La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) Manuela Thourte advirtió sobre el acceso temprano a celulares en la infancia y como esto afecta directamente al crecimiento de las apuestas online entre los adolescentes.

"En Argentina, el primer celular propio llega en promedio antes de los 10 años. Mientras que las apuestas online empiezan casi igual de temprano ya a los 13-14 años hay adolescentes apostando, y crece año a año hasta triplicarse hasta los 17-18 años", comenzó planteando la especialista en sus redes sociales.

A la vez que se preguntó: "¿Cuál es la puerta de entrada? Los anuncios que ven todos los días. Redes sociales, influencers, eventos deportivos, streaming. Entre 71% y 79% de los adolescentes vio publicidad de apuestas, incluso sin haber apostado nunca".

"Esa puerta también se abre entre amigos: el 57% de quienes empezaron a apostar lo hizo porque alguien cercano lo vinculó a la práctica, algo que se da sobre todo entre varones. Publicidad más entorno social: la combinación que explica el ingreso temprano", añadió, explicando los motivos del crecimiento de este flagelo social.

Sobre esta misma línea, Thourte señaló que "el 79% de quienes apuestan reconoce el riesgo de adicción a estas plataformas. El impacto económico también es concreto: 1 de cada 8 adolescentes que apostó terminó endeudado".

"Exposición temprana, riesgo de adicción, endeudamiento real. Un fenómeno que crece mientras la conversación sobre el tema sigue siendo escasa: 8 de cada 10 dice que en su casa o escuela casi no se habla de esto", concluyó la legisladora.

La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) Manuela Thourte volvió a resaltar la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios y exigió un mayor presupuesto para su implementación.

En ese sentido, la especialista en derechos del niño y adolescentes explicó que "la Ley de ESI llega a sus 20 años con el presupuesto más bajo de su historia: 100 veces menos que en 2022. En números concretos: en 2024 el Estado garantizó el acceso a anticonceptivos para 1,2 millones de mujeres. Para 2026, la proyección es de apenas 63 mil" y puso el foco sobre el recorte que está sufriendo esta área: "en 2022 se capacitaron 65 mil docentes en ESI; en 2024 fueron apenas 900. En 2025 no se planificó ninguna capacitación; en 2026, directamente desaparecieron del presupuesto las metas físicas, lo que impide verificar si se cumplió con los objetivos".

"El Ministerio Público Tutelar de CABA reveló que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas que pasaron por sus entrevistas comprendieron que habían sido víctimas de abuso después de recibir contenidos de ESI. Y en 2024, 1 de cada 4 casos se identificó en la escuela", advirtió Thourte, resaltando la importancia de la Ley, y aseguró que "también funcionó para prevenir embarazos adolescentes no deseados: el Plan ENIA logró bajar un 49% la tasa de fecundidad adolescente en las zonas donde se aplicó. Otra política con resultados medibles que se desarmó".

Sobre esa misma línea, recordó que "en 2025, el 71% de los jóvenes apoyó la ESI. La Defensoría del Pueblo de CABA indicó que entre estudiantes, el 86% dijo que es importante y el 80% que ayuda a prevenir violencias. La demanda está, falta el presupuesto".

"Una ley con resultados probados, con demanda de las y los propios estudiantes. La ESI no tiene un problema de eficacia. Tiene un problema de decisión política", sentenció la radical.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina, la legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) Manuela Thourte puso el foco sobre un flagelo social en crecimiento: cada vez más jóvenes menores a 25 años caen en la morosidad.

En este sentido, la radical que afirmó que "en la Ciudad, uno de cada ocho adultos tiene una deuda que no puede pagar. Entre los jóvenes el problema es peor: en Villa Soldati y Constitución, más de tres de cada diez menores de 25 ya están en mora" e indicó que "la mora se multiplicó por casi cinco en 18 meses: de 3,6% a 17,5%, según el Mapa de la Deuda. No es por gastar de más: el Banco Provincia señala que dos de cada tres personas hoy en mora estaban al día con sus pagos en 2024. Lo que cayó fue el ingreso".

"Cuando el ingreso no alcanza, la deuda deja de ser una decisión: se vuelve la única salida. Y son los más jóvenes los primeros en pagar ese costo", sentenció Thourte.

Lo cierto es que este fenómeno no solo afecta a la Ciudad de Buenos Aires, sino que repercute en todo el país. Ya que de acuerdo con el Mapa de la Deuda publicado por el del Centro de Estudios para la Ciudad junto a la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung en junio la deuda en mora de las familias llegó al 17,5%; y casi cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años registran atrasos en el pago de su deuda, siendo Chacho la provincia que lidera la lista con un 48% de jóvenes morosos.

Por otra parte, según informó Chequeado.com, a nivel general, el monto promedio de deuda por persona subió casi un 60% real en junio; el 35% de la deuda en mora tiene un retraso mayor a 365 días; y La Boca es el barrio porteño con más deuda en mora, que, además,  se destaca también por tener el mayor volumen de mora con neobancos (más conocidos como billeteras virtuales: Ualá, Mercado Libre, Brubank, Naranja, entre otros), con el 31% del total de la deuda en mora.

