Mientras en el Senado se retomó el debate por una ley de trazabilidad de la pesca y en Diputados sectores de la industria pesquera expusieron sobre la crisis que atraviesa el sector, las organizaciones Sin Azul No hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales realizaron un informe en el que alertan que Argentina está última en el ranking de transparencia pesquera de la región.

El informe "Acceso a la información pública:  antecedentes de registros de embarcaciones y permisos pesqueros", revela que el país está último en el ranking de países de la región (con flota industrial pesquera), que evalúa la accesibilidad y visibilidad a los datos de embarcaciones pesqueras. La información de buques pesqueros es fundamental, para evaluar si los operadores están actuando dentro del marco de la ley y de forma sostenible.

El documento releva y compara más de una docena de registros de países latinoamericanos y europeos y elabora un índice de transparencia que permite visualizar el estado de apertura de cada país. En ese ranking, Argentina aparece en el último lugar, con puntuación cero.

El reporte señala que prácticamente todos los países de la región latinoamericana con importantes flotas pesqueras industriales tienen algún tipo de registro de pesca con listados publicados y actualizados, donde se puede acceder a datos de las compañías, los buques, las licencias y/o permisos. “El caso de la Argentina llama la atención, porque a pesar de contar con un registro de pesca, su información no está publicada”, denunciaron.

Países como Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay y México, ya cuentan con plataformas digitales que permiten a la ciudadanía consultar datos clave sobre la flota pesquera y los permisos otorgados.

Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, señaló que “es muy importante contar con un registro en línea de buques pesqueros con información detallada, para conocer si una embarcación está autorizada a pescar en una determinada zona y en un determinado momento; si tiene permiso para pescar ciertas especies o si puede usar determinado tipo de arte de pesca; o si tiene una cuota de pesca y no se ha excedido con esa capacidad; además, cuáles han sido sus antecedentes en las operaciones y si se debe conceder el derecho de acceso a un caladero”.

En el marco de la campaña “Mar Abierto. Promoviendo la transparencia pesquera”, las organizaciones Sin Azul No Hay Verde y el Círculo de Políticas Ambientales, exigen la publicación de los datos en formato de registro digital, online y actualizado de embarcaciones pesqueras y permisos.

“En un contexto de creciente demanda global por trazabilidad, legalidad y sostenibilidad en la explotación de los recursos marinos, Argentina se encuentra rezagada, sin ofrecer siquiera datos básicos. Esta situación no es un problema técnico, sino político. La información existe: la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura la recopila para su administración interna. Lo que falta es voluntad para abrirla a la ciudadanía, al sector y a los organismos de control”, afirmó Juan Coustet, Coordinador de Investigación de Sin Azul No Hay Verde.

Se trata de un proyecto demandado por todos los sectores, bastante transversal en cuanto a quienes abogan por su aprobación, pero una y otra vez el tema queda en el camino. Ya ha obtenido dictamen y ha perdido estado parlamentario.

Hablamos del proyecto de trazabilidad de la pesca, que tuvo dictamen en Diputados el 16 de noviembre de 2022, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de ese año. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio de 2023 para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unificaba entonces proyectos impulsados por el peronista Carlos Selva y la radical Ximena García, ambos ya exdiputados.

Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en el mes de octubre de ese año se pidió durante una sesión un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Terminaron aprobándolo con las ¾ partes de los diputados presentes, pero al finalizar la sesión había sido el único tema que se quedó sin tratar: se cayó el quórum justo cuando trataban de abordarlo.

El año pasado los intentos de dictaminar fueron vanos en ambas cámaras y el pasado 21 de mayo un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo sustentable, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado fracasó por falta de quórum en su intento por tratar el tema. Ahora dicen que será puesto en agenda.

La novedad es que la Oficina de Presupuesto del Congreso acaba de dar su informe sobre esta iniciativa que tiene por objetivo crear el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de salubridad, seguridad y sostenibilidad del recurso pesquero.

El costo fiscal de la medida viene asociado principalmente con la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos por parte de los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización.

Sin embargo el informe de la OPC concluye que por falta de información precisa no es posible estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto.

Carácterísticas del proyecto

El proyecto de ley crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de los proyectos de la pesca y de la acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero.

El impacto fiscal que demandaría la aprobación del proyecto de ley deviene de la aplicación a los artículos 8 y 12, que reportan mayores gastos. En el caso del primero, refiere a la implementación de un software para utilización en dispositivos electrónicos a los fines de almacenar los datos que se cargarían en el Sistema Argentino de Trazabilidad, que llevará a cabo la autoridad de aplicación.

El artículo 12 establece el establecimiento de una o varias líneas de crédito para el apoyo financiero de los operadores alcanzados por la ley, a efectos de la implementación de los sistemas requeridos. El mismo será llevado a cabo por el PEN  a través de la banca pública.

En cuanto a mayores ingresos, se refiere al artículo 15, que establece la aplicación de multas de entre $100.000 y $100.000.000 en caso de sanción por infracciones.

La OPC indica respecto al financiamiento de los mayores gastos previstos en el proyecto que el artículo 11 dispone que para la puesta en marcha del Sistema de Trazabilidad, el Poder Ejecutivo establecerá por tres períodos consecutivos en el presupuesto nacional una partida específica que garantice la implementación de los procesos, sistemas y tecnologías que requiera su funcionamiento, lo que incluye, por ejemplo, la implementación del software. La magnitud de dicha partida dependerá de la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo,  por lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso no cuenta con información necesaria para estimar el costo que conllevaría su desarrollo.

No obstante, aclara la OPC, a los fines de dimensionar el costo que podría llegar a demandar la adquisición del software y su posterior mantenimiento dentro del presupuesto nacional, presentó una serie temporal con la ejecución de las partidas del gasto que están destinadas a la adquisición de actores intangibles (programa de computación) y al mantenimiento de los sistemas informáticos de toda la administración nacional.

Según los datos brindados por la OPC, se observa un comportamiento relativamente homogéneo a lo largo de los años. En el promedio del período, las partidas asociadas a adquisición y mantenimiento de programas de computación, representan el 0,05% de la ejecución total del gasto de la Administración Nacional con mínimos en 2020 y en 2024 que llegaron a 0,03%. Dada la naturaleza de las partidas vinculadas con la adquisición de activos (erogación por única vez) y su posterior mantenimiento, podría inferirse que la adquisición del software para poner en funcionamiento del Sistema de Trazabilidad no modificará sustancialmente la proporción observada de dichas partidas sobre el total del gasto ejecutado. En 2025, el presupuesto asignado fue de $60.344 millones se corresponde con 185 programas presupuestarios, lo que arroja un promedio de $326 millones por programa.

