El diputado porteño Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto de ley de “libre elección de medios de pago en el transporte público”, a fin de habilitar el pago electrónico en los servicios de transporte público regulados por el distrito capitalino, sin tener que preocuparse por acreditar saldo en la tarjeta SUBE como única forma de poder viajar.

Las principales características de la presentación incluyen varios aspectos. Sobre la ampliación de los medios de pago, se informó que se permitirá el pago mediante la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito con tecnología sin contacto, billetera digital, aplicación móvil, código QR u cualquier otro medio digital que sea establecido por la autoridad de aplicación.

Al respecto del alcance del proyecto, incluye el Subterráneo de Buenos Aires, el Premetro, las líneas de colectivo que operen exclusivamente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma y cualquier otro medio de transporte público que funcione dentro del distrito.

Finalmente, sobre las facultades de la autoridad de aplicación, el proyecto explicita que la autoridad designada por el Poder Ejecutivo estará facultada para realizar convenios con empresas públicas y privadas, acordar beneficios relacionados con el valor del servicio y emitir disposiciones complementarias para la reglamentación de la ley.

Respecto de la iniciativa, Santoro manifestó que “hay una necesidad de modernizar y desmonopolizar las formas de pago en el transporte público, para darle a los usuarios la posibilidad de elegir el medio de pago que les resulte más conveniente y cómodo” y concluyó destacando que esta iniciativa acompaña la política de competencia y desmonopolización anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto de ley que propone transformar por completo el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y brindar una mayor protección a los usuarios. La iniciativa plantea “cambios significativos que traerán beneficios tangibles para los ciudadanos y mejorarán la eficiencia del sistema”, aseguró. 

El correntino consideró que “es hora de dejar atrás el antiguo sistema de carga en pesos de la SUBE, que perjudica a los usuarios al no compensarlos por la alta inflación del país”. 

En este sentido, el proyecto establece que “el sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en Unidades de Viaje, las cuales no se verán modificadas por futuras actualizaciones tarifarias. Esto evitará que los usuarios pierdan valor por la inflación y los cambios en las tarifas.

El texto indica que la autoridad de aplicación deberá garantizar que la recarga en UV sea accesible a través de medios electrónicos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y dispositivos móviles. Se suscribirán los convenios necesarios para facilitar estas opciones de recarga.

El legislador radical enfatizó que estos cambios no sólo protegerán a los usuarios, sino que “también fomentarán la justicia y la universalidad de los beneficios otorgados por el sistema SUBE”. “Nuestro objetivo es asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan disfrutar de un transporte público eficiente y equitativo”, afirmó.

Y completó: “Este proyecto marca un paso importante hacia la modernización y mejora del sistema SUBE, brindando una experiencia más justa y conveniente para todos los usuarios del transporte público en Argentina”. 

El designado secretario de Transporte de la gestión de Javier Milei es Franco Mogetta, quien desempeña ese cargo en la provincia de Córdoba, en la gestión de Juan Schiaretti.

Es el primero de los schiarettistas sumado a la gestión que viene, y para conocer con qué objetivos puede llegar a la gestión nacional vale recordar su paso por la Cámara de Diputados el 19 de octubre del año pasado. Fue durante una reunión de la Comisión de Transporte, presidida por el jujeño Jorge Rizzotti, convocada en el marco de la grave situación que atravesaba el transporte público automotor en el interior del país. Miembro del Consejo Federal de Transporte (COFETRA), Franco Mogetta reclamó ese día por “la falta de equidad” en la distribución de subsidios en el servicio público de pasajeros en el interior del país.

Mogetta brindó ese día datos acerca de la situación presupuestaria y la falta de equidad: “En AMBA se subsidia el 80% de las tarifas, por lo que el boleto cuesta 25 pesos, mientras que en el interior solo se subsidia el 32%y el boleto llega a valores de 100 pesos”, explicó. A su vez informó que “el 40% de los costos del sistema de transporte es solventado por los estados municipales y provinciales”.

Por otro lado, Mogetta expuso los datos oficiales de la web del Ministerio de Transporte: “Por cada peso que se destinó al interior en subsidios durante el 2021, 3.37 fueron para el AMBA, y por habitante, cada un peso destinado al interior, correspondían 6.26 al Área Metropolitana”, indicó.

En tal sentido, el futuro secretario de Transporte de la Nación detalló que “por cada coche hay 1.425.000 pesos invertidos del Gobierno nacional y en el interior solo 272.000, lo que hace una diferencia de 5.23”. En esa línea, afirmó que “los números no mienten porque la diferencia es abismal”.

Respecto a la conformación del presupuesto, Mogetta sostuvo que en AMBA, el valor estipulado “implica un piso con actualizaciones trimestrales”, mientras que en el interior, “el valor es un techo sin ninguna actualización durante el año”. Tras esta declaración, el funcionario sentenció que “el piso para el interior en transporte debe ser de 113.000 millones de pesos”.

“Pedimos un trato igualitario. El litro de combustible estaba 95 pesos y ahora se paga por encima de los 200 pesos cuando se estipularon los valores para este 2022”, además remarcó la importancia de la creación del Sistema Único para la distribución equitativa de fondos.

Además, compartieron su mirada acerca de la necesidad de profundizar políticas públicas en materia de inclusión social, particularmente fomentando el uso de pictogramas en el transporte público.

La actividad estuvo encabezada por la diputada Luciana Padulo y también participaron sus pares Débora Galán, Ariel Archanco y Juan Malpeli.

En el Auditorio de la HCD se realizó un encuentro para hablar sobre Trastorno del Espectro Autista y reconocer el trabajo que llevan a cabo las ONGs Salidas Inclusivas y la Asociación Civil TGD Padres TEA Quilmes. También se destacó la empatía y la solidaridad de la línea de colectivos 85 de Quilmes, que en marzo de 2022 implementó la señalización pictográfica adaptada para mejorar la experiencia de viaje de los chicos con autismo.