Defender a la Argentina no puede ser un gesto ocasional. El patriotismo no debería aparecer únicamente en las fechas patrias o durante un partido de la selección: se expresa, sobre todo, en las decisiones políticas que definen el futuro del país. El próximo 6 de agosto el Senado vuelve a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros. Mi posición es clara: este proyecto debe ser rechazado.

No porque la inversión extranjera sea un problema. Argentina necesita inversión, desarrollo y empleo. Pero hay una diferencia fundamental entre promover inversiones y renunciar a la capacidad del Estado de proteger recursos estratégicos, finitos e irremplazables. La tierra no es una mercancía cualquiera: en ella se concentran el agua, los alimentos, los minerales y el acceso a zonas estratégicas del territorio, desde el litio del NOA hasta los glaciares patagónicos, los bosques nativos, los puertos, los acuíferos y las áreas de frontera. Regular su propiedad es una decisión política, no administrativa.

La legislación vigente fija límites concretos: no más del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras, ninguna nacionalidad por encima del 30% de ese cupo, un tope de mil hectáreas por titular en la zona núcleo, y restricciones junto a cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera. El proyecto oficialista no se limita a "dar más autonomía a las provincias": elimina ese piso nacional y deja gran parte de la regulación sujeta a cada provincia, sin garantizar que se sostengan los mismos criterios en todo el país.

Según el último informe del Registro Nacional de Tierras Rurales (agosto de 2025), un 5,57% del territorio rural argentino —cerca de 12,5 millones de hectáreas— está en manos extranjeras. Ninguna provincia supera hoy el límite del 15%, pero sí más de treinta departamentos. Quitar el criterio nacional abre la puerta a que grandes capitales concentren cada vez más tierra, en perjuicio de los pequeños y medianos productores que sostienen el arraigo y las economías regionales.

Esta no es una posición nueva para el radicalismo. Yrigoyen impulsó el poblamiento y la colonización para que la tierra estuviera en manos de quienes la trabajaban. Alfonsín ligó el desarrollo territorial equilibrado a la justicia social. Illia sumó una idea muy vigente hoy: la tierra debe estar vinculada a la eficiencia productiva, al desarrollo y al rechazo de la especulación. Es la misma convicción: los recursos estratégicos no son solo activos económicos, son la base para que la Nación decida su propio destino.

El verdadero debate no es abrirse o cerrarse al mundo: esa es una falsa dicotomía. Rechazar este proyecto no es rechazar la inversión, es exigir reglas claras: límites nacionales objetivos y uniformes; que ningún Estado extranjero ni fondo soberano compre tierra en zonas estratégicas; protección para fronteras, glaciares, acuíferos, puertos y corredores logísticos; un registro transparente de beneficiarios finales; y protección efectiva para las tierras indígenas y comunitarias. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria y Nueva Zelanda controlan la compra de tierras por extranjeros en casos así, y nadie los acusa de cerrados. El resto —porcentajes, restricciones provinciales, criterios ambientales— puede discutirse, pero recién después de asegurar ese piso.

El proyecto que se trata el 6 de agosto no ofrece esas garantías. La soberanía no se defiende solo con discursos, canciones o banderas: se defiende cuando quienes legislan eligen proteger lo que es de todos los argentinos. El 6 de agosto es una nueva oportunidad para demostrarlo.

El bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo de la Nación que tome las medidas necesarias para dar vigencia al Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, a partir del 1ero. de octubre próximo.

El texto está encabezado por el correntino Diógenes González y avalado por todos los integrantes de la bancada radical: los mendocinos Pamela Verasay, presidenta de bloque, y Lisandro Nieri; el entrerriano Darío Schneider; y los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero.

En el escrito al que accedió parlamentario.com, los radicales mencionaron que el Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2014, implica abandonar el modelo mixto de raíz inquisitiva y adoptar un proceso acusatorio basado en oralidad, publicidad, contradicción y una estricta separación de funciones entre investigación, acusación y juzgamiento.

"Argentina ya avanzó de manera sostenida hacia sistemas acusatorios en la mayoría de las provincias, donde la reforma procesal permitió fortalecer el rol de los ministerios públicos y mejorar la dinámica de los procesos penales", explicitaron en los fundamentos del texto.

Del mismo modo, aseguraron que la implementación de este sistema acusatorio genera "mejoras sustanciales" respecto del esquema tradicional, reduciendo los plazos para dictar sentencia de un promedio de tres años a apenas diez meses, además de aportar mayor transparencia y eficiencia.

Sin embargo, los legisladores firmantes advirtieron que, a más de diez años de la sanción de la Ley de Implementación Progresiva, el nuevo Código rige solo en el 44% de las jurisdicciones previstas. Consideraron, en el final,  que "seguir postergando su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires vulnera el derecho de acceso a la justicia y debilita garantías constitucionales".

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Loupias impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley denominado “Ley Joaquín”, mediante la cuál se busca reducir riesgos y prevenir accidentes vinculados con arcos, aros, postes, juegos de plaza y otros elementos fijos o móviles utilizados en actividades deportivas.

