La trata de personas es un tema que volvió a la agenda parlamentaria a raíz del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi dos meses. En ese marco, y a la espera de un proyecto del Senado sobre compra y venta de menores, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mantuvo una breve reunión informativa sobre una iniciativa del cordobés Juan Brügge. 

El legislador de Hacemos Coalición Federal explicó su proyecto ante sus pares, mediante el que se busca modificar la redacción del artículo 145 bis del Código Penal. El nuevo texto plantea que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El agregado se refiere a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”. 

“El delito de trata de personas es uno de esos delitos que se llaman dinámicos, porque están constantemente en cambio y evidentemente va mutando en sus técnicas, en sus medios, en sus formas de llevar adelante. Es un delito transnacional que impacta en lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona”, sostuvo el diputado. 

En su exposición, señaló que “a raíz de los hechos lamentables del caso Loan” concluyó en que “nuestra legislación no está del todo actualizada”. “Más allá de lo que ha avanzado el Senado en la tipificación concretamente de la venta de niños, nosotros entendíamos que el actual artículo que tipifica a la trata en el Código Penal, el 145 bis, está también desactualizado en función de lo que dice el derecho comparado”, explicó. 

A continuación, mencionó que el Parlamento Europeo ha sancionado recientemente una nueva normativa que va en ese sentido. También dijo que el agregado al Código Penal que propone va en línea con lo que establece el Protocolo de Palermo, al que Argentina está adherida hace más de 20 años. 

La reforma es para que el artículo se refiera “no sólo a la finalidad explícita de explotación, sino a las finalidades implícitas”, apuntó Brügge. “Viene a agregar una herramienta más para la Justicia y sirve también para combatir a la delincuencia organizada. La trata interna existe y es algo que tenemos que combatir, no solamente con la prevención, sino dándole herramientas concretas en el Código Penal a los jueces y fiscales”, finalizó. 

El diputado estuvo acompañado por Darío Vezzaro, con quien trabajó el proyecto. El abogado penalista puso como ejemplo que “en la justicia de Córdoba se ha iniciado un proceso acusando de trata de personas a los titulares de clínicas de fertilidad asistida, por la vulnerabilidad de mujeres donantes de óvulos”, un tema en torno al cual “se plantea la discusión de si hay o no trata”, algo que podría estar contemplado así si el artículo hablara de “otras finalidades”, como plantea la iniciativa, señaló Vezzaro. 

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a Lourdes Hidalgo como “personalidad destacada en el ámbito de los Derechos Humanos”, gracias a una iniciativa impulsada por el diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Pablo Modarelli.

El emotivo acto se llevó a cabo en el salón San Martín de esa Casa, en el que estuvieron presentes la homenajeada y el legislador, así como también la diputada nacional, Mónica Macha; el coordinador de la PROTEX, Rodrigo Coto Araujo; la abogada, Paula Albarado Mamani; y la representante del Pueblo Quechua, María Rosa Pomacusi.

En el inicio de las alocuciones, Modarelli brindó una serie de agradecimientos: “En esta actividad quedó muy en claro la idea de trabajo colectivo, de pensar que, alrededor de Lourdes, se pudo construir un colectivo que le da solvencia a estas luchas que son de largo trecho”, precisó. Y destacó que desde la Legislatura se brindó un homenaje “a una sobreviviente, a una luchadora, pero que también sea el llamado para la Ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, Hidalgo recordó la Masacre de Luis Viale y resaltó: “Los años fueron pasando y realmente ya somos una familia, estos 18 años fueron de una lucha larga e incansable; y agradezco a todos por apoyarme, me siento fortalecida”. Además, adelantó que seguirá en la lucha hasta que el sitio de dicha tragedia sea un espacio de memoria.
Cabe recordar que en la calle Luis Viale 1269 de la ciudad se encuentra una propiedad, donde funcionaba una fábrica textil. El 30 de marzo de 2006 allí ocurrió la Masacre de Luis Viale, en la que murieron quemados trabajadores y trabajadoras del taller, así como niños y niñas que también trabajaban y vivían allí. Cabe destacar que eran víctimas de explotación laboral y migrantes, provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Lourdes Hidalgo es una de las sobrevivientes de esta Masacre y hace 18 años que se constituyó como una luchadora activa por la búsqueda de memoria y justicia por las víctimas que perdieron la vida en el incendio del taller.

El trabajo y el reclamo persistente de Hidalgo tienen como principal objetivo mantener viva la memoria de las víctimas, pero también denunciar la cadena de responsabilidades. Y las dimensiones que, desde una perspectiva interseccional, rodearon a esas muertes, como es la desigualdad social, la condición migrante, la explotación laboral y el género, entre muchos otros factores.

En el marco de la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes el 13 de junio pasado, la diputada nacional de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer sostuvo este lunes que “en Argentina, comprar, vender o apropiarse de niñas y niños para ‘adopciones ilegales’ no es un delito penal”.

“Desde 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Argentina por este vacío legal que favorece la trata de menores y pide que se tipifique como delito. Esto demuestra la complicidad de gobiernos y partidos patronales con las redes de tráfico infantil y explotación”, aseguró la legisladora.

La diputada ferroviaria agregó: “La Cámara de Senadores aprobó un proyecto que dice llenar el vacío legal, pero en realidad sigue favoreciendo a las redes de tráfico infantil al tipificar la venta como ‘robo de identidad’ y no como ‘trata’. Además, facilita la impunidad al exigir pruebas de pago, cuando sabemos que los traficantes no operan con recibos, facturas, pagarés o balances contables porque es un negocio ilegal. En Entre Ríos, el 61,5% de las ventas involucran bebés de una semana, y el 84% se realizan a través de ‘agencias’. Estos bebés, nacidos como mercancía en un mercado multimillonario, provienen de poblaciones pobres”.

Schlotthauer finalizó señalando que el presidente Javier “Milei y sus referentes se expresaron muchas veces a favor de la venta de niños y órganos. Argentina es elegida por traficantes por su corrupción y devaluación del peso que hace más rentable la exportación de la niñez. Por eso decimos: la compra venta de niñas y niños es trata. Los gobiernos son responsables. ¡Por Loan, Tehuel y por todes sigamos en las calles como el pueblo de Corrientes!”.

