En el decreto publicado en el Boletín Oficial este viernes, el Ejecutivo dispuso que la UIF esté bajo la órbita del Ministerio de Justicia y modificó el plazo de entrada en vigencia de la norma.
El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.739, sancionada por el Senado en la última sesión, relacionada a la prevención y represión del lavado de activos.
Mediante el decreto 254/24, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo observó tres artículos de la norma.
El primer cambio tiene que ver con el artículo 5 de la ley, por el cual se había establecido que la UIF funcionaría “como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía”.
El Gobierno volvió a disponer -como figuraba en la Ley 25.246- que la UIF funcione “con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia”, el cual tiene “la responsabilidad de entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, en la fiscalización y en la representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, argumentó en los considerandos.
En esa línea, también se promulgó parcialmente el artículo 7, por “ser incongruente con los términos del aludido artículo 5 de dicho proyecto”, al hablar de “Ministerio de Hacienda”.
Finalmente, y ante la urgencia por la implementación de esta ley, pues Argentina será sometida a revisión del GAFI, el Ejecutivo consideró que “resulta imperioso que las modificaciones dispuestas por el proyecto de ley sancionado entren en vigencia con anterioridad a la fecha resultante del plazo de 30 días corridos previsto en su artículo 40”.
En este sentido, dispuso que “el texto legal sancionado comience a regir de acuerdo a los términos del artículo 5 del Código Civil y Comercial de la Nación”. El mismo dispone que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, será debatida nuevamente este miércoles desde las 16 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.
Foto: Comunicación Senado
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.
La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.
Pese a la urgencia que el otrora oficialismo aseguró tenía la norma, ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, el exFrente de Todos congeló el tratamiento del proyecto en la Cámara alta durante 2023, año en que prácticamente no se sesionó en ese cuerpo.
Ahora, La Libertad Avanza incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.
En el plenario, Yacobucci afirmó que “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI -el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina- tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas, y crea dificultad al país para integrar al mundo”.
El candidato propuesto por el Ejecutivo advirtió que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.
Sobre el proyecto
El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.
Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).
Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue tratada en el seno de una reunión conjunta de comisiones en la que disertaron el funcionario Ricardo Casal, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y el director de la Comisión Nacional de Valores.
Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.
Fue debatida este martes en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente. En la reunión disertaron Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Al inicio del encuentro, Parrilli aclaró que “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión”. “Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente y que todos los senadores puedan tener la información disponible para apoyar o no el dictamen o hacer las sugerencias que entiendan que deban llevarse adelante”, agregó.
De forma breve, el senador Guerra aclaró que hubo un reemplazo de su bancada para “lograr el quórum de la comisión”, de tal manera que la fueguina María Eugenia Duré ingresó en lugar de Lucía Corpacci.
El primer orador fue el doctor Ricardo Casal quien remarcó que el GAFI, como organismo internacional, “permanentemente dicta recomendaciones para los tres ejes que son lavado de activos, lucha contra el terrorismo y destrucción de armas”.
“En ese sentido el Ejecutivo nacional el año pasado ha hecho dos evaluaciones importantes respecto al riesgo sobre estos tres ejes tan importantes de tratamiento universal. Es una evaluación, el segundo una actualización que han sido aprobados por decretos del Ejecutivo y por ende van en sintonía con este proyecto de ley”, destacó.
Casal sostuvo que “esta actualización de la legislación penal y de la Ley orgánica de la UIF tiende a cumplir con los estándares básicos que está planteando el GAFI que casualmente ha fijado como fecha de evaluación al país a partir de septiembre. Obviamente que aspiramos como país que esta evaluación sea positiva y podamos estar dentro de la nómina de países que responden a los estándares internacionales sin mencionar que su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y, fundamentalmente, del sector financiero y otros sectores que están vinculados al mercado financiero en el caso de que el país no lograra cumplir con esos objetivos que no depende de que esta ley sea aprobada, sino de un montón de circunstancias que hacen al cumplimiento de estos estándares”.
