Durante la segunda jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, defendió las modificaciones que se prevén sobre la Ley de Bosques, la Ley de Actividades de Quema y la Ley de Glaciares. 

“Todo nuestro accionar desde la subsecretaría de Ambiente está enmarcado en el artículo 41 de la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que son casi nuestra biblia. Pero estamos con el desarrollo sustentable y eso tiene tres aristas, lo ecológico, lo económico y lo social”, sostuvo. 

La funcionaria afirmó: “Les podemos asegurar que vamos a acompañar todos los compromisos que la Argentina ha asumido durante estos años con el Acuerdo de París y la COP28, así que no hay que tener temor de que no vamos a cumplir con eso”, y entre esos temas mencionó la reducción de los gases de efecto invernadero. 

Luego resaltó el valor del Consejo Federal de Ambiente, al señalar que “los recursos naturales son de las provincias, así que para nosotros es fundamental sentarnos todos juntos y delinear la política ambiental del país”. 

Yendo al proyecto de “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Lamas informó que de las modificaciones que se proponen a la Ley de Bosques se eliminará una de ellas. “Por un error se incluyeron las categorías I y II y esto se va a eliminar de la ley”, dijo en referencia a que se quitaban las exigencias previstas en la Ley General de Ambiente sobre la información que deben proporcionar al Estado las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sobre las actividades ambientales que desarrollen en distintas zonas clasificadas como categoría I, de color rojo, que alude a áreas de “muy alto valor de conservación que no deben transformarse”, mientras que la categoría II son “sectores de mediano valor de conservación”. 

Sobre la Ley de Actividades de Quema, la subsecretaria apuntó que “es una actividad permitida” que se realiza “por cortafuego, por gestión de combustibles” y “tenemos que permitir que las actividades productivas soliciten estas quemas”, siempre y cuando “con el control de esto lo hacen las jurisdicciones y con todos los cuidados que hagan falta”. 

En tanto, sobre la reforma de la Ley de Glaciares aseveró que se busca “brindar una definición y una seguridad jurídica respecto a qué estamos hablando”. “Nunca los glaciares van a ser tocados para hacer cualquier tipo de actividad, tampoco los periglaciares activos, sólo estamos diciendo que las provincias tienen la facultad, con sus leyes de impacto ambiental, de verificar que sobre el periglaciar que se quiera hacer alguna actividad no haya ningún impacto, sobre todo en los temas hídricos”, expresó. 

Cambios en la legislación de turismo 

A su turno, la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, se refirió a las tres leyes derogadas mediante el DNU 70/23 (Ley de Reglamentación Hotelera, Ley de Agencias de Viajes y Ley de Servicios Turísticos de Tiempo Compartido) y argumentó que eran “leyes vetustas, que no tienen aplicabilidad, que datan de los años ‘70 y ‘60. Conforme a lo que es la actualidad no tienen aplicación”. 

“Todos sabemos que el turismo es una de las actividades económicas y sociales más importantes que tenemos en la Argentina, generadora de 1.200.000 puestos de trabajo, con 23.000 mil empresas del sector”, valoró y dijo que esta actividad “genera arraigo en muchísimas localidades y retiene el talento joven”. En esa línea, prometió: “Vamos a trabajar para que el turismo siga siendo federal y se pueda trabajar con todas las provincias”. 

Sobre los cambios que propone la ley ómnibus, Martínez habló que se trata de “una adecuación a la reglamentación existente para poder darle más posibilidades al sector privado y que no tenga restricciones desde el sector público”. 

El proyecto propone la derogación de la Ley 17.752 del año 1968, que “establece la promoción de la construcción de hoteles turísticos de nivel internacional” y ha tenido “casi nula aplicación; establecía ir en desmedro de muchísimos destinos turísticos”. También un artículo estipula la derogación de “otra ley que tampoco tuvo aplicación, o fue muy poca”, en alusión a la Ley 21.056, de Promoción del turismo por medio de líneas de transporte.

En lo que hace a las modificaciones de la Ley Nacional de Turismo, la funcionaria afirmó que se trata de “una mejora” y “darle mayor dinamismo” con “más facultades al Consejo Federal de Turismo”. 

Durante las intervenciones, la diputada Juliana Santillán (LLA) cuestionó que “el programa Previaje en términos económicos fue la peor decisión del gobierno que nos antecedió, porque benefició solamente a 1.500 prestadores de agencias turísticas, pero el sector es mucho más grande que eso”.

Sus palabras generaron el rechazo desde Unión por la Patria y cuando la subsecretaria se retiraba, la diputada Florencia Carignano (UP) lanzó: “Que no se escape, que no se escape, que conteste sobre el Previaje, que lo implementó. Siempre oficialista, da lo mismo cualquier gobierno, siempre están en el cargo, ahí está la casta”. 

La diputada nacional Ana María Ianni (UP – Santa Cruz) presentó este lunes el proyecto de ley de agencias de viajes y otro para la creación del registro nacional para regular los alquileres temporarios turísticos.

Ambas iniciativas ya habían sido impulsadas por Ianni cuando fue senadora nacional en el período 2017 – 2023. De ese modo, señaló que “en el contexto actual, donde se habla de dejar librada la regulación de la actividad a la relación entre particulares, considero fundamental insistir con estas iniciativas que ponen en valor el rol del Estado”.

También, la santacruceña se diferenció del oficialismo: “Nosotros sí creemos en el Estado como eje promotor de la actividad económica, y que pueda regir y fiscalizar la relación del contrato entre partes porque el turista debe tener un respaldo, una garantía frente a los servicios que está contratando, porque ante cualquier problema, termina siendo el Estado el que tiene que salir a cubrir y salvar esas situaciones, y el precio de la libertad puede llegar a ser muy caro”.

Además, Ianni solicitó “poder avanzar en una ley para los agentes de viajes que de un marco normativo específico y actualizado es un antiguo reclamo de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y de todo el sector turístico en general”.

“Esto nos lleva nuevamente a trabajar en conjunto, buscando una solución que se adecue a los nuevos tiempos de comercialización y que ofrezca un marco de cuidado al turista, que son la razón de ser de la actividad”, indicó.

Por otro lado, la diputada también presentó un proyecto para regular los alquileres temporarios con fines turísticos en todo el país. Esta iniciativa busca crear el Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario de la República Argentina como organismo controlador de las propiedades en alquiler. También considera importante establecer los derechos y responsabilidades de las dos partes, el contratante y el contratado, a los fines de darle un marco regulatorio a esa relación temporaria.

“La actividad turística debe ser una política pública prioritaria para el Estado nacional, porque a través de ella se genera más trabajo e inversión, que repercute en la conservación y desarrollo de los recursos y atractivos existentes en el país”, explicó Ianni.