Se trata de una iniciativa de Claudia Neira (FxBA) que prevé agravar las penas contra los jefes de esas bandas que operan sin autorización legal y que, además, plantea penas para los policías que avalen estas actividades.
Con la intención de ponerle un freno a la actividad, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) enviaron a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar el Código Contravencional porteño para endurecer las penas para los jefes, coordinadores y organizadores de asociaciones de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios que operen sin autorización legal.
La iniciativa lleva la firma de la jefa del bloque peronista, Claudia Neira, y busca establecer que la sanción para esos jefes oscile entre los 45 y 60 días de arresto. También prevé fijar que aquellos funcionarios policiales que participen "directa o indirectamente, aún en forma omisiva, consienta, avale, promueva o facilite" las mencionadas actividades será "sometido al correspondiente sumario administrativo".
"Cuando resulte comprobada la responsabilidad del funcionario, es sancionado disciplinariamente con su exoneración. Sin perjuicio de ello, y siempre y cuando el hecho no constituya delito, podrá ser
considerado partícipe necesario de las contravenciones y sujeto a lo establecido en el artículo 18 del presente Código, en cuyo caso la sanción aplicada nunca será inferior a 60 días de trabajos de utilidad pública o 45 días de arresto", sostiene el documento.
Respecto del mismo, Neira explicó en sus redes sociales: "presentamos un proyecto para aumentar contundentemente las sanciones de los jefes de las organizaciones de cuidacoches, y en particular a las fuerzas de seguridad en aquellos casos que mantengan vínculos y complicidad con este tipo de actividades".
"La clave está en la investigación profunda de las organizaciones, y no en continuar con discursos bobos que no resuelven el problema de fondo. Por ese motivo también pedimos que todos los policías utilicen chalecos con cámaras en cada uno de los operativos de eventos masivos. Hay que desarmar de una vez por todas este negociado, pero esta vez empezando desde arriba", sentenció.
El Gobierno nacional alienta en la Ciudad una serie de iniciativas que apuntan a la eliminación de la pauta oficial, el endurecimiento de penas contra trapitos, la simplificación de trámites y la adhesión a leyes nacionales como la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con la diputada porteña Pilar Ramírez en la que le entregó un paquete de 66 proyectos para que La Libertad Avanza los presente este año en la Legislatura de la Ciudad.
Se trata de la primera agenda legislativa amplia que el oficialismo porteño impulsa desde que comenzó el período ordinario, con el objetivo de alinear la política local con los lineamientos nacionales.
Según precisaron fuentes cercanas al encuentro, las iniciativas abarcan desde reformas administrativas hasta cambios en materia de seguridad ciudadana. Uno de los ejes centrales del listado es la eliminación de la pauta oficial, una propuesta que el Gobierno nacional ya había promovido a nivel federal y que ahora intentará replicarse en el ámbito porteño, con el argumento de que se busca “terminar con los privilegios y gastos superfluos”.
Otro punto destacado es el endurecimiento de penas para los llamados “trapitos”, en línea con la intención de reforzar la presencia del Estado frente a actividades consideradas ilegales en el espacio público. Desde el oficialismo explican que el objetivo es “garantizar que los vecinos puedan circular sin extorsiones ni presiones en las zonas de mayor tránsito”.
Dentro del paquete también aparecen proyectos ligados a la simplificación de trámites burocráticos, una de las banderas históricas del espacio libertario, que busca reducir pasos administrativos, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y avanzar hacia procedimientos digitales.
Además, Adorni entregó iniciativas para que la Ciudad adhiera a normativas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria, ambas presentadas como herramientas para modernizar el sistema penal y fortalecer el control estatal frente a delitos complejos.
El encuentro entre Adorni y Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad, fue interpretado dentro de La Libertad Avanza como una señal de ordenamiento interno y como el punto de partida para una ofensiva legislativa en la Ciudad, donde suena fuerte el nombre del jefe de Gabinete como candidato libertario para 2027. La jefa de LLA en CABA tendrá ahora el rol de coordinar la presentación y el tratamiento de los proyectos, que comenzarán a ingresar en las próximas semanas.
