Diputados bonaerense estima oportuno reemplazar la tasa activa del Banco Provincia por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia para las indemnizaciones laborales.
El proyecto de ley busca modificar el artículo 48 de la Ley 11653, de los Tribunales de Trabajo bonaerenses, que tienen a su cargo la administración de la justicia laboral, para eliminar el postulado que establece la tasa activa, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para determinar los intereses que se adicionan a las indemnizaciones laborales al momento del pago.
La iniciativa que estaría en camino de ser considerar en el recinto de la Cámara baja en la próxima sesión, contaría con el respaldo del Ministerio de Trabajo bonaerense, y de abogados y magistrados laboristas con actuación en el ámbito provincial.
Se propone que la tasa activa de la entidad bancaría publica sea reemplazada por el índice del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), tasa que se utiliza por la Justicia Federal y otros Estados provinciales, y cuenta con una relación “más realista” con la inflación.
La modificación cobra impulso al considerarse que en los 4 o 5 años que duran los juicios laborales en la provincia el cobro de la indemnización se devalúa debido a la alta inflación imperante, más teniendo en cuenta que el monto compensatorio tiene una dependencia mucho mayor a su tasa de interés.
Básicamente entonces el proyecto de Ley de autoría de la diputada de UP Maite Alvado, busca reemplazar la tasa activa, con la que actualmente se calculan los intereses de las indemnizaciones laborales, y terminaría quedando muy por debajo de la inflación, por la tasa Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
“Hoy tenemos la inflación y la tasa activa para abajo, y más para abajo la pasiva, que es la que se aplica en las indemnizaciones laborales en Capital Federal; tenemos que encontrar una solución y la CER es la posibilidad más justa para otorgarles a los trabajadores, si no hacemos nada al respecto tenemos que entender que los despedidos van a recibir miserias”, advirtió Alvado.
Es más, en ese sentido la legisladora denunció que, al conocer que la indemnización laboral perderá su valor con el paso del tiempo, los empleadores deciden esperar a un juicio laboral y postergar su sentencia lo más posible.
“Especulan financieramente ya que ponen el dinero en un plazo fijo, les da una tasa activa y pagan la deuda con la tasa pasiva, una cuenta matemática”, puntualizó Alvado
En ese sentido, Unión por la Patria hizo uso de su poderío en la comisión de Legislación General y, con el apoyo del bloque de diputados liberales dialoguistas dirigido por Gustavo Cuervo, despachó el proyecto de ley sobre las indemnizaciones laborales.
En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa y adelantó que presentará un dictamen de minoría.
Desde la bancada del PRO se oponen al tratamiento y la diputada Florencia Retamoso, en ese sentido, manistó “no estaríamos de acuerdo con la tasa y es algo que deberíamos seguir trabajando; nosotros también representamos al sector empresarial”, aclaró la diputada republicana.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió el capítulo 4 del mega DNU tras el reclamo cegetista. Pese a eso, ratificaron el paro del 24 de enero. El Gobierno adelantó que apelará el fallo.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este miércoles una cautelar suspendiendo el capítulo 4 de la reforma laboral incluido en el mega DNU tras el reclamo de la Confederación General del Trabajo quien, a través de un comunicado, celebró dicha medida porque “pone un freno a la reforma laboral regresiva”, y ratificaron el paro de medio día para el miércoles 24 de enero.
En el texto que difundieron, indicaron que “la Cámara destaca que las modificaciones introducidas regresivamente afectan la interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”.
“Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23, como ha solicitado la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO”, resaltaron.
Una vez que se conoció el fallo, Héctor Daer, uno de los tres líderes de la CGT, celebró la noticia en las redes sociales: “Con organización, unidad y compromiso, desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto en el DNU. No nos vencerán mientras permanezcamos unidos”, y añadió: “Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros que respaldan y se suman a nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso”.
Por el contrario, el Gobierno ya anunció que apelará el fallo. Rodolfo Barra, como jefe de los abogados del estado, insistirá en que el tema es competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y no del fuero laboral.
El fallo fue firmado en mayoría por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes resolvieron frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza, Dora González, consideró que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.
CGT Comunicado DNU_240103_150746La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la ley de Ministerio para la designación de funcionarios.
En la Cámara baja se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión de Trabajo, encabezada por su presidenta, la diputada Soledad Alonso.
Durante el encuentro fueron aprobadas once iniciativas entre proyectos de Ley y de Declaración. Entre ellos, por ejemplo, la del diputado Ariel Archanco que establece en día 256° de cada año; 13 de septiembre, o 12 en años bisiestos; como el Día Provincial de los trabajadores y las trabajadoras de la informática”.
El objetivo de la iniciativa considerada es reconocer y visibilizar la labor de este sector que emplea a 140 mil personas, la mayor parte en territorio bonaerense, y es el tercer exportador del país.
La singularidad de la fecha propuesta refiere a un número muy significativo en la informática por su relación con el sistema binario y la seguridad.
La propuesta, que fue aprobada por unanimidad, contó con el apoyo del Sindicato de la Actividad Informática: una treintena de afiliados acompañó el tratamiento y el delegado regional La Plata leyó, antes de la votación, una carta de adhesión de distintas organizaciones que lo valoran como el necesario puntapié inicial de reconocimiento de una serie de demandas de quienes se consideran “los arquitectos y guardianes de la nueva era”.
