Ante la nueva reglamentación del turismo estudiantil, la diputada santacruceña Ana María Ianni (UP) elevó un pedido de informes al Gobierno Nacional para obtener información sobre el nuevo Reglamento de Turismo Estudiantil porque “no podemos permitir que nuevamente los estudiantes se vean expuestos a posibles estafas y que el Estado mire para otro lado”.

La iniciativa busca aclarar ciertos aspectos para “llevar tranquilidad tanto a los operadores turísticos como a las familias que contratan los viajes”. El proyecto de resolución fue presentado en la Cámara baja con el acompañamiento de un nutrido número de legisladores nacionales.

La misma se basa en la preocupación que generan para el sector turístico estudiantil las nuevas reglamentaciones relacionadas a los viajes de estudios y a los viajes de egresados, como así también, las cuestiones relacionadas a las garantías que tienen los turistas-usuarios o sus representantes legales en los casos de incumplimiento contractual, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que realizan las familias para que estos viajes se puedan concretar.

“La normativa es confusa”, manifestó Ianni y cuestionó: “Hemos retrocedido muchos años dejando otra vez a la deriva a un sector tan sensible como es el que trabaja con estudiantes, donde todos sabemos de las estafas e incumplimientos que hemos sufrido con los viajes de egresados tiempo atrás”.

En esa línea, explicó: “Es un tema por el que toda la sociedad pidió al Estado una intervención para controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos, algo que se había logrado con la implementación del Fondo Fiduciario conocido como ‘Cuota Cero’ y otra serie de requisitos que debían cumplir las agencias y los coordinadores a cargo de los grupos de menores en viaje, un tema muy delicado dado que con la nueva reglamentación se han eliminado una serie de exigencias que eran mandatarias para ocupar ese rol”.

En la iniciativa argumenta que con la desregulación que impulsa el Estado nacional para el sector turístico estudiantil, “no hay seguridad ni tranquilidad de que no se presenten inconvenientes y, en caso de ocurrir, de que se pueda asumir de manera rápida y ágil una solución a los consumidores”. Asimismo, con la nueva normativa los viajes podrían encarecerse ya que no se sabe quién asumirá el costo de la contratación del seguro de caución.

En este sentido el documento pide precisiones acerca de los mecanismos de acción, prevención y fiscalización de la autoridad de aplicación, requisitos y alcance para formalizar los certificados habilitantes, aspectos sobre la garantía y seguros en caso de incumplimiento, requisitos para los coordinadores de los grupos, entre otra serie de preguntas.

“El objetivo es alertar a tiempo para no tener que lamentar después inconvenientes que podrían haberse evitado”, aseguró Ianni.

La diputada nacional Ana María Ianni (UP – Santa Cruz), junto a otros legisladores, presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional brinde detalles sobre los mecanismos y procedimientos por los cuales se dio validez legal a la cesión de la base de datos que se concretó días atrás en favor de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), y que dio lugar a la creación de un nuevo Registro Nacional de Agencias de Viajes.

Entre los fundamentos, Ianni explica que la inquietud surgió a partir del anuncio oficial por parte de las autoridades de la Federación que agrupa a las Agencias de Viajes de todo el país sobre este nuevo Registro, donde “se agradece públicamente a la Subsecretaría de Turismo de la Nación por la cesión de los datos”.

La diputada expresó su preocupación por esta novedad, ya que “no habría instrumento legal que ampare la cesión de esta base de datos pública a un organismo privado”.

“Entendemos que tiene que haber un respaldo legal para trasladar una información tan sensible teniendo en cuenta que con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia Nº70/23 este registro estaba en poder de la Dirección Nacional de Turismo, la cual, a su vez, debía velar por la inscripción, monitoreo y aplicación de sanciones si fuese necesario”, manifestó la opositora.

La iniciativa busca saber sobre la legalidad de esa operación, y pide especificaciones también acerca del cumplimiento de las leyes de protección de datos personales, “dado que no hay constancia de que las agencias que pasan a formar parte automáticamente del nuevo registro hayan prestado expresa conformidad”.

Asimismo, se piden precisiones acerca la situación de las agencias que desarrollan el turismo estudiantil, sobre la conformación del consejo consultivo que incluye a miembros del Consejo Federal de Turismo, y aclaraciones acerca de la titularidad de la plataforma digital.