Desde la organización apoyaron el Súper RIGI que impulsa el Gobierno, pero pidieron también medidas para otros sectores. En tanto, representantes de CAME solicitaron una declaración de emergencia para las PyMEs.
María Laura Bermúdez, de la UIA (Fotos: HCDN)
Representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que la industria "está rezagada", al tiempo que ya se perdieron 75 mil puestos de trabajo, durante una reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño José Luis Garrido.
Al encuentro también asistieron miembros de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes volvieron a solicitar que se avance con una declaración de emergencia para las PyMEs.
Directora Ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez precisó que la industria representa el 19% del valor agregado bruto y "hoy en día representa el 19% del total del empleo asalariado registrado; hemos tenido pisos de 13, 14%", lo que significa "aproximadamente 1.200.000 puestos de trabajo". "La industria paga salarios que se encuentran 20% por encima del resto de los salarios de la actividad económica", destacó.
También mencionó que la industria "aporta el 27% de la recaudación nacional" y "en materia de exportaciones participa en el 57% del total".
"En el último tiempo el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación, no así la industria, que vemos se encuentra rezagada", advirtió y señaló que "durante 2025 la producción se estancó en niveles históricos bajos". "Hoy estamos un 10% abajo del 2022 y 2023", detalló.
Bermúdez sostuvo que "la recuperación está explicada por todo lo que es minería, petróleo y gas, el agro y todos los servicios de intermediación financiera", pero "quienes se encuentran por debajo de esa recuperación son comercio, construcción y la industria manufacturera. Esos son los sectores que mayor empleo generan, con lo cual el dato no es menor".
Sobre sectores "más sensibles" en cuanto a caída, la representante de la UIA habló de "textil, confecciones, calzado y electrónicos", que "no solo están sufriendo la caída de la demanda y la producción, sino de la importación".
"La caída de la actividad tiene su correlato en la caída del empleo; vemos en los últimos meses una caída sostenida del empleo", remarcó e informó que de agosto de 2023 a febrero de 2026 "hemos tenido una pérdida de 75 mil puestos de trabajo" directos, lo que también impacta en el empleo indirecto.
Bermúdez afirmó que en los años 2011 a 2013 se dieron "los mayores volúmenes de exportaciones", mientras que "los últimos 10 años las exportaciones industriales se encuentran estancadas".
"Hoy el esfuerzo para el control de los precios y la inflación lo está haciendo la industria" con empresas que "están asumiendo la suma de los costos y poniendo plata para subsistir", subrayó. También habló de las dificultades -sobre todo de las PyMEs- respecto al acceso al crédito, morosidad, costos y una presión tributaria "del 56%".
A su lado, Diego Leal, del departamento de PYMI (pequeñas y medianas industrias) y Desarrollo Regional de la UIA, cuestionó que "hay impuestos totalmente distorsivos", entre los que mencionó el impuesto al cheque, como uno "muy perjudicial, muy nocivo".
"Valoramos el RIGI", dijo, pero consideró que sería un "buen gesto" del Gobierno que "a las PyMEs también se les reduzca la alícuota del impuesto a las Ganancias". Asimismo, pidió medidas especiales para textil y calzado.
Leal afirmó que se necesita "que se vuelva a establecer un plan de facilidades extendidas. No estamos pidiendo ningún perdón ni condonación, pero sí una ayuda para los que están sobreviviendo".
Al volver a tomar la palabra, Bermúdez expresó que desde la UIA están "de acuerdo y acompañamos todos estos regímenes que promuevan las inversiones, porque al otorgar condiciones diferenciales, estos regímenes reconocen que las condiciones en las que hoy producimos y competimos son desfavorables, pero es importante que estos proyectos sirvan para traccionar al entramado productivo nacional".
Además, sugirió que se avance en un pacto fiscal federal y una ley nacional que establezca una gestión de envases post consumo. "No existe ningún país en el mundo que teniendo el entramado productivo que tiene Argentina no lo defienda. Hay que tener medidas para que nuestro sector industrial se desarrolle y crezca", concluyó.
En tanto, Beatriz Tourn, secretaria General de CAME, manifestó: "No queremos ser un país que esté aislado del mundo, pero cada vez que se beneficia con alguna medida o política a la apertura o el ingreso de productos internacionales, importados, tengamos también medidas compensatorias para nuestras industrias".
