Diputados oficialistas proponen hacer públicos los sueldos de funcionarios y empleados del Estado

El proyecto es impulsado por la mendocina Mercedes Llano y busca una "visualización rápida y unívoca" de los salarios en los tres poderes del Estado, mediante una modificación en las normas de acceso a la información.

La diputada libertaria Mercedes Llano (Mendoza) presentó un proyecto de ley para que se publiquen en forma individualizada los salarios de las autoridades políticas y los empleados públicos de los tres poderes, así como de otros organismos públicos con el fin de “buscar mayor transparencia”.

“El proyecto busca transparentar las remuneraciones de los funcionarios políticos y de los agentes del gobierno nacional con el fin de garantizar a los ciudadanos herramientas para ejercer el control social sobre el uso eficiente de los fondos públicos”, informó la diputada sobre su presentación legislativa, a través de un comunicado.

El objetivo es que se publiquen las remuneraciones, en forma individualizada, de las autoridades políticas y de los empleados de la Administración central, Poder Judicial y Legislativo como así también de órganos descentralizados, empresas públicas y fondos fiduciarios.

En el plano formal, la iniciativa propone modificar el inciso D del artículo 32 de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. “El espíritu del proyecto es el de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública, en consonancia con estándares internacionales definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, explicó.

En ese sentido, el objetivo es que los organismos públicos nacionales comprendidos en la ley deberán publicar: nombre y apellido completo con sus remuneraciones brutas, remuneraciones netas, viáticos, honorarios, cargo, jerarquía, dedicación horaria y si perciben asignaciones o remuneraciones especiales. Además, se aclara que la forma de publicar estos datos en la página oficial deberá permitir una "visualización rápida y unívoca".

“Desde la Libertad Avanza bregamos por la transparencia en todos sus niveles. Hoy no hay información pormenorizada sobre empleo público en el país y mucho menos en una burocracia altamente politizada como la nuestra”, apuntó la diputada libertaria, debido a que en la actualidad esta información solo es accesible a través de un pedido de acceso a la información que puede realizar cualquier ciudadano, aunque desde el Gobierno pueden esgrimir distintas objeciones ya sea para demorar la respuesta o negarla.

A su vez, Llano señaló que “transparentar las nóminas salariales permitirá combatir los abusos y discrecionalidad en materia de designaciones y, de ese modo, establecer cimientos para construir una administración basada en el mérito y no en los favores políticos”.

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Gerardo Huesen, Emilia Orozco, Oscar Zago, Facundo Correa Llano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Carlos D´Alessandro, Alberto Arancibia, Álvaro Martínez, Fernanda Araujo, Santiago Santurio y Paula Omodeo (del bloque oficialista aliado CREO).

La CC-ARI presentó un proyecto de ley para transparentar la labor de los diputados y senadores nacionales

La iniciativa encomienda a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos de ambas cámaras para establecer una serie de requisitos para diputados y senadores en materia de transparencia.

El diputado nacional de la CC ARI Maximiliano Ferraro presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de transparencia y supresión de honores para los diputados, senadores y personal jerárquico del Congreso de la Nación en el ejercicio de sus funciones públicas.

El proyecto establece los principios y deberes éticos que deben guiar su desempeño, las incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses, las respectivas sanciones por su incumplimiento y la supresión de todo tipo de honores o privilegios en su calidad de representantes y funcionarios del Poder Legislativo. Dedicación exclusiva, cláusula anti nepotismo, presentación y publicación de sus declaraciones juradas patrimoniales y de intereses son los principales puntos del proyecto presentado.

Para eso se encomienda a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamentos de ambas cámaras del Congreso de la Nación la elaboración de un Código de Ética de aplicación para cada uno de los cuerpos, que deben incluir: a) Declaración y publicación de intereses en relación con el trabajo en las Comisiones y las votaciones en el recinto; b) uso de la propiedad pública; c) regulación precisa de vinculación con personas vinculados al cabildeo o lobbying; d) reglas de comportamiento y respeto; e) presentismo; y, f) procedimientos y sanciones para garantizar el cumplimiento del Código de Ética.

Propone dedicación exclusiva de los legisladores, incompatible con cualquier otra actividad privada o cargo público, con excepción de la docencia. La cláusula anti nepotismo plantea acreditar el requisito de idoneidad funcional, esto significa que si promueven la designación, bajo cualquier modalidad, de una persona con la que posean un vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, o de su cónyuge o conviviente, deberán acreditar la idoneidad del postulante para el ejercicio de la función.  En el caso de los funcionarios alcanzados tuvieren una actividad comercial paralela, la misma deberá encomendarse a un fideicomiso ciego.