Cuando el tema de la venta de niños y de órganos, como idea “filosófica”, fue promovido públicamente antes de la campaña presidencial del año pasado, todos creyeron que se trataba de una broma, de un exabrupto, de un desborde del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El hombre aparecía con un perfil “disruptivo” al cual había que permitírsele cualquier cosa, porque se presumía que traía “ideas nuevas”, porque la “casta” estaba terminada, la política tradicional y más conocida se veía decadente, y era necesario un aire fresco que lo cambiara todo. ¿Todo?

La sociedad argentina reaccionó frente a la posibilidad de que un eventual presidente admitiera como normal que se vendieran chicos, o que la gente mercantilizara sus riñones, parte de su hígado, una retina, o un dedo del pie cuando necesitaba dinero.

Una digresión: las fuerzas del cielo a veces aconsejan mal, y en otras ocasiones provocan justicia divina para dejar en claro que ellas no son las que promueven las barbaridades que piensan y hacen las almas encarnadas. Por eso surge un caso como el del pequeño Loan, desaparecido por arte y magia de la trata de personas en Corrientes, que deja tiritando a un ahora mandatario, preocupadísimo en la Casa Rosada y rogando que se esclarezca rápidamente.

Es que en campaña, por más que se quiera ser original, hay que tener cautela con las palabras, cierta sensatez en la elaboración de un discurso y no incorporar cualquier cosa porque “soy anarcocapitalista” y se acabó. Creer, como le dijo Milei a Ernesto Tenembaum, alrededor del 29 de junio de 2022, que la trata de personas y la venta de órganos era una “idea filosófica” que podría debatirse dentro de 200 años, significa que dentro de sus razonamientos la idea estaba, subyacía.

Y tanto subyace ahora que uno de sus seguidores, el actual senador de la nación por La Rioja Juan Carlos Pagotto, quiso hacer modificaciones “sobre las penas” a los secuestradores de niños en un proyecto de Carolina Losada. Este volvió del recinto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El texto modifica el artículo 139 bis del Código Penal y determina de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Antes, la pena mínima era de 3 años.

Hay más endurecimiento de penas en ese proyecto de ley, pero la noticia aquí es que Pagotto, contra su voluntad, hizo que los 63 senadores que aprobaron el proyecto se dieran cuenta de que no habían visto las penas. Están dormidos como en la mayoría de las sesiones. El tema atraviesa el ámbito legislativo, cuando la realidad avanza con dificultades en la vida correntina y de otras provincias, donde los chicos se venden a cifras extraordinarias como el agua en terrenos desérticos.

Con Loan afloró el submundo de la trata de personas, el entramado de la apropiación de chicos, la vulnerabilidad de las chicas de quince años expuestas a ser embarazadas por miembros de esa organización maligna, también la oferta de cuidados durante el embarazo y finalmente la sustracción del recién nacido para su venta en lugares por ahora desconocidos. “Tu bebé nació muerto”, es la única respuesta que reciben.

La señalización del hospital como sede casi central de la apropiación de los bebés por parte de enfermeras, con la anuencia de las autoridades sanitarias, agrega más horror a la trama nunca denunciada antes. La reacción por Loan despertó a un pueblo que sabía perfectamente lo que pasaba y nadie decía nada.

La conducción de los hechos por parte del comisario del pueblo define el acosamiento de los pobladores para que callen, y despeja el velo del miedo en que sumen a los vecinos. Los silencios de las autoridades provinciales respecto de lo ocurrido, que esta vez dejaron sin información oficial durante una semana debe ser al menos calificada de complicidad. Agravada incluso por proteger a una de las involucradas en la organización de la captura de Loan y activa participante en la obstaculización de las investigaciones, Laudelina Peña, a la que envió al penal de Ezeiza. Lejos, bien lejos para que no la maten entre todos los vecinos.

Si bien la investigación fue confusa y todavía carece de pruebas contundentes, los aportes de las primas de Loan, Camila y Macarena, denotan que el secretismo falló en esta oportunidad por la ambición de Laudelina que le confió a su hija mayor, de 14 años, que iba a recibir una casa, un auto y una moto por la entrega de un chico. Macarena declaró contra su propia madre y contó esto.

La presencia de efectivos federales en la ciudad correntina de 9 de Julio estuvo lejos de traer seguridad a las madres que dudan en llevar a sus hijos a la escuela donde un comisario les sacaba fotos a los niños, con la aprobación de la directora. La visita fugaz de la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich tampoco dejó una esperanza, ni pudo hablar demasiado por su enojo con el gobernador Gustavo Valdez. ¿Qué información manejan ambos que la sociedad desconoce? ¿Qué acuerdos políticos sujetan las bocas?

La resonancia del secuestro o rapto de Loan es similar a la del asesinato de María Soledad Morales, en Catamarca, hace demasiados años. Tiene esa intensidad del espanto que hace levantar a las masas, conmueve sin ser inédito, emociona por el destino que le han trazado al niño unos desalmados hambrientos de dinero. Se vincula con la sospecha de que estos crímenes no pueden concretarse si no hay una complicidad con el poder político y policial, una incertidumbre sobre una organización nefasta, generada por medio de células, donde el que entrega solo ve a quien recibe, pero desconoce quienes integran la cadena en su totalidad. Es la misma modalidad que emplean el terrorismo y el narcotráfico.

Es todo tan oscuro y siniestro que, a los pobladores de Goya, Curuzú Cuatiá, 9 de Julio, les cuesta admitir que la naturalización en la que entraron por no hablar, protestar y reclamar, les generó una culpa que los molestará por un tiempo.

En la Argentina se está jugando con fuego, y para colmo no se resuelven los problemas más apremiantes. La gestión de gobierno deja mucho que desear en materia social. Lo social no es solamente económico, contiene dramas cotidianos como la inseguridad, la falta de trabajo, la ausencia de un buen sistema de salud, la desatención del Estado en el curso de una dirección hacia el progreso de los argentinos, la improductividad creciente.

Estas cuestiones no son ideas filosóficas, son de necesidad y urgencia, conflictos que devastan a la sociedad ya exhausta de por sí por las pésimas políticas arrastradas en el tiempo, porque los males señalados no son del día de ayer, llevan décadas esperando que alguien sensato e inteligente se siente a laburar en el sillón de Rivadavia y no se mueva de ahí hasta resolverlos.

Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni comunicara que se subastaron ocho inmuebles decomisados en causas de narcotráfico, corrupción y trata de personas, y anunciar que tres fueron ‘causa cuadernos’, puntualmente contra Daniel Muñoz exasesor kirchnerista por el entramado de coimas en la obra pública, la diputada radical Carla Carrizo le salió al cruce y aseveró: “Estudie y cumpla con la ley”.

El portavoz había expresado que “Javier Milei vino a hacer la verdadera distribución de la riqueza que no es la que nos quisieron vender durante años, sino que la plata de la corrupción que vuelva a la gente”. Esto molestó a Carla Carrizo, quien en un comunicado en X -arrobó a Adorni- le explicó que “ni kermés ni subastas. Los bienes decomisados en casos de trata son para la asistencia de las víctimas (Ley 26.364 articulo 27)”.

Asimismo, la diputada de la UCR le recordó el caso de Loan, niño de Corrientes que está desaparecido hace dos semanas y por lo cual hay varios detenidos relacionados con la trata de personas: “Van 15 días y no tuvimos ningún informe sobre el estado de implementación de las políticas de trata en el país, que es un delito federal y cuya respuesta coordinada depende del Estado nacional”.

Estimado @madorni . Ni kermés ni subastas: los bienes decomisados en casos de trata son para la asistencia de las víctimas (art 27 ley 26.364). Estudie y cumpla con la ley. No se hace política con el dolor de las familias ni la incertidumbre de las víctimas. Van 15 días y no… pic.twitter.com/6xblA51Icl

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) June 28, 2024

“El caso Loan es el más visible, pero no el único”, advirtió Carrizo. También, le recordó a Adorni que “junto a 12 legisladores presentamos un proyecto para que los equipos de los tres ministerios que conforman el Comité Ejecutivo contra la Trata vengan a informar a la ciudadanía y a los argentinos”.

Para cerrar, Carla Carrizo aseveró: “No se hace política con el dolor de las familias ni la incertidumbre de las víctimas”.

La diputada nacional Carla Carrizo solicitó que el Gobierno Nacional que informe y explique sobre las distintas políticas públicas destinadas a la protección de víctimas de trata de personas.

Entre las consultas, la legisladora radical pidió que el Gobierno se expida sobre la vigencia del fondo de asistencia a las víctimas de trata ante la posible aprobación de la Ley Bases que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificarlo, transformarlo, unificarlo, disolverlo o liquidarlo.

Además, Carrizo requiere que se arbitren las medidas pertinentes para brindar apoyo, fortalecer, sostener e incentivar las unidades de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en las provincias del país pertenecientes al Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Por último, la diputada solicita que los equipos que están trabajando en el caso Loan informen ante el Congreso para que la ciudadanía sepa sobre el mapa de las redes de trata que existen en el país y la implementación y coordinación de las políticas para su abordaje.

“Nuestro país cuenta con múltiples normativas, organismos y políticas que pretenden dar respuesta a este delito complejo de trata de personas. Sin embargo, los casos siguen ocurriendo. Por eso es imperativo que se evalúe la efectividad de las medidas y se tomen acciones concretas para fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la persecución de los responsables”, señaló la diputada radical.

“Creemos que resulta crucial que esta Honorable Cámara conozca el estado actual de las diversas políticas, los resultados obtenidos hasta el momento, los desafíos identificados y las propuestas para mejorar la respuesta institucional ante esta grave violación de derechos humanos”, agregó la legisladora.

Para Carrizo, “cobra relevancia el debate sobre la ley Bases que se encuentra en debate en el Congreso de la Nación, porque el artículo 5 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, entre ellos, el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. Por tanto, resulta clave que el PEN se expida expresamente sobre si garantiza su plena vigencia”.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Martín Tetaz, Danya Tavela, Mario Barletta, Karina Banfi, Julio Cobos, Marcela Coli, Natalia Sarapura y Mariela Coletta.

Buscando garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará establecer un subsidio para las victimas del delito de trata de personas, a fin de dotarlas de recursos.

Según se desprende del texto, la prestación económica será equivalente a dos canastas básicas totales tipo 2, publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las misma será abonada en forma mensual y consecutiva por el plazo de un año, pudiendo renovarse por un periodo igual.  “El otorgamiento de la prestación económica, la cual no es incompatible con otras medidas de asistencia integral, no obstará el ejercicio de las medidas de reparación, incluso las económicas”, sostiene el mismo.

Para poder acceder a dicho subsidio, las victimas deben encontrarse en situación de vulnerabilidad y el delito debe haberse cometido en la Ciudad. Si la persona afectada fuese menor de edad, serán los padres, tutores, curadores o quien tenga la guarda los encargados de administrar el beneficio.

En los considerandos de la iniciativa se planteó que “la trata de personas es una de las peores formas de sometimiento humano y conlleva graves violaciones a una amplia gama de derechos fundamentales. Configura uno de los delitos más aberrantes contra la libertad, la persona, la propiedad y la integridad sexual, física y psíquica, porque menoscaba la dignidad humana y restringe las libertades fundamentales”.

“La prestación económica que por medio de este proyecto de ley se crea -entendida esta como uno de los principales elementos que requiere la persona víctima del delito de trata para el logro de su futura autonomía personal y económica, y la inserción laboral y social-, procurará asistir a la persona rescatada en el inicio de ese nuevo camino que ha de emprender, en el cual pueda subsistir dignamente, y pretende erigirse en el sostén necesario para efectivizar el proceso de empoderamiento que le permita superar la situación de vulnerabilidad que la llevó a caer en la red de trata”, sostiene el texto.

Al mismo tiempo que remarca que “de esta forma, se cumpliría con la obligación primera y más inmediata del Estado, que es proteger a las víctimas de la trata frente a una nueva captación que genere daños mayores, ofreciendo una política pública con enfoque de los derechos humanos, el cual considera que emporar a las personas vulnerables garantizando sus derechos humanos reducirá su susceptibilidad a la trata y explotación”.

Organizado por el senador Daniel Bensusán (FNyP-FdT) y la Red de Alto al Tráfico y la Trata (RATT), se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado el seminario “Sectas y Trata de Personas”, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

“La trata de personas configura una de las más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo el legislador, al abrir la jornada, junto a Viviana Caminos y Nancy Rodríguez, integrantes de la RATT.

