Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de Diputados avalaron la iniciativa que establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTIQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen este jueves durante un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que culminó con aplausos.
La iniciativa logró un amplio acompañamiento, aunque fue firmado con disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.
En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.
En primer término, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), destacó que el dictamen es “producto de un trabajo muy intenso” que reunió aspectos de “15 proyectos presentados”. Asimismo, avisó que la iniciativa es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans.
La bonaerense remarcó que “la incorporación al ámbito laboral formal” es fundamental para que muchos puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. Además, valoró la militancia de las organizaciones de la diversidad y reconoció las figuras de Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (FdT), señaló que “el puntapié a este avance no se puede negar que lo ha dado el Poder Ejecutivo y también el Senado”, al tiempo que agradeció a sus “compañeras que han luchado para que esto se concrete”. Agregó que “sin dudas para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales”, y aseguró que los gremios “se deben este debate” de incorporación de personas trans y travestis.
A su turno, el santafesino Albor Cantard (UCR) lamentó que la Comisión de Legislación del Trabajo no haya tenido la oportunidad de debatir el proyecto, ya que esta fue la única reunión conjunta, más allá de las varias reuniones informativas que llevó a cabo la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En ese sentido, el legislador expresó que hubiera sido bueno discutir sobre “qué se entiende por antecedentes penales relevantes o no; si las personas que han cometido delitos contra la administración pública entran a la ley o no; si está bien el 1% para el cupo o el 0,5% era suficiente”, entre otros aspectos.
En consonancia con su par de Juntos por el Cambio, el porteño Alejandro García (Pro) consideró que la iniciativa “toca un montón de puntos que hace ni más ni menos que a la competencia específica de nuestra comisión”. “No entiendo ninguna explicación razonable para que este proyecto no haya sido debatido una sola vez en la comisión que usted preside y que yo integro”, le reclamó a Vanesa Siley.
El legislador apuntó que “no son temas menores” las reformas previstas a la Ley de Empleo Público e insistió que “hay muchas materias en las que se podría haber mejorado la redacción”. “No lo podemos acompañar responsablemente”, completó.
Siley le respondió que receptaba la crítica y la iba a tener en cuenta para “la próxima oportunidad”, pero argumentó que “las reuniones informativas son públicas”, además de que mientras se realizaban en la Comisión de Mujeres y Diversidad “nosotros estábamos abocándonos a discusiones de la Ley de Teletrabajo y la ratificación del Convenio 190 OIT”.
“Cuando las luchas son largas y llevan muchos años, el momento de conquistar derechos también se analiza en la oportunidad, mérito y conveniencia, y había un impulso muy grande a raíz del avance del Poder Ejecutivo y el Senado”, justificó la oficialista.
Durante el debate, la diputada Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) opinó que con el proyecto se está “sanando un poquito en todo lo que se vieron limitados (los miembros del colectivo) y totalmente excluidos, tanto al trabajo, la salud y la educación”.
La misionera pidió no hablar de cupo, sino de “inclusión”, porque “con esta legislación estamos tratando de dignificar”. También llamó a “acompañar la lucha en el día después de la sanción de la ley” para “que se cumpla en cada una de las provincias”.
“Rescato los pedidos que han hecho los compañeros de nuestro interbloque, en torno a que hubiera facilitado el proceso de debate las informativas conjuntas; pero también quiero decir que esto tiene una larga historia en nuestra Cámara, que se remonta mucho más allá de 2016”, dijo Brenda Austin (UCR).
La cordobesa añadió que “las condiciones de la Cámara están dadas para que avancemos con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, continuó y, en esa línea, se refirió a la niñez trans, de modo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.
Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (FIT) propuso una serie de modificaciones, entre ellas que la ley sea de orden público y de aplicación inmediata -ya que se prevé su entrada en vigencia 60 días después de su aprobación-, al tiempo de rechazar los incentivos para el sector privado. “A las patronales no hay que subsidiarlas más”, aseveró.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo Moyano (FdT) ratificó su aval a la iniciativa, pero también enumeró varias propuestas de cambios al texto -antes de su llegada al recinto- para “estar sólidos en el argumento político y legislativo”. “Tenemos que tratar de mejorar el proyecto en cuanto a la técnica legislativa”, subrayó, entre ellos “ser específicos en los antecedentes penales”, algo planteado por Cantard y García.
El jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, enfatizó que la iniciativa es para beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, ponderó, además de manifestar que “tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT) resaltó que esto es parte de “una lucha que se viene dando desde hace tanto años” y “una deuda pendiente enorme que tiene el Estado”. La oficialista sostuvo que el proyecto tiene “una enorme legitimidad”, al contar con “el respaldo de 200 organizaciones” de todo el país.