También desde esa entidad, Juan Carlos Uboldi, director de Industria, detalló: "Hoy tenemos alrededor de 1.060 dólares per cápita de exportación de productos primarios; para el 2035, con toda la fuerza, vamos a tener 3.179 dólares por habitante. Chile tiene 4.166. De 200 países en el mundo, hay 150 que tienen la macro estable, solo 40 son desarrollados y esos 40 tienen una producción industrial compleja. No es cierto que la Argentina pueda desarrollarse con el sector primario, sino que tiene que considerar fundamentalmente a su sector industrial".
En este sentido, enfatizó que "si bien es importante la producción minera y petrolera, la industria es fundamental para el país". "De las 10 ramas con mayor relación empleo directo, 7 son manufactureras", añadió.
Uboldi reveló que recientemente acaba de cerrar "con dolor" una empresa de producción de ladrillos de hormigón celular. "Hay una situación gravísima, muchas empresas están cerrando, muchos puestos de trabajo se están perdiendo y pensamos que es necesario medidas urgentes", como una declaración de emergencia, afirmó.
José Luis Garrido
Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, resaltó que "el sector textil es una actividad con más de 100 años de historia, uno de los más federales y genera entre directos e indirectos más de 500 mil puestos de trabajo", sin embargo, "hoy tenemos una enorme preocupación por la situación que atraviesa el sector y toda la industria Argentina".
"La realidad es muy grave: hoy tenemos seis de cada diez máquinas paradas; en los últimos años se perdieron más de 22 mil puestos de trabajo registrados; en nuestro sector cerraron más de 800 empresas. Todos los días perdemos más trabajo", lamentó y dijo que la producción se encuentra un 30% por debajo respecto al año 2023. "Llevamos más de dos años consecutivos de retroceso", indicó y consideró que "hoy no existe una agenda que tenga a la industria como prioridad".
Al momento de la intervención de los diputados, Kelly Olmos, de Unión por la Patria, observó que "la realidad hoy de la actividad industrial es divergente", con "sectores con capacidad de crecimiento, pero que son los que menos empleo generan" y "otros que están atravesando una situación extremadamente crítica y donde se están destruyendo valiosas capacidades".
El jefe de UP, Germán Martínez, recordó que el año pasado se llegó a un dictamen de un proyecto de emergencia integral para las PyMEs: "Pudimos sacar el dictamen y no lo pudimos llevar al recinto; estamos insistiendo, yo estoy seguro que lo vamos a poder encaminar en las comisiones y poder llevar al recinto". "Ojalá esta comisión nos permita profundizar aún más el debate", agregó.
Dese La Libertad Avanza, el diputado Julio Moreno Ovalle remarcó sobre "el país que recibimos" con "inflación, desocupación, economía informal, 50% de trabajadores en negro". "El presidente Javier Milei les dijo muy clarito que esto no se arregla de un día para el otro, este es un proyecto que va a llevar mucho tiempo, ha adelantado lo que iba a pasar, en ningún momento se le ha mentido a nadie", expresó.
"Tenemos la sensibilidad sufiente para escucharlos, sino no estaríamos acá", dijo, pero aclaró que "acá hay un proyecto macro, hay que entender eso". "Las políticas anteriores lamentablemente fracasaron y por eso tenemos el país que tenemos", insistió y pidió tener "paciencia que el país tiene que salir adelante" y "seguir apoyando las políticas de Milei".
Miembros de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas mantuvieron un encuentro con representantes de la entidad. La diputada de UP habló de una sensación "casi de pánico" respecto a los datos de la actividad industrial.
Foto: X @marinadorotea
La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) opinó que "la UIA no está apoyando a las PyMEs", tras un encuentro que un grupo de legisladores mantuvo con representantes de la organización conducida por Martín Rappallini.
Luego de la reunión, propuesta desde la entidad y de la que formaron parte miembros de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara baja, la santafesina reveló que salió con una sensación "casi de pánico" respecto de los números sobre la actividad industrial.
"Uno camina, recorre el territorio y siente la caída del consumo, sumado a la apertura indiscriminada de importaciones que en algunos sectores es letal", señaló la opositora, y dijo que, tras los indicadores exhibidos por la UIA, se ve que "excepto el petróleo, la mayoría de los sectores está arruinado".