Por otra parte, fueron aprobadas con modificaciones las propuestas de la diputada Maite Alvado de modificación al Régimen del Personal de la Administración Pública y a la Ley de Ministerios.
De esta manera, las normas 10.430 y 15.156 incorporaría como condición para cubrir los cargos de Director Provincial o equivalente, y Secretario y Subsecretario de la Gobernación que, quienes no sean bonaerenses, acrediten al menos dos años de residencia en los cinco anteriores al nombramiento, que deberán mantenerse durante el ejercicio de sus funciones.
La diputada oficialista sostuvo que en estas elecciones “se juega la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los que existen”. Respecto de las propuestas de UP sobre el Poder Judicial planteó: “Hay que dotarlo de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia”.
La diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Vanesa Siley (FdT), sostuvo que “el objetivo de Juntos por el Cambio es precarizar el trabajo”, y advirtió que en las elecciones de este año se juega “la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los existentes”.
“Precarizar el trabajo es el objetivo de Juntos por el Cambio para que la redistribución de la riqueza sea más regresiva y contraria al trabajador argentino”, afirmó la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados en declaraciones a radio AM 530.
Sobre la propuesta de eliminación de la ultraactividad (renovación automática de los convenios colectivos de trabajo) para “modernizar” esos instrumentos que mencionó el exministro de Producción y Trabajo macrista Dante Sica, la diputada consideró que se trata de un “eufemismo para decir que hay que eliminar los derechos laborales que han negociado históricamente las organizaciones sindicales con las cámaras empresariales”.
Siley señaló que esta propuesta se apoya en una “idea falaz de que los derechos laborales de los convenios son viejos”, cuando en realidad -indicó- los CCT “son la normativa laboral que más se ha actualizado en los últimos años”.
“Tenemos muy en claro lo que se juega el mundo del trabajo en esta elección: se juega si vamos a adquirir nuevos derechos que nos faltan, por ejemplo, las licencias parentales igualitarias o la reducción de la jornada laboral que estamos discutiendo en comisión, o si van a venir a sacarnos los derechos que tenemos sin otorgar nuevos”, definió la legisladora.
Al respecto, la legisladora oficialista planteó: “Hay que analizar el porqué de la pérdida del poder adquisitivo en la Argentina. Venimos manifestando la suma fija hace tiempo, es sumamente necesaria”.
La diputada opinó que de fondo existe una “idea mentirosa que tiene (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta y todo el macrismo, para instalar los derechos laborales del trabajador como ‘un privilegio’ y no es así, es el patrimonio del trabajador”.
“La pérdida del poder adquisitivo que hubo en el macrismo todavía no la hemos podido recuperar. El índice de desocupación ha llegado a niveles similares a los de diciembre del 2015, que fue cuando asumió Mauricio Macri”, apuntó.
Siley llamó a tener en cuenta que durante la gestión de Mauricio Macri “eliminaron el Ministerio de Trabajo, eso habla de una política de Estado para eliminar derechos, convenios colectivos de trabajo y el sistema de paritarias libres en la Argentina”.
“Durante el macrismo se intervinieron organizaciones sindicales como se hacía en la dictadura militar. El ataque directo a la forma colectiva y organizacional de los trabajadores es lo que pretenden volver a instalar y mucho más fuerte”, sentenció.
En lo que respecta a las propuestas de Unión por la Patria en relación al sistema de justicia, la dirigente dijo que las principales iniciativas están enfocadas en “dotar de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia al sistema judicial”.
“Necesitamos una Corte Suprema que supere el número de actores actuales. Con la Corte Suprema de Justicia que tenemos actualmente esos principios republicanos están violados”, evaluó Siley, quien enfatizó que se requiere de una Corte “ampliada e igualitaria”.
Y cerró: “No hay perspectiva de género ni popular para los procesos judiciales. Lo que hay es un sistema de privilegios donde sucesivamente nos encontramos con fallos judiciales, con sentencias del máximo tribunal favoreciendo a las grandes empresas, a los monopolios y a quienes delinquen, pero nunca del lado de la víctima ni del que menos tiene”.
La iniciativa “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” de la diputada Soher El Sukaria propone unificar todos los planes sociales y que los beneficiarios trabajen y se capaciten. “Mientras el beneficiario trabaje, seguirá cobrando el plan social”, explicó.
La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) junto a sus pares José Núñez (Santa Fe), Gustavo Hein (Entre Ríos) y Pablo Torello (Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” en el que se unifican todos los planes sociales y se condiciona la continuidad de los mismos al cumplimiento de trabajo y capacitaciones; además, establece un plazo máximo de 12 y 24 meses para percibir el beneficio.
“Hay reformas que no pueden esperar más. Claro que el Estado tiene que estar con aquellos que más lo necesitan, pero de ahí a hacer de los planes un modo de vida existe una gran diferencia. Vincular los planes con el trabajo y la educación es el primer paso para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades”, señaló El Sukaria.
El fin es “promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal del trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del estado Nacional”, puntualizó la diputada cordobesa y aclaró: “Mientras el beneficiario trabaje seguirá cobrando el plan social”.