Por otra parte, en cuanto al apoyo financiero a los operadores a través de líneas de créditos, cuya forma de implementación no se conoce aún y a la aplicación de multas por eventuales sanciones, que podrían derivar en mayores ingresos, la estimación de un impacto fiscal requeriría de la realización de una gran cantidad de supuestos acerca de las decisiones fiscal requerida de la realización de una gran cantidad de supuestos acerca de las decisiones y acciones adoptadas por los operadores que intervengan en cualquier momento de la cadena de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura (captura, crianza, acopio, elaboración, manufactura, congelado, empaque, acondicionamiento, transporte distribución mayorista, comercialización  importación y exportación, entre otras), que la Oficina de Presupuesto del Congreso no está en condiciones de realizar.

Este miércoles estaba en agenda un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir el proyecto sobre trazabilidad de la pesca y acuicultura para poder dictaminar, pero el encuentro fue suspendido.

Según explicó la titular de la Comisión de Ambiente, la senadora chubutense Edith Terenzi, decidieron levantarla porque “muchos senadores nos solicitaron una nueva ronda de sugerencias. Vamos a presentar el proyecto en el Consejo Nacional Pesquero para introducirle modificaciones necesarias para que Argentina pueda colocar con excelencia sus productos en el mundo”.

“Vamos a iniciar una ronda de conversaciones y de explicación nuevamente del proyecto y de aquel dictamen al que llegamos con tantas sugerencias del proyecto original. Vamos a iniciar una nueva ronda para que los funcionarios relacionados con el área de pesca de cada provincia que están en el Consejo Nacional Pesquero para abrir el proyecto y trabajarlo todos juntos”, explayó.

Por otro lado, la comisión que preside pasó a la firma tres proyectos de ley. Uno de ellos declara capital nacional del Cóndor Andino a la localidad 28 de noviembre. La autora de la iniciativa, la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz) explicó: “Esta iniciativa surgió en el marco de la feria internacional donde se acercó el referente de la Asociación Somos Huellas Patagónicas y nos comentó sobre el trabajo que vienen haciendo hace años. En el Senado hubo dos presentaciones anteriores de senadoras ya mandato cumplido. Desde el año 2012 vienen trabajando con diferentes censos y el último se h izo en semana santa en 2025 y dio un 134% ejemplares en un radio de 80 kilómetros cuadrados de la localidad de 28 de noviembre que queda en el suroeste de la provincia de Santa Cruz y su paisaje es cordillerano. Es pode colaborar para impulsar el desarrollo turístico del lugar a través de este proyecto”.

Luego, se trató el proyecto que declara a la localidad de Puerto Pirámides, provincia del Chubut, "Capital nacional de la ballena franca austral", cuya autoría es de Terenzi quien detalló: “Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde la Cámara de Diputados desde el 2018”.

“La Península de Valdés fue declarada en 1999 patrimonio de la UNESCO y tiene una riqueza ambiental y de biodiversidad importante, se suma mucha flora y fauna relacionada a la zona y se suma este ejemplar magnífico que es la ballena franca austral que visita la Península de Valdés todos los años para iniciar su ciclo reproductivo”, informó.

La chubutense contó: “Se calculan alrededor de 2000 ballenas francas en la zona del Golfo y, aproximadamente, un nacimiento anual de 400 cachalotes. La localidad de Puerto Pirámides está directamente ligada a la ballena franca austral porque es el único Puerto en la Península de Valdés habilitado para hacer los avistajes de ballena franca”.

“La verdad que es una es una iniciativa que pone en valor declarar la capital de ballena franca la localidad de Puerto Pirámides, pone en valor todo el esfuerzo y el perfil conservacionista que sostiene desde hace muchos años la provincia del Chubut y que los chubutenses, incluso, estamos muy orgullosos de tener en nuestro territorio un patrimonio de la humanidad como es la Península de Valdés”, cerró Terenzi.

Por último, se pasó a la firma un expediente de la senadora María Victoria Huala que declara monumento natural, en los términos del art. 8 de la ley 22.351, al venado de La Pampa o ciervo pampeano.

También se le dio tratamiento a un paquete de proyectos de declaración y resolución, entre ellos uno de la senadora Vilma Bedia (LLA) que expresa preocupación por la creciente cantidad de incendios forestales que afectan a la Argentina y a la región sudamericana.

“Este proyecto es poner en énfasis y seguir replicando esto. Es necesario seguir preocupados en esta área que nos invade a cada una de las provincias y tenemos que seguir cuidando nuestra naturaleza. No es posible hacer este caso omiso del resguardo, de la preocupación y negligencia y todo lo que corresponde a cada institución. Espero que podamos tomar conciencia de la importancia en esta cuestión”, explicó Bedia.

De la vereda de enfrente, el senador radical Pablo Blanco le planteó: “Coincidimos plenamente en este proyecto sobre incendios. Sería importante que, ya que los propios senadores oficialistas presentan proyectos, que convenzan al Ejecutivo Nacional que se apliquen los fondos de combate contra incendios y no los tengas a efectos de un superávit fiscal y apliquen los recursos que corresponden”.

Bedia le replicó: “Creo que cada uno desde el Gobierno tiene esa preocupación, pero la cuestión está en que las provincias sean realmente las que se hagan cargo de los gastos necesarios para esas áreas y no sean gastados para otros lados. Si los fondos van al lugar que corresponde, no estaríamos tan preocupados. Es necesario tomar conciencia de la función de cada funcionario de las provincias”.

En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que la cuestión de incendios está bajo la órbita del Servicio Nacional del Manejo del Fuego: “Significa que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo lo que está sucediendo es que no están bajando los fondos específicos que tienen afectaciones específicas, eso no está sucediendo”.

Una vez más, fracasó por falta de quórum en el Senado el intento de dictaminar el proyecto que crea un sistema de trazabilidad de la pesca y acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero.