La iniciativa en cuestión busca promover acciones de prevención, concientización y difusión sobre las condiciones de seguridad en instalaciones deportivas y recreativas. La misma establece que las campañas informativas y la exhibición de cartelería deberán implementarse en clubes, escuelas, plazas, parques, canchas y demás espacios públicos o privados donde se desarrollen actividades físicas y recreativas.

Sobre esa misma línea, el texto contempla acciones dirigidas tanto a niños y adolescentes como a adultos, responsables de actividades deportivas y administradores de establecimientos, con el objetivo de fomentar el uso seguro de las instalaciones y garantizar su adecuado mantenimiento.

Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentra la difusión de pautas sobre la correcta utilización de equipamientos deportivos y la advertencia sobre las consecuencias que puede generar su uso indebido. Asimismo, se promueven estándares mínimos de cuidado y diligencia para quienes tienen a cargo actividades recreativas y deportivas, así como medidas de control para los responsables de los espacios donde se desarrollan estas prácticas.

El proyecto también prevé que el Poder Ejecutivo determine una autoridad de aplicación y desarrolle campañas de capacitación sobre los riesgos asociados a instalaciones defectuosas o mal aseguradas. Además, se establece que la reglamentación deberá definir la modalidad y periodicidad de las acciones de prevención y concientización previstas en la norma.

Cabe recordar que la iniciativa fue originada por la conmoción generada por la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de este año tras ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo durante un campamento en Junín de los Andes.

Los fundamentos de la propuesta también recuerdan que el caso de Joaquín no fue un hecho aislado y mencionan otros accidentes recientes ocurridos en el país, incluido el fallecimiento de una adolescente de 15 años en Córdoba tras la caída de un arco de fútbol. En ese contexto, Loupias impulsa la creación de la “Ley Joaquín” con el propósito de generar mayor conciencia, fortalecer los controles y promover condiciones seguras para quienes participan de actividades deportivas y recreativas en la Ciudad de Buenos Aires.

Los seis integrantes del bloque radical en la Cámara de Diputados se reunieron este jueves con emisarios y referentes de la Cámara Argentina Fintech (CAF). La jefa de bloque, la mendocina Pamela Verasay, se comprometió a trabajar en el impulso de un marco normativo que tenga como premisa “evitar barreras burocráticas”.

Además de la presidenta de la bancada, estuvieron su coterráneo Lisandro Nieri, los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider, todos integrantes del radicalismo en la Cámara baja.

Según los últimos informes, la CAM contempla una cifra mayor a 400 empresas que trabajan con tecnología financiera y emplean a más de 40.000 personas. El crecimiento sostenido del último lustro tiene como principales firmas a Mercado Pago (considerada una de las diez más usadas del mundo), Ualá, MODO, BNA+, Cuenta DNI, Personal Pay, Naranja X, Brubank, Ripio y Prex, entre otras.

La palabra de los diputados

Reunidos, el diputado mendocino Lisandro Nieri consignó que se trató de “una muy buena reunión con empresas que utilizan la tecnología para que, a través de nuestros teléfonos, podamos acceder a servicios financieros como las billeteras virtuales o las cripto”. De igual manera, señaló que “es un desarrollo muy importante que se está imponiendo en el sector financiero”.

A su vez, el diputado chaqueño Guillermo Agüero remarcó que “acercar herramientas modernas a las PyMEs es fundamental para impulsar inversiones, fortalecer la producción y generar más empleo genuino para los chaqueños y todos los argentinos”.

Finalmente, la presidenta de bancada radical y representante del gobernador Alfredo Cornejo, Pamela Verasay, manifestó “la necesidad de aggiornar la regularización actual para evitar barreras burocráticas en un sector tan dinámico e innovador, que trajo uno nuevo modelo en el manejo de la economía de muchos argentinos”.

Las Fintech quedaron afuera de la Modernización Laboral

En diciembre del 2025, cuando el Gobierno nacional envío el proyecto de Ley de Modernización Laboral, quedó abierta la posibilidad de que se incluyan a las billeteras virtuales en las formas de pago de haberes de los trabajadores. Sin embargo, el despacho que giró el Senado en la media sanción lo descartó de lleno.

Para el tratamiento en la Cámara de Diputados, los sectores de las Fintech insistieron a través del bloque Pro que se incluya el capítulo que dejaba habilitado el pago de salarios por medio de las plataformas mencionadas. La disputa generó ruido entre La Libertad Avanza y los principales aliados, pero terminó quedando afuera por decisión del oficialismo.

Tal como adelantó parlamentario.com, el senador radical Daniel Kroneberger continuará un período más a cargo de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. El diputado jujeño de Unión por la Patria, Guillermo Snopek, quedó a cargo de la vicepresidencia 1° y el rionegrino de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, en la 2°.

Al momento de asumir, los tres legisladores coincidieron en la importancia de avanzar con la designación de un nuevo defensor del Pueblo, cargo vacante en la administración pública desde el 2009. Cabe recordar que en 2025 se inició un concurso público que propuso, entre una treintena de postulantes, a los diputados con mandato cumplido Fernando Carbajal y Natalia Sarapura.

