El proyecto busca garantizar transparencia y prevenir la corrupción mediante declaraciones juradas digitales, interoperabilidad en tiempo real y control automatizado con inteligencia artificial. Incluye la obligación de informar activos como criptomonedas y mantener la rendición de cuentas hasta cinco años después de dejar el cargo.
El diputado nacional Mariano Campero presentó un proyecto de ley que establece un régimen integral de trazabilidad y control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito. La iniciativa deroga la Ley 26.857 y modifica artículos de la Ley 25.188, creando un sistema más riguroso y tecnológico.
La propuesta obliga a presentar declaraciones juradas patrimoniales y de intereses a quienes ocupen cargos en los tres poderes del Estado, incluyendo autoridades nacionales, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, funcionarios del Ejecutivo, representantes sindicales y autoridades de obras sociales. También deberán cumplir gobernadores y ministros provinciales que reciban transferencias no automáticas de fondos nacionales.
Entre las principales novedades se destacan:
El proyecto también prevé sanciones por incumplimiento, que incluyen suspensión de haberes, inhabilitación para ocupar cargos y denuncias penales en casos de falsedad u ocultamiento. Además, establece multas para quienes hagan un uso indebido de la información publicada.
Campero fundamentó la iniciativa en la necesidad de superar las falencias del sistema actual: “El régimen vigente no permitió detectar oportunamente casos de enriquecimiento ilícito. Esta ley incorpora tecnología, trazabilidad y control continuo para garantizar transparencia y confianza en la función pública”.