El pampeano señaló que “las distintas situaciones de vulnerabilidad que sufren millones de personas en todo el mundo, ya sea por edad, género, origen étnico, circunstancias sociales, económicas, culturales o políticas, muchas veces inciden para que una persona sea víctima de redes de abuso y explotación”. “La trata de personas se encuentra en el tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico”, apuntó.

El seminario contó con las exposiciones de Zaida Gatti, directora nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad del Nación; Norma Mazzeo, coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación; Rosana Vaccon, sobreviviente de trata de personas; Sebastián Sal, abogado patrocinante de víctimas de trata; y Pablo Salum, fundador de la Red LibreMentes.

Además, estuvieron presentes la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso; el ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, Liliana Robledo; el director de Casa de La Pampa, Pablo Rubio; representantes del área de lucha contra la trata de la Policía Federal y representantes de distintas instituciones vinculadas a la temática.

Viviana Caminos, presidenta de la RATT, destacó la labor que realizan en distintas organizaciones y ponderó que la Ley contra la Trata de Argentina “es pionera en Latinoamérica y en el mundo. Somos un país donde la gente conoce el tema y se compromete a denunciar y eso es muy importante. Una de las tareas de la sociedad civil es la de monitorear e ir un paso adelante, visibilizando nuevos temas”.

Por su parte, Nancy Rodríguez, coordinadora nacional de la RATT, aseguró que “la sociedad civil necesita herramientas para poder denunciar y salvar vidas. Para eso es necesario estar formados e informados y el deber que tenemos las organizaciones civiles y el Estado es trabajar en conjunto para poder hacer frente a estas mafias”.

“Nuestras juventudes están todo el tiempo frente a estas organizaciones. Durante la pandemia de cada 10 denuncias, nueve fueron realizadas a través de las plataformas digitales. Tenemos que poder seguir hablándole a nuestros jóvenes sobre la trata. Que sepan lo que ocurre en sus localidades, en sus provincias. La organización debe ser conjunta y debemos fortalecernos mutuamente”, resaltó.

En tanto, Bensusán sostuvo que “para quienes concebimos a la política como un camino para garantizar los derechos ciudadanos, como base para vivir mejor, es una obligación estar atentos a cualquier situación que vulnere esas garantías. El trabajo que llevan adelante organizaciones como la Red de Alto al Tráfico y a la Trata de personas es de suma importancia. Porque logran visibilizar y generan conciencia de una problemática. Esto es fundamental, en una tarea que debe complementarse entre las organizaciones civiles y el Estado, en una situación de compromiso mutuo”.

“Hay un camino importante por recorrer. No mirando para otro lado. Prestando atención porque quizá muy cerca nuestro puede haber víctimas de trata de personas, y debemos reconocer señales, gestos y cualquier indicio de estas situaciones”, finalizó el legislador oficialista.

El proyecto de ley de la sanadora Ana Devalle busca declarar de interés Legislativo el 110° aniversario de la sanción de la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, que fue la primera norma en el mundo en penar la prostitución infantil.

“Se la recuerda como un precedente legislativo importante, dado que las prohibiciones del siglo XX tenían un fundamento más bien higienista, ya que ponían el ojo en la penalización de las mujeres que, de alguna manera, podían propagar enfermedades venéreas a los clientes”, explicó Devalle en los fundamentos del proyecto.

Vale recordar que, la Ley Palacios buscaba prevenir la trata de personas, en particular de mujeres, reconociendo sus derechos humanos y problematizando la cosificación de los cuerpos, utilizados en el mercado sexual.

“La normativa 9.143 fue una ley muy moderna para la época. Gracias al ímpetu de (Alfredo) Palacios, y la sanción de esta norma de avanzada, la Argentina se ubicó en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos humanos y en especial de los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y esclavitud”, remarcó Devalle.

Por otro lado, en un segundo proyecto de Ley, la legisladora propuso “declarar la adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”, que fue instaurado el 23 de septiembre por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en enero de 1999.

“La instauración del 23 de septiembre de cada año como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad para concientizar y reflexionar sobre esta problemática”, expresó Devalle en los considerandos del proyecto.

Asimismo, Devalle aseguró que la adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas permite educar “respecto de las formas de prevención y denuncia, las cuales constituyen las principales herramientas contra la trata y la explotación sexual comercial”.

El municipio de Esteban Echeverría y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas -perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación- llevaron a cabo una jornada de capacitación destinada a personal policial, Guardia Urbana, Tránsito y operadoras y operadores del Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Durante la actividad, que se desarrolló en el Polo Judicial de Esteban Echeverría, el Comité brindó herramientas para abordar el delito de trata de personas, los mecanismos de captación y las modalidades de explotación, así como del tratamiento y el abordaje a las víctimas.

Según la información emitida por la Municipalidad de Esteban Echeverría, la formación se realizó en el marco de un convenio entre el municipio y el Comité para llevar adelante acciones de capacitación y difusión de la temática en el distrito.

La Cámara de Senadores de la provincia de Salta convirtió en ley el proyecto que fomenta la inclusión laboral en el ámbito público y privado para víctimas de trata y explotación, ya sea mediante cupo o incentivos para las empresas que contraten personas rescatadas de situaciones de esclavitud sexual o laboral.

Tal como dice su artículo 1°: “Esta ley tiene por objeto crear condiciones para el acceso al trabajo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa”.

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas consideró las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados y le dio dictamen favorable. La norma pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La nueva normativa dispone que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo provincial, que pasa a tener competencia “para articular con las autoridades nacionales y municipales la asistencia a las víctimas de trata o de explotación de personas, procurando el inmediato abordaje integral a su grupo familiar o comunidad”. También elaborará un “mapa provincial de trata de personas y explotación en sus diferentes modalidades, a los efectos de articular la inclusión de las víctimas en bolsas de trabajo según sus capacidades, y brindar capacitaciones en territorios de origen o residencia, que mejoren sus aptitudes laborales”.

Como forma de incentivo para el ámbito privado, las empresas que contraten a personas comprendidas en la ley como víctimas de trata y explotación gozarán de una deducción especial “a computar a cuenta del impuesto a las actividades económicas que deban abonar los empleadores en su carácter de contribuyente, por el porcentaje que determine la autoridad de aplicación sobre el monto de las contribuciones patronales de los trabajadores comprendidos en la presente ley”.

