A casi dos años de la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral obligatorio del 1% en el Estado para personas travestis, transexuales y transgénero, comenzará en la Cámara de Diputados la discusión sobre otro aspecto reclamado durante ese debate.

Se trata de la creación de una pensión reparatoria para personas travestis trans, tema que será abordado en la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (FdT), este miércoles a las 11 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

La reunión será informativa y asistirán funcionarias nacionales y de algunas provincias, entre ellas: Alba Rueda, representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y la interventora del INADI, Greta Pena.

También participarán Victoria Travieres, subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego; Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires; y Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco.

El senador cordobés Ernesto Martínez, miembro del bloque Pro, fue el único que votó este jueves en contra de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral travesti-trans, que se aprobó en la Cámara alta por 55 votos positivos, uno negativo y seis abstenciones.

Durante el debate el legislador no hizo uso de la palabra. De hecho, la mayoría de los oradores fueron mujeres. El único anotado para hablar era Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero más tarde se sumaron los radicales Pablo Blanco -para anunciar el cambio en su voto de abstención a afirmativo- y Luis Naidenoff.

En lo que respecta a Martínez, el senador tiene como antecedente haber votado hace casi cinco años en contra de la paridad de género en las listas electorales. El suyo y el del exsenador Federico Pinedo fueron los únicos votos en contra a esa norma.

En esa discusión, que se dio el 19 de octubre de 2016, el cordobés se preguntó “¿dónde está limitada?” la participación de la mujer en la política, tras haber tenido una presidenta por ocho años, actualmente tener una vicepresidenta (en esa ocasión en referencia a Gabriela Michetti), cinco gobernadoras en todo el país y el 42% de mujeres en el recinto del Senado.

“La discriminación a mi modo de ver desapareció”, opinó, y dijo que el 50 y 50 por ciento pasa a ser una “discriminación negativa” que además “no resuelve ningún problema concreto de la mujer” y “da pie” al reclamo de otros cupos, calificando a la propuesta como “demagógica”.

Días después, en una entrevista al diario Clarín, ratificó su postura considerando que “la paridad de género es una ley corporativa que tiene olor fascista”, aunque curiosamente opinaba que las leyes de cupo “deben imponerse cuando existe segregación en determinado sector”.

Con militantes presentes en los palcos del recinto, y también en las afueras del Congreso, el Senado sancionó este jueves por 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero, una norma reclamada por el colectivo desde hace años.

El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), mientras que se abstuvieron los senadores Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y María Belén Tapia, todos de Juntos por el Cambio.

La norma establece, entre sus principales puntos, que la terminalidad educativa incompleta o los antecedentes penales “que resulten irrelevantes” no podrán ser un impedimento para el acceso de los postulantes al empleo.

En lo que respecta al sector privado, las empresas que contraten personas travestis, transexuales y transgénero tendrán prioridad en las compras del Estado, además de beneficios fiscales.

También se dispone que el Banco Nación tendrá líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a este colectivo.

Miembro informante del proyecto, la pampeana Norma Durango confesó la “hermosa y estupenda sensación de sentir que después de tantos años nuestro país tendrá una ley que reconoce, incluye y considera al colectivo integrado por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex”.

Para la presidenta de la Banca de la Mujer, esta ley “viene a compensar un poco tanto dolor, tanto desamparo sufrido durante décadas, tantas vidas truncas, tantos proyectos anulados”, al tiempo que es “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que ha sometido y somete a las personas travestis, transexuales y transgénero”.

“Estamos aquí por la fuerza militante del activismo de la disidencia sexual de todo nuestro país. Estamos aquí por Diana y Lohana. Ojalá estuvieran esta tarde con sus banderas en el Congreso disfrutando este momento”, destacó.

La senadora oficialista apuntó que “a pesar de los avances normativos registrados en la última década”, este colectivo continúa “teniendo dificultades para acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, así como a la protección frente a la informalidad laboral y el desempleo; en definitiva, para vivir una vida en condiciones dignas”. “Un dato significativo que da cuenta de ello: tienen una expectativa de vida que ronda entre los 35 y los 40 años”, mencionó.

“Estamos dando un paso histórico; sentando las bases para reparar la desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de las personas travestis, transexuales y transgénero, para que puedan participar del desarrollo social y económico en igualdad de condiciones, oportunidades y trato, sin violencias ni discriminaciones”, completó.

