La diputada del Pro aseguró que la norma “es justicia y equidad social”, al tiempo que advirtió la necesidad de tratar otras leyes que apuntan a recuperar lo perdido a nivel educativo durante la pandemia.
La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, celebró la sanción de la Ley de Trayectorias Educativas, votada este jueves en el Senado, de la cual fue autora.
“Todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad y a un sistema garantice y fortalezca el acceso y la permanencia pero también el egreso del sistema educativo”, resaltó y apuntó que “lamentablemente eso hoy no es una realidad: de cada 100 chicos, sólo 50 egresan en tiempo y forma”. “Esta ley viene a dar soluciones para ese 50% que están atravesando una situación de vulnerabilidad compleja que implica una multiplicidad de factores que trascienden lo meramente educativo”, afirmó.
La legisladora de Juntos por el Cambio subrayó que “la aprobación de este proyecto llega cinco meses después de lo que esperábamos. Nos atravesó una pandemia y una decisión política que mantuvo las escuelas cerradas a la presencialidad durante un año y medio. Esto complejizó la problemática de las trayectorias discontinuas y estoy segura de que se seguirá profundizando a medida que vayamos recuperando la normalidad plena y generando estrategias que cuantifiquen esta situación”.
“Empezaremos a confrontarnos con lo que llamamos pobreza de aprendizajes y todas las cuestiones emocionales vinculadas a lo vivido, es por eso que si bien celebramos la aprobación de esta ley, fruto del consenso y trabajo conjunto de distintos bloques, también insistimos para que se pongan en tratamiento otros proyectos vinculados a los que aún no se les dio espacio: Programa de Salvataje Educativo para la post pandemia; obligatoriedad de sala de 3; creación del Instituto de Evaluación; entre tantas otras leyes que consideramos cruciales para empezar a revertir la tragedia educativa que atravesamos como país”, reclamó la macrista.
Además, Morales Gorleri analizó que “la permanencia en la escuela responde a factores educativos, y también a factores sociales, económicos y de contingencia, como fue la pandemia y la cuarentena eterna que golpeó a gran parte de nuestro territorio. También se relaciona con la sobreedad y es justamente la tasa de sobreedad -por ingreso tardío al sistema o por repitencia- el otro indicador que revela problemáticas específicas para la educación”.
En ese sentido, explicó los objetivos de la ley para “promover acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todos los chicos de la educación obligatoria, en igualdad de condiciones. Teniendo en cuenta que hoy el 54,3% de nuestros niños y jóvenes son pobres, la ley pone especial especial énfasis en acompañar a las comunidades en situación de vulnerabilidad”.
La norma prevé que se implementen estrategias socioeducativas y pedagógicas contextualizadas, con criterios y propuestas que consideren de manera integrada las dimensiones socioafectivas y cognitivas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que contemplen pautas de evaluación, acreditación y promoción y el fortalecimiento de tutorías y/o acompañamientos específicos para todos los niveles educativos.
“El desafío más urgente es reducir la brecha educativa que quedó expuesta con la pandemia y lograr que el sistema educativo sea más inclusivo. Para eso tenemos que fortalecer los dispositivos institucionales, el trabajo de los equipos de conducción y fundamentalmente el de los docentes. Con esta herramienta tenemos la oportunidad de mirar a nuestros chicos de manera integral y trabajar fuertemente en la prevención del abandono”, finalizó la diputada.
La norma, que apunta a trabajar en la deserción escolar que produjo la pandemia, fue votada por unanimidad en la sesión de este jueves.
A casi un año de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado sancionó este jueves la Ley de Trayectorias Educativas, que apunta a trabajar en la deserción escolar que produjo la pandemia por el Covid. La norma fue votada por unanimidad, con 45 votos positivos.
La única oradora del debate fue la presidenta de la Comisión de Educación, Cristina López Valverde (FdT), quien explicó que “una trayectoria escolar es el recorrido que hace un alumno” en “un tiempo previsible, en forma permanente, con calidad, en forma articulada”. “Todos sabemos que la pandemia nos cambió todo, y por lo tanto lo que era previsible” se tornó “en una ambigüedad y una incertidumbre total”, y la educación estuvo incluida, analizó.
La sanjuanina destacó el consenso alcanzado para sacar esta iniciativa en la Cámara de Diputados, y defendió que las estrategias contempladas en la norma apuntan a “mitigar los aspectos negativos del Covid”. “Es un proyecto que establece una estrategia integral” en cuanto “abarca todas las dimensiones del sistema educativo”, valoró y celebró que “presenta un trabajo interministerial”.
Además, la senadora destacó que en la ley “hay un espíritu participativo, esto de llamar a la comunidad a que se sume con compromiso y con participación”.
Asimismo, López Valverde mencionó que se contemplan una serie de acciones que “el Ministerio de Educación en forma articulada con el Consejo Federal de Educación ya han venido desarrollando”. “Parecería entonces extemporáneo, ¿por qué aprobar esto?”, se preguntó la legisladora, en medio de un contexto en el que ya hay clases presenciales.