Mariana Aleñá, Agustina Girard y Gabriela Leoni Olivera -fundadoras de la ONG Salidas Inclusivas- expusieron sobre Trastorno del Espectro Autista y pusieron especial énfasis en la importancia de incluir señalización con pictogramas que permitan una mayor accesibilidad para todas aquellas personas que tengan TEA, a fin de posibilitar una vida más autónoma y socialmente más activa.

Posteriormente, Alejandro Garro -gerente de la Línea 85 de Quilmes- rememoró la experiencia de incorporar señalización pictográfica en la flota de unidades, que comenzó con una inquietud genuina que lo llevó a investigar sobre los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que se usan en tratamientos de los trastornos del autismo para la comprensión del entorno a través de imágenes.

En el cierre del encuentro, la legisladora Padulo entregó una distinción a las autoridades de la línea de colectivos 85 de Quilmes, pionera en la incorporación de señalética con pictogramas adaptados, en los que se pueden ver diferentes acciones y objetos que sintetizan un mensaje: saludar al chofer, sacar la tarjeta SUBE, por dónde subir o bajar del colectivo, ubicación del timbre para descender o ubicación de fila en las paradas de colectivos. 

Padulo también otorgó el beneplácito parlamentario a las referentes de la ONG Salidas Inclusivas y de la Asociación Civil TGD Padres TEA Quilmes, por el compromiso asumido en la construcción de políticas públicas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.

“Estas actividades son parte de un círculo virtuoso que tiene que generar la política, y esta Cámara está para garantizarles derechos a las personas”, aseguró la diputada Luciana Padulo, quien celebró la jornada y agradeció tanto la calidad del panel disertante como el interés de la concurrencia.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Pedro Galimberti, presentaron un proyecto de ley por el cual proponen una modificación al Código Penal, que incluye la condena perpetua para casos de homicidios que sean causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros que se encuentre en funciones dentro de una unidad del servicio. También incorpora agravantes para los hechos de robo producidos dentro de unidades de transporte público de pasajeros.

“El objetivo es establecer condenas más severas para quienes atenten contra la vida y la integridad física del personal y de los usuarios del servicio”, explicó Galimberti.

Y agregó: “El Estado debe cuidar la seguridad de las personas, actuando preventivamente, e impartir justicia sobre los hechos que atenten contra la vida o produzcan lesiones o daños”.

En primera medida, se incorpora el inciso 13 al artículo 80 del Código Penal de la Nación, estableciendo la condena perpetua en los casos de homicidios que sean causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades (sea transporte automotor, de colectivos, ferrocarriles, subte, entre otras), que se encuentre en funciones dentro de una unidad del servicio correspondiente. De esta manera, se incorpora este agravante al delito por homicidio, establecido en el artículo 79 del Código Penal.

Asimismo, la incorporación de este inciso significa un agravante para los delitos referidos a lesiones o daños a la salud, establecidos en el capítulo 2 del Libro Segundo del Código Penal, como marca el artículo 92 del referido Código.

Por otra parte, se incorpora como agravante para los hechos de robo aquellos que sean producidos dentro de unidades del servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Manuel Aguirre, Gustavo Bouhid, Marcos Carasso, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Lisandro Nieri, Jorge Rizzotti y Víctor Hugo Romero.

“El gobernador tiene que explicar por qué no se cumple con la ley que obliga a la colocación de Cámaras de seguridad en los micros y cómo se están realizando los controles”, aseguró el diputado Martín Domínguez Yelpo, quien además propone un mapa del delito que sirve para diagramar estrategias de prevención del delito y desplegar una eficaz distribución de las fuerzas de seguridad.

“Claramente ha habido negligencia por parte del Estado”, sostuvo el diputado opositor mientras detalló que desde su bloque vienen “advirtiendo sobre el incumplimiento de la Ley que solamente fue implementada por el gobierno provincial en poco más del 10 por ciento de las unidades con el agravante de que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que sirva para brindar mayor seguridad a los trabajadores y a los pasajeros”,

Martín Domínguez Yelpo, diputado del bloque Espacio Abierto Juntos y autor de la Ley 14.897 aprobada en diciembre de 2016 y que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos, consideró que “los bonaerenses merecemos una provincia distinta y para que eso suceda necesitamos legislar y aplicar las leyes”.

“Si las leyes y anuncios no se traducen en hechos concretos que modifiquen la vida de los vecinos, no dejan de ser solo palabras”, consideró el necochense que tiene una militancia sindical en la UTA y aclaró que “con el proyecto que estamos presentando del mapa del delito del transporte, también estamos aportando una política para encontrar soluciones a esta problemática que tanto daño nos viene causando”.

“El mapa del delito del transporte se conformará en base a la estadística recogida a través de las denuncias efectuadas tanto en Comisarías de la Provincia de Buenos Aires como en las alertas del sistema 911, además de las radicadas por los trabajadores ante la Asociación Sindical con personería gremial en cuanto a transporte colectivo de pasajeros se refiere, durante el plazo de 1 año, a contarse desde la fecha de reglamentación de la ley”, especificó el legislador.

“En el área AMBA están habilitadas 212 líneas. En total hay unas 9.000 unidades: 5.000 corresponden a permisos otorgados por los municipios y 4.000 concedidos por el Gobierno provincial. La producción de estadísticas fiables de criminalidad es central para la formulación de políticas de seguridad pública más eficaces”, consideró Domínguez Yelpo.

Y estimó que “gracias a estos datos, es posible dimensionar el problema de la inseguridad, establecer patrones, realizar diagnósticos certeros y evaluar la efectividad de las respuestas. La premisa es medir para mejorar”.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja provincial además se refirió a resientes acontecimiento en los fundamentos de la propuesta parlamentario y dijo que “después del hecho trágico sucedido en Virrey del Pino, el gobernador salió a decir que se habían otorgado subsidios para la colocación de cámaras por 2.500 millones de pesos. Claramente esa inversión no se está viendo en la calle”.

“El Estado tiene la obligación de controlar y hacer cumplir las leyes, la solución no es lavar culpas diciendo que se hizo la inversión y desentenderse del rol de contralor que debe cumplir el Estado”, agregó para finalizar el diputado Domínguez Yelpo.

