El diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Francisco Loupias impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscará expresar “su más enérgico repudio a los actos de vandalismo y violencia contra las instituciones ejercidos contra el comité ‘Dra. Laura Ferrero’, perteneciente al partido Unión Cívica Radical, ubicado en el barrio de Boedo”.

“Asimismo, manifiesta su rechazo a todo agravio a las instituciones democráticas independientemente al partido político al cual pertenecen”, completó.

La iniciativa también lleva la firma de Jesica Barreto (PS), Aldana Crucitta, Lucio Lapeña, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev), Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Hernán Reyes (VxM) y Sebastián Nagata (CP).

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “el 26 de enero del corriente año el Comité Dra. Laura Ferrero, ubicado en el barrio de Boedo (Humberto 1° 3570) fue víctima de un hecho de violencia y vandalismo. Grafitis agresivos y anónimos se encontraron en su puerta de ingreso cuyo contenido atenta contra los valores democráticos, que partidos políticos como la Unión Cívica Radical, defienden” e indicaron que “desafortunadamente este tipo de acciones aún tienen espacio en nuestro país, pero es el interés de esta Legislatura repudiar y recordar que la democracia se construye a través del diálogo, el respeto y la tolerancia”.

“Las expresiones infundadas, vertidas sin valor ni espíritu para afrontar el dialogo constructivo, con ánimo de agresión no hacen más que colaborar con un clima social que no nos permite avanzar en el camino colectivo de la buena convivencia”, destacaron y precisaron que “en este comité, como en muchos otros espacios, sea cual fuere el partido político, se llevan adelante de manera cotidiana actividades que colaboran con el desarrollo del barrio. Es de nuestro interés que todos los que allí asisten se sientan cómodos y seguros para continuar sus actividades y que las expresiones cívicas y políticas puedan manifestarse en libertad y autonomía”.

Al mismo tiempo que destacó que “la labor oportunamente realizada por la Dra. Laura Ferrero, quien es con su nombre, identifica al mencionado comité, presidenta del centro de estudiantes de medicina por Franja Morada en la década del 90, militante activa, quien ha fallecido en el año 2017 a raíz de un infortunado accidente”.

“En consecuencia, esta Legislatura manifiesta su repudio a todo acto de vandalismo y violencia contra las instituciones democráticas, sea cual fuera el partido político al que pertenecen”, sentenciaron.

 

Después de que el jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel, brindara en la Legislatura porteña su último informe de gestión, el presidente del bloque Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Marcelo Guouman, dialogó con parlamentario.com para analizar los ocho años de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En ese contexto, el radical opinó que en la exposición del funcionario “no hubo definiciones políticas, eso hay que destacarlo. No hubo definiciones políticas relevantes en torno a la etapa que comienza en el orden nacional y en el orden local, solo se hizo un repaso de la gestión”.

“Obviamente, nosotros estamos muy conformes con lo realizado, hemos sido partícipes activos de los últimos años de gestión en la integración con el equipo de Gobierno, con Horacio Rodríguez Larreta”, señaló e indicó que “lo que hace Felipe Miguel es una descripción, una enumeración te diría, de lo realizado en materia de infraestructura, de políticas sociales, en política de integración socio-urbana, en materia de seguridad, de salud, bueno, toda la enumeración de todas las áreas”.

Atento a todo lo sucedido durante la sesión especial que se llevó a cabo este viernes en la Legislatura porteña, Guouman concluyó planteando que “para nosotros redondeando una buena gestión y una buena administración para los porteños”.

Después de que se llevara a cabo en la Legislatura de la Ciudad un acto en homenaje a “las victimas del terrorismo”, desde el bloque Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) expresaron su “preocupación” por lo ocurrido y advirtieron que el impacto del evento demuestra “el desajuste que sostiene con la mirada de la mayoría de las y los ciudadanos”.

Es así que, por medio de un comunicado, los legisladores de ese espacio aseguraron que quieren “una Argentina que mire al futuro y que asegure la plena vigencia de los derechos humanos en el presente: bregamos por un Estado moderno, donde se asegure el derecho a trabajar y percibir un salario digno, a vivir en un entorno seguro, a desarrollar libremente el proyecto de vida de las personas, a ser quién uno quiere ser y a tener iguales oportunidades para lograrlo”.

A la vez que consideraron que “la candidata a vicepresidente Victoria Villaruel que acompaña en la fórmula Javier Milei, provoca al sentido común al pretender igualar roles en esos años y busca dividir a la sociedad en temas que la democracia resolvió pacíficamente en favor de la justicia. Es por eso que manifestamos nuestro profundo rechazo a esta nueva provocación de aquellos que no se resignan al juicio y castigo con las reglas de la Constitución”.

“A pesar de esto, y consecuentemente con nuestra historia, defendemos el derecho a que se expresen libremente y sin ninguna censura previa. El debate debe ser sobre ideas y no debemos acallar a quienes renuevan sus pretensiones de justificar el terrorismo de Estado. Queremos que se oiga su voz pero al mismo tiempo no callaremos las nuestras que seguirán alzándose en favor de la democracia, de la República y de la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho”, cerraron.

El comunicado completo

Desde el bloque Evolución Radical, UCR CABA y la Juventud Radical CABA deseamos manifestar nuestras ideas en torno al evento “Homenaje a las victimas del terrorismo” que se organizó en nuestra Legislatura de la Ciudad, por diputados de orientación libertaria. El impacto público que generó la organización del evento, adelantó de alguna manera, el desajuste que sostiene con la mirada de la mayoría de las y los ciudadanos.

Es desde esta perspectiva, y hundiendo nuestros argumentos en la historia de los acontecimientos que tuvieron lugar en los albores de la recuperación democrática que desde la Unión Cívica Radical expresamos nuestra profunda preocupación sobre la actividad que se realizó en esta Casa parlamentaria. Preocupación que la es, en tanto se ignore el camino que la justicia con las reglas constitucionales, ya ha sentenciado en nuestro país.

Queremos una Argentina que mire al futuro y que asegure la plena vigencia de los derechos humanos en el presente: bregamos por un Estado moderno, donde se asegure el derecho a trabajar y percibir un salario digno, a vivir en un entorno seguro, a desarrollar libremente el proyecto de vida de las personas, a ser quién uno quiere ser y a tener iguales oportunidades para lograrlo.

Los hechos ocurridos durante los años más oscuros de nuestra historia integran la memoria colectiva, sobre los mismos sabemos la verdad y hay justicia gracias al impulso del entonces presidente Raúl Alfonsín. Tenemos un acuerdo en nuestro país, tal vez sea el único que subsiste desde el 10 de diciembre de 1983, no es igual que el Estado se convierta en criminal a que grupos de personas cometan crímenes aberrantes, y no hay justificativo alguno para suspender la vigencia de la Constitución y sus instituciones.

La candidata a vicepresidente Victoria Villaruel que acompaña en la fórmula Javier Milei, provoca al sentido común al pretender igualar roles en esos años y busca dividir a la sociedad en temas que la democracia resolvió pacíficamente en favor de la justicia. Es por eso que manifestamos nuestro profundo rechazo a esta nueva provocación de aquellos que no se resignan al juicio y castigo con las reglas de la Constitución.

A pesar de esto, y consecuentemente con nuestra historia, defendemos el derecho a que se expresen libremente y sin ninguna censura previa. El debate debe ser sobre ideas y no debemos acallar a quienes renuevan sus pretensiones de justificar el terrorismo de Estado. Queremos que se oiga su voz pero al mismo tiempo no callaremos las nuestras que seguirán alzándose en favor de la democracia, de la República y de la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de derecho.

Al mismo tiempo señalamos que, mientras los libertarios y el kirchnerismo debaten y recuerdan sus roles en el pasado, evaden debatir y proponer que hacer con el presente y el futuro que reclama que de manera urgente el Estado gane en eficacia para con su misión principal: asegurar los beneficios de la libertad con educación, salud, trabajo y seguridad para todos los hombres y mujeres que deseen habitar el suelo argentino.

A raíz de las numerosas estafas que se registraron en los últimos años, los diputados de Vamos Juntos (VJ) y UCR-Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer el modo en que se deben manipular las tarjetas de crédito y débito de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en los comercios de la Ciudad.

De esta manera, la iniciativa plantea al realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito, si el consumidor o usuario decidiera abonar con tarjeta de crédito o débito, deberán requerirle al titular que la exhiba junto a su documento nacional de identidad. “La tarjeta podrá ser manipulada únicamente por su titular o usuario, a cuyo efecto el posnet o dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso”, sostiene el texto.

Además, prohíbe que los proveedores de bienes y servicios y comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito requieran su entrega a los titulares o adicionales para realizar una operación comercial.

En los fundamentos de la medida, los legisladores aseguraron que “el presente proyecto tiene por finalidad prohibir la manipulación de las tarjetas de crédito o débito por personas que no sean sus titulares o usuarios, para evitar el uso indebido de las mismas y proteger a los consumidores de bienes y servicios de estafas” y alertaron acerca de que “las modalidades con el fin de vaciar cuentas bancarias, realizar compras con tarjetas de créditos, solicitar un préstamos, etc. son variadas. Ejemplos de ellas son, capturando una imagen del frente y dorso del plástico o pasando la tarjeta por una terminal que copia su información para clonarla”.

“Resulta muy común que al momento de abonar un consumo con tarjeta de débito o crédito en un comercio, se lleven la misma a la caja para realizar el cobro, circunstancia que se debe evitar, ya que el comprador pierde de vista la tarjeta, permitiendo involuntariamente su libre manipulación por parte del vendedor. Se recomienda entonces acercarse a la caja con la tarjeta, efectuar el pago en la mesa o bien realizar el pago con código QR”, sostuvieron.

Por lo que concluyeron remarcando que “lo que se propone con este proyecto que al momento de realizar el pago con una tarjeta de crédito o de débito, el consumidor o usuario sea el único en manipularla, y con ello evitar las estafas por la obtención ilegítima de los datos personales que figuran en los plásticos”.

La Unión Cívica Radical (UCR) celebraron a través de las redes sociales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bautizaran como Gabriela González Gass a la calle sin denominación con referencia a la nomenclatura catastral 098-005D-005, entre Avenida Ingeniero Huergo y Alicia Moreau de Justo, ubicada en Puerto Madero.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Inés Parry (UCR-Ev), por lo que los radicales plantearon que “llevó adelante este proyecto para que una de las grandes mujeres del radicalismo fuera reconocida como se merece”.

“Por Gabriela, por todas las mujeres que militaron en la UCR antes de ella y por todas las que vendrán, festejamos que se reconozca y se visibilice el poder transformador de las mujeres en la política”, cerraron.

En los fundamentos del proyecto aprobado por la Legislatura porteña, la legisladora planteó que “Gabriela González Gass cumple holgadamente con todas esas condiciones, aquellas que permiten el homenaje permanente e imperecedero por el cual un espacio de esta Ciudad, que tanto amó, tenga su nombre e incorpore a la historia urbana su memoria” y remarcó que fue “una luchadora incansable por los derechos de las mujeres desde el ámbito institucional y político, manifestó su compromiso con coherencia y creatividad, no esquivó ninguna batalla sea en las Cámaras como dentro del partido Radical, donde su tenue voz no impedía la defensa vehemente de sus convicciones, aún en la mayor soledad”.

“Acompañó e impulsó leyes que expresaban las expectativas del movimiento de mujeres para su inclusión plena en la democracia. Sin abandonar nunca sus valores republicanos, apostó a la reconstrucción institucional del partido radical, luego de la crisis sufrida a partir del 2001, militando hasta el último día de su vida”, cerró.

Después de que se conocieran los resultados de los comicios de este fin de semana, los legisladores de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, felicitaron por su triunfo al flamante gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

En ese sentido, el jefe del bloque UCR-Ev, Marcelo Guouman, aseveró a través de las redes sociales: “¡felicitaciones Carlos por ganar la elección a gobernador de la provincia de Jujuy! Felicitaciones también a Gerardo Morales por la transformación realizada en su provincia. ¡Los jujeños eligen seguir viviendo en una sociedad más justa, moderna e igualitaria!”.

Sobre esa misma línea el radical y ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, señaló que “desde Radicales por Argentina enviamos nuestras Felicitaciones al nuevo gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y un gran abrazo a Gerardo por todo el trabajo realizado al frente de la gobernación, sentando las bases para una verdadera transformación productiva en la provincia”.

Quien tampoco se quedó afuera de las felicitaciones fue Rodríguez Larreta, que planteó que con el triunfo de Sadir “los jujeños revalidaron el camino de transformación que viene llevando adelante Gerardo Morales. ¡Profundicemos la transformación de la provincia y cambiemos juntos la Argentina para siempre!”.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña aprobó en segunda lectura el proyecto del jefe del bloque UCR-Evolución, Marcelo Guouman, para denominar “10 de diciembre de 1983” a la calle circular que se encuentra frente a la Plaza del Congreso entre la calle Hipólito Yrigoyen y la Avenida Rivadavia.

El proyecto había sido aprobado en primera lectura el año pasado y luego de una audiencia pública llegó al recinto este jueves para ser tratado en segunda instancia para su sanción definitiva.

Respecto de la aprobación, el radical explicó que “el 10 de diciembre de 1983 configura, en la historia argentina moderna, el inicio del fin de un período de más de 50 años de inestabilidad política, golpes de estado, violaciones a los derechos humanos y coerción de las libertades políticas y civiles” y remarcó que “el  10 de diciembre de 1983 configura también la llegada a la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín luego de años de dictaduras militares, y significa el comienzo una etapa de libertad y democracia para los tiempos venideros”.

“Además, todos los 10 de diciembre se celebra el día mundial de los derechos humanos cuando la Organización de las Naciones Unidas en 1948 aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, añadió.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “por todo esto es que el 10 de Diciembre de 1983 es tan importante para todos los argentinos y para nuestra historia; y por eso debe quedar simbolizada en una calle que recuerde para la posteridad la importancia del logro democrático y la nueva era en la que entró la Argentina”.

Anticipándose a lo que serán los comicios de este año, los diputados de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) participaron del lanzamiento de la precandidatura del gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, como candidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC).

En ese sentido, el presidente del bloque UCR-Ev, Marcelo Guouman, se volcó a las redes sociales para expresar su apoyo al gobernador jujeño. “El radicalismo unido apoyando a Gerardo Morales. Compromiso, gestión y liderazgo”, expresó.

Mientras que Gustavo Mola (UCR-Ev) aseveró que “la UCR tiene que estar unida y fuerte para contribuir y hacer un mejor JxC. Estamos convencidos de que Gerdado con su gran capacidad de gestión puede llevar el país adelante y transformarlo como lo hizo en Jujuy” y que el vicepresidente segundo de la Legislatura porteña, Martín Ocampo (UCR-Ev), apuntó que “el radicalismo acompañó a Gerardo en el Gran Rex. Un radicalismo unido con ganas de transformar el país”.

Al mismo tiempo que María Patricia Vischi (UCR-Ev) concluyó precisando: “demos vuelta la Argentina. Sabemos que acompañar el lanzamiento de Gerardo junto a miles de correligionarios que llegaron desde cada punto del país, es un primer pero firme paso hacia un radicalismo unido para lograr así un JxC mucho más fuerte”.

Los diputados de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar su “profundo pesar por el fallecimiento en cumplimiento del deber de la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Salazar, en inmediaciones de la estación Retiro en la Línea de Subte C”.

En los considerandos de la iniciativa, los oficialistas recordaron que el brutal ataque fue protagonizado por Oscar Gustavo Valdés, un ciudadano extranjero, el pasado 14 de febrero. “El hecho ocurrió cuando la agente quiso intervenir en una discusión entre el agresor y un empleado de EMOVA, empresa concesionaria de la red de subtes, cuando la agente quiso calmar la situación, el hombre le quito su arma reglamentaria y  disparó, Salazar recibió dos tiros, uno en el pecho y otro en el cuello”, sostiene el texto.

Al mismo tiempo que precisaron que “la agente Salazar fue trasladada de urgencia en un helicóptero de la Policía Federal al Hospital Churruca, donde la asistieron y la operaron para salvarle la vida, pero su cuerpo no resistió y falleció a consecuencia del ataque antes producido” e indicaron que “el agresor fue detenido minutos después del hecho, el mismo contaba con antecedentes penales por violencia de género y resistencia a la autoridad”.

“Maribel Nélida Salazar de 36 años, era madre de dos hijos de 13 y 5 años. Comenzó su carrera como agente de la Policía Federal y luego paso a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñaba en la división de subtes para dar seguridad en las líneas C, D, H y E”, agregaron los diputados y concluyeron expresando su “más profundo pesar y acompañamos en este doloroso momento a sus seres queridos”.

La iniciativa en cuestión es de autoría del ex ministro de Seguridad porteño y actual vicepresidente segundo de la Legislatura, Martín Ocampo (UCR-Ev), y los diputados Marcelo Guouman, Lucio Lapeña, Gustavo Mola, María Inés Parry, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).

A horas de que se conozca el fallo por el caso de Lucio Dupuy, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y miembro de la Comisión de Niñez, Manuela Thourte, insistió con un proyecto de su autoría para proteger a los menores de edad que son víctimas de violencia y le exigió a la Justicia que evalué “cada caso atentamente”.

A través de las redes sociales, la radical afirmó que “la violencia contra niñas y niños existe y en estos días estamos viendo en los medios su versión más extrema. Nos indigna, nos duele y no le encontramos explicación” y explicó que “para muchos chicos, su familia no es un lugar seguro ni respetuoso de su integridad y dignidad”.

“Los adultos debemos estar atentos y denunciar si sospechamos que un chico o chica sufre violencia. Las personas que trabajan en las escuelas, en los centros de salud y en las fuerzas de seguridad son clave para ayudar a detectar la violencia”, agregó.

Thourte también les pidió a las “juezas y los jueces deben evaluar cada caso atentamente y siempre escuchar a las niñas y niños. Es fundamental priorizar su protección por sobre los adultos”.

Al mismo tiempo que recordó que en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó “un proyecto de ley para definir mejor qué debe hacerse en la primera etapa de detección de la violencia o cuando un chico cuenta lo que le está pasando, con pautas claras y comunes de actuación y protocolos unificados y ágiles”.

“Los adultos debemos involucrarnos. Llamá al 102, línea gratuita y confidencial de atención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó señalando.

El proyecto de Thourte

El texto en cuestión busca proteger integralmente los derechos de los niños y adolescentes de hasta 18 años que hayan sido víctimas o testigos de violencia. De esta manera la iniciativa busca garantizar “la integridad física, psíquica y de la dignidad” de los menores; brindar una “actuación coordinada y colaboración constante entre los organismos, profesionales y operadores/as intervinientes para garantizar la protección de sus derechos”; garantizar el respeto por la confidencialidad y la intimidad del niño o adolescente; aplicar la perspectiva de género, equidad y no discriminación en el trato al menor; entre otros puntos.

Los encargados de prestar este tipo de abordaje serán las escuelas y centros educativos a los que concurran los chicos, así como también los centros de salud y hospitales, organismos administrativos, comisarías y cualquier otra institución pública o privada que brinde asistencia, patrocinio o esté en contacto con niños y adolescentes.

Estos organismos deberán comunicar la denuncia del menor o la detección del hecho de violencia y proteger al niño; también deberá realizar un informe escrito acerca de lo ocurrido y resguardar su intimidad.

El texto presentado por Thourte también garantiza que en el caso de que el niño o adolescente se presente ante un organismo pertinente “sin acompañamiento de un integrante de su familia o persona de su confianza mayor de edad, a comunicar o denunciar que es víctima o testigo de una situación de violencia, o en una situación de detección o develamiento, se debe permitir su relato y garantizar que pueda formular la denuncia por sí misma, si así lo solicitara”.

