El presidente del bloque UCR de Tucumán insistió en que el gobernador no acepte el pedido de renuncia del juez que intervino en la causa del femicidio de la docente de inglés Paola Tacacho.
El legislador tucumano José María Canelada presentó un pedido para que se constituya el jurado de enjuiciamiento y se desplace al juez Francisco Pisa por su “repudiable” intervención en la causa de Paola Tacacho; a la vez que pidió a la Corte Suprema que intervenga auditando todas las causas que tiene el magistrado por violencia de género. “Quizás estamos a tiempo de evitar otro femicidio, por la desidia de este juez que es una vergüenza para los tucumanos”, sostuvo el presidente de la bancada del radicalismo.
El femicidio de Paola Tacacho conmocionó a todo Tucumán. La profesora de inglés había realizado al menos 13 denuncias en el fuero penal contra quien finalmente fuera su perpetrador, una en el fuero civil por daños y perjuicios y obtuvo una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una habría llegado a pedido de elevación a juicio, pero el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.
El juez tucumano Francisco Pisa, que intervino en una de las denuncias que realizó la docente, presentó su renuncia este miércoles por la mañana, luego de que se presentaran dos pedidos de juicio político contra él.
“Este juez debió dictar sentencia de manera rápida, con perspectiva de género, contemplando que había una mujer que venía denunciando acoso y amenazas desde hacía años. Pero Pisa se tomó nueve meses para resolver un tema urgente y archivó la causa, sobreseyendo al acosador. El final de todo este proceso mal llevado fue un femicidio”, advirtió.
Canelada afirmó que Pisa no puede seguir en la Justicia: “Es aterradora la idea de que este señor pueda ser el causante de otro femicidio en Tucumán, por eso es que también le he pedido la auditoría a la Corte. De Pisa no se puede esperar nada, es un juez que ha venido a garantizar la impunidad”, dijo. Y añadió: “La Corte debe intervenir con énfasis y dejar de mirar al costado. Están pasando cosas muy graves en la Justicia de Tucumán. Le pedimos que deje de tener una actitud absolutamente negligente frente a lo que pasa y que se ponga los pantalones largos porque lo que ha pasado es de una gravedad inusitada”.
El intendente de Cambiemos cuestionó la reaparición pública del exmandatario: “No tiene un año de haberse ido y desde Ibiza quiere bajar línea política”. Además, criticó al gobierno provincial por la falta de autocrítica en el manejo de la pandemia.
El intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro, integrante de Cambiemos, se refirió a la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri, y consideró que “lo mejor que puede hacer por la república es quedarse callado”. Y agregó: “Macri no tiene un año de haberse ido y desde Ibiza quiere bajar línea política”.
En diálogo con La Gaceta de Tucumán, el intendente de la ciudad más grande del norte argentino, advirtió que el gobierno provincial “dispone de todas las mayorías: Cámaras, Consejos Deliberantes, Corte Suprema”, y que entonces la convivencia se hace difícil, “uno termina gritando en el desierto. Porque el problema más grande pasa por el régimen electoral. La gente está enojada con el actual gobierno, con Manzur, con Jaldo. Pero cuando se pregunta quién gana las elecciones, la gente te responde que el peronismo”. Por esto, Alfaro sostuvo que el voto no es genuino: “El sistema se ha transformado para los que tienen dinero; el que no lo tiene, no puede participar en esto. Alperovich nos dejó esta degradación institucional”.
Respecto a la cooperación con el gobierno provincial durante el comienzo de la pandemia, el intendente señaló que “en crisis hay uno sólo que conduce. Y más aún, teniendo un gobernador sanitarista, que había sido ministro de Salud de la Nación, de la provincia, lo mínimo que podía hacer era ponerme a disposición”; pero manifestó que ahora, cuando se desborda la situación “empiezan a buscar culpables: cuando los contagios suben la culpa la tiene Alfaro, y yo no tengo un respirador, no hay un hisopado. Cuando el transporte no funciona la culpa la tiene Alfaro, y yo no entrego subsidios. Ahora la culpa no la tiene Alfaro, la tienen los trolls, los desestabilizadores. Acá están jugando al rey desnudo, hay que hacer una autocrítica”.
Por otro lado, sobre la reaparición del expresidente Mauricio Macri consideró que “lo mejor que puede hacer para la república es quedarse callado. Cuando un presidente sale, tiene sus tiempos y eso se llama silencio. Aquí, la historia va a juzgar. Macri no tiene un año de haberse ido y desde Ibiza quiere bajar línea política. Lo que mejor que podría haber hecho era quedarse callado y que la historia lo juzgue”.