En medio del paro de colectivos por 48 horas que comenzó este miércoles en el interior del país, la senadora Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social -PJS-, Juntos por el Cambio) exigió al Gobierno nacional una redistribución de los recursos que se destinan para el sector. 

“Resulta imperioso y urgente el rediseño y la redistribución, con un verdadero criterio objetivo, equitativo y, por, sobre todo, federal, de los subsidios al transporte público de pasajeros en nuestro país”, apuntó.  

“No puede ser que la ciudadanía resulte una vez más rehén de -y perjudicada por- medidas de fuerza que impactan directamente sobre ella, debido a la ausencia de una política de transporte de profundo sentido federal y también, en este caso, quizá por algunas motivaciones políticas”, añadió sobre el promovido por la Unión Tranviarios Automotor. 

“Estamos en medio del proceso electoral de UTA, y no me resultaría extraño pensar que algunos de estos motivos llevaron a esta instancia de protesta desmedida, cuando hace bastante tiempo no se habían tomado medidas de acción directa similares”, sostuvo.  

Agregó que “nada justifica el enorme perjuicio que se inflige tanto a la ciudadanía como a la actividad comercial, de servicios y a las clases escolares”. 

“Es imprescindible que se fijen parámetros que permitan alcanzar una definitiva solución al destino de los subsidios, algo que ya está plasmado en el proyecto de ley que presenté en abril, llamado ’Boleto Federal: Programa Federal de distribución equitativa de subsidios al Transporte Público de Pasajeros’, y que hasta ahora no tuvo tratamiento”, denunció. 

Añadió que las provincias cuentan con “un sistema ineficiente, injusto y de baja calidad”, y que “los responsables de prestar el servicio no están a la altura de las circunstancias; y solo proponen un incremento irracional de la tarifa como única medida”. 

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió del ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, más de 1.700 Pases Libres Multimodales (PLM), que facilitan el acceso gratuito al transporte público terrestre y fluvial en toda la provincia. Los beneficiarios de la tarjeta son vecinos con discapacidad, como también personas del distrito trasplantadas o que permanecen en lista de espera del INCUCAI. 

“Estamos agradecidos con la visita del ministro de Transporte bonaerense y con estas credenciales que desde el Municipio entregaremos a las personas beneficiarias, para quienes representan una herramienta esencial para poder trasladarse. Nuestro agradecimiento, además, al gobernador Axel Kicillof por esta política que nos permite llegar a este sector específico de la comunidad”, afirmó el jefe comunal. 

Por su parte, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, expresó: “Sin ninguna duda, como planteó el gobernador Kicillof, esto tiene que ver con seguir ampliando derechos de los bonaerenses. Surge de la Ley Nacional de Discapacidad y Trasplantados, y hoy podemos decir que pasamos los 32.000 pases entregados en la provincia”. 

La política implica que las personas que tengan alguna discapacidad, hayan sido trasplantados o estén en lista de espera para trasplante, puedan acceder de forma gratuita al sistema de transporte público de pasajeros terrestre y fluvial (en aguas de jurisdicción bonaerense). Pueden acceder a esta herramienta todas las personas que acrediten su condición de beneficiarias a través del CUD (Certificado Único de Discapacidad) y/o de su credencial INCUCAI/CUCAIBA. 

El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) presentará un proyecto propio “para cambiar de raíz la inequidad de los subsidios al transporte público, basado en fondos federales que favorecen al AMBA y perjudican al interior”.

“Queremos federalismo en serio, no unitarismo generoso”, definió Domingo, aludiendo al ya tradicional sistema de subsidios -con fondos federales- que priorizan el servicio en CABA y el Gran Buenos Aires, en desmedro de todo el interior del país.

“Por eso en Bariloche tenemos tarifas de colectivo que están tres veces por encima del AMBA”, afirmó el diputado.

Indicó que la propuesta del partido rionegrino apunta a que el manejo de los subsidios esté a cargo de un Consejo Federal de Transporte controlado por las provincias, a diferencia de la distribución actual en manos del secretario de Transporte del Ejecutivo nacional, siempre ejercido en Buenos Aires.

“La distribución de fondos debe ser automática, en función de la demanda, de los pasajes que se venden en cada provincia. Los criterios que miran la estructura de costos de las empresas (km de recorrido, unidades y/o choferes) no priorizan al usuario y tienden a eternizar estructuras ineficientes”, sostuvo.

Agregó que por estas cosas la Nación “cuenta con muchos más recursos de los que necesita para cumplir con el rol que le asigna la Constitución, los maneja a discreción y se entromete en funciones de las provincias”.

Dijo que los otros proyectos presentados “también buscan equilibrar los subsidios” pero mantienen el manejo unitario en un funcionario, así como el sistema irregular de reparto, que beneficia sólo a las empresas.

“El sistema que proponemos se implementa fácilmente a través del boleto electrónico (SUBE u otros), que mide en forma directa la cantidad de pasajeros a beneficiar con el subsidio”, definió.

Con la intención de digitalizar el acceso al transporte público, los legisladores de Republicanos Unidos (RU) Marina Kienast y Roberto García Moritán presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca implementar un Sistema de Pago Electrónico para el subte y premetro, así como cualquier otro método de transporte que brinde la CABA.

De esta manera, la iniciativa busca crear la posibilidad de que los porteños puedan abonar sus pasajes del transporte público con aplicaciones móviles como billeteras electrónicas, vía código QR o incluso tarjetas, con tecnología de la denominada “sin contacto”.

Además el documento estipula que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, entidad que será la encargada de celebrar los convenios con los eventuales proveedores.

En ese sentido, Marina Kienast planteó que “todos los días se trasladan por nuestra ciudad más de tres millones de personas, por distintos medios” y remarcó que “el sistema de la tarjeta sube ya cumplió once años y requiere una actualización, de cara a todos los avances tecnológicos existentes”.

