A más de un mes del inicio de las actividades parlamentarias, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  sigue avanzando con las designaciones de autoridades de las distintas comisiones parlamentarias y se constituyeron otras cuatro:  Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo; Tránsito y Transporte; Legislación del Trabajo; y Vivienda.

En este marco, se constituyó la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, que será presidida por Silvia Imas de La Libertad Avanza (LLA); mientras que la vicepresidencia primera quedó a cargo de Francisco Caporiccio de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) y la vicepresidencia segunda en manos de Pablo Donati de  Vamos por Más (VxM). La comisión se reunirá los  lunes a las 15 horas y tiene como directora a Cecilia Romussi.

Es competencia de esta comisión todo asunto o proyecto de iniciativa empresarial, desarrollo de micro, pequeña, mediana y gran empresa, emprendimientos cooperativos, mutuales y todo emprendimiento comercial o industrial, Consejo Económico y Social, Mercado Central, juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, Código de Habilitaciones y Verificaciones, localización y radicación de establecimientos industriales, generación de empleo. Relaciones con ciudades de otros países, sus organizaciones, organismos internacionales y Mercosur.

Posteriormente, se reunió la Comisión de Tránsito y Transporte, cuya presidencia será ejercida por Francisco Loupias de Ciudadanos Unidos – UCR (CU-UCR); la vicepresidencia primera estará a cargo de Juan Fernández de LLA y la vicepresidencia segunda de Juan Pablo Modarelli de FxBA. Se reunirá los miércoles a las 13 horas y Mauro Falcone fue designado director.

Corresponde a la comisión el tratamiento de todo lo relacionado con los transportes en todas sus variantes, el Código de Tránsito y Transporte, la circulación, el estacionamiento, la carga y descarga, la habilitación de conductores, educación y señalización vial, las escuelas y academias de conductores, las tarifas y playas de trasbordo de cargas, las estaciones terminales, puertos y aeropuertos, la fiscalización y la coordinación de políticas con el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, como así también lo competente a los taxis.

Más tarde, y nuevamente en el Salón Montevideo, se conformó la Comisión de Legislación del Trabajo según lo establecido por el artículo 139 del Reglamento Interno. Matías Barroetaveña (FxBA) fue designado como presidente de la comisión y las diputadas Graciela Ocaña (CyD) y Patricia Glize (VxM) como vicepresidentas primera y segunda, respectivamente.

“Se ha incorporado a esta comisión la diputada Glize en reemplazo del diputado Waldo Wolf, aunque todavía no está formalizada su incorporación, dado que se están realizando los decretos de manera administrativa”, explicó Barroetaveña durante la elección de las autoridades.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 bis del Reglamento Interno, esta comisión debe dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo al empleo público, régimen básico de la función pública, estatuto y escalafones, seguridad social y lo prescripto en los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución de la Ciudad. Se estableció que los días de reunión de la comisión serán los lunes a las 13 horas.

Finalmente, en el Salón Presidente Alfonsín, se integró la Comisión de Vivienda en la que la diputada Victoria Freire (FxBA) fue designada como presidenta; y Rocío Figueroa (VxM) y Marcelo Ernst (LLA) como vicepresidentes primera y segundo, respectivamente.

La dirección de la comisión va a estar a cargo de Julieta Eva Newman. Conforme a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento Interno corresponde a la Comisión de Vivienda el tratamiento de todo lo relacionado con el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, inquilinatos y alojamientos no turísticos, seguridad en las construcciones.

De esta manera, la Legislatura continúa con el proceso de constitución de sus comisiones de trabajo, fundamentales para el tratamiento y análisis de los proyectos legislativos.

El diputado Fabián Luayza presentó un proyecto que declara su preocupación a raíz de la reducción de la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires como consecuencia del constante incremento de los combustibles.

"Los usuarios de los colectivos no tienen la culpa que suba el precio del gasoil todo el tiempo", manifestó.

En los fundamentos de la iniciativa presentada por el legislador de Berazategui se alerta sobre la situación que "afecta gravemente la movilidad cotidiana de millones de usuarios, en particular trabajadores y estudiantes".

Al tiempo que pide que "se adopten de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la normal prestación del servicio, asegurando condiciones de sostenibilidad económica para las empresas prestatarias y la accesibilidad al transporte público para los bonaerenses".