En declaraciones radiales, Carignano reveló: "Estábamos todos los partidos y los de La Libertad Avanza no estaban muy contentos al ver esos números, callados, y los de la UIA trataban de decirlos de la manera más suave, cosa que genera asombro, porque, 'che, sos la Unión Industrial Argentina'. Estás viendo que las industrias están por el piso, los indicadores en rojo, casi no podes salvar ningún sector, en la caída del consumo estamos peor que en la pandemia, ¿y en serio no te animas a levantar un poco la voz y decir 'no está funcionando la política industrial de este Gobierno'?".
"En Brasil el sector industrial tiene más carácter que la UIA, que suele defender a los más grandes y no a los más chicos", denunció e insistió: "Se quejan por un lado, pero no se animan a decir 'nos está matando el modelo industrial' -o mejor dicho industricidio-, y lo dicen muy tibiamente".
La diputada expresó que les informaron sobre "todos los avances tecnológicos que tiene la UIA para un país que no es claramente Argentina. Hoy los industriales se debaten entre echar gente, dejar de pagar sueldos, dejar de pagar aportes".
"¿Cuándo se van a plantar ante el Gobierno? ¿O admitir que la UIA defiende a las grandes empresas y los chicos están librados al azar?", desafió y manifestó: "Yo siento que la UIA no está apoyando a las PyMEs", que son "las que dan casi el 97% del empleo de la Argentina".
La entidad fabril expresó su “preocupación” por las cautelares que suspendieron la nueva Ley de Modernización Laboral y pidió respetar la norma aprobada por el Congreso. Advirtió que la incertidumbre regulatoria afecta la inversión y el empleo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió a cuestionar los fallos judiciales que frenaron la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada recientemente por el Congreso. A través de un comunicado, la central fabril manifestó su “preocupación” por la suspensión cautelar de 82 artículos de la norma y reclamó que se respete la división de poderes.
“La UIA expresa su preocupación ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo”, sostuvo la entidad.
Los industriales subrayaron que el respeto por las leyes votadas democráticamente constituye un “pilar esencial” para la seguridad jurídica y para el funcionamiento de la economía. En esa línea, remarcaron que las medidas que bloquean la entrada en vigencia de una legislación deberían ser “el último recurso” del sistema judicial, y no el primero, como —según señalaron— ocurrió en este caso.
“La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad”, enfatizó la UIA. También advirtió que la persistencia de la “incertidumbre normativa” deteriora el clima de negocios y retrasa decisiones productivas que el sector considera estratégicas.
Para la organización, la plena vigencia de marcos regulatorios que apunten a modernizar las relaciones laborales es clave para impulsar el desarrollo económico. Por eso, concluyó el comunicado, resulta fundamental que se garantice la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.
El dato surge de un informe elaborado por la UIA, que entregaron a la titular de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, con quien buscan elaborar un proyecto de ley PyME.
Como presidenta de la Comisión PyMES, la diputada Mónica Fein mantuvo una reunión con una delegación de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por Diego Leal, para abordar la situación crítica que está atravesando la industria en Argentina.
“Estamos trabajando en ideas conjuntas con el resto de los bloques para poder tener un proyecto unificado de Ley PyME que baje las escalas fiscales, simplifique las cuestiones burocráticas y colabore para hacer crecer el financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. A este respecto, la idea es avanzar y convocar a comisión la próxima semana donde se dictaminará un escrito consensuado”, manifestó Fein a los industriales.
Según un relevamiento de la entidad, se pierden 5.000 puestos de trabajo formales por mes, y alrededor de 15.0000 puestos entre registrados y no registrados.
La comitiva valoró las propuestas legislativas de la legisladora con respecto a la simplificación de trámites, unificación de cuentas y disminución de la presión impositiva.
En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero, representante de la organización de empresarios, cuestionó que “el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas”.
En el comienzo del debate sobre los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro su postura en contra y se preguntó “¿para qué?” avanzar en este sentido, al tiempo que pidió debatir en el marco de “la realidad y los problemas que tenemos”.
En su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró “a favor del diálogo social” y dijo que este debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”.
“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.
Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó.
