Tras el fuerte debate que generó la sanción de una Ley que permite apelar fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, salió al cruce de los diputados del Frente de Todos (FdT) que habían asegurado que se trataba de una norma para favorecer al ex presidente Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino.

En ese sentido, el oficialista afirmó en sus redes sociales que “lo que el kirchnerismo pretende hacer oponiéndose al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia es lo que siempre ha hecho: socavar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires” e insistió en que “en todas las provincias de la Argentina, los conflictos judiciales con jurisdicción local se resuelven en la justicia local. La excepción es la Ciudad: en nuestro caso, se ocupan los tribunales nacionales”.

Habiendo planteado esta situación, García Vilas dio un ejemplo concreto: “si una sociedad comercial radicada en Córdoba va a la quiebra, la justicia cordobesa es la encargada de resolver el conflicto. Si esa sociedad es porteña, es la justicia nacional la que interviene. Además de no tener fundamento, es costoso para todos los argentinos”.

“Queremos corregir esta situación. El kirchnerismo se opone diciendo que buscamos una Justicia adicta, pero todos sabemos las verdaderas razones: especulación política y atropello a las instituciones”, sentenció el diputado.

Luego de que se conociera un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que rechaza una acción de amparo para garantizar una vacante escolar a un niño de dos años, los legisladores porteños de la oposición y organizaciones sociales se reunieron en la puerta de la Legislatura de la Ciudad para anunciar que impulsarán un juicio político a los magistrados que “con su sentencia violan la Constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos”.

En ese sentido, la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (FdT), indicó que “los  tres miembros del Tribunal Superior de Justicia de CABA fueron designados por Mauricio Macri y fueron funcionarios. El fallo sobre las vacantes es digno de las políticas del gobierno anterior” y remarcó que “este fallo sienta un antecedente muy grave que puede afectar derechos constitucionales”.

“El Estado está obligado a brindar educación pública, gratuita y laica y no es para los que ‘caemos’ ahí sino que es una decisión que se toma”, señaló y advirtió que “la sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”.

Mientras que la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), aseguró que “la vacante es un derecho y por eso preocupa esta decisión tan restrictiva y regresiva por parte de la Justicia de la Ciudad que limita este derecho” y afirmó que “nuestra Constitución es muy clara en su artículo 24 cuando plantea que el Gobierno porteño tiene la obligación de garantizar el derecho social a una educación pública, laica, estatal y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, pero desde hace años faltan miles de vacantes, sobre todo en el nivel inicial, incluyendo los CPI que ni siquiera dependen del Ministerio de Educación”.

“Esta situación se explica por el desinterés que ha mostrado la gestión de Mauricio Macri, primero, y de Horacio Rodríguez Larreta, después, quitando año tras año recursos a la educación pública porteña, interrumpiendo el Plan Sarmiento a través del que cada estudiante accedía a una computadora, hasta llegar al último presupuesto de ajuste aprobado por el oficialismo y sus aliados para el 2021, donde el área de educación recibió la partida más baja de la historia de la CABA”, añadió.

Por su parte la diputada María Bielli (FdT) argumentó que “la sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura de Rodríguez Larreta”.

Al mismo tiempo que Lucía Cámpora (FdT) se preguntó: “¿a quién se le puede ocurrir que el Estado no tiene la obligación de garantizar las vacantes escolares en jardín? A nadie. A nadie más que a Larreta y al Tribunal Superior de Justicia” y subrayó que “la sentencia del TSJ que rechaza un amparo por vacante para un niño de 2 años es inadmisible. Por eso, desde el FdT vamos a impulsar el juicio político a los magistrados responsables”.

En tanto Matías Barroetaveña (FdT) explicó que “hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se expidió en un fallo insólito en el que determinó que no existe una obligación del Estado de proporcionar educación a toda la población. Este año hubo más de 25 mil niños sin vacantes escolares que quedaron en lista de espera” y advirtió que “mientras tanto la Ministra Soledad Acuña -quien estigmatiza a los docentes- miente sobre 54 escuelas construidas cuando en 10 años solo se construyeron 19. El oficialismo restringe derechos y se dedica a los negocios inmobiliarios, la publicidad y los impuestazos”.

Además el peronista Santiago Roberto (FdT) consideró que “es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública” y subrayó que “lamentablemente para Larreta y la ministra Acuña la Educación pública no es una prioridad y encima tienen el respaldo de la mayoría automática en el TSJ”.

A la vez que Myriam Bregman (PTS) repudió “el escandaloso fallo del Tribunal Superior que restringe el acceso a la educación pública atándolo a condiciones económicas. Sus argumentos son inconstitucionales e inaceptables para quienes defendemos la educación pública” y recordó que “el art. 24 de la Constitución de la CABA determina que ‘la Ciudad asume la responsabilidad indelegable a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior’. Es decir, debe garantizarlo desde los 45 días para quién lo requiera”.

Asimismo indicó que “cada año el jefe de Gabinete de Larreta se presenta en la Legislatura y nos cuenta sobre la construcción de escuelas. Si se hubiesen hecho no nos encontraríamos discutiendo esto” y alertó acerca de que “un puñado de jueces que se cuentan con los dedos de una mano se arrogan el derecho a decidir por las amplias mayorías y de cercenar el derecho a la educación pública a miles de niñas y niños. Son Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano”.

“¿Quién es Inés M. Weinberg? La presidenta del TSJ que convalida la desinversión en educación pública y la organiza según poder adquisitivo, fue propuesta por Macri como candidata a Procuradora y hoy integra el consejo asesor de juristas para la reforma judicial de Alberto Fernández”, sentenció.

La presidenta de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó la decisión del máximo tribunal de CABA sobre la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones para que el Estado en Capital garantice vacantes en el sistema educativo para niños. “Es una decisión que restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución nacional y de Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia”, afirmó la legisladora nacional. 

“Es insólito que ante la presentación del Gobierno porteño para revocar el fallo de primera instancia, el mensaje del Tribunal Superior de Justicia sea ceder a presiones a costa de dejar desamparado el derecho a la educación de millones de niñas y niños”, manifestó Osuna, que agregó: “Desde la Presidencia de la Comisión de Educación venimos trabajando en la dirección contraria, apostando a la inversión educativa como un eje imprescindible para la igualdad y la justicia social”.

Osuna argumentó que “esta determinación judicial violenta distintos pasajes de la Constitución nacional como el artículo 5, que expresa que ‘cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones’, o también el artículo 14 que establece que cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a aprender”.

Según la diputada entrerriana el fallo “viola también la Constitución de la Capital Federal, que en su artículo 24 fija que ‘la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine’”.

“El desafío es garantizar la educación temprana, desde los dos años, sabiendo que cada paso de inversión y desarrollo integral fortalece el proyecto de vida y acentúa la igualdad como eje vertebral del derecho a la educación”, apuntó la presidenta de la Comisión de Educación. “La postura del Gobierno de la Ciudad sobre la educación pública, continuada en los doce años de gestión de Cambiemos, no sorprende, como tampoco las presiones al Poder Judicial. No obstante, estamos ante un fallo que retrasa, desinvierte y marca un antecedente que se contradice con la enorme tradición en esta materia de Argentina en la región y el mundo”, finalizó.