El jefe de Gobierno porteño anunció que planteará en la apertura de sesiones un proyecto para que los destrozos en el espacio público y las agresiones en manifestaciones dejen de ser contravenciones y pasen a constituir delitos penales, con prisión efectiva. Además, reclamó avanzar en la misma dirección con los llamados “trapitos”.
Jorge Macri volvió a cargar contra los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante el debate parlamentario y adelantó que su administración propondrá cambios legislativos para endurecer las sanciones. “Desgraciadamente, estamos acostumbrados a que delincuentes, no manifestantes, intenten interrumpir el funcionamiento normal de la democracia. Son grupos minúsculos muy violentos, van preparados: tuvieron un plan, romper, lastimar, prender fuego un policía o un edificio”, afirmó por radio Mitre.
El jefe de Gobierno remarcó que en esas jornadas se armaron bombas molotov “en la calle”, se llevaron “mazas para romper baldosas y usar las piedras como armas” y que ese tipo de conductas debe dejar de estar tipificada como contravención en el Código Contravencional porteño. “Tiene que ser considerado un delito. Ya presentamos un proyecto y lo voy a plantear el día de apertura de sesiones, para que este tipo de desastres contra los bienes públicos sean un delito penal, no una contravención. No les importa una multa: necesitamos consecuencias concretas, prisión efectiva”.
Macri sostuvo que existe acompañamiento técnico de la Policía de la Ciudad, que continúa revisando cámaras para identificar a los responsables. “Muchos han sido identificados. Hay que hacer un trabajo forense hacia atrás para ver el momento en que se ponen las máscaras y los vamos a seguir agregando a la lista de los demandados”, aseguró. En la misma línea, reclamó que los costos de los arreglos no recaigan sobre los contribuyentes. “Estos arreglos los pagan los mismos jubilados que después reclaman por la mínima. Vamos a reclamar para que no lo paguemos todos”.
El mandatario porteño extendió el mismo criterio a la regulación de los cuidacoches informales. “Con los trapitos es lo mismo, porque el trapito no te pide: te extorsiona, y la extorsión es una figura penal. ¿Cuánto le importa una multa a un trapito que es un marginal? Se le ríen en la cara a la Policía. Lo que no funciona hay que cambiarlo, y si algunas pocas personas quieren marcarle el ritmo a la mayoría silenciosa y honesta, van a tener responsabilidad penal”.
Durante la entrevista, insistió en que la vida democrática debe resolverse “hablando, dentro de los recintos”. “Si no tienen suficientes representantes dentro del Congreso no pueden tratar de romper el país. No les importan las multas, necesitan consecuencias penales”, enfatizó.
Macri también celebró el avance hacia el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad. “La Corte Suprema ya fue clara: la Ciudad es autónoma, con el mismo régimen que una provincia. Los porteños tenemos derecho a nuestros fueros judiciales y legales. Yo me comprometí a generar un fuero laboral propio para dar certeza a las PYMES y los comerciantes, que se sienten en riesgo cada vez que reciben una carta documento”.
Sostuvo que la “industria del juicio” fue uno de los factores que más afectaron el empleo formal y destacó que el Tribunal Superior de Justicia porteño ya emitió fallos “muy claros” para limitar las actualizaciones y multas. “Volvemos a un esquema histórico: un mes de indemnización por cada año de trabajo”, dijo.
Sobre la baja de edad de imputabilidad, volvió a plantear un criterio basado en la gravedad del hecho antes que en la edad. “Para mí, delito de adulto es pena de adulto. Si el delito es grave, hay que tratarlo como adulto, aunque detenido en un sistema distinto. Lo más importante es que haya pena efectiva. Si bajamos la edad y pasa lo mismo que con los adultos —que nadie cumple condena porque hasta que hay pena firme pasan siete u ocho años— seguimos igual”.
El jefe de Gobierno insistió en la necesidad de modificar el Código Contravencional de la Ciudad, con la premisa de “terminar con la mafia” de los trapitos.
Después de que se llevara a cabo un operativo en el que se detuvo a 111 trapitos, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a reclamarle a la Legislatura porteña que avance con un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra esas personas.
