Las donaciones serán recibidas desde el 1ero. al 31 de octubre. el 12 de novimebre se sortearán, entre los participantes, artefactos de última teconología.
El Banco Provincia, en conjunto con Unicef, anunciaron una campaña de donaciones que va desde el 1ero. al 31 de octubre, en las que los usuarios podrán realizar donaciones desde los 3.000 pesos.
Aquellos usuarios que donen, participarán de un sorteo que se llevará a cabo el 12 de noviembre. Los premios van desde relojes inteligentes, smartphones, tablets y notebooks.
Las donaciones pueden realizarse desde el home banking, Cuenta DNI, por tarjeta de crédito y desde el programa Mesumo
Así lo afirmó la vicegobernadora bonaerense al participar de la firma de cartas compromiso de diez municipios para incorporarse al programa MUNA, que promueve Unicef.
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que en los próximos meses "la alimentación se va a volver crucial" ya que "hay una proyección de crecimiento estrepitoso de la pobreza en niños y adolescentes".
Tras participar; junto al gobernador Axel Kicillof, de la firma de cartas compromiso de diez distritos de la provincia para incorporarse al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que promueve Unicef junto a gobiernos locales con el objetivo de fortalecer la gestión de las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades; Magario afirmó que "en Argentina estamos en emergencia".
"La proyección indica que vamos a llegar al 70 por ciento de nuestros niños pobres y esto se da en dos franjas fundamentales: el norte del país y el conurbano bonaerense. De ese 70 por ciento, el 35 por ciento de los chicos van a estar en situación de indigencia", planteó la vicegobernadora, que añadió: "son datos que no se vieron ni siquiera en 2001 o 2002".
Como consecuencia, Magario aseguró que "es tiempo de fortalecer políticas de integración vinculadas a la salud, al agua potable, al acceso a la educación".
En esa línea, la vicegobernadora y presidente del Senado bonaerense advirtió que "las políticas de ajuste y recesión que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei van a dejar un país sin trabajo, sin salario, sin ingresos, sin producción y, fundamentalmente, destruyendo el futuro de los niños por la pobreza en que se van a criar".
Sobre este punto, afirmó: "el Estado nacional debe invertir en estas políticas para niños y adolescentes".
Participaron del acto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y la representante de Unicef en Argentina, Luisa Brumana.
En el marco del Día Internacional de la Niñez, la representante adjunta del organismo de la ONU, Olga Isaza, disertó sobre los hitos y desafíos aún pendientes en esta materia.
La Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes presentó el informe anual de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y recibió a la representante adjunta UNICEF Argentina, Olga Isaza, que disertó sobre los hitos y desafíos aún pendientes en el país en esta materia.
Al comienzo de la reunión, la senadora y presidenta de la Comisión Clara Vega presentó el informe y análisis de la realizado por el cuerpo en el año; y destacó el establecimiento de una relación directa entre la Comisión y los organismos del Estado nacional referido a los niños niñas y adolescentes, y en particular con el secretario Gabriel Lerner, “que nos ha planteado algunas inquietudes, y a raíz de ello, y a lo que se hizo público en la exposición que él hizo en la bicameral, pudimos lograr que dentro del Presupuesto se tuvieran en cuenta estos programas destinados específicamente a la niñez y a la adolescencia”.
Por otro lado, ponderó la visita en Nueva York a UNICEF, para conocer sus instalaciones y autoridades: “A partir de allí hablamos de temas muy específicos, que tienen que ver con cómo se atravesó la pandemia, la no presencialidad y su impacto en niños y adolescentes, y la desigualdad de no tener conectividad. Planteando, además, cómo podíamos reforzar y coordinar acciones directas en ese sentido”.
“También hablamos sobre la pobreza, cómo impacta en nuestro país, y cómo se ven afectados directamente niños y adolescentes, en todo sentido, que no tienen que ver solarmente con el tema de alimentación, sino también la imposibilidad de los servicios básicos y la educación”, agregó.