También sostiene que se le deberá brindar atención médica inmediata.

En el marco del Día Internacional de la Educación, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y presidenta de la Comisión de Educación, Manuela Thourte, reflexionó respecto de los desafíos en materia educativa que atraviesa la Argentina y advirtió que el nivel socioeconómico podría afectar a las trayectorias escolares de los estudiantes.

A través de sus redes sociales, la radical afirmó que “nuestro país nos encuentra con el desafío urgente de reducir las desigualdades educativas” y precisó que “el nivel socioeconómico incide directamente en las trayectorias escolares de los chicos y chicas”.

Sobre esa misma línea, explicó que en los sectores sociales con menores ingresos, las trayectorias de los jóvenes se ven más afectadas. “De los estudiantes que se encuentran en situación de pobreza, solo el 40% logra llegar al final de la secundaria y, de ellos, solo el 14% logra un buen desempeño”, aseveró.

“Solo el 16% de los estudiantes que comienzan primer grado llegan al final del secundario en el tiempo esperado y con los conocimientos necesarios de lengua y matemática”, concluyó señalando Thourte.

En medio de la polémica por la decisión del Gobierno Nacional de pagar el fallo de la Corte Suprema de Justicia con bonos, el vicepresidente segundo de la Legislatura de la Ciudad y diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Martín Ocampo, celebró la determinación judicial y consideró que el mismo “es muy bueno para el federalismo”.

De esta manera, el radical planteó que “los cuatro votos sostienen que la Ciudad tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra provincia” y explicó que “el fallo es muy bueno para el federalismo, sobre todo para dos provincias: CABA y Tierra del Fuego. Le da estabilidad a todo el proceso constitucional de transferencias de dinero y de coparticipación”.

“Por otro lado como todavía no se resolvió la cuestión de fondo mientras pase el tiempo del proceso, según la Corte, el costo de ese tiempo lo van a soportar en partes similares”, continuó Ocampo.

A la vez que concluyó precisando que “es un fallo unánime pero dividido en el sentido de que a la Nación no le obliga a pagar todo lo que le saco a la Ciudad y a la Ciudad no le dice te voy a dar todo”.

Después de que se conociera que por la resolución 3622/2022 publicada en el Boletín Oficial quedaba suspendida la validez de las recetas médicas de papel enviadas por mail o por Wathsapp para comprar medicamentos o solicitar un tratamiento, la ex presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña y diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Patricia Vischi, condenó la medida.

En ese sentido, la radical explicó que “en las circunstancias actuales, el Gobierno Nacional dispuso anular la posibilidad de la circulación de recetas emitidas mediante aplicaciones telefónicas o fotografías, sin contemplar las necesidades de quienes por distintas dificultades no pueden concurrir en forma presencial a los profesionales de la salud”.

“A tal punto llegó la confusión que desde el Ministerio de Salud de la Nación, tuvieron que aclarar que esta disposición no se refería a ‘las Recetas Electrónicas’, una vez más la improvisación se antepone a la planificación, sin pensar en la población ni en los profesionales, ocasionado un retroceso en materia de Salud, porque nadie sabe porque habiendo sido sancionada la Ley hasta la fecha no se reglamentó para ponerla en práctica. Otra oportunidad perdida, para continuar atendiendo a los pacientes como en el siglo pasado y afectar al Sector Salud”, sentenció Vischi.

Cabe recordar que la receta electrónica fue establecida por Ley Nacional 27.553. A su tiempo la Legislatura sancionó la ley 6439, disponiendo su uso en el ámbito de la Ciudad, como también la “Historia clínica electrónica”, iniciativa de la diputada Vischi y ambas del bloque UCR-Ev. Tan es así que la Ciudad cuenta con las dos herramientas mencionadas, faltando solamente que algunos de los efectores y profesionales de los tres subsectores de la Salud, terminen de implementar estas tecnologías, para seguir mejorando la atención de quienes la necesitan.

Con la intención de continuar favoreciendo el uso del transporte público y sustentable, los diputados de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual se prevé introducir modificaciones al Código de Tránsito y Transporte, a fin de que se puedan incorporar nuevos accesorios para el sistema de ecobicis.

En ese sentido, los radicales pidieron que –al menos- el 10% de las unidades que integran el Sistema de Transporte Público en Bicicleta cuenten con un porta objetos frontal y una silla trasera para niños a partir de un año de edad y hasta los 6 años de edad o 27 kilogramos de peso.

Por otro lado, el texto recientemente presentado también introduce modificaciones tendientes a establecer el tiempo máximo en el que los rodados pueden estar en circulación y la forma en la que serán descartados. “Cumplidos los 5 años de uso de las bicicletas de este sistema de transporte público, la autoridad de aplicación debe hacer las gestiones necesarias para una disposición final sustentable de las mismas”, sostiene el proyecto.

La iniciativa es de autoría de Manuela Thourte (UCR-Ev) pero también lleva las firmas de Marcelo Guouman y Lucio Lapeña (UCR-Ev), quienes explicaron en los fundamentos de la misma que “el uso de la bicicleta como medio de transporte reduce la presión sobre la cantidad de espacio de estacionamiento necesario para los vehículos y sobre el espacio necesario para transitar por la calzada y vías alternativas en general, reduciendo la congestión vehicular y mejorando la circulación para todos los modos de transporte”.

“Por otra parte, el proyecto tiene como fin promover el transporte con perspectiva de cuidados para una mayor versatilidad de sus usos. Las necesidades de movilidad en las ciudades varían dependiendo del género, edad, condición socioeconómica y laboral de las personas. Por lo tanto, es necesario ampliar las posibilidades de transporte ya que la ciudadanía utiliza diferentes estrategias de movilidad para poder desplazarse”, señalaron.

Al mismo tiempo que explicaron que “las mujeres, en comparación con los hombres, se mueven en mayor proporción en transporte público, caminando o en bicicleta. Esto implica que sus patrones de movilidad son más sustentables. En el año 2020, el 73% de los viajes en bicicleta en la Ciudad fueron efectuados por varones. La proporción de ciclistas mujeres presenta un leve aumento, pasando del 23% en 2013 al 27% en 2020” y precisaron que “esto da cuenta de la necesidad de poder fomentar la inclusión de una perspectiva de género dentro del sistema, ya que, aun siendo una proporción mayor de la población en la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres utilizan en menor medida el sistema de transporte público de bicicletas”.

Además destacaron que “el presente proyecto propone incluir en el Sistema de Transporte Público en Bicicleta unidades que estén adaptadas para las tareas de cuidado. Ello permitirá facilitar las mismas, pero también ampliar las posibilidades hacia aquellas personas que no se encargan de estas tareas regularmente, propiciando la redistribución y corresponsabilidad de las tareas”.

“En efecto, al incluir en el diseño de las bicicletas del transporte público una perspectiva de cuidados se ampliará el acceso a la movilidad a una mayor proporción de la población, permitirá un desarrollo más equitativo del sistema de transporte y una expansión en los motivos de su uso. Esto es necesario debido a que el transporte no es solamente unidireccional, los usos del mismo son complejos, como las actividades cotidianas de las personas, tanto en el ámbito productivo, comunitario y reproductivo”, sentenciaron.

Días después de que se le diera su último adiós, en diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR – Ev) Marcelo Guouman pidió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que exprese el fallecimiento de Lidia “Pinky” Satragno, cuyo fallecimiento se produjo el pasado 8 de diciembre, a sus 87 años.

En los fundamentos del proyecto de declaración, el radical afirmó que “Pinky inició su carrera en los medios de comunicación siendo modelo; luego dio un paso más que la llevó a la radio, donde fue locutora” y destacó que “allá por el año 1956 Pinky debutó en televisión, apenas seis años después de la llegada de ese medio masivo de comunicación; luego tuvo un breve paso por el cine donde debutó bajo la dirección de Leopoldo Torre Nilsson en La caída (1959). Además participó de varios comerciales y en 1958 condujo su propio programa ‘Buenos días Pinky’, fue consagrada como ‘La Mujer del Año’ y viajó a Alemania invitada por el gobierno de Konrad Adenauer. En 1961 fue consagrada de nuevo”.

Además recordó que “presentó espectáculos en el Palacio de Bellas Artes de México, el Lincoln Center y el Carnegie Hall de Nueva York. En teatro protagonizó: Asesinato entre amigos, Dos mujeres, Monólogos de la vagina, y bajo la dirección de Alejandra Boero hizo Prisioneros en la ciudad de Neil Simon. También produjo la comedia musical ‘Annie’” y señaló que “en televisión, donde a partir de 1961 condujo el innovador programa ‘Nosotros’ junto a Bernardo Neustadt, que fue clave en imponer el periodismo televisivo como alternativa a la radio, entonces dominante. Con Neustadt volvería a colaborar dos años más tarde en ‘Incomunicados’, donde la invitación de Arturo Frondizi marcó la primera vez en que un presidente de la Nación Argentina apareciera en directo televisivo”.

“El jueves 1 de mayo de 1980 fue la encargada de hacer el ‘traspaso’ de la televisión en blanco y negro al todo color en Argentina, inaugurando así Argentina Televisora Color (ATC), como también del Canal 13 Río de la Plata TV. La primera transmisión en color fue la película ‘My Fair Lady’”, continuó el legislador y recordó que Pinky también protagonizó ciclos televisivos como “Buenos días Pinky”, “Reunión de mujeres”, “Don Camilo en Rusia”, “Pinkypátikas”, “Buenas Noches Pinky”, “Miss Broadway”, “Nosotros”, “Incomunicados”, “Teleonce Informa”, “El Pueblo quiere saber”, “A la noche Pinky”, “Feminísima”, “Con sabor a Pinky”, “Pinky y la noticia”, “A los Ingleses con humor”, “Pinky y Fontana en persona”, “La Argentina del 2000”, “La Década del 60”, “La Década del 70”, “La Década del 80”, “Pinky y el arte”, “Teledós Informa”, “Telepinky”, “Parece que fue ayer”, “La conversación”, entre otros.

Además precisó que en 1982 condujo junto a Jorge Cacho Fontana el programa “Las 24 horas de las Malvinas”, en la cual se recibían donaciones para los soldados argentinos; y que en 1984 inauguró como presentadora estelar en Canal 11 las transmisiones en vivo y en directo vía satélite de Campeonatos Internacionales de Boxeo desde Estados Unidos.

Sobre esa misma línea, Guouman indicó que la conductora obtuvo el Premio Konex – Diploma al Mérito como Conductora y como Locutora. Además en 2019, condujo junto a su sobrina, Kari Araujo, “Memorias desordenadas” por Televisión Pública.

“Pinky se inició en política a partir de 1995, a través de su amistad de larga data con Rodolfo Terragno, entonces presidente de la Unión Cívica Radical. En 1999 se postuló por la Alianza como candidata a intendenta del partido bonaerense de La Matanza; y revirtiendo las lecturas iniciales de boca de urna, que la daban por ganadora, finalmente perdió en un recuento polémico ante Alberto Balestrini. Luego tuvo a su cargo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la Secretaría de Promoción y Acción Social”, añadió y detalló que “en 2007 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión Pro.  El 3 de diciembre de 2009, por ser la legisladora de mayor edad de la Cámara de Diputados, presidió la sesión preparatoria en la que se tomó juramento a los diputados electos en las elecciones del 28 de junio de aquel año”.

Por último, el radical sentenció que “cuando pensamos en Pinky, pensamos en la mujer que es parte fundamental de la historia de la televisión de nuestro país y pensamos, también, en una mujer con fuerte sensibilidad social”.

En medio del debate respecto al Presupuesto 2023, los diputados porteños de Republicanos Unidos (RU), UCR-Evolución (UCR-Ev) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) criticaron con dureza al Gobierno Nacional por los recortes en las partidas destinadas a educación y consideraron que “como la educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado”.

En ese sentido, la radical Manuela Thourte (UCR-Ev) afirmó que “miles de chicos no volvieron a la escuela postpandemia, no aprenden contenidos mínimos. El 60% vive bajo la línea de pobreza” y lanzó: “¿qué hace el Gobierno Nacional? Manda al Congreso un presupuesto con una de las inversiones más bajas en educación de los últimos años. Al final, parece que no era con todos”.

Mientras que la oficialista Marina Kienast (RU) aseveró que “el gasto de un Gobierno habla de sus prioridades. Como la Educación no es redituable electoralmente, siempre se deja de lado: no solo bajan el presupuesto, sino que nadie propone cómo asignarlo de una manera más eficiente”.

En tanto el trotskista Gabriel Solano (FIT) concluyó precisando que es “una vergüenza que un gobierno que se dice nacional y popular recorte el 15% del Presupuesto educativo”.

Cabe recordar que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también se metió en la polémica, al opinar que “la educación no puede ser la variable de ajuste del Gobierno Nacional. Después de postergarla por dos años, ahora bajan drásticamente el presupuesto”.

“Al mismo tiempo, en la Ciudad sube la inversión educativa, con un presupuesto equilibrado que hace foco en la obra pública y la seguridad, sin generar nuevos impuestos”, sentenció.

En la víspera de la sesión especial de este jueves en la que se buscará avanzar con la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito, el presidente del bloque Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Marcelo Guouman, aseveró que desde ese espacio no darán quórum por lo que podría caerse la mencionada sesión, ya que sólo falta un legislador para que se le pueda dar inicio a la misma.

En ese sentido, el radical consideró que lo que se prevé debatir en la sesión “es un nuevo ataque para quitarle liquidez a las arcas de los porteños, en complicidad con el Gobierno Nacional” y consideró que “lo paradójico es que este mismo impuesto funciona en PBA pero el único lugar donde el peronismo quiere quitarlo es en CABA”.

“Nosotros seguimos reclamando. Y, al mismo tiempo, existe un compromiso del Jefe de Gobierno de quitarlo en cuanto la justicia le devuelva a los porteños lo que les corresponde”, sentenció.

Cabe recordar que la sesión en cuestión fue convocada por los legisladores del Frente de Todos (FdT) y luego sumó la adhesión del FIT, La Libertad Avanza, Consenso Federal y Republicanos Unidos, el único espacio de la coalición oficialista que confirmó su participación en la misma. En tanto desde Vamos Juntos (VJ) y el Partido Socialista (PS) no se pronunciaron al respecto, aunque según pudo saber parlamentario.com no darán quórum.

Con la mirada puesta sobre lo que será el proceso electoral que se llevará a cabo el año que viene en todo el país, el diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña participó de un mano a mano con parlamentario.com, en el que dialogó sobre las expectativas de Juntos por el Cambio (JxC) para el 2023.

“Creo que Juntos por el Cambio va a hacer una buena elección en 2023. Más allá de las diferencias y de las distintas miradas que pueden existir dentro de la coalición, predomina la unidad y los acuerdos básicos sobre los problemas que tenemos”, aseguró el legislador.

Al mismo tiempo que analizó la estrecha relación que mantiene el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador nacional Martín Lousteau, por lo que se mostró entusiasmado con la posibilidad de que este último se convierta en el nuevo alcalde porteño. “Me parece sano que tenga una relación directa y sincera con el jefe de Gobierno de la Ciudad”, afirmó.

-¿Qué análisis puede realizar sobre la situación económica, social y política que atraviesa la Argentina?

-La situación económica es de fragilidad extrema y es consecuencia no solo de desaciertos técnicos en la gestión económica sino también de las internas políticas despiadadas con que el oficialismo se ha manejado en los primeros 30 meses de gestión. Esto resultó en la falta de una visión en común sobre cómo resolver los problemas más urgentes que tiene Argentina y los problemas estructurales que tenemos que resolver para el futuro.

La inflación desbocada es el síntoma más preocupante porque afecta de manera directa al poder adquisitivo. Es un síntoma y es el más visible, pero debemos saber también que detrás de ello hay una política fiscal mal administrada, una política monetaria sin objetivos y un mercado que no da créditos a un país riesgoso que tiene su credibilidad destruida.

– ¿Tiene la expectativa de que tras los comicios del año que viene cambie el rumbo del país?

-Creo que para cambiar el rumbo del país hay que trabajar para generar certezas y credibilidad en un sentido amplio. Cuando hablo de certezas y credibilidad me refiero a la incertidumbre que existe hoy en Argentina en todos los ámbitos imaginables. Hay muchísima incertidumbre económica, no tenemos planes concretos para combatir la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y frenar la pobreza.

No se sabe tampoco qué planes tiene el Gobierno para mejorar la calidad de la educación que está mostrando índices alarmantes. Según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, solo el 16% de los alumnos termina la escuela con conocimientos básicos de lengua y matemática. No sabemos qué planes tiene el Gobierno para que los jóvenes vuelvan a tener expectativa de crecimiento personal en Argentina.

La falta de credibilidad política es otro indicador de malestar generalizado. Los cruces constantes y las internas políticas en el propio Gobierno demuestran que no se pueden poner de acuerdo en cómo solucionar los problemas más delicados que tiene el país, ni en cómo elaborar un programa de gobierno con un núcleo coincidencias básicas que sea capaz de ofrecer un rumbo claro. Por otro lado, es preocupante que parte de la dirigencia política esté intentando manipular las reglas electorales de cara a las elecciones del 2023. Este año, la provincia de Salta eliminó las PASO y la provincia de San Juan volvió, luego de 12 años, a instaurar la Ley de Lemas que es un sistema que vulnera los principios elementales de la democracia representativa.

Recientemente, varios gobernadores oficialistas también expresaron su intención de eliminar las PASO. No se puede cambiar las reglas electorales todo el tiempo. Tiene que existir previsibilidad y transparencia en las reglas del juego para generar condiciones de competencia equitativas para todos y para no confundir a la gente. Quienes especulan, vulneran o manipulan las reglas electorales vigentes generando falta de previsibilidad y transparencia, no creen en la alternancia política.

– En las últimas semanas Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau se mostraron más cercanos y compartieron varias actividades. ¿Qué opinión le merece está situación?

-Me parece que es una señal positiva, y de madurez política, que existan diferentes miradas que complementen y que al mismo tiempo sean superadoras a la hora de buscar soluciones a los problemas que todavía existen en la Ciudad de Buenos Aires y al momento de pensar en nuevas ideas o propuestas que mejoren la calidad de vida de todos los porteños en materia de salud, seguridad, educación, infraestructura, espacio público y medio ambiente. Martin Lousteau nos representa, a todos los porteños, en el Senado de la Nación. Me parece sano que tenga una relación directa y sincera con el jefe de Gobierno de la Ciudad.

– ¿Sueña con la posibilidad de que el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad sea un radical? ¿Lo imagina a Lousteau en esa posición?

-Creemos que Martín Lousteau reúne todas las condiciones para ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene la capacidad de interpretar las demandas de todos los porteños. Nosotros desde el radicalismo venimos trabajando para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa política que logre complementar y mejorar la gestión del actual Gobierno para continuar con las transformaciones que la Ciudad de Buenos Aires necesita.

– Por último, ¿confía en qué JxC se imponga en los próximos comicios?

-Sí. Creo que Juntos por el Cambio va a hacer una buena elección en 2023. Más allá de las diferencias y de las distintas miradas que pueden existir dentro de la coalición, predomina la unidad y los acuerdos básicos sobre los problemas que tenemos que resolver en el mediano y largo plazo. Argentina necesita de una dirigencia política que genere certidumbre y previsibilidad para el futuro y que sea capaz de marcar un rumbo claro, que es lo que precisamente hoy no puede garantizar el actual Gobierno.

En medio de un escenario político y social sumamente complejo, el diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Marcelo Guouman participó de un mano a mano con parlamentario.com, donde dialogó sin tapujos respecto de la crisis que atraviesa la Argentina y el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en los últimos días.

