La diputada tucumana Paula Omodeo (Creo) presentó un proyecto de resolución para solicitar una serie de informes al Poder Ejecutivo Nacional respecto a “un manejo irregular” y “desvío de fondos públicos” para campañas políticas en las provincias de Catamarca, Salta y Tucumán durante el 2023.

La legisladora monobloquista tomó como referencia un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) “en el que quedó expuesta la sospecha de que varios municipios de las provincias mencionadas extrajeron importantes sumas de dinero en efectivo sin ninguna justificación económica”.

Sin nombrarlo en el texto, Omodeo apuntó contra Sergio Massa (exministro de Economía de la Nación) y los gobernadores de Catamarca, Salta y Tucumán por estas supuestas maniobras denunciadas en el marco de las elecciones del 2023.

En los fundamentos, amplió que se trata de “fondos públicos que fueron a parar a las cuentas de empleados públicos sin antecedentes de operar con grandes sumas de dinero, y que estos los habrían utilizado en algunos casos fueron para adquirir dólar MEP y que tales operaciones sospechosas se incrementaron en número y volumen en los meses previos a la elección del año 2023, dato que refuerza la hipótesis de que los fondos municipales podrían haber sido desviados para financiar campañas electorales en los tres distritos mencionados”.

Paula Omodeo, aliada de La Libertad Avanza, indicó que “los medios informan que el documento señala que la frecuencia de estas extracciones aumentó considerablemente en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales del año 2023, y esto refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas, algo que en nuestras provincias hemos denunciado una y otra vez”.

“Ante la magnitud del posible desfalco, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral que entendemos marchará hacia la dilucidación de lo acontecido en búsqueda de justicia y se ocupará de que los culpables, de determinarse delito, paguen lo que hicieron, porque en esta nueva Argentina ‘los que las hacen las pagan’”, manifestó parafraseando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También, agregó: “Que salga a la luz este hecho en un principio es alentador, porque empieza a quedar expuesto un esquema de financiamiento de las campañas políticas pagas con dinero que debió ser devuelto a la población en obras y servicios para el mejoramiento de su calidad de vida y que presuntamente ha sido desviado para obtener ventajas electorales”.

“Es fundamental e imprescindible, que estos funcionarios públicos entiendan, de una vez por todas, que están en sus cargos para dar respuestas que resuelvan los problemas de los salteños, los tucumanos y los catamarqueños, y no para dar continuidad a sus proyectos políticos y mantener así un altísimo nivel de vida”, concluyó.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para expresar su repudio a la resolución adoptada por los organismos de control del Estado, Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, de retirarse del rol de querellantes y pedir la absolución de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de modo "injustificado, arbitrario y contradictorio".

El legislador fueguino expresó que “el plan de impunidad no tiene límites y que estos organismos del Estado son funcionales al gobierno”. Además, solicitó a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera que “se abstengan de seguir utilizando recursos públicos para defensa procesal política”.

A su vez, el senador opositor le solicitó al procurador del Tesoro y a los ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que “se pronuncien públicamente acerca de las decisiones adoptadas por estos organismos, así como sobre los hechos de público conocimiento de vulneración de seguridad de la oficina de custodia de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

Para cerrar, Blanco sostuvo que “frente a la actitud pasiva y silenciosa del Poder Ejecutivo Nacional, no podemos tolerar la renuncia a la defensa de los intereses del Estado para desviar fondos públicos y utilizarlos al servicio de los intereses personales y partidarios”. Asimismo, añadió que “a estas alturas, como ciudadanos que no renunciamos a vivir en paz, democracia e independencia, tenemos la obligación de no callar y de acompañar a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que la justicia y la verdad se impongan”.

“No el amedrentamiento, la intimidación y el hostigamiento, porque está en juego el último bastión y todos podemos perderlo: la libertad”, finalizó el senador fueguino.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a diputados nacionales de su partido presentaron una denuncia contra el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Fernández y exfuncionarios sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”.

“Denunciamos que el actual gobierno argentino se encuentra embarcado en acciones coordinadas que apuntan al desmantelamiento de los organismos de control previstos en la normativa argentina, al debilitamiento de las instituciones que han sido creadas y diseñadas legislativamente, conforme estándares internacionales”, indica la denuncia.

El escrito, que fue elevado este miércoles al presidente del GAFI, Marcus Plever, fue firmado por Carrió y los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, Javier Campos, Laura Castets, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.

“Este desmantelamiento del organismo (en alusión a la UIF), a través del nombramiento mismo de sus autoridades, los despidos del personal técnico capacitado y promotor de causas judiciales relevantes que condujo al procesamiento de funcionarios,- hoy nuevamente en cargos relevantes de la función pública-, no son hechos aislados, sino concatenados con otros que apuntan a consagrar la total impunidad de los funcionarios comprometidos en la Justicia”, expresan en la denuncia, y advierten que la Unidad de Información Financiera “está siendo jaqueada en su pleno funcionamiento e independencia operativa”.

Además, Carrió y los legisladores llamaron la atención sobre “el peligro de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI”.

“La consagración de este nuevo esquema derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de Cristina Fernández y el presidente, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder”, señalaron.

Asimismo, indicaron que “desde enero de este año, con la salida de Mariano Federici al frente de la UIF, nuestro país perdió la presidencia del grupo Egmont a nivel mundial. Desde entonces, la saga incluyó el nombramiento de su presidente, Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo, ambos impugnados para esos cargos y, el posterior vaciamiento de la unidad, con la desvinculación de personal técnico profesional especialmente vinculado a las causas de corrupción que venía impulsado activamente ese organismo”.

“No es posible analizar el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera sin el análisis de un contexto más general, en el que todas las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional conducen a un mismo propósito: debilitar controles, concentrar poder y garantizar impunidad”, advirtieron Carrió y los diputados, y concluyeron que “la UIF debe ser independiente y autónoma operativamente”.