El funcionario, contó que el proyecto de ley fue tratado con diversos organismos institucionales públicos que han contribuido desde la Suprema Corte, la AFIP, el Banco Central, pero “han logrado la redacción de un texto de común acuerdo que fue presentado en Diputados en la cual, en dicha Cámara, ha tenido algunos ajustes o modificaciones no sustantivas sino para clarificar algunas cuestiones”.
“Consideramos que este no es solo un instrumento de adecuación a los estándares internacionales, sino también, que es un instrumento de utilización fundamental en la prevención del lavado de activos y del terrorismo”, opinó y recordó que Argentina tuvo dos atentados “gravísimos” entre la AMIA y la Embajada de Israel que “aún no se han esclarecidos”.
Por último, Casal remarcó que “este instrumento convertido en ley va a permitir que el Estado argentino, a través de los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos con competencia suficiente como es la UIF, puedan llegar al beneficiario final que es uno de los ejes de la ley pasando por todos los estadios de la circulación del dinero para el financiamiento de actos que sean considerados como actos de terrorismo”.
Casal contó que “hace poco se realizó la apertura de una sucursal en Rosario que pareciera que fuera el epicentro de la brutal y sangrienta actividad del narcotráfico. Este instrumento va a permitir también que esa agencia UIF en Rosario y en cualquier otro punto del país pueda bucear y profundizar en el movimiento de activos que derivan de actos ilegales del narcotráfico para poder llegar a cortar este perverso circuito económico que desalienta aquellos que sanamente ejercen el comercio”.
Luego fue el turno del titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien resaltó que luego de 12 años “estamos proponiendo una reforma sustancial de sistema, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. “El proyecto nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico”.
“A su vez nos va a permitir aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Va a profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos tanto para el sector público y privado para el combate de todo tipo de delitos”, detalló Otero.
En esa línea, siguió: “Va a promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las inter resoluciones. Además, vemos la regulación de nuevas tecnologías. Si bien son muy importantes que van a la inclusión financiera e innovación, también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan la tecnología para otros delitos de dinero y financiación del terrorismo, entonces es muy importante regularlas”.
“Otro aspecto importante es que las actuaciones realizadas por el GAFI las recomendaciones se modificaron en forma sustancial en el 2012. Tenemos que actualizar mucho las recomendaciones de estándares internacionales”, sostuvo.
Al hacer hincapié en el proyecto, el titular de la UIF afirmó que el objetivo que se tiene con dicha iniciativa “aspira a mejorar el cumplimiento técnico -la regulación de las leyes- y la efectividad del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” que será evaluado por el GAFI. Así, recordó que la última evaluación fue en el 2010 con las recomendaciones anteriores donde “no se evaluó efectividad”.
“Tuvimos en cuenta los tratamientos de la primera evaluación de lavado de activos que se desarrolló en forma unánime con el Poder Judicial, Ministerio Público, distintas agencias del comité que encabeza el Ministerio de Justica, AFIP, Banco Central, entre otras. Argentina hizo el año pasado su primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que fue de forma unánime con la metodología del GAFI. Se actualizó la evaluación nacional de riesgo de financiamiento y terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El país hizo una estrategia nacional para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades con distintos objetivos que están en el proyecto de ley”.
Además, precisó que el proyecto está estructurado en cinco ejes que son modificaciones al Código Penal, reformas a la Ley 25.346, creación de un registro público centralizado de beneficiarios fiscales, Comisión Bicameral Permanente y el registro de proveedores de servicios activos virtuales.
Sobre las modificaciones al Código Penal, explicó: “Con respecto al artículo 303 se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Antes era de 300 mil pesos y en la media sanción que se dio en Diputados se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil que serían ahora 13.198.000 pesos y se implementa una unidad de medida a los fines de su actualización periódica”.
También, incorporaron en el inciso primero el verbo “adquirir” y una modificación la pena del tipo penal atenuando multa en lugar de prisión. Sobre el artículo 306 respecto del financiamiento del terrorismo se incorporó el tema de los combatientes de terroristas extranjeros y se incluye el término “bienes u otros activos”.