Junto a la normativa aprobada ayer en Salta, ya están vigentes en nuestro país leyes similares en las provincias de Catamarca y Chaco, y se encuentran en estado parlamentario en Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Tucumán y Misiones.

En el marco del mes de Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Paula Oliveto (CC-ARI) encabezaron este lunes la jornada “Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”, junto a representantes del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialistas y organizaciones de víctimas, quienes debatieron sobre la problemática y presentaron proyectos de ley contra al trata de personas.

El encuentro se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Cámara Baja ante más de 150 personas en donde dialogaron sobre la importancia de un gran marco sobre la normativa necesaria para avanzar en la lucha contra la trata de personas en la Argentina.

También participaron 27 organizaciones de la sociedad civil, legisladores de distintos signos políticos, miembros del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y especialistas como Alika Kinan, Alicia Peressutti, Bárbara Bonelli, Margarita Meira, Miriam Donati, Andrés Mexandeau y Marcelo Colombo, entre otros.

La diputada Carrizo tomó la palabra para presentar un proyecto de su autoría sobre la asignación para víctimas de trata y relató: “Conocí a Alika Kinan hace unos años en la Facultad de Ciencias Económicas y cuando la escuché me quedé muda. Ahí aprendí, entendí lo que es hablar de trata de personas en forma directa con una protagonista”.

“Parte de este proyecto tiene que ver con su trayectoria, con su experiencia. Alika no se quedó en la victimización, salió de la marginalidad, nos enseñó, buscó aliados provinciales, nacionales, y acá estamos en el Congreso Nacional con este proyecto”, dijo la diputada radical.

En ese sentido, recordó: “En 2019 se creó un fondo fiduciario que se nutre de todos los decomisos, una vez que hay sentencia, recoge todo el dinero ilegal que estaba asociado a la trata. Ese fondo es muy potente, de U$S 3 millones. Sucede que hay plata y no les llega a las víctimas porque la trata es un fenómeno difícil. Ese fondo les llega cuando hay sentencia y cuando el juez dice cuándo, cómo y cuánto tiempo. Entonces, hay una asimetría muy grande y dependemos de la subjetividad del juez. Y sabemos que, sin una política estatal de acompañamiento, no se puede salir”.

“No podemos tener políticas de supervivencia. Tenemos que tener políticas de cuidado. Es necesario que la política pública llegue a las víctimas con una asignación y también con todos los dispositivos que permitan un espacio de contención y cuidado”, cerró Carrizo.

Luego fue el turno de la diputada Oliveto quien sostuvo: “Somos representantes de un pueblo que tiene que ser escuchado y esta problemática nos interpela y obliga a actualizar la legislación. Por ese es importante este encuentro para tomar las inquietudes y hacerlas propias. Este tema abarca a todas las organizaciones políticas y sociales. No lo tomamos como un tema propio”.

En tanto destacó que “este tipo de iniciativas nos permite el diálogo, la convivencia, y avanzar en temas que hacen a la agenda de un pueblo para que trabajemos en pos de reparar donde el Estado no estuvo. El Estado tiene que reparar el dolor de las víctimas. Cuando se habla del delito de trata de personas, se habla de la ausencia del Estado”. Asimismo, presentó un proyecto de ley para establecer a la trata de personas como delito de lesa humanidad e imprescriptibilidad.

A su turno, Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y Coordinadora del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó: “Para nosotros el abordaje de las víctimas de trata es absolutamente integral, la coordinación es transversal con las áreas de salud, educación, y con otras áreas que a veces van requiriendo de la integralidad del abordaje. Por eso, esto es una política de Estado para el Gobierno de la Ciudad”.

Luego, hizo uso de la palabra Alika Kinan, directora del Programa de Estudios Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sobreviviente de trata con fines de explotación sexual y CEO de la Fundación Alika Kinan: “La justicia argentina no me reconoció nada. El dinero del Fondo, que se integra con todo lo que los proxenetas tienen, nos corresponde a todas las víctimas, a mí y a todas mis compañeras, que pusimos el cuerpo. El delito de trata sí debe tratarse como delito de lesa humanidad. Se trata de un plan sistemático por parte del Estado, hay participación del Estado contra las mujeres, adolescentes y niñas, que eran expuestas a análisis médicos en Tierra del Fuego para no enfermar a ningún hombre”.

 “Después de 10 años de mi rescate no fui indemnizada a pesar de ser querellante y fui re victimizada en el programa de protección de testigos. Mi proxeneta hoy sigue teniendo bienes y sigo esperando que pague lo que me debe. Necesitamos una reparación económica por parte del Estado cuando existe una sentencia firme. El fondo está obligado, y sólo hasta el momento, reparó a una sola víctima de trata con todos los bienes decomisados”, finalizó.

Las asociaciones que participaron fueron Alicia Peresutti y Yanina Basilico “Asociación Vínculos en RED”;  Alika Kinan Presidenta “Fundación Alika Kinan”;  Silvia Ferraro, presidenta y Myrtha Schalom  “MEI Mujeres en Igualdad”; Lilia Saavedra presidenta Fundación “VEI Vidas en Interacción para el Desarrollo de la Comunidad”; Ada Rico presidenta “Casa del Encuentro”; Jésica Flores integrante MOTA; Fabiana Túñez y Gladys Emma Romano ONG Las Julietas; especialista en Políticas Públicas para la  prevención y asistencia en violencia de género.