Finalmente, consultado si se arrepiente de haber de haber participado en su gobierno, relató: “Cuando yo dejé el partido Justicialista, yo no usurpé ningún cargo. Yo me fui, y armé mi propio partido. Y fui intendente no por el partido Justicialista, fui intendente por una coalición donde había peronistas y de otros partidos. La verdad, yo siempre hice lo que pensaba. Macri antes de tirarnos agua en el desierto, nos tiraba sal, y siempre se lo manifesté. Macri tenía mucha expectativa, creo que era la esperanza de la clase media. Después pasó a ser la desilusión. Tuvo su oportunidad y no supo manejarla”, concluyó.
Luego del trágico fallecimiento de un niño que cayó a una pileta en un complejo turístico de Tucumán, la legisladora nacional Beatriz Ávila busca modificar la ley.
La diputada nacional Beatriz Ávila presentó el proyecto de ley “Benicio”, en homenaje a un niño tucumano que falleció luego de caer a una pileta de un complejo turístico de Termas de Río Hondo, que no contaba con equipo desfibrilador externo automático, ni con personal capacitado en reanimaciones cardio respiratorias.
El proyecto busca modificar la Ley 27.159 “Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados con Acceso Público” sancionada en julio de 2015, pero que jamás fue reglamentada, y garantizar que espacios públicos y privados cuenten con desfibriladores, así como la capacitación del personal para su uso.
“Mi propósito como diputada es trabajar por la salud integral, por ello presenté un proyecto de ley para modificar el Art 12 de la Ley 27.159 de muerte súbita. Vivir en comunidad implica tomar conciencia de la vida y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance como servidores públicos. Mi compromiso es seguir brindando seguridad y salud para todos”, manifestó al respecto la legisladora del partido por la Justicia Social de Tucumán.
La legisladora nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de resolución reclamando que se incluya en el próximo presupuesto general una partida suficiente para cubrir la ejecución de la totalidad de las obras faltantes de la Escuela de la Patria, legado belgraniano.
La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto para licitar la realización de la segunda etapa de la Escuela de la Patria, el legado que dejó el general Manuel Belgrano en Tucumán para todos los niveles educativos.
Se trata de una deuda de 1813, cuando el abogado devenido en militar decide aceptar una recompensa por triunfos en batalla, y los destina para la construcción de cuatro escuelas a favor de las provincias de Tarija (hoy Bolivia), Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán; pero que con el tiempo, tres de las escuelas se construyeron, menos la de Tucumán, ya que, por distintas circunstancias, los gobiernos que se sucedieron hasta la organización nacional, y posteriormente a ella jamás remitieron a la provincia ni un peso del dinero adjudicado a Belgrano y donado por éste a los fines mencionados.
La legisladora del partido por la Justicia Social de Tucumán advirtió que recién en 1998 se remitió el dinero para sólo para la primera etapa de la obra; que el Ministerio de Educación de la Nación sólo efectuó un único llamado a licitación por los medios escritos de comunicación de todo el país, para la construcción de esa etapa y es lo único que se construyó.
Ávila recordó que, durante su gestión como diputado de la Nación por Tucumán, Miguel Camel Nacul presentó un proyecto de ley para conseguir la correspondiente reparación mediante el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, y que así, luego de 185 años, en 1998 el Ministerio de Educación de la Nación remitiera a la provincia la suma de US$ 1.930.00 que cubría aproximadamente, la mitad del presupuesto total de la obra aprobada por el referido organismo, y alcanzaba para ejecutar sólo la primera etapa de ella.
El Ministerio de Educación de la Nación llamó a licitación pública por esa primera etapa, y se adjudicó a una empresa que cotizó los trabajos en $1.630.966 y ejecutó las obras. Años después, durante la gobernación de José Jorge Alperovich, se obligó a la provincia que devolviera el remanente de $299.033 ya devaluados, retenidos durante la gestión de Julio Miranda en 2002, en obras que se realizaron por ese monto en el mismo edificio escolar, y hasta allí se pudo avanzar.
Por esto, la legisladora denuncia que disponen de “un edificio a medio construir”, en el que ue cursan casi 3.500 alumnos provenientes de familias sin demasiados recursos. “Un edificio que debería ser orgullo no solo para los tucumanos sino para la Nación toda. Punto de encuentro y honra al prócer de la patria que murió en total pobreza, marginado del escenario institucional de entonces, luego de servir incondicionalmente a la causa de la independencia”, expresó en los fundamentos del proyecto.