Unión por la Patria en Diputados fue el último bloque en girar los nombres: Snopek, Andrea Ferites y Varina Marín fueron los designados. Por su parte, Alicia Kirchner y Ana Marks fueron las elegidas por el bloque Justicialista de la Cámara alta.

La Libertad Avanza llevó a los diputados Patricia Vásquez, Santiago Santurio, Marcos Patiño Brizuela y Giselle Castelnuovo; y a los senadores Romina Almeida y Enzo Fullone. Completaron Beatriz Ávila por Independencia; y Victoria Huala del Pro.

Sin los acuerdos para destrabar la eliminación o suspensión de las elecciones PASO, el oficialismo en el Senado hizo lugar al pedido de los bloques aliados y la próxima semana se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar el debate de Ficha Limpia. De todas maneras, el jueves 14 habrá sesión ordinaria con los temas dictaminados en las últimas semanas y que podría tener al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, fue el anfitrión de una reunión de jefes de bancada en la que participaron Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza; Martín Goërling Lara, por el Pro; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carlos “Camau” Espínola, por Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; y Beatriz Ávila, de Independencia, entre otros.

El primer tema saldado en el encuentro de jefes de bancada fue los cambios al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada. La Libertad Avanza hizo lugar a que se elimine por completo el capítulo que habilitaba los desalojos en las viviendas registradas en el ReNaBaP. Resta dirimir aún sobre los cambios en la Ley de Tierras.

El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General quedó abierto la última vez que recibió a los expositores que llevó la oposición, y la firma del dictamen podría efectuarse este mismo jueves 7 de mayo. En caso de pasar a la firma, el proyecto de ley defendido por Federico Sturzenegger será llevado a la sesión ordinaria prevista para el jueves 14 de mayo.

Los temas que entrarán en esa sesión de forma segura serán el pliego judicial de extensión por cinco años del juez Carlos Alberto Mahiques; y el Acuerdo de Conciliación celebrado con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, el cual pasó a la firma el pasado miércoles 29 de abril.

El último proyecto que estará contemplado en el temario de la sesión ordinaria del próximo jueves 14 será la Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa establecido en la Ley 26.216. Este tema fue impulsado por Patricia Bullrich cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y de aprobarse quedará definitivamente sancionado.

Fuentes legislativas revelaron a parlamentario.com que el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por Carolina Losada y dictaminado a principios de abril, no será llevado al recinto por falta de acuerdos. En el oficialismo prefieren esperar a que el tema sea parte de una futura reforma del Código Penal de la Nación.

Ficha Limpia y Reforma Electoral, asuntos separados

Después de haber estado dos días en Santiago de Chile, Patricia Bullrich volvió a encontrarse con una postura inamovible de los dos principales aliados en el Senado, el Pro y los radicales. Lejos de intentar persuadirlos de eliminar las PASO, el oficialismo dio lugar a que Ficha Limpia se trate por fuera de la Reforma Electoral enviada por el Gobierno nacional el pasado 22 de abril.

La idea que prevaleció entre los presentes es la de convocar la Comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles 13 de mayo a las 12 y comenzar el debate de Ficha Limpia. Los expedientes a considerar serán los presentados por Martín Goërling Lara, jefe del bloque Pro, y de la neuquina Julieta Corroza.

Lo cierto es que las conversaciones por la Reforma Electoral quedaron abiertas y seguirán tras bambalinas en las próximas semanas. La noticia atravesó el Palacio Legislativo de forma lineal y llegó hasta el bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

A partir de los trascendidos por la decisión de ceder ante la presión opositora, Gabriel Bornoroni -jefe de bancada-, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo fueron hasta el Senado a constatar la veracidad de lo resuelto en la reunión de presidentes de bloques de la Cámara alta.

En otro orden, se supo que Patricia Bullrich formará parte de la reunión de este viernes de la Mesa Política en Casa Rosada, donde les comunicará a los integrantes del Gabinete nacional que, por el momento, los aliados acompañarán la sanción de Ficha Limpia.

En medio de la investigación por los créditos a funcionarios, la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de la Ciudad y ex legisladora porteña, Inés Parry, expresó su profunda preocupación por la "escalada de inconsistencias" en el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese sentido la dirigente radical calificó como "alarmante" el avance de la causa judicial que investiga no solo préstamos por 100 mil dólares en efectivo, sino también un nivel de consumo que triplicaría sus ingresos declarados.

“Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional. Quien tiene la máxima responsabilidad de coordinar los ministerios y explicar los actos de gobierno no puede sostener zonas grises sobre su propia economía personal”, sostuvo Parry.

Además, remarcó que la transparencia es una obligación republicana inexcusable. “La credibilidad del Gobierno se desmorona cuando los hechos contradicen el discurso de austeridad. No hay margen para silencios ante un tren de vida que no se explica”, agregó.

Desde el radicalismo señalaron que estas irregularidades, incluyen a la consultora de su esposa y a los viajes que realizó la pareja: “La ciudadanía exige ejemplaridad”, sostuvo.

Finalmente, Parry instó a que la Justicia actúe con celeridad y a que el gobierno explique públicamente la situación de Adorni en lugar de andar restringiendo el acceso de periodistas a la Casa Rosada.