En relación a la crisis económica, política y social, el radical afirmó que el Frente de Todos (FdT) “gobernó el país 15 de los últimos 19 años de democracia. Quiero decir, son responsables primarios de la construcción y administración del poder en la argentina. Ellos administran los recursos de todos, los económicos y los simbólicos”, por lo que advirtió que “ellos han diseñado esta argentina que hoy tambalea entre la crisis económica, la pobreza extrema y la profunda grieta”.

“De todas formas, insisto, para construir una República democrática con igualdad, con libertad de expresión y con justicia independiente, se necesita imperiosamente dejar el odio afuera”, aseveró.

– ¿Qué análisis puede realizar sobre la situación que atraviesa la política a nivel nacional?

– Estamos atravesando una crisis cada vez más profunda y nos encontramos día a día con un país que nos angustia cada vez más: inflación descontrolada, falta de trabajo, aumento de la pobreza. Hoy los argentinos tienen dos objetivos: llegar a fin de mes y con vida a su casa después del trabajo. A pesar de este presente tan duro, hay una solución y es trabajando entre todos, con vocación de diálogo, con la humildad de saber ceder para llegar a un punto en común, basados en acuerdos que nos permitan realizar las transformaciones que la Argentina necesita. Sé que suena trillado, pero es lo más importante que tenemos para hacer.

Las discusiones inútiles y violentas que estamos viendo día a día son claramente el camino equivocado. La única opción es el diálogo que aporte soluciones y siempre escuchando al que piense distinto. La clave es la aceptación de la diversidad que parta de la comprensión de que pensamos diferente.

Una vez lograda y aceptada la idea de convivencia entre partes legítimas, también, es necesaria la concepción de un plan. Pero, ¿cómo buscamos el desarrollo económico sostenible de Argentina? y ¿Cómo administramos el poder democrático? ¿Cómo repensamos algunos mecanismos institucionales para facilitar el despegue económico y desarrollar las capacidades estatales que propendan al crecimiento del sector privado? Necesitamos liderazgos que apunten al pensamiento filosófico, político y económico en la búsqueda de una guía mínima pero fundamental para recorrer el camino del subdesarrollo al desarrollo. Entendemos que es un deber de la dirigencia. Por eso, desde Evolución Radical, planteamos una usina de ideas con la Fundación Porvenir que no genere ideología sino que planifique políticas públicas basadas en el control sistemático de los datos actuales para evaluar luego los resultados y poder ajustar esas políticas. Pensar y pensarnos en el mundo es el camino para reducir la pobreza y la brecha social luego de reducir la grieta política.

-En los últimos días mucho se ha hablado al respecto del ataque a CFK, ¿Qué opinión le merece lo sucedido?

-Hace unos días vivimos un hecho de violencia extrema. Estuvimos a segundos de un magnicidio, el primero de la Argentina. Recuerdo otros actos similares como la bomba en el camino que llevaba Alfonsín en 1986 en la provincia de Córdoba, los dos balazos errados, también contra el padre de la Democracia en 1991 en San Nicolás, y tantos otros como a Sarmiento, Roca, Yrigoyen y Perón. Siempre estoy hablando de actos individuales, no organizados políticamente ni por fuerzas de seguridad.

Desde Juntos por el Cambio, repudiamos toda forma de violencia y nos solidarizamos con la señora Cristina Fernández de Kirchner porque un atentado contra la vicepresidente es un atentado contra el país. Pedimos enfáticamente el esclarecimiento por parte de la justicia para que todos los argentinos sepamos la verdad y se haga justicia cuanto antes. Este episodio, lo único que hizo fue degradar la convivencia democrática porque las diferencias jamás pueden ser dirimidas a través de la violencia. La política siempre debe ser el diálogo, nunca la violencia como método.

– Sectores del oficialismo nacional deslizaron la idea de que el ataque contra la vicepresidenta se originó a causa de las expresiones vertidas por la oposición. ¿Usted considera que esto es así?
-Quizás no podamos ponernos de acuerdo sobre los motivos y las razones que originaron y construyeron las condiciones de posibilidad del atentado que tuvo que protagonizar la vicepresidente de la Nación. Pero de lo que sí estamos seguros es que debemos ratificar nuestro compromiso de militante por la paz. Creo que fue desafortunado el discurso del presidente de la Nación de la noche del atentado. Responsabilizó a la justicia, a la prensa y a los partidos de la oposición. Un análisis extraño para un partido que gobernó el país 15 de los últimos 19 años de democracia. Quiero decir, son responsables primarios de la construcción y administración del poder en la argentina. Ellos administran los recursos de todos, los económicos y los simbólicos. Ellos han diseñado esta argentina que hoy tambalea entre la crisis económica, la pobreza extrema y la profunda grieta. De todas formas, insisto, para construir una República democrática con igualdad, con libertad de expresión y con justicia independiente, se necesita imperiosamente dejar el odio afuera. El episodio que vivimos es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar todos juntos por la paz.

–Por último, el diputado Valdés aseguró que está trabajando en un proyecto para capacitar a los funcionarios y diputados contra el odio. ¿Cree que una medida así podría llegar a ser efectiva?

-Creo que tenemos que pensar este planteo desde la ética y la idoneidad pública. Los discursos del odio de la dirigencia argentina en todos sus ámbitos -política, sindical, social y empresarial- afectan a las personas destinatarias y a toda la democracia. Pero también hay que tener muy clara la diferencia: disentir políticamente y competir fortalece. Claro que no debe ser de cualquier modo y hay un déficit muy grande en la dirigencia política para percibir esa diferencia. Sinceramente, creo que son minoritarias las expresiones que están cargadas de este tipo de motivaciones. La mayoría, la amplia mayoría, queremos vivir en una república democrática con reglas de juego claras y respetadas por todos, con libertad de expresión en el marco del estado de derecho. Estamos sí, profundamente obligados a poner al país en la senda del desarrollo y la integración social. Esta es la agenda urgente que tenemos que elaborar, construir y poner en marcha con celeridad.

Con la intención de garantizarles una red de contención, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará proteger integralmente los derechos de los niños y adolescentes de hasta 18 años que hayan sido victimas o testigos de violencia.

De esta manera la iniciativa busca proteger “la integridad física, psíquica y de la dignidad” de los menores; brindar una “actuación coordinada y colaboración constante entre los organismos, profesionales y operadores/as intervinientes para garantizar la protección de sus derechos”; garantizar el respeto por la confidencialidad y la intimidad del niño o adolescente; aplicar la perspectiva de género, equidad y no discriminación en el trato al menor; entre otros puntos.

Los encargados de prestar este tipo de abordaje serán las escuelas y centros educativos a los que concurran los chicos, así como también los centros de salud y hospitales, organismos administrativos, comisarías y cualquier otra institución pública o privada que brinde asistencia, patrocinio o esté en contacto con niños y adolescentes.

Estos organismos deberán comunicar la denuncia del menor o la detección del hecho de violencia y proteger al niño; también deberá realizar un informe escrito acerca de lo ocurrido y resguardar su intimidad.

El texto presentado por Thourte también garantiza que en el caso de que el niño o adolescente se presente ante un organismo pertinente “sin acompañamiento de un integrante de su familia o persona de su confianza mayor de edad, a comunicar o denunciar que es víctima o testigo de una situación de violencia, o en una situación de detección o develamiento, se debe permitir su relato y garantizar que pueda formular la denuncia por sí misma, si así lo solicitara”.

También sostiene que se le deberá brindar atención médica inmediata.

En los fundamentos de la iniciativa, la radical explicó que “las niñas, niños y adolescentes que son afectados como víctimas o testigos de una situación de violencia o de delitos graves, como aquellos contra la integridad sexual, tienen una diversidad de derechos reconocidos, en tanto víctimas, por un lado, y en tanto niñas, niños y adolescentes, por otro”-

“En un caso de una niña, niño o adolescente en el que se sospecha que haya sido víctima de un delito contra la integridad sexual u otra situación de violencia, no existe un procedimiento claro, que establezca los pasos a seguir, los roles, las responsabilidades, los modos de actuación según el caso, los resguardos y los circuitos de comunicación de los diferentes organismos y establecimientos que aseguren el acceso efectivo a estos derechos. Especialmente -y este es el objeto específico de este proyecto de ley- en lo concerniente a la etapa inicial de abordaje, que incluye la detección, el develamiento o la denuncia”, continuó la legisladora.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “esta situación de detección, develamiento o denuncia puede suceder en una escuela, un centro de atención primaria de salud, un hospital, una comisaría, una oficina del CDNNyA o un programa social. También, es el caso si se presenta la denuncia en un establecimiento del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público Tutelar o si se identifica la situación en el marco de otro proceso a partir de la intervención de un organismo del Poder Judicial. Así, a pesar de los derechos reconocidos para las niñas, niños y adolescentes víctimas y las obligaciones para los estados y funcionarios de respetar el interés superior del niño y de considerar a los niños como prioridad absoluta, estos se encuentran con una primera atención que puede seguir criterios muy diferentes y que puede resultar fragmentada, superpuesta y en algunos casos ineficaz y no cuidadosa de la protección de sus derechos”.

Con la mirada puesta sobre lo que será el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo año, el legislador porteño de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña dialogó con parlamentario.com al respecto de la crisis económica que atraviesa la Argentina y sobre la posibilidad de que Juntos por el Cambio (JxC) se imponga en los comicios del 2023.

En ese sentido, el radical aseveró que “para salir de la gravísima situación actual se necesita no sólo de políticas económicas que generen certidumbre sino también de un gobierno que genere credibilidad en la gente. Actualmente, el Gobierno carece de ambas cosas” y consideró que “la crisis económica que tiene Argentina hoy es resultado de una pésima gestión y de un mal Gobierno. Por supuesto que la interna del Frente de Todos que se agudizó en los últimos meses viene empeorando sustancialmente la situación del país”.

Mientras que en relación a los próximos comicios, Lapeña remarcó que “Juntos por el Cambio tiene altísimas chances de hacer una buena elección y poner al próximo presidente” e indicó que “para eso tiene que seguir trabajando para consensuar propuestas y un plan de gobierno pensando en los problemas que tiene Argentina hoy y aquellos que se van a tener que resolver en el 2023, que no son menores”.

-¿Qué evaluación puede hacer acerca de la situación actual de la Argentina?

-La situación de Argentina es muy delicada en todos los niveles. En el plano económico el descontrol es total. La inflación de junio fue del 5,3% acumulando una variación del 36,2% en los primeros seis meses. La inflación interanual se ubicó en un 64% siendo, nuevamente, la cifra más alta de las últimas tres décadas y se estima que la inflación alcance el 76% a fines de este año. Desde que asumió el actual gobierno, los salarios sufrieron una reducción del 15%. Por otro lado, se estima que la pobreza va a alcanzar el 38% para el semestre enero-junio. Tenemos altísima inflación, más pobreza, escasez de reservas y una suba feroz de la brecha cambiaria. No hay manera de que esto no impacte fuertemente en el bolsillo de todos, principalmente de los sectores medios y de los más vulnerables, alimentando una mayor desigualdad social. En el plano político, la crisis interna que tiene el Frente de todos no hace más que agravar la situación del país. Va a ser muy difícil que puedan revertir esta crisis sin ningún tipo de plan económico, por lo menos, en el mediano plazo, sin rumbo, con una figura presidencial débil atada de manos para tomar decisiones. Para salir de la gravísima situación actual se necesita no sólo de políticas económicas que generen certidumbre sino también de un gobierno que genere credibilidad en la gente. Actualmente, el Gobierno carece de ambas cosas.

-¿Cree que la crisis económica que está atravesando el país se debe a la situación interna del Frente de Todos?

-Creo que la crisis económica que tiene Argentina hoy es resultado de una pésima gestión y de un mal Gobierno. Por supuesto que la interna del Frente de Todos que se agudizó en los últimos meses viene empeorando sustancialmente la situación del país. Es imposible que Argentina salga de la crisis si dentro del Gobierno no existen consensos mínimos ni un rumbo claro. No se pueden poner de acuerdo en la toma de decisiones ni en medias concretas para resolver el descalabro económico que vienen provocando. Pero la crisis económica que hoy atraviesa el país se debe, principalmente, a las malas decisiones que se tomaron desde que asumió este Gobierno. El Gobierno Nacional volvió a generar los problemas que existían cuando dejaron el poder en 2015 y que el gobierno de Cambiemos estaba solucionando. Por citar algunos ejemplos, el gobierno de Cambiemos revirtió la peligrosa tendencia que llevaba el déficit fiscal pasando del 4% al 0.5%. A su vez, se redujo considerablemente el déficit comercial energético que pasó de un saldo negativo de USD 4.600 millones a solo USD 24 millones a la vez que dejó un superávit comercial de USD 15.000 millones en 2019. Hoy la realidad es la opuesta: el déficit fiscal sube sin control, el déficit energético es cada día mayor y se reduce el saldo comercial a pesar de los muy altos precios de los productos que exporta argentina al mundo. La decisiones erráticas, la ausencia de un rumbo claro y la crisis interna que se profundizó en el último tiempo, nos trajo hasta acá. La falta de confianza política que genera esta administración y la ausencia de medidas concretas para resolver los problemas más urgentes es un combo peligrosísimo.

-Con la mirada puesta sobre las elecciones del año que viene, ¿Cree que Juntos por el Cambio podría imponerse en los comicios?

-Juntos por el Cambio tiene altísimas chances de hacer una buena elección y poner al próximo presidente. Pero para eso tiene que seguir trabajando para consensuar propuestas y un plan de gobierno pensando en los problemas que tiene Argentina hoy y aquellos que se van a tener que resolver en el 2023, que no son menores. Juntos por el cambio es una coalición con muchísimo potencial que logró una institucionalización exitosa en todos estos años. Diría que es la única coalición política en Argentina que funciona como tal. Además, es el único espacio que hoy tiene muchos candidatos competitivos para ganar las elecciones presidenciales y que está en condiciones de ofrecer un abanico de opciones para que la ciudadanía pueda elegir. Esto último me parece importante porque demuestra que Juntos por el Cambio hoy está muchísimo más fortalecida que ayer. Es una coalición robusta y estable que genera confianza y previsibilidad en la gente. Hay que aprovechar todas esas fortalezas para ser exitosos a la hora de recoger las demandas de los ciudadanos de a pie y poder traducirlas en propuestas que generen esperanzas para gobernar la argentina del 2023.

-Por último, ¿confía en que el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad puede ser radical?

-Desde el radicalismo hace muchos años que venimos trabajando para gobernar la Ciudad y lo seguimos haciendo pensando en el 2023. Creemos que Martín Lousteau es quien mejor interpreta la argentina de hoy y del futuro, y quien tiene efectivamente la voluntad política de continuar con las transformaciones en la Ciudad de Buenos Aires. La existencia de distintas miradas o diferentes ideas siempre son buenas para mejorar el desempeño de un Gobierno. Es por ese motivo que desde el radicalismo vamos a seguir trabajando para construir una alternativa que complemente y mejore la gestión del gobierno de la ciudad.

Luego de que la Legislatura porteña aprobara la ampliación presupuestaria por 178 millones de pesos, el legislador de la Unión Cívica Radical- Evolución (UCR-Ev), Lucio Lapeña, se mostró a favor de la medida que solicitó el Ejecutivo local y planteó que es una forma de “devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo que le quitó la inflación alimentada por el Gobierno Nacional”.

En ese sentido, el legislador afirmó que “después de dos años y medio de gestión, el gobierno del Frente de Todos no tiene objetivamente ningún indicador positivo para mostrar” e indicó que “lo que sí tiene para mostrar son malos resultados de gestión, como es el aumento descontrolado de la inflación, más pobreza, escasez de divisas, brecha cambiaria record, riesgo país por las nubes, una enorme falta de credibilidad y una interna política que se está llevando puesto el presente y el futuro de todos”.

Asimismo remarcó que “el Frente De Todos decía que venía a poner de pie a Argentina para alejarla del abismo. Sin embargo, desde que asumió este Gobierno, la inflación ha sido del 162% y los salarios perdieron contra la inflación 15% en términos reales”.

“Este es el debate que estamos dando en esta Legislatura: tratar de devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo que le ha quitado la inflación alimentada sistemáticamente por el Gobierno Nacional. Queremos que la Ciudad pueda cumplir las pautas salariales de sus empleados, queremos que las obras de infraestructura y equipamiento continúen y queremos que los servicios previamente mencionados puedan seguir desarrollándose con normalidad”, sentenció el radical.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de interés cultural a la serie documental “Lo que no sabías del humor argentino”, producida por National Geographic Original Productions y realizada por Non Stop.

El evento se realizó en el salón Montenvideo del Parlamento porteño y estuvo a cargo del jefe del bloque UCR-Evolución, Marcelo Guouman, quien fue el autor de la iniciativa que fue aprobada por unanimidad el 30 de septiembre de 2021. La distinción fue recibida por el productor ejecutivo del programa, Fernando Semenzato, y el gerente general de National Geographic, Santiago de Cárolis.

Al momento de entregar el galardón, Guouman afirmó que “es un documental necesario que nos invita a reflexionar sobre lo que nos causa risa y lo que no. Y esto, aunque no lo parezca, nos ayuda a entender mucho mejor cómo nos relacionamos con los otros” y consideró que “la risa y el humor son una estrategia del lenguaje que busca causar estímulos positivos, generar una sensación de bienestar”.

“Personalmente, festejo fuertemente la idea que persigue este producto audiovisual que han elaborado. Es una gran idea que aporta mucho al contexto, a entender el humor del pasado y contextualizarlo en el momento que fue realizado”, añadió el legislador.

En tanto de Cárolis aseveró que “para nosotros es un gran privilegio recibir esta distinción. Hace más de 20 años que estamos produciendo localmente y esta es una producción que nos ha enriquecido mucho como equipo y nos ha divertido mucho hacerlo. Muchas gracias”.

Por su parte, Semenzato señaló que “estamos muy felices, muy contentos porque es un proyecto que surgió hace alrededor de 3 años. No hay nada más cultural para un país que el humor. Es algo muy único. De hecho en este show tenemos 3 versiones diferentes: una para Brasil y una para México que son totalmente diferentes. Un poco la idea del show es que nos riamos y entendamos un poco de por qué somos como somos y de qué nos reímos”.

Cabe recordar que “Lo que no sabías del humor argentino” es una serie documental antropológica de National Geographic Latinoamérica, conducida por Miguel Granados y compuesta por seis episodios de media hora donde se muestra la evolución del humor argentino a partir de entrevistas y archivos que describen y analizan cómo se conforma el ADN nacional.

Algunas de las figuras entrevistadas son Alfredo Casero, Alejandro Dolina, Carlos López Puccio, Diego Capusotto, Pedro Saborido, Sebastián Wainraich, Malena Pichot, Adrián Suar, Florencia Peña, Pablo Granados, Fredy Villareal, Fatima Florez, Ariel Tarico, Martín Bossi, Malena Guinzburg y Roberto Moldavsky, entre otros.

Además se le suma la mirada de expertos que piensan el humor, como el médico psiquiatra José Abadi, el sociólogo especialista en humor Cristian Palacios, el Doctor en Ciencias Sociales Damián Fraticelli y el Licenciado en Filosofía Tomás Várnagy.

Con la intención de favorecer el acceso de personas celiacas a productos sin tacc, los legisladores de la UCR-Evolución Patricia Vischi y Lucio Lapeña presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que los supermercados, minimercados, autoservicios, hipermercados, mayoristas y dietéticas exhiban en sectores diferenciados productos destinados exclusivamente para personas celíacas.

La iniciativa plantea que los comercios deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los productos alimenticios, exhibidos en recipientes, góndolas, heladeras y/o congeladores, garantizando de esta forma la calidad de los mismos; las cuales deben estar debidamente señalizadas con carteles “productos libres gluten” o “sin tacc”.

