Luego de que los familiares denunciaran incidentes con efectivos de la Policía de la Ciudad, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución para que el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, sea interpelado en la Legislatura por el operativo policial en el marco de la movilización del pasado 27 de septiembre, que exigía justicia por Morena, Brenda y Lara.

Además, buscará que el funcionario de cuenta de qué medidas se están llevando adelante para determinar los responsables materiales e intelectuales y toda la cadena de mandos que llevó al hecho, y sobre el funcionamiento de estas redes delictivas en la ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista afirmó que “en el marco de la movilización del pasado sábado 27 de septiembre, un operativo de la Policía de la Ciudad, al mando del ministro Horacio Giménez, llevó adelante una represión sobre un sector de los manifestantes que estaban reclamando justicia y que se investigue a fondo el narcofemicidio que terminó con la vida de Morena, Brenda y Lara. En este contexto, fueron brutalmente reprimidos los propios familiares, incluida la misma madre de Morena”.

“Este hecho que conmocionó al país los últimos días, es parte de una estructura criminal que funciona cotidianamente en los barrios más pobres del país. La extensión del narco en las villas y barrios populares son una consecuencia directa de la falta de trabajo genuino, los bajos salarios, el ajuste a los centros de atención de adicciones, el recorte a los comedores populares y el ataque por parte de los gobiernos a las organizaciones que son un freno ante estas redes delictivas. Los blanqueos de capitales aprobados en los últimos años y el hecho de que los puertos se mantengan en manos privadas permiten que estas bandas delictivas puedan continuar con su accionar sin ser investigadas”, aseveró.

Asimismo, Solano planteó que “es evidente la responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos en que proliferen estos negocios a costa de la salud y la propia vida de la población, sobre todo en la juventud” y consideró que el hecho de que “el femicidio haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires y que haya sido realizado por una banda que opera sobre todo en la CABA, en el barrio de Bajo Flores, muestra el entramado de estos grupos con el Estado en todo el territorio. No es sino con la connivencia de las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político que pueden llevar adelante su accionar”.

“Es necesario que quien encabeza el ministerio de Seguridad del distrito de cuentas de la feroz represión que se llevó a cabo contra los familiares de las víctimas, como así también de qué es lo que se está realizando para terminar con el funcionamiento de estas redes en la ciudad”, sentenció.

Con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, como autora, un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para expresar absoluto repudio al triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados en una vivienda en la localidad de Villa Vatteone en Florencio Varela.

Del mismo modo, la iniciativa reiteró la necesidad de fortalecer la construcción de políticas públicas integrales de prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género, desde el enfoque de la interseccionalidad, asegurando los recursos suficientes para su implementación en todo el territorio nacional.

En una tercera instancia, exhortan a las autoridades judiciales competentes a que se arbitren las medidas necesarias para garantizar una investigación rápida y efectiva, con perspectiva de género, que permita el esclarecimiento del hecho y la sanción de los responsables de este nuevo hecho de violencia extrema por razones de género en nuestro país.

El texto encabezado por Mónica Macha fue acompañado por Brenda Vargas Matyi, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Natalia Zaracho, Sabrina Selva, Julia Strada, Varinia Marín, Gabriela Estévez y Carolina Yutrovic.

En los fundamentos, señalaron que “este triple femicidio, pone en evidencia una vez más, las múltiples dimensiones de la violencia de género en la Argentina”. “Las mujeres, especialmente las más jóvenes y las que viven en condiciones de vulnerabilidad, son las principales víctimas de un entramado social y económico, donde la violencia machista se cruza con la inserción del narcotráfico que opera como factor de degradación social y de reproducción de violencias extremas”, explicaron.

Asimismo, plantearon que “es insoslayable la estrecha relación que existe entre la violencia femicida, la vulnerabilidad social, la falta de oportunidades, el crecimiento del narcotráfico en los barrios más empobrecidos y la ausencia de políticas públicas integrales”, y añadieron que “la precariedad social y económica constituye un terreno fértil para que se profundicen las redes de violencia, criminalidad y sometimiento de mujeres y jóvenes”.

“Es cada día más urgente fortalecer políticas públicas que integren la perspectiva de género con una estrategia contra la pobreza y el narcotráfico, garantizando educación, salud, trabajo digno y espacios comunitarios seguros, con especial atención en los sectores populares donde estas problemáticas se combinan de manera más cruenta”, consideró la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados.

En el final del texto, señaló que “no debe soslayarse que el desmantelamiento de programas de género y la promoción de discursos anti feministas y negacionistas de la violencia de género desde espacios de poder agravan aún más este escenario que nos sólo desconoce la magnitud del problema, sino que alimenta un clima social de hostilidad y naturalización de la violencia machista”.