“Es fundamental que los servicios de tren, subte o colectivos puedan brindar opciones que faciliten viajar a nuestros vecinos. El pago electrónico de servicios gana usuarios día a día por comodidad y por eficiencia. En este marco, donde la SUBE falla y deja de a pie a miles de vecinos, no podemos darnos el lujo de no utilizarlo”, concluyó la diputada.

El diputado porteño del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña cuestionó con dureza la postura del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por el traspaso de 32 líneas de colectivos al distrito capitalino, lo que implicaría una merma de 13 mil millones de pesos en subsidio al transporte público.

En ese sentido, el opositor aseguró que “existe una autoridad metropolitana de transporte, que la verdad es que no ha funcionado mucho. Las políticas deben tomarse de forma coordinada. Me parece que es un desafío cada una de estas discusiones” y advirtió que “la estrategia que tiene Larreta es posicionarse en términos de victimización. Negarse a discutir estos temas técnicos, a discutir números, presupuestos y demás, en una mesa, y hacer una victimización directamente de las redes sociales y medios amigos”

Al mismo tiempo que remarcó que Larreta “planteando un discurso de que supuestamente hay un ataque a los porteños, una vulneración de la autonomía” y recordó en diálogo con AM 750 que “esto lo vimos cuando fue la discusión por el tema de la coparticipación, por el tema de la transferencia de recursos por la policía, la seguridad, la justicia”.

“Después lo vimos en cada discusión que hay que dar, que además son muchas. No solo porque la autonomía se viene dando en etapas, sino porque el gobierno de Macri fue particularmente beneficiosa para las arcas porteñas. Se financiaron plazas, el Paseo del Bajo, transferencias dos puntos superiores a las que los números daban por el tema de la seguridad”, agregó y sentenció que “entonces ahora tratar de retrotraer eso, con un sentido de justicia de un país más federal. En vez de sentarse en la mesa y hacerse cargo de cómo habían dibujado los números prefieren victimizarse”.

En medio de la puja entre Nación y el Gobierno de la Ciudad por el traspaso de 32 líneas de colectivos y los correspondientes subsidios, el jefe del bloque del Frente de Todos (FdT), Claudio Ferreño, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseveró que el distrito capitalino puede mantener tarifas accesibles en el transporte.

En ese sentido, Ferreño –uno de los hombres de confianza del presidente de la Nación, Alberto Fernández– aseguró en su cuenta de Twitter que “subsidiar el transporte público es una decisión política” e indicó que “la misma decisión que  tomaste al cobrarle a los porteños un impuesto para todas las compras con tarjetas de crédito, privatizar Costa Salguero y Costanera Sur para el negocio inmobiliario”.

Asimismo remarcó que “cuando gobernamos uno decide a quien representa y beneficia con sus decisiones políticas” y concluyó señalando que “la Ciudad tiene los recursos suficientes para mantener el boleto de colectivo y subtes accesible para todos los porteños. No todas las acciones y declaraciones deben estar teñidas por la campaña presidencial”.

Cabe recordar que días atrás Larreta había planteado que “siempre estamos para dialogar, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, ya le contestamos la carta al gobierno nacional. Ahora, es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía” e indicó que “sucedió con el recorte de fondos para la coparticipación, que lo estamos reclamando en la Corte, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía, otra vez el Gobierno Nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires”.

“En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la Ciudad, muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires, también. Es otro claro avance contra la autonomía. No puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, acordado”, sentenció.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) se refirió a la intención del Gobierno nacional de traspasar el transporte de colectivos -de 32 líneas- a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ahorrarse unos 13 mil millones de pesos en subsidios.

“Si hay que dar una discusión de transporte, hay que darla en un marco racional, y tiene que terminar con un acuerdo y una ley. No puede ser una decisión intempestiva, castigando a los porteños por lo que votan”, sostuvo durante una entrevista en el canal LN+.

La exgobernadora bonaerense, hoy legisladora por la Ciudad, recordó que el distrito porteño “viene subsidiando al transporte, al subte desde 2013, y desde 2019 a 32 líneas de colectivos que tienen origen y destino en la Ciudad. Eso le costó el año pasado a la Ciudad 25 mil millones de pesos”.

“Cuando van contra la Ciudad, van contra los porteños, no contra un espacio político”, apuntó la dirigente macrista y resaltó que “lo hicieron cuando Cristina (Kirchner) era presidenta y Mauricio (Macri) era jefe de Gobierno, y un día decidieron sacar a la Policía de las escuelas y las plazas”.

También cuestionó que “en el peor momento de la pandemia”, Nación le sacó a la Ciudad “75 mil millones”, y que “cuando Axel Kicillof tuvo el problema de la rebelión policial, la mejor forma que encontró el Gobierno fue sacarle coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires”. “No es nuevo este ataque a la Ciudad de Buenos Aires”, completó.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió al proyecto de ley que presentó para aumentar a 35 mil millones de pesos los subsidios al transporte público en el interior, ya que hay “una desigualdad” ante los fondos que se asignan para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana y aseguró: “Es lo que empezamos a revertir con este Gobierno”.

En diálogo por la AM1030, el legislador entrerriano afirmó: “Estamos trabajando con el tema del transporte automotor de pasajeros del interior de la Argentina”, y mostró preocupación por la situación en “Entre Ríos, los de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán” porque hay “desigualdad que hay frente a los fondos que se asignan para CABA y para el AMBA”.

“Hubo una realidad, la salida del 2001 fue aplicando fondos nacionales para evitar que el usuario pagara un boleto caro en el transporte, es un salario indirecto, eso hubo un desarrollo de cierta armonía”, contó Casaretto y apuntó con la gestión anterior: “En 2017 Mauricio Macri le impuso a los gobernadores la eliminación de los subsidios al transporte del interior que tienen que pagar las provincias, los Municipios o los usuarios, entonces de 26 mil millones que asimilaba la Nación al transporte lo bajó a 6 mil en un año y entonces se concentraron los recursos en un 90 por ciento en CABA y AMBA y un 10 por ciento para las 23 las provincias”.