“Las empresas tienen un 100% de bonificación en las contribuciones patronales sobre esos nuevos empleos por dos años”, contó la vicepresidente del Pro cordobés.
“Debemos inculcar el estudio y el esfuerzo como pilares básicos que cualquier sociedad debe tener para desarrollarse. Queremos que vuelva el mérito, todo lo contrario, a lo que predica el gobierno Nacional”, concluyó la referente amarilla.
Por su parte, Núñez expresó: “Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”.
El proyecto:
Según el proyecto -que ingresó este lunes a Diputados- para que los beneficiarios de planes puedan acceder al mercado laboral se conformará un programa de pasantías en distintas empresas inscriptas en un registro, es decir, apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.
En caso de formalizarse el empleo, el Estado continuará pagando el plan por el lapso de un año mientras que el empleador deberá cubrir (durante ese periodo) la diferencia entre lo percibido por el plan y el salario establecido por convenio colectivo.
El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social. El incumplimiento de este punto generará como consecuencia la baja automática del beneficio. Concluida la capacitación, el beneficiario quedará automáticamente inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas que suscriban.
La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.
No obstante, la ley aclara que, una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.
Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.
La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
Por otra parte, el proyecto establece que “si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva”.
La propuesta también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.
Por otro lado, sostuvo que “los políticos tenemos que lograr que la plata rinda, que la escuela sirva como una referencia y que el Estado te cuide en materia de seguridad”.
El diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo (Frente de Todos), se refirió a la situación actual del país en relación a la educación, el vínculo del ciudadano con la política y la cultura del trabajo. En ese marco, afirmó que “la gente tiene la sensación de que la política discute cosas que no forman parte de su vida cotidiana”.
En declaraciones por la AM 990, Arroyo diagnosticó: “En la Argentina funciona la asistencia, hay una red muy fuerte. Lo que no hay es un cambio profundo y estructural; en los últimos tiempos se ven muchas familias en la calle”.
“Algo que me impacta cuando ando caminando es que mucha gente se lleva los muebles que tiene y reproduce su habitación en la calle”, expresó. Con respecto a las agendas divergentes entre los diversos sectores de la política y la ciudadanía, el diputado señaló: “Hoy estamos en una crisis de representación; la relación con la ciudadanía está quebrada y la gente tiene la sensación de que la política discute cosas que no forman parte de su vida cotidiana”.
También remarcó que existe “un enojo del pueblo con la política” y que “se quebraron otros vínculos como la escuela o un esquema de espiritualidad ligado a lo religioso que antes estaba y que con la pandemia se resintió fuertemente”.
Por otro lado, el legislador oficialista remarcó la importancia de los vínculos con la escuela, los lugares de espiritualidad o el sistema productivo: “Si logramos que todos los chicos asistan a salas de 3, 4 y 5 años, en primer grado estarán parejos. Si no hay jardines, la gente los inventa. En Argentina, lo que no hay la sociedad lo construye y lo sostiene como puede”.
“Con todas las dificultades que tenemos, en Argentina hay un sistema educativo inclusivo, hay postas y centros de salud en todos lados, algo que no ocurre en otros países. Tenemos la necesidad de un cambio profundo y hay muchas condiciones para hacerlo”, dijo.
Consultado por el equipo sobre el debate en torno a los planes sociales, el funcionario explicó: “Hoy los planes sociales significan 1, 2 millones de beneficiarios. Las personas mismas se anotan; los movimientos sociales entran como unidades de gestión, que en la actualidad se enfocan fundamentalmente al sector textil y la producción de alimentos”.
Además, detalló: “En el 2001 mucha gente no tenía ninguna base; hoy sí existe esa base de ingresos gracias a planes sociales como el Potenciar Trabajo, que brindan una seguridad frente a las crisis recurrentes en el país”.
“En Argentina no se ha perdido la cultura del trabajo: mucha gente se levanta temprano, toma el colectivo, labura y le encuentra la vuelta como sea. Acá los más pobres trabajan más cantidad de horas que en otros países”, declaró Arroyo frente a la pregunta por las críticas de la oposición, que enarbola argumentos sobre la pérdida de la cultura del trabajo.
Y señaló: “Los políticos tenemos que lograr que la plata rinda, que la escuela sirva como una referencia y que el Estado te cuide en materia de seguridad”.
El diputado de Republicanos Unidos acusó al PO de “arruinarle la vida a los argentinos” con los cortes de calles con las movilizaciones y el trotskista insistió en que “los que van a la movilización reclaman por lo elemental para vivir”.
Después de que el Polo Obrero y la Unidad Piquetera se movilizaran para reclamar por “trabajo genuino, asistencia alimentaria y aumento, apertura y libertad en los programas sociales”, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán mantuvo un duro cruce tuitero con el diputado del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano.
Todo comenzó cuando el trotskista se hizo eco de una entrevista que el oficialista le brindó al programa “Momento D”, conducido por Fabián Doman, donde cuestionó con dureza las movilizaciones que afectaban la movilidad en el microcentro y acusó al Partido Obrero de “estar lleno de guita”.
“Hola Fabián Doman decile a Roberto García Moritán que el empresario es él, en cambio los que van a la movilización reclaman por lo elemental para vivir”, espetó Solano.