De acuerdo al texto recientemente presentado y en caso de que la Legislatura le de sanción, se establece que los comercios tendrán 180 días para adecuarse. Por lo que también se establecen sanciones para quienes no cumplan con la misma: para quienes no garanticen la inocuidad de los alimentos sin tacc se establecerán multas de entre 6.800 y 340 mil unidades fijas –es decir, entre 839.120 y 41.956.000 pesos-; quienes no tengan sectores diferenciados para alimentos apto celiacos enfrentaran una multa de entre 100 y 500 unidades fijas –lo que equivale a 12.340 y 61.700 pesos-; mientras que las sanciones económicas para quienes no cuenten con la señalética correspondiente, las multas oscilarán entre las 70 y 300 unidades fijas -8.638 y 37140 pesos-.

En los fundamentos de la iniciativa, los radicales afirmaron que “en Argentina existen más de 400.000 personas que padecen celiaquismo, intolerancia crónica y definitiva al gluten. En la Ciudad de Buenos Aires uno de cada 100 habitantes padecen la enfermedad” e indicaron que “padecer celiaquía implica para esa persona tener que sortear muchos obstáculos a la hora de ingerir comida, uno de los cuales, es encontrar un alimento que sea sin trigo, avena, cebada y centeno -lo que habitualmente se conoce como alimento ‘sin Tacc’- que a la vez posea un sabor agradable y que tenga un costo accesible”.

“Bajo esta premisa es que resulta importante que los establecimientos que venden alimentos comercialicen una serie  de  productos destinados a enfermos celíacos, dando respuesta a una parte de la sociedad  que necesita tener acceso fácil a dichos alimentos”, completaron.

Durante la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemoró el 95° aniversario del natalicio del ex presidente de la Nación Argentina Raúl Ricardo Alfonsín, a celebrarse el 12 de marzo del corriente año. La iniciativa había sido impulsada por el legislador de la UCR-Evolución (UCR-Ev) Martín Ocampo.

En los fundamentos del proyecto, los diputados recordaron que “el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino, militante de la Unión Cívica Radical” y precisaron que “estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado en 1950”.

Sobre esa misma línea, precisaron que “en 1954, a la edad de 27 años, fue elegido concejal en Chascomús; En 1958 fue elegido diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical. Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR” e indicaron que “el 18 de diciembre de 1975, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)”.

Además manifestaron que Alfonsín “siempre será recordado como el padre de la democracia en Argentina. Su desempeño como presidente en la década del ochenta, su perseverancia y su constancia para trasmitir al pueblo los valores democráticos y su importancia abalan esta percepción del pueblo argentino sobre su persona. Se convirtió en el símbolo de la democracia al ser elegido por voluntad popular tras siete años de gobierno militar”.

“Su rol como ‘padre de la democracia argentina’ se inmortalizó durante su presidencia entre 1983 y 1989, en la que derogó la autoamnistía, decretada por los militares durante el gobierno de facto, y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)” y concluyeron señalando que “su primera acción como presidente fue la sanción de dos decretos: el 157/83 y el 158/83; el primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, el segundo ordenaba procesar a las juntas militares que dirigieron el país durante el golpe militar iniciado el 24 de marzo de 1976”.

Tal y cómo ocurre cada año, una vez que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inaugura un nuevo año parlamentario la Legislatura porteña recibe un aluvión de proyectos. Tan es así que en esta oportunidad la primera iniciativa en este nuevo periodo de sesiones fue impulsada por el legislador de Vamos Juntos (VJ) Juan Pablo Arenaza y busca repudiar la guerra entre Rusia y Ucrania.

El texto también cuenta con el apoyo de diputados del Partido Socialista (PS), Republicanos Unidos (RU) y UCR-Evolución (UCR-Ev). En el mismo buscarán expresar “su más enérgico repudio por la invasión de la Federación de Rusia propiciada por el gobierno del presidente Vladimir Putin sobre la República de Ucrania constituyendo una violación a los principios de soberanía e integralidad territorial” e hicieron un “enfático llamamiento a la paz, el cese inmediato del fuego y una resolución de los hechos de acuerdo con el derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “el 24 de febrero el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin tomó la decisión de atacar y proceder a la posterior invasión de la región de Dombás territorio de la República de Ucrania. A través de este hecho comenzaron los reiterados ataques hacia la República de Ucrania con el objetivo de controlar por la fuerza del ejército ruso la totalidad del territorio” y remarcaron que “los ataques por fuerzas militares de la Federación de Rusia han provocado la muerte de más de 350 civiles y más 2.500 civiles heridos del pueblo ucraniano”.

“Asimismo, ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes en la región forzando a miles de ucranianos a tener que emigrar de su nación en busca de un lugar seguro provisto de los elementos necesarios para poder sobrevivir”, señalaron y detallaron que “esta invasión implica una directa transgresión a distintos instrumentos internacionales a los cuales la Federación de Rusia ha suscrito. En particular, debemos mencionar lo que en derecho internacional se conoce como “integridad nacional”, mencionada en la Carta de las Naciones Unidas al afirmar que ningún país utilizará la fuerza contra otro país miembro”.

Sobre esa misma línea, los oficialistas recordaron “el Memorándum de Budapest firmado por Estados Unidos, Reino Unido y la Federación de Rusia donde ésta última se comprometía a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania” e indicaron que “nuestro país tiene importantes lazos de amistad con el pueblo ucraniano siendo una nación que alberga más de 400 mil ucranianos en su territorio. A todos ellos y sus compatriotas expresamos nuestro más profundo acompañamiento en estos momentos tan dolorosos”.

“Solicitamos a la Federación de Rusia el cese inmediato de acciones hostiles contra la República de Ucrania considerando que el diálogo y la paz son el camino necesario para la construcción de un mundo que permita el desarrollo integral de todas las personas”, sentenciaron.

Con un nuevo año parlamentario inaugurado, el diputado de la UCR-Evolución Lucio Lapeña convocó a sus pares a trabajar para mitigar el impacto de la pandemia en áreas sensibles como la educación y el trabajo, al mismo tiempo que insistió en que “la educación debe ser una prioridad hoy más que nunca”.

En ese sentido, el radical afirmó que “son muchos los desafíos que tenemos luego del impacto que tuvo la pandemia en áreas muy críticas como la educación y el trabajo” y destacó que “si bien gracias a la Ley de Emergencia económica la Ciudad de Buenos Aires pudo destinar recursos a los sectores más castigados, desde nuestro bloque UCR-Evolución y desde el interbloque Juntos por el Cambios vamos a seguir trabajando para potenciar al sector privado, a los emprendedores, fomentar el empleo joven y, sobre todo, ayudar a las pymes que son las que más apuestan por el país y generan fuentes de trabajo”.

Asimismo remarcó que “no existe mejor política pública que la de garantizar trabajo para todos” y afirmó que “otro gran desafío es la educación. Luego de dos años muy difíciles para los chicos, hoy tenemos que trabajar muy fuerte para garantizar educación de calidad”.

“La educación no solo es un derecho, también es la herramienta más importante para transformar la realidad y generar mayores oportunidades para las generaciones que vienen. Necesariamente debemos hacer efectivas reformas para que la educación en Argentina se adapte a las nuevas transformaciones y a las demandas del presente y del futuro”, señaló y precisó que “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país y constituye el instrumento social más importante para terminar con las desigualdades económicas y sociales. La educación debe ser una prioridad hoy más que nunca”.

Además Lapeña consideró que “es indispensable fortalecer el federalismo. El conflicto por el traspaso del transporte automotor a la Ciudad de Buenos Aires puso de manifiesto nuevamente que el gobierno nacional no tiene vocación de diálogo” e indicó que “no lo tuvo tampoco cuando decidió unilateralmente reducir la coparticipación de la ciudad del 3,5% al 1,4% que no solo fue un retroceso para el fortalecimiento del federalismo y la autonomía porteña, sino que además condicionó el presupuesto 2021 debiendo la Ciudad de Buenos Aires reordenar y ajustar gastos”.

“El Gobierno nacional debe respetar el principio de federalismo de concertación. No puede seguir desconociendo la Constitución Nacional que expresa claramente que debe haber acuerdo entre las jurisdicciones”, agregó y concluyó aseverando que “se deben lograr siempre acuerdos desde una perspectiva estrictamente metropolitana para no castigar a la gente. Tenemos y debemos poner a la gente siempre por encima de cualquier disputa o diferencias políticas”.

Luego de que la Ciudad diera inicio a un nuevo ciclo lectivo sin protocolos ni burbujas por el Covid 19, el diputado porteño y jefe del bloque UCR-Evolución, Marcelo Guouman, recorrió la Escuela Primaria N°4 DE 2 Amadeo Jacques del barrio de Palermo y volvió a señalar la necesidad de repensar la forma en la que se aprende y enseña dentro del sistema educativo.

En ese sentido el radical planteó que “la educación es prioridad para nuestro espacio” e indicó que “luego de dos años de pandemia, los chicos fueron los más afectados dado que la presencialidad es irremplazable porque contribuye a la inclusión, a la sociabilización y al aprendizaje de la vida en comunidad”.

Sobre esa misma línea, Guouman expresó su deseo de que “este 2022 sea un año de presencialidad plena y cuidada y que la pandemia sea un tema del pasado para los 400 mil alumnos que hoy comienzan el ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires”.

“La educación es un derecho humano fundamental y debe protegerse en el marco de la pandemia para evitar una catástrofe generacional. De allí lo prioritario de darnos un debate profundo sobre la calidad de lo que se aprende y de lo que se enseña”, concluyó señalando.

Los diputados de Vamos Juntos (VJ) y la Unión Cívica Radical- Evolución (UCR-Ev) recordaron al fiscal Alberto Nisman a siete años de que fuese hallado sin vida en su departamento y volvieron a exigir Justicia, dado a que se determinó en segunda instancia que había sido asesinado después de haber denunciado a la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido el oficialista Hernán Reyes (VJ) afirmó que “a 7 años del asesinato de Nisman todo es oscuridad, desde el atentado a la AMIA, pasando por al pacto con Irán, a la humillación en Nicaragua” y remarcó que “de una cosa estamos seguros, no vamos a olvidar y no vamos a renunciar a que haya justicia de una vez por todas”. Mientras que Cecilia Ferrero (VJ) lanzó: “Justicia perseguirás. 7 años. Nisman presente”.

A la vez que María Luisa González Estevarena (VJ) señaló que “siete años pasaron de la muerte de Alberto Nisman, que dedicó esfuerzo y trabajo a intentar dar luz a un caso oscuro de nuestra historia. Seguimos sin entender qué pasó y cómo fue. Sin claridad, sin justicia y sin responsables. ¿Hasta cuándo?”.

Sobre esa misma línea el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), indicó que “a 7 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ratificamos nuestro compromiso de buscar la verdad y hacer justicia en su memoria. Un Gobierno cómplice y principal sospechoso”.

Finalmente, el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) concluyó recordando que “a siete años de la muerte del Fiscal Nisman seguimos esperando respuestas y justicia”.

El ex legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Ariel Álvarez Palma presentó un informe acerca de sus cuatro años como miembro de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que repasó su trabajo en la Casa, los proyectos aprobados e impulsados y revisó el impacto de la pandemia del Covid 19 en su labor.

En ese sentido, el radical afirmó que “el cargo de Legislador de CABA, por ser electivo conlleva una responsabilidad distinta respecto a otras que me tocó asumir. Mi paso por los tres poderes de la Ciudad me permitieron tener una mirada multidisciplinaria, aprender sobre las vicisitudes propias de cada espacio y estar preparado para afrontar los últimos cuatro años representando a los porteños y porteñas” y recordó que su “anterior desempeño como Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, me ayudó a conocer y trabajar en la sanción de leyes como la que apunta a prevenir el robo de celulares, entre otras que combaten el delito”.

Asimismo indicó que “a los vecinos y vecinas que depositaron en mi con su voto los tuve siempre presentes en cada una de las discusiones para defender sus derechos, en cada votación, en cada reunión de comisión, en cada momento. Es a quienes les debo la oportunidad y con quienes tengo la obligación de rendir cuentas sobre mi trabajo” y remarcó que “por ser militante Radical desde mi adolescencia y formado en Ciencias Políticas, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos fue siempre mi norte. La llegada a la banca que me tocó ocupar en la Legislatura, estuvo marcada por un deseo incontenible de cumplir con la agenda de los problemas de los porteños que necesitan soluciones urgentes”.

“El objetivo siempre fue el mismo: construir una sociedad igualitaria en la que el acceso a la información, el respeto a los derechos de todos y el reconocimiento a las carencias que requieren solución para los más necesitados fueran prioridad”, señaló.

A la vez que concluyó agradeciéndole a “Daniel Angelici y Martín Ocampo que confiaron en mí y me dieron esta oportunidad. A Radicales X Argentina, el espacio que integramos juntos, al Ateneo Revolución del Parque y toda su gente, a la UCR que me vio asomarme a la política desde mis comienzos y que hoy conserva intacta mi pasión y mi compromiso social. A mí equipo de trabajo, secretarias, asesores parlamentarios, asesores jurídicos, organización del despacho y prensa y comunicación, por su dedicación y profesionalismo. A los votantes con quienes espero haber honrado mi compromiso”.

Informe-Legislativo.-Ariel-Alvarez-Palma

Luego de que en el marco de la movilización a Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista un grupo de manifestantes vandalizaron el memorial por los fallecidos por victimas de Covid 19, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires salieron a cuestionar con dureza lo ocurrido y consideraron que “pisotean el dolor”.

En ese sentido, el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, afirmó que “faltar el respeto a la memoria de las víctimas es una de las peores bajezas en que se puede caer. Mucho más si es por razones de política partidaria”. Mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), consideró que “pisar y arrancar el dolor del otro. Nada más miserable y nada más violento. Los repudio absolutamente y deseo profundamente que nuestro país deje atrás pacífica y definitivamente este barro”.

A su vez la oficialista María Sol Méndez (VJ) aseguró que “se robaron las vacunas, empobrecieron el país y nos vendieron un futuro que jamás van a lograr. Hoy hablaron de lealtad pisoteando el homenaje a las víctimas del covid-19. Está claro, la lealtad en realidad es para unos pocos” y que María Luisa González Estevarena (VJ) destacó  que “es muy profundo el dolor que causan esas imágenes. Por ideología faltan el respeto hasta a lo más sagrado. No pueden caer más bajo. Son malas personas. No hay vuelta atrás”.

Mientras que Guillermo ‘Willy’ González Heredia (VJ) precisó que “resulta indignante e inaceptable ver lo que hicieron los kirchneristas en la Plaza de Mayo. Pisotean y le faltan el respeto, no solo a los familiares y a las víctimas, sino a todo un país. ¡Basta!” y que Natalia Fidel (VJ) “se roban la memoria. Pisotean el dolor. Estas imágenes duelen mucho. Repudio absoluto”.

Por su parte el legislador de la UCR-Evolución (UCR-Ev) Martín Ocampo lamentó “profundamente lo sucedido en Plaza de Mayo el día de hoy. Debemos respetar el dolor y la tristeza ajena. No permitiremos atropellos autoritarios que se arroguen la memoria de los argentinos, construyamos una sociedad sobre el respeto y la solidaridad”.

Finalmente, la peronista Claudia Neira (FdT) concluyó aseverando que “el peronismo sufrió las profanaciones de Eva y de Perón. El odio nunca respetó la muerte. A nosotros nos duele cada argentino muerto, respetamos el dolor y su recuerdo. Y frente a ello, no hay ideología. Hay amor. Los que no lo entienden, claramente no son peronistas”.

El “súper jueves de sesión” generó arduas negociaciones entre el oficialismo porteño y sus aliados, tan es así que una “rebelión” de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) terminó dejando fuera del temario uno de los proyectos claves para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: el convenio de Santa Catalina. No obstante, la Casa logró sancionar con 33 votos positivos, 18 negativos y 5 abstenciones otros once convenios urbanísticos.

Los mismos recibieron el apoyo de los bloques GEN, UCR-Ev, PS y VJ –sólo Pro y Confianza Pública-; el rechazo del FIT, AyL y FdT; y la abstención de los cinco legisladores de la Coalición Cívica que integran el bloque Vamos Juntos.

La decisión de Vamos Juntos (VJ) de bajar varios de los convenios que había impulsado el alcalde local tuvo que ver con los cuestionamientos del radicalismo, que señaló que varios informes técnicos que debían haberles enviado no habían llegado. No obstante, en los proyectos que sí acompañaron lo hicieron votando en contra.

Sin embargo no fueron los únicos en poner reparos ante los convenios, de hecho los legisladores de la Coalición Cívica decidieron abstenerse en la votación.

Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Corrientes 5761, Corrientes 3410, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83, Arcos 3631 y 11 de septiembre 1535.

El debate en el recinto

El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), aseguró que “votamos once convenios urbanísticos, los cuales fueron analizados y seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Urbano entre más de 100 iniciativas presentadas en la Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores” e indicó que “las contraprestaciones totales por los convenios alcanzan una suma de 36 millones UVA, lo que significa alrededor de 30 millones de dólares”.

“Los convenios urbanísticos en cuestión representan seis mil puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad. Las contraprestaciones propuestas tienen como primer y único objetivo mejorar la calidad de vida de todos los porteños que la habitamos, incluso para aquellos que la visitan día a día o que por alguna razón transitan en ella”, sentenció.

En contraposición Amanda Martín del FIT planteó que “hay un 40% de la población que alquila a precios exorbitantes, con estos convenios termina siendo expulsada de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad no hay una política de crédito para que las familias puedan acceder a la vivienda, ¿qué es lo que hacemos acá con estos desarrollos urbanísticos? Favorecer a las empresas, no le facilita la situación a las familias”.

A su turno el diputado del FdT Matías Barroetaveña argumentó que “la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde hace cuarenta años pese a haberse construido más de treinta y siete millones de metros cuadrados en los últimos veinte años, y se ha duplicado el déficit habitacional con 130 mil viviendas vacías” e indicó que “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres.”

“Luego de vender más de 500 ha de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor”.

Con la intención de contribuir a la disminución de residuos menstruales, la legisladora de Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual le solicita al Gobierno porteño que disponga el expendio gratuito de copas menstruales en los hospitales generales, centros de salud, Centros Integrales de la Mujer (CIM) e instituciones educativas públicas de gestión estatal y privadas y realice las campañas de difusión necesarias para difundir y dar a conocer dicha prestación.

En los fundamentos de la medida, la radical aseguró que “este método de higiene menstrual es uno de los más ecológicos ya que no debe ser desechado de manera frecuente: como es reutilizable, se economiza en residuos tales como envoltorios, cajas o aplicadores, generalmente compuestos por plástico”.

Al mismo tiempo que indicó que, según sostuvieron diferentes usuarias, el uso de la copa tiene ventajas como el ahorro a largo plazo, ya que “si bien su costo inicial es mayor que el de los absorbentes desechables, la inversión se recupera a los pocos meses de utilización y, entre los 4 y hasta 10 años de vida que puede tener una copa menstrual, supone un ahorro interesante”.

Además posee una mayor autonomía dado a que “a diferencia de las toallas o tampones, que deben ser cambiados cada pocas horas, las copas menstruales solo requieren ser retiradas, vaciadas y enjuagadas aproximadamente cada 12 horas”; son más higiénicas ya que “a diferencia de las compresas o tampones, que absorben la menstruación, la copa solo la recoge, no produce irritaciones o sequedad, no trae aparejado el riesgo de síndrome de shock tóxico asociado a los tampones, mantiene la humedad de la vagina y protege la flora vaginal en todo momento”; entre otras cuestiones.