Asimismo, los legisladores deberán presentar su declaración jurada patrimonial, en sintonía con lo que establece la Ley 25.188 de Ética de la función pública, las presentaciones deberán realizarse en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública respectiva de la Cámara. Además, deberán presentar una declaración jurada de intereses dentro de los treinta días hábiles desde que se produzca el inicio de su función o la asunción en el cargo. Esa información se deberá actualizar anualmente y presentar una última declaración dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cese en la función o en el cargo.

Cada una de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los sujetos obligados deberán estar publicadas en la página web oficial de la respectiva Cámara.

Respecto a la supresión de privilegios y honores, quedan suprimidos y prohibidos todos los privilegios o beneficios que no cumplan estrictamente una función relevante o esencial para el legislador: se suprime el uso de vehículos oficiales, la emisión de pasaportes oficiales salvo para viajes oficiales con la fecha de inicio y finalización respectiva.

Además, el proyecto promueve que cuando se tenga el orden del día para las sesiones legislativas, los diputados y senadores, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, deberán comunicar a sus respectivas Cámaras los intereses privados que tengan en relación a los proyectos incluidos en la sesión.

“Las disposiciones que proponemos tienen por objetivo una reforma profunda y no meramente mediática del Poder Legislativo. Enfrentar la corrupción y los conflictos de intereses requiere de un trabajo coordinado y responsable, no de realizar declaraciones demagógicas y promover el ataque al Poder Legislativo”, señala el proyecto de ley en sus fundamentos.

PROYECTO DE LEY - Régimen de Transparencia y Supresión de Honores para el Congreso de la Nación-2

Brouwer de Koning presentó proyectos para combatir los delitos de corrupción

Una de las iniciativas de la diputada radical propone incorporar al Código Penal la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el otro granizar la transparencia para un “buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado”.

En medio de la crisis de una nueva denuncia de corrupción en el país y en el marco de una serie de acciones que viene acompañando como Ficha Limpia, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción:  un proyecto de ley para incorporar al Código Penal de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y otro sobre transparencia para un buen gobierno corporativo en las Empresas y Sociedades del Estado.

Entre los fundamentos, la radical informó que, según el índice de Transparencia Internacional de 2023, Argentina obtuvo solo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, retrocediendo 4 lugares en el ranking global que mide la corrupción en el último año. Entre sus vecinos de la región, Argentina aparece muy atrás de Uruguay que obtuvo 73 puntos y se ubicó en el puesto 16; de Chile, que con 66 puntos quedó en el lugar 29 del ranking; e incluso de Colombia (40 puntos, puesto 87).

“Los efectos de la corrupción recaen principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de la acción social del estado en materia de sanidad, educación y asistencia”, denunció la cordobesa.

Así, sostuvo que “la corrupción implica escuelas que no se abren, hospitales sin insumos, caminos que no se construyen, alimentos que no llegan a destino o trenes a los cuales no le funcionan los frenos”.

“Estamos completamente de acuerdo con el presidente que hay que combatir la corrupción, con estos proyectos pretendemos dar un mensaje claro a la ciudadanía y al mundo: En Argentina, quienes cometan delitos de corrupción van a ser perseguidos y sancionados penalmente sin que el transcurso del tiempo o las demoras en el sometimiento de aquéllos a juicio garantice su impunidad”, afirmó la diputada nacional.

Proyecto de ley Imprescriptibilidad

Brouwer de Koning recordó que en 1994 la reforma constitucional estableció una cláusula específica para combatir de raíz este flagelo. Según explicó, su proyecto propone incorporar al artículo 62 bis del Código Penal, el siguiente artículo: "La acción penal será imprescriptible para toda persona que de cualquier modo hubiere participado de los siguientes delitos:

  1. Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5) previsto en el título VI del Libro Segundo;
  2.  Los cometidos en contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI (Cohecho y tráfico de influencias), VII (Malversación de caudales públicos), VIII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados), X (Prevaricato) del título XI del Libro Segundo;
  3.  Los previstos en la ley 25.246 de Lavado de activos de origen delictivo cometidos a fin de procurar el lavado o blanqueo de los fondos obtenidos como resultado de los delitos previstos en los incisos a), b) y d); y todos aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El presente proyecto también contempla la imposibilidad de aplicación de beneficios procesales, esto es que, la acción penal y la pena impuesta a funcionario público y a toda persona que de cualquier modo hubiere participado en el mismo hecho, no se puedan extinguirse por amnistía, indulto, ni tampoco podrán ser conmutadas.