Respecto de la reforma a la Ley 25.346 Otero explicó que “se incorporan definiciones relevantes para el sistema de activos y financiamiento del terrorismo”. Sobre la UIF, contó que se le dará autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera; el enfoque basado en riesgo se incorporó por ley al sistema preventivo a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la misión de regulación por parte de la UIF.
Al hablar de que los sujetos obligados al sistema preventivo, tanto del sector financiero como no, “no pueden oponer secreto. Pueden colaborar en el marco de una declaración voluntaria o análogas”. También se incorporan facultades: “Con respecto a las sanciones financieras dirigidas se prevé en la ley el congelamiento administrativo de fondos u otros activos mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público”, agregó.
“Sobre las contramedidas, se ponen medidas específicas de mitigación en riesgo a las relaciones comerciales e interacciones con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras de mayor riesgo que el GAFI va denominando”, sumó. También se incorpora un artículo que regula la correcta utilización de la información proveniente de organismos análogos extranjeros y se garantiza el secreto de identidad de sujetos reportantes de operaciones sospechosas.
Por su parte, el titular de la Comisión de Valores, Martín Breinlinger, explicó que en su área “detectamos que la publicidad engañosa y la falta de información adecuada es un problema clave para la protección de la inversión en criptoactivos, que se desarrolla principalmente sin un marco normativo específico”.
“No contamos con legislación en el país que diga que los abogados que intervienen en actividades específicas son sujetos obligados a informar a la UIF, por eso lo agregamos al proyecto conforme a lo que se exige a nivel internacional”, planteó Luciana Trincheri del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.
Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
La iniciativa exigida por el FMI cosechó 111 votos positivos, 96 negativos y 5 abstenciones. Finalmente, JxC se mantuvo unido, pese a que el Pro había firmado el mismo dictamen que el oficialismo.
Por Melisa Jofré
Tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI pero con un bajo número de votos favorables.
Precisamente, el proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque Pro había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. El diputado Pablo Tonelli, que había sido uno de los articuladores en la negociación, se ausentó de la votación y se bajó de la lista de oradores.
Es que en la antesala de la sesión, durante el tratamiento en comisiones, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución Radical habían suscripto un dictamen de minoría, del que también fue parte el interbloque Federal. Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.
De esta manera, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal votaron en contra. También lo hicieron así los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco la ahora monobloquista cercana al líder de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.
Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.
En tanto, las abstenciones fueron de los monobloquistas, dentro de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO); y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.
Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.
Horas antes de la sesión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió mediante su Twitter que la ley estaba en riesgo por la postura de la oposición, que reclamaba por aspectos que no formaban parte del proyecto original y que se habían aceptado varias modificaciones en todos estos meses. Además, cuestionó el dictamen de minoría.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
El tratamiento de este proyecto se había empantanado a fines del año pasado cuando, pese a la disposición del oficialismo a aceptar modificaciones reclamadas desde la oposición, se coló en el debate la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio motivada por la actitud de la presidenta de la Cámara respecto de la integración de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y el tema quedó postergado.
El debate
Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), señaló que “nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones” como el GAFI. Para el salteño es necesaria una actualización de la normativa, “sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la sanción de la Ley 25.246 en el año 2000 y que su última reforma sustancial fue en el 2011, siendo esta reforma anterior a los actuales estándares del GAFI” que se establecieron en 2012.
“El carácter complejo de estos ilícitos, el auge de las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual”, afirmó el legislador durante un discurso leído rápidamente.
Además, resaltó que “este año nuestro país debe ser evaluado por el GAFI y hay que recordar que Argentina es miembro pleno desde el 2000”. “Para la elaboración del proyecto han colaborado todos los actores del Estado preponderantes del sistema de prevención de este tipo de delitos”, ponderó en otro tramo y detalló los aspectos del dictamen.
Al compartir el tiempo con Godoy, la diputada Mónica Litza (FdT) hizo hincapié en “la importancia que tiene para nuestro país” esta ley, ya que “esto trasciende a los gobiernos, no es importante para el Gobierno, es importante para la Argentina”. “Los delitos, sobre todo complejos, como es el narcotráfico y la proliferación de destrucción de armas masivas, así como el terrorismo, van a hacer base y se van a sentar donde la legislación sea más vulnerable”, advirtió.