Además, la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019); Martha Miravete Cicero Grupo de mujeres de la argentina – Foro de VIH mujeres y familia; Margarita Meira y Marcela Cano Asociación Civil Madres Víctimas de Trata; María Laura Abbate, Naria Cristina Perez y Graciela Norma Pacios MACFUT Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol Argentino; Graciela Giménez, Alejandra López y Miriam Donati Brusco ‘Mujeres por la Nación’; Patricia del Carmen Cruz ONG “Las Vikingas”; Mónica Tejeda CEMI FCCAM  Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes; Cecilia Dinius Plenario de trabajadoras; Verónica Ortega Comunidad de viajeros ecuatorianos en Argentina; Rafael Ángel Corson Acción Católica en Argentina; María Laura Roger Red Kawsay (Organización formada por religiosas/os, laicas/os por una sociedad sin trata de personas); Nora Beatriz Soto Unión Vecinal Eduardo Crespo (concurren de la Villa La Rana, San Martín); Liliana Faingold ‘Búsqueda Verdades Infinitas’; Ivana Lorena Bunge ‘Comité contra la trata por la acción civil Patagonia (Santa Cruz) DE MANERA VIRTUAL; Denice Romero y Gloria Llopiz Ortiz ONG Buenos Vecinos BA; Patricia Panuccio ‘Yo seré tu voz’; Analía Verónica Ramírez Multisectorial de la Mujer (Chaco); Nancy Elizabet Pereyra Foro de Mujeres;  Paula Rivera Fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la Trata de Personas; Miriam Vázquez Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; y Agustina Rossi Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Además, participaron los diputados nacionales Daniel Arroyo, Marcela Ántola; Teresita Villavicencio, exdiputada nacional por Tucumán y especialista en Seguridad y Derechos Humanos; y Leandro Halperín, exlegislador de la Ciudad, especialista en Seguridad y Derechos Humanos, entre otros.

En el marco del mes contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC-ARI), junto al Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad, realizarán este lunes a las 10 una jornada al respecto.

El encuentro será en el Anexo de la Cámara baja, bajo el lema “Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”. En el debate participarán organizaciones de víctimas, legisladores y especialistas, con el objetivo de poner en agenda los proyectos sobre el tema.

También estarán miembros del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad, coordinado por la subsecretaria de Derechos Humanos porteña, Pamela Malewicz. Además, expondrán Alika Kinan, Alicia Peressutti y Marcelo Colombo.

“Tenemos que hablar de una asistencia que se sostenga en el tiempo, que genere uniformidad y brinde una verdadera autonomía económica para las víctimas. El Fondo de Asistencia a las Víctimas tardó en ponerse en funcionamiento 10 años y desde el Congreso veníamos exigiendo su implementación inmediata. Sin embargo, queda mucho por hacer, ya que hoy los montos de la reparación dependen de lo que disponga cada juez en el marco del expediente judicial. Y entre 2019 y 2022, sólo se reparó económicamente al 25% de las víctimas”, señaló Carrizo.

En ese sentido, la legisladora radical señaló que “entre las propuestas que estamos planteando está hacer que este Fondo -que se compone con el dinero y los bienes que se decomisan en las causas- se gestione de modo más eficiente y llegue a las víctimas de manera sostenible en el tiempo para evitar que vuelvan a caer en un ciclo de explotación. No es solo reparación, también es acompañamiento del Estado”.

Quienes deseen participar de la jornada deberán inscribirse a través del siguiente formulario.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora cada 30 de julio, las senadoras nacionales del interbloque FdT María Eugenia Catalfamo -presidenta de la Comisión de la Banca de la Mujer- y María Eugenia Duré junto a Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata, encabezarán el seminario “Migración y Trata de Personas”.

La actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de agosto a las 18 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. La misma contará con las exposiciones de Susana Trimarco, Paula Rivera, Noelia del Valle Leiva, María Laura Ruiz de Huidobro –presidenta e integrantes de la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas-; Florencia Carignano –directora nacional de Migraciones-; María Elizabeth Oporto Balboa –cónsul adjunta de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina-; Lourdes Hidalgo –sobreviviente del taller textil Luis Vial-; y Zaida Gatti –integrante del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata-.

El 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de  Personas. En la Argentina, la ley que atiende este flagelo lleva el número 26.364 y es la de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Sancionada el 9 de abril de 2008 y promulgada 20 días después por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contempla como explotación la configuración de cualquiera de los siguientes casos: cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; y cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

Pero si bien hay una ley vigente, en el Congreso de la Nación permanentemente se presentan iniciativas sobre el tema. La más reciente es de principios de este mes, presentada por la diputada del Pro Dina Rezinovsky, y justamente adhiere a la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero otros son proyectos de ley destinados a introducir modificaciones a la legislación vigente. Es el caso del que presentó la senadora Carolina Losada el 27 de mayo pasado, que sugiere modificaciones al Código Penal de la Nación, tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

¿Qué dice el proyecto presentado por la senadora radical santafesina? Son apenas tres artículos que modifican dos de la ley vigente. Sustituye el texto del artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”, por el siguiente texto: “Se impondrá prisión de 3 a 10 años al que reciba y a quien entregue un niño o niña mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

E incorpora como artículo 139 ter el siguiente: “Será reprimido con prisión de 2 a 8 años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos de este Capítulo. El funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, incurriere en alguna de las conductas previstas en este capítulo, será reprimido con prisión de 3 a 10 años y se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.

Unos días antes, el 17 de mayo, en Diputados se presentó un proyecto para declarar al delito de trata de personas con fines de explotación como delito de lesa humanidad. Su autora es Paula Oliveto, quien para ello sustituye el artículo 62 del Código Penal, que precisamente refiere cuándo prescribe la acción penal para estos casos: a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; o después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso exceder el término de prescripción los 12 años, ni bajar de 2 años.

Otro proyecto sobre trata de personas presentado este año es el de la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. Prevé modificar el artículo 139 bis e incorpora los artículos 139 ter, 139 quater y 139 quinquies, sobre el delito de compra y venta de personas menores de edad.

El 139 bis que ya hemos citado quedaría redactado así: “Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años el que entregare o recibiere a una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación. Recibirá la misma pena quien facilitare, promoviere o intermediare de cualquier modo en la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación”.

Y el 139 ter quedaría redactado de la siguiente manera: “No será punible la madre que entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, salvo que se acreditare que pertenece a una organización delictiva de compra venta de personas menores de edad, en cuyo caso la pena será de prisión de 6 meses a 2 años”.

El 139 quater del Código Penal Nación quedaría redactado de la siguiente manera: “Incurrirá en las penas establecidas en el artículo 139 bis y sufrirá inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o profesional de la educación, profesional de la salud o director o encargado de institución o establecimiento público o privado destinado al cuidado de las personas menores de edad que, en el ejercicio de su actividad, cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo”.

Por último, el 139 quinquies diría lo siguiente: “Las penas establecidas en los artículos 139 bis serán de 6 a 15 años de reclusión o prisión si la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación, se hiciera con alguno de los siguientes fines: a) Explotación sexual de la persona menor de edad; b) Explotación laboral de la persona menor de edad; c) Transferencia con fines de lucro de los órganos de la persona menor de edad”.