Pero atento a sus dichos, el diputado de RU no los dejó pasar y no dudó en salir al cruce del opositor. “Si el tiempo que pierden ‘reclamando’ y arruinándole la vida a los argentinos, lo ocuparán laburando, no dependerían de un estado quebrado para acceder a lo básico para vivir”, indicó y concluyó señalando que “elemental es incentivar a la gente a trabajar, no manipularla para cortar calles”.
La iniciativa obtuvo el aval de todos los bloques parlamentarios de la Cámara baja en 3 comisiones. Deroga la ley 11.317 de 1924.
“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.
Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.
En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.
También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.
Todos a favor
La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.
En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.
“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.
Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.
Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.
“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.
Oficialismo y oposición en la Cámara baja coincidieron en avanzar en una iniciativa para dejar sin efecto la Ley 11.317, que rige desde 1924. Se aclara que se mantienen las prohibiciones sobre el trabajo infantil.
“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.
Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.
En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.
En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.
También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.
Todos a favor
La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.
En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.
“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.
Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.
Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.
Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.
“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.
La primera comisión
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó este lunes con el dictamen de un proyecto que deroga la Ley 11.317, que rige desde el año 1924, con el objetivo de terminar con las prohibiciones para la contratación de mujeres en ciertas actividades y promover la equidad laboral.
El texto -unificado entre iniciativas de Vanesa Siley, Lucila Masin (FdT) y Silvia Lospennato (Pro)- aclara que se deroga la norma pero sin perjuicio de la legislación posterior que se sancionó para evitar y castigar el trabajo infantil en tareas peligrosas o insalubres -el otro sector que incluía la ley centenaria, titulada como Régimen Legal del Trabajo de Niños y Mujeres.
Al comienzo de la reunión, la diputada Vanesa Siley (FdT) destacó: “Es importante que sepamos todos que estamos hablando de una ley que impide el trabajo de mujeres en diversas actividades. Una norma que tiene 28 artículos, de los cuales subsisten solo 8 porque fueron derogados a lo largo del tiempo, incluso muchos de ellos devinieron abstractos”.
“En 1924 tal vez era una ley justa, pero a lo largo del tiempo devino en una norma discriminatoria para acceder al trabajo con libertad y también para contratar con libertad”, sostuvo la presidenta de la comisión y mencionó algunas de las actividades que estaban y están prohibidas, como “destilación del alcohol y la fabricación o mezcla de licores; fabricación de colorantes tóxicos, explosivos; carga y descarga de navíos; canteras o trabajos subterráneos; maquinistas; engrasado o limpieza de maquinaria; fundición de metales”, entre otras.
La legisladora oficialista explicó que “en muchas actividades estas prohibiciones han devenido en abstracto por el solo hecho de la práctica, pero en muchísimas otras, como la industria pesada, metalmecánica, actividad portuaria o ferroviaria, todavía siguen siendo lugares a los que las mujeres todavía no pueden acceder”.
Incluso, en el sector portuario, “sigue siendo alegada esta ley para impedir la contratación de trabajadoras mujeres”. Y, en ese sentido, Siley explicó que se trata de tareas de las “mejores remuneradas”, por lo que hace a la reducción de la brecha salarial la derogación de esta norma.
“Es un tema que se viene trabajando en consenso y en una armonía muy buena entre todos los bloques”, celebró.
Por su parte, el diputado Albor Cantard (UCR), vicepresidente de la comisión, valoró la ley sancionada en su momento al comparar los diferentes contextos. “No es lo mismo los ojos con los que se la ve hoy, casi 100 años después, con los que se la vio en su sanción”, manifestó.
En esa línea, el radical dijo que si bien la modificación se debe a que la sociedad ha avanzado “en todos los temas vinculados a la cuestión de género, las condiciones laborales no eran las mismas que tenemos hoy”.
“Por más que nos falte mucho por trabajar y hacer, hemos evolucionado muchísimo en estos aspectos”, señaló y recordó que esa norma “tenía lógicamente un carácter netamente proteccionista, que tuvo un valor” para esa época.
A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) remarcó que los artículos que continúan vigentes “siguen siendo utilizados para discriminar a mujeres en algunas actividades”. “Tenemos que volver a ponernos como uno de los objetivos centrales como país la necesidad de aumentar la cantidad de mujeres en la población económicamente activa”, planteó.
La macrista detalló que durante la pandemia se profundizó la desigualdad laboral, ya que “más de 1.200 millones de mujeres dejaron de trabajar” y son las mujeres las que ocupan puestos en “sectores informales, sectores de menor remuneración y nos cuesta mucho atravesar el techo de cristal para insertarnos en los lugares dirigenciales de empleo”.
Sobre las cifras de brecha salarial, la legisladora indicó que es de un 30%, pero “eso no es comparando las mismas ocupaciones”. “Hay tareas feminizadas en el mercado laboral que son siempre las tareas de menor remuneración y menor reconocimiento”, agregó.
Durante la reunión, realizada en el Anexo “C” de la Cámara baja, la diputada Lucila Masin aseguró que “es oportuno, necesario y urgente derogar esta ley” porque con esta legislación se “acentúan la discriminación, la estigmatización y, sobre todo, la asignación de tareas en base al género que nos autopercibimos”. También convocó a debatir leyes que hagan a “mayores oportunidades” en el mercado laboral y terminen con “las asimetrías”.