En esta línea, aseguró: “Es lo que nosotros empezamos a revertir con este Gobierno, primero impulsamos en aumentar esos 6 mil a 10 millones y luego lo llevamos a 20 mil millones en este presupuesto están previstos 27 mil millones al transporte del interior, pero lo que me esta pidiendo el Concejo Federal de Transporte que integran los 23 gobernadores y los ministros, es llevarlo a mínimo de 35 mil millones. Es lo que presente como proyecto de ley, en la misma posición están las demás provincias”.

En relación a las tarifas que se pagan en la provincia el diputado nacional afirmó que “el pasaje urbano en Entre Ríos tiene distintos valores, pero está 25 pesos más de lo que está en el AMBA, y esto pasa en el resto de los lugares”.

Por este motivo, remarcó que el proyecto de ley “es algo que tiene que ver con desconcentrar los recursos de la Argentina con hacer un país más federal y en definitiva los trabajadores que usan el transporte público estén en igualdad de condición en cualquier lugar del país”.

“Lo mismo pasa con el precio de los combustibles, el consumo de energía eléctrica en cuanto a tarifas, se ha hecho un país muy centralista con el correr del tiempo”, sostuvo el legislador entrerriano y concluyó: “Yo apoyo todo lo que creo que hace bien mi Gobierno y también planteo en lo que no estoy de acuerdo”.

El Gobierno nacional dispuso la gratuidad del transporte público automotor y ferroviario de pasajeros para el día de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del próximo domingo, y para la jornada de las elecciones generales del 14 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes.

A través de la Resolución 312/2021 del Ministerio de Transporte, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el titular de esa cartera, Alexis Guerrera, se estableció la medida.

La norma específica que durante las jornadas electorales la frecuencia del transporte público deberá tener las de día sábado, como mínimo.

La resolución aclara que habrá una compensación a las jurisdicciones que adhieran a la disposición, “en el marco del Programa 68 de Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021”.

En ese punto, se precisa que las compensaciones se distribuirán de la siguiente manera, por cada día de elección: hasta un máximo de $135.000.000 entre las empresas prestadoras de los servicios en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Y establece asimismo hasta un máximo de $265.000.000 entre las empresas prestadoras de los servicios que no pertenezcan al AMBA, sobre la base de datos estadísticos disponibles para aquellas empresas que hubieren implementado dicho sistema.

En los considerandos de la medida se enfatizó que “es voluntad del Estado Nacional facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios”.

LEn Twitter, al calor de la campaña electoral, surgió una nueva polémica que incluyó a dos diputados nacionales de Jujuy, aunque pertenecen a distintos sectores políticos.

El primero en publicar su punto de vista fue el diputado radical Jorge ‘Colo’ Rizzotti que señaló: “El interior del país se ve perjudicado por una discriminatoria distribución de los subsidios en el transporte público de pasajeros. Por ejemplo, por trabajador al Área Metropolitana (AMBA) se destina 270 mil pesos; al interior del país tan sólo 73 mil pesos”.

“Es imperioso poner fin a la inequidad distributiva. En definitiva, el sistema funciona en el AMBA gracias al aporte del resto de la Argentina a través de los impuestos que pagan los ciudadanos”, agregó el diputado jujeño.

En ese sentido, Rizzotti sostuvo que “con ese fin ingresé junto con mi par José Cano (Tucumán) el proyecto de ley para la creación del Fondo Federal de Transporte Automotor (FOFETRAA), que prevé asistir económicamente al Transporte Público Urbano, Suburbano e Interurbano Automotor de Pasajeros que se desarrolla en todo el territorio nacional y de esa forma luchar contra la discriminación en la asignación de los subsidios al interior del país”.

La respuesta no llegó desde el AMBA, no fue un bonaerense ni un porteño, sino que una coterranea: Carolina Moises.

La diputada del Frente de Todos afirmó: “Es verdad, Rizzotti. Y la cosa empeoró con el Gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Guillermo Dietrich -en Transporte- que vos apoyaste”.

“De todos modos el problema del #Transporte en Jujuy no es sólo por esta causa”, afirmó la legisladora nacional que enumeró las causas: “En primer lugar, el Gobierno de Jujuy recibe los fondos pero los entrega a las empresas como, cuando y cuanto quieren de acuerdo a su flujo de fondos de la Cuenta Unificada”.

Moises además destaco que “hay que agregarle que, fuera del subsidio, está el gasto sobre los boletos gratuitos (policías, discapacitados, etc) debe ser gratis para el usuario pero debería pagarlo el Estado como uso del transporte público”.

También marcó que “el sistema BEGU que paga menos de un tercio del valor del boleto a las empresas, desde el Municipio, con una deuda acumulada de más de 6 meses provoca un gran desequilibrio por mora”.

Otras de las razones que perjudicaron a las empresas de transporte público fue “la devaluacion provocada por Mauricio Macri, a quién apoyaste multiplicó el problema por el aumento en los insumos frecuentes de mecánica, repuestos, cambio de cubiertas, sin contar el aumento de combustible iniciado en esa época. Fácil decir que hacer, pero no hacerlo”, ironizó.

Con la intención de avanzar hacia una Ciudad más amigable con el medio ambiente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con 36 votos positivos y 19 abstenciones una Ley para que en el distrito comiencen a implementarse pruebas pilotos acerca del funcionamiento de transporte público que se alimente de energías renovables.

La medida contó con el apoyo de los bloques VJ, GEN, PS, UCR-Ev  y la abstención de FIT, FdT y AyL.

El texto original, que luego recibió modificaciones de la Comisión de Tránsito y Transporte, fue impulsado por Sergio Abrevaya (GEN) y busca desalentar la utilización de “vehículos de  transporte público de  pasajeros (como autobuses, taxis, etc.)  que funcionen a nafta y/o diesel u otro combustible  que no provengan de energías renovables u amigables con el medio ambiente”.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad realizará una prueba piloto acerca del funcionamiento de este tipo de unidades “con el fin de recabar experiencias y evaluar nuevas modalidades de servicios y/o vehículos de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga y/o modificación y/o adecuación de servicios existentes”.