La iniciativa permite que las personas del colectivo trans “puedan comenzar a tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó la legisladora, y celebró: “No creo que sea una casualidad que se trate hoy, que se conmemora el 125° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón”.
Puntos centrales del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el artículo 7.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, agrega.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
En una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, diputados escucharon a activistas de la comunidad que relataron las múltiples dificultades que atraviesan.
Representantes varones del colectivo travesti/trans volvieron a reclamar por una ley de cupo laboral en la Administración Nacional, en el marco de una nueva reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos).
La legisladora informó sobre la voluntad de dictaminar un proyecto consensuado sobre el tema “lo más pronto posible” y resaltó que el debate de este martes coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria.
Al inicio del encuentro, Gabi Díaz Villa, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, remarcó que la ley de inclusión laboral es “un instrumento legislativo que logrará transformar las vidas hoy vulnerabilizadas de nuestros compañeres”.
Díaz Villa advirtió que “solo el 5% de nuestro colectivo accede al trabajo formal” y agregó: “Si esta es la situación actual es porque venimos de una historia de violencia, persecución y hostigamiento, sobre todo policial, y que a lo largo de los gobiernos no se ha logrado modificar”.
Al referirse al denominado “techo de cristal”, el activista trans lo calificó como “un verdadero paredón de hormigón que nos separa del mercado laboral formal”. “Es hora de que el Estado haga este gesto real de reparación”, insistió.
A su turno, Lautaro Lucas Cruz, de Transargentinxs, sostuvo que “esto es más que tener un sueldo: significa un cambio radical de poder pensar en la conformación de una familia y en la casa propia”.
Desde ATTTA Nacional, Patricio Alejandro Salto coincidió en que esta población “no accede a los mismos derechos” que el resto, y pidió que “tengan las mismas posibilidades de tener una vida plena”. “Nuestro trabajo no es reconocido ni remunerado de la misma manera y eso también es violencia”, dijo.
En ese sentido, Salto reclamó que el debate no se acote al cupo laboral sino que se avance en una ley integral. “No queremos una ley de mínima. No somos una estadística. Somos personas”, afirmó, y propuso además que la inclusión laboral “no sea solo en el Estado, sino también en empresas privadas y cooperativas, y tener el derecho a elegir dónde queremos trabajar”.
Por otra parte, Eugenio Tabot Wright (Convocatoria Federal Travesti y Trans Argentina) manifestó: “Seguimos siendo víctimas de los códigos de faltas y contravenciones heredados de la dictadura. Todos los años perdemos a decenas de compañeres, ya sea por travesticidios, transfemicidos o por abandono del Estado. Por eso las organizaciones hablamos de un transgenocidio social que ha tenido continuidad en democracia”.
Thiago Galván, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, denunció que “la sociedad que no se hace eco de nuestros valores porque históricamente no le dio valor a nuestras vidas”.
“¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para elegir la vida que queremos vivir? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para sentir que nosotres también podemos ser felices? Lohana Berkins decía que el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. Yo les digo que dejen de negarnos amor”, expresó.
También expusieron Tomas Máscolo, periodista especializado en género y sexualidades; Alan Otto Prieto, de Capicua Diversidad; Mariano Galeano, de Red Diversa Positiva (Chaco); Anthuan Darío Aranda, del Frente Federal de Transmasculinidades por la Ley de Cupo; Santiago Nahuel Quizamas, de Varones Trans Santa Fe; y Sebastián Ignacio Medrano, del Movimiento Trans Nadie Echazú, entre otros.
Se realizará en Diputados la tercera reunión informativa para el tratamiento del proyecto de ley Lohana Berkins.
Este martes a partir de las 15, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación avanzará en el debate en torno a la ley de inclusión laboral travesti-trans con una reunión informativa en la que expondrán activistas que participaron de la elaboración de los proyectos presentados. Esta será la tercera reunión informativa para el tratamiento de la temática de inclusión laboral trans-travesti.
El proyecto de Ley Lohana Berkins presentado por la diputada nacional Gabriela Estévez con el apoyo de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina pretende dar una respuesta integral a la emergencia socio-laboral que vive la población trans y travesti, agravada por el contexto de la pandemia. El 91% de las personas trans y travestis no tienen trabajo registrado. El 85% de las mujeres y feminidades trans y travestis ejerce o ejerció el trabajo sexual y/o está o estuvo en situación de prostitución como forma de supervivencia. Como consecuencia, el 64% de las personas trans y travestis no tiene cobertura de salud y el 58% ha sufrido violencia por parte de las fuerzas policiales. Todo lo cual hace que su expectativa de vida promedio sea de apenas 36 años de edad.