A dos semanas del comienzo del período ordinario en el Congreso, el Senado convocó a nueve reuniones constitutivas para comenzar a reordenar la agenda parlamentaria. La Libertad Avanza sumará unas cinco presidencias, mientras que concede tres para la Unión Cívica Radical y una para Convicción Federal, bloque peronista que rompió con Unión por la Patria.

Durante los meses de diciembre del 2026 y el segundo tramo de sesiones extraordinarias de febrero de este año, el oficialismo en la Cámara alta conformó las comisiones de Acuerdos; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Justicia y Asuntos Penales; Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; y Trabajo y Previsión Social en virtud del temario confeccionado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Ahora bien, la jornada de designación de presidentes en las comisiones comenzará este miércoles 18 de marzo a las 11.00 con la elección del fueguino Agustín Coto en Asuntos Constitucionales. Una hora después, a las 12.00, la santafesina del radicalismo, Carolina Losada, será ratificada a cargo de Seguridad Interior y Narcotráfico.

La constitución de comisiones se verá interrumpida el miércoles por la realización de la sesión ordinaria que le dará ingreso al pliego de extensión del juez federal Carlos Alberto Mahiques, los ascensos militares y los tratados internacionales con Francia, Austria e Italia. Fuentes confirmaron a parlamentario.com que el inicio será a las 14.00.

De todas maneras, el jueves la conformación de titularidades continuará con la elección de Joaquín Benegas Lynch en Agricultura, Ganadería y Pesca a las 10.00; luego, a las 10.30, Carolina Moisés será ratificada al mando de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y Nadia Márquez quedará a cargo de Legislación General; a las 11 se conformará Turismo y la mendocina Mariana Juri será presidenta; 11.30 elegirán a Luis Juez a cargo de Defensa Nacional; 12.30, el pampeano Daniel Kroneberger será propuesto en Asuntos Administrativos y Municipales; y la jornada concluirá con la designación de Bruno Olivera Lucero en Deporte a las 13.

El reclamo de la oposición

Una de las cuestiones a resolver era la cantidad de vocalías para los representantes del interbloque Popular que conduce José Mayans. En el plenario del martes pasado, Fernado Salino, titular de Justicia Social Federal, reclamó por la inclusión de los vocales de la oposición dura que aún no fueron agregados a Presupuesto y Hacienda.

De todas maneras, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió en la reunión de Labor Parlamentaria al senador formoseño, Juliana di Tullio y al puntano Salino y dio el aval para que el interbloque Popular tenga seis vocales en las comisiones que tienen 17 en total. Este reclamo por parte de la oposición comenzó en diciembre con el debate de la Modernización Laboral por el que la oposición dura decidió no girar los nombres.

El malestar de "Popular" surgió cuando se quedaron con cinco vocales en Presupuesto y Hacienda, y en Trabajo y Previsión Social y no seis como alegaron que les corresponde por la repartición proporcional que establece el Sistema D'Hondt.

Diógenes González, integrante del bloque radical en la Cámara de Diputados, defendió la postura de Fuerza del Cambio en virtud del apoyo legislativo a La Libertad Avanza dentro del Congreso. De todas maneras, al ser uno de los representantes del gobierno de Corrientes, dejó en clara la postura de su provincia: “Buscamos mantener el equilibrio desde el diálogo legislativo, pero sin desatender el reclamo de la deuda provisional”.

Primero fue Gustavo y luego Juan Pablo Valdés, actual mandatario, quien ejerce el Ejecutivo provincial desde diciembre pasado. Hace años que Corrientes viene reclamando judicialmente que el Estado nacional gire los fondos previsionales que le corresponden para financiar su sistema jubilatorio y que no se habrían transferido en los últimos años. Consultado por esto, el diputado aclaró que se trata de pagos atrasados desde la gestión del Frente de Todos.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado nacional Diógenes González, acompañado por el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen -quien está en la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello-, explicó los puntos centrales del reclamo previsional: “El tema fue planteado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclama pagos que la Nación le debe a la provincia desde gestiones anteriores -puntualmente la de Alberto Fernández-”.

De todas maneras, el diputado radical aclaró que la postura del Poder Ejecutivo de Corrientes es la búsqueda de “una negociación técnica y política a la vez”, pero posicionando al espacio radical, que tiene 6 integrantes en Diputados y 10 en el Senado, dentro del espectro de bloques dialoguistas con La Libertad Avanza. En reiteradas oportunidades, advirtió que la deuda de Nación no se contrajo en la actual gestión de Javier Milei.

En otro tramo, el legislador radical destacó el viaje de Diego Santilli, ministro del Interior, a la Casa de Gobierno de Corrientes, donde además de conversar sobre la agenda federal y el temario de sesiones extraordinarias trabajado durante febrero, el mandatario volvió a plantear el reclamo por la deuda previsional que alcanza los $142 mil millones. “Fue un gran encuentro”, reveló, optimista, Diógenes González.