En caso de que las pruebas sean exitosas, el espíritu de la norma es que se prohíba la circulación de vehículos de transporte de pasajeros que utilicen energías no renovables para el 2029.

En los fundamentos de la medida, el legislador explicó que “la ONU solicita a los países latinoamericanos que implementen el uso de vehículos eléctricos ya que por el uso de vehículos convencionales la situación medioambiental empeorará pudiéndose llegar a un Colapso de las infraestructuras y un aumento proporcional de las emisiones contaminantes señaló Leo Heileman director Regional de Medio Ambiente” y aseguró que desde esa misma entidad “señalan que si la flota de Colectivos y taxis de 22 Ciudades Latinoamericanas es reemplazada por vehículos eléctricos para el 2030 se habrían ahorrado alrededor de 64 mil millones de dólares, se reducirían en 300 millones de toneladas  de CO2 emitidas y se evitaría la muerte prematura de alrededor de 36 mil personas”.

“Diariamente por la Ciudad de Buenos Aires circulan a diario más de 10.000 Colectivos que transportan pasajeros emitiendo  anualmente toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera contaminando y exponiendo a la ciudadanía a que contraigan a causa de ello enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, asma, accidentes cerebrovasculares, cáncer,etc”, precisó y concluyó afirmando que “se calcula que casi el 70% de la contaminación del aire es producida por los vehículos que transitan a diario por la Ciudad de Buenos Aires, como así también la contaminación sonora  siendo CABA una de las ciudades más ruidosas del mundo”.

La iniciativa propone incorporar a los trabajadores, auxiliares, agentes, operadores y profesionales de la salud pública y privada al “Pase Libre Multimodal”, la credencial otorgada por la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires que garantiza el acceso a la gratuidad en el transporte público automotor, ferroviario y fluvial.

La Cámara de Senadores bonaerense aprobó el proyecto de ley que declara la gratuidad del pasaje en el transporte público automotor, ferroviario y fluvial para las y los trabajadores, auxiliares, agentes, operadores y profesionales de la salud pública y privada, mientras dure el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Con ese objetivo, el proyecto propone incluir a los beneficiarios previamente mencionados en el denominado “Pase Libre Multimodal”.

Se trata de una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que otorga acceso a la gratuidad para viajar en el transporte público automotor y ferroviario, tanto urbano como interurbano, y en el transporte público fluvial en aguas jurisdiccionales de la provincia.

Actualmente, pueden acceder a este beneficio solo las personas con discapacidad y las trasplantadas o en lista de espera para trasplante, razón por la cual esta iniciativa implica una clara ampliación de derechos.

El proyecto fue consensuado por los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Transporte provincial. Ahora deberá ser considerado por los diputados, pero se estima que no encontrará inconvenientes para su sanción en ese ámbito.

Por ello, al inicio de la sesión, se hicieron presentes en el Senado Rosario Flores, directora provincial de Transporte, y Gonzalo Maldonado, director de Transporte de Pasajeros y Cargas, para dar su visto bueno a la iniciativa.

En el marco de la emergencia sanitaria, social, económica, productiva y energética que se encuentra vigente en la provincia de Buenos Aires se pretende reconocer a todos los trabajadores de la salud.

En esa línea, en los fundamentos se resalta que el beneficio de la gratuidad “se propone en función del indiscutido rol que los mismos y las mismas han desempeñado durante más de un año de servicio a la comunidad”.

En el mismo sentido, se explica que esta medida se propone no solo para acompañar a las y los trabajadores de la salud, “sino como reconocimiento a su labor y como forma de ayudar de manera presente e inmediata” a quienes se define como “verdaderos héroes”.

El senador de Juntos por el Cambio Andrés De Leo mostró su preocupación por la situación actual del sistema de transporte público de pasajeros en la provincia de Buenos Aires y la inequidad en la distribución de los subsidios del Fondo de Compensación al Transporte Urbano de Pasajeros.

Actualmente lo decide en forma discrecional el Ministerio de Infraestructura bonaerense, “perjudicando al interior sobre la zona metropolitana, discriminación que termina recayendo en permanentes incrementos de las tarifas del boleto”, dijo De Leo.

Por lo que mediante un proyecto de declaración solicita al Gobierno nacional que le asigne mayores recursos al Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que no se encuentren comprendidos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

“Hoy la relación en la asignación de recursos es de ocho a uno, con el consecuente incremento descontrolado de la tarifa a los pasajeros”, graficó el legislador.

En ese sentido, De Leo presentó un proyecto para que quede establecido por Ley el criterio de distribución de los subsidios que la provincia le envía a cada municipio y que luego son destinados al transporte público de pasajeros, además del proyecto de declaración para solicitarle al Gobierno Nacional que arbitre las medidas para asignar más recursos a los municipios que no integran el AMBA, para reducir la discriminación y tornar viable al Transporte Público de Pasajeros.

“En la actualidad el sistema público de transporte de pasajeros se financia por dos vías, una asignación nacional y una de la provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es potestad del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, decidir cuántos recursos le envía a cada municipio, para que a su vez éstos se los transfieran a las empresas prestatarias”, señaló el legislador.

“Este sistema discrecional establece claramente una injusticia entre unos municipios y otros. El mapa de los recursos que se distribuyen en la actualidad está muy desequilibrado, en una relación de ocho a uno entre los municipios del conurbano y los municipios del interior, afectando claramente a estos últimos. Situación que se transforma en un problema para los municipios del interior, que terminan sosteniendo el sistema con recursos propios o aumentos del boleto”, expresó De Leo.

“Lo que yo propongo -continuó-, es que la provincia celebre convenios con cada uno de los municipios para la distribución del Fondo de Compensación al Transporte, y estos convenios se establecerán los mecanismos para la distribución de los recursos, según coeficientes y parámetros que la misma Ley establecerá y que tendrán que ver con: densidad poblacional, cantidad de empresas prestatarias del servicio de transporte, flota permanente de cada empresa prestataria, características técnicas de los vehículos autorizados en cada línea, extensión de los recorridos cubiertos, horarios de prestación de servicio, frecuencias del servicio de transporte, interactividad entre múltiple municipios, entre otras”.