Única oradora del interbloque Juntos por el Cambio, la bonaerense Gladys González consideró que “lo mínimo que podemos hacer es aceptar que nos es difícil entender, reconocer nuestra ignorancia, y elegir en qué lado nos queremos pasar”.

“Yo no entendía en oportunidad del matrimonio igualitario, y creo que justamente eso hizo que votase con una mirada parcial, condicionada por lo cultural, lo religioso, con una mirada seguramente llena de prejuicios y de ignorancia”, reflexionó.

Por eso, la macrista enfatizó: “Hoy no quiero que me pase lo mismo, quiero votar mirando y viendo, con mayúscula, quiero reconocer y valorar al otro, no quiero mirar para otro lado y seguir negando”. Y afirmó que votando esta ley “podemos elegir hacernos cargo y reparar lo que hicimos mal como sociedad y como Estado”.

“Si hay algo que está claro es que llegamos tarde, aunque quiero reconocer que hay provincias que nos lleva la delantera”, añadió.

A su turno, la correntina Ana Almirón sostuvo que “esta ley viene a poner un freno, porque hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno siempre le fue negado, dejándolo siempre en el mundo de la ilegalidad”.

La oficialista mencionó que “la Ley de Identidad de Género significó un antes y un después”, pero “a pesar de los avances normativos”, los integrantes de este colectivo “todavía siguen siendo víctimas de actos discriminatorios”.

En lo que respecta a la cuestión educativa, la legisladora explicó que “cuando empiezan a desarrollar su identidad” en la adolescencia, “empiezan a sufrir discriminación y hace que haya una mayor deserción escolar y abandonen los estudios”. Además, en su discurso, Almirón abogó que las provincias “se hagan eco” de la ley y que esta norma sirva para “empezar a hablar de políticas integrales al respecto”.

También desde el Frente de Todos, la fueguina María Eugenia Duré citó palabras de Lohana Berkins y ponderó: “Estamos en una sesión histórica, hay todo un país esperando que esto sea ley, es un día de celebración”. La oficialista manifestó que la norma es resultado de “una lucha histórica del colectivo travesti-trans”, que han “transformado ese dolor en sus vidas en resistencia”. Pero también la ley se trata de “abrir nuevos caminos hacia la libertad de este colectivo” y “ampliar derechos”.

Luego, la puntana María Eugenia Catalfamo expresó: “Ojalá junto a nosotros en estas bancas estuvieran sentadas personas del colectivo LGBTIQ+, quienes pudieran contarnos cada una de las violencias que tuvieron que atravesar durante toda su vida, para que no nos quede ninguna duda de por qué tenemos que estar acompañando esta media sanción”.

“Esta es una ley integral, de inclusión social, que nos permite darnos cuenta por qué el Estado debe estar a cargo de reparar años de discriminación, de maltrato, de violencia que ha sufrido este colectivo, que como cualquiera de nosotros merece cumplir con sus sueños y deseos más íntimos”, añadió la legisladora oficialista.

Por el interbloque Parlamentario Federal, la neuquina Lucila Crexell aseveró que “al sancionar esta ley avanzamos sobre el reconocimiento de los derechos y la reparación de uno de los grupos más sistemáticamente marginados y perseguidos. Estamos hablando del colectivo travesti, transexual y transgénero. Un colectivo que históricamente ha sufrido la discriminación estructural basada en su identidad de género, y para comprobarlo basta con ver las condiciones de vida de esta población”.

“La mayoría vive en condiciones de extrema pobreza; la perspectiva de vida es notablemente inferior a la media; con serias dificultades para insertarse en el mercado formal de trabajo y con acceso muy precario al ejercicio de sus derechos”, prosiguió la senadora, que además aportó cifras de la investigación “La revolución de las mariposas”.

Crexell precisó que, de acuerdo a ese informe, “el 88% de las mujeres travesti-trans nunca accedió al mercado formal de trabajo; el 70% su principal fuente de ingreso es la prostitución y un 15% menciona trabajos informales; el 60% no completó sus estudios secundarios; el 65% vive en habitaciones de alquiler, hoteles o pensiones; el 4% vive en refugios o en situación de calle; y el 75% reconoce haber sufrido violencia”.

En la recta final del debate, habló el primer senador, y fue el fueguino Pablo Blanco, para anunciar su cambio de voto. “Cuando inicié esta sesión tenía la determinación de abstenerme en este proyecto de ley, basado en que para mí todos los ciudadanos somos iguales, independientemente del sexo, la religión, la ideología”.