“La provisión de copas menstruales en hospitales, centros de salud, centros integrales de la mujer y centros educativos por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facilitará el acceso de las personas a este producto de higiene menstrual, promoviendo todos los beneficios enunciados”, añadió y remarcó que “en particular, la proporción gratuita de una primera copa menstrual redundará en beneficios económicos para las personas que comiencen a utilizarlas al comenzar a ahorrar al no necesitar consumir compresas o tampones”.

Al mismo tiempo que concluyó remarcando que “sería importante acompañar esta distribución con campañas o acciones específicas de difusión, información y orientación sobre la copa menstrual, su efectividad, beneficios y su correcta utilización, para promover su conocimiento y utilización”.

Tras la viralización de un video en donde se puede ver a Laura Radetich, una docente K de La Matanza, que adoctrinaba a sus alumnos, los legisladores de Vamos Juntos (VJ), UCR-Evolución (UCR-Ev) y GEN salieron a repudiar su accionar y pidieron terminar con el “adoctrinamiento y la violencia contra nuestros chicos”.

En ese sentido, la diputada María Luisa González Estevarena (VJ) aseguró que docencia debe educar para el libre pensamiento, no imponerlo. Basta de militancia e ideología en las aulas, donde debería existir el debate abierto. Una de nuestras prioridades es cuidar la educación para que cosas como estas dejen de suceder. Digamos no a semejante atropello”; mientras que Claudio Romero (VJ) planteó que lo ocurrido es “la ideología de la brutalidad, que vergüenza”.

Además Hernán Reyes (VJ) pidió que se le ponga un fin al “adoctrinamiento en las aulas. No les pertenece a los partidos ni a ningún sindicato. Defendemos lo público porque nos importa que ese sea el lugar donde aprendamos a vivir, respetar y ser libres” y María Sol Méndez (VJ) expresó: “no al adoctrinamiento y a la violencia contra nuestros chicos. Gobernador Kicillof y Defensora del Niño, ¿Qué esperan para defender los derechos de aprendizaje de nuestros niños?”.

Sobre esa misma línea, la oficialista Natalia Fidel (VJ) afirmó que  “’robarle el futuro’ a los chicos es interrumpir una clase y adoctrinar con política. La educación debe ser nuestra prioridad y el eje de nuestro crecimiento. Por eso, no somos lo mismo”.

En tanto el diputado del GEN y precandidato a diputado nacional, Sergio Abrevaya, explicó que “solo sin evaluación sigue a cargo del aula y nadie se aviva. Su autoritarismo maltrata a los alumnos con la verdad revelada. Sino pensás así, sos lo peor de la tierra. Como los fanatismos religiosos. Esta argentina a contramano no da para más”.

Al mismo tiempo que Manuela Thourte (UCR-Ev) concluyó explicando que en el video se puede ver “el desamparo de un pibe que filma a escondidas a su profesora. Una profesora que grita con violencia. Un fanatismo que no enseña pensamiento crítico, ni a disentir, ni a debatir democráticamente. Una vergüenza”.

El diputado Leandro Halperín (UCR-Ev) junto a sus compañeros del bloque UCR-Evolución presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que el cuerpo parlamentario exprese su beneplácito por el 130° aniversario del nacimiento de la Unión Cívica Radical (UCR), el cual se cumplió el pasado 26 de junio.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “la Unión Cívica Radical, nace en un contexto de crisis económica, que propiciaba la falta de empleo y desigualdad social, como también el fraude y la falta de una alternativa política al ‘unicato’” y precisó que este espacio político se caracteriza “por defender los derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas las etapas de la historia argentina, la UCR fue la creadora del descanso dominical y la jornada laboral de ocho horas, e ideológa del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, redactado por el entonces presidente del Comité Nacional, Crisólogo Larralde, el cual incluye el derecho a huelga que no estaba incluido en la constitución peronista de 1949”.

“No podemos dejar de mencionar que impulsó la instalación de la democracia liberal en el país, y por ser un partido ampliamente representativo de las clases medias argentinas durante la mayor parte del siglo XX. Su origen se remonta a la representación de las clases bajas inmigrantes y descendientes de inmigrantes, a quienes Leandro Alem denominaba ‘compañeros desposeídos’, para reunir hoy en sus filas a todos ciudadanos que continúan con la lucha diaria por lograr la consolidación definitiva en nuestro país y para el beneficio de todos sus habitantes, de los valores republicanos, la libertad y la igualdad”, añadió.

Los diputados recordaron que, además, “uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando de esta manera un sistema de co-gobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados y docentes; la implementación de cargos por concurso y la universidad gratuita y laica, expulsando de esta manera la educación religiosa de las universidades públicas”.

Al mismo tiempo que aseguró que “a su vez es el partido que mayor presupuesto asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del PBI durante el gobierno de Arturo Illia, es también el partido impulsor del uso de guardapolvos en los colegios públicos, ley sancionada durante el gobierno de Yrigoyen. Desde el año 1973 conduce de forma ininterrumpida la Federación Universitaria Argentina mediante su brazo estudiantil, la Franja Morada”.

“Por último, señalar su incansable participación en la recuperación de la democracia, proceso encabezado por Raúl Alfonsín, creando la CONDADEP e investigando y juzgando los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante los años más oscuros de la historia de nuestro país”, completó Halperín.

El texto también lleva la firma de Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).

En junio de 2020, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley del oficialismo que introdujo sustanciales modificaciones en relación con el funcionamiento e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). De aprobarse dicho proyecto en la Cámara de Diputados, estaríamos restringiendo las posibilidades de crecimiento dificultando la creación de nuevas empresas, indispensables para la generación de empleo. Porque estaríamos atentando contra los beneficios que esta figura ofrece: la simplicidad y la transparencia; e imponiendo más trabas y mayores costos para todos aquellos que quieran llevar adelante proyectos productivos que hacen al desarrollo del País.

Las SAS fueron creadas hace apenas 3 años a través de la Ley de apoyo al Capital Emprendedor, con el objetivo de agilizar el proceso de constitución de sociedades. Dentro de los beneficios se destacan la disminución del capital social necesario -llevándolo a 2 salarios mínimos vitales y móviles-, la digitalización del proceso de inscripción de la sociedad y gestión de trámites, el plazo de 24hs. para su constitución y la creación de un estatuto modelo con cláusulas estándar. Todo esto – sumado a los costos de trámites considerablemente inferiores respecto de las SA o las SRL-, ha fomentado y facilitado considerablemente su constitución, transformándose en el tipo societario más elegido y atractivo para los emprendedores argentinos.

Según datos de ASEA (Asociación Argentina de Emprendedores) son 40.000 las SAS constituidas desde 2017 a la fecha, siendo el formato más elegido por las nuevas pymes durante 2019 y 2020. De las pymes constituidas en este período, el 50% lo hizo bajo la figura de SAS.

Actualmente, y a través del proyecto de ley del Senador Oscar Parrilli se busca ejercer un mayor control sobre las SAS, introduciendo distintas medidas que solamente imponen mayores trabas y costos para su constitución y funcionamiento. En primer lugar, porque es falso que sea necesario hacer un control excluyente sobre estas sociedades antes de su conformación, porque el control puede ser concomitante e igual de efectivo. En segundo plano, de aprobarse el proyecto, las SAS únicamente podrán ser constituidas por emprendedores que previamente se encuentren inscriptos en un Registro Especial.

También se suspende por 180 días la gestión documental electrónica (GDE) impidiendo durante ese lapso la constitución de nuevas SAS y la gestión de otros trámites debiendo gestionarse únicamente a través de un soporte papel. A eso hay que sumarle la sanción de nulidad que se establece en caso de que no se cumpla con su inscripción en el registro especial.

En lugar de intentar mejorar un modelo societario que en la práctica ha funcionado muy bien por sus altos niveles de simplicidad y eficiencia, el oficialismo impulsa medidas que tendrán como resultado desincentivar las SAS y así la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo.

Este debate se da en el contexto de la reciente modificación de la Ley del Impuesto a las Ganancias para empresas, ya aprobada por el Congreso, que significó un aumento en la presión tributaria sobre todo el aparato productivo en un contexto de enorme caída del PBI, de bajísima inversión, crecimiento exponencial de la pobreza y aumento de la inflación, como bien describió el Senador Martín Lousteau.

Países que graban las ganancias con altos impuestos lo hacen más sobre las personas que sobre las empresas, pero la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde estas últimas tributan más. Además, el proyecto introduce mayores distorsiones (en un sistema donde ya hay una gran superposición de tributos) y una de ellas es que grava más a las empresas que reinvierten utilidades por sobre las que no lo hacen.

La economía argentina cayó 10 puntos en 2020, y arrastra 10 años de estancamiento. Estas decisiones lejos de generar mejores condiciones para el crecimiento generan más trabas, más restricciones a la inversión, y particularmente a la creación de nuevas pymes, que representan el sector más dinámico de nuestra economía y el que más empleos genera.

La presidenta del bloque UCR-Evolución, María Inés Gorbea, presentó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa a través de la cual prevé generar en el distrito equipos de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes que tengan un familiar prófugo o preso, a fin de que puedan contar con algún tipo de sostén en esa delicada situación.

El proyecto en cuestión planteó la necesidad de crear “equipos de acompañamiento que dependerán de la Subsecretaría de Promoción Social, perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Los mismos estarán compuestos por un grupo de profesionales que realizarán un seguimiento directo a los niños, niñas y adolescentes mediante el apoyo y acompañamiento psicológico como también pedagógico. Dichos profesionales también tendrán la tarea de evaluar las situaciones familiares, habitacionales y emocionales de los niños, niñas y adolescentes. Detectar las necesidades específicas y proveer la información al Gobierno porteño.

En cuanto a la conformación de estos equipos, el texto sostiene que “serán integrados por un director, profesionales que ayuden del lado emocional  (psicólogos) y profesionales dedicados a ayudar del lado pedagógico”.

En los considerandos de la iniciativa, la radical indicó que “las complejas situaciones que desencadena la detención de algún miembro de la familia tienen impactos en los niños, niños y adolescentes, en la comunidad específica a la que dicha familia pertenece y en la sociedad toda” y consideró que “es por esto que el acompañamiento de las familias en cuestión se torna un trabajo central para abordar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes miembros de dichas familias”.

Sobre esa misma línea afirmó que “entre las estadísticas surge que en el país, al menos 146 mil menores de 0 a 17 años en Argentina tiene a su padre, madre o familiar directo en la cárcel” y advirtió que “este es un gran problema en la Argentina ya que si esos niños no tienen acompañamiento psicológico o pedagógico pueden terminar en un camino delictivo, ya que no recibieron la educación necesaria y sus padres, que son el ejemplo de los niños, terminaron en prisión”.

“Creemos que el rol del estado en el acompañamiento y generación de contexto de buenas prácticas, es siempre un paso hacia el cumplimiento efectivo de la ley. El bienestar, la salud y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, es el camino para poder garantizar los derechos expuestos en la Ley 114 de la Ciudad y en la ley nacional 26.061”, sentenció.

Luego de varias postergaciones, la Unión Cívica Radical (UCR) realizó sus elecciones internas para elegir a sus autoridades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que los legisladores porteños de la UCR-Evolución celebraron la activa participación de 30 mil afiliados durante los comicios y aseguraron que desde ese partido seguirán trabajando para “transformar la Argentina”.

En ese sentido la presidenta del bloque UCR-Ev en la Legislatura porteña, María Inés Gorbea,  explicó en las redes sociales que “la UCR ha sido víctima de críticas pero hay algo que debe ser objeto de imitación y distinción por parte de todos los partidos políticos: el respeto por las formas y la democracia. La prioridad puesta en la República y el legado de Raúl Alfonsín” y consideró que “hoy es un ejemplo más”.

Mientras que Leandro Halperín (UCR-Ev) manifestó que “estamos trabajando por un radicalismo que se anime a salir de la incomodidad, con vocación de gobernar, para transformar la Argentina y que sea moderna para todas y todos, y de iguales en oportunidades” y lanzó un contundente mensaje: “decían que no existíamos más… Vamos a volver, y mejores que nunca”.

Sobre esa misma línea,  Marcelo Guouman (UCR-Ev) aseguró que “votamos para fortalecer y unir al radicalismo, para recuperar el protagonismo de nuestro partido en la Ciudad” y concluyó señalando que “los radicales elegimos una UCR  más grande y mejor para liderar la transformación de la realidad y construir un país justo y de iguales”.

Al mismo tiempo que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) expresó que desde la UCR están “orgullosos de todos ustedes por una participación récord en las elecciones internas de la UCR Capital, unidos por un radicalismo fuerte, moderno y con ganas de liderar la ciudad” y concluyó señalando que “en una nueva jornada democrática los radicales elegimos autoridades partidarias en todas las Comunas de la Ciudad. Las internas UCR nos obligan como partido a seguir siendo un ejemplo de participación ciudadana y compromiso militante”.

Desde que la Ciudad de Buenos Aires retomó la presencialidad de las clases se detectaron en el distrito 38 casos de Covid positivo en las escuelas, es por ello que el radical Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) y los diputados del Frente de Todos (FdT) se cruzaron en las redes sociales con opiniones contrapuestas sobre el retorno a las aulas.

En ese sentido, el diputado radical compartió una captura de pantalla de una noticia en la que se informaba la detección de esos casos positivos y remarcó que “como dirigentes políticos tenemos la responsabilidad de no inculcar miedo ni incertidumbres”. Asimismo indicó que “la posibilidad de contagios siempre existe, por ello se extreman los cuidados y protocolos aprobados pero siempre creyendo que las escuelas abiertas son la mejor alternativa posible”.

Mientras que la legisladora del FdT Claudia Neira afirmó que “la ministra de Educación, Soledad Acuña, tuvo casi 10 meses para trabajar y planificar el regreso a las aulas, y hoy nos encontramos con una falta total de planificación” y destacó que  “el Gobierno de la Ciudad debe asumir la autoridad en el espacio público y ordenar el ingreso a las escuelas a través de los agentes de tránsito que están para cumplir esa tarea”.

Además explicó, en una entrevista con Radio con vos, señaló que “es inédito que delegue esa responsabilidad en las autoridades de los colegios. Es un inicio de clases en el que sólo ha habido una foto y se ha dejado sola a la comunidad educativa”.

Al mismo tiempo que Juan Manuel Valdés (FdT) aseveró que “todos y todas celebramos la vuelta a las aulas pero no podemos dejar pasar el recorte histórico que hubo en el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires” y subrayó que “es importante el regreso a clases en este formato, que no es el que todos quisiéramos que tiene que ver con recuperar la presencialidad total. Por su puesto que la pandemia no creó la desigualdad en Argentina sino que la profundizó y la visibilizó”.

Sobre esa misma línea, resaltó que “cuando no existen los recursos adecuados de parte del sector público, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, se evidencian aún más las desigualdades. Cuando se recorta 2/3 del presupuesto en infraestructura escolar en un año de pandemia, está claro que quien gobierna actúa como si no existiera esa pandemia”.

“También se recortó en casi 400 millones de pesos el reparto de computadoras al sistema educativo primario; la verdad es que es una medida que va en contraposición con las necesidades de las familias”, indicó en diálogo con C5N y concluyó manifestando que “de todas maneras creemos que para las familias ha sido importante recuperar el vínculo con el aula, porque entendemos lo que significa tener que estar con los chicos al mismo tiempo que se tiene que trabajar y que no hay la cantidad de computadoras necesarias para que cada uno pueda seguir con sus actividades”.

En el marco del 200 aniversario de la fundaciónde Caballito, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires colocó  una placa conmemorativa en el mástil del Parque Rivadavia, ubicado en el corazón de ese barrio. Por lo que en el acto de descubrimiento de la misma participaron los diputados Ariel Álvarez Palma, Diego Weck, Martín Ocampo (UCR-Ev) y Carolina Estebarena (VJ).

También participaron del acto los oficialistas Cecilia Ferrero, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani, Claudio Romero y Hernán Reyes (VJ); la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri; autoridades de la Comuna 6, vecinos y comerciantes de Caballito que se acercaron al lugar para celebrar su bicentenario.

En ese sentido Ocampo, el autor de la iniciativa, manifestó que “el bicentenario de Caballito despierta en todos los que crecimos en sus  calles una sumatoria de sentimientos, que combina emoción, excelentes recuerdos y un agradecimiento profundo a su gente que es tan especial” y destacó que “la identidad y el sentido de pertenencia que produce nuestro barrio es muy fuerte y se vive con intensidad”.

Por su parte el radical Álvarez Palma, coautor de la misma, indicó que “como vecino de Caballito me genera mucha alegría poder rendir homenaje al barrio que me vio nacer, en el cual me crié, el mismo que me vio comenzar mis estudios en la Escuela Florentino Ameghino, y en el cuál pude formar mi familia y seguir participando activamente de las cuestiones sociales de este gran Barrio”.

“Caballito siempre se caracterizó por ser un ejemplo de barrio de clase media trabajadora, con mucho orgullo de su lugar de pertenencia, tanto vecinos como comerciantes forjaron una convivencia para seguir creciendo, interiorizándose de sus problemas y fomentando la participación ciudadana; por eso siento orgullo de ser y de vivir en Caballito”, completó.

Los diputados de Vamos Juntos y la UCR-Ev iniciaron en las redes sociales una cruzada para garantizar que el ciclo escolar 2021 se realice en las aulas y remarcaron que la virtualidad solo debería ser un complemento. Además insistieron con el plan del Gobierno de la Ciudad de que las clases comiencen el 17 de febrero.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), manifestó que “por todo lo aprendido, y porque la educación de niños y niñas es la principal prioridad para nuestro Gobierno, es que sostenemos y trabajamos por el regreso a las aulas en la Ciudad el 17 de febrero” e indicó que para el ciclo lectivo 2021 esperan “lograr la mayor presencialidad posible de forma gradual, todos los chicos, todos los días, al menos en jornada simple”.

Además pidió “priorizar a los estudiantes de menor autonomía y a quienes cambiaron de nivel” y “utilizar a la virtualidad como complemento o alternativa a la presencialidad”. Al mismo tiempo que exigió que se garantice la “continuidad pedagógica”, así como también la “planificación y flexibilidad del sistema”; mientras que para disminuir los riesgos de contagio en las aulas, el oficialista pidió la “puesta en marcha de las escuelas en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación”.

“La digitalización de la capacitación docente fue convocante y valorada positivamente, aunque la participación decreció a lo largo del año”, advirtió y recordó que se puso “en marcha el Plan Decí Presente, con más de 250 mil visitas a domicilios, acciones de revinculación en polideportivos y entrega de computadoras”.

Sobre esa misma línea, Straface consideró que “aunque la vuelta a clases presenciales es de una necesidad urgente y evidente está fuera de discusión para los que defendemos de verdad el derecho a la educación, siempre es imprescindible respaldar con datos y evidencia las políticas y propuestas” y precisó que “la no presencialidad acrecentó el riesgo de abandono de los estudiantes de los sectores más vulnerables o con menos apoyo en sus hogares”.

Asimismo afirmó que “el 62% de las familias mostró su preocupación por la pérdida de contacto social de los chicos” y destacó que las mismas coincidieron en que “lo más difícil fue: no ver a sus amigos, no poder ir a las escuelas o facultades, no ver a sus familiares, estudiar en casa”.

Por otra parte, Guillermo González Heredia (VJ) aseveró que “es inadmisible que se ponga en duda el regreso a la escuela, los chicos no pueden perder otro año de clases, sería una catástrofe en todo sentido. Debemos reparar el daño producido por la falta de actividades presenciales, ellos son el futuro”; mientras que Gastón Blanchetiere (VJ) subrayó que “la educación es prioridad, por eso abran las escuelas”.