“En definitiva, el propósito central del proyecto que presente es poner fin a la inequidad existente en la distribución de los fondos afectados al Fondo de Compensación de Transporte, y que crea una gran inequidad entre los municipios del Conurbano y zona Metropolitana, y los municipios del interior de la Provincia.

Disparidad que se ha acentuado en los últimos años, generando un colapso en el sistema de transporte del interior y una inminente paralización definitiva, con el riesgo de que se pierdan más de 30.000 puestos de trabajo en el país, siendo la provincia de Buenos Aires una de las más afectadas”, finalizó diciendo De Leo.

Mediante un proyecto presentado en el Senado bonaerense, los legisladores de Juntos por el Cambio le pidieron al gobierno provincial que proceda a la articulación urgente de acuerdos con las empresas prestatarias de servicios de transporte público para establecer el incremento de frecuencias, extensión horaria de atención, funcionamiento efectivo del sistema de información de llegada de colectivos y toda otra medida que permita garantizar el traslado a los lugares de trabajo con los cuidados necesarios frente a una nueva ola de contagios por Covid-19.

A lo largo de la presentación, los legisladores solicitaron además al Ejecutivo bonaerense que interceda ante el gobierno Nacional para establecer modificaciones en la utilización del concepto de “trabajador esencial” dada la necesidad de considerar la inclusión de los trabajadores que no cuentan con el debido marco legal pero son sustento económico de sus hogares.

Se trata de una iniciativa de la senadora Lorena Petrovich, que fue adherida por el resto de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta Provincial y que busca “garantizar el acceso a los ámbitos laborales también para quienes se desarrollan en actividades de la economía informal o de subsistencia”.

“En el contexto actual, con un impacto económico como el que estamos viviendo, que golpea fuertemente al mercado de trabajo es necesario generar mecanismos que permitan el traslado a los puestos de trabajo de manera segura, evitando el hacinamiento y por ende el no cumplimiento de los protocolos”, concluyó Petrovich.

Legisladores porteños del Frente de Todos se manifestaron respecto a las audiencias públicas que se están llevando a cabo sobre las tarifas del transporte público, y denunciaron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “sigue avanzando con sus políticas recaudatoria a costa de los vecinos”. 

Al respecto, Santiago Roberto manifestó: “Si algo nos faltaba a las y los porteños es que el Gobierno de la Ciudad aumente al doble la tarifa del estacionamiento medido. Larreta sigue avanzando con su política recaudatoria, a costa de las y los vecinos sin importarle la difícil situación económica que están atravesando”. 

En este sentido, agregó que, además, “no sólo van a aumentar la tarifa, sino que van a extender de 4 mil a más de 85 mil los espacios que serán pagos para estacionar en la calle. Por eso, para que las y los porteños sean escuchados, hace un año presenté un proyecto para realizar un referéndum vinculante para que sean ellos quienes decidan si están de acuerdo con la extensión del estacionamiento medido a todos los barrios, pero el oficialismo y sus aliados se niegan sistemáticamente a tratarlo porque saben que la gente está en contra. Con esta medida, el Gobierno porteño demuestra que quieren convertir a Buenos Aires en una ciudad expulsiva que solo esté al alcance de quienes puedan pagarla”. 

Por su parte, la diputada del PTS Alejandrina Barry se expresó a través de las redes sociales, y sostuvo que se trata de “más negociados para las empresas, con salarios que pierden cada vez más”.

Con el rechazo de todos los senadores del FdT, Juntos por el Cambio aprobó en la Comisión de Educación del Senado provincial un proyecto de ley de la senadora Claudia Rucci que busca ampliar los beneficios del boleto educativo gratuito, determinado por la Ley 14.735, a docentes y no docentes.

La iniciativa, que lleva el número E-147-20/21 ya había sido aprobada en la Comisión de Transporte y será tratada en la próxima sesión del Senado donde se espera su aprobación y posterior giro a la Cámara de Diputados.

El proyecto propone la incorporación de los nuevos beneficiarios al establecer que se “alcanzará a los estudiantes, personal docente y no docente, pertenecientes al nivel inicial, primario, medio, terciario y universitario”.

A lo largo de la iniciativa, Claudia Rucci expresa “la necesidad de implementar políticas de inclusión y equidad para que docentes y no docentes puedan acceder, sin ningún tipo de inconveniente, a las instituciones educativas en las que desempeñan sus funciones”.

Durante el debate la autora del proyecto fundamentó el pedido de aprobación argumentando que “en nuestra provincia los salarios docentes, aún luego de los aumentos recientemente obtenidos, se acercan a la línea de la pobreza que establece el propio INDEC”. El boleto gratuito que incluye a docentes y no docentes está implementado en la provincia de Córdoba desde hace años, y recientemente fue instrumentado en la provincia de Santa Fe.

Con la intención de que los bebés y sus cuidadores viajen más cómodos y seguros, la legisladora de la UCR-Evolución Manuela Thourte presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual le solicitará al Gobierno nacional que habilite a que los pasajeros puedan subir a los colectivos con los cochecitos de paseo para infantes abiertos.

En ese sentido, la iniciativa pide modificar la regulación vigente de manera de habilitar el transporte de niños dentro de sus cochecitos y correctamente asegurados a los mismos en los vehículos correspondientes al transporte automotor público colectivo de pasajeros.

Es por ello que en los fundamentos de la medida, la radical explicó que “el presente proyecto de declaración tiene el objetivo de visibilizar la situación de todos aquellos cuidadores de niñas y niños que se ven imposibilitados de viajar en el transporte público colectivo con los cochecitos de bebé abiertos”  y aseguró que en la actualidad “la situación de aquellas personas que deben hacer uso del transporte público junto con niños y niñas de la primera infancia es especialmente complicada: los choferes de colectivos instan a los cuidadores a que viajen con el cochecito de bebés cerrado y los bebés en sus brazos”.

