desaparecido.

Todos los votos en contra fueron de representantes del Pro: Juan Aicega, Federico Angelini, Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Martín Grande, Gustavo Hein, Martín Medina, Victoria Morales Gorleri, José Luis Patiño, Carla Piccolomini, Julio Sahad, Francisco Sánchez, Gisela Scaglia, Alfredo Schiavoni y David Schlereth.

Las abstenciones, en tanto, fueron de Alberto Asseff, Federico Frigerio, Sebastián García De Luca, Osmar Monaldi, Adriana Ruarte (todos del Pro), Huberto Orrego (Producción y Trabajo) y Jorge Vara (UCR).

Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, recordó que en 2012 la entonces presidenta Cristina Kirchner “firmó el decreto 1199, que facultó a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de nuestra identidad a buscar los legajos de los trabajadores del sector público que hubieran sufrido la desaparición forzosa mientras se desempeñaban en esa tarea”.

Ese decreto, recordó Yasky, “establecía una búsqueda de toda otra información aleatoria a la condición laboral de esos trabajadores que pudieran ser datos para reconstruir esas vidas para sus familiares, o para muchas de las organizaciones sindicales, que desde esa época tienen como tarea reconstruir esas trayectorias de vida”.

Con ese antecedente, el diputado explicó que el proyecto de ley busca replicar esa tarea “extendiéndola a los trabajadores del sector privado”.

El legislador del Frente de Todos reconoció el trabajo realizado por el Archivo Nacional de la Memoria, que “sin lugar a dudas permitió que esos pedacitos de historia empezaran a ser recuperados”.

“Reparar esos legajos les va a devolver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, parte de esas vidas”, finalizó.