En ese sentido, el diputado del bloque Nuevos Aires dijo que “la medida adoptada por las empresas de transporte de pasajeros responde a un contexto de fuerte incremento de costos operativos, particularmente del combustible, con aumentos cercanos al veinte por ciento en el último mes, sumado a la falta de actualización en los mecanismos de financiamiento del sistema y la reducción del acceso a combustible subsidiado”.

"Como consecuencia directa, las empresas tomaron la decisión de realizar una disminución significativa en la frecuencia del servicio, generando mayores tiempos de espera, congestión en las unidades disponibles y un deterioro general en la calidad del transporte público", indicó el legislador.

Finalmente, Luayza subrayó que “esta situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del transporte público para el acceso al trabajo, la educación, la salud y otros servicios esenciales".

Debido a la crisis que atraviesa el sector a causa de la pandemia del coronavirus, la Legislatura de la Ciudad aprobó una iniciativa que dispuso la extensión extender por dos años más la utilidad de los vehículos destinados a taxis, que hasta el momento tenía un límite de antigüedad de seis años y fue ampliado a ocho años.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), explicó que “esta modificación es sin dudas trascendental porque resulta en un alivio para el sector de taxis que siempre cumple un rol esencial y en pandemia mucho más” e indicó que “viene a facilitar el recambio de las unidades en este contexto económico desfavorable producto de la emergencia sanitaria”.

De esta manera, la norma ahora establece que para obtener la licencia y comenzar a funcionar, el vehículo deberá ser 0 km; para la renovación o cambio de material, el auto no podrá exceder la antigüedad de ocho años; y en caso de robo o destrucción total, la unidad de reemplazo sólo podrá ser un año más antigua que la que se sustituye

También con despacho de la comisión de Tránsito y Transporte, se aprobaron modificaciones al Código en esa materia, en su parte referida a las definiciones de vehículos de dos ruedas y otros, con el propósito de incorporar a los rodados con motores eléctricos y establecer también el otorgamiento de licencias a sus conductores de esas unidades.

Debido a las dificultades económicas que atraviesa el sector a causa de la pandemia del Covid 19, la legisladora de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García, impulsó un proyecto de ley para incorporar una cláusula transitoria en el Código de Tránsito y Transporte para extender la vigencia de los micros escolares por un plazo de dos años.

De esa manera el texto plantea que “durante los años 2021 y 2022 no será de aplicación la antigüedad máxima de permanencia, autorizándose la continuidad de la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos escolares con modelos año 1998 y 1999” y establece que durante la vigencia de esa medida “podrán ingresar vehículos al servicio con una antigüedad máxima de 18 años”.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada planteó que “el servicio de transporte de escolares representa un papel fundamental en la movilidad de los alumnos y alumnas tanto para los institutos de educación de gestión pública como privada” y recordó que “para prestar el servicio como transporte escolar, los vehículos no pueden superar los veinte años de antigüedad, con la excepción de una prórroga por dos años en el caso de que no alcancen a renovar el vehículo en ese plazo debiendo para ello cumplir y cumplimentar los requisitos de verificación técnica establecidos”.

“En la situación particular que nos toca atravesar en este año 2020 dada por la emergencia sanitaria declarada por el Estado Nacional y la Ciudad, a raíz de la situación epidemiológica producida por la propagación del coronavirus, los transportes de pasajeros escolares han cancelado sus servicios como consecuencia de la suspensión de la educación presencial”, aseveró.

Al mismo tiempo que señaló que “la necesidad de renovar los vehículos es un requisito importante para poder cumplir con los parámetros de calidad del servicio. En el contexto económico que provocó la situación antes mencionada se hace muy difícil cumplir con el requisito para renovar las unidades” y concluyó afirmando que “los titulares de las habilitaciones que vencen en estos años han encontrado dificultades para la renovación material de sus vehículos. De no realizar alguna medida excepcional, se agudizaría el problema económico para todos aquellos que no puedan cambiar el modelo durante el año siguiente”.

Cabe destacar que el proyecto también lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ); el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas; y los diputados Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol (VJ), Roy Cortina (PS) y Marcelo Guouman (UCR-Ev).