El presidente de Diputados analizó con el gobernador tucumano la situación económica y productiva de la provincia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este miércoles con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, funcionarios y diputados nacionales de esa provincia.
Durante el encuentro, que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara baja, analizaron la situación económica y productiva de Tucumán.
Del encuentro participaron Roberto Moreno (intendente de Trancas), Ricardo Abad (secretario de Vialidad provincial), Augusto Guraiib (Sociedad Aguas de Tucumán), Marcelo Caponio (subsecretario de la Unidad Belgrano Norte Grande del Ministerio de Obras Públicas de la Nación) y el diputado nacional Carlos Cisneros (Frente de Todos).
Manzur viajó a Buenos Aires por distintas gestiones, entre ellas una asistencia financiera por “más de 1.800 millones de pesos” para obras de agua potable y saneamiento.
La senadora radical se refirió al asesinato del trabajador, a manos de la Policía tucumana, y acusó al kirchnerismo de tener “doble vara” y “proteger a los gobernadores amigos”.
La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) repudió “la falta de definiciones” del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza, a manos de efectivos de la Policía tucumana.
“El silencio del presidente Alberto Fernández sobre el crimen de Luis Espinoza hace un ruido atronador. El kirchnerismo mantiene su doble vara para mirar la realidad y protege a los gobernadores amigos de su responsabilidad política”, sostuvo la radical.
La legisladora de Juntos por el Cambio exigió “el compromiso público del presidente y de su ministra de Seguridad (Sabina Frederic) para terminar con los abusos institucionales y la impunidad en todo el país”.
“Hay una velocidad notable para responder o cuestionar cuando se trata de temas que forman parte del relato oficial, pero cuando los hechos involucran o comprometen a quienes forman parte de su espacio político, miran para otro lado. Ese es el kirchnerismo en su máxima expresión”, disparó.
Además, Elías de Pérez consideró que el Ministerio de Seguridad de la Nación “debe pedir explicaciones a las autoridades tucumanas sobre lo sucedido y comprometerse en un debate de fondo sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Tucumán”.
“El crimen de Espinoza es la punta de un iceberg. Hay años de atrocidades e impunidad garantizada por el poder político. Eso no puede continuar”, enfatizó la senadora tucumana.
Se trata de la última provincia en adherir a la ley que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
La provincia de Tucumán adhirió a la “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de género entre la totalidad de los agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al aprobar la Legislatura provincial el proyecto oficialista que finalmente se impuso ante la postura de un sector de la oposición que buscaba la sanción de una norma alternativa.
El dictamen de mayoría fue sancionado con 39 votos a favor y ocho en contra, ya que a la bancada de Fuerza Republicana -espacio que lidera Ricardo Bussi y que propuso el rechazo del dictamen- se unieron los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci, ambos del Partido por la Justicia Social.
“Hemos aprobado la ‘Ley Micaela’ por abrumadora mayoría y de esta forma estamos dando cumplimiento a la adhesión que realizaron todas provincias del país”, señaló el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.
El vicegobernador destacó que la norma tiene una “pequeña modificación” ya que “la autoridad de aplicación en la provincia estará a cargo de las máximas autoridades de los tres poderes”, el gobernador Juan Manzur (Ejecutivo), la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar (Judicial) y Jaldo (Legislativo).
Se espera que la ley sea promulgada en las próximas horas por el gobernador Manzur, quien se comprometió a dar ese paso “lo antes posible” para que la norma entre en vigencia en la provincia.
Jaldo destacó el nivel que tuvo el debate, que duró más de tres horas, ya que “nos escuchamos respetuosamente antes de votar este importante proyecto”.
La legisladora Sandra Girado apoyó el proyecto oficialista ya que “resulta indispensable que todas y todos estemos capacitados para entender que se busca en las luchas feministas” y recordó que “Micaela fue una militante que buscaba una Argentina igualitaria”.
Otro integrante del bloque justicialista, Gonzalo Montero, indicó que “la mejor manera de erradicar la violencia en combatirla con educación”, y expresó que “la ley no es una ideología, si no una herramienta”.
Uno de los que votó en contra es Albarracín, quien justificó su posición al señalar que “la ley Micaela tiene un fin noble, pero está cargada de ideología y si lo que queremos es eliminar la violencia hacia la mujer, que se la respete y se la cuide, pero con una mirada más amplia”.
