Dos son los proyectos que se pondrán en tratamiento en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. También se analizará una iniciativa que busca declarar duelo nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA.
Con el país paralizado y conmocionado por el caso de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años de edad que desapareció en la provincia de Corrientes, el Senado de la Nación comenzará a tratar dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
Será en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, que se llevará a cabo este jueves a las 15 en el Salón Arturo Illia, quien tendrá como desafío reunir el quórum necesario para habilitar el encuentro cerca del final de una semana que tiene escasa actividad en el Senado y legisladores que se encuentran en sus provincias.
Allí se pondrán a consideración dos iniciativas impulsadas por la santafecina radical Carolina Losada que, durante la gestión anterior de Cristina Kirchner, en la Cámara alta no fueron tenidas en cuenta.
La primera ley activaría “prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”. En los fundamentos, la legisladora santafecina plantea: “Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad”.
En tanto, el segundo proyecto expresa: “El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda”.
Además, la propuesta -firmada también por el radical Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri (Pro)- deja en claro que las penas se agravarán “de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737″.
Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA
Además, la comisión intentará dictaminar la iniciativa que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.
El proyecto en cuestión impone que el 18 de julio “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del texto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.
El proyecto cuenta con media sanción de Diputados desde 2023, dentro de un paquete de leyes que la Cámara baja avaló en medio de una sesión y que no fue acompañado por los entonces legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel. “A la medianoche votaron un paquete de ocho proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Javier Milei no votarlos a favor”, esgrimió Villarruel como argumento tras la sesión, realizada a inicios de julio pasado.
Días más tarde, el actual jefe de Estado solicitó a la otrora titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que le cambiaran el voto como afirmativo -en realidad, ello quedó como una observación en el acta por auditoría- para esa ley y para el de eliminación del trámite de fe de vida a los jubilados y pensionados.