La iniciativa busca implementar medidas para evitar los accidentes ante lo que el mandatario destacó que “no hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.
El presidente de la Nación Alberto Fernández presentó este miércoles un proyecto de ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable y remarcó la creación de este Comité Mixto porque: “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.
En este sentido, Fernández celebró que se “llegó a este proyecto para enviarlo al Congreso” del cual destacó: “Este es el modo de trabajar, no hay otra manera”, y agregó: “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.
El anuncio se dio durante un encuentro en el Salón Eva Perón de Casa Rosada con dirigentes sindicales, tales como el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el cosecretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el secretario general de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez.
Formaron parte del encuentro, a su vez, los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetros, Roberto Pianelli; de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También participación las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier.
El proyecto, que sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), crea un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.
“Hemos demostrado que el método paritario funciona”, valoró el ministro Moroni, quien ponderó que durante la pandemia “los protocolos de seguridad han funcionado y Argentina ha sido el país con menos contagios en ámbitos laborales”.
Por su parte, la ministra Gómez Alcorta sostuvo que “particularmente para nosotras, desde el Ministerio de las Mujeres, tiene una vital importancia este proyecto de ley porque prevé que estos comités mixtos de empleadores y empleadoras; y trabajadores y trabajadoras, sean paritarios en razón de género”, y añadió que “este Comité deberá contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.
De esa manera, con la participación de representantes de los trabajadores y empleadores, se creará un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.
Será obligatorio para las empresas donde se desempeñan más de cien trabajadoras y trabajadores, mientras que, en las unidades productivas de dimensiones inferiores, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
“Este proyecto de ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas”, indicó Daer y concluyó: “Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”.
Los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para conocer cuáles son las empresas que se radicaron en los mismos, la generación de puestos que hubo, entre otras cuestiones.
A días de que la Legislatura de la Ciudad aprobara la creación del “distrito del vino”, el peronista Santiago Roberto (FdT) junto a otros legisladores del Frente de Todos presentaron en el Parlamento un pedido de informes a través del cual buscarán conocer el funcionamiento de los distritos económicos.
La iniciativa apunta a conocer los resultados de la implementación de los distritos que se crearon en los últimos años: el Tecnológico (Ley N°2972), Audiovisual (Ley N° 3876), de las Artes (Ley N° 4353), Diseño (Ley N° 4761) y de Deporte (Ley N° 5235), Audiovisual y de las Artes (Ley N°6390), Régimen de Promoción de las Actividades de Diseño en el Distrito (Ley N°6391) y Régimen de Promoción de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Distrito Tecnológico (Ley N° 6392).
De esta manera, los legisladores buscarán conocer “la cantidad de empresas de los respectivos rubros que estaban radicadas en cada uno de ellos previamente a la sanción de las leyes que los crearon y que fueron beneficiadas por dicha normativa” y las que se radicaron en los mismos después de la creación de los distritos.
Además le solicitarán al Gobierno de la Ciudad que “estime, desde la sanción de cada Ley de creación de distrito, y a la fecha, los efectos que, en términos de ingreso, empleo y desarrollo socioeconómico, produjo la creación de cada uno de ellos” y que informe el número de nuevos puestos de trabajo efectivamente creados, por empresa y distrito, y el tiempo de permanencia en el puesto promedio de los trabajadores, entre otras cuestiones.
En los fundamentos del texto recientemente presentado, los peronistas recordaron que “hace más de una década que la Ciudad ha desplegado una política orientada a la promoción de diversas actividades a partir de la definición de distritos en los cuáles se impulsaron todo tipo de incentivos en busca de la instalación de empresas o personas en zonas catalogadas como relegadas. Fue así como surgieron el Distrito Audiovisual, de Diseño, del Deporte, el Tecnológico y de las Artes” y explicaron que “es difícil evaluar la efectividad de estas políticas, aun habiendo sido extendidos los beneficios a partir del dictado de las leyes 6390, 6391 y 6392 para lo cual hubiera sido necesario contar con información suficiente que permitiera evaluar la eficacia de las políticas implementadas, sus efectos y consecuencias en el entramado barrial, la generación de empleo, el desarrollo comercial o productivo, la dinámica social de los diferentes sectores afectados, la coherencia con las normativas urbanísticas y los objetivos fijados por el respectivo código, etc”.
A la vez que plantearon que “tampoco tenemos conocimiento cierto del impacto fiscal que han generado las exenciones y beneficios establecidos por las normas vigentes. En consecuencia, es difícil de precisar si la Ciudad ha sido efectivamente beneficiada por la implementación de tales medidas”.
“Dado que, en proyección, el actual Gobierno de la Ciudad parece empeñado en extender estos beneficios a otras zonas de la Ciudad con nuevos distritos, resulta imposible asumir una posición si no se cuenta con los datos que nos habiliten a una decisión responsable como cuerpo legislativo. Por ello, resulta imperioso que el poder ejecutivo brinde aquella información que permita evaluar adecuadamente la efectividad de las leyes de creación de los distritos económicos”, sentenciaron.
La iniciativa también lleva la firma de Matías Barroetaveña y María Rosa Muiños (FdT).
Uno de los temas que propone el exministro de Desarrollo Social es el trabajo. Ante el 25 por ciento de desocupación en los jóvenes, plantea debatir leyes que den incentivos fiscales a las empresas respecto al primer empleo.