“Pero escuchando a las senadoras preopinantes, y analizando que la única verdad es la realidad -continuó-; la realidad es que no siempre se le reconocen los derechos a todos”, remarcó y reveló que votaría a favor en general, pero se iba a abstener en el artículo 7, referido a los antecedentes penales.

En los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, ponderó que leyes de este tipo “que tratan de dar una vuelta de página en una historia de discriminación de sectores vulnerables, siempre es un avance”. El radical subrayó que en Argentina, “más allá de los enormes problemas y desafíos que tenemos a resolver”, en materia de “reconocimiento de derechos” hay “un Estado que ha estado a la vanguardia”.

“Lo que venimos a hacer es no solamente reconocer el plan de vida, sino en ese plan de vida tener la posibilidad del progreso social, a construir con dignidad ese progreso social. Y ahí está el Estado, con este cupo del 1%. ¿Alcanzará, no alcanzará? Es el primer paso”, sostuvo el formoseño.

Por último, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, señaló que “el objetivo es que esta población que ha sido invisibilizada por tanto tiempo, a la que se han negado innumerables derechos, que ha sido perseguida, discriminada, estigmatizada, criminalizada y excluida de la sociedad, pueda acceder a un trabajo digno que le posibilite mejorar su calidad de vida y le dé la oportunidad de planificar proyectos”.

“Tenemos que decir sin eufemismos que el motivo de desempleo estructural de la comunidad travesti-trans no es ni más ni menos que su identidad de género. Sin duda que la ampliación de derechos que propone el proyecto va a permitir sacar de a poco a esta población de la marginación”, sumó el pampeano.

De qué se trata la nueva ley

La norma tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.

Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

La ley indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.

Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, se prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.

Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la flamante ley es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.

Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.

El texto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.

“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.

Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.

La ejecución de las obligaciones de los organismos y dependencias deberá efectuarse de manera progresiva y dentro de un plazo máximo de dos años, contados desde su sanción.

El proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, cuestión reclamada desde hace años por este colectivo, obtuvo el aval en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado.

Con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa denominada “Diana Sacayán-Lohana Berkins” logró un amplio acompañamiento, aunque no fue votada por unanimidad. El texto surgió de un consenso de más de una docena de propuestas presentadas por legisladores de diferentes bloques.

En ese sentido, los votos en contra fueron de los diputados del Pro Juan Aicega, Federico Angelini, Jorge Enríquez, Alejandro García, Osmar Monaldi, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Dina Rezinovsky, Francisco Sánchez, David Schlereth y Pablo Torello. Se abstuvieron Héctor Baldassi, Javier Campos, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Humberto Orrego, Luis Pastori y Carmen Polledo, todos de Juntos por el Cambio.

Abrió el debate la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), quien recordó que el Poder Ejecutivo plantó un antecedente con un decreto sobre cupo laboral trans. “Hay una urgencia que fue rápidamente reconocida desde nuestro Gobierno”, destacó.

Esta ley apunta a “darle más estabilidad a esta política y poder generar también un hecho político muy merecido”, señaló la diputada, que resaltó que “la militancia transfeminista viene transitando una larga historia y ha demostrado, hemos demostrado, una capacidad colectiva de convertir a los problemas en políticas, y a la exclusión y la violencia, en orgullo, encuentro y victorias”.

“No hay otro motivo del desempleo estructural de la comunidad travesti-trans más que su identidad de género”, aseguró la oficialista, que apuntó que “es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación” y las personas travestis-trans “son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social”.

Macha argumentó que esta medida “viene a reconocer algo negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado”. Y dio cifras la realidad de este colectivo: “El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene empleo formal. El 90% sufre violencia por motivo de género. Y la expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años”.

Visiblemente emocionada, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT), autora de uno de los tantos proyectos presentados al respecto, le agradeció a los militantes del colectivo presentes en los palco y les dijo: “Sé que tenemos una enorme deuda con ustedes. Seguimos transitando ese camino de reparación, que comenzó en el 2004”.

En ese sentido, recordó que el presidente Néstor Kirchner “convocó al colectivo” y “los convocó a ser parte de la agenda”. También ponderó el rol de “las Madres de Plaza de Mayo, que de la mano de Lohana y Diana construyeron el derecho a la identidad de género como un derecho humano”.