En ese sentido, Macri explicó que “los trapitos son una mafia. Extorsionan y amenazan a los vecinos. Se les terminó. Los estamos sacando uno por uno y no vamos a parar” y concluyó señalando que “ahora necesitamos que la Legislatura apruebe el proyecto que enviamos para aumentar las penas. Con los delincuentes, tolerancia cero”.
El proyecto en cuestión busca modificar el Código Contravencional de la Ciudad y establece que aquella persona que sin autorización legal ofrezca o preste en la vía pública servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4.000 unidades fijas.
Además, se le aplicarán las sanciones de prohibición de concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde haya cometido la contravención.
En el caso de que las contravenciones ocurran en los alrededores de los grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las 3 horas antes de su inicio y hasta 2 horas después de su finalización, la sanción será de 10 a 45 días de arresto y el máximo se elevará a 60 días para los jefes, coordinadores, organizadores y/o promotores.
En tanto, de probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, se sancionará a la entidad con multa de 5.000 a 20.000 unidades fijas y clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales.
El proyecto busca reforzar la protección en el espacio público, endureciendo las sanciones previstas para los tipos contravencionales establecidos en los artículos 91 y 92 del Capítulo II “Uso del espacio público y privado”.
La vicejefa de Gobierno porteño pidió modificar con “urgencia” el Código Contravencional local para “sancionar con inflexibilidad a actividades delictivas que se encubren como changas de individuos sin trabajo”.
Tras el operativo por el partido de Argentina – Brasil en el que se demoró a 126 trapitos, la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, pidió modificar con “urgencia” el Código Contravencional local para poder “sancionar con inflexibilidad” a quienes desarrollen esa actividad ilegal.
A través de sus redes sociales, la funcionaria explicó que “los llamados ‘trapitos’ son organizaciones violentas que, con el tiempo, se adueñaron de zonas enteras de la Ciudad, de los alrededores de los estadios y de los estacionamientos de los grandes eventos” e indicó que “estimaciones no oficiales calculan que esta mafia recaudaría alrededor de 60 millones de pesos por día, cerca de 18 millones de dólares por año”.
“Con una logística territorial construida con verdaderos escuadrones, estas organizaciones utilizan la intimidación velada o explícita para cobrarles a los automovilistas el estacionamiento en espacios públicos gratuitos”, continuó y precisó que “el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tomó la decisión hace unas semanas de enfrentar esta modalidad extorsiva enviando un proyecto de ley para establecer muy severas penas contra cualquiera que se dedique a esta actividad ilegal”.
Al mismo tiempo que recordó que el proyecto oficial propone que “aquella persona que, sin autorización legal, ofrezca o preste en la vía pública servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o una multa de 800 a 4.000 unidades fijas”; que “los jefes y coordinadores de estos grupos podrán recibir sanciones aún más altas en cantidad de tiempo de detención y multas en dinero que deberán pagar”; y que “si se probara la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, se sancionará a la entidad con la clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días y multas de 5.000 a 20.000 unidades fijas”.
“El Código de Contravenciones de la Ciudad requiere una actualización urgente que permita sancionar con inflexibilidad a actividades delictivas que se encubren como ‘changas de individuos sin trabajo’. Tenemos que avanzar con la ley en la mano”, sentenció Muzzio.
Buscarán modificar el Código Contravencional de la Ciudad, con la premisa de “terminar con la mafia” de quienes para el jefe de Gobierno “se creen dueños de la calle”.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para endurecer las penas y las sanciones a los trapitos y cuidacoches, en el marco de la modificación del Código Contravencional de la Ciudad.
“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó Jorge Macri.
El proyecto establece que aquella persona que sin autorización legal ofrezca o preste en la vía pública servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4.000 unidades fijas.
Además se le aplicarán las sanciones de prohibición de concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde haya cometido la contravención.
En el caso de que las contravenciones ocurran en los alrededores de los grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las 3 horas antes de su inicio y hasta 2 horas después de su finalización, la sanción será de 10 a 45 días de arresto y el máximo se elevará a 60 días para los jefes, coordinadores, organizadores y/o promotores.
En tanto, de probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, se sancionará a la entidad con multa de 5.000 a 20.000 unidades fijas y clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales.