Cabe destacar que el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, es uno de los mandatarios que acompañó a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, a la Argentina Week 2026 en la ciudad estadounidense de Nueva York. También están presentes los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy; y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

Justamente el acompañamiento de Valdés se dio en función de “la búsqueda de inversiones internacionales”, según mencionó González. Cabe destacar que Corrientes es la provincia con menor tasa de empleo público con 41 sobre 1000 habitantes; y a su vez, se posiciona en los primeros lugares respecto al empleo privado registrado (79.414). "Apuntar al desarrollo productivo de la provincia es algo que comenzó con la gestión de Gustavo y continúa ahora con Juan Pablo", destacó el diputado nacional.

Otro de los temas consultados al legislador fue por la obra pública, puntualmente sobre el puente General Manuel Belgrano, viaducto sobre la Ruta Nacional 16 en el tramo argentino del río Paraná que une las ciudad chaqueña de Resistencia con Corrientes: “Con el arreglo de la macroeconomía, que es algo en lo que vamos a apoyar al Gobierno, vamos a poder recibir inversiones del extranjero para avanzar en la mejora del puente por su importancia entre las provincias y los países del cono sur”.

En las últimas horas, el Gobierno nacional ratificó la intención de avanzar con la obra de infraestructura más pedida por los representantes de Chaco y Corrientes. La presencia de Juan Pablo Valdés en la ciudad de Manhattan junto a CEOs globales de sectores energéticos y mineros tiene como objetivo “la atracción de inversiones internacionales para el desarrollo de la obra”, reiteró González.

El aporte del radicalismo a la agenda parlamentaria

A pocos días del comienzo de sesiones ordinarias, el diputado nacional Diógenes González hizo hincapié en “los anuncios del presidente Milei, pese a toda la polémica contra el kirchnerismo”. De todos modos, reiteró la postura dialoguista de la bancada que preside Pamela Verasay y destacó el trabajo legislativo llevado a cabo durante las sesiones extraordinarias: “Tenemos un Gobierno nacional que quiere hacer transformaciones y reformas, y eso requiere de la dinámica que tuvimos durante febrero”.

Desde que asumió su banca en diciembre del 2025, Diógenes González acompañó la Ley de Presupuesto 2026, a excepción del Capítulo XI -el cual terminó cayéndose-. También votó a favor del Principio de Inocencia Fiscal, el Régimen Penal Juvenil y la Ley de Modernización Laboral. En reiteradas ocasiones, el diputado dejó en claro que el radicalismo va a apoyar las medidas de La Libertad Avanza

Consultado sobre la modificación de la Ley de Glaciares, el legislador correntino se mostró cauto, pero optimista de que el tratamiento avance para la primera semana de abril. Así las cosas, explicó que la realización de audiencias públicas, convocadas para el 25 y 26 de marzo, responden a un tema constitucional que se dan para “evitar un posterior judicialización”.

Antes del final, se diferenció del sector de Provincias Unidas que tomó una posición más opositora contra La Libertad Avanza, pero aclaró que “actualmente tenemos una relación de diálogo y muy madura”. Cabe recordar que los radicales Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán son parte del interbloque Unidos, por fuera del bloque radical que integra Fuerza del Cambio con el Pro, el MID y Karina Banfi.

Por último, destacó la “unión estratégica” de los espacios que conforman su interbloque, volvió a remarcar “la importancia de apoyar al Gobierno en la recuperación macroeconómica”, y destacó el aporte como espacio aliado a La Libertad Avanza: “El Pro tiene la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros tenemos el aporte de la gestión en nuestras provincias, y hemos sido y seguiremos siendo voz de consulta para avanzar con la agenda parlamentaria del oficialismo”.

En medio de la delicada situación social y económica que está atravesando el país, la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apuntó contra la gestión del Presidente Javier Milei, a la cual tildó de "deshumanizada" e "indiferente".

A través de un comunicado que compartieron en las redes sociales, desde ese espacio político expresaron su postura frente a la situación de la República. "Cuando el ajuste se presenta como virtud y el dolor social como daño colateral, vale recordar una verdad radical: nadie puede ser sacrificado en nombre de un supuesto futuro mejor", comenzaron plantenado.

"La Argentina no necesita una política deshumanizada ni un Estado indiferente. Necesita diálogo, sensibilidad social y decisiones que respeten la dignidad de cada argentino y argentina, hoy", expresaron los radicales.

Finalmente, concluyeron ratificando su postura ante esta situación. "El radicalismo no cambia de rumbo según la moda del poder. Sostiene una idea simple y profunda: la democracia empieza por cuidar a las personas. Siempre en la misma dirección", completaron.

Luego de que se reactivaran los focos de incendios forestales en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para pedir por la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación al Código Penal de la Nación.

Además, el partidario centenario que tiene como titular al santafesino             Leonel Chiarella, impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut que comenzó la semana pasada en redes sociales y que lleva recaudado “más 7 millones de pesos”.

En línea con los reclamos de la oposición, señalaron en el comunicado que “la subejecución del Plan del Manejo del Fuego está en un 25% del presupuesto y representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ello, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. forestales.

En los últimos días ingresaron a Mesa de Entradas del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. El texto lleva la firma de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.