En esa línea, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal enfatizó: “Esto tiene que ver con estar o no en el concierto de las naciones con una reglamentación acorde, y que podamos tener acceso a los organismos de crédito internacional, a las inversiones para el desarrollo y a un sin número de actividades multilaterales que Argentina necesita. Por lo tanto, es super importante que podamos tener esta ley lo antes posible”.
Sobre el dictamen de minoría, la massista expresó que le parecía “realmente una pena que la oposición no tome varias de las cosas que hemos trabajado, incluso en un consenso logrado”, y lamentó que ese texto deje “a un universo tan importante y activo, como es el de los activos virtuales, sin ninguna especie de regulación, sin ningún registro y sin ningún control”.
Al defender el dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI-JxC) cuestionó que el Frente de Todos “no quiere incorporar una de esas 40 recomendaciones del GAFI que es la clave de todas, la madre de todas las recomendaciones, que es la número 29, que dice que la UIF debe ser independiente, autónoma operativamente, lo que significa que debe contar con autoridades y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de su análisis”.
En esa línea, la cívica cuestionó que no se toque el tema de “la autonomía y la independencia que hoy la UIF no tiene, porque es el Poder Ejecutivo el que pone y saca a los funcionarios y esto hace que no pueda tener independencia y que sea pasible de todas las influencias políticas de este gobierno, del anterior y de cualquiera que venga”.
Además, Frade chicaneó que “esta ley que sacan a los empujones la necesita Sergio Massa que está negociando con el FMI, entonces tiene que salir algo, no importa qué. Tiene que salir algo que muestre al FMI, pero que no sea tan serio para que sea independiente y que no sea cosa que controle el narcotráfico, el contrabando y todo lo que acecha en este país de la mano del oficialismo”.
Quien también respaldó el dictamen de minoría fue el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical-JxC), quien recordó que sobre el tema “hubo dos reuniones el año pasado; una el 23 de noviembre donde los funcionarios plantearon la necesidad de actualización, y otra que trabajamos dentro de la comisión, pero no llegamos a ponernos de acuerdo y ahora el tema volvió” porque “viene pronto una evaluación del GAFI y podemos quedar en offside”.
“Sabemos la importancia de eso porque lo que pasó es que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, nos metieron en la lista gris”, apuntó.
En sintonía con Frade, el radical dijo que “la recomendación 29 de la UIF es que todos los países tienen que tener una unidad de inteligencia financiera para que hagan la tarea de reporte de actividades sospechosas, de control, de lucha contra la corrupción y marca esa recomendación que tiene que haber una autonomía funcional y esa independencia, pero se tiene que llevar a la práctica. Pero si uno ve hoy el procedimiento que marca la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía”. “Por ende, si lo pone el ministro, no hay autonomía y no cumple con los estándares que marca la UIF de ‘sin interferencias o influencias políticas gubernamentales o industriales’”, agregó.
A favor del dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) hizo un repaso histórico de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, sancionada en el año 2000, y sus diferentes reformas, para denunciar que a lo largo de estos más de 20 años “cada uno, en el tema de la UIF, hace lo que le conviene”. “Es una ley totalmente vapuleada en este Congreso”, sostuvo.
Enfática, la bonaerense señaló que “la UIF no puede ser como cualquier organismo” sino que debe tener “una responsabilidad reforzada a la hora de participar en las cuestiones de los delitos de los poderosos, así sea el delito que comete un funcionario. Ese es el motivo por el cual el texto que propicia el oficialismo no es el que nosotros queremos”. Además de la autonomía, subrayó que el dictamen de minoría busca establecer otro mecanismo para la selección y remoción de su presidente y vicepresidente.
En su intervención, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) planteó el rechazo directo de la izquierda, mostrándose “asombrada” por “una ley tan contraria a nuestros países”. Se mostró sorprendida en ese sentido por “algunos que hablan de la patria grande firmen leyes como esta”.