Vega indicó que, durante la visita, UNICEF destaco el avance que tiene la Argentina con el compromiso con la ESI, “y la imposibilidad de avanzar con este tema en un acuerdo global con los países miembros de la ONU a raíz de la influencia religiosa o las tradiciones que atraviesan cada uno de los Estado, y fuimos felicitados en este sentido”.
Seguidamente, tomó la palabra la vicepresidenta 1°, diputada Victoria Morales Gorleri, que agradeció la presencia de la representante de UNICEF, y “lo importante que ha sido para nuestro país, en este tiempo de postpandemia, el trabajo y sus informes, que han sido insumo clave para muchas de las definiciones que hemos tomado en las distintas comisiones. El aporte de UNICEF es muy relevante, y ha sido muy importante, sobre todo en el área de educación”.
Asimismo, se manifestó la secretaria, diputada Paola Vessvessian, que rescató cómo “todos nos pusimos de acuerdo que lo fundamental es defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscar que realmente podamos ser garantes del pleno desarrollo de los mismo, y que no solamente tenemos un rol de contralor. Sino que nosotros tenemos que acompañar el fortalecimiento de la institución que necesita que cada vez se pueda plasmar más en el territorio”.
Tras la presentación de las legisladoras nacionales, tomó la palabra para comenzar su disertación la representante adjunta de UNICEF Argentina Olga Isaza, que señaló que siempre han considerado a esta Comisión Bicameral como “un aliado estratégico de UNICEF. Ustedes tienen un carácter no solamente bicameral, sino también multipartidario, y eso para nosotros es fundamental”.
“Nosotros creemos que instancias como estas, y dado el carácter federal, son imprescindibles en cada una de las provincias. Debe existir un órgano que se encargue de la vigilancia y el control de lo que atañe a los derechos de los niños y las niñas”, señaló.
A 28 años de que la Convención Internacional de Derechos del Niño cuente con jerarquía nacional y forme parte del ordenamiento jurídico, Isaza destacó que “la inversión social dirigida a la niñez realizada por el Gobierno nacional y las provincias para la garantía de derechos evidenció una tendencia creciente en los últimos 20 años. Promediando 6,8% del Producto Interno Bruto, que representa un 30% del gasto social consolidada y un 19% del gasto total consolidada”.
En este sentido, señaló que, “en el año 2020, último dato consolidad disponible, en el marco de la expansión de la respuesta que supuso la pandemia de COVID 19, la inversión en la niñez alcanzó 8,2% del PIB, significando el máximo nivel para el periodo que se dispone información”.
“Ustedes trabajan para que se avanza efectivamente para que se proteja y se promueva el crecimiento y la no afectación del presupuesto para los niños y las niñas, y eso se nota en una tendencia consolidad de largo plazo, y es muy importante para que estos derechos sean consolidados”, indicó.
Sin embargo, advirtió que, en este mismo periodo, y particularmente en los últimos 35 años, “el principal desafío como sociedad es que la pobreza que afecta a niños, niñas y adolescentes nunca estuvo por debajo del 30%. Y a pesar de registrarse una desaceleración progresiva, al menos el 43% de los chicos y chicas hoy en Argentina tienen algún derecho vulnerado, midiéndolo con la medición multidimensional de la pobreza”.
“Estos promedios esconden, además, fuertes disparidades. Decimos nosotros que es una suerte de lotería nacer hoy en una provincia o en otra, y eso es injusto y es evitable. En particular, los niños nacidos en la región norte del país tienen entre 2,5 y 2 veces más de probabilidad de residir en hogares pobres que aquellos cuyos hogares están en otras zonas del país”, agregó.
Existen, además, otros desafíos, en lo referido a la primera infancia: “Los niños de 0 a 6 años que viven en la Argentina afrontan todavía numerosas dificultades para alcanzar su desarrollo integral. En 2022, entre los niños de hasta 2 meses la lactancia materna exclusiva se mantenía en el 52%, cayendo levemente en los grupos de 4 meses al 50% y bajando a un 42% en los grupos menores a 6 meses”, indicó.