La iniciativa iba a ser tratada por tercera vez este miércoles en un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales que, pasada media hora de la convocada, se cayó. El proyecto fue debatido la semana pasada, pero no alcanzó a reunir la cantidad de firmas necesarias para que pueda llegar al recinto.

Al ser consultada por parlamentario.com la presidenta de la Comisión de Ambiente y autora del proyecto, la chubutense Edith Terenzi, lamentó que no se haya logrado el quorum en esta plenaria y que no se hayan conseguido las firmas para el dictamen.

“Es un proyecto beneficioso para la sociedad, para la industria pesquera, para las exportaciones del país. Seguiremos intentando el año próximo lograr dictamen y sanción”, expresó.

La Cámara de Senadores hará un nuevo intento para poder emitir dictamen del proyecto que crea un sistema argentino de trazabilidad de la pesca y la acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero.

La iniciativa será puesta a consideración, una vez más, en un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales este miércoles 27 a las 9 en el Salón Moreno Frondizi, mismo día que está convocada la sesión informativa.

El proyecto fue debatido la semana pasada, pero no alcanzó a reunir la cantidad de firmas necesarias para que pueda llegar al recinto. Según pudo saber parlamentario.com “logró las firmas de los miembros de la Comisión de Agricultura, pero faltó 1 en Justicia y 4 en Ambiente”.

Ni siquiera alcanzaron a esperar la media hora reglamentaria. El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Alfredo De Angeli, anunció a los 20 minutos de convocado el plenario que no había quórum. “Sé que hay otros senadores que han venido a reemplazar, otros que no están… Pido disculpas, pensamos que íbamos a tener quórum y no lo tenemos, nos queda un gusto amargo”, resumió el entrerriano, que tras pedir nuevamente disculpas y expresar que esperaba que no volviera a pasar, tentativamente sugirió pasar el temario para el miércoles que viene, tal cual lo conversado con los otros dos presidentes de las comisiones convocadas, Edith Terenzi (Ambiente y Desarrollo Sustentable) y Juan Carlos Pagotto (Justicia y Asuntos Penales).

“Ojalá en la próxima haya más compromiso de los senadores para estar”, insistió, aclarando que había acuerdo para que se trataran los temas previstos.

¿Cuáles eran? En primer lugar, Justicia, Agricultura y Ambiente tratarían el proyecto de la chubutense Edith Terenzi para tratar el proyecto de ley que crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura, un tema que no ha tenido suerte en Diputados, donde siempre se alcanza dictamen y por supuesto consenso… pero no llega al recinto nunca.

Y a continuación, se quedarían Agricultura y Ambiente para abordar un proyecto del propio De Angeli para derogar la Ley 27.604 de Manejo de Fuego, una norma impulsada en su momento por el diputado Máximo Kirchner, donde entre otras cosas se presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario, y prohíbe entonces la venta de las mismas tierras incendiadas.

Destacados chefs de nuestro país se sumaron a una campaña nacional que promueve la trazabilidad de la pesca, evitar el fraude o mal etiquetado de especies en los mostradores y cuidar la sustentabilidad de los recursos marinos. Astrid Acuña, chef ejecutiva de La Mar (Buenos Aires); Gonzalo Labega, chef y propietario de Cantilla Villa Picante (Lobos) y Eugenia Krauser, chef y propietaria de Asian Ghetto (Mar del Plata), se unieron para contar los beneficios de conocer el origen del producto desde el mar hasta la mesa de los consumidores.

La iniciativa propuesta por el Círculo de Políticas Ambientales impulsa una ley para crear un Sistema Nacional de Trazabilidad de la pesca, cuyos objetivos principales son conocer el origen del producto desde su pesca hasta el transporte y la venta al público, evitar el fraude de especies, cuidar la salud de los consumidores y potenciar las exportaciones pesqueras, entre otros puntos.

“El sector gastronómico es un actor clave para la sustentabilidad de los recursos marinos; tanto los chefs como los empresarios del sector son quienes influyen en las tendencias y los cambios en la gastronomía y la cadena de suministro, promoviendo nuevos hábitos alimentarios en la sociedad”, indicó Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales.

Los chefs, especializados en productos de mar, participaron cocinando desde sus locales para amplificar el mensaje sobre la importancia de la trazabilidad de la pesca y la demanda de una ley que establezca un sistema nacional para los productos de mar, que garantice la legalidad e inocuidad del producto.

“En La Mar nos adaptamos a lo que el mar argentino nos ofrece. Es importante la trazabilidad no solo en la pesca y/o mariscos; es el inicio para poder respetar los productos que nos brindar, en este caso el mar, pero también la tierra. La ley de trazabilidad de la pesca es importante para mantener las especies y para saber también aprovecharlas en su mejor momento” señaló Astrid Acuña, su chef ejecutiva.

Desde Mar del Plata, la chef y docente de Asian Ghetto Eugenia Krauser aseguró que “El origen del producto es todo, es importantísimo conocer al productor o al pescador porque varía mucho el resultado final” “en nuestro caso que somos cocineros sabemos trabajar el producto, pero para aquellos que van a la pescadería y no están duchos con el conocimiento del producto es fundamental que el filet contenga toda la información que la garantiza la trazabilidad”.

Por último, Gonzalo Labega de Cantina Villapicante, restó especializado en pescados, afirmó que “un pescado entero, con su ojos, su piel, habla sobre sus características, su frescura, en cambio el filet pierde su huella digital, ya no tiene toda esa información; si hubiese una ley de trazabilidad sería más sencillo para todos no depender de un pecado entero, el consumidor final estaría seguro que lo que está comprando es un producto legal, del tamaño y en tiempo adecuado a los requerimientos que impone su veda”.

La trazabilidad de la pesca permite evitar el fraude y mal etiquetado en el mercado local. Estudios realizados por investigadores de Conicet Mar del Plata (2021), indicaron que el 36% de los filetes comercializados en las grandes ciudades registran fraude o están mal etiquetados. A su vez, permite diferenciar en los mercados internacionales a la pesca argentina de aquella que se realiza de forma ilegal y no reglamentada, al borde del Mar Argentino.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por Héctor “Tito” Stefani (Pro), realizó este martes una reunión informativa en la que se reflotó el debate sobre trazabilidad de la pesca, un tema que el año pasado tuvo dictamen por consenso pero no se trató en el recinto. 