La legisladora oficialista mencionó además que el cupo laboral trans ya está presente “en siete provincias y más de 50 municipios, el último en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Cruz del Eje”.

Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) se refirió a quiénes cuestionan el momento para aprobar un proyecto de este tipo y consideró que “cualquiera sea el momento histórico este Congreso está habilitado para el reconocimiento y la ampliación de derechos”.

Más allá del decreto del Gobierno, “es nuestro deber como Parlamento el reglamentar”, subrayó el legislador, y agregó que contiene “un claro fundamento constitucional”, presente en el artículo 75, inciso 23, de la Carta Magna que indica que “debe este Congreso sancionar acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato”.

“Son leyes que construyen y reconocen ciudadanías, leyes democráticas y sociales, leyes de derechos humanos y en especial a un colectivo, leyes reparatorias y de progresividad de derechos”, manifestó el porteño, que mencionó que el proyecto se aprueba a tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, “otra víctima del odio travesti-trans que recorre el mundo”.

A su turno, la cordobesa Brenda Austin (UCR) expresó que estamos hablando de “un colectivo que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”. También aportando datos, precisó que “6 de cada 10 mujeres trans y 7 de cada 10 varones trans abandonaron la escuela, y esto tiene mucho que ver con al discriminación que reciben y perciben de la sociedad”. Esta iniciativa “es una reparación que merece” un colectivo que “ha transitado la marginalidad desde el hostigamiento de la sociedad”, agregó la diputada.

Argumentando su abstención, la diputada Carmen Polledo (Pro) explicó que el primer artículo de la Ley de Identidad de Género contempla que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada e identificada de acuerdo a ello”, por eso “con la buena intención de favorecer la inclusión laboral, optar por un sistema de cupos implica desconocer esos derechos y generar un acto discriminatorio”.

Según la macrista, “al obligar a cumplir un cupo, deviene imprescindible la creación de un registro, como el que efectivamente se propone” y “para alguien que ha logrado que se le reconozca su identidad autopercibida, incluso en su documento” el hecho de que “para acceder al empleo deba inscribirse en un registro de personas es dar un paso atrás, con el que gran parte de ese colectivo no está de acuerdo”.

Al anticipar su voto en contra, el diputado Alejandro García (Pro) contó que durante la discusión en comisión había hecho un par de planteos que le permitían no acompañar el proyecto. Señaló que entre los fines que persigue la ley “también está el acceso a la administración pública a través de esta ley”. En ese sentido, recordó que “existe una normativa de fondo que establece requisitos para el ingreso, impedimentos, y lo que traté de señalar en esa oportunidad es lo que hoy quiero reiterar y que me impide el acompañamiento”.

“La Ley de Empleo Público, la 25.164 establece condiciones de conducta, idoneidad para el cargo”, comentó, detallando algunos de los impedimentos para acceder a la función pública, y si bien acordó con la norma puesta en discusión respecto de la no discriminación, advirtió que no concordaba con el párrafo que dice: “A fin de garantizar su permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo los antecedentes penales de los/las postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”.

Ahí, el porteño apuntó que tenía un problema que no podía soslayar: “Me parece un pésimo antecedente que este Cuerpo se atribuya per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son”.

En el tramo final, la diputada Carla Carrizo (UCR) reivindicó “este proyecto que, lamentablemente llega tarde, y no hay que preguntarse si es oportuno aprobar esta ley, sino que debemos saber que llegamos tarde y por eso desde el radicalismo de la Capital vamos a apoyar y seguir militando para que además de esta ley, haya programas que contenga al colectivo trans en todo el país”.

En respuesta al diputado García que votó en contra por el artículo 7, que se refiere a no tener en cuenta los antecedentes contravencionales y penales en relación a las contravenciones, Mara Brawer (FdT) defendió: “Los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans. Por eso, yo celebro el artículo 7 que dice que no se tengan en cuenta las contravenciones, porque justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones”, lo que generó el aplauso en el recinto y las gradas.

Y continuó: “Mucho menos tener en cuenta los antecedentes penales porque la mirada del Estado hacia los trans fue de una cacería tremenda”.

Cerró el debate la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), quien sostuvo que “sabemos que esta pandemia que estamos atravesando profundiza tremendamente la desigualdad preexistente. Pero el colectivo travesti-trans está más en riesgo que nunca”.