La iniciativa lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Mariela Coletta, Julio Cobos, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Atilio Benedetti, Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti, Roberto Antonio Sánchez, Mario Barletta y Juan Carlos Pollini.

Transparencia en la gestión de Empresas Públicas

Al referirse a dicha iniciativa, la legisladora radical explicó que algunos de los aspectos que refleja el proyecto en sus deferentes artículos son: “Directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas, composición de los directores, conflicto de intereses, mecanismos de prevención y forma de abordar determinadas situaciones conflictivas,  ficha limpia, articulación con la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la implementación de políticas de transparencia, informe anual de desempeño”.

“El buen gobierno corporativo en las empresas públicas se ha convertido en una propuesta transformadora en la agenda internacional”, planteó y sostuvo: “Tanto en el caso de que la intención sea mantener bajo la esfera estatal o privatizar este tipo de empresas, la implementación de prácticas de transparencia en materia de gobierno corporativo mejora la eficiencia en la gestión, la optimización en el uso de recursos, fortalece la confianza de los socios y de la sociedad en general, revaloriza la empresa y crea un entorno neutral para la competencia entre empresas públicas y privadas, impulsando un sector empresarial sólido y competitivo”.

Entre los fundamentos, la cordobesa explicó que “el proyecto se alinea a las intenciones de nuestro país de incorporarse a la OCDE y por eso adopta como referencia las buenas prácticas que este organismo internacional de referencia en la temática recomienda para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país”.

“Tomamos en cuenta la necesidad de responder ante dos de las más importantes problemáticas que impactan en las empresas del estado: por un lado, el intervencionismo e interferencias debido a motivaciones políticas y la dilución de la responsabilidad en la gestión”, sostuvo la diputada.

El proyecto incluye herramientas concretas para trabajar en 5 ejes principales, teniendo en cuenta los lineamientos de la OCDE:

  • El reconocimiento normativo de directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas.
  • Procesos de nominación y funcionamiento del directorio que aseguren la objetividad e idoneidad.
  • Mecanismos de identificación y abordaje de conflictos de interés.
  • Acceso específico a la información pública.
  • Mecanismos de rendición de cuentas.

“Buscamos con estos proyectos de ley contribuir al debate y la definición de medidas concretas que se cumplan y promuevan la transparencia en la gestión de las empresas y sociedades del Estado”, explicó.

En tanto, concluyó: “Entendemos que nuestra propuesta no es una medida mágica, ya que la lucha contra la impunidad requiere de variadas medidas preventivas y, además, la disuasión no se logra solamente con la falta de limitación temporal para imponer sanciones, sino con la efectiva aplicación de las leyes de transparencia y ética pública correspondientes, pero estamos convencidos que es una importante herramienta para continuar luchando contra la corrupción”.

Cuenta con el acompañamiento de diputados nacionales de Carla Carrizo, Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Melina Giorgi, Julio Cobos, Mario Barletta, Luis Picat, Gerardo Cipolini y Mariano Campero.

El oficialismo presentó un proyecto de “Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas”

La iniciativa busca modificar la Ley “Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en la gestión de Cambiemos porque “se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

En medio de la violencia que azota la ciudad de Rosario y luego de que en Diputados se emitiera este miércoles dictamen favorable de la iniciativa que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, el oficialismo presentó en la Cámara baja el proyecto de “Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas” para reforzar la lucha contra el narcotráfico tal como lo había anunciado en dicha reunión.

El texto lleva las firmas de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, del jefe del bloque del FdT, el santafecino Germán Martínez; y de la secretaria parlamentaria del interbloque, la camporista Paula Penacca.

El proyecto busca modificar la Ley 27.349, también llamada “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en marzo de 2017, ya que advierten que tiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”, y agrega: “La regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”. En esa línea, establece que “se adapten a los lineamientos de la norma madre que hace al marco jurídico de las sociedades comerciales”.

Entre los aspectos principales de la iniciativa, que consta de 9 artículos, exige a todas las SAS constituidas en el territorio nacional que en un plazo máximo de 60 días corridos acrediten fehacientemente el domicilio denunciado como sede social y, además, presenten los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos.