En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”.
El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó.
También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.
Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.
“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.
Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista.
“Tenemos que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos”, expresó tras el encuentro el ministro de Economía.
Con el objetivo de repasar el trabajo conjunto que viene realizando el Gobierno con los sectores industriales para sostener el nivel de actividad en el marco del ordenamiento de las variables macroeconómicas.
Participaron el Comité Ejecutivo de la UIA, empresarios industriales, representantes de diferentes cámaras sectoriales, el secretario de Producción José De Mendiguren y la subsecretaria de Industria Priscila Makari.
Massa: “Tenemos que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos. No puede haber situaciones que paren la producción de nuestras empresas ni abusos de aquellos empresarios que reciben beneficios del Estado”.
El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, y el diputado Ricardo Buryaile, mantuvieron una reunión con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes les brindaron propuestas de la industria para que el país vuelva a crecer de forma sostenida.
El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, y el diputado formoseño Ricardo Buryaile mantuvieron una reunión con Daniel Funes de Rioja, David Uriburu y Pablo Dragun, autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) quienes les entregaron a los legisladores el "Libro Blanco", un trabajo que contiene las propuestas de la industria para que la Argentina vuelva a crecer de forma sostenida.
"Fue una reunión muy importante, muy productiva, fundamentalmente en el momento que está viviendo el país frente a la crisis", contó Negri. "Además de haber conocido la presentación de los 100 puntos del proyecto que tiene la UIA para crecer en la Argentina, conversamos alrededor de ello, del momento actual, intercambiamos información, quedamos en hacer una mesa de intercambio de trabajo y de proyectos parlamentarios", agregó.
Buryaile, por su parte, afirmó: "Es muy importante que la política hable con el sector empresarial en momentos en que la Argentina necesita escucharse, repensar cómo sigue, la reunión fue muy positiva, la apuesta es al futuro no mirar para atrás, es lo central".
Al cierre del encuentro, Funes de Rioja destacó el rol del diálogo parlamentario: "Estos espacios son muy importantes para generar consensos que nos permitan poner en valor el potencial productivo que Argentina tiene en cada sector y en cada región".
Los objetivos de la UIA
Luego que el presidente de la UIA rechazara el congelamiento de precios dispuesto por Roberto Feletti, la legisladora K cuestionó a los empresarios.
La diputada nacional Fernanda Vallejos (FdT) volvió a respaldar el plan del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de congelar hasta enero próximo el precio de más de 1.600 productos y salió al cruce del titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien rechazó la medida del Gobierno.
"Nos cansamos de explicar que la inflación es un fenómeno de costos. Pero los señores siempre quieren devaluación, principal impulso inflacionario en nuestro país. No quieren retenciones, aunque la inflación mundial impacte como una devaluación. Tampoco quieren control de precios", fustigó la legisladora kirchnerista en su Twitter.
Y se quejó que los empresarios "no quieren que el secretario de Comercio ejerza su función ni que aplique las leyes vigentes en nuestro país".
"¿Qué quiere Funes de Rioja? Simple, la quieren toda para ellos, aunque sea sobre el hambre del pueblo gracias al cual se hicieron ricos. Eso, y trabajadores sin derechos", disparó.
Por último, la economista apoyó a Feletti: "Haga lo que tenga que hacer, compañero Secretario, @RobertoFeletti. A usted lo apoya el pueblo trabajador".
Empresarios y brokers advierten sobre los efectos económicos de la pelea política generada en la cima del poder tras la derrota del Gobierno en las PASO.
Las cúpulas empresarias del país han mantenido en las últimas horas intensos contactos y conversaciones para evaluar cómo sigue la durísima pelea política que involucra al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en esas charlas el punto concluyente es que todo esto afectará a la recuperación de la economía, agregando una gran dosis de incertidumbre.
Según pudo conocer parlamentario.com, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), los dirigentes mantuvieron diversas conversaciones en estas últimas horas.
En ambas entidades, según fuentes de esas entidades, el punto coincidente es que esta dura pelea, en un contexto de pandemia con secuelas sociales muy severas, les agrega mayor incertidumbre a los inversores, a los emprendedores, con lo que se teme un freno nuevamente en el ritmo de recuperación y una mayor huida de empresas hacia el exterior.