En este sentido, advirtió que solo el 19,1% de los niños de 0 a 3 años acceden a espacios de educación y cuidado de la primera infancia, con fuertes desafíos de calidad, y al respecto, celebró que próximamente se inicie el debate sobre la Ley Nacional de Cuidados: “Nos parece fundamental, es una oportunidad para avanzar realmente en la prestación de servicios de calidad para los niños menores de 6 años, como por ejemplo aumentar los días de licencia para padres y madres o familias en diferentes condiciones”.
Con respecto a la adolescencia, señaló que solo el 58% de ellos finalizan la enseñanza secundaria, siendo esta situación aún más extrema en los sectores de menores ingresos, en donde menos de la mitad logra finalizar este nivel, el 47,5%.
“En 2019 solo un 28% y un 66% de los adolescentes en el último año de escolarización alcanzaron niveles satisfactorios o avanzados en matemáticas y lengua, respectivamente. Este es uno de los llamados fundamentales que acaban de hacer la Cumbre Mundial sobre la Educación, y es la preocupación sobre los aprendizajes. Es muy importante que los niños asistan a las escuelas, pero es más importante que aprendan”, expresó.
Además, advirtió que la violencia supone otro difícil desafío: “Cerca del 60% de los hogares siguen empleado métodos de crianza violentos. Esto lo que hace es legitimar la violencia en la sociedad. Y los padres y madres lo hacen pensando que es una expresión de afecto hacia los niños”.
Respecto a la criminalidad en adolescentes y jóvenes señaló que “las legislaciones en materia de adolescencias en conflicto con la ley todavía no se ajustan a las normas internacional. Y también tengo que decirlo, en un año prelectoral como va a ser el siguiente, muchas veces este debate sobre las responsabilidades penales adolescente se agita. Nosotros desde UNICEF hacemos un llamado para que esto se controle, porque las cifras son muy objetivas. Y realmente, de todas las personas que cometen delitos en los países, es una proporción insignificante la de los niños. Esto no quiere decir que para aquellos casos donde sea necesario que haya una repercusión legal para los adolescentes no lo haya, pero también, como lo dicen los instrumentos internacionales adoptados por la Argentina, la privación de la libertad debe ser realmente la última opción que se tome”.
Concluyendo su exposición, Isaza indicó que desde UNICEF creen que debe haber cinco prioridades que deberían convocar a todos: “La primera es reducir la pobreza y la desigualdad territorial. Y fortalecer el sistema de protección social. Argentina, en el contexto de la región, tiene un sistema de protección bastante robusto, sin embargo, este sistema todavía tiene fragmentación, inequidades, no es universal realmente. Todavía transfiere a las familias muchas de la carga burocrática que debería ser resuelta por el mismo Estado”.
El segundo desafío es “pensar integralmente las políticas para la primera infancia, y nos parece que el marco para el cuidado es un buen marco, pero la primera infancia requiere de todos los sectores a la vez. La actuación conjunto del Estado”.
La tercera prioridad se asocia a las oportunidades equitativas para los adolescentes: “No solamente en términos educativos, sino también en términos de acceso a la salud. Y un derecho que nos parece fundamental, que es la participación, la construcción de ciudadanía. Ellos tienen que tener la voz en los asuntos que les compete. Y Argentina es reconocido en el campo internacional por la fortaleza de la organización de la sociedad Civil, incluidas las organizaciones de chicos y chicas. Nos parece que ese un valor agregado que ustedes tienen, pueden ser ejemplo para la región, para el continente”.
La cuarta es asegurar entornos libres de violencia, y protección y acceso a la Justicia para los niños que son víctimas o testigos de la violencia o que están en conflicto con la Ley.