Los principales puntos del proyecto de Ley Lohana Berkins son:
“A dos días del aniversario por los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, debemos reivindicar la importancia de un Estado que empuje a la sociedad a generar verdaderas transformaciones. Quienes legislamos tenemos la responsabilidad de llevar adelante estos avances. 9 de cada 10 personas trans no tienen acceso a un trabajo formal, la situación de exclusión en estos términos se trata de algo estructural, por eso debemos pensar una ley superadora, que logre reparar el odio y la discriminación que ha sufrido históricamente la población trans-travesti en nuestro país”, afirmó Estévez.
Se llevó adelante en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Funcionarias de distintas provincias defendieron la necesidad de una ley.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos) realizó este martes la segunda jornada de debate sobre el cupo laboral para travestis y personas trans en el sector público nacional.
El encuentro, moderado por la periodista Amanda Alma, contó con la participación de funcionarias del área de género y diversidad de diferentes provincias que defendieron la necesidad de una ley, mientras diputados de distintos bloques avanzan en un consenso.
Macha adelantó que se buscará un dictamen unificado entre propuestas de Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriela Estévez, Leonardo Grosso (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), entre otros.
“La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz, el que genere la posibilidad de inclusión más rápida para que verdaderamente quien siga en una instancia de prostitución, sea por elección”, explicó la titular de la comisión.
En el mismo sentido, Álvarez Rodríguez -quien propone un cupo del 1,5% en el Estado Nacional, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado- advirtió que “la falta de derechos para la población trans/travesti es una condena a muerte” y por eso “el Estado debe ser el primero en promover la igualdad de oportunidades”.
La primera en exponer en la reunión virtual fue la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, que en el marco del Día Internacional del Orgullo, que se celebró el domingo pasado, pidió que “el orgullo se transforme en reconocimiento sobre nuestros derechos”.
También recordó que el 15 de julio se cumplirán diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y sostuvo que “una clave fundamental de aquellos años fue que nuestra sociedad no retrocede, sino que nuestras instituciones avanzan y nuestra sociedad se pluraliza cuando se reconocen nuestros derechos”.
Asimismo, señaló que también se celebraron los ocho años de la Ley de Identidad de Género, que “lamentablemente no modifica las condiciones de violencia estructural” que padece la comunidad trans.
“Hay una lucha histórica de este movimiento social, que tiene mucho que ver con el sentido de la democracia”, dijo, y mencionó como referentes a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Claudia Pía Baudracco. “Necesitamos personas trans en el Estado para que el Estado cambie”, explicó Rueda.
La funcionaria destacó que “el cupo trans es una prioridad absoluta para nosotres” porque sin esta medida, “no habrá personas trans aportando a los cambios culturales” y esto redundaría en “un futuro en blanco y negro”, sin diversidades.
Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, remarcó “la necesidad de generar políticas públicas de inclusión social que además tengan perspectiva de creación de empleo y que tengan la vocación de abrazar a las compañeras que necesitan de la mano del Estado para acceder a esos derechos”.
Portos sugirió que, mientras se trata en el Congreso la ley de cupo trans, se avance en “construir herramientas estadísticas sobre esta población” ante la falta de datos oficiales.
A su turno, Úrsula Sabarese, directora de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género de Chaco, advirtió que la población travesti/trans “ha sido históricamente el último eslabón de la cadena de políticas públicas de todos los Estados”.
Sabarese puntualizó que Chaco fue “una de las primeras provincias que incursionó en una ley de inclusión laboral, que ha nacido desde un consenso” y que es, a su criterio, más amplia que el cupo. Además, coincidió en que “la pandemia reflotó” la preocupación por “la falta de estadísticas” de esta población.
En tanto, Roxana Rodríguez, de la Dirección de Diversidad y Género de Santa Cruz, admitió que una ley de cupo trans sería “reparatoria” pero consideró que “nos quedamos cortos: es importante insistir en la ley integral trans para que todos los derechos que le corresponden a la comunidad trans sean tenidos en cuenta”.
Rodríguez precisó que según datos relevados por la Federación LGBT, ATTTA y la Fundación Huésped, entre otras entidades, solo el 32% de la población trans concluyó los estudios secundarios; el 80% no tiene obra social, y en el caso del 20% que sí la tiene, no se respeta la Ley de Identidad de Género.