Al inicio del encuentro, al recibir a los invitados, Stefani aseguró que “la idea es escuchar, que la comisión tenga las puertas abiertas para construir consenso”.

En lo administrativo, se completó la designación de una secretaría pendiente, con la elección de la diputada Sabrina Selva (UP).

Al momento de las exposiciones, Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, explicó que “la trazabilidad del sector pesquero es una necesidad y una oportunidad”. “Necesitamos una ley nacional sobre la trazabilidad pesquera que le dé sostenibilidad a la pesca y les agregue valor a los productos argentinos”, afirmó. 

Por su parte, Otto Wöhler, miembro de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), señaló que “la trazabilidad existe en la pesca, lo demanda el mercado”. Y argumentó que “la creación del sistema único de trazabilidad va a ser paralelo a los existentes y va a redundar en una nueva carga en los operadores de la actividad”.

“Acreditar trazabilidad nos permite apegarnos a la sostenibilidad de la pesca”, esgrimió en su alocución Carlos Liberman, exsubsecretario de Pesca de la Nación. “La sostenibilidad en los recursos es clave para garantizar la renta empresarial, el empleo y la identidad de las comunidades”, sostuvo. 

Participaron, además, Pablo Bonuccelli, especialista en temas marítimos; Sofía Wöhler, Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); Lisandro Belarmini, Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); Oscar Poleti, Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); Ángel Navarro, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Mariano Vilar, Sindicato de Conductores Navales (SICONARA).

También estuvieron Edgardo Luro, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales; Julián Suarez, exdirector de Fiscalización y Control Pesquero; Juan Sócrates, Cámara de Armadores de Poteros de la Argentina (CAPA); Fernando Rivera, Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Carlos Casella, Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA); César Cicciotti, Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Agustín de la Fuente, Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Mariano Pérez y Marcelo González, Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA); y Eduardo Román, gerente de CAPeCA.

Tiene mala suerte en el Congreso el proyecto de trazabilidad de la pesca. Había obtenido dictamen el 16 de noviembre del año pasado, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de 2022. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio precisamente para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unifica proyectos impulsados por Carlos Selva (FdT) y Ximena García (UCR).

Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en la reunión del martes pasado se pidió un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Lo planteó uno de los autores del proyecto, el oficialista Carlos Selva, quien hizo hincapié en el consenso que había tenido el tema en su tratamiento en comisión, donde fue aprobado por unanimidad, y se preocupó por afirmar dos veces que “este proyecto no va en contra de nadie”.

Si bien el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se mostró un tanto remiso a incluirlo, terminó accediendo y se aprobó la incorporación del proyecto a la sesión con las ¾ partes de los diputados presentes. Sin embargo, al final de la reunión fue el único tema que quedó sin tratar, porque se cayó el quórum justo cuando tocaba abordarlo. Y de una manera curiosa, según advirtió la diputada Graciela Camaño, que calificó como “una vergüenza” lo que sucedía con el bloque del oficialismo que se estaba retirando sin tratar un proyecto “consensuado” y cuyo uno de sus autores era de esa misma bancada.

Le salió a contestar Leopoldo Moreau, que rechazó las dudas que había expresado su par -se había preguntado qué intereses tocaba el proyecto y si había intereses en que el proyecto no saliera-, aclarando que los diputados oficialistas se habían vuelto a sentar.

En realidad, no había sido así pues inmediatamente después la presidenta de la Cámara dio por concluida la sesión por falta de quórum.

Quedó toda la sensación de que no había intención de tratar la cuestión de la pesca. Primero, porque el último proyecto de ley tratado, cerca de las 6 de la mañana del jueves pasado, fue el Protocolo de Protección y Detección de Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, sobre tablas y sin oradores. E inmediatamente después se procedió a autorizar las inserciones solicitadas por los diputados, como si estuviera decidido ya que ese sería el final. Tras ello se votaron a mano alzada un proyecto declaración y otro de resolución, ambos para expresar beneplácitos, y a continuación sucedió lo que ya contamos.

La pesca ilegal

La situación generó una denuncia del secretario general de la Democracia Cristiana porteña y presidente de la Fundación Argentina Azul, Carlos Lionel Traboulsi, quien este viernes se preguntó si el Gobierno nacional le está permitiendo a China pescar ilegalmente en el Mar Argentino a cambio de recibir yuanes.

“¿A eso fue ahora Alberto Fernández a China, para seguir negociando esto?”, insistió el dirigente, que a continuación planteó sus dudas respecto de lo sucedido en la madrugada del miércoles en el recinto de Diputados: “A pesar de haber sido consensuado en comisión de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de creación del sistema argentino de trazabilidad de la pesca y acuicultura, aproximadamente a las 6AM del miércoles 10 de octubre se levantaron unos 30 diputados K y de La Campora dejando sin quórum, procediendo en forma inmediata la presidente de la Cámara a levantar la sesión en vez de invitar a los que se levantaban a permanecer en sus lugares manteniendo el quórum”, expresó Traboulsi.

El dirigente admitió que “si bien se podrá volver a tratar en otra sesión de Diputados, lo cierto es que se mostró que hay intereses chinos e ingleses que son defendidos por cipayos legislativos”.

Y concluyó: “El convertir en ley la creación del sistema argentino de trazabilidad de la pesca y acuicultura permitirá controlar en toda su cadena desde la pesca hasta la mesa de los consumidores su origen y protección del trabajo argentino y la biodiversidad de nuestro mar y cuidado de los recursos naturales frente a la depredación extranjera. Es un paso importante para empezar a dar batalla y defender lo nuestro”.

Como suele suceder, en el transcurso de la extensa sesión de Diputados hubo una serie de apartamientos de reglamento, algunos de los cuales fueron atendidos. Uno de ellos fue el pedido para tratar un proyecto sobre abuso sexual infantil, que terminó siendo aprobado por unanimidad al cierre de la sesión.

Tras ello, el cuerpo se abocó a votar a mano alzada dos proyectos de declaración y resolución. El primero era un beneplácito por el segundo puesto obtenido en el Mundial de Robótica celebrado en Singapur por los alumnos mendocinos de la escuela Thomas Alva Edison. El siguiente, era de resolución y correspondía a un beneplácito por el Nobel de la Paz 2023 otorgado a la activista iraní Narges Mohammadi.