“Unos pueden coincidir con que el 2×1 fue una barbaridad, que sacan fallos antiobreros, pero estas herramientas se las dan al Poder Judicial. ¿A quién le dan la reforma del artículo 241 quinquies del Código Penal?”, se preguntó, para asegurar a continuación -por si quedaba alguna duda- que “así cómo no voté la Ley del Arrepentido, que me parecía una aberración, no voy a votar esta porquería”.
E insistió: “Los que critican tanto al Poder Judicial, me asombra que ahora nos traigan esta ley que les da facultades exorbitantes en el artículo 241 quinquies del Código Penal”. La porteña consideró que “lo que se está votando hoy es una amnistía y reaccionaria reforma penal, y si realmente quieren terminar con el narco, el lavado de dinero, no es necesario calificar de terrorista a nadie, porque se puede derogar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura; la legislación que fue creada para los supuestos emprendedores; como las Sociedades de Acciones Simplificadas; se pueden retrotraer los blanqueos promovidos por este gobierno y los anteriores; se puede nacionalizar el sistema bancario y formar una banca nacional única bajo gestión de los trabajadores… Hay muchas medidas que se podrían discutir; esta ley no tiene nada que ver con eso, es parte de la Ley Antiterrorista y ya se demostró para qué puede ser usada”.
En medio de los números complicados para el oficialismo, desde el propio bloque la diputada Natalia Zaracho (FdT), una de las tres legisladoras referenciadas en Juan Grabois, lanzó: “Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la necesidad y urgencia de nuestra gente”. Al quejarse de que en este tiempo no se trataron proyectos como una ley de emergencia en adicciones, la legisladora remarcó que “necesitamos tener un Congreso que sancione leyes con independencia, que no sea una colonia”. “Nosotros no vamos a acompañar este proyecto”, anticipó.
En el cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, reveló: “Nunca me llamó el ministro de Economía para pedirme el aceleramiento de esta ley, ni nunca me dijeron que el Fondo Monetario Internacional quiere o no determinada ley”. Al reflexionar sobre la conformación de la agenda parlamentaria, manifestó que “hay temas de la vida cotidiana -para la vida de los argentinos-, y es cierto que hay otras leyes, que debemos abordarlos”, pero advirtió que “la agenda política es estar en este Congreso y tener normativas”. “La agenda parlamentaria es difícil de armar”, resaltó.
Sobre el proyecto, subrayó que desde el oficialismo aceptaron “más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques” e incluso “modificaciones de legisladores que sabíamos que votarán en contra”.
“Esperamos que pueda ser aprobada una ley que mejora la actual legislación, pero sabemos que algunos no acompañan porque hay algunos elementos no incluidos en la Unidad de Información Financiera como querellante”, indicó. Sin embargo, señaló que “la UIF es querellante en 220 causas, cuando se detectó que hay unas 1.400 causas de lavado, es decir, en una de cada siete es querellante”.
“Somos la Cámara de Diputados, personas políticas en un cuerpo político, ¿por qué tenemos tanta vergüenza en dejar que otros poderes tomen definiciones?”, se preguntó y cerró: “No quiero que este proceso lo lleven a cabo los grandes bancos o la Corte Suprema de Justicia”.
Aspectos del proyecto
El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.
Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.
Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).
Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
Es para que las autoridades del organismo antilavado respondan, particularmente, sobre el giro de posición en la causa Vialidad, donde está acusada la vicepresidenta.
Senadores de Juntos por el Cambio enviaron una nota al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para que asista a la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado, presidida por radical Pablo Blanco.
En su cuenta de Twitter, Blanco reveló que la nota se envió luego de la solicitud que hicieron los jefes del interbloque opositor en la Cámara alta, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni.
El objetivo es que “brinden explicaciones sobre cuál ha sido el desempeño de la UIF en los diferentes procesos judiciales que ha formado parte, y cuál fue su rol como querellante. En particular en lo que hace a la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, clarificar el actuar de esta Unidad en la causa ‘Vialidad'”.
Justamente ese punto es el que se refiere al cambio de postura que tuvo el organismo antilavado en el comienzo de los alegatos del juicio que se desarrolla en la causa por presunta corrupción en la obra pública, y que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusada como “jefa” de una asociación ilícita, a través de la cual se benefició al empresario Lázaro Báez por contratos en 46.000 millones de pesos.
