La Cámpora participó este martes de una concentración realizada frente a los Tribunales, donde dirigentes y militantes de la organización expresaron su rechazo a recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia y reclamaron la intervención del Congreso.

Entre los presentes estuvieron la diputada nacional y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; la diputada nacional Paula Penacca; la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el senador nacional Mariano Recalde; y la legisladora porteña Delfina Velázquez.

Durante la jornada, Lucía Cámpora lanzó duras críticas contra los integrantes del máximo tribunal. “Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a nuestra Argentina. Creen que están por encima de los excombatientes de Malvinas y de todo un pueblo que hace solo dos meses salió a la calle a defender la Ley de Tierras y ellos, con su sola firma, lo quisieron voltear”, afirmó.

La legisladora sostuvo además que los magistrados “son la escribanía que necesita Javier Milei para seguir saqueando el país” y los acusó de “proscribir a Cristina” y de derogar una norma impulsada durante los gobiernos kirchneristas.

En ese marco, remarcó la necesidad de una respuesta legislativa frente al fallo cuestionado y pidió que la Cámara de Diputados rechace la decisión del tribunal. “Hay que ponerle un freno a este remate de la Argentina”, señaló.

La movilización reunió a referentes de la organización kirchnerista y se enmarcó en una serie de manifestaciones impulsadas por distintos sectores políticos y sociales para expresar su rechazo a la actuación de la Corte Suprema en asuntos considerados de alto impacto institucional y político.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), retomó este martes las Audiencias Públicas en la que expusieron 17 candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia Federal, entre ellos, el exsecretario del juez Ariel Lijo.

Durante la reunión, que se realizó en el Salón Azul, se analizaron postulaciones para tribunales orales federales, cámaras federales de apelaciones, juzgados federales de primera instancia y fiscalías federales con competencia en distintas jurisdicciones del país, entre ellas la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La audiencia se desarrolló conforme al procedimiento previsto para el tratamiento de pliegos judiciales, permitiendo a los postulantes presentar sus antecedentes, trayectoria profesional y propuestas de gestión ante los integrantes de la comisión. Las mismas continuarán este miércoles 1ero a las 11hs.

El primer expositor fue Bernardo María Rodríguez Palma, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, afirmó: “Vengo a buscar un voto de confianza de su parte”, y recordó que ingresó al Poder Judicial a la edad de 18 años y planteó: “Algo que aprendí es que la Magistratura no se puede ejercer sin humildad porque en el orgullo estriba nuestros primeros errores. No se puede ejercer una función pública si no es al servicio del pueblo de la Nación”.

“También les ofrezco eso un compromiso para trabajar al servicio de todos aquellos que acuden requiriendo justicia, particularmente los más vulnerables”, cerró su breve exposición.

A su turno, Pablo Roberto Toledo, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, contó que ha intervenido “en muchísimas causas penales y, en ese escenario, tengo la visión integrada de haber sido abogado litigante y ser un actor dentro del sistema de justicia. Conozco el fenómeno integralmente y las problemáticas de cada lugar”.

Respecto del Tribunal que aspira integrar comentó: “Está organizado sobre la base de tres secretarías. Hay una mora en las causas que tiene que ver con las ausencias de integrantes naturales, pero la competencia de esa penal gira entorno a causas de la Ley de estupefacientes, pero hay diversas temáticas de delitos que se abordan”.

“Hay un número significativo de causas pendientes de juicio oral que eso obedece a la ausencia durante años de miembros y me comprometo a trabajar para mejorar esa situación con una planificación estratégica con objetivos a corto y mediano plazo para identificar esas causas sensibles y urgentes para darles una solución, así poder bajar la cantidad de causas pendientes, gestionar mejor el flujo de casos y mejorar las metodologías de trabajo”, propuso.

Toledo sostuvo que ese diseño “pienso hacerlo en reuniones conjuntas con funcionarios y empleados que trabajen en el Tribunal para diseñar esas políticas públicas para tener objetivos claves y en un proceso de mejora continua para mejorar la eficiencia y calidad de decisiones”.

Luego expuso Ruth María Ponce de León, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones, quien alertó que la provincia tiene una situación geográfica que “la hace permeable a los delitos federales”.

“Es un Tribunal que tiene mucho trabajo, causas. Tiene a cargo la ejecución de causas con condenas. Cuenta con un solo juez al momento que está siendo subrogado por jueces de otras provincias. La tarea es bastante complicada por el Dr. Cardozo también subroga los juzgados de Chaco y Formosa”, informó.

En tanto, Juan Marcelo Burella Acevedo, postulado a fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, subrayó la importancia de la incorporación de tecnología y la mejora de la eficiencia en el marco del nuevo sistema procesal penal y contó que hasta el 2012 trabajó en esa jurisdicción por lo que “conozco las realidades, los fenómenos delictivos. Las cuestiones de narcotráfico se ven en primer lugar, seguida de contrabando. Son delitos que requieren de investigaciones complejas”.

Por su parte, María Virginia Ise, candidata a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, destacó las audiencias públicas porque “son una instancia de control y de transparencia”.  En esa línea, destacó que “las funciones y cargos que desempeñe me permitieron que hoy pueda tomar decisiones con una mirada integral, en un lenguaje claro”.

“El justiciable tiene que tener un acceso efectivo a la justicia y pensar soluciones útiles para ello”, manifestó y comentó que cuenta con experiencia en los sistemas acusatorios adversarial que contempla el nuevo Código Procesal Penal.

El candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán, alertó que el Tribunal “no cuenta con ningún juez. Se encuentra vacante desde el 2018, 2021 y 2025 en los cuales por razones de jubilación se retiraron y acarrea una mora muy importante”.

“Pese al pedido de subrogaciones no se ha logrado revertir la situación teniendo en cuenta que es un solo Tribunal de una jurisdicción de muchas personas en el cual ingresan entre 350 causas por año. Tiene una mora de 500 juicios por realizar, es una cifra muy alta. Es necesario agilizar y evaluar la situación para solucionar la mora que pesa”, solicitó.

Juan Carlos Riccardini, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal destacó su trayectoria en el ámbito judicial y la necesidad de brindar respuestas tanto a las personas sometidas a proceso como a las víctimas.

“El Tribunal cuenta con dos vacantes hace ya más de 8 años y genera ciertos contratiempos porque hace que el trabajo se vaya acumulando. Pese a ello, las dos vocalías tienen entre 50 y 70 causas en trámite. Confío en que estos números puedan mejorarse cuando se cubran las vacantes. El tiempo de respuesta a la ciudadanía es relevante”, planteó.

El exsecretario del juez Ariel Lijo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, defendió su postulación como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo la investigación de la causa de Martín Isaurralde.

“Ingresé al Poder judicial a los 18 años, pasé por todos los cargos. Actualmente soy Director de la Corte Suprema en la Dirección de Asistencia Judicial en delitos complejos y crimen organizado. Presta asistencia a jueces y fiscales en materia de delitos complejos. La función principal es netamente federal”, contó y sumó: “La jurisdicción de Lomas de Zamora es muy amplia, abarca 10 partidos, tiene diferentes tipologías criminales como lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, corrupción. Pretendo aportar toda mi formación a este nuevo desafío”.

También expusieron Hugo Daniel Froy, candidato a fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, provincia de Corrientes; Paula Vanesa Romeo, candidata a jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal; Maximiliano Daniel Chávez, Andrea Cristina di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena y Fernando Gabriel Zarabozo, postulados como conjueces de los juzgados federales de primera instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó en el Congreso dos proyectos de ley destinados a ampliar la estructura judicial federal en el conurbano bonaerense mediante la creación de juzgados de primera instancia con asiento en San Isidro y Morón. La iniciativa apunta a descomprimir el alto volumen de causas que hoy tramitan en los juzgados federales de General San Martín —referencia histórica para los partidos del norte y del oeste del Gran Buenos Aires— y a mejorar la cercanía territorial para los vecinos de las zonas involucradas.

Los proyectos responden al crecimiento sostenido de la litigiosidad en ambas regiones del conurbano. Según los fundamentos presentados, los juzgados de San Martín atraviesan una situación de saturación crítica, con casi 500.000 causas en trámite distribuidas solo en dos tribunales, lo que genera demoras de meses y hasta años en procesos de todo tipo. A esta sobrecarga se suma la necesidad de los justiciables de trasladarse largas distancias para iniciar y seguir expedientes, lo que implica un obstáculo adicional para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Un juzgado federal para San Isidro

El primero de los proyectos crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con asiento en San Isidro, que contará con dos secretarías y tendrá jurisdicción sobre los partidos de San Isidro, Tigre, San Fernando y Vicente López.

También propone la creación de una fiscalía y una defensoría de pobres, incapaces y ausentes, y redefine la competencia territorial de los juzgados de San Martín, que dejarán de intervenir en las causas provenientes de esos cuatro distritos.

Según los fundamentos, la zona norte concentra más de un millón y medio de habitantes y una actividad económica en permanente expansión. El crecimiento demográfico y comercial no fue acompañado por una actualización equivalente de la estructura federal, prácticamente inalterada desde la década de 1950.

Otro tribunal para Morón

El segundo proyecto impulsa la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con sede en Morón, también con dos secretarías y una fiscalía y defensoría asociadas. Tendrá competencia sobre Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz.

Esta iniciativa replica el mismo criterio de reorganización territorial, excluyendo a esos distritos de la competencia de los juzgados federales de San Martín y asignándolos al nuevo tribunal.

Los fundamentos del proyecto destacan que la zona oeste —que incluye a La Matanza, el distrito más poblado de la provincia— supera los cuatro millones de habitantes y registra un fuerte incremento de litigiosidad, que la estructura actual ya no consigue absorber.

Ambas iniciativas subrayan la importancia de garantizar el acceso a la justicia, un derecho constitucional que hoy se ve afectado por la demora excesiva en la resolución de conflictos y por la distancia física entre los ciudadanos y los tribunales federales. También señalan que la creación de nuevos juzgados es una práctica parlamentaria consolidada, enmarcada en las facultades del Congreso para organizar los tribunales federales inferiores sin necesidad de modificar la estructura general del Poder Judicial.

Los proyectos incluyen además disposiciones transitorias para que las causas ya radicadas en San Martín continúen tramitando allí hasta su conclusión, y establecen que la Cámara Federal de San Martín será tribunal de alzada de los nuevos juzgados.

Galmarini plantea que la ampliación de la estructura federal permitirá una “distribución más equitativa de las causas, mayor celeridad procesal y una mejora sustancial en la calidad del servicio de justicia”, en línea con políticas de fortalecimiento institucional y eficiencia administrativa.