En ambos casos, el diputado Martín Tetaz pidió abstenerse. Pero a continuación, cuando la presidenta del Cuerpo se disponía a avanzar con el siguiente tema, correspondiente al proyecto de trazabilidad de la pesca, advirtió que la mayoría de los legisladores estaba preparándose para irse. “No quórum”, se le escuchó decir a Cecilia Moreau.

Advertida de la situación, pidió la palabra la diputada Graciela Camaño, que denunció que “lo que está haciendo el bloque del oficialismo es una vergüenza, porque el proyecto que vamos a tratar ha sido consensuado, ha sido profundamente tratado en la comisión… Es un proyecto que hasta es de iniciativa del propio bloque del oficialismo, que lo presentó por primera vez”.

A continuación, Camaño lanzó: “¿Qué debemos suponer? ¿Qué intereses toca el proyecto? ¿Debemos suponer que hay gente comprometida y con intereses en que el proyecto no salga?”.

Luego señaló que el proyecto en cuestión busca “asegurarle a la población las posibilidades de tener la pesca debidamente trazaa, controlada. El proyecto dice ‘del mar al plato’”.

Intervino entonces el diputado oficialista Leopoldo Moreau, que comenzó en tono tranquilo diciendo que probablemente a muchos integrantes de su bancada les había pasado lo mismo que a los de la oposición cuando se trataba el Plan de Ciencia 2030, que se levantaron, “al punto tal que el miembro informante (por Facundo Manes) dijo que estaba hablando para los radicales, no le adjudico ninguna intencionalidad… Probablemente se sentían cansados. De este lado hoy ocurrió lo mismo, y nos dimos cuenta y os volvimos a sentar”.

Y a continuación estalló: “Lo que es inadmisible es que usted hable de intereses oscuros que pueden haber dictado nuestra conducta. Así que le pido que retire esa expresión, porque no tiene nada que ver con la realidad, y además forma parte de una pedagogía que siempre quiere imponernos como si fuera una maestra ciruela… Basta de tener esos discursos”.

Lo cierto es que a continuación, su hija y presidenta de la Cámara dictó la sentencia esperada: “No habiendo quórum, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, queda levantada la misma”.

Qué dice el proyecto sobre trazabilidad de la pesca

A través de esta iniciativa se establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.

Lo establecido por la ley será de orden público y regirá para todo el territorio de la Nación, alcanzando a la actividad comercial. En tanto, la pesca de supervivencia queda excluida.

Entre los objetivos del sistema, figura el de “garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena”; “asegurar la autenticidad de la información trazada así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva”.

También el de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”; “simplificar los procedimientos administrativos” y “promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”.

El sistema único deberá requerir como mínimo información sobre: identificación de cada lote de materia prima; identificación de la embarcación pesquera; la fecha y localización geográfica de la captura o la fecha de producción; entre otros puntos.

A su vez, la reglamentación establecerá la información que deberá incluirse en relación a cada etapa del proceso de trazabilidad.

Los productos importados que ingresen al país cumplirán todas las normas a más tardar dentro de los 3 años de publicada la reglamentación de la ley.

Se instruye al Poder Ejecutivo Nacional para establecer líneas de crédito, a tasas subsidiadas, para el apoyo financiero de los sujetos alcanzados por el sistema.

Además, se establecen sanciones y multas para infractores. La multas irán de los 1.000 UT a los 200.000 UT. La UT es equivalente al precio de un litro de combustible gasoil.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), volverá a reunirse este martes en busca de un dictamen unificado para crear un sistema de Trazabilidad de la Pesca.

El encuentro está pautado para las 11 en la Sala 2 del Anexo A “Juan Carlos Pugliese”, en el que se pondrán a consideración dos proyectos. Uno de ellos es de autoría del diputado oficialista Carlos Selva, el otro corresponde a la radical Ximena García, por lo que se buscará un dictamen consensuado para que gire y tenga tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El tema comenzó a ser debatido en una reunión informativa con representantes del SENASA y funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura de la Nación el 8 de noviembre de 2022. Ocho días después la iniciativa fue debatida entre diputados, pero hubo disidencias por parte de alguno de ellos que propusieron una serie de modificaciones y aclaraciones a la redacción del texto.

Al respecto, parlamentario.com pudo saber por parte de un miembro de la comisión que la idea de la misma será buscar el dictamen unificado.

En una segunda reunión informativa, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), recibió este martes en la Sala 2 a expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias –SENASA– y funcionarios de la Subsecretaria de Pesca y acuicultura de la Nación, para debatir sobre los “Sistemas de Trazabilidad de la Pesca y acuicultura”.

Zuvic recordó que en la anterior reunión de Comisión “tuvimos la participación del sector privado, de la asociación civil y de gremios para seguir robusteciendo el debate y la participación de todos que venimos llevando adelante”. Además, adelantó que el próximo encuentro será el 17 de noviembre en el que emitirán dictamen.

Abrió el debate Julián Suárez, director nacional de Fiscalización Pesquera, quien agradeció la invitación al Ejecutivo para poder informar sobre el devenir de la actual gestión al frente de la Subsecretaría de Pesca. Respecto al tema de la trazabilidad, comentó que “comenzamos la gestión institucionalizando y homologando los sistemas de información que utiliza la administración tanto para la gestión interna como para la relación con los administrados del sector”.

Además, informó que pusieron en funcionamiento parte del sistema electrónico de pesca y explicó que “es la declaración jurada de las capturas que hacen los buques en las distintas jurisdicciones para robustecer el conocimiento específico de cada una de las especies”, y sumó: “Luego comenzamos a trabajar con cada una de las autoridades provinciales de nuestro litoral marítimo para suscribir convenios de mantenimiento, mediante los cuales, hemos logrado por primera vez en la historia del país, consolidar un sistema de información federal para la pesca y acuicultura”.

A su vez, detalló que el sistema de información federal consiste en consolidar todas las partes de pesca, todas las flotas que realizan capturas tanto en jurisdicciones provinciales como nacional. “Esto ha sido un gran avance porque nunca se había hecho tamaño entendimiento entre las autoridades nacionales y de las 5 provincias con litoral marítimo”, ponderó Suárez.