Finalmente, indicó que “necesitamos seguir sentado a la mesa a todos los que son corresponsables en materia de niños, niñas y adolescentes, no solamente el Estado, que, por supuesto es el garante principal de los derechos, pero nos parece que en esta conversación debe participar activamente el sector privado, la sociedad civil, la academia, las mismas organizaciones sociales, los medios de comunicación para efectivamente avanzar”.
“Reducir estas privaciones debe ser una prioridad impostergable. El Día Mundial de la Infancia nos invita a pensar en cómo implementar medidas innovadores e inspiradores para defender y promover estos derechos. Revertir los desafíos mencionados resulta fundamental para asegurar el ejercicio pleno de cada niño, niña y adolescentes”, concluyó la representante de UNICEF.
Es uno de los cinco principios a resolver según un informe que UNICEF presentó en la Bicameral del Defensor de los Niños. Los demás son: la disminución de la lactancia, la falta de oportunidades en adolescentes, la exposición a entornos violentos y la falta de compromiso de sectores privados.
Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.
La palabra de los invitados:
La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.
“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.
Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.
“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.
Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.
En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.
La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.
“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.
El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.
“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.
Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.
En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.
En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.
Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.
“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.
Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.
“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.
En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.
“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.
Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.
La palabra de las legisladoras
“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.
A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.
En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.
Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.
“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.
La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.
A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.
Representantes de Cruz Roja y Unicef apoyaron la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, afirmando que “promueve la cultura de la solidaridad”.
La Comisión de Legislación General le dio dictamen a un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2386 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre donaciones inoficiosas, que cuenta con media sanción del Senado y ahora está en condiciones de ser tratado en el recinto.
En defensa del proyecto expuso Diego Tipping, presidente Cruz Roja Argentina, quien consideró que “este cambio de norma promueve la cultura de la solidaridad”.
En este sentido, Martín Giménez Rébora, de Unicef Argentina, también ponderó el proyecto y explicó que “la posibilidad de contar con donaciones en vida nos permitiría reforzar la cooperación con el Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño”. “Es un reclamo de todas las organizaciones de la sociedad civil”, resumió.
Los respaldos además llegaron de parte de Ignacio Salvucci, presidente del Consejo Federal del Notariado, y de José María Lorenzo, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Jorge Enriquez (Pro) consideró que el proyecto “viene a poner fin a un sistema jurídico laberíntico previsto para las donaciones, que ha obstruido la circulación de bienes”. Desde el mismo bloque, la diputada Carla Carrizo (UCR) destacó que se trata de “un proyecto con muchísimo consenso social”.
También se votó un proyecto de resolución sobre soberanía sobre las tierras rurales, en el cual se le solicita al Poder Ejecutivo la derogación del decreto nacional 820/16. El texto reúne proyectos de Mabel Caparros (Frente de Todos) y Susana Landriscini (Frente de Todos). Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa.
Por otra parte, la Comisión de Legislación del Trabajo dictaminó por unanimidad una serie de proyectos de resolución y declaración, entre los que se destaca el reconocimiento a los trabajadores esenciales, que desempeñan sus tareas durante la pandemia del coronavirus.
En el mismo sentido, se aprobó la expresión de beneplácito por la labor que desarrollan las trabajadoras y trabajadores pertenecientes a la Dirección Servicio Médico de la Cámara de Diputados en el marco de la emergencia sanitaria.
Asimismo, la Comisión le dio el visto bueno a un proyecto de ley que busca emplazar una réplica del Cenotafio en Honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas de 1920-1921 en los espacios de la Memoria, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El diputado Juan Vázquez (Frente de Todos), autor de la iniciativa, explicó que se busca recordar a “los 1500 peones rurales que fueron fusilados en Santa Cruz, que simplemente reclamaban un trabajo y una vivienda digna”.
“En la memoria de nuestros abuelos, de aquellos que hicieron grande a Santa Cruz y a la Argentina, quiero pedirles que me acompañen para recordar el hecho más triste de la historia argentina”, dijo Vázquez.