A su vez Claudio Cingolani (VJ) destacó que “policías, médicos, enfermeros, transportistas públicos y la mayoría de las actividades sociales y comerciales trabajan y se cuidan frente al Covid. La educación no puede ser la excepción. ¡Que vuelvan las clases, con todos los cuidados y protocolos sanitarios!”.

En ese mismo sentido la oficialista Natalia Fidel (VJ) expresó que la “sorprende que cualquier Gobierno, pero más aún uno que se define como progresista, milite con tanto entusiasmo la permanencia de las niñas y niños fuera de las aulas. Eso sí, corrieron para abrir los casinos. Se ve que la timba es prioridad”.

Al mismo tiempo que el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) consideró que “el Gobierno nacional debe corregir los errores de su gestión y asegurar el inicio de clases presenciales para todos los argentinos” y que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) señaló que “el 17 de Febrero la Ciudad de Buenos Aires vuelve a clases presenciales con protocolos sanitarios. Involucrate y defendamos juntos la educación”.

Mientras que Inés Gorbea (UCR-Ev) explicó que “los pibes tienen que volver a la escuela, esa debe ser la prioridad, cualquier otra propuesta es una crueldad inadmisible” y concluyó señalando que “los docentes deben volver a trabajar de manera presencial, como otros profesionales y trabajadores que lo hacen desde el día uno”.

En medio de la puja entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación por los recursos coparticipables que percibe el distrito capitalino, los legisladores del oficialismo porteño expresaron su apoyo al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, tras su decisión de no reunirse con el presidente Alberto Fernández para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento. Al mismo tiempo que le respondieron a los diputados del Frente de Todos (FdT), dado a que estos difundieron un comunicado en el que condenaron la actitud del jefe de Gobierno porteño.

Es así que el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), afirmó que es “inexplicable  que el Gobierno Nacional, autor de la quita de recursos más voraz que se recuerde de la Ciudad, convoque a un show mediático que solo busca avanzar sobre la autonomía de nuestro distrito” y señaló que respaldan “la decisión del jefe de Gobierno y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación que el kirchnerismo se apropió por el solo hecho de ser un distrito gobernado por la oposición. No sorprende que los legisladores respalden este gravísimo atropello, atacando en manada y muy lejos de trabajar para todos y todas”.

Mientras que Gimena Villafruela (VJ) explicó que “desde Vamos Juntos respaldamos a Larreta “en su decisión de no participar del show mediático del Gobierno Nacional” y consideró que “el presidente esconde la quita más voraz que recuerda la Ciudad para destruir un distrito gobernado por la oposición”. En tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), pidió: “no al show mediático que pretende instalar el Gobierno Nacional, es cínico y pretende esconder la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”.

Por su parte el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, respaldó “de manera absoluta la decisión del jefe de Gobierno de no participar de un show mediático y cínico que esconde la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”; mientras que Cristina García (VJ) consideró que es “lamentable que el Gobierno Nacional, convoque a un show mediático para blanquear la quita de fondos. Desde Vamos Juntos respaldamos la decisión de Larreta y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación”.

A la vez que el diputado Hernán Reyes (VJ) le respondió a los legisladores del FdT por su comunicado y manifestó que es “inexplicable que sean legisladores de la Ciudad y entreguen la autonomía como si nada”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) advirtió que “resulta inexplicable que aquellos que arrebataron a los porteños los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la Policia de la Ciudad exijan la  participación de Larreta para debatir al respecto mediante el diálogo y el consenso”  y aseveró que “el autoritarismo ejercido por Alberto Fernández para la quita de dichos fondos fue celebrada por quienes hoy, bregan por el diálogo para la resolución de este conflicto. No olvidemos que esta decisión estuvo pensada estratégicamente para debilitar al referente de la oposición”.

Asimismo Leandro Halperín (UCR-Ev) inistió en que “una condición indispensable para un dialogo, es que las partes estén dispuestas a ceder algo y no es lo que ocurre con los fondos de la seguridad para la CABA que sin aviso, ni diagnósticos; el kirchnerismo resolvió quitarle a la ciudad cuando los apretó la bonaerense”.

Sobre esa misma línea el legislador Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) expresó que “la convocatoria a una mesa de diálogo a Horacio Rodríguez Larreta luego de lo que fue la expropiación de fondos más grande que haya sufrido la Ciudad, no hace más que revelar un cinismo inescrupuloso por parte del Gobierno Nacional” y destacó que “aquellos que se rasgan las vestiduras por la negativa a participar de ese show mediático, son los mismos que avalaron la quita de recursos que va a afectar a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad”.

“Seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia haga honor a su nombre y vele por los derechos de los ciudadanos de la ciudad que son rehenes de una jugada política que busca debilitar a quien sea oposición del Ejecutivo Nacional”, aseveró.

Finalmente, el diputado del GEN Sergio Abrevaya indicó que “apuran a la Ciudad a reunirse para acordar los fondos porque temen un fallo favorable a la Ciudad, y seguir sacándonos más. Los porteños aportamos el 23% del PBI y la Nación se queda con más del 90% de lo que producimos. ¿Será por las pensiones y sueldo de Cristina Fernández de Kirchner que salen mucha plata?” y afirmó que “la Justicia es el poder encargado de tachar de inconstitucional una ley. Si Larreta reclamó ante la Corte, que apuro tiene en contradecirse. Giren a cuenta y vemos tras el fallo, cualquier acuerdo sería avalar la ley, que es inconstitucional”.

“Hay que aprender a respetar el orden constitucional, y sus instituciones. La Corte es la encargada de decidir si una ley viola la constitución. Debe resolver rápido”, sentenció.

También sumaron su apoyo al jefe de Gobierno los legisladores Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena, Gonzalo Straface, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

Tras un año lectivo sumamente complejo a causa de la pandemia del Covid 19, los diputados del bloque UCR-Evolución emitieron un comunicado en el que exigieron que el Gobierno Nacional y el de la Ciudad elaboren políticas públicas que permitan que los estudiantes puedan volver a la presencialidad de las clases durante el 2021.

En ese sentido, los legisladores remarcaron que “la finalización del 2020 exige un diagnóstico sobre los problemas surgidos en la pandemia y sobre los resultados de las políticas implementadas a nivel institucional” y destacaron que “en materia educativa se destaca una certeza: debemos garantizar el regreso a las escuelas en 2021”.

A su vez señalaron que “el cierre de las escuelas y la suspensión de las actividades presenciales implicaron la adaptación de urgencia a la enseñanza remota. En el marco del profundo impacto emocional que la pandemia y el aislamiento provocaron, la comunidad educativa realizó un gran esfuerzo para poder contar con cierta continuidad pedagógica”.

“Como nunca antes, las familias cumplieron un rol fundamental en acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, estos esfuerzos no pudieron evitar consecuencias negativas para los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad: en promedio, los aprendizajes durante 2020 fueron menores en cantidad y calidad que antes de la pandemia, las oportunidades de socialización entre pares disminuyeron drásticamente y la capacidad del sistema educativo para detectar vulneraciones a los derechos de los estudiantes se vio sumamente dificultada”, alertaron los radicales.

Al mismo tiempo que consideraron que “es esencial ofrecer certezas a la comunidad educativa que contemplen los diversos escenarios sanitarios en los que podemos encontrarnos al inicio del ciclo lectivo 2021” y advirtieron que “en la actualidad, los casos diarios de Covid 19 se están incrementando paulatinamente y la posibilidad concreta de una campaña de vacunación es cada vez más incierta; debemos estar preparados para afrontar los escenarios más difíciles: es posible que lleguemos a febrero sin una vacunación masiva y con casos en aumento”.

Por lo que concluyeron señalando que “es urgente que el Ministerio de Educación de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires trabajen junto a los docentes, las familias y los especialistas en salud y educación para definir políticas educativas que aseguren un regreso a la escuela en 2021”.

El comunicado completo

La finalización del año 2020 exige un diagnóstico sobre los problemas surgidos en la pandemia y sobre los resultados de las políticas implementadas a nivel institucional. En materia educativa se destaca una certeza: debemos garantizar el regreso a las escuelas en 2021.

El cierre de las escuelas y la suspensión de las actividades presenciales implicaron la adaptación de urgencia a la enseñanza remota. En el marco del profundo impacto emocional que la pandemia y el aislamiento provocaron, la comunidad educativa realizó un gran esfuerzo para poder contar con cierta continuidad pedagógica.

Como nunca antes, las familias cumplieron un rol fundamental en acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, estos esfuerzos no pudieron evitar consecuencias negativas para los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad: en promedio, los aprendizajes durante 2020 fueron menores en cantidad y calidad que antes de la pandemia, las oportunidades de socialización entre pares disminuyeron drásticamente y la capacidad del sistema educativo para detectar vulneraciones a los derechos de los estudiantes se vio sumamente dificultada.

Esta situación ha sido considerablemente más grave para niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables, cuyas familias tuvieron menos capacidad de acompañarlos en su escolaridad. Lo que la pandemia dejó en claro es que la educación remota no puede reemplazar la presencialidad.

En este contexto, es esencial ofrecer certezas a la comunidad educativa que contemplen los diversos escenarios sanitarios en los que podemos encontrarnos al inicio del ciclo lectivo 2021.

En la actualidad, los casos diarios de Covid 19 se están incrementando paulatinamente y la posibilidad concreta de una campaña de vacunación es cada vez más incierta. Debemos estar preparados para afrontar los escenarios más difíciles: es posible que lleguemos a febrero sin una vacunación masiva y con casos en aumento.

Estos escenarios deben prever como condición mínima para mitigar los daños causados por la pandemia y el aislamiento en niñas, niños y adolescentes, la presencialidad en las escuelas, y la definición de su frecuencia e intensidad de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica.

En este esquema de planificación de vuelta a clases se debe priorizar el regreso de los alumnos más vulnerables: los que no pudieron sostener la continuidad pedagógica; los de menor desempeño académico; los hijos de trabajadores esenciales; los alumnos de nivel inicial y de los primeros años de la primaria y los que se encuentran en años de transición hacia otro nivel educativo.

Debe preverse una mayor demanda de vacantes en el sistema público, particularmente en el nivel inicial. Faltando pocas semanas para el comienzo del ciclo lectivo 2021 es crucial aprovechar este período para establecer pautas que regulen la actividad educativa en los distintos formatos en que pueda desplegarse a lo largo del año.

Se debe contemplar un diagnóstico de la cantidad de docentes fuera de grupos de riesgo; instancias de formación docente en prácticas de educación a distancia; una comunicación más clara con las familias para orientarlas en acompañar a niñas y niños a lograr los objetivos mínimos de aprendizaje; el asesoramiento a los equipos de conducción de las escuelas para reorganizar sus grupos de trabajo y la mejora en las condiciones de infraestructura educativa tanto en lo referido a cuestiones edilicias de las escuelas como en lo relacionado con la disponibilidad de dispositivos digitales, conectividad y plataformas educativas.

Al mismo tiempo, es necesario implementar una política consistente para compensar los daños causados en los aprendizajes por la pandemia y el aislamiento. Diversas evaluaciones de impacto a nivel internacional han mostrado que los programas de tutorías educativas resultan sumamente efectivos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Algunos países están implementando este tipo de programas de forma masiva en el contexto actual.

Una política de este tipo podría beneficiar a los estudiantes y también involucrar a la sociedad en la mejora de la educación, aprovechando a todos los docentes del sistema educativo y también a estudiantes de profesorados y, con una capacitación previa, a estudiantes universitarios y profesionales idóneos.

Resulta indispensable la articulación de políticas y la construcción de consensos que permitan tomar las decisiones que requiere este difícil momento. El Estado es garante del derecho a la educación y debe focalizar los recursos para proveer condiciones seguras y equitativas.

Es urgente que el Ministerio de Educación de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires trabajen junto a los docentes, las familias y los especialistas en salud y educación para definir políticas educativas que aseguren un regreso a la escuela en 2021.

Argentina enfrenta hoy una situación de fragilidad social y económica de profunda magnitud. La pobreza supera al 40% de la población, vamos a sufrir una caída del 12% del PBI, tenemos 13 puntos de desempleo y la destrucción de millones de puestos de trabajo siendo los autónomos, PyMEs y asalariados informales los más afectados y el AMBA la más perjudicada.

Estamos frente a una situación muy delicada que requiere de la responsabilidad de la dirigencia en general para alcanzar acuerdos políticos amplios y sin mezquindades de manera de sortear esta crisis de la mejor forma posible. No obstante, el oficialismo estuvo lejos de mostrar una actitud que estuviera a la altura de las circunstancias cuando decidió recortarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires en medio de un contexto de extrema gravedad.

La decisión unilateral de reducir la coparticipación de la Ciudad del 3,5 % al 1,4% – primero por decreto y luego aprobada por el oficialismo en el Congreso- no solo fue un retroceso para el fortalecimiento del federalismo y un ataque a la autonomía, sino que también condicionó enormemente el presupuesto 2021 sancionado recientemente en la Legislatura porteña. Como producto del avasallamiento a las finanzas de nuestro distrito, la Ciudad tuvo que reordenar y ajustar gastos que perjudicarán indudablemente a todos los porteños.

Tal como venimos advirtiendo, la quita de los recursos a la Ciudad atenta contra toda posibilidad de planificación de sus gastos e inversiones dándole un trato distinto al del resto de las Provincias. Nada de eso importó. Primó la estrategia de someter a un distrito adverso, y también a uno de los distritos que más aporta a la masa coparticipable (22%) y que menos recibe. En el mismo sentido, cabe destacar que más del 70% de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires son propios, siendo una de las provincias argentinas menos dependientes de los fondos coparticipables.

La caída de la actividad económica y su impacto en la recaudación golpeó tanto a la Ciudad como al resto de las administraciones provinciales. Sin embargo, fue la CABA el distrito más maltratado al sufrir un recorte de fondos que afectará a más del 10% de los ingresos tributarios previstos para 2021.

En este contexto es que aprobamos en la Legislatura un presupuesto de emergencia y con un resultado deficitario, siendo que los gastos representan unos 612.000 millones de pesos y los ingresos 587.000 millones de pesos. Como consecuencia de la quita de fondos coparticipables y con el fin de compensar la caída de recursos, la Ciudad modificó la Ley Tarifaria y también sumó un impuesto a las operaciones con tarjeta de crédito. Impuesto que fue resistido por el oficialismo nacional en la Legislatura pero que sin embargo hoy está vigente y se aplica en provincias como Buenos Aires, San Luis, Chaco, Tucumán y Tierra del fuego.

Si bien seguirán siendo prioritarias las áreas sociales y el 52% del gasto se destinará a salud, educación y trabajo, los ajustes en materia de obras, infraestructura, revisión de contratos, paritarias y gasto público, afectarán, sin dudas, a la calidad de la vida de todos los porteños.

La decisión política improvisada y oportunista del oficialismo no castiga a un distrito, castiga a las tres millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y a todos aquellos que trabajan, se educan y utilizan nuestros servicios públicos, y lo hace en un momento de crisis social y económica como producto de la pandemia, pero también como consecuencia de errores cometidos por el propio Gobierno nacional.

La Cámara de Diputados concretó ayer la decisión del Presidente Fernández de reducir la coparticipación de la Ciudad llevándola de 3,5% al 1,4%, obviando la transferencia de la policía, las competencias de seguridad de 2016 y los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para determinarlo. El texto fue modificado y volverá al Senado para su sanción definitiva.

La decisión del Gobierno es inconstitucional en sus formas y en su contenido, porque no puede reducir la coparticipación a un distrito de manera unilateral sin un convenio entre las partes. Así sucedió con la Ciudad desde la reforma del 94. De igual modo, la quita de las de transferencias automáticas para financiar el traspaso de las competencias de seguridad discrimina a la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto de las provincias que no reciben el mismo trato. Es un incumplimiento flagrante del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Al contrario de lo que se argumenta desde el oficialismo, la decisión constituye un ataque al régimen federal dado que violenta la autonomía provincial y no representa más recursos para el resto de las provincias sino que concentra más dinero en la Nación. La quita de recursos a la Ciudad implica un recorte a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Esta decisión perjudica no sólo a los porteños, también a millones de personas que trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La discriminación atenta contra la posibilidad de que la Ciudad planifique sus gastos e inversiones en un contexto extraordinario de crisis como el que atravesamos. Arbitrariamente, se están violando los principios más elementales del federalismo. Con esta ley, la quita alcanza los 65.000 millones de pesos: más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para 2021.

Los argumentos son insólitos, y lo cierto es que, en términos fiscales, la Ciudad es la ante última en la lista de recursos percibidos per cápita, y última en el listado de la relación de coparticipación recibida sobre el aporte al producto nacional.

El objetivo del oficialismo es claro: castigar a la Ciudad de Buenos Aires dándole un trato diferente al resto de las provincias. Es un antecedente preocupante para el sistema federal en particular y para la política en general. Considerando los comentarios de algunos dirigentes del Frente de Todos, da la impresión que tienen la pretensión de retroceder en materia de autonomía luego de los importantes avances que se lograron con la reforma constitucional de 1994.

Sin dudas, pareciera que algunos quieren que la Ciudad vuelva a ser un Municipio dependiente de la Nación, que el Presidente elija su intendente y que mendigue ante el poder central todos los recursos que le corresponden para la seguridad. La ley aprobada ayer es un avasallamiento a la autonomía, al federalismo y el intento de someter a un distrito adverso políticamente.

A fin de potenciar el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), el diputado de la UCR-Evolución Martín Ocampo impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que prevé desarrollar un distrito tecnológico que tenga por objeto promover el desarrollo económico de un área geográfica del distrito capitalino mediante el otorgamiento de beneficios impositivos a quienes desarrollen en dicho polígono actividades pertenecientes a ese campo.

De acuerdo al texto recientemente presentado prevé que ese distrito se desarrolle dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta. Además prevé que puedan instalarse allí empresas dedicadas al desarrollo, mantenimiento y/o actualización de software y portales web; plataformas o aplicaciones informáticas, tanto web como para dispositivos móviles, destinadas para el uso de terceros; consultoría tecnología; impresión 3D; robótica y domótica; entre otras actividades.

La iniciativa plantea que para poder recibir los beneficios impositivos las empresas deberán inscribirse en el Registro Único de Distritos Económicos, aunque para poder recibirlos deberán encontrarse radicadas en ese distrito y no poseer deuda alguna respecto de las obligaciones tributarias líquidas y exigibles por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sea porque aquellas hayan sido canceladas en tiempo o forma o porque los sujetos se hayan acogido a un plan de facilidades de pago que debe encontrarse vigente.

Por otra parte, el texto propone la creación de líneas crediticias en el Banco Ciudad para este tipo de empresas, los cuales podrán destinarse a “la compra de inmuebles, la realización de construcciones, mudanzas, alquiler, reciclado y acondicionamiento de edificios y equipamiento” y/o “la adquisición de primera vivienda única familiar dentro del Distrito por parte de los empleados en relación de dependencia, docentes y estudiantes o de las instituciones educativas promovidas por el presente régimen”.

Asimismo, se propicia una nueva modalidad de exención en relación con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la cual resulta superadora a la originaria, toda vez que amplía su objeto con la finalidad de incentivar la inversión, el interrelacionamiento y la colaboración estratégica del sector tecnológico en el distrito.

En los fundamentos del proyecto, Ocampo concluyó señalando que el mismo “cristaliza una adecuación y un ordenamiento en las actividades promovidas, en consonancia con la Ley de Economía del Conocimiento, al igual que una modificación en los beneficios impositivos implementados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Distrito Tecnológico, sin condicionar o desnaturalizar los incentivos para la inversión privada dentro de dicho polígono”.