Esta misma diputada presentó también en marzo de este año un proyecto para establecer una pensión vitalicia para víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los términos de la Ley 26.364, cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria.

Otra diputada interesada en este tema ya dejó su banca. Se trata de Fernanda Vallejos, quien en su último día de mandato, el 9 de diciembre de 2021, presentó un proyecto que modifica la Ley de Trata, pero también la Ley de Educación Nacional (26.206) y el Código Penal de la Nación.

Entre otras cosas, prevé introducir en el artículo 2° de la Ley de Trata entre los casos punibles esta posibilidad: “cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”; como así también “cuando se ejerciere dominio u obtuviere provecho económico o cualquier tipo de beneficio del ejercicio de la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, sean éstos habituales o no; incluido el ámbito del turismo”.

Según confió a parlamentario.com la propia exdiputada, su iniciativa fue conversada a la hora de su elaboración con gente de la Iglesia Católica y es en el marco de la posición del papa Francisco sobre la trata de personas.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró que “Interés social y para la promoción y defensa de los derechos de víctimas y sobrevivientes del delito de trata de personas”, la labor realizada por la organización Madres Víctimas de Trata.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora de UCR-Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte, quien explicó en los fundamentos de la misma que la organización distinguida fue “fundada por Margarita Meira, quien comenzó su lucha contra la trata hace 30 años, en 1991, cuando perdió a su hija, Graciela Susana Becket, de 17 años. Estaba de novia con Luis Olivera, 25 años mayor, quien resultó ser un proxeneta. Un año después, Graciela Susana fue hallada sin vida en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Le habían abierto el gas mientras dormía en el lugar donde la explotaban sexualmente. Su muerte fue calificada como dudosa. Nunca hubo responsables ni justicia”.

Sobre esa misma línea recordó que “Margarita es asimismo la fundadora del centro cultural y comedor comunitario Madres de Constitución, sede en donde, desde 2015 funcional, como tal, la asociación Madres Víctimas de Trata”.

“Madres Víctimas de Trata está conformada por alrededor de 20 madres de víctimas; se mantiene gracias a donaciones, profesionales que trabajan de manera voluntaria y la solidaridad de las personas. Su labor se centra principalmente en rescatar a personas, principalmente mujeres y niños, niñas y adolescentes, de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y combatir la trata con fines de explotación sexual”, agregó y concluyó señalando que “colabora con acompañamiento jurídico y la generación de herramientas de empleo, y capacitación tanto para las personas que se encuentran en situación de explotación de la prostitución como para sobrevivientes de trata de personas. Además de dedicarse a dar asistencia a víctimas y familiares de víctimas de trata y prostitución, tiene un comedor comunitario en el barrio de Constitución, donde preparan 600 viandas por día”.

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña recordó a Marita Verón al cumplirse el 20° aniversario de su secuestro y destacó que “la incansable lucha de su madre Susana Trimarco contra la trata de personas y renueva su compromiso de trabajo para la erradicación de este terrible delito”.

El texto recientemente aprobado había sido impulsado por los legisladores del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, María Bielli, Javier Andrade y Matías Barroetaveña, quienes recordaron que el 3 de abril del 2002 Marita –que por ese entonces tenía 23 años- fue secuestrada en Tucumán y precisaron que su desaparición fue “producto de un engaño montado por una vecina que trabajaba como enfermera de la Maternidad de San Miguel de Tucumán y le aconsejó que no gaste dinero con un médico particular para colocarse un dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, le dijo que vaya a la maternidad que se lo colocaban por sólo veinte pesos. Además, le dijo que hable con su novio, que era jefe de personal, y de esa forma se evitaría la larga espera para ser atendida”.

Marita fue a la maternidad y le comentó a su madre la situación, que había preguntado por Miguel Ardiles -el novio de la vecina-, que él la hizo anotar con la enfermera, que la atendió el médico Tomás Rojas, quien le indicó un Papanicolau y una radiografía de ovarios y que la habían citado para el día siguiente. También le comentó que habían sido muy insistentes en que lleve su documento de identidad para que se lo sellen. “Quedate tranquila, mamá. Cuando tenga que hacerme los estudios vos me acompañas”, le dijo Marita a Susana Trimarco en esa oportunidad.

La madre tuvo el presentimiento de que algo no estaba bien y al ver que Marita no regresaba a la hora que había dicho que lo haría, salió con su esposo a buscarla a la Maternidad. Allí descubrieron que el tal Ardiles era personal de limpieza y que todo había sido una mentira montada para secuestrar a Marita con el objeto de cometer el delito de trata de personas.

Trimarco buscó a su hija por todos lados. Al ver que Marita no aparecía, que no había llamado ni a sus amigas, ni a ningún otro familiar, decidió hacer la denuncia, y aunque al principio no quisieron tomársela, a fuerza de insistencia logró dejarla asentada.

“Pasaron veinte años, y Marita que hoy tendría 43, no está con su familia. Tenía un gran futuro por delante. Una hija y un almacén que funcionaba bien”, señalaron los diputados en los fundamentos de la iniciativa e insistieron en que “fue víctima de un negocio oscuro y macabro como la trata de personas, porque fue ignorada por la policía que no solo no la buscó, sino que dicen haberla subido a un micro en vez de llevarla a un hospital para ser atendida cuando vecinos llamaron diciendo que había una mujer que se notaba drogada y perdida al costado de la ruta. Marita, aún no encontrada, siguió siendo violentada por la sentencia absolutoria de sus secuestradores en 2012 y se convirtió en referencia de lucha social contra la trata que logro que en diciembre de 2013 se revocara el fallo absolutorio y condenará a todos los imputados”.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “hoy, a 20 años de la desaparición de Marita -luego de una ardua lucha llevada a cabo por su madre, reconocida internacionalmente por la lucha contra la trata de personas a partir del caso de su hija- es necesario recordarla no sólo por tratarse de un caso emblemático sino además debido a que la trata de personas en nuestro país sigue siendo un flagelo y debemos profundizar la lucha para su definitiva erradicación”.