Y continuó: “Porque ese camino y esa trayectoria, y esa estrategia, nos puede servir no solamente como un elemento del pasado, de la memoria, sino también nos puede servir como inspiración, como un modelo para el futuro”. “Ojalá nunca más tengamos que pasar por una situación como la que ya atravesamos, nosotros y el mundo entero, pero nunca estamos exentos de catástrofes”, añadió.
Durante la pandemia, “el rendimiento escolar y la deserción han sido mayor aunque se hayan tomado las mil y un medidas”, lamentó. Pero resaltó que “no hay intención del Ministerio de tapar esto, sino de conocerlo a fondo”.
“Queda mucho por hacer, hay que recuperar a aquellos alumnos que abandonaron, a aquellos que interrumpieron su trayectoria educativa, siempre tratando de llegar a la máxima calidad posible y a lo que es la justicia educativa”, añadió.
Qué establece la flamante ley
La ley establece una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.
Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.
En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.
El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y articulará las acciones necesarias con los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Cultura para su cumplimiento.
Asimismo, la cartera educativa “en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.
En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.
También, la norma estipula que “se realizará una convocatoria social para promover el apoyo social que acompañe a las y los destinatarios e instituciones participantes de los programas para fortalecer las trayectorias educativas” y “se convocará a la participación de organizaciones sociales y/o juveniles, centros de estudiantes, cooperadoras escolares, estudiantes de institutos de formación docente y de universidades, entidades comunitarias, deportivas, culturales, sindicales, entre otros, para un mejor logro de los objetivos y la asunción de solidaridad comunitaria con respecto al derecho a la educación”.
Entre otros puntos, la ley define que los gastos que demanden su implementación “serán solventados con financiamiento del Estado nacional y deberán ser incluidos en el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en el marco de la política presupuestaria que el gobierno plantee para la jurisdicción”.
Fue durante una reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. La iniciativa, con media sanción de la Cámara baja, apunta contra la deserción escolar.
En un rápido trámite, la Comisión de Educación y Cultura del Senado, presidida por Cristina López Valverde (FdT), dio dictamen favorable al proyecto de ley que busca fortalecer las trayectorias escolares, con el objetivo de combatir la deserción escolar en medio del contexto de pandemia.
La presidenta de la comisión aseguró que la iniciativa “tiene un valor muy importante”, ya que las trayectorias escolares es algo que “es difícil a veces cumplirlas en tiempo y forma” y “se torna mucho más difícil en una época de pandemia”.
La sanjuanina destacó que el proyecto “es producto de consensos en la Cámara de Diputados”, donde recibió media sanción en noviembre pasado.
López Valverde señaló que los alumnos “del nivel secundario son los que más abandonan”. “Corremos el peligro que en situación de pandemia muchos adolescentes se alejen de la escuela”, advirtió.
“Sabemos la importancia de la presencialidad, todos queremos la presencialidad, pero hay situaciones donde las medidas sanitarias están por encima”, defendió la oficialista, y agregó que en la última reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros del país se manifestaron a favor de una ley en este sentido.
El proyecto establece una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.
Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.
En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.
“El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.
En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.
En el encuentro se pasaron a la firma, además, un proyecto -con media sanción- que instituye el 22 de agosto de cada año como el “Día del desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966”; iniciativas para declarar monumentos históricos y un paquete de declaraciones.
La iniciativa recibió 231 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Fue el fruto de un consenso entre varias iniciativas y apunta a darle continuidad a las trayectorias educativas.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que busca combatir la deserción escolar como consecuencia de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.
El texto recibió 231 votos afirmativos, ninguno en contra y tres abstenciones, de Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Plá (Partido Obrero) y Francisco Sánchez (Pro).
Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la iniciativa fue el fruto de un consenso entre los bloques y que se logró tras escuchar a especialistas y a ministros de Educación de varias provincias.
En efecto, para la redacción final se unificaron proyectos de Osuna (Frente de Todos), Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).
La titular de la comisión explicó que “se trata de una estrategia integral, un conjunto de acciones planificadas en busca de un objetivo: fortalecer las trayectorias educativas”, es decir, “el recorrido del estudiante” dentro del sistema.
Osuna precisó que la última evaluación anual, dada a conocer por el ministro Nicolás Trotta y correspondiente al año 2019, “da cuenta de que el egreso a término de estudiantes del nivel medio representa al 29% del conjunto de los estudiantes”.
De ese relevamiento también surgió que mientras el 91% de los jóvenes de los hogares de mayores ingresos habían finalizado el colegio secundario, entre los provenientes de hogares con menores ingresos sólo un 43% se había graduado.
“La apuesta más contundente es porque se cumplan las trayectorias educativas en tiempo y forma. Vamos por una escuela más justa que junto con el Estado se comprometa por la situación de los que van quedando en el camino, sobre todo en esta etapa tan compleja”, expresó la entrerriana.