En ese sentido, advierte que “ante el incumplimiento de ambos requisitos en el plazo establecido, se tendrán como inactivas a las SAS se encuentren en falta. En consecuencia, los registros públicos de cada jurisdicción deberán reportar tal circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en forma automática y como medida preventiva, procederá a suspender la CUIT hasta tanto la SAS regularice su situación”.

Por otro lado, se exigirá a los sujetos emprendedores que conformen una SAS, que se inscriban en un registro que dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación.

Además, se requerirá que tanto las SAS como las sociedades de responsabilidad limitada, presenten sus balances ante los registros públicos o ante el organismo de control de personas jurídicas de su jurisdicción. En caso que no cumplan con lo expuesto por más de dos períodos, los socios o administradores responderán en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria ante terceros.

También se propone que la inscripción registral controle, no sólo los requisitos formales, sino también los sustanciales, procurando darle mayor transparencia a la constitución de este tipo societario.

Asimismo, se indica que, para el caso de las sociedades categorizadas como Mipyme, que sean SAS, y que dejen de serlo como consecuencia de superar los parámetros de la ley 24.467 y su reglamentación, deberán transformar su inscripción como SAS en los tipos societarios establecidos en la ley general de sociedades, ley 19.550. A tales fines se les otorga un plazo máximo de 6 meses. También, promueven la digitalización de los registros públicos de comercio.

“La propuesta legislativa que se presenta no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario, apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”, explican y agregan: “Apuntamos entonces a reglamentar, ordenar y otorgar seguridad jurídica a los contratantes y a la comunidad, favoreciendo la transparencia del tipo societario bajo análisis”.

“Hay que trabajar sobre las cuestiones referidas al lavado de dinero, lo de las SAS hay que leerlo en otro contexto distinto, tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, aseguró Germán Martínez al referirse a la iniciativa ingresada a la HCDN en el día de la fecha, al tiempo que aclaró “no estamos en contra de la herramienta sino de su utilización, hay mucho por hacer”.

Por su parte, Penacca explicó “Este proyecto busca terminar con las prácticas de quienes abusan de las SAS para realizar maniobras ilícitas. El objetivo es encauzar la herramienta para que, efectivamente, sirva como un vehículo para que las y los emprendedores puedan realizar sus proyectos”.

Además, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino Dr. Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como “los monos”. La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.

En el mismo sentido, reseñó un informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con la Oficina de Investigaciones, referido a las Sociedades por Acciones Simplificadas. En el documento enumera y desarrolla fundadas críticas referidas a las limitaciones de los organismos estatales sobre las SAS. Entre las conclusiones que surgen del informe, el organismo califica de “imprescindible la creación de leyes claras y perfectibles que ayuden a mejorar y desburocratizar, sumado a la necesidad de establecer medios de control efectivos por parte del estado”. Y profundizando concluye que “…la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por ley a este tipo societario específico sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes”.

También, Martínez recordó las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Erbetta en la apertura del año judicial en Rosario, donde el magistrado identificó que “…la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Del mismo modo, el jefe del bloque argumentó la falta de control de las SAS a partir de un estudio elaborado por la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del año 2022, que analiza en lo concerniente a lavado de activos, el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre del 2020. Cabe destacar que dicho órgano se integra con quince miembros de distintas carteras nacionales, a los que se suman un magistrado del Ministerio Público Fiscal, a propuesta de la Procuración General de la Nación; y un magistrado del poder judicial de la nación a propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El documento releva y clasifica cuáles son los tipos societarios que más se utilizan como vehículos legales para el lavado de activos. Posteriormente, al análisis de riesgo preliminar, se lo completa y vincula con información correspondiente a casos concretos aportados por Unidad de Información Financiera. En este caso, la evaluación califica como vehículos legales de riesgo alto, en relación al lavado de activos, a tan solo dos tipos legales; las empresas extranjeras en primer lugar, y las SAS en segundo.

0940-D-2023-

Proponen simplificar la actualización de la declaración de bienes de funcionarios 

El diputado radical Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan entenderlas de manera sencilla.

El diputado nacional radical Martín Berhongaray presentó un proyecto de ley en el Congreso para que las declaraciones juradas de los funcionarios cuenten con un sistema de actualización “suficientemente simple” como para que los ciudadanos puedan analizar de manera sencilla si un funcionario de un año a otro “se ha enriquecido indebidamente o no”. 