Sobre esta misma línea precisó que “esto resulta sumamente engorroso para los cuidadores ya que para ascender al colectivo deben cerrar el cochecito y cargarlo, junto con el bebé, hacia el interior del automotor” e insistió en que “esto es particularmente imposible de llevar a cabo por aquellos cuidadores, contratados o familiares, que se movilizan junto a más de un niño o niña: en estos casos es indispensable viajar en compañía o contar con asistencia de un tercero”.

Además resaltó que “así es como esta problemática impacta particularmente a las mujeres y, por lo tanto, debe ser atendida a través de una perspectiva de género. En la Argentina las tareas de cuidado, y especialmente el cuidado infantil, están atravesadas por una división sexual del trabajo: estas recaen, mayormente, en las mujeres” y destacó que “en la Ciudad de Buenos Aires, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos, las mujeres dedican 5.30 horas diarias al cuidado de miembros del hogar; en este sentido, obstaculizar su forma de transporte en medios públicos atenta contra su autonomía”.

“Los cochecitos deberían estar ubicados a contramarcha de la dirección del vehículo, con sus ruedas frenadas y correctamente asegurados al colectivo mediante los sistemas de sujeción correspondientes”, señaló y concluyó afirmando que “el transporte de un cuidador y los niños a su cargo debería, por lo tanto, asemejarse al de una persona en silla de ruedas: accediendo al vehículo mediante la rampa de discapacidad, y descendiendo a través de la misma; permitir el ingreso, transporte y descenso de los niños dentro del cochecito agiliza y facilita el transporte y garantiza, asimismo, la seguridad de los mismos”.

La iniciativa también lleva la firma como co autor del legislador Marcelo Guouman (UCR-Ev).

La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que las mujeres, en horarios nocturnos, puedan descender de los colectivos o micros en donde les resulte más seguro, más allá de las paradas oficiales. La iniciativa busca dar a las mujeres una herramienta para prevenir situaciones de inseguridad o acoso por motivos de género.

“Con frecuencia, las usuarias que utilizan las líneas de colectivos para dirigirse a sus trabajos o para volver a sus hogares en horarios nocturnos encuentran las paradas a grandes distancias de su punto de destino. Transitar solas por calles con poca luminosidad puede generar situaciones de peligro, dentro de una sociedad patriarcal”, señaló la legisladora.

La iniciativa establece la obligación por parte de las compañías prestadoras de los servicios de transporte automotor público de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, de incorporar paradas a demanda respetando la ruta oficial, sin entorpecer la prestación del servicio, ni suponer un peligro en el tránsito, debiendo esa alternativa indicarse al conductor al subir al transporte.

En los argumentos del proyecto, la secretaria parlamentaria del FdT mencionó que “medidas como esta son utilizadas en España, en ciudades como Sevilla, Gijón, Bilbao, Granada y Vigo”.

“La implementación de esta iniciativa no requiere grandes aportes de recursos ya que se establece la creación de una parada intermedia a demanda entre dos paradas reglamentarias que permite a las mujeres descender en el punto más próximo a sus hogares”, agregó Alvarez Rodríguez.

Debido a las dificultades económicas que atraviesan miles de familias en el país, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para exceptuar del cobro del boleto del subte, premetro y de los colectivos en el ámbito de la Ciudad a quienes estén cumpliendo funciones médicas, de seguridad, administrativas y jurisdiccionales y que se encuentren afectadas a dispositivos de acción estatales relativos al esfuerzo en torno a la contención de la pandemia causada por el Covid 19.

La medida -que lleva la firma de Juan Manuel Valdés, Manuel Socías, Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Laura Velasco y María Bielli (FdT)- establece que para poder acceder a este beneficio, los usuarios deberán presentar una credencial identificadora que sean expedidas por los centros médicos, colegios profesionales y demás organismos del estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires en los que se desempeñen.

En los fundamentos del texto, los legisladores explicaron que el mismo “tiene por objeto generar una herramienta normativa que dé respuesta a la problemática del transporte para aquellas personas que, en el marco del proceso de emergencia en el que se encuentra la nación, se hallen afectados a los operativos médicos, de seguridad o de control de legalidad que las autoridades públicas dispongan”.

Por otro lado, Valdés le envió una nota al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, solicitándole la puesta en marcha de la iniciativa para mejorar el trabajo de quienes se encuentren afectados a las tareas de cuidado en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de declaración para solicitar que todas las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales viajen de forma gratuita en el transporte público, durante el período que dure la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto impulsado por el diputado nacional Alejandro Cacace (UCR – San Luis), además de solicitar que se exima del abono de transporte público de jurisdicción nacional, destaca que “la Cámara de Diputados vería con agrado que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a las mismas medidas por igual término”. A tales efectos, se le solicita al Poder Ejecutivo “que arbitre los medios y recursos necesarios para garantizar la eximición en el ámbito de las jurisdicciones subnacionales”.

Esta medida debería abarcar a todas las actividades y servicios que fueron considerados esenciales e imprescindibles en el DNU 297/290 y por la Decisión Administrativa N° 429/2020, entre las cuales se encuentran el personal de la salud, Fuerzas de Seguridad, industria de la alimentación y toda su cadena productiva. 

Entre los argumentos por los cuales se funda el mencionado proyecto de declaración, se destaca que “si bien es entendible el costo fiscal que puede implicar esta medida, y que algunos municipios y provincias pueden no tener los recursos para implementarla, el bien superior que se intenta proteger la justifica, cual es justamente la salud, la seguridad y la alimentación de todos los habitantes de nuestro país en un contexto de emergencia que ha virtualmente paralizado a la Argentina”.

El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Mario Arce, Hugo Romero, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Miguel Nanni, Gabriela Lenna, Carla Carrizo, Gustavo Menna, Jorge Vara, Dina Rezinovsky, Lidia Ascárate, Emiliano Yacobitti y Aída Ayala, entre otros.