Romina Del Plá (PO-FIT), autora de un dictamen alternativo, denunció que “de ninguna manera la crisis educativa y la deserción escolar son resultado de la pandemia, de la cuarentena o de la suspensión de las clases presenciales”.
“Esta crisis es muy previa, la venimos denunciando gobierno tras gobierno. Tenemos un cuadro de vaciamiento de la educación pública brutal”, advirtió la legisladora, y se refirió no solo a las dificultades presupuestarias, sino también a la situación edilicia y a las condiciones laborales de los docentes.
A continuación, la oficialista Mara Brawer sostuvo que “hablar de trayectorias educativas es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva, porque el éxito o el fracaso de los estudiantes es el resultado de las condiciones generadas desde el Estado para que la educación sea posible”,
Brawer señaló que el proyecto tiene “una fuerte configuración integral, porque el objetivo es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares y que no se incrementen las desigualdades”.
Desde la UCR, Brenda Austin, consideró que “estamos tratando un buen texto, que es el esfuerzo de iniciativas muy valiosas y de un trabajo articulado, pero estamos llegando un poco tarde”, ya que varios de los proyectos ingresaron a mitad de año.
Austin -quien promueve la declaración de la emergencia educativa- advirtió que “a 236 días de cuarentena, solo un 1% de los estudiantes de nuestro país tienen clases; el impacto de la cuarentena es desigual”.
“La respuesta que estamos dando es buena, pero es insuficiente, porque no estamos poniendo en discusión qué se hizo en estos meses para preparar las escuelas, para construir protocolos sólidos”, cuestionó.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, habló de “justicia educativa, que es un concepto que pone al Estado en una posición importante para poder poner a los sectores más vulnerables en el centro del sistema educativo”.
“Esta herramienta que estamos incorporando, más allá de que puede tener una mirada respecto a la pandemia, nos sirve para hacernos cargo de los distintos contextos y actores del sistema educativo, y para revisar las condiciones del aprendizaje, de la organización institucional, de las pedagogías y la currícula”, puntualizó.
Victoria Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, coincidió en que “el abandono escolar es la problemática más dolorosa de nuestro sistema educativo”, dado que “solo la mitad de los jóvenes que ingresan al nivel medio egresan en tiempo y forma”.
“No logramos que la escuela sea una esperanza para nuestros jóvenes, que elijan la escuela para superar sus dificultades”, reconoció Morales Gorleri, y agregó que las causales de abandono escolar tienen que ver con la búsqueda de empleo, el cuidado de familiares y el embarazo adolescente.
La diputada del Pro aseguró que se promueve “una estrategia que no estaba sistematizada en una normativa, y que tiene que ver con la prevención: una estrategia de datos nominalizados, geolocalizada, que apunta a ver la integralidad de nuestros pibes”.
El proyecto aprobado establece una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.
Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.
En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.
“El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.
En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.
En la Comisión de Educación se avanzó con un proyecto unificado que crea un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”. Estiman que luego de la pandemia al menos 1,5 millones de alumnos no volverán a la escuela.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que encabeza Blanca Osuna (Frente de Todos) emitió dictamen favorable sobre un proyecto consensuado que busca combatir la deserción escolar como consecuencia de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.
Se unificaron proyectos de los diputados Osuna, Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).
Morales Gorleri, vicepresidenta de la comisión, advirtió que de cada 100 chicos que ingresan al secundario, solo 50 egresan en tiempo y forma, y se estima que luego de la pandemia al menos 1,5 millones de alumnos no volverán a la escuela.
“Este proyecto busca soluciones de intervención inmediata y de largo plazo para los pibes que están en situación de vulnerabilidad educativa, el 50% de los chicos de nuestro país”, destacó la diputada.
El dictamen establece que “el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos (…) promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”.
Uno de los objetivos de este programa será el de “garantizar el acceso, y las condiciones para la permanencia y terminalidad de la educación obligatoria para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que hayan visto afectadas sus trayectorias escolares” por la pandemia.
También se establece que el Consejo Federal de Educación deberá establecer los criterios y modalidades para “actualizar el desarrollo de criterios de acreditación y evaluación integral y formativa que convaliden los avances en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y permitan su seguimiento especialmente durante el período de continuidad pedagógica no presencial con el fin de propiciar y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares, su finalización y pasaje de niveles educativos”.
Asimismo, “para promover el apoyo social que acompañe a las y los destinatarios e instituciones participantes de los programas para fortalecer las trayectorias educativas se convoca a la participación de organizaciones sociales y/o juveniles, centros de estudiantes, cooperadoras escolares, estudiantes de institutos de formación docente y de las universidades, entidades comunitarias, deportivas, culturales, sindicales, entre otros, para un mejor logro de los objetivos y la asunción de solidaridad comunitaria con respecto al derecho a la educación”.