En la nota enviada, Blanco señaló que “abdicar de su deber de querellar en investigaciones complejas de lavado de activos o sus delitos precedentes, cuando hay violación al orden económico y financiero (bien jurídico tutelado) y perjuicios exorbitantes del erario público, no puede quedar a merced de la voluntad de la autoridad de turno”.
La misiva agrega que se busca interrogar sobre “las implicancias económicas derivadas de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.
Asimismo, resalta que “resulta indispensable que la UIF actúe con independencia y autonomía, para dar cumplimiento a los deberes a su cargo”.
“Dicha autonomía e independencia resulta indispensable para fortalecer la imagen del organismo a nivel internacional, y lograr a partir de ello la confianza que le permita a nuestro país contar con información fidedigna proveniente de otras entidades y organizaciones antilavado”, completa la nota firmada por Blanco.
Además, en la red social Twitter, la senadora santacruceña María Belén Tapia sostuvo que “en especial” buscan interrogar a los titulares de la UIF “en lo que hace a la lucha contra el lavado de activos y la corrupción: es necesario clarificar el proceder y los fundamentos de la UIF en la causa Vialidad”.
“También conocer la evolución del suministro de información dado por las entidades antilavado internacionales en los últimos años, informando sobre la actuación de la UIF en la evaluación de nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Buscamos respuestas”, agregó la radical.
Luego de que la conducción actual del organismo encargado de investigar el lavado de dinero pidiera la absolución de la vicepresidenta Cristina Kirchner, diputados de JxC pidieron modificaciones.
El diputado nacional Gerardo Milman, acompañado por diputados de la oposición, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 9° de la Ley 25.246 que designa al presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.
El proyecto pretende crear una comisión ad hoc para elegir a los funcionarios en cuestión y que será integrada de la siguiente manera: dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios de los presentes; dos funcionarios/as del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General
de la Nación; dos miembros del Senado de la Nación elegidos por sistema D’ Hont; dos miembros de la Cámara de Diputados elegidos por sistema D’ Hont; un miembro designado por el Ministerio de Economía.
“Recientemente fue noticia la actuación de la UIF que pidió absolver a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad que la tiene como imputada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 de pesos millones para favorecer a Lázaro Báez con contratos viales. La UIF, que actualmente es manejada por Juan Carlos Otero, muy cercano a Máximo Kirchner, también pidió la absolución de Báez y de los ex funcionarios Julio De Vido, José López., Néstor Carlos Kirchner, Abel Fatala y Néstor Periotti“, agregó el diputado.
El legislador del Pro sostuvo que “las instituciones destinadas a combatir los delitos como aquellos que le competen a la UIF, deben ser equilibradas y fundamentalmente profesionales en su conformación directiva y, de ser posible, lo más independiente del poder político gobernante. De nada sirve tener una cascara formal, que atienda las exigencias de estándares internacionales, una fachada ridícula y costosa, si no se atienden sus objetivos fundamentales”.
Milman sostuvo que el cambio en la forma de elección de la conformación futura de la Unidad de Información Financiera mediante una comisión ad hoc y ad honorem pluri-institucional, “brindará jerarquía y equilibrio a la institución de tal forma que en el futuro sea un organismo que aporte a la conformación de una sociedad más justa y democrática, y no nos avergüence nunca más”.
Acompañan el proyecto los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Alfredo Schavoni, José Núñez, Héctor Stefani, Karina Bachey, Laura Rodríguez Machado, Alfredo Asseff, Virginia Cornejo, Lidia Inés Ascarate y Carlos Zapata.
3665-D-2022El organismo antilavado, que era querellante, aseguró que “sería irresponsable avanzar en una acusación”. La vicepresidenta participó de la audiencia de manera virtual.
En el comienzo de los alegatos en el juicio de la denominada causa “Vialidad”, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de la vicepresidenta Cristina Kirchner -y otros acusados-, por considerar que no hay elementos suficientes y criticó los peritajes realizados por el tribunal.