Por su parte, el radical José Ascárate cuestionó duramente la posición de FR y sostuvo que “el discurso de la legisladora Nadima Pecci -integrante de ese bloque- me pareció machista”, y tras defender la posición de sus pares sostuvo que “es necesario educar en contra del machismo y en contra de las relaciones de poder”.
Tucumán se convirtió en la última provincia que adhirió a “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La norma es denominada así por Micaela García, una joven de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.
El gobernador tucumano acompañó al intendente de la capital provincial en la recorrida del Centro de Atención y Recuperación de pacientes con Covid 19, que cuenta con 130 camas y consultorios para el eventual tratamiento de pacientes con cuadros leves de coronavirus.
El gobernador de Tucumán Juan Manzur y el intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro recorrieron el Centro de Atención y Recuperación de pacientes con Covid 19 que fue habilitado en las instalaciones del complejo municipal Teniente Ledesma, ubicado en avenida Sarmiento y 25 de Mayo. En este predio, la municipalidad de San Miguel de Tucumán equipó salas con más de 130 camas y consultorios para el eventual tratamiento de pacientes con cuadros leves de coronavirus.
“Este es un pequeño granito de arena del municipio de San Miguel de Tucumán. Estamos aportando infraestructura, recursos humanos, materiales; y lo hicimos en tiempo record, con un esfuerzo muy grande, en coordinación con el gobierno de la provincia”, señaló Alfaro.
El intendente de la capital hizo hincapié en la importancia de aunar esfuerzos entre el municipio y el Estado provincial para enfrentar la pandemia. “Hoy tenemos mantenernos unidos, de esta situación no sale nadie en forma individual. Hoy el clamor de la gente es que trabajemos juntos”, destacó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por su esposa, la diputada nacional Beatriz Ávila.
El gobernador Manzur valoró la iniciativa de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. “Como gobernador, lo único que tengo son palabras de agradecimiento para el intendente Alfaro y su equipo de colaboradores. En tiempo record montaron prácticamente un hospital más en Tucumán en el complejo Ledesma, con personal médico y siguiendo todos los criterios sanitarios, para que en caso de ser necesario, poder utilizarlo para tratar pacientes coronavirus positivo, de baja y mediana complejidad”, resaltó el mandatario provincial.
El gobernador reiteró las expresiones de gratitud hacia el jefe comunal. “Le agradezco por el gesto, el apoyo y el acompañamiento, en este momento complicado e inédito que está viviendo la humanidad”, señaló.
Por su parte, la diputada Ávila sostuvo que “es importante rescatar el trabajo que se está haciendo, sin grietas, sin banderas políticas, con el único objetivo de salvar las vidas de muchos tucumanos”. La parlamentaria destacó que el centro habilitado por la municipalidad de la capital en la sede del complejo deportivo municipal “es un mini hospital ubicado en un lugar neurálgico, con más de 130 camas, con ambulancias las 24 horas, profesionales de salud, enfermería, consultorios y totalmente equipado con recursos municipales”.
El nuevo Centro tiene una ubicación estratégica por su proximidad con el Hospital Centro de Salud “Dr. Zenón J. Santillán”, sito en avenida Avellaneda 750, que es uno de los “nodos de contingencia” que conforman la red de hospitales de la provincia preparados para tratar los casos de COVID-19. Además, el predio del complejo Ledesma cuenta con el servicio de ambulancia las 24 horas.
Del recorrido por el flamante centro para la atención de pacientes con coronavirus participaron la ministra de Salud Pública provincial, Rossana Chahla; funcionarios municipales y provinciales; los legisladores Raúl Albarracín, Federico Masso, Walter Berarducci y Raúl Pellegrini; y los concejales Daniel Alfaro, Cristian Petersen, Rodolfo “Jhonny” Ávila y Alfredo Toscano, entre otras autoridades.
Los nueve legisladores por ese distrito podrán conectarse virtualmente desde el Salón Blanco del edificio, donde dispondrán de los equipos necesarios.
El Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Tucumán será especialmente equipado con la infraestructura tecnológica necesaria, pantallas y otros equipos audiovisuales para que los diputados nacionales de la provincia puedan sesionar de forma remota desde allí, informaron voceros del Poder Ejecutivo local.
La iniciativa de brindar el espacio fue comunicada por el gobernador Juan Manzur al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, según consignó la agencia Télam.
En los próximos días, el Congreso de la Nación sesionará por primera vez de forma virtual, en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.