Con la intención de garantizar el derecho a la identidad de los recién nacidos, el legislador de la UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual prevé regular en la Ciudad la inscripción de los niños nacidos a través de gestación solidaria o por sustitución.

De acuerdo al proyecto, el registro de los nacimientos deberá ser llevado a cabo sin efectuar discriminación alguna de género y priorizando el interés superior del niño o niña a estar debidamente inscriptos por quienes hayan manifestado voluntad procreacional.  Es así que se deberá acreditar, al momento del registro tanto el nacimiento como la voluntad procreacional de los solicitantes expresada de forma previa, libre e informada.

Al mismo tiempo que deberá quedar documentado que la persona gestante hubiera expresado no tener voluntad procreacional. Los documentos deberán ser presentados al momento de la inscripción debidamente legalizados, de esta forma quienes manifiesten la voluntad procreacional serán incluidos en el acta de nacimiento; mientras que la información de la persona gestante será asentada en el legajo correspondiente al acta mencionada.

Al respecto de la iniciativa, Álvarez Palma explicó que “en la actualidad cuando ambos padres son varones la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil de la Ciudad producidos a través de técnicas de reproducción humana medicamente asistida, de alta complejidad o de gestación solidaria, depende de una medida cautelar cuya vigencia futura se desconoce” e indicó que su “objetivo es que el interés superior de las niñas y niños sea contemplado por una ley que asegure su cumplimiento y evite toda discrecionalidad, porque todos y todas deben tener los mismos derechos”.

Sobre esa misma línea señaló que “la preservación de los datos en el legajo es para resguardar el derecho del niño o niña a conocer su identidad por razones debidamente fundadas, evaluadas por una autoridad judicial, en los términos del artículo 564 del Código Civil y Comercial de la Nación” y advirtió que “con esta acción se deja constancia además de datos médicos del o los donantes en caso de que en un futuro la historia genética de  los niños y las niñas sea relevante por cuestiones referentes a su salud”.

“Respecto de la inscripción de las y los menores nacidos fuera del ámbito de la Ciudad, los y las solicitantes deberán presentar el acta de nacimiento original donde conste la fecha y lugar del nacimiento y la firma del médico. Si el nacimiento se produjera fuera de los centros de salud sin intervención médica y se acreditan las razones, la inscripción se realizará normalmente previa intervención del Ministerio Público Tutelar”, sentenció el legislador porteño.

Con la intención de que los bebés y sus cuidadores viajen más cómodos y seguros, la legisladora de la UCR-Evolución Manuela Thourte presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual le solicitará al Gobierno nacional que habilite a que los pasajeros puedan subir a los colectivos con los cochecitos de paseo para infantes abiertos.

En ese sentido, la iniciativa pide modificar la regulación vigente de manera de habilitar el transporte de niños dentro de sus cochecitos y correctamente asegurados a los mismos en los vehículos correspondientes al transporte automotor público colectivo de pasajeros.

Es por ello que en los fundamentos de la medida, la radical explicó que “el presente proyecto de declaración tiene el objetivo de visibilizar la situación de todos aquellos cuidadores de niñas y niños que se ven imposibilitados de viajar en el transporte público colectivo con los cochecitos de bebé abiertos”  y aseguró que en la actualidad “la situación de aquellas personas que deben hacer uso del transporte público junto con niños y niñas de la primera infancia es especialmente complicada: los choferes de colectivos instan a los cuidadores a que viajen con el cochecito de bebés cerrado y los bebés en sus brazos”.

Sobre esta misma línea precisó que “esto resulta sumamente engorroso para los cuidadores ya que para ascender al colectivo deben cerrar el cochecito y cargarlo, junto con el bebé, hacia el interior del automotor” e insistió en que “esto es particularmente imposible de llevar a cabo por aquellos cuidadores, contratados o familiares, que se movilizan junto a más de un niño o niña: en estos casos es indispensable viajar en compañía o contar con asistencia de un tercero”.

Además resaltó que “así es como esta problemática impacta particularmente a las mujeres y, por lo tanto, debe ser atendida a través de una perspectiva de género. En la Argentina las tareas de cuidado, y especialmente el cuidado infantil, están atravesadas por una división sexual del trabajo: estas recaen, mayormente, en las mujeres” y destacó que “en la Ciudad de Buenos Aires, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos, las mujeres dedican 5.30 horas diarias al cuidado de miembros del hogar; en este sentido, obstaculizar su forma de transporte en medios públicos atenta contra su autonomía”.

“Los cochecitos deberían estar ubicados a contramarcha de la dirección del vehículo, con sus ruedas frenadas y correctamente asegurados al colectivo mediante los sistemas de sujeción correspondientes”, señaló y concluyó afirmando que “el transporte de un cuidador y los niños a su cargo debería, por lo tanto, asemejarse al de una persona en silla de ruedas: accediendo al vehículo mediante la rampa de discapacidad, y descendiendo a través de la misma; permitir el ingreso, transporte y descenso de los niños dentro del cochecito agiliza y facilita el transporte y garantiza, asimismo, la seguridad de los mismos”.

La iniciativa también lleva la firma como co autor del legislador Marcelo Guouman (UCR-Ev).

Con la intención de avanzar con la implementación de una Ley que rige a nivel nacional, las diputadas de la UCR-Evolución María Inés Gorbea y Manuela Thourte (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto que tiene por objeto regular los mecanismos y las condiciones necesarias para asegurar el parto respetado con el fin de garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno.

De esta manera el texto establece que el parto respetado es “aquel que garantiza el respeto de las decisiones de las personas gestantes en relación a cómo, con quién y en donde parir, y el acompañamiento necesario para la toma de decisiones autónomas, seguras e informadas antes, durante y después del parto, incluso en el periodo de puerperio; así como también el respeto del cuerpo y del transcurrir fisiológico del parto, expresado en un trato digno, en atención adecuada en tiempo y forma, sin intervenciones y/o medicalización innecesarias, a no ser por pedido expreso de la persona gestante, y sin patologización del proceso reproductivo”.

Es así que el texto establece que las personas gestantes puedan desarrollar su propio “plan de parto”, el cual prevé cómo será el trabajo colaborativo entre el médico, el obstetra, la embarazada y su familia.

Mientras que para los recién nacidos el texto plantea que tienen derecho a ser tratados “en forma respetuosa y digna” y a “no ser sometida a ningún examen o intervención médica cuyo propósito sea de investigación o docencia salvo consentimiento manifestado por escrito otorgado por la persona gestante y luego de que se hayan explicado las implicancias de dichos procedimientos a la persona que otorga el consentimiento”. Además de acceder a una correcta e inequívoca identificación y filiación.

Por otro lado, la iniciativa prevé que todo hospital o sanatorio que preste servicios de maternidad deberá garantizar la presencia de puericultoras para acompañar en el proceso de lactancia materna del recién nacido durante las 24 horas todos los días del año.

Asimismo establece que cuando no fuera posible que la persona gestante lacte de forma directa al recién nacido, sea por razones personales, físicas o psíquicas de la misma o por cuestiones relativas a la persona recién nacida, “se debe posibilitar la lactancia mediante biberón y, de no ser ello posible, la alimentación mixta o con formula, previo consentimiento expreso de la gestante”. No obstante, también prevé un protocolo para cuando la parturienta haya fallecido o se encuentre sin acompañante.

En los fundamentos de la medida, las radicales explicaron que la misma responde “a la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales de las personas gestantes -antes, durante y después del parto- y de las personas nacientes y sus familias; así como también, para promover la transparencia y la seguridad en todo el proceso de parto/nacimiento” y remarcaron que el mismo establece que “la persona gestante sea trata con respeto, de modo individual y personalizado garantizando el derecho a la intimida durante todo el proceso, respeto por sus pautas culturales y recibir toda la información necesaria a fin de tomar sus propias decisiones de forma autónoma”.

A su vez esta Ley nacional incorpora el concepto de “violencia obstétrica” como la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales. “Esta es una forma de maltrato todavía naturalizada, invisibilizada y constituye uno de los problemas de salud pública menos difundido y atendido en el mundo actual”, advirtieron Gorbea y Thourte.

“La lucha por el ‘Parto Respetado’ se ha convertido en las últimas décadas en un movimiento mundial que poco a poco va creciendo, obteniendo el reconocimiento de cada vez más personas y ganando espacio entre los organismos internacionales de derechos humanos y los organismos estatales relacionados con la salud”, señalaron y sentenciaron: “su reclamo es claro: buscan un cambio de paradigma en el modelo de atención del proceso perinatal, que respete los derechos humanos de las personas y que garantice un parto y una bienvenida amorosa a las nuevas personas que llegan al mundo”.

A pocos días de su fallecimiento, los legisladores porteños de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su pesar por el deceso del destacado profesor titular y emérito en la Universidad de Buenos Aires (UBA) , Gregorio Badeni, ocurrido el pasado 14 de septiembre.

En los fundamentos de la medida Leandro Halperín (UCR-Ev) -el autor del texto- recordó la extensa trayectoria profesional del constitucionalista. “Fue abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (17 de julio de 1968), en 1972 aprobó la Licenciatura Especializada en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, y obtuvo el título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (4 de septiembre de 1972). Por este último título, su tesis fue recomendada al Premio Facultad y calificada con 10 sobresaliente”.

Asimismo indicó que “sus frondosos antecedentes pueden agruparse en los siguientes puntos distintivos que hicieron a su vasta trayectoria: antecedentes docentes en la Universidad de Buenos Aires donde fue nombrado profesor emérito en 2009, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la Universidad del Salvador, y otras más prestigiosas instituciones” y destacó que “publicó más de treinta libros, de los cuales se destacan el ‘Tratado de Derecho Constitucional’, el ‘Tratado de Libertad de Prensa’, ‘Comportamiento Electoral en la Argentina’ e ‘Instituciones de Derecho Constitucional’”.

También rememoró que “participó en colaboraciones, escribió más de cinco centenares de artículos sobre temas constitucionales, y fue nombrado miembro de diversas academias de diferentes partes del mundo” y aseveró que fue sumamente “reconocido con diferentes premiaciones, fue designado por la Fundación Konex entre las ‘100 mejores figuras de la última década de las Humanidades Argentinas’”.

“Por todos sus aportes fruto de su incansable dedicación, es que el Dr. Badeni fue y será uno de los referentes en el campo del Derecho Constitucional. Sus enseñanzas siempre serán consultadas por estudiantes y profesionales en formación”, aseveró y concluyó sentenciando que “el objetivo de este proyecto es, entonces, el de reconocer, en su despedida de la vida, a una gran persona, un reconocido docente que a lo largo de su vida permitió que una mejor comprensión de los procesos y fenómenos constitucionales para defender la institucionalidad”.

El texto de declaración también lleva las firmas de Juan Francisco Nosiglia, Diego Weck y Patricia Vischi (UCR-Ev).

Al igual que sucedió con los sorbetes y las bolsas plásticas, el bloque UCR-Evolución presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán reducir la generación de plásticos de un solo uso vinculados al consumo de alimentos, y fomentar hábitos de consumo responsable.

Es así que a través de esta medida, la cual se implementaría de manera progresiva, los legisladores prevén prohibir la entrega, utilización y expendio de cubiertos plásticos de un solo uso. De esta manera, y en caso de que sea aprobada, una vez que la ley entre en vigencia “no se permite ofrecer, o poner a disposición o la vista del cliente, cubiertos plásticos de un solo uso. Tampoco se permite enviarlos con los servicios de reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; mientras que a partir de los seis meses se los prohibirá completamente.

El texto plantea que la obligación se haga extensiva a los comercios que expenden y/o fraccionan productos alimenticios; los que elaboran y/o expenden productos alimenticios de venta inmediata; aquellos donde se sirven o expenden comidas; locales para la venta de golosinas envasadas; estaciones de venta ambulante; servicios de alojamiento; shoppings, galerías comerciales y centros comerciales a cielo abierto; locales que posean una concurrencia de más de 100 personas por evento; establecimientos pertenecientes a una cadena comercial, es decir, al conjunto de más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una misma marca comercial, sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia; y los servicios de reparto a domicilio de sustancias alimenticias.

También prevé modificar el Régimen de Faltas de la Ciudad para establecer multas para quienes incumplan con la normativa, las cuales irán desde 250 hasta 25 mil unidades fijas, es decir entre 5.350 y 535 mil pesos.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “la contaminación producida por este tipo de residuos, es considerada un problema mundial que afecta los ecosistemas continentales y marinos, altera los paisajes, y repercute en la calidad de nuestras costas y mares” y aseveraron que “la gran mayoría de los cubiertos plásticos utilizados en establecimientos, actividades o enviados con los servicios de ‘delivery’ de alimentos cumplen con la condición de ser descartables o ‘de un solo uso’, lo cual implica que son utilizados solo una vez, por muy poco tiempo, y luego son descartados”.

“La masividad con la que estos elementos se han insertado en el mercado y en nuestras vidas no fue acompañada de una concientización sobre los impactos negativos que su descarte genera en el ambiente”, señalaron y concluyeron afirmando que “es indispensable tomar medidas que vayan en línea con la generación de hábitos de consumo responsable y que, a la vez, sean herramientas para fomentar una mayor conciencia ambiental en la sociedad”.

La propuesta del radicalismo lleva la firma de Manuela Thourte, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Ev).

Debido al importante rol que cumplen durante el acompañamiento del embarazo y tras el nacimiento, los legisladores de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular el ejercicio de la actividad de puericultores, como actividad autónoma y libre o bajo relación de dependencia.

De esta manera, el texto define a la puericultura a la actividad que “contribuye con el desarrollo integral del niño desde, inclusive, antes del nacimiento. Los puericultores aportan desde su técnica todo el conocimiento que se requiere para optimizar la evolución de los aspectos físico, emocional y mental del niño desde incluso la vida intrauterina, nacimiento y primeros años de infancia”.

Es así que para poder ejercer la profesión, estos especialistas deberán poseer certificado otorgado por establecimiento educativo público o privado legalizado por el Registro de Puericultores, el cual también sería creado a través de esta ley.

El proyecto sostiene que estos profesionales podrán ejercer su actividad en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios desempeñarse en sanatorios, clínicas privadas y hospitales públicos; ejercer la docencia, la investigación, el asesoramiento y la difusión del cuidado integral de niños y niñas desde la gestación hasta sus primeros años de vida; y participar y llevar a cabo campañas de concientización sobre los beneficios de la lactancia materna.

En este sentido, los puericultores podrán desarrollar distintas actividades, entre ellas: “acompañar a los padres desde la gestación hasta los primeros años de vida”, “promover y difundir los beneficios de la lactancia materna en todas sus dimensiones: individuales, familiares, sociales, entre otras”, “emprender acciones educativas y asistenciales en beneficio del fortalecimiento de la relación temprana madre-hijo”, “brindar herramientas teórico-prácticas que posibiliten transitar, vivir y disfrutar cada nueva etapa con información, sostén y protección”, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, los radicales explicaron que “la puericultura significa, ciencia que se ocupa del sano desarrollo del niño” y precisaron que “la Puericultura tiene como objetivo optimizar los cuidados del niño en todos sus aspectos, físico, emocional, mental, y espiritual desde su concepción, vida intrauterina, nacimiento y los primeros años de su primera infancia”.

Asimismo precisaron que se trata de “una ciencia nueva estructurada dentro de los últimos ciento veinte años, dedicada durante los primeros años exclusivamente a los cuidados físicos del niño, privilegiando el logro de un cuerpo que creciera sano, centrado en la higiene, los beneficios de la lactancia materna y cuidados de los niños. Luego este concepto fue cambiando, ampliando, y se ha profundizado la integración de los diferentes aspectos del desarrollo del niño, en sus desarrollos físico, mental, afectivo, emocional, social y espiritual”.

A su vez señalaron que “el puericultor como profesional sanitario posee conocimientos extensos sobre la fisiología, ventajas, técnica y manejo clínico del niño amamantado a pecho, siendo capaz, no solo de intervenir al detectar alguna dificultad en la lactancia sino de pesquisar otros problemas que requieren la participación de otros profesionales de la salud para abordar la atención de manera integral” y detallaron que “su participación es convocada por otros profesionales del equipo de salud, como médicos neonatólogos, médicos pediatras, Lic. en Obstetricia, Lic. en Nutrición, médicos odontopediatras, fonoaudiólogos, Lic. en Psicología y Lic. en Enfermería”.

“La importancia de esta iniciativa parlamentaria radica en generar las obligaciones y condiciones básicas necesarias para que en nuestra Ciudad los profesionales, tengan la posibilidad de actuar bajo un marco legal con los criterios obtenidos gracias al título que les compete, así como también organizar la correspondiente matrícula”, sentenciaron.

La iniciativa parlamentaria lleva las firmas de María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín y Manuela Thourte (UCR-Ev).

Debido a que el aislamiento social obligatorio se extendió durante casi cuatro meses, el legislador Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscará que el sistema público y privado de salud retomen y sostengan, de manera presencial o virtual, los tratamientos para niños y adolescentes con trastornos del desarrollo, durante el período que continúe el aislamiento.

De esta manera, la iniciativa apunta a que el Poder Ejecutivo, dentro del contexto de aperturas otorgados, instrumente los medios necesarios para que se reestablezcan de manera efectiva las terapias consultivas para diagnóstico y tratamiento respetando los protocolos establecidos.

Al respecto de la iniciativa, Álvarez Palma explicó que “estamos atravesando por una situación nueva y muy angustiante, en la cual ni adultos ni niños estábamos preparados para vivenciar, muchísimo menos, entonces, niños, niñas y adolescentes que necesitan de una estructura de acompañamiento y actividades, que les permiten vivir una vida un poco más ordenada y convencional”.

Asimismo remarcó que “en este momento de crisis genera un estrés mucho mayor del que uno puede imaginar en personas con trastornos de desarrollo, por este motivo es que solicitamos que puedan continuar con sus terapias y tratamientos durante el aislamiento” y precisó que “el proyecto tiene como objetivo principal que los tratamientos para personas con trastornos del desarrollo puedan ser continuados de la mejor manera posible,  para que las personas con discapacidad y sus familias puedan llevar adelante la situación de aislamiento social con los apoyos y herramientas necesarias para transitar  este momento de confinamiento de la mejor manera posible”.

En tanto Manuela Thourte -una de las radicales que acompañó el proyecto- precisó que “luego de 4 meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, es muy importante que puedan retomarse los tratamientos de todos los niños, niñas y adolescentes con trastorno específico del lenguaje o trastornos del desarrollo, que se vieron interrumpidos por la pandemia, con el impacto que esta situación implica en el bienestar de esos chicos y sus familias”.

“También resulta fundamental reanudar los procesos de diagnóstico, para que los niños y niñas puedan comenzar los tratamientos pertinentes, siempre con protocolos estrictos de cuidado de la salud”, completó.

La iniciativa también  fue acompañada por los diputados Inés Gorbea, Patricia Vischi, Martín Ocampo, Leandro Halperín, Marcelo Guouman y Diego Weck (UCR-Evolución).

A pesar del recrudecimiento del aislamiento obligatorio, la legisladora de la UCR-Evolución y presidenta de la Comisión de Salud, Patricia Vischi, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le solicita al Gobierno que arbitre los medios pertinentes a fin de pasar a considerar en forma expresa la atención psicológica clínica y de la salud como una de las actividades exceptuadas.

Asimismo, la iniciativa plantea que se considere elaborar un protocolo de atención psicológica ante la evidente necesidad de atender trastornos, patologías y terapias que quedaron suspendidas y se vieron seriamente afectadas en muchos casos, teniendo en cuenta que  ciertos tratamientos no es posible evaluar o dar un seguimiento  por medios tecnológicos.