El legislador sostiene que “para que pueda haber control ciudadano, las cosas tienen que ser más simples, así como están planteadas hoy por hoy, es imposible, lo que hace aún más complejo si tenemos en cuenta la volatilidad y la inflación de un país como el nuestro”, explica el diputado Berhongaray al detallar los motivos por los que propone cambios a la ley. Asimismo, señala que “hoy un mismo bien tiene un valor X en bienes personales y un valor Y en la declaración de ganancia, eso no puede ocurrir”. 

Por otra parte, el diputado por La Pampa propone en su proyecto la creación en el ámbito del Congreso de la Nación, de la Comisión Nacional de Ética Pública -que estará integrada por once miembros- ciudadanos de reconocidos antecedentes y de prestigio público, que no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período. Los mismos serán designados: a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el Procurador General de la Nación; d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación. 

Lipovetzky reclamó por la falta de transparencia del gobierno de Kicillof

El diputado provincial aprovechó un debate local para advertir sobre la falta de transparencia y reclamar rendición de cuentas del gobierno que encabeza Axel Kicillof.

En medio de las discusiones en el Concejo Deliberante de La Plata, por la rendición de cuentas, la concejala que además se desempeña en un cargo a nivel nacional, Victoria Tolosa Paz, argumentó que “la gestión municipal incumple todas las normativas establecidas”.

“Si publicará trimestralmente los balances como corresponde, podríamos ver con anticipación estos desmanejos, y no un año después con tan solo 48 horas para analizarlo”, puntualizó Tolasa Paz al considerar la rendición de cuentas del municipio que administra el intendente del PRO Julio Garro.

En este sentido, el diputado provincial platense de JxC, Daniel Lipovetzky, se refirió al respecto y, sin vueltas, afirmó “no hay peor desmanejo que ocultar datos, concejala Tolosa Paz”.

“Le cuento que Axel Kicillof no los publica datos hace más de un año. Así como usted pudo analizar los de la Municipalidad de La Plata y, es lo que corresponde, en la Cámara de Diputados no podemos hacerlo por el ocultamiento del gobernador, de su propio espacio”, completó el diputado de la alianza opositora.

“Es un hecho gravísimo que no haya ninguna publicación desde hace un año en los medios oficiales de la Provincia sobre las ejecuciones presupuestarias de todo el gobierno provincial», remarcó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Y continuó: “no nos olvidemos que es un Gobierno que habla de transparencia y esa es una obligación política y legal, con su máximo responsable al mando, el gobernador Axel Kicillof, que debe publicar los datos sobre estos temas que no se le pueden ocultar a los bonaerenses”. El diputado provincial de Juntos por el Cambio viene desarrollando una campaña de instalación en la ciudad en función que unos meses atrás en declaraciones a la prensa avisó a la política platense de que quiere ser “el sucesor de Julio Garro”. Será el nuevo “Agosto” Lipovetzky?

Debatirán sobre los desafíos de la transparencia en el Poder Legislativo

La Fundación Directorio Legislativo organiza un webinar con legisladores de Argentina, Colombia y México. Además, se relanzará el clásico directorio en versión digital.

Con el objetivo de debatir sobre los desafíos del Poder Legislativo en materia de transparencia, la Fundación Directorio Legislativo realizará este martes a las 12 (hora argentina) un webinar con legisladores de Argentina, Colombia y México, donde además se lanzará la versión digital del clásico directorio.

El encuentro será moderado por María Barón, directora ejecutiva global de Directorio Legislativo, y participarán Daniela Vilar (diputada nacional y presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria) y los legisladores María José Pizarro (Colombia) y Juan Zepeda (México).

También estarán presentes en el evento Justine Dupuy (coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, México), Mónica Pachón (profesora asociada de la Universidad de los Andes, Colombia) y Noel Alonso Murray (directora ejecutiva de Directorio Legislativo en Argentina).

“Los Poderes Legislativos tienen un papel fundamental que desempeñar mientras el mundo aborda los desafíos del contexto actual. Para cumplir con estas importantes funciones, es necesario adoptar políticas de transparencia y reducir la distancia entre representantes y representados”, explicó Directorio Legislativo.

La fundación presentará en este seminario el Directorio Legislativo 2.0, que contendrá el perfil de todos los legisladores que integran los Congresos Nacionales de Argentina, Colombia y México.