En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero, representante de la organización de empresarios, cuestionó que “el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas”.
En el comienzo del debate sobre los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro su postura en contra y se preguntó “¿para qué?” avanzar en este sentido, al tiempo que pidió debatir en el marco de “la realidad y los problemas que tenemos”.
En su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró “a favor del diálogo social” y dijo que este debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”.
“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.
Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó.
En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”.
El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó.
También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.
Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.
“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.
Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista.
“Tenemos que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos”, expresó tras el encuentro el ministro de Economía.
Con el objetivo de repasar el trabajo conjunto que viene realizando el Gobierno con los sectores industriales para sostener el nivel de actividad en el marco del ordenamiento de las variables macroeconómicas.
Participaron el Comité Ejecutivo de la UIA, empresarios industriales, representantes de diferentes cámaras sectoriales, el secretario de Producción José De Mendiguren y la subsecretaria de Industria Priscila Makari.
Massa: “Tenemos que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos. No puede haber situaciones que paren la producción de nuestras empresas ni abusos de aquellos empresarios que reciben beneficios del Estado”.
El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, y el diputado Ricardo Buryaile, mantuvieron una reunión con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes les brindaron propuestas de la industria para que el país vuelva a crecer de forma sostenida.
El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, y el diputado formoseño Ricardo Buryaile mantuvieron una reunión con Daniel Funes de Rioja, David Uriburu y Pablo Dragun, autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) quienes les entregaron a los legisladores el “Libro Blanco”, un trabajo que contiene las propuestas de la industria para que la Argentina vuelva a crecer de forma sostenida.
“Fue una reunión muy importante, muy productiva, fundamentalmente en el momento que está viviendo el país frente a la crisis”, contó Negri. “Además de haber conocido la presentación de los 100 puntos del proyecto que tiene la UIA para crecer en la Argentina, conversamos alrededor de ello, del momento actual, intercambiamos información, quedamos en hacer una mesa de intercambio de trabajo y de proyectos parlamentarios”, agregó.
Buryaile, por su parte, afirmó: “Es muy importante que la política hable con el sector empresarial en momentos en que la Argentina necesita escucharse, repensar cómo sigue, la reunión fue muy positiva, la apuesta es al futuro no mirar para atrás, es lo central”.
Al cierre del encuentro, Funes de Rioja destacó el rol del diálogo parlamentario: “Estos espacios son muy importantes para generar consensos que nos permitan poner en valor el potencial productivo que Argentina tiene en cada sector y en cada región”.
Los objetivos de la UIA
Luego que el presidente de la UIA rechazara el congelamiento de precios dispuesto por Roberto Feletti, la legisladora K cuestionó a los empresarios.
La diputada nacional Fernanda Vallejos (FdT) volvió a respaldar el plan del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de congelar hasta enero próximo el precio de más de 1.600 productos y salió al cruce del titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien rechazó la medida del Gobierno.
“Nos cansamos de explicar que la inflación es un fenómeno de costos. Pero los señores siempre quieren devaluación, principal impulso inflacionario en nuestro país. No quieren retenciones, aunque la inflación mundial impacte como una devaluación. Tampoco quieren control de precios”, fustigó la legisladora kirchnerista en su Twitter.
Y se quejó que los empresarios “no quieren que el secretario de Comercio ejerza su función ni que aplique las leyes vigentes en nuestro país”.
“¿Qué quiere Funes de Rioja? Simple, la quieren toda para ellos, aunque sea sobre el hambre del pueblo gracias al cual se hicieron ricos. Eso, y trabajadores sin derechos”, disparó.
Por último, la economista apoyó a Feletti: “Haga lo que tenga que hacer, compañero Secretario, @RobertoFeletti. A usted lo apoya el pueblo trabajador”.
Empresarios y brokers advierten sobre los efectos económicos de la pelea política generada en la cima del poder tras la derrota del Gobierno en las PASO.
Las cúpulas empresarias del país han mantenido en las últimas horas intensos contactos y conversaciones para evaluar cómo sigue la durísima pelea política que involucra al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en esas charlas el punto concluyente es que todo esto afectará a la recuperación de la economía, agregando una gran dosis de incertidumbre.
Según pudo conocer parlamentario.com, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), los dirigentes mantuvieron diversas conversaciones en estas últimas horas.