Al respecto de la medida Vischi señaló que “si bien entiendo y comparto plenamente la importancia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que se están llevando adelante, es preocupante que no se haya incluido en forma expresa a la psicología clínica y de la salud en sus diferentes aplicaciones entre las actividades y servicios declarados esenciales en el Decreto 297/20 donde figura la salud pública, tanto en el sector estatal como privado. Estos profesionales pueden y deben hacer un aporte a la comunidad en las mejores condiciones, preservando la salud pública con las medidas protocolares correspondientes”.

“Hoy preocupa fundamentalmente  la cantidad de trastornos da la salud mental, producto de la pandemia y la cuarentena, que han precipitado la necesidad imperiosa de muchas personas de hacer una consulta con profesionales de la salud mental y es prioritario darles una solución”, añadió.

Sobre esta misma línea, las autoridades de la Facultad de Psicología de la UBA también expresaron públicamente su preocupación ante este tema, siendo que el “Servicio de Atención Psicológica frente a la pandemia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires”,  brinda atención a distancia, todos los días de la semana, fueron observando que las consultas aumentaron y los cuadros clínicos se  agravaron y complejizado, requiriendo intervenciones de mayor intensidad.

Cabe destacar que en los servicios de Salud Mental de los efectores de salud de la Ciudad, la atención se vio totalmente reducida a partir de la cuarentena, por dificultades propias de su funcionamiento por la pandemia y por el miedo de las personas de concurrir al hospital.  En algunos casos los especialistas en estos trastornos,  fueron afectados a sectores vinculados al Covid 19, con lo cual la cantidad de turnos se ha reducido drásticamente.

Luego de que en la última sesión ordinaria el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidiera que se retirara del temario el proyecto en cuestión, el oficialismo porteño prevé avanzar con una normativa que regule la actividad de las aplicaciones de deliverys en la Ciudad y buscará que la iniciativa de autoría de Cristina García (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev) sea sometida a votación este jueves.

La decisión de García Vilas de posponer el tratamiento del texto se debió a que no habían alcanzado los acuerdos suficientes como para lograr los 40 votos necesarios para aprobarlo. Esto se debió a que los diferentes sectores de la oposición insistieron en las empresas –tales como Rappi, Glovo, Uber Eats, Pedidos Ya, entre otras- tengan más responsabilidades.

De esta manera, el proyecto plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos. En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

A casi 90 días de haber iniciado el aislamiento social y a mitad del ciclo lectivo, los legisladores de UCR-Evolución -encabezados por Ariel Álvarez Palma- impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que los alumnos que estén cursando el último año de los niveles primario o secundario en escuelas públicas y privadas, puedan regresar a la brevedad a tener clases presenciales siguiendo las medidas sanitarias y respetando los protocolos adecuados.

De esta manera, la  iniciativa solicita al Gobierno de la Ciudad establecer los protocolos adecuados para que se reinicie el dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos de gestión privada y pública de la Ciudad, pero dándole prioridad a los alumnos de 7° grado del nivel primario y a los alumnos de 5°/6° año, según corresponda, dado su carácter de final de etapa.

Al respecto de la propuesta, Álvarez Palma explicó que “el objetivo es que los alumnos que están cursando su último año de primaria o secundaria, puedan regresar lo antes posible a las aulas” y precisó: “sabemos que desde el Ejecutivo de la Ciudad están atentos a cuidar la salud psicofísica de los niños en esta época de aislamiento; ña experiencia de habilitar las salidas de los fines de semana fue exitosa y demostró que, con los cuidados necesarios, un horizonte de vuelta a  clases de manera presencial es posible”.

“Si bien el proyecto apunta a intentar encontrar los medios para que puedan volver  los alumnos de todos los niveles, tenemos conciencia de que habrá que hacerlo de forma segmentada. En ese sentido consideramos prioritario comenzar  aplicando los protocolos pertinentes con aquellos alumnos que están cerrando una etapa tan importante de su vida educativa” y concluyó señalando que “muchos de ellos se ven afectados por la incertidumbre y la resignación a la pérdida de vivencias tan importantes como los últimos días de cursada, los momentos compartidos con sus compañeros y hasta los viajes de egresados”.

La declaración fue acompañada por los diputados Inés Gorbea, Manuela Thourthe, Leandro Halperín y Diego Weck (UCR-Evolución).

Luego de haber impulsado un proyecto a través del cual le solicita al Gobierno nacional que condone las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago hasta su finalización a todas las PyMEs de la Ciudad,  el legislador de la UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia volvió a insistir en la necesidad de que se avance con esa iniciativa.

Es que a través de un proyecto de resolución, desde Evolución proponen efectuar una política de emergencia para aquellas PyMEs que no se encuentren dentro de las actividades declaradas esenciales tales como construcción, servicio y comercio, contemplando las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, el radical explicó que “desde abril, la actividad industrial a nivel nacional cayó más de 25%” y remarcó que “apenas el 41,5% de las PyMEs del AMBA logró pagar en tiempo y forma los salarios de marzo. El 76% reportó una merma en las ventas de entre el 75% y el 100% lo que dejó en evidencia la crítica situación en la que se encuentran”.

Además precisó que “el Gobierno está desarrollando un programa para subsidia parte de los salarios de las empresas beneficiarias, pero ante la situación crítica de la economía hay que realizar todos los esfuerzos necesarios para no dejar caer a ninguna PyME más” e insistió en que “allí nos jugamos la mayor parte de las fuentes de trabajo del país”.

“Las PyMEs de la Ciudad cuyas actividades no han sido declaradas esenciales se encuentran más expuestas que las de otras provincias o regiones con mayor capacidad de flexibilización del aislamiento”, expresó y concluyó señalando que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las PYMES en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.

Debido a una nueva extensión del aislamiento social hasta el 28 de junio, los diputados de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual le solicitan al Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019” y remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.

 Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.

“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.

La medida lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).

Con el objetivo de garantizar que se escuche la voz de los vecinos en la toma de decisiones, los diputados de Vamos Juntos y UCR-Ev presentaron en la Legislatura porteña un proyecto que busca establecer una “Ley Orgánica de Participación Ciudadana”, mediante la cual se busca  sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa en la toma de decisiones que surjan como políticas y acciones de gobierno.

De esta manera, el texto busca “promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad”, “favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva”, “mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía, “facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de procesos de deliberación participativa”, entre otras cuestiones.

La propuesta del oficialismo sostiene que tienen derecho a la participación ciudadana a través de los mecanismos constitucionales preexistentes “todos los ciudadanos residentes en la Ciudad y las personas extranjeras que cuenten con la residencia permanente otorgada por la autoridad competente”, “las entidades privadas sin fines de lucro”, “las entidades representativas de intereses colectivos” y las “agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica”.

Entre otros puntos, el proyecto prevé que se brinden programas de formación para la ciudadanía y para el personal al servicio de la administración pública; y, medidas de fomento en los centros educativos.

En los fundamentos del texto, los legisladores explicaron que “la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, republicana, semidirecta y federal, como lo establece la Constitución de la Nación Argentina” y consideró que “el compromiso de la Administración Pública de la Ciudad es ofrecer canales y métodos de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”.

“La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos participen en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueve y garantiza respetar y crear políticas más participativas y que, por tanto, el pueblo se sienta parte de un todo”, concluyeron.

La medida lleva la firma Lucía Romano, Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Esteban Garrido, Hernán Reyes, Guillermo Suarez (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

Tal y como lo hizo en 2018 y 2019, el legislador de la UCR-Evolución Leandro Halperín junto a otros compañeros de bancada volvieron a presentar en la Legislatura porteña, a través del cual buscarán establecer en la Ciudad esa modalidad y así saldar “una de las más viejas deudas de nuestra democracia”.

El proyecto cuenta con 73 artículos y sostiene que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad. Para el resto de los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados y, en caso de existencia de coimputados, la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

De acuerdo a la iniciativa, “el jurado delibera sobre la prueba, se pronuncia en relación al hecho o los hechos sometidos a su deliberación y al delito o los delitos por el cual debe responder el acusado”. Asimismo, para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad; saber leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.

Sin embargo, se encuentran inhabilitados para desempeñarse como miembros del Jurado: “quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función”, “los abogados, escribanos y procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal”, “los imputados en causa penal dolosa contra quienes se hubiera requerido juicio”, “los condenados a una pena privativa de libertad”, “los incluidos en el registro de alimentantes morosos”, entre otros. Tampoco podrán ejercer ese puesto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y quienes ocupen cargos directivos en un partido político reconocido.

El Jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes, quienes serán elegidos mediante un sorteo que se realizará en base a un padrón específico. En todos los casos, el panel de jurados titulares deberá quedar siempre integrado con cinco mujeres y cinco hombres.

Los miembros del Jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente o en forma anónima, sobre cualquier tipo de irregularidad, presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. La medida también establece el protocolo de protección para los miembros del mismo y la posibilidad de solicitar una remuneración.

En los fundamentos de la medida -que también lleva la firma de María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Manuela Thourte y Patricia Vischi (UCR-Ev)-, los legisladores explicaron que  “el juicio por jurados viene a saldar parte de la falta de legitimación democrática del Poder Judicial, que es visto muchas veces por la ciudadanía como un poder cerrado en sí mismo, con escasos controles sobre su funcionamiento, compuesto por una elite de personas que hacen su trabajo sin dar mayores explicaciones de ello y al cual el ciudadano común no tiene acceso”.

A dos meses del inicio del aislamiento social obligatorio, la legisladora de la UCR-Evolución María Inés Gorbea impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual le solicitó al Poder Ejecutivo de a conocer por medios de comunicación masivos y redes sociales, los programas y las herramientas ya existentes en el ámbito de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud a la luz de las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que la pandemia de Covid 19 tiene y tendrá en nuestra sociedad.

En los fundamentos de la iniciativa, la radical señaló que “el Gobierno de la Ciudad cuenta con diversos programas destinados al cuidado de la salud mental y entendemos que ahora más que nunca, y frente al estado de situación actual, deben darse a conocer” e insistió en que “la cuarentena generalmente es una experiencia desagradable para quienes la padecen: separación de los seres queridos, pérdida de libertad, incertidumbre sobre duración de la cuarentena, incertidumbre sobre el estado de la epidemia y aburrimiento, son algunas de las consecuencias que, en ocasiones, pueden conllevar efectos dramáticos”.

Además hizo referencia a un estudio que se realizó recientemente en Reino Unido y que fue publicado por la revista The Lancet, en el que se describen algunos de los problemas psicológicos que presentaba la población en ese contexto de la pandemia. “Los datos muestran que la cuarentena es el factor más predictivo de los síntomas del trastorno por estrés agudo”, explicó.

Sobre esa misma línea, señaló que “las personas en cuarentena son significativamente más propensas a informar de agotamiento, desapego, ansiedad al tratar con pacientes contagiados, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y rechazo al trabajo o consideración de renuncia” y advirtió que “los estudios informan sobre síntomas psicológicos generales, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, síntomas de estrés postraumático, irritabilidad, ira y agotamiento emocional. El bajo estado de ánimo y la irritabilidad destacan por tener una elevada prevalencia”.

Finalmente, concluyó pidiendo la aprobación de su iniciativa, “teniendo en cuenta la variada oferta que ya existe en el ámbito de la Dirección de Salud Mental y a la luz de las consecuencias que la cuarentena trae y traerá para nuestra sociedad”.

Con el objetivo de agilizar la forma de carga, la Legislatura de la Ciudad aprobó -este jueves- un proyecto de declaración impulsado por la UCR-Evolución, mediante el cual se le solicitó al Gobierno nacional que arbitre los medios necesarios para que los usuarios y consumidores puedan realizar la carga virtual de la tarjeta SUBE mediante la aplicación creada para dicho fin, evitando el tener que acudir a una terminal automática para la acreditación del saldo.

En los fundamentos de la medida, los diputados recordaron que “en la actualidad la carga electrónica de la tarjeta SUBE puede realizarse de tres maneras: mediante Home Banking, cajero o la app de MercadoPago” y precisaron que “una vez que la persona realiza la recarga por cualquiera de estos medios, posteriormente debe acercarse a una terminal automática para apoyar la tarjeta y que de esta manera se acredite el saldo en la misma. Sin este paso la recarga no se ve reflejada y no puede ser utilizada en el transporte público”.

Al mismo tiempo, señalaron que “esto genera que las personas deban movilizarse de hogares en busca de algunas de estas terminales, las cuales pueden encontrarse a varias cuadras de donde la persona está ubicada” y consideraron que “la pandemia Covid 19, exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que nos obliga a adoptar medidas con el objeto de velar por la salud pública”.

“Considerando esta situación, debemos encontrar la manera de eliminar el paso de la acreditación para que todos los usuarios puedan efectuar la carga y la acreditación sin tener que movilizarse de sus hogares”, afirmaron y concluyeron señalando que “esto evitaría la circulación innecesaria de los usuarios y se lograría que este trámite sea más ágil y rápido”.

A pocas horas que la Legislatura porteña lleve a cabo una nueva sesión ordinaria, Vamos Juntos logró llegar a un acuerdo con la UCR-evolución y consiguió los votos necesarios para poder aprobar el proyecto de ley del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para declarar en la Ciudad la emergencia económica y financiera.

Una de las grandes incógnitas es si el Partido Socialista -otro de sus aliados desde las últimas elecciones- y Consenso Federal acompañarán la iniciativa. En tanto el Frente de Todos, Partido Obrero, PTS, Frente de Izquierda y AyL rechazaran la propuesta del Ejecutivo; mientras que el GEN aún esta evaluando sus posibilidades dado que solicitó varias modificaciones al texto, pero en caso de que no le concedieran las mismas, acompañaría la ley en general y votaría negativamente algunos artículos.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con los pagos escalonados para los trabajadores estatales y si bien desde el Gobierno porteño informaron que no le pagará a sus empleados en cuotas, varios bloques de la oposición advirtieron que eso no se ve reflejado en el proyecto.

En medio de un profundo debate acerca de la excarcelación de personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia por el Covid 19, el legislador de la UCR-Evolución y miembro de la Comisión de Seguridad, Leandro Halperín, criticó duramente -a través de las redes sociales- a los radicales que se oponen a la medida y los llamó a la reflexión.

En ese sentido, el radical le explicó “a los más pragmáticos les digo que si el virus entra en la cárcel es porque alguien que está libre lo ingresó. Y si hay presos que se enferman van a ocupar camas y respiradores. ¿No les parece mejor prevenir el contagio?” y remarcó que lee “con tristeza a radicales pregonar que hay quienes no tienen derechos porque violaron los derechos de otros, los responsables de cometer delitos merecen sanción”.

Al mismo tiempo que se insistió en que esto “es tan claro como que el Estado no puede ser delincuente y hacer lo mismo que reprocha, tampoco en la prisión” y remarcó que “con placebos discursivos plagados de demagogia leo con preocupación a encumbrados representantes del partido al que represento y abracé su causa hace más de 31 años. Me preocupa también lo que otros partidos dicen pero soy radical”.

“A los radicales preocupados por nuevos delitos, les digo que tienen razón. Ya se producían graves delitos a diario antes de la pandemia y la cárcel no los evita, los reproduce; esta gente saldrá igual de la cárcel cuando cumple su condena. ¿Qué hicieron para cambiar la cárcel?”, se preguntó y advirtió sobre la infodemia que está latente en sus discursos, dado que afirmó que “nadie habla de liberar ‘presos peligrosos’, son prisiones domiciliarias para delitos no violentos (menos de tres años) y población de riesgo. ¿Les preocupan los privilegios, casos mal otorgados y la corrupción?. A mí sí, ejerzan su rol y controlen”.

Ya sobre el final de su descargo, Halperín compartió una frase de Raúl Alfonsín para los pragmáticos, la cual sostenía que “si la sociedad se hubiese derechizado, lo que la UCR debe hacer en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora”.

“Bienvenido el debate sobre la doctrina de la Unión Cívica Radical, vamos radicales. ¿Qué hacemos con los Derechos Humanos? ¿Son o no, para todos y siempre?”, concluyó.

Debido a las dificultades económicas que atraviesan las familias por el incremento de la inflación y la recesión económica debido a la pandemia por el Covid 19, la legisladora de la UCR-Ev Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto para que el Gobierno porteño le otorgue un “ingreso de emergencia complementario” a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña.

Al respecto de su iniciativa, la radical explicó que dicho programa “es pionero en la Ciudad y en la Argentina en el reconocimiento de derechos a las personas en contexto de vulnerabilidad social a través del otorgamiento de una transferencia de ingresos condicionada”.

En los fundamentos del proyecto -que también lleva las firmas de Ariel Álvarez Palma e Inés Gorbea- recordó que el programa se implementa desde fines de 2005 y tiene como objetivo “contribuir con la disminución de la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, asegurando la superación de la indigencia y reduciendo significativamente la cantidad de hogares en situación de pobreza”.

Al mismo tiempo que señaló que Ciudadanía Porteña busca “establecer un mecanismo automático, transparente, objetivo y directo de transferencia de ingresos a los hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, independientemente de su inserción en el mercado de trabajo”.

Además, Thourte precisó que “es necesario comprender que una de las consecuencias principales de las medidas de aislamiento social es la pérdida de ingresos de parte de los trabajadores de la economía informal; esta situación afecta principalmente a los hogares que están en situación de vulnerabilidad económica” y recordó que “el Gobierno nacional ha emitido un decreto, el 310/2020, mediante el cual otorga un ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional”, aunque este excluye a los inscriptos en el programa Ciudadanía Porteña. Debido a esta situación, los radicales plantearon la posibilidad “de generar un ingreso excepcional por única vez en abril permitiría que las 97.633 personas que cuentan con Ciudadanía Porteña como su fuente de ingreso segura puedan transitar esta situación de excepcionalidad con un refuerzo económico que les permitirá cubrir sus necesidades básicas” y concluyeron señalando que “del total de personas, 23.741 tienen entre 0 y 14 años, por lo tanto esta erogación tiene un fuerte impacto en el cuidado y protección de los derechos de los niños y adolescentes que viven en la Ciudad”.

En el marco de la inauguración de un nuevo año parlamentario, los legisladores de la UCR-Evolución Leandro Halperín y Ariel Álvarez Palma celebraron la voluntad de diálogo que mostró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la Asamblea Legislativa y destacaron los ejes de su nuevo mandato.

En ese sentido, Halperín le aseguró a parlamentario.com que “es importante esta renovación del compromiso de generar políticas públicas basadas en el dialogo entre fuerzas que no sean iguales, haciendo el hincapié en los desafíos que la Ciudad tiene que tienen que ver con: terminar con la desigualdad estructural que padecen sectores importantes de nuestra sociedad y en el país” y consideró que “todo esto se va a tener que intentar hacerlo en un contexto sumamente complejo como el que tiene el país hoy, con angustias económicas”.

“Si algo hay que tener claro es cuales van a ser las prioridades, y hoy el jefe de Gobierno ha dejado claras cuales serán”, indicó.

Al ser consultado sobre la omisión de Rodríguez Larreta sobre la reducción de la coparticipación, el radical indicó que “no le llamó la atención que no hiciera mención al tema de la coparticipación, es que desde la información que surge de estos días, estamos viendo conversaciones” y sentenció que “la coparticipación, por supuesto, debe ser revisada pero esto tiene que ser un marco de diálogo profundo y basado en datos serios y responsables. Si todavía no se ha llegado a un acuerdo, no es momento para andar haciendo declaraciones en este momento”.

Por su lado, Álvarez Palma indicó que “el discurso de Rodríguez Larreta fue muy claro acerca del rumbo que tomó esta gestión y que va a seguir profundizando para mejorar la calidad de vida de los vecinos” y concluyó que “adecuarnos a las necesidades del Siglo XXI y sus complejidades, es una premisa de este Gobierno”.