El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo señaló que presentará leyes que den “incentivos fiscales” a las empresas que contraten personas que reciben planes sociales y a aquellas también que incorporen jóvenes en su primer empleo, en el caso de resultar electo en los próximos comicios.
“Tenemos 25 por cientos de desocupación en los jóvenes en Argentina, ése es un punto clave”, señaló Arroyo en diálogo con Radio Nacional, en una entrevista en la que detalló algunas de las iniciativas que prevé llevar a la Cámara de Diputados.
En este sentido, propuso “deducciones impositivas a las empresas que tomen jóvenes como primer empleo”; un proyecto de ley que permita estructurar “un gran sistema de crédito no bancario público y privado en conjunto para resolver el endeudamiento de las familias”; y una reforma de la escuela secundaria” para hacerla “más moderna y flexible”.
El exministro consideró que se necesita “un sistema dual que vincule el colegio con el trabajo” porque “uno aprende estudiando, pero también haciendo”.
“La mitad de los jóvenes no termina el secundario en tiempo en Argentina; una parte tiene que ver con la pobreza, pero otra tiene que ver con el poder generar un nuevo esquema de escuela secundaria más atractivo, mucha gente deja la escuela y le cuesta volver”, argumentó.
Asimismo, Arroyo también manifestó que su objetivo de “transformar los planes sociales en trabajo”, a partir de “una ley que dé incentivo fiscal a las empresas que incorporen personas que reciben planes sociales”.
Daniel Lovera continúa como presidente, María Belén Tapia vicepresidenta y Oscar Aníbal Castillo secretario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota y delineó algunos aspectos de la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas proyectos con perspectiva de género. Continúa entonces en la presidencia de la comisión Daniel Lovera (FdT-La Pampa) y en la vicepresidencia María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz). Permanece además Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca) como secretario.
El presidente de la comisión resumió el período anterior al definirlo como “un año atípico” y señaló que “supimos construir dentro del disenso respetuoso. La pandemia nos marcó prioridades que nadie tenía previstas, nos enfocó en una crisis que nadie conocía, ni aún todavía conocemos”.
Destacó, además, el tratamiento de temas como “cuidado del ambiente, género, equidad” y solicitó “seguir atendiéndolos”. Por último, remarcó que “esta comisión ha estado a la altura de la circunstancia en un contexto tan inédito”.
En cuanto a la vicepresidenta Tapia, realizó una breve intervención al comienzo de la reunión -de la cual luego se tuvo que retirar- para pedir “evitar que al momento de tratar los temas en el recinto nos tuviéramos que enterar de algunas modificaciones, como sucedió con por ejemplo con la fórmula provisional”. Aclaró que esto “es en virtud del trabajo serio que nos pide nuestra sociedad en el contexto de crisis”.
Algunas senadoras también pidieron la palabra para solicitar que sus proyectos se debatan. Fue el caso de Beatriz Mirkin (FdT), que recordó que “hay un proyecto que lo presenté el año pasado y que fue conversado pero no se tomó una decisión. Es una modificación de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares”
“No modifica ninguna cuestión presupuestaria ni que tenga que ver con otros problemas. Pero sí modifica una cuestión que tiene que ver con género. La posibilidad de que las mujeres sean las que cobren todas las asignaciones de salarios familiares, independientemente de quién trabaje en relación de dependencia. Que cobre la que se ocupa de los hijos”, explicó la legisladora oficialista.
Inés Blas (FdT) también habló de sus propios proyectos sobre género. Señaló que “yo tengo varios proyectos que tienen que ver con el género, relacionados con la paridad de género, en materia de representación en asociaciones sindicales, en negociación colectiva. Paridad en la integración de las comisiones directivas de los sindicatos. Pedirle que pudiésemos darle tratamiento, si no es a todos, es a algunos”.
A modo de respuesta, Lovera aseguró que “ya he recepcionado los proyectos que tienen intenciones de tratar. Los pedidos de las senadoras y de otros senadores vamos a tratar de ponerlos rápidamente en agenda la próxima semana. Son muchos los proyectos que nos han pedido debatir. Algunos, como por ejemplo las licencias especiales, ya han tenido consenso”.
Por último, la senadora Ana Almiron pidió “agregar a estos temas consensuados las acciones laborales y su imprescriptibilidad, que también hubo consenso en la comisión y no lo pudimos pasar al recinto. Por lo menos ver si en asesores, ahora que estamos cerca del 24 marzo, consensuar algún texto entre asesores. Sería importante sacarla para la semana que viene, antes del 24 de marzo”.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.
En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.
La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.
Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.
Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.
La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.
Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.
También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.
Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.
También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.
En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.
El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.
Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.
A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.
Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.
La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.
Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.
Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.
Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.
Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.
El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.
Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.
También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.
El Senado se reúne desde las 14.18. La sesión arrancará con el tratamiento del pliego de Raúl Bejas para la Cámara Nacional Electoral. El temario incluye iniciativas vinculadas a beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, y propuestas sobre discapacidad y niñez.
La Cámara alta realiza desde las 14.18 una nueva sesión especial en la que tratará un paquete de proyectos que cuenta con consenso entre los bloques. En tanto, el primer tema será la votación de una treintena de pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo y con dictamen de la Comisión de Acuerdos.