El 36,5% de los menores de 6 a 14 años carece del Certificado Unico de Discapacidad, cifra que supera el 40% en la franja de 15 a 39 años. Cómo afectó a ese sector de la población y sus familias el aislamiento.
En el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fue presentado un trabajo de Unicef destinado a establecer cómo afecta el aislamiento a los hogares con discapacidad. Así, se buscó determinar cómo ha ido teniendo un efecto el confinamiento y aislamiento en los hogares con discapacidad.
Así, según detalló Antonio Canaviri, de Unicef Argentina, se determinó que hay impactos diferenciados en diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, afectando de diferentes maneras a diferentes poblaciones, como las mujeres; trabajadoras domésticas; hogares con jefatura monoparental y femenina; hogares viviendo en asentamientos urbanos y villas; migrantes y refugiados y población con discapacidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
Según el censo de 2012, entre 12 y 13% de los hogares tenía al menos un miembro con alguna dificultad o limitación permanente.
El estudio permitió determinar que en la franja que va de 6 a 14 años, el 36,5% no tiene el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), que brinda accesos a beneficios sociales; en la franja de 15 a 39 años, esa cantidad asciende al 42,8%, un número que estimó como “considerable; al tiempo que al considerar los niños de 0 a 5 años, ese porcentaje llega a 25,9%. “Los porcentajes son elevados, hay un camino a recorrer para otorgar el certificado en Argentina”, estimó Canaviri.
El estudio analizó el acceso al certificado en todo el país, advirtiéndose que las provincias de Salta, San Juan, Neuquén y Río Negro son las que tienen menor cobertura del CUD.
En cuanto a los efectos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el especialista señaló que el 59% de las personas encuestadas son adolescentes jóvenes. En cuanto a la vida cotidiana de los hogares con personas con discapacidad, anteriormente al ASPO el 41% asistía a un centro recreativo; el 24% lo hacía a algún espacio de recreación; un 8% trabajaba y solo un 6% recibía una prestación profesional.
Tras la pandemia, las personas tuvieron que adecuar sus rutinas. Para un 67% fue necesario crear nuevas rutinas para las personas con discapacidad dentro del hogar. Un 35% dijo que seguía recibiendo terapia por la vía telefónica; un 10% siguió recibiendo viandas alimentarias; un 3% accedió a materiales pedagógicos, en tanto que un 39% no recibía ningún apoyo.
“Es un dato alto”, observó Antonio Canaviri.
En cuanto a las principales medidas de cuidado, el 56% realizó compras de insumos para higiene; el 22% hizo salidas solo para abastecimiento y un 16% tuvo salidas, cuando no se habían habilitado oficialmente las mismas.
El 54% de los hogares con algún miembro con discapacidad manifestaron que los miembros de los mismos tuvieron que dejar de trabajar, lo cual se tradujo en un 63% de reducción de los ingresos en el hogar.
“Los ingresos de los hogares disminuían en mayor proporción en los hogares con algún miembro con discapacidad, lo que establece que el aislamiento está afectando en mayor proporción a estos hogares”, señaló el especialista.
Con relación a las actividades de cuidado dentro del hogar, el 61% de los que se encargan del discapacitado son las madres, y solo el 3% esa función la cumple el padre.
De ese 61%, el 46% debió dejar de trabajar fuera del hogar para poder cuidar a la persona con discapacidad. “La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres”, observó Antonio Canaviri.
La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres.
Por otra parte, el estudio permitió observar que un 44% manifestó que las prestaciones que recibían previo a la cuarentena fueron suspendidas.
El especialista recomendó también observar cómo los jóvenes y adolescentes están experimentando esta cuarentena, y en ese sentido precisó que 2lo que más los está afectando es esta sensación de aburrimiento, y lo que más extrañan son actividades como ver a sus amistades y familiares, ir a la escuela y salir a pasear.
Con todo, a la hora de responder las preguntas de los legisladores, Canaviri contó que al medir las salidas recreativas con los docentes encontraron que “los chicos no están queriendo salir; ven con mucho miedo salir y dar vuelta a la manzana. Eso creo que es interesante para seguir profundizando”, apuntó.