No obstante, en la Cámara alta, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Además, lo define como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

La legisladora alineada al gobernador Ignacio Torres propone penas que van de los tres a los diez años con multas que equivalen a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En la actualidad, serían poco más de 10 millones de pesos para quienes sean considerados culpables por la destrucción del medio ambiente de forma intencionada.

“La creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal, como última ratio de protección de los bienes jurídicos fundamentales, como el presente”, consideró la senadora chubutense con origen en el radicalismo.

Para terminar, sostuvo que “la necesidad de incorporar esta figura penal se basa en la gravedad del daño ambiental que determinadas actividades humanas provocan sobre los ecosistemas”, y concluyó: “Frente al colapso ecológico global y a la inacción de muchos actores estatales y privados, el reconocimiento del ecocidio como delito autónomo se vuelve no solo urgente, sino imprescindible”.

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical sostuvo que Venezuela atraviesa un punto de inflexión decisivo tras años de deriva autoritaria. En un comunicado, señalaron que bajo la conducción de Nicolás Maduro y el “chavismo residual” se “pulverizó la democracia”, configurando un régimen que —según expresaron— persiguió opositores, restringió libertades, cometió abusos y provocó uno de los mayores éxodos migratorios de la historia reciente de América Latina.

Los legisladores describieron que la prolongada crisis política, humanitaria y económica dejó al país en una situación de deterioro institucional profundo, con un Estado sin garantías básicas y una ciudadanía privada de derechos esenciales.

Frente al escenario actual, desde la bancada radical afirmaron que “se abre una posibilidad concreta” para que el pueblo venezolano pueda “recuperar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades que le fueron arrebatadas”. Subrayaron que cualquier proceso de transición debe ser “justo y pacífico”, sustentado en la verdad, la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Según indicaron, “las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz”, y remarcaron que el camino hacia una salida institucional debe evitar la reproducción de prácticas autoritarias y consolidar mecanismos que permitan restablecer la convivencia democrática.

El comunicado concluye con un mensaje dirigido al futuro del país: Venezuela —sostienen— “merece dejar atrás las peores prácticas del autoritarismo y volver a ser una Nación libre”.

La Argentina debería declararse en quiebra política.

Desde el siglo XIX hasta el presente los argentinos conocieron todas las expresiones partidarias e ideológicas posibles: desde un liberalismo inicial, a un conservadurismo elitista, un radicalismo que privilegió a la clase media, un peronismo que elevó el status de la clase baja nutrida por los trabajadores, experiencias aisladas del socialismo más tradicional, un comunismo intrascendente, el neoliberalismo importado por la UCEDE y Menem, un descuelgue maniqueo de izquierda del justicialismo, las escuálidas izquierdas que rasguñan bancas, una experiencia fallida del liberalismo moderado y, finalmente, un anarcocapitalismo. Cabe mencionar, en medio del declive, las seis dictaduras militares.

En 2025 se puede afirmar que los principales partidos políticos, protagonistas en distintos momentos, han desaparecido. El Partido Conservador de antaño mudó a las opciones liberales o militares de ocasión, la Unión Cívica Radical hoy no tiene a nadie que lleve la manija, el Partido Justicialista está muerto desde hace bastante tiempo, pero desentierra sus cadáveres cuando le conviene, el Partido Socialista quedó reducido a la ciudad de Rosario, el Partido Comunista no tiene siquiera una cabeza que se distinga en la sede de la calle Entre Ríos. Del Partido Intransigente y la Democracia Cristiana no hay datos ni señales de vida en ningún archivo.

Aquí parecería conveniente extender ya todos los certificados de defunción, agregando uno más por el que en algún momento se denominó Partido Militar.

Triste trayectoria para un país tan, pero tan adolescente, que todavía hay nuevas generaciones que repiten: Argentina es una democracia joven, como si hubiese tiempo para esperar a que madure. Cada nueva elección trae más sorpresas, la última arrojó un experimento montado sobre el caballo de la transformación tecnológica, dirigida por cerebros perversos abocados a la destrucción total de la democracia y todas sus instituciones.

En nombre de la libertad -gastada hasta el infinito- la novedad se impone. La manipulación tecnológica que -desde el Brexit británico-tiende a construir un nuevo tipo de poder político cuyos promotores sigue la regla de los antecesores imperialistas: actúan en bambalinas, en la oscuridad, con planes que se descubren de a poco y revelan intenciones malignas. Por ejemplo, la destrucción de Europa, la aniquilación de la política sana y con ella el sistema democrático en su totalidad. Para ello dan vía libre a gobiernos autocráticos dedicados a demoler las reglas de convivencia internacional y nacional que han regido desde varios siglos atrás.

Para ese daño basta con enancar a un líder desorbitado dispuesto a hacer añicos los pilares culturales, educativos, productivos, sanitarios y científicos sobre los que se asientan las comunidades nacionales, y la humanidad misma.

En el caso argentino se perfila un camino desordenado a simple vista, con el objetivo de reemplazar las bases tradicionales por otras que no tienen cemento sustentable; las nuevas son lábiles, delgadas, líquidas, fuera de tono y sin sentido. Rayan un poco con la locura disfrazada de osadía, de insensibilidad frente a los débiles y desamparados que serán los modernizados esclavos de la decadencia. Como cualquier elite busca el beneficio de unos pocos pudientes, en desmedro de una mayoría anhelante de movilidad social ascendente. Una vieja receta que en el pasado se usó reiteradamente y fue la constructora de la decadencia que hoy se vive.