“El 30 de junio hemos convertido al país en ser el único y primero en certificar la captura legal de forma digital”, destacó el funcionario y agregó: “El 93 al 97% de las capturas que se producen en todas las jurisdicciones se exportan, una cantidad promedio de desembarque de 800 mil toneladas. La actividad pesquera en el país es de talante netamente exportador”.

En suma, resumió que “la certificación de la captura legal se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría y, para que se pueda realizar la operatoria de exportación, se debe contar con eso. Es así que, teniendo una base federal de datos, y un certificado legal digital avanzamos sustancialmente en la materialización de la trazabilidad en materia pesquera en el país”.

En otro tramo de su exposición, Suárez contó que se llevaron a cabo distintos talleres de capacitación con todos los actores del sector pesquero sobre el módulo de transacciones nacionales que propone “conocer desde la captura, el procesamiento, el almacenamiento y comercialización ene le mercado interno e internacional la trazabilidad del producto y subproducto para la pesca”.

Y ponderó: “Esto es una gran herramienta que empezará a funcionar de forma obligatoria el 25 de diciembre con el Registro de la Pesca creado por la Ley Federal de Pesca que pone en cabeza la facultad de legislar, de normar sistemas de trazabilidad”.

“Es una herramienta que va a permitir a las administraciones a tomar medidas, políticas públicas de desarrollo mucho más fehaciente, cercanas, en torno al devenir de la industria pesquera en el país. Lo entendemos como algo prioritario tener un sistema de trazabilidad porque lo necesita el sector”, finalizó Suárez.

En una breve interrupción, la vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Marcela Passo, se mostró satisfecha de “haber podido arribar a esta instancia de poder debatir el tema y a la posibilidad de que los funcionarios vengan a contar lo que están haciendo sino también, cómo podemos trabajar en conjunto para convertir en ley este trabajo que va en consonancia con la búsqueda de la transparencia y la trazabilidad en un sector productivo tan importante para el país”.

A su turno, Alejandro Fernández (SENASA) manifestó que en los últimos 3 años coordinaron acciones y actividades en conjunto con la Subsecretaría de Pesca. Sobre el tema de la trazabilidad comentó: “Hemos venido siguiendo el trabajo de la dirección nacional y hemos participado de las distintas actividades para poder implementar a futuro y de manera coordinada los equipos informáticos para poder complementar con el resto de la información del sistema que la Subsecretaria a desarrollado, de modo tal, de poder hacer el seguimiento de los diferentes lores de capturas y acuicultura y seguir el proceso a lo largo de toda la cadena”.

“El SENASA tiene la posibilidad de poder contar con los datos de elaboración porque tiene su propio sistema de certificación y de permisos de tránsito. Son datos fundamentales para poder aportar al sistema y esto es lo que va a llevar nuestro personal de informática en este sistema de unificación”, explicó.

Además, Fernández reconoció que “aún hay cosas por hacer”, pero consideró que “este es un gran paso lo que va a permitir identificar los distintos lotes, cómo se mueven en la cadena hasta que se realice la exportación, eso es la trazabilidad”. En ese sentido, remarcó que la trazabilidad es una herramienta “básica y fundamental” para el seguimiento y control de la inocuidad y de calidad de los productos pesqueros.

En el uso de la palabra, el diputado Carlos Selva (FdT) explicó que “lo único que pretende el proyecto es generar una ley marco para darle un número a una definición de trabajo que se viene haciendo en las distintas áreas. Es una política de Estado y evitamos la burocratización unificando los sistemas para que el sector acuícola pase a ser estratégico para la Argentina”.

El radical Fabio Quetglas se sumó a las palabras del diputado preopinante porque “es el valor del acuerdo en base al trabajo. Se llega a un dictamen único en base al trabajo. Eso merece ser destacado”. También destacó que el aparato administrativo esté produciendo un conjunto de iniciativas día a día.

“Es muy importante por el valor económico que tiene para los mercados este sector, y establece un criterio de sostenibilidad política. La pesca se debe transformar en la punta de lanza porque Argentina tiene que ir adelante en todo su sistema de trazabilidad, no es un capricho, es una demanda post pandemia”, expresó el radical.

Con el objetivo de interiorizarse en las dificultades que los usuarios de la vía navegable troncal experimentan, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara baja recibió a expertos en la temática vinculada con la licitación de las obras a desarrollarse en la vía que une el río Paraná y el río de la Plata.

La presidenta de la comisión, diputada Mariana Zuvic explicó que este encuentra será el primero de una serie reunión informativa para profundizar el conocimiento sobre temas relevantes referidos a la vía navegable troncal para los próximos 50 años en el país.

Fueron invitados representan a diversos usuarios de la vía navegable troncal, “que constituye la principal vía navegable para el comercio exterior en la Argentina: más del 80% de las exportaciones que salen del país”, señaló,

Los diputados se reunieron específicamente para tratar el proyecto expediente 4723/2022, de autoría de Zuvic, en el que se marca una “preocupación” debido a “la falta de certezas respecto a los avances de la licitación y las personas y funcionarios responsables de esta licitación para la nueva concesión de dragado, balización, control y mantenimiento de la vía navegable troncal”.

El primer expositor fue Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que presentó un estudio técnico sobre las dificultades que afronta el sector. En este sentido, arribó a la conclusión que la Infraestructural de transporte actual “es obsoleta y desincentiva la inversión y el crecimiento”.

“Durante las últimas dos décadas las exportaciones se han triplicado, pero la infraestructura interna del transporte no acompañó ese crecimiento. Hubo mejoras a lo largo de los años, pero ese progreso fue escaso para la magnitud del intercambio que ofrece el sector”, agregó.

Además, señaló que “fuimos el polo agro-industrial más importante del mundo. Pero hoy ocupamos el segundo puesto. Hoy ocupamos el segundo puesto. Tener políticas públicas sostenibles a mediano y largo plazo nos proporcionará un futuro de mayor certidumbre y crecimiento”.

Por esto, puntualizó cuatro acciones clave para potenciar la infraestructura del transporte: mejorar la vía navegable troncal del tramo argentino de la Hidrovía Paraguay-Paraná; desarrollar el sistema ferroviario de cargas y volverlo más competitivo; mantener y optimizar las rutas nacionales y provinciales para lograr mayor capacidad; y mejorar los accesos viales y ferroviarios a los puertos para agilizar las descargas.