Entre ellos se encuentra el del juez federal tucumano Raúl Daniel Bejas, propuesto para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio rechaza su postulación, no solo por su pasado como apoderado del PJ en su provincia durante 12 años, sino porque en el primer lugar del concurso había resultado una mujer, Alejandra Lázzaro, secretaria de la CNE.
El temario de este jueves incluye un proyecto de Julio Cobos (UCR) que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
Se tratará a continuación un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorga beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas. Por un lado, se les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años; y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas, de diez a doce meses.
Otro de los proyectos del temario busca ampliar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.
El pleno avanzará también con una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.
Además, figura un proyecto de la senadora Norma Durango (FdT) que crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes; y otro que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para declarar el Día de la Persona Donante de Órganos el 29 de agosto.
También se abordará un proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires.
La lista de proyectos a tratar abarca la declaración de dos Monumentos Históricos Nacionales: el “Solar Sarmiento”, la última casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Asunción, Paraguay; y la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad sanjuanina de Jáchal.
Se votará, por otra parte, la transferencia de distintos inmuebles a la ciudad de Belén (Catamarca), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Dorado (Misiones), a la provincia de La Pampa y a la Municipalidad de Tostado (Santa Fe).
Proyectos vinculados a discapacidad
En la sesión se tratará una iniciativa de María Inés Pilatti Vergara (FdT) que promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por la ONU, que consiste en una figura con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.
Otros proyectos será el de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante; y uno del titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al día mundial consagrado por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Asimismo, se votará la iniciativa de Inés Blas (FdT) que modifica la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, en lo vinculado a acciones de difusión y concientización; y una propuesta de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.
La Cámara baja avaló una iniciativa consensuada que establece presupuestos legales mínimos y delega las regulaciones particulares en los convenios colectivos. El debate se precipitó por la pandemia. Destacan el nivel de consenso alcanzado.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La regulación del teletrabajo avanzó este jueves en la Cámara de Diputados, que aprobó un proyecto consensuado entre propuestas de diferentes bloques que establece un “piso de derechos” para los trabajadores que elijan esta modalidad, extendida con la pandemia del Covid-19.
Tras un debate protagonizado por los diputados de extracción sindical, la votación resultó con 214 votos afirmativos y solo uno negativo, de Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), además de 29 abstenciones, provenientes de integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda.
El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, establece presupuestos legales mínimos para el teletrabajo y delega en los convenios colectivos las regulaciones específicas para cada rama de la actividad.
La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
En primer lugar, se garantiza la igualdad de derechos: la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, para que el trabajador no esté obligado a cumplir tareas por fuera de su jornada laboral.
El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.
Otro aspecto novedoso es la contemplación de las tareas de cuidado: los trabajadores que tengan a su cargo menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad, podrán acordar horarios compatibles con esas tareas, y si el empleador incumple, será pasible de sanciones por acto discriminatorio.
El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; la higiene y seguridad laboral; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, explicó que el debate “se nos vino encima por la pandemia”, pero “ya existía y muchos diputados habían intentado que avance”.
Siley precisó que se unificaron 20 proyectos presentados este año y resaltó que “hay un interés social en que este tema se regule”, por lo cual se decidió escuchar a todos los sectores involucrados: empleadores, trabajadores y el Estado.
En ese sentido, recordó que pasaron por la comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; las centrales sindicales; sindicatos telefónicos; la directora de Políticas de Cuidado, Lucía Cirmi Obón; cámaras empresarias; jueces del fuero laboral y especialistas.
“El trabajo que se realizó pondera mucho a la Cámara de Diputados”, consideró Siley, al explicar que se ponen en juego “intereses contrapuestos” y que lo que se busca con esta legislación es “proteger a la parte más débil de la relación laboral”.
Desde Juntos por el Cambio, Albor “Niky” Cantard opinó que “el hecho de que hayan transcurrido más de 12 años desde la presentación de los primeros proyectos valoriza el trabajo realizado para tratar de alcanzar los máximos consensos posibles”.
Para el radical, “esta modalidad contractual no solo ha venido para quedarse, sino que va a crecer, y mucho, en el futuro, producto de la avance de las tecnologías de la información y la comunicación”.
A su turno, el oficialista Hugo Yasky enfatizó que en todo el mundo “los trabajadores vamos a ser particularmente castigados por las consecuencias de esta pandemia”, y en ese sentido citó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alerta por la pérdida de “300 millones de puestos de trabajo”.
Por eso, el titular de la CTA de los Trabajadores consideró que “necesariamente debemos respaldar y fortalecer la posición de los trabajadores”, porque son “el sector más frágil, el más vulnerable”.
“Esta ley viene a saldar un vacío legal. Los tiempos de esta crisis, que necesariamente vamos a atravesar, va a requerir esforzarnos para este tipo de leyes”, agregó el legislador del Frente de Todos.
Por el mismo bloque, Patricia Mounier, dirigente sindical de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) sostuvo que “este proyecto pone en valor las negociaciones colectivas de trabajo porque es una norma general que abarca a todo el mundo laboral, pero que después por actividades podremos trabajar más específicamente”.
Mounier valoró especialmente que “por primera vez en una normativa se tienen en cuenta las tareas de cuidado. Es un momento histórico para la lucha de las mujeres trabajadores y creo que ahí hacemos justicia”.