En ambas entidades, según fuentes de esas entidades, el punto coincidente es que esta dura pelea, en un contexto de pandemia con secuelas sociales muy severas, les agrega mayor incertidumbre a los inversores, a los emprendedores, con lo que se teme un freno nuevamente en el ritmo de recuperación y una mayor huida de empresas hacia el exterior.
“Esto está poniendo contra las cuerdas a la coalición de Gobierno, cuando todavía aún falta más de dos año para que terminen el mandato. Con estas señales que se vieron en las últimas horas, nadie en su sano juicio va estar pensando en traer dólares o invertir en el país. Va a esperar a ver qué pasa y eso implica menor desarrollo, menor cantidad de empleo”, resaltó uno de los principales dirigentes de la UIA.
Sobre la situación que se está viviendo en estos últimos días en el país, José Urtubey, director de Celulosa Argentina, abogó para que el Gobierno y sectores de la oposición hallen un “puente de diálogo y trabajo consensuado para establecer una hoja de ruta”, en esta crisis.
Advirtió que “de no producirse líneas de consenso, se va a agravar más la situación, con mayor dificultad para resolver los problemas que tiene la economía local”.
Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, advirtió que esta crisis genera “más incertidumbre que entusiasmo”. Sostuvo que el rol del sector privado “tiene como esencia el crecimiento y las inversiones, y es acá donde hay que afinar la puntería con cualquier estructura de gestión”.
“Todavía hay capacidad ociosa para recuperar en el sector productivo. Van a tener que dar un mensaje más preciso, para ir a un modelo de crecimiento, destacó.
En tanto, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata, advirtió que las renuncias “no ayudan en un momento tan difícil, por la pandemia y la situación económica y social”.
Por su parte, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación ProTejer brindaron su “apoyo y respaldo” al presidente de la Nación por llevar a cabo una “exitosa política industrial”.
La entidad también expresó su acompañamiento al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a los secretarios de Industria, Ariel Schale, y de PyMEs, Guillermo Merediz.
A ellos les reconocieron “la política industrial que vienen llevando a cabo en forma exitosa en pos del desarrollo de la industria nacional”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se reunió con dirigentes jóvenes de distintas organizaciones empresarias.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, se reunió con dirigentes jóvenes de distintas organizaciones empresarias.
Del encuentro con el diputado oficialista participó la presidenta de la Unión Industrial de la Provincia – rama Joven (UIPBA – Joven), Luciana Blasucci; el presidente de la Unión Industrial argentina – rama Joven (UIA Joven), Tomás Karagozian; Victoria Tomadoni, Gastón Leiter y Bruno Sánchez, también de la UIPBA Joven; Diego Pianzazzo, de la Cámara de Comercio e Industria La Plata; y 40 empresarios y empresarias industriales jóvenes bonaerenses.
Además de miembros de la Unión Industrial Argentina y de Buenos Aires, participaron integrantes de la Confederación Económica, de la Federación Económica y de la Asociación de Industriales de la provincia.
“Queremos construir generacionalmente herramientas para ampliar la participación de las y los jóvenes bonaerenses en todos los ámbitos, especialmente como generadores y generadoras de empleo genuino”, aseguró Otermín tras el encuentro al tiempo que destacó: “Para Axel (Kicillof), la industria es estratégica por su capacidad de producir valor y trabajo. Junto a las y los jóvenes industriales de la provincia articulamos la co-creación de un marco legislativo que acompañe la reactivación incorporando la tecnología y la perspectiva ambiental y multiplicando las opciones de formación”.
Por su parte, Luciana Blasucci, primera presidenta mujer de UIPBA Joven, resaltó: “Es fundamental trabajar en un marco legislativo que le permita a las pymes de provincia de Buenos Aires tener previsión para la toma de decisiones y estimular las inversiones, fortaleciendo así el entramado productivo y generación de empleo calidad teniendo como resultado una provincia más productiva”.
“La producción bonaerense representa más del 30% de la economía nacional. No existe otra alternativa para una provincia que alberga a 17 millones de habitantes que tener un sector industrial pujante, diversificado, extendido y con más jóvenes trabajando y tomando decisiones”, añadió en tanto el titular de la Cámara baja bonaerense.
Para Otermín, “la pospandemia nos exige pensar un capitalismo “sin miopía”, capaz de mirar a largo plazo para terminar con la desigualdad extrema que atenta contra su propia sustentabilidad, y esto implica a la vez ir hacia una economía circular que favorezca una producción en armonía con el ambiente”.