Finalmente, dejó en claro que ellos “no solamente pensamos en la vía navegable troncal, si no que pensamos al transporte como realmente es, todo un sistema”.

A continuación, tomó la palabra el ingeniero Luis Palacios, gerente de innovación y desarrollo tecnológico de Molinos Agro, quien también se refirió al mismo estudio, y se centró más en los aspectos técnicos.

Al respecto, señaló la necesidad de mantener el esquema de secciones actuales, y de mejorar la planificación y la seguridad de la navegación de diversas maneras: ampliando anchos de soleras y zonas de cruces; incorporando las nuevas tecnologías digitales de ayuda a la navegación: a través de nuevos sistemas de planificación, gestión y seguridad de navegación dotados de inteligencia artificial; mejorando las cartas náuticas digitales actualizadas en tiempo real, así como los sensores hidrometeorológicos para relevamientos continuos y actualizados.

Por otro lado, se refirió a la importancia de trabajar en la sustentabilidad ambiental, principalmente sobre dos puntos: el monitoreo ambiental en tiempo real con sensores y boyas inteligentes, y avanzando en el plan de gestión ambiental sustentado en datos actualizados.

El último expositor fue Leonardo Aviad, gerente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas, quien brindó la perspectiva de los armadores argentinos, “que básicamente la ambición tiene que ver con que más buques de bandera argentina naveguen en todo el sistema de la vía navegable troncal, y también, tomar el desafío de un mayor tráfico regional e internacional”.

Respecto a la concesión, indicó que la visión de los armadores es desde dos puntos de vista: “En primer lugar, el peaje es relevante porque implican parte de los costos de viaje que se utilizan para computar el flete marítimo. En este sentido, los costos logísticos redundan en la competitiva del país. Es decir, es la capacidad de la inserción o no de todas las exportaciones en el mundo”.

Y el segundo aspecto, es respecto al dragado insuficiente: “Esta deficiencia implica que instantáneamente se eleva el costo del flete por cada tonelada exportada, y de este modo las exportaciones argentinas carecen de competitividad. Pasa lo mismo en el tráfico de cabotaje y redonda en mayor costo en el mercado interno”.

“Para nosotros, como representantes de las empresas asociadas a las cámaras, la preocupación es que a la mayor brevedad posible se brinde previsibilidad, se establezca y se comience a ejecutar este plan de mediano a largo plazo para establecer todas las mejoras en el mantenimiento del dragado y balizamiento de toda la vía navegable troncal”, agregó.

Finalmente, sobre el sistema de peaje señaló que “hemos tenido un especial interés para que haya un beneficio exclusivo para los buques de bandera argentina. Sin duda esto promueve el crecimiento de la flota, esto que hoy está padeciendo el país, de la falta de divisas. También es una oportunidad, el crecimiento del pabellón argentino como oportunidad para empezar a generar nuestros propios fletes y exportar estos servicios de fletes que hoy importamos”.

Del encuentro participaron, además, el capitán Sergio Borrelli, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje; y Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) se reunió este jueves en la Sala 3 en donde recibieron a representantes del sector público, privado y tercer sectores expertos que expusieron sobre “Sistema Nacional de trazabilidad de la Pesca y Acuicultura”.

Al comienzo del encuentro, Zuvic comentó que “también hemos cursado invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero por problemas de agenda hemos decidido con la vicepresidenta, Marcela (Passo), dar una nueva reunión de comisión que va a ser el próximo jueves a las 14”.

“También hemos sido informados que el Poder Ejecutivo está tratando este tema y para nosotros es realmente muy importante la visión de los funcionarios del Poder Ejecutivo porque es nuestra prioridad en esta comisión poder avanzar en políticas públicas de consenso”, destacó la presidenta de la Comisión.

En esa línea, sostuvo que “para nosotros es una prioridad tratar de que haya una amplia convocatoria de los sectores interesados en la temática. Es imprescindible que sea lo más amplio posible porque es prioritario para el trabajo legislativo para optimizar las leyes que vayamos a llevar al recinto y sean aplicables. Lo multidisciplinario y la participación de todos es clave, más allá de las situaciones políticas. Nuestra visión desde la comisión es esa”.

Zuvic explicó los dos proyectos a debatir en la reunión, uno de la diputada radical Ximena García y otro del diputado oficialista Carlos Selva. “Respecto al tema de la trazabilidad entendemos que entre las cuestiones que aporta es transparencia en una actividad tan importante como es la pesca y refuerza además la seguridad sanitaria de los productos que consumimos, protege al ambiente combatiendo la pesca ilegal y mejora la competitividad”, enumeró.

“Sabemos que gran parte de nuestras exportaciones van a mercados que ya tienen implementado el tema de la trazabilidad y también sabemos que muchas empresas en el país han adquirido el tema”, sumó la diputada de la CC-ARI.

En el uso de la palabra, la vicepresidenta de la Comisión la oficialista Marcela Passo quien ponderó la reunión para poder trabajar en “temas que son trascendentales e importantes para la Argentina”, y remarcó que la trazabilidad de la pesca “es una actividad importantísima”. También destacó el trabajo en conjunto entre asesores de los distintos diputados para “poder tener la mejor ley para sus destinatarios”.

A su vez, pidió a los invitados a que “se expresen con total libertad para ayudarnos a encontrar los caminos para perfeccionar los proyectos” porque “el objetivo es transparentar el sistema, encontrar los caminos para que la sostenibilidad del recurso sea efectiva a través de la ley y no menos importante que los consumidores tengamos la posibilidad de tener la información concreta e importante de los productos que consumimos”.

En su intervención, la diputada y autora de uno de los proyectos, la mendocina Ximena García explicó que “nos gustaría principalmente escuchar a los representantes de los sectores que hoy trabajan en el sector productivo y a las organizaciones para poder avanzar en un dictamen unificado que contemple los aportes que hagan y se abra un canal de diálogo para continuar el trabajo”.

“Lo que proponemos con esta iniciativa es crear un sistema de trazabilidad que sea capaz de dar acceso a todos los atributos de los alimentos en todos los estados de las etapas de la cadena productiva para combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Al mismo tiempo para generar seguridad alimentaria, eliminar y disminuir los riesgos alimentarios y para generar una producción sostenible y garantizar y fomentar las relaciones internacionales”, explayó García.