“Esto está poniendo contra las cuerdas a la coalición de Gobierno, cuando todavía aún falta más de dos año para que terminen el mandato. Con estas señales que se vieron en las últimas horas, nadie en su sano juicio va estar pensando en traer dólares o invertir en el país. Va a esperar a ver qué pasa y eso implica menor desarrollo, menor cantidad de empleo”, resaltó uno de los principales dirigentes de la UIA.
Sobre la situación que se está viviendo en estos últimos días en el país, José Urtubey, director de Celulosa Argentina, abogó para que el Gobierno y sectores de la oposición hallen un "puente de diálogo y trabajo consensuado para establecer una hoja de ruta", en esta crisis.
Advirtió que "de no producirse líneas de consenso, se va a agravar más la situación, con mayor dificultad para resolver los problemas que tiene la economía local".
Por su parte, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, advirtió que esta crisis genera "más incertidumbre que entusiasmo". Sostuvo que el rol del sector privado "tiene como esencia el crecimiento y las inversiones, y es acá donde hay que afinar la puntería con cualquier estructura de gestión".
"Todavía hay capacidad ociosa para recuperar en el sector productivo. Van a tener que dar un mensaje más preciso, para ir a un modelo de crecimiento, destacó.
En tanto, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata, advirtió que las renuncias "no ayudan en un momento tan difícil, por la pandemia y la situación económica y social".
Por su parte, los empresarios textiles que forman parte de la Fundación ProTejer brindaron su "apoyo y respaldo" al presidente de la Nación por llevar a cabo una "exitosa política industrial".
La entidad también expresó su acompañamiento al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a los secretarios de Industria, Ariel Schale, y de PyMEs, Guillermo Merediz.
A ellos les reconocieron "la política industrial que vienen llevando a cabo en forma exitosa en pos del desarrollo de la industria nacional".
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se reunió con dirigentes jóvenes de distintas organizaciones empresarias.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, se reunió con dirigentes jóvenes de distintas organizaciones empresarias.
Del encuentro con el diputado oficialista participó la presidenta de la Unión Industrial de la Provincia - rama Joven (UIPBA - Joven), Luciana Blasucci; el presidente de la Unión Industrial argentina - rama Joven (UIA Joven), Tomás Karagozian; Victoria Tomadoni, Gastón Leiter y Bruno Sánchez, también de la UIPBA Joven; Diego Pianzazzo, de la Cámara de Comercio e Industria La Plata; y 40 empresarios y empresarias industriales jóvenes bonaerenses.
Además de miembros de la Unión Industrial Argentina y de Buenos Aires, participaron integrantes de la Confederación Económica, de la Federación Económica y de la Asociación de Industriales de la provincia.
“Queremos construir generacionalmente herramientas para ampliar la participación de las y los jóvenes bonaerenses en todos los ámbitos, especialmente como generadores y generadoras de empleo genuino”, aseguró Otermín tras el encuentro al tiempo que destacó: “Para Axel (Kicillof), la industria es estratégica por su capacidad de producir valor y trabajo. Junto a las y los jóvenes industriales de la provincia articulamos la co-creación de un marco legislativo que acompañe la reactivación incorporando la tecnología y la perspectiva ambiental y multiplicando las opciones de formación”.
Por su parte, Luciana Blasucci, primera presidenta mujer de UIPBA Joven, resaltó: “Es fundamental trabajar en un marco legislativo que le permita a las pymes de provincia de Buenos Aires tener previsión para la toma de decisiones y estimular las inversiones, fortaleciendo así el entramado productivo y generación de empleo calidad teniendo como resultado una provincia más productiva”.
“La producción bonaerense representa más del 30% de la economía nacional. No existe otra alternativa para una provincia que alberga a 17 millones de habitantes que tener un sector industrial pujante, diversificado, extendido y con más jóvenes trabajando y tomando decisiones”, añadió en tanto el titular de la Cámara baja bonaerense.
Para Otermín, “la pospandemia nos exige pensar un capitalismo “sin miopía”, capaz de mirar a largo plazo para terminar con la desigualdad extrema que atenta contra su propia sustentabilidad, y esto implica a la vez ir hacia una economía circular que favorezca una producción en armonía con el ambiente”.