“Arriesgar capital es también un compromiso con la sociedad. Que lo hagan los jóvenes es además un compromiso con el futuro. Lo que buscamos es que sean cada vez más las y los jóvenes que accedan al mundo laboral como trabajadoras, trabajadores, empresarias y empresarios, y que las micro empresas puedan ser pequeñas empresas, que las pequeñas empresas puedan ser medianas compañías y las medianas compañías puedan ser grandes empresas. Con una industria bonaerense competitiva y sustentable se beneficia el conjunto de la Provincia. La política y la producción somos aliados en la misión de construir una sociedad mejor”, concluyó Federico Otermín.
Se trata de Enrique Lew, empresario textil e integrante del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, quien se manifestó tras las críticas de la CGT a la propuesta de Florencio Randazzo.
El empresario textil Enrique Lew, miembro del Departamento de Política Social de la Unión industrial Argentina (UIA), salió a respaldar un cambio en las leyes laborales que rigen nuestro país. Días atrás, la CGT criticó con dureza al exministro del Interior Florencio Randazzo, luego de que éste propusiera: “Hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera”.
Lew sostuvo que el subdesarrollo “es el resultado de políticas que atacan a los emprendedores, como nuestra Ley de Contrato de Trabajo (1974) y sus anexas del trabajo no registrado. Además, al permitir los reclamos por dos años, dan lugar al gran negocio de los abogados laboralistas y a la mafia de los juicios laborales, que, sin dudas, desalientan los emprendimientos y consecuentemente la creación de empleo”.
Sobre la crítica de la CGT a Randazzo al acusarlo de “abogar por menos derechos para los trabajadores es no haber comprendido nunca al peronismo”, Lew manifestó: “Cabe preguntar si los ‘derechos adquiridos’ son el hambre, la pobreza y el desempleo, que hoy afecta a más de la mitad de nuestra población. Si el peronismo tiene como objetivo el bienestar de los argentinos y en especial forma de los trabajadores y sus familias, ya debería darse cuenta que hay algo que va en contra de esos propósitos, dada la situación en que se encuentran la mayor parte de nuestra población”.
A su vez, se lamentó que el Gobierno no escuchara la propuesta realizada meses atrás por el exministro de Economía Roberto Lavagna para incorporar la modalidad del Fondo del Cese Laboral, tal como se implementa en la industria de la construcción, para todos los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado laboral.
“Lamentablemente, la iniciativa de Lavagna no tuvo eco en el Ejecutivo ni en los legisladores, todos los cuales, desconocen la importancia del empleo en la economía de los países, ya que solo conocen la economía que aprendieron en las facultades, pero no la cotidiana”, aseguró el también autor del libro Pleno Empleo.
Antes de emitir dictamen del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, accedieron al pedido del sector empresarial de permitirles expresarse sobre el tema.
Durante la reunión del jueves pasado convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para debatir sobre el proyecto de teletrabajo, se advirtió desde la oposición que en el debate en esa cámara faltaba la tercera pata de la discusión, en referencia al sector empresarial, que fue finalmente convocado este lunes para asistir a la sesión remota prevista para el miércoles.
En efecto, este miércoles a partir de las 11 han sido convocados representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); de ARGENCON, entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, y del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quienes podrán expresarse respecto del proyecto que ya fue aprobado en la Cámara baja y que despierta rechazo en algunos de sus artículos de parte de los empresarios.
Se verá si el oficialismo cumple con su postura expuesta la semana pasada en torno a emitir dictamen esta misma semana, o bien se estiran los tiempos, en caso de que decidan hacerle modificaciones al proyecto que cuenta con media sanción.
La iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo señalando que “habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.
Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.
La iniciativa indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.
En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.
En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.
En ese sentido se introduce el derecho a la desconexión digital, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.
“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, agrega el texto.
Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.
“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios”, añade el articulado.
El proyecto que ahora deberá tratar el Senado indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.
En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, dispone.
Si el empleado se niega, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.
La reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.
La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.
En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un pedido que hizo la CGT.
La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización; y llevará un registro en el cual deberán estar anotadas las empresas que desarrollen esta modalidad.
Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará al contrato de trabajo respectivo “la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.
“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, completa.
El texto también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.