La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales y actual candidata de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo, junto a 25 legisladores, y a partir de los reclamos y denuncias de distintas ONGs y víctimas de trata de todo el país, que este jueves se reunieron por conmemorarse el Día Internacional contra la Trata de Personas, pidieron explicaciones al Ejecutivo Nacional sobre la falta de implementación del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata aprobado por la ley 27.508 en 2019.

“Este Fondo Fiduciario se creó hace dos años, hubo decomisos y tiene recursos, ¿por qué ese dinero no les llega a las víctimas como señala la ley? Aún no sabemos cuál es el motivo de esta situación. Lo que sí sabemos es que el Fondo está integrado por los bienes decomisados en delitos de explotación, trata y lavado de dinero, y se estima que hoy está integrado aproximadamente por 3 millones de dólares y 150 propiedades. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las víctimas”, enfatizó Carla Carrizo.

El organismo que administra el Fondo es el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El Consejo Federal solamente se ha reunido una vez desde diciembre del 2019 a la fecha.

En la misma sintonía, este jueves la directora General de la Mujer y titular del Comité de Lucha Contra la Trata de CABA, Carolina Barone y Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, elevaron una nota al secretario Mena para instar a la inmediata convocatoria al plenario de ese organismo. 

“¿Cree acaso el Gobierno que la pandemia volvió invisible el padecimiento de las personas que son víctimas de estos delitos federales? Pasar por una situación de explotación sexual es devastador para las víctimas; muchas veces no pueden reconstruir su vida laboral de forma inmediata y necesitan la protección del Estado”, señala la diputada de la UCR.

Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68% corresponde a casos de explotación laboral y el 21% de explotación sexual.

 “El Fondo es ley, el dinero está y el incumplimiento del Gobierno es apropiarse de lo que les corresponde a las víctimas. Una política de Estado no depende de la mala o buena voluntad de los funcionarios y funcionarias, necesitamos que urgente se rinda cuentas de las demoras y de lo actuado”, sostuvo Carrizo.

El proyecto además solicita información sobre la ejecución del “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, que actualmente está funcionando en prueba piloto teniendo como destinatarias solo a 25 personas.

Como dijimos, el pedido de informes es acompañado por más de 20 diputados: Claudia Najul, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Alicia Fregonesi, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Mariana Stilman, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Ximena García, Jorge Enríquez, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipollini, Soledad Carrizo, Jimena La Torre, José Cano, Ricardo Buryaile, Alberto Asseff, Lidia Ascarate, Pablo Torello, Aida Ayala, Sofía Brambilla, Alfredo Schiavoni y Martín Grande.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Observatorio de la Juventud de la Cámara de Diputados de la Nación, el Instituto de Políticas Públicas contra el Grooming de la Cámara baja provincial, la legisladora provincial Luciana Padulo y la ONG Mamás en Línea, conformaron una mesa de trabajo para abordar en conjunto una campaña de sensibilización y prevención de los delitos de Grooming y de la Trata de Personas. 

En este sentido, desde la CNRT destacaron que el organismo, por su labor de fiscalización del transporte, se encuentra en una situación clave para detectar este tipo de situaciones en el transporte, terminales y estaciones ya que suele ser la forma de traslado más común de este delito. 

Su director ejecutivo, José Arteaga, explicó que “este acta pone a disposición en cada una de las provincias, en los pasos de fronteras, en las más de 250 terminales de micros y 500 estaciones de trenes la difusión y la capacitación a todos los padres que se comprometan a ser parte de esta lucha”. Y afirmó: “Valoramos que muchos padres hayan convertido el dolor en una herramienta de trabajo”. 

El director del Observatorio de la Juventud de la Cámara baja, Federico Cermelo, indicó que “Los conversatorios en cada región hace que el Estado pueda llegar antes y no después de que ocurra el delito”. En consecuencia, se realizarán spots, animaciones y material informativo para las terminales de colectivos de larga distancia, medios de comunicación y redes sociales, a los efectos de alertar a la ciudadanía en general sobre ambos flagelos que tienen a las infancias y juventudes como victimas principales de estos delitos.  

Respecto de los próximos desafíos en la campaña de prevención, Roxana Domínguez, sostuvo que “Ahora necesitamos unificar una legislación en Latinoamérica respecto a la simple tenencia de pornografía infantil dentro de las redes”. Y destacó que “dialogamos con Facebook, una de la redes más importantes a nivel mundial, para generar una validación de las cuentas, sabemos que puede llevar tiempo, pero este delito es trasnacional y tenemos que pararnos desde ese lugar”.

Durante una reunión remota de la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), pasaron a la firma el dictamen de un proyecto de resolución de los senadores nacionales oficialistas José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que deja sin efecto la designación de la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) como representante titular del Senado de la Nación en el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y designa a la senadora fueguina María Eugenia Duré (FdT) como titular, y  a su par puntana María Eugenia Catalfamo como suplente.

La senadora nacional Silvia Giacoppo presentó un informe sobre “lo más importante que hicimos durante este año en que fui miembro” y destacó que “el Consejo siempre fue un espacio de diálogo de coordinación de acción”. Además, instó a que “el Consejo se pueda reunir con más asiduidad”, “se restablezca la página web que teníamos en el Consejo” y a “poner en funcionamiento el fondo fiduciario”.

En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti consideró que “este flagelo tiene que ser una política transversal y de Estado” y que “todos tenemos que colaborar con esa representación, hay muchos desafíos e iniciativas que podemos elaborar en conjunto para colaborar con esta mesa federal y multisectorial amplia que se ha constituido por ley”.

Luego, se trataron dos proyectos de comunicación para reglamentar la ley 27.521 de Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria. Los mismos son de autoría de los senadores por Salta Sergio Leavy (FdT) y Nora del Valle Giménez (FdT) y  fueron unificados en un dictamen que pasó a la firma, al igual que dos proyectos de declaración de autoría de sus pares por Catamarca Inés Blas (FdT) y por Chaco Víctor Zimmermann (UCR), que adhieren al Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, el 28 de septiembre de 2020.

Por último, el senador nacional Sergio Leavy destacó que “esta es la primera vez que hay una Ley nacional que va a hacer que estandaricemos todos los talles y creo que va a ser muy beneficioso”.

“Vemos que hay un problema importante en la venta de indumentaria”, afirmó a continuación al tiempo que resumió que “esto trae aparejados problemas de todo tipo, psicológicos, de salud”.