El 61% reaccionó con agrado a estas salidas, el 38% lo hizo con asombro y atención, y el 10% se opuso entre moderada y firmemente a estas salidas.
“Hay un universo de personas que van a quedar con muchísimas más dificultades”, advirtió la diputada Claudia Najul a la hora de analizar las consecuencias de la pandemia.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes realizó una reunión informativa para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR), realizó este jueves la primera de una serie de reuniones informativas para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.
Del encuentro virtual participaron representantes de UNICEF Argentina y de Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Doncel, Aldeas Infantiles y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
En representación de UNICEF, Luisa Brumana expuso los resultados de una encuesta telefónica realizada primero en mayo, y luego en julio, sobre 2.537 hogares de todo el país.
Según este sondeo, en julio el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos laborales. “Más allá de la apertura de actividades, del relajamiento de la cuarentena en parte del país y del programa ATP, hay 2,6 millones de hogares que vieron sus ingresos laborales reducidos”, advirtió Brumana.
Asimismo, señaló que el 15% de los hogares tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos, y en el 10% de los hogares relevados se detectó que un integrante debió acudir a un comedor comunitario.
Entre los hogares con al menos un niño de hasta seis años, se manifestaron algunos cambios desde el inicio de la cuarentena: casi la mitad notó alteraciones con las comidas, con el sueño y, en menor grado, problemas de comunicación.
Por otro lado, “en el 95% de los hogares los niños tuvieron continuidad pedagógica durante el aislamiento”, aunque “el 13% tuvo baja o nula intensidad en las actividades escolares”, y se registró una alta incidencia de los recursos del programa Seguimos Educando en los niños más vulnerables y sin conectividad.
En este contexto, el 65% de los adultos manifestó “temor” a que sus hijos se contagien de coronavirus cuando regresen a la escuela, y “cerca de un 10% de estudiantes quizá no regresen”, esto es, “un millón de chicos”, advirtió Brumana.
La encuesta de UNICEF también arrojó que “siete de cada diez adultos está de acuerdo” con combinar educación presencial y remota.
En el caso de los adolescentes, en abril un 15,7% dijo sentirse “angustiado frente a la incertidumbre que presenta este contexto”, mientras que en julio esa cifra ascendió al 26,8%. Consultados sobre “qué es lo que más les cuesta de la cuarentena”, un 73% respondió “no ver a sus amigos”.
También se evaluó la sobrecarga de tareas de cuidado: según la encuesta, solo el 39% de los hogares declaró poder conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.
Por su parte, en nombre del colectivo Infancia en Deuda, Carmen Ryan se refirió a “las vulneraciones de derechos que se profundizaron en el contexto de la pandemia” y pidió “asegurar que en el Presupuesto se cumpa la Ley 26.061 de Protección Integral”, que indica el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes no puede verse reducido.
En nombre de CIPPEC, José Fiorito propuso “eliminar restricciones en la AUH”, puntualmente para los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia y las familias con más de cinco hijos. También sugirió “dar una discusión sincera sobre una fórmula de actualización de las asignaciones familiares”.
Asimismo, y en consonancia con la ONG Doncel, Fiorito pidió que se controle en el Presupuesto 2021 el sostenimiento del programa de egreso de jóvenes de los dispositivos de cuidado, tales como orfanatos.
Desde ACIJ, Francisco Rodríguez sostuvo que “la conectividad es un requisito esencial en este contexto para acceder a la educación”, y advirtió que “cerca de un 60% de los estudiantes de escuelas estatales” no accede a un dispositivo virtual o no cuenta con conectividad.
Por su parte, Laura Musa (Fundación Sur Argentina) puso énfasis en “los chicos que están institucionalizados” y que “han visto agravada su situación” ya que “en los hogares hay personal contagiado o con muchas licencias y esto hace que la atención a los chicos sea muy dificultosa”.