Una voz disonante fue la de Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica y abogada laboralista, quien advirtió que “estamos frente a una ley que va a ser usina de conflictos laborales”, y decidió abstenerse.
“No hay nada más perjudicial para un trabajador, también para un empleador, que tener que recurrir a la instancia judicial y esperar cinco años que un juez determine si tenía razón o no”, agregó.
La legisladora sostuvo que el proyecto “tiene en general contenidos de consenso”, pero a su vez presenta “serias divergencias”, ya que “no recoge muchas de las recomendaciones de todos los que nos han venido a informar” y “se olvida que hay un marco del cual no podemos corrernos, que es la Ley de Contrato de Trabajo”.
Por su lado, el dirigente de la UATRE Pablo Ansaloni destacó que los trabajadores “son el motor de la economía y por ende debemos primar que este proyecto lleve dignificación para cada uno de ellos”, y abogó por brindarles “las herramientas necesarias a los sindicatos” ya que se necesita “un gremialismo fuerte”.
Autor de un dictamen en minoría -con pocas diferencias respecto al de mayoría-, el bonaerense opinó que esta norma “será un antes y un después” y aclaró que no solo debe proteger a los empleados, sino también “a aquellos empleadores que siempre están dentro de la ley”.
Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó el artículo referido a la jornada laboral, al afirmar que “abre la puerta a la flexibilización”, que es “lo que quieren las patronales y a lo que hemos escuchado de las cámaras empresarias”.
También consideró que “los derechos sindicales están planteados de manera insuficiente” y cuestionó que la ley vaya a entrar en vigencia 90 días después de finalizado el aislamiento porque “hoy se están dando los abusos”.
“Pedimos que empiece a regir inmediatamente”, solicitó Del Caño, y añadió que “no se puede retroceder un milímetro en los derechos de los trabajadores”.
Su colega Romina Del Plá (PO) subrayó que “en nombre de los avances tecnológicos no se pueden flexibilizar las conquistas laborales que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo”.
La legisladora señaló que los aspectos positivos del proyecto, “pueden quedar barridos o arrasados por otros artículos que habilitan el tema de la precarización” y alertó que no esté “taxativamente” establecida “la prohibición del monotributo”, lo que resulta una “habilitación para el fraude laboral”.
El exsindicalista del peaje Facundo Moyano celebró que “después de 18 años estamos por sacar media sanción” a un proyecto sobre teletrabajo, en el cual se establecen “pautas mínimas, pero que significan derechos para que se respeten y sobre los cuales se puedan parar las convenciones colectivas”.
Ante las advertencias sobre una posible flexibilización, observó que también hay precarización en el trabajo presencial, y enfatizó que hay un tema en el cual “los diputados y, fundamentalmente los diputados del peronismo, no nos podemos seguir haciendo los distraídos”, en referencia a la informalidad.
“En Argentina hay un 40% de trabajo no registrado”, informó, y sostuvo que eso “es responsabilidad de la política y fundamentalmente del peronismo”, por lo que llamó a “discutir derechos para quienes no los tienen y más derechos para quienes los tienen”.
La senadora López Valverde apunta a la eliminación de todo tipo de discriminación por razones de género en el ámbito laboral.
La senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos-San Juan) presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y varones en el mundo del trabajo.
La propuesta apunta a la eliminación de todo tipo de discriminación por razones de género en el ámbito laboral, tanto para la esfera pública como para la esfera privada, cualquiera sea su modalidad presencial o virtual, asegurando la igualdad en el acceso al empleo, en la formación y capacitación de las trabajadoras y trabajadores en sus condiciones de trabajo.
Se trata de una iniciativa que la legisladora peronista había presentado en 2018 y, en lugar de volver a presentarla, decidió ampliarla.
“En estos años de trabajo en la Banca de la Mujer junto a mis compañeras he sido testigo de la cantidad de batallas que aún debemos conquistar. Falta mucho camino por recorrer, pero tenemos la convicción de hacerlo juntas en defensa de nuestros derechos”, manifestó.
El proyecto ahora incluyó un capítulo de deberes específicos para la administración pública, los organismos descentralizados y las empresas públicas nacionales.
Se trata del proyecto del Ejecutivo para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que ingresó la semana pasada al Senado.
Tres gremios legislativos que integran la CGT pidieron el “pronto tratamiento y aprobación” de la ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Se trata del proyecto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Senado y que fue anunciado por el propio presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.
En un comunicado conjunto, Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN) y José Rodríguez (APES) celebraron el envío del proyecto y sostuvieron que “responde a un gran anhelo de nuestras trabajadoras y trabajadores del país y el mundo”.
Los gremios destacaron que el Convenio, aprobado en la OIT en 2019, “es, sin lugar a dudas, un gran logro del movimiento obrero y sobre todo de las mujeres sindicalistas, que fueron las que dieron origen a la discusión de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.
Además, explicaron que “es la primera norma internacional” que aborda estos temas, “identificando a la violencia en todas sus formas”.
Por último, instaron a ambas Cámaras a aprobar con celeridad la ley, “colocando a la Argentina una vez más ante el mundo de la vanguardia en la conquista de derechos y protección de la clase trabajadora”.
