Con motivo del 8M, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) y la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que busca derogar un artículo del Código Contravencional de la Ciudad que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.

El texto en cuestión, que fue presentado durante una conferencia de prensa en la puerta del Palacio Legislativo, prevé eliminar el artículo 86 que fija sanciones económicas a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”.

La iniciativa lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), quien explicó que “es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña”.

Mientras que la titular de Ammar, Georgina Orellano, subrayó que “lo que hace la policía es violencia institucional y es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual” y recordó un informe realizado por ese organismo en 2016, el cual estableció que “de 363 trabajadoras sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes las diputadas María Bielli y Lucía Cámpora (FdT); el director de la oficina de Onusida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Alberto Stella; la coordinadora de la agenda Feminista del CELS, Vanina Escales; y referentes de la Federación Argentina LGBTIQ, entre otras organizaciones.

Al respecto de la medida, Cámpora señaló que “lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la cláusula transitoria concordante que son en definitiva el fundamento que habilita el ejercicio de un poder punitivo que como sabemos es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañeras”. En tanto Bielli expresó que “sabemos que la pandemia ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia institucional sobre las compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual y estamos completamente en contra de eso”.

Por su parte Stella señaló que “como estos artículos, de cierta manera legitiman el trato inhumano, el trato violento y degradante de un ser humano y por tanto el atropello de sus derechos, tiene que ser derogado y nosotros vamos a acompañar este proceso”; mientras que Escales concluyó preguntándose “en qué tipo de Ciudad se imagina el artículo 86. Una en la que hay personas deseables y no deseables. Tenemos que pensar una ciudad para todos, una ciudad inclusiva y me parece que desde los Derechos Humanos es indiscutible acompañar la derogación de este artículo”.