El abogado del organismo antilavado, Leandro Ventura, sostuvo: “Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”.
“El estudio profundizó las dudas y debilitó las pocas certezas que teníamos, dejando huérfana la acusación”, aseguró el letrado durante la audiencia que la vicepresidenta presenció de manera virtual desde su despacho en el Senado.
Ventura cuestionó que en el peritaje oficial sobre las obras viales de Santa Cruz “realizaron un cálculo inentendible”. “Observamos errores graves”, sumó y afirmó que “se llegaron a resultados inconsistentes”.
“No contamos con conclusiones lógicas que permitan una fundamentación válida sobre si hubo o no perjuicio para el Estado”, dijo el abogado de la UIF e insistió que “si no puede corroborarse la existencia del fraude, la figura de la asociación ilícita no podría configurarse”.
En esta causa, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita por la cual habría defraudado al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos. Entre los acusados también se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su exnúmero 2, José López.
Reacciones desde la oposición
El texto ingresó por la Cámara de Diputados. Prevé modificaciones en el Código Penal y dos leyes vinculadas a la temática.
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.
En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.
“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.
En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.
Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.
Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.
Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.
0009-PE-2022“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló el diputado Tailhade.
“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló el diputado Tailhade.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a los exfuncionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF) Agustín Biancardi, Martín Olari Ugrotte, Facundo Orazi y Gonzalo Romero por asumir la defensa del capo narco Javier “El Rengo” Pacheco.
Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales del organismo antilavado hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad, según se detalló en la denuncia.
Este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la vicepresidenta”, sostuvo el diputado en su presentación.
Con el cambio de gobierno, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”, desde donde Biancardi y Olari defienden, ahora, a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos.
“Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señaló Tailhade.
En ese sentido, el diputado consideró que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos”.
Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la (actual) Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF.”
“Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostuvo Tailhade.
Entre las medidas solicitadas por el legislador, pidió que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la unidad antilavado llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.
La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.
Sostienen que existen “maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Kirchner”.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a diputados nacionales de su partido presentaron una denuncia contra el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Fernández y exfuncionarios sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”.
“Denunciamos que el actual gobierno argentino se encuentra embarcado en acciones coordinadas que apuntan al desmantelamiento de los organismos de control previstos en la normativa argentina, al debilitamiento de las instituciones que han sido creadas y diseñadas legislativamente, conforme estándares internacionales”, indica la denuncia.
El escrito, que fue elevado este miércoles al presidente del GAFI, Marcus Plever, fue firmado por Carrió y los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, Javier Campos, Laura Castets, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.
“Este desmantelamiento del organismo (en alusión a la UIF), a través del nombramiento mismo de sus autoridades, los despidos del personal técnico capacitado y promotor de causas judiciales relevantes que condujo al procesamiento de funcionarios,- hoy nuevamente en cargos relevantes de la función pública-, no son hechos aislados, sino concatenados con otros que apuntan a consagrar la total impunidad de los funcionarios comprometidos en la Justicia”, expresan en la denuncia, y advierten que la Unidad de Información Financiera “está siendo jaqueada en su pleno funcionamiento e independencia operativa”.
Además, Carrió y los legisladores llamaron la atención sobre “el peligro de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI”.
“La consagración de este nuevo esquema derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de Cristina Fernández y el presidente, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder”, señalaron.
Asimismo, indicaron que “desde enero de este año, con la salida de Mariano Federici al frente de la UIF, nuestro país perdió la presidencia del grupo Egmont a nivel mundial. Desde entonces, la saga incluyó el nombramiento de su presidente, Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo, ambos impugnados para esos cargos y, el posterior vaciamiento de la unidad, con la desvinculación de personal técnico profesional especialmente vinculado a las causas de corrupción que venía impulsado activamente ese organismo”.
“No es posible analizar el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera sin el análisis de un contexto más general, en el que todas las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional conducen a un mismo propósito: debilitar controles, concentrar poder y garantizar impunidad”, advirtieron Carrió y los diputados, y concluyeron que “la UIF debe ser independiente y autónoma operativamente”.