El proyecto busca reforzar la protección en el espacio público, endureciendo las sanciones previstas para los tipos contravencionales establecidos en los artículos 91 y 92 del Capítulo II “Uso del espacio público y privado”.
El objetivo es prevenir y castigar la conducta de los llamados trapitos, cuya actividad perjudica a los vecinos y afecta los espacios públicos en los que operan. Estas situaciones se agravan cuando se realizan en el marco de eventos deportivos o artísticos de gran concurrencia o en lugares públicos de disfrute y uso generalizado.
A su vez, y con el mismo objetivo de reforzar la protección de los espacios donde se desarrollan las conductas ilícitas, también se añaden las sanciones de “prohibición de concurrencia” y de “interdicción de cercanía” al lugar donde se haya cometido la contravención.
El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone penas más severas a los cuidacoches y penalidades para los organizadores de eventos o clubes que favorezcan la actividad.
En consonancia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca agravar las penas contra los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y los limpiavidrios.
De esta manera, la iniciativa propone sanciones más severas, incluyendo arresto efectivo y multas diez veces mayores, para quienes exijan dinero por estacionar en la vía pública sin autorización legal. También contempla penalidades para clubes y organizadores de eventos que faciliten esta actividad
La propuesta contempla hasta 60 días de arresto y multas significativamente más altas para quienes organicen esta actividad ilegal.
Además, el texto duplica las sanciones si se comprueba que la conducta incluye amenazas o discriminación de género. También, se prevén penalidades para clubes y entidades organizadoras de eventos masivos cuando se demuestre que permiten o fomentan la presencia de trapitos en sus inmediaciones.
En tanto, en el caso de eventos deportivos y recitales, donde suele haber una amplia concurrencia de trapitos, el proyecto habilita al Ministerio Público Fiscal a disponer oficinas móviles para recibir denuncias en el lugar y actuar de manera inmediata. También se faculta a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones en flagrancia, garantizando una respuesta efectiva ante situaciones de extorsión o amenazas.
Tras la presentación del proyecto, Santoro señaló que “no podemos seguir permitiendo que los vecinos sean extorsionados para pagar por un servicio ilegal impuesto bajo coerción” y destacó que la problemática no solo afecta el orden público, sino que está vinculada a situaciones de violencia e intimidación, como fue el caso del médico atacado en Flores.
El secretario de Asuntos Públicos de CABA, Waldo Wolff, anunció que el Gobierno porteño enviará a la Legislatura porteña un proyecto que prevé fomentar penas más severas contra los cuidacoches.
A raíz de los últimos ataques por parte de los trapitos, el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, confirmó que el Gobierno porteño está analizando enviar a la Legislatura local un proyecto para endurecer las penas a los cuidacoches.
La iniciativa surgió luego de recientes episodios de violencia, con especial foco en el caso del médico que fue brutalmente golpeado en el barrio de Flores por negarse a pagarles. “El trapito que agredió al médico de Flores está detenido. Detuvimos ya 600 trapitos, y todos quedaron detenidos, pero no los pueden detener si no hay agresiones. Entonces, vamos a llevar un proyecto para endurecer las penas”, manifestó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.
Al mismo tiempo que aseveró que “se trata, en su mayoría, de personas indigentes que vienen a la ciudad por una situación de pobreza del conurbano. Hoy con la legislación que tenemos, a pesar de las contravenciones que hacemos, estas personas no quedan detenidos”.
Finalmente, Wolff pidió que la gente “se acostumbre a denunciar”, pero que a su vez “todos los legisladores de todos los partidos se tienen que comprometer” para apoyar el proyecto.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó en sus redes sociales: “¿trapito? No, delincuente. El fin de semana, un médico fue brutalmente golpeado en Flores por negarse a pagarle a este delincuente. Le pegó con una tabla con clavos y lo dejó con heridas en la cabeza, el cuello y los brazos”.
“La Policía de la Ciudad ya lo detuvo y lo entregó a la Justicia. Vamos a seguir enfrentando con firmeza a quienes creen que pueden pasar por encima de la ley. Espero que no lo suelten y lo dejen en el único lugar donde tiene que estar: tras las rejas”, completó.