Destacó por otra parte que “hace muy poquito con el decreto 721 del presidente Alberto Fernández se puso este cupo del 1% en el Estado Nacional, y Sergio Massa, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, puso este programa que hace que hoy 18 compañeras de las 400 compañeras/compañeres que enviaron sus currículums estén trabajando con nosotros y sean más. Hasta que tengamos el 1% de la Cámara”.

Qué prevé el proyecto

El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.

Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.

Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.

Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.

Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.

El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.

“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.

Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, ampliando la aplicación del justo motivo para que las personas víctimas de abuso sexual intrafamiliar y las personas travestis, transexuales y transgéneros en entornos familiares hostiles puedan realizar la modificación o supresión del/los apellido/s filiales en un trámite administrativo sin necesidad de un proceso judicial.

“El nombre y apellido constituye un derecho personal que configura un atributo de la persona”, expresó la legisladora oficialista.

En los fundamentos de la iniciativa, explicó que “la norma contenida en el artículo 69 del Código Civil y Comercial aborda la cuestión estableciendo las excepciones para los cambios de apellido, y en este orden atribuye al juez la potestad de otorgar la autorización con apego al estándar de ‘justo motivo'”.

“Es importante resaltar que un alto porcentaje de personas travestis, transexuales y transgéneros sufren expulsión de sus hogares en diferentes etapas de sus vidas, y es por esta razón que el vínculo filial queda nulo, o que en otros casos generan violencias irreparables”, resaltó.

López señaló que “hoy se continúan presentando solicitudes en todo el territorio argentino de personas que desean poder acceder a la modificación de sus apellidos por carecer de vínculos con sus familias, por el daño perpetrado por las mismas”.

“Es necesario contemplar las particularidades y obstáculos que persisten en el acceso a la justicia y a los derechos por parte de las personas travestis, transexuales y transgéneros, quienes han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual por parte de sus progenitores y/o parientes cercanos en muchos casos que portan ese mismo apellido”, agregó la diputada, autora del proyecto que se trabajó en conjunto con el colectivo Hombres Trans argentinos.

En un hecho histórico, más de 150 organizaciones de todo el país se unieron para reclamar la sanción urgente de una ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti trans que incluya y repare la violencia estructural que pesa sobre esta población y acordaron los ejes fundamentales de una futura norma para que contemple un cupo de empleo en el ámbito público, incentivos para la contratación en el sector privado, apoyo financiero a proyectos productivos y no discriminación por identidad y expresión de género en el ámbito laboral.

Las organizaciones manifestaron que “sólo un 10% de la población travesti y trans está empleada formalmente. Esto demuestra que la discriminación por identidad de género es una barrera sistemática para el derecho a un trabajo digno. La prostitución funciona como único destino posible para personas travestis y trans, muy lejos de ser una opción entre otras. Debe ser el propio Estado quien se posicione a la cabeza de un proceso de construcción de ciudadanía de derechos plena”.

Esta iniciativa que conjuga centralmente organizaciones de la comunidad travesti trans, de lesbianas, gays, bisexuales e intersex con una perspectiva federal, a las que se suman sindicatos, espacios partidarios, y organizaciones de derechos humanos, entre otras, se reconoce en los legados de las referentas travestis Diana Sacayan y Lohana Berkins y bajo la consigna “¡Sin demora #CupoLaboral #InclusiónLaboral travesti trans ahora!”.

“Impulsamos esta ley como una medida de acción afirmativa consagrada en la Constitución Nacional, que corrija y repare la discriminación hacia el colectivo travesti trans y remueva a través del acceso al trabajo, eje de nuestras vidas, las violencias extremas que resultan inadmisibles en un sistema democrático”, concluyeron las organizaciones.

En la última década, el movimiento LGBTI logró diversas conquistas, entre las que se destaca la Ley 26.743 de Identidad de Género. Además, existen antecedentes de las leyes de cupo e inclusión laboral en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Chaco y Río Negro. A esto se suman más de 30 municipios en todo el país, universidades nacionales, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y, más recientemente, el Banco de la Nación Argentina.

En el documento de consenso, las organizaciones entienden que “es el momento oportuno de sancionar una Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, atendiendo a estas historias de vida atravesadas por la violencia, la discriminación, la exclusión social, la persecución policial, los crímenes de odio y la falta de oportunidades para acceder a la educación, la salud y la vivienda”.