También informó que las personas trans y travestis tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años por sus condiciones de vida “precarias”, y añadió que “recién este año se van a incorporar en el Censo”, ya que antes se calculaba esta población “a partir del error”.
En la reunión también expusieron, entre otros, Nicolás Navarro, del Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy; Victoria Liendro, del área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta; y Ema Bejarano, del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego.
Fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad. Expusieron referentes del colectivo que denunciaron una discriminación histórica y pidieron una reparación por parte del Estado.
La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes sobre la inclusión laboral de travestis y personas trans, en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos), donde participaron representantes de asociaciones civiles que luchan por un reconocimiento de este colectivo.
Al abrir la reunión virtual, que fue moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma, la diputada Macha destacó que “hay un compromiso” en la comisión para avanzar con un proyecto unificado sobre cupo laboral para personas trans y travestis, que “necesitan estas leyes para lograr empleo formal”.
A su vez, Vanesa Siley, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, sostuvo que “siempre que se combinan temas en las comisiones de Mujer y de Trabajo, estamos hablando de igualdad real de oportunidades”.
La primera en exponer fue Marcela Tobaldi, de la asociación La Rosa Naranja, quien se refirió a la difícil situación que deben atravesar durante la pandemia los travestis y personas trans, cuyo promedio de vida no supera los 40 años.
“En estas épocas donde no se puede ejercer el sistema prostituyente, todas las personas trans y travestis tienen que estar aisladas en un cuarto de hotel, casi siempre pobre, en los barrios más vulnerables de la Ciudad”, lamentó Tobaldi.
Y agregó: “Esta situación ha dejado al desnudo uno de los sectores más destruidos de nuestra sociedad. Entonces nos preguntamos cómo queremos vivir nuestra democracia: con derechos. ¿Y quiénes son los responsables de que la democracia sostenga los derechos humanos necesarios? Es la política”.
La integrante de La Rosa Naranja sostuvo que “fueron muchos años de reclamar y no tener resultados” y habló de una “discriminación histórica y estructural del Estado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo occidental capitalista” que “siempre tuvo arrodillados” a los travestis y trans “a expensas de la prostitución, porque esas son las fantasías del hombre capitalista”.
También participó de la reunión Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y hermana de Diana Sacayán, la activista asesinada en octubre de 2015 en un crimen calificado por el colectivo como “travesticidio”.
Say Sacayán señaló que la demanda de la inclusión laboral “ya tiene muchos años” y que “nació a partir de la experiencia del trabajo territorial”, donde su hermana Diana fue una referente.
“(Diana) fue una de las militantes que más aportes hizo a nuestra comunidad, y ha dejado la vida en la lucha”, destacó Say, al recordar que “un mes antes de su asesinato fue aprobada la ley de cupo travesti/trans en la provincia de Buenos Aires”.
“El acceso al mercado laboral es algo que a veces no podemos ni imaginar”, confesó, y explicó que lo que se busca es implementar un cupo del 1% en la planta del Estado Nacional, “una medida mínima y paliativa para el nivel de desamparo en que nos encontramos”.
En tanto, Daniela Candelaria Sajama (ATTTA Córdoba) consideró “necesario que haya una ley y que también hayan herramientas territoriales para trabajar estas leyes” y que éstas no se transformen en “letra muerta”.
“Distintas organizaciones hemos puesto nuestro granito de arena para esta ley. Mi deseo es que haya un debate serio y voluntad política”, manifestó Sajama, al advertir que “siempre este tema avanza hasta cierto punto y después retrocede”.
Desde la Federación Argentina LGBT, Ornella Infante destacó que “hoy tenemos la posibilidad histórica de exteriorizar y dejar plasmadas las necesidades que tenemos, aprovechando el contexto histórico en el que nos encontramos, donde nuevamente tenemos un gobierno popular”.
“No es casual que en un gobierno peronista, nacional, popular, inclusivo, feminista y diverso se den estos debates, que lamentablemente quedaron de lado en la gestión del presidente (Mauricio) Macri, donde decían que los Derechos Humanos eran un curro”, aseveró.
Marcela Romero, directora de Casa Trans) y expresidenta de la Federación Argentina LGBT, consideró que “hay que ir por algo más abarcativo, una ley integral trans donde se trabaje con todas las generaciones de personas trans y donde ninguno quede afuera”.
También disertaron en la reunión informativa Victoria Castro (100% Diversidad y derechos de Tierra del Fuego), Paula Arraigada (asesora trans en la Cámara de Diputados), Karin Tuma (Identidades Trans, Travestis, Intersex y No Binaries LGBTIQ) y Claudia Vázquez Haro (Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina), entre otras.
