Con el respaldo de 32 firmas, el oficialismo logró este martes dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor para un proyecto que busca abordar la problemática del endeudamiento familiar desde una perspectiva centrada en la transparencia, la educación financiera y la protección de los usuarios, evitando intervenir sobre contratos ya existentes o generar restricciones a la oferta de crédito.

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, unifica decenas de proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos y establece un marco común para las operaciones de crédito de consumo.

Desde el oficialismo destacaron que durante el tratamiento se procuró cumplir con dos premisas consideradas fundamentales: no involucrarse en relaciones contractuales vigentes y no afectar el funcionamiento del mercado de créditos hacia adelante. Por eso, remarcan que el texto no propone condonaciones, reestructuraciones obligatorias ni modificaciones retroactivas de deudas ya contraídas, sino herramientas destinadas a mejorar la información disponible para los consumidores y fortalecer la competencia entre oferentes.

Según esa visión, se trata de una iniciativa “pro crédito”, orientada a generar un mercado más transparente y dinámico. Los impulsores consideran que una mejor información para los usuarios, mayores estándares de seguridad digital y mecanismos que favorezcan la movilidad entre entidades financieras contribuyen a ampliar el acceso al financiamiento y a mejorar las condiciones de competencia.

Entre los principales puntos del dictamen figura la obligación de exhibir de manera clara el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), informar separadamente la incidencia de impuestos y cargos sobre el crédito, y reforzar la información en aquellas operaciones de corto plazo o particularmente complejas para el consumidor.

También incorpora mecanismos de doble validación para la contratación digital de créditos, medidas de prevención y gestión del fraude electrónico, acceso gratuito al perfil de riesgo crediticio, el derecho a obtener una liquidación completa y verificable de las deudas y un sistema de portabilidad de créditos que permita migrar financiamientos hacia entidades que ofrezcan mejores condiciones.

Uno de los aspectos más resaltados por los autores del texto aparece en las disposiciones finales. Allí se establece expresamente que las nuevas normas se aplicarán a las operaciones celebradas luego de su entrada en vigencia y que no podrán modificar retroactivamente tasas, plazos, garantías ni otras condiciones económicas consolidadas de contratos vigentes.

Para el oficialismo, esa cláusula constituye una garantía de que la ley no afectará la seguridad jurídica ni las relaciones contractuales ya establecidas, al tiempo que preserva los incentivos para el desarrollo del mercado crediticio. Bajo esa lógica, la iniciativa busca equilibrar la protección de los consumidores con el fortalecimiento de un sistema de financiamiento que consideran clave para el crecimiento económico.