Una aclaración: esta nota no intenta ir contra los cambios que requiere la nueva era, todo lo contrario. La transformación integral es necesaria, con la proa puesta en dirección al bienestar general de las personas, al progreso mundial y del país, al crecimiento parejo de las naciones, al ejercicio de la igualdad en materia de decisiones políticas y oportunidades, a la preservación del respeto, en contra de toda discriminación y a favor de la defensa de los derechos civiles, humanos y laborales.

La sociedad argentina, desde las últimas elecciones, siente que el campo político está desierto, se ha convertido en una llanura sin horizonte, ni líderes o referentes partidarios a los cuales seguir. La ausencia suena letal en las instituciones democráticas donde las representaciones de la ciudadanía apenas sobreviven, desorientadas, en virtud de que el juego político se ha quedado sin piezas para mover. Los “borocotazos” son el llamado del momento, especialmente en diputados absolutamente desconocidos que saltan de una lancha a otra sin el menor pudor, o se convierten en bloques de dos o tres porque el egocentrismo no les permite hacer alianzas inteligentes. Otros, los de siempre, caminan hacia el lugar donde brilla el sol para acomodarse. Esos se salvaron de pagar el peaje de La Libertad Avanza.

La realidad indica que hay vaciamiento en Juntos por el Cambio, la última expresión liberal moderada que finalmente fracasó en 2019. Sus miembros atraviesan un duelo nefasto. Su líder, Mauricio Macri, entre juegos de bridge en distintos puntos del planeta, aparece cada tanto sin decisiones ni ideas para reflotar su propia creación política. A lo sumo bendice los borocotazos, sin ofenderse.

En el Partido Justicialista no hay más reuniones, ni congresos con bombos, ni marcha peronista. La exlíder entobillada en su propia casa espera nuevas condenas por las corrupciones en sus gobiernos. No hay herencia en ese partido que supo ser uno de los más grandes. La diáspora peronista en Argentina es más grande que la de cualquier otra raza. En las desoladas oficinas de la calle Matheu habita un silencio sepulcral. El Peronismo ha cumplido este año 80 años y los mínimos festejos no se oyeron. Hay desvitalización en ese espacio, ningún dirigente se anima a cubrir el bache del liderazgo o a emprender el trasvasamiento generacional porque eso ya lo hizo la pata izquierda con pésimos resultados. Un despropósito que se pagó caro.

La Unión Cívica Radical se encuentra en estado de disolución, con el agravante de una notable desilusión general, tanto, que este año los cabos sueltos radicales, exvotantes, tuvieron una impensada rememoración de Raúl Alfonsín al cumplirse 42 años del inicio de su mandato, y 40 de las condenas a la Junta Militar que dejó un tendal de muertos y desaparecidos. Los dirigentes del interior, tras la caída de Gerardo Morales como cabeza de la UCR, respiran porque nadie les cobra el aire. Martín Lousteau como presidente fue una decepción, ni siquiera visitó la sede central, era obvio que no se sentía radical. En los próximos días asumirá como presidente Gustavo Valdez, ex gobernador de Corrientes, y ya tiene una corriente en contra encabezada con Juan Manuel Casella, el “Changui” Cáceres” y Federico Storani. La sede radical de la calle Alsina, casi esquina Entre Ríos, está tan abandonada como la del justicialismo. La UCR nació en 1891, tiene 134 años.

El Partido Socialista hoy está reducido a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Nació en 1896 y de él surgieron figuras muy relevantes de la política argentina, como Alfredo Palacios, primer diputado nacional socialista de América Latina entre muchos otros. Tuvo muchas escisiones en toda su trayectoria, pero poca incidencia como partido político. Cumplirá 130 años en 2026.

El Partido Comunista surgió en Argentina en 1918, con la inmigración. Sus adherentes trabajaron políticamente con los trabajadores, a falta de campesinado. Desde el retorno a la democracia en 1983 llegaron a tener bancas en la Cámara de Diputados por alianzas con otros partidos, en especial con el Partido Justicialista. Actualmente, su página web suministra escasa información y ningún nombre de dirigentes a cargo del partido. Tiene 107 años de existencia, contó en su trayecto con mucha militancia, pero no pudo exhibir ningún logro relevante dentro del sistema democrático.

Con la Democracia Cristiana y el Partido Intransigente, pasa algo parecido. Fuerte despliegue después de 1983, luego la languidez tras las muertes de sus principales líderes, entre ellos Oscar Alende y Carlos Auyero. Posteriormente apareció el Partido Demócrata, con mínima acción político-partidaria.

La multiplicidad de las izquierdas, con más grietas internas que las generadas por el kirchnerismo y el mileismo en la sociedad, se esparce en un abanico de fugaces intenciones. Se han conformado con obtener dos o tres bancas. Son partidos de la “revolución permanente” que nunca llegan a ningún lado, solo