Los nueve diputados por Tucumán son Nilda Carrizo, Carlos Cisneros, Mario Leito, Gladys Medina, Pablo Yedlin (Frente de Todos); Domingo Amaya, Lidia Ascárate, José Cano (Juntos por el Cambio); y Beatriz Ávila (Unidad Federal para el Desarrollo).
Dada la persistencia de cortes ordenados por algunos intendentes en Tucumán, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez pidió que se refuercen los controles en la ruta.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic que refuerce los controles en las rutas para permitir y garantizar la libre circulación de provisiones y alimentos esenciales, teniendo en cuenta que persiste en amplias regiones cortes ordenados por algunos intendentes o jefes comunales.
En una misiva, la legisladora tucumana le transmitió a la ministra de Seguridad: “Soy consciente de los esfuerzos que se están realizando a los fines de asegurar la circulación en rutas nacionales, como bien lo ha mencionado, las provincias tienen límites, pero no fronteras. Sin embargo, los problemas de circulación en las rutas de la provincia de Tucumán y sus vecinas no han cesado. Actualmente, las dificultades se centran en la movilidad de los productores rurales, quienes son la fuente de la provisión de alimentos para nuestra región y país. Los inconvenientes por lo general ocurren en las ciudades aledañas al límite provincial, y en la mayoría de los casos surgen por atribuciones que toman impropiamente los intendentes locales”.
La senadora -quien planteó este tema al ministro de Trabajo durante la visita virtual del mismo a la comisión del Senado- aportó ahora a la ministra de Seguridad los puntos donde se están produciendo estos cortes no autorizados que impiden la libre circulación de bienes y productos considerados esenciales:
La senadora radical explica en la carta enviada que el Decreto 297/2020 ha limitado el derecho a la libre circulación, “argumentando la necesidad de contener la transmisión y reproducción del virus CoV-Sars2, causante de la pandemia de Covid 19, fundándose en los Art. 12° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 22° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Sin embargo, el mismo decreto en su artículo 6° ha exceptuado de esta prohibición de circular a las personas afectadas a un conjunto de actividades determinadas como esenciales, son estas las personas que aún hoy no pueden realizar libremente su tarea debido a las trabas que algunos intendentes han establecido”.
Atento a ello, la senadora nacional solicita a Frederic que se le garantice desde el Estado nacional la libre circulación a los productores de bienes esenciales “sin dejar de descuidar los controles sanitarios correspondientes en estos tiempos de pandemia, que cubran las precauciones para los operarios de la circulación, para la mercadería que circula y para los pobladores de las localidades por los que estos productos circulan”.
Se aprobaron una serie de normas vinculadas a la emergencia epidemiológica, entre ellas la transferencia de casi $300 millones para la compra de equipamientos.
Los legisladores tucumanos sesionaron con barbijos y en cumplimiento de las distancias establecidas en los protocolos sanitarios referidos a cómo actuar ante la pandemia de coronavirus, tras cumplir un período de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Se trató de una medida dispuesta por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, tras confirmarse que los legisladores Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y José María Canela (UCR) -ninguno estuvo presente- dieron positivo en los estudios de coronavirus.
De esta forma, la Legislatura provincial presentó así un inusual panorama durante una sesión en la que se aprobaron una serie de normas vinculadas a la emergencia epidemiológica, entre ellas la transferencia de casi $300 millones para la compra de equipamientos que se destinarán a la lucha contra la pandemia.
Bancas vacías para garantizar el distanciamiento, además de legisladores y empleados cubriendo sus rostros con barbijos, fue parte de las escena que pudo apreciarse en el recinto durante la sesión que se prolongó por varias horas y fue presidida por Jaldo.
Entre las medidas aprobadas, el Poder Legislativo destinó $293.000.000 al ministerio de Salud de la provincia para la adquisición de equipamientos, insumos y contratación de servicios para enfrentar al coronavirus.
También quedó establecida la reducción del monto de las dietas que perciben los legisladores en un 50% por los meses de abril, mayo y junio del corriente año y se aprobó el sistema de fiscalización, control de abastecimiento y precios máximos respecto de los productos esenciales, mientras dure la emergencia sanitaria.
Por iniciativa del oficialismo se aprobó además un proyecto que establece la suspensión en el descuento automático que registran los haberes mensuales de los empleados públicos que adquirieron préstamos personales ante el Banco Macro, entidad financiera oficial de la provincia desde 1996.
“Las (próximas) dos cuotas, correspondientes a abril y mayo, serían prorrateadas a partir de junio en las demás cuotas restantes”, explicó el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, aunque la medida entrará en vigencia si es promulgada por el gobernador Juan Manzur.