Y cerró: “Los países del mundo miran lo que hacemos por eso consideramos que avanzar en una ley consensuada con todas las voces de quienes intervienen en la producción, organizaciones ambientales y el Gobierno, es fundamental para que el país siga consolidándose en el mercado internacional generando valor agregado”.

A su turno, el diputado Carlos Selva recordó que “es la segunda vez que volvemos a presentar el proyecto, pero es la primera vez que avanza con una profundidad y desarrollo de los artículos consensuado”.

Al igual que sus predecesores, reiteró que el objetivo es la transparencia, la seguridad alimentaria. “El objetivo principal era poner en valor todo el potencial del litoral marítimo, la valoración de los trabajadores, de la industria”, ponderó Selva.

Desde Fundación Vida Silvestre, Fernando Mirraño, contó que “hace muchos años que trabajamos con una mirada en nuestro mar argentino buscando abordar las problemáticas que afectan la conservación de este ecosistema y su biodiversidad, pero siempre mirando las actividades humanas que allí se desarrollan”.

En esta línea realizó aportes con informes para “abordar algunos de los problemas como la pesca ilegal no documentada y no declarada, la problemática del descarte, la captura incidental de algunas especies y todo el impacto que eso tiene en el ecosistema y por lo tanto en los resultados de la actividad económica es importante tener en cuenta la actividad económica y los puestos de trabajo”.

Para Mirraño este proyecto “va a permitir asegurar el origen legal del producto, cumplir con los estándares internacionales de la pesca sustentable y, por lo tanto, abrir mucho más las oportunidades de comercio internacional en este sentido, combatir el comercio ilegal, tomar decisiones informadas de distintos sectores y, en términos generales, poder regular la actividad pesquera bajo la ley federal de pesca que tenemos que es muy buena”.

Por su lado, Darío Sócrates, director ejecutivo de la Cámara de Armadores Poteros Argentino, explicó que “combatir la pesca ilegal es para nosotros, que sufrimos la presencia de un montón de buques ilegales, que pescan del lado de afuera de la milla 200 es realmente una cosa que nos gusta” y aclaró que es pesca “no reglamentada más que ilegal, salvo que se determinen cuestiones de depredación”.

“Algún día vamos a poder avanzar con la regulación sobre esos espacios que de alguna manera también van a colaborar a conocer que pasa con nuestros recursos y realmente se traduzca en un grado de sustentabilidad importante”, bregó y agregó: “Ninguna empresa de la Argentina que se considera más o menos seria va a estar en contra de que se reglamenten este tipo de cuestiones, precisamente el mundo va para ese lado. Creemos que ese es el camino y queremos estar”.

Asimismo, solicitó que se encuentre un solo mecanismo que “garantice y controle la trazabilidad de los productos pero que sea uno solo, en muchos casos sucede que termina habiendo 5 sistemas de trazabilidad y lo que tenemos que hacer es tratar de unificar estas cuestiones”, dijo por último el especialista.

Desde la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina, Eduardo Boyero, manifestó: “Pretendemos un marco legal que logre un solo buen proyecto y ese solo sea el que funcione”, porque “en Argentina no hay captura ilegal o no reglamentada, eso sucede fuera de las 200 millas. Muchas veces el sector pesquero es desconocido y por eso nos gusta estar presentes aquí, asumimos la responsabilidad de no comunicar la parte positiva del sector pesquero y solo se conocen errores y problemas”.

En la misma línea, Ayelén Fortunato de la Cámara pesquera Argentina Alfa comentó que “hay un proyecto muy enfocado desde lo sanitario y otro desde lo comercial”, y sumó: “Comparto 100% la idea de que no podemos hacer duplicidad y quintuplicidad de datos, todo lo esgrimido en los proyectos el sector pesquero lo realiza primero, desde el privado, desde el año ´69 que se empezaron las exportaciones con requisitos sanitarios y con trazabilidades si hay alguien que sabe de esto es el sector pesquero fue el primero en hacerlo”.

“Utilizar los sistemas que ya están para mejorarlos y trabajar en base a ellos -para no perder tiempo ni recursos- que no son necesarios porque ya el sector los está usando. El sector está abierto a los cambios y a la necesidad de abrir mercados”, consideró.

Daniel Flores del Sindicato De Conductores Navales sostuvo: “Como trabajadores a bordo conocemos todo el proceso desde que comienza hasta que se procesa y se descarga”, y agregó: “Entendemos que en los proyectos hay puntos interesantes como el cruce de información y el acceso público a esa información pública a nosotros nos suma y mucho hablamos de una mejora continua en la pesca y esto favorece”.

“Si hay aspectos que se tienen que rever como la documentación, por ejemplo, a nosotros nos suma el tema de los decomisos, que vamos a tener más información de cómo fue y como se produjo, más información de la descarga cruzado con Senasa”, sugirió y aseguró: “Estamos enfocados en tener más información sobre la captura no sólo en los convenios sino para trabajar sobre los descartes”.

Por su parte, Ángel Navarro, secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), expresó: “Vemos con beneplácito esta ley”, y dijo que las cámaras ya están con trazabilidad hace muchos años.

“Nuestra visión apunta más a la informalidad que son los fresqueros de costera la cual tenemos en los puertos Lavalle, Rawson, Camarones, San Antonio Oeste. La pesca costera es un pescado que se descarga y a veces no se declara en ese sentido ha habido mucho decomiso. Ese pescado va a planta y hay mucho trabajo en negro, se saca mucho pescado en bloque y no se declara. Este proyecto le daría un poco más de claridad ese pescado que no se está declarando”, explicó sobre el proceso.  

Por último, María Eugenia Testa, del Circulo de Políticas Ambientales aportó que “nosotros hemos sido parte de las consultas este año y el año pasado, desde 2021 veníamos realizando talleres y eventos para promover la trazabilidad”. “Nos interesa la defensa del ambiente y la posición del sector privado que es la mejor conjunción para sacar una ley que apoye el desarrollo sostenible del mar”, manifestó.

“Consideramos importante la consulta a la industria pesquera, que es una industria generadora de empleo, que genera divisas para el país y tiene riesgos para la inversión y, también, es una actividad se realiza en espacios que son comunes a todos los ciudadanos y explota recursos también comunes a todos los ciudadanos y ahí radica nuestro derecho constitucional de gozar de un ambiente sano”, aseveró Testa.