“Arriesgar capital es también un compromiso con la sociedad. Que lo hagan los jóvenes es además un compromiso con el futuro. Lo que buscamos es que sean cada vez más las y los jóvenes que accedan al mundo laboral como trabajadoras, trabajadores, empresarias y empresarios, y que las micro empresas puedan ser pequeñas empresas, que las pequeñas empresas puedan ser medianas compañías y las medianas compañías puedan ser grandes empresas. Con una industria bonaerense competitiva y sustentable se beneficia el conjunto de la Provincia. La política y la producción somos aliados en la misión de construir una sociedad mejor”, concluyó Federico Otermín.
Se trata de Enrique Lew, empresario textil e integrante del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, quien se manifestó tras las críticas de la CGT a la propuesta de Florencio Randazzo.
El empresario textil Enrique Lew, miembro del Departamento de Política Social de la Unión industrial Argentina (UIA), salió a respaldar un cambio en las leyes laborales que rigen nuestro país. Días atrás, la CGT criticó con dureza al exministro del Interior Florencio Randazzo, luego de que éste propusiera: “Hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera”.
Lew sostuvo que el subdesarrollo “es el resultado de políticas que atacan a los emprendedores, como nuestra Ley de Contrato de Trabajo (1974) y sus anexas del trabajo no registrado. Además, al permitir los reclamos por dos años, dan lugar al gran negocio de los abogados laboralistas y a la mafia de los juicios laborales, que, sin dudas, desalientan los emprendimientos y consecuentemente la creación de empleo”.
Sobre la crítica de la CGT a Randazzo al acusarlo de “abogar por menos derechos para los trabajadores es no haber comprendido nunca al peronismo”, Lew manifestó: “Cabe preguntar si los ‘derechos adquiridos’ son el hambre, la pobreza y el desempleo, que hoy afecta a más de la mitad de nuestra población. Si el peronismo tiene como objetivo el bienestar de los argentinos y en especial forma de los trabajadores y sus familias, ya debería darse cuenta que hay algo que va en contra de esos propósitos, dada la situación en que se encuentran la mayor parte de nuestra población”.
A su vez, se lamentó que el Gobierno no escuchara la propuesta realizada meses atrás por el exministro de Economía Roberto Lavagna para incorporar la modalidad del Fondo del Cese Laboral, tal como se implementa en la industria de la construcción, para todos los nuevos trabajadores que se incorporen al mercado laboral.
“Lamentablemente, la iniciativa de Lavagna no tuvo eco en el Ejecutivo ni en los legisladores, todos los cuales, desconocen la importancia del empleo en la economía de los países, ya que solo conocen la economía que aprendieron en las facultades, pero no la cotidiana”, aseguró el también autor del libro Pleno Empleo.
Antes de emitir dictamen del proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, accedieron al pedido del sector empresarial de permitirles expresarse sobre el tema.
Durante la reunión del jueves pasado convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para debatir sobre el proyecto de teletrabajo, se advirtió desde la oposición que en el debate en esa cámara faltaba la tercera pata de la discusión, en referencia al sector empresarial, que fue finalmente convocado este lunes para asistir a la sesión remota prevista para el miércoles.
En efecto, este miércoles a partir de las 11 han sido convocados representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); de ARGENCON, entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento, y del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quienes podrán expresarse respecto del proyecto que ya fue aprobado en la Cámara baja y que despierta rechazo en algunos de sus artículos de parte de los empresarios.
Se verá si el oficialismo cumple con su postura expuesta la semana pasada en torno a emitir dictamen esta misma semana, o bien se estiran los tiempos, en caso de que decidan hacerle modificaciones al proyecto que cuenta con media sanción.
La iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo señalando que “habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.
Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.
La iniciativa indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.
En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.
En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.
En ese sentido se introduce el derecho a la desconexión digital, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.
“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, agrega el texto.
Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.
“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios”, añade el articulado.
El proyecto que ahora deberá tratar el Senado indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.
En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, dispone.
Si el empleado se niega, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.
La reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.
La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.
En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un pedido que hizo la CGT.
La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización; y llevará un registro en el cual deberán estar anotadas las empresas que desarrollen esta modalidad.
Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará al contrato de trabajo respectivo “la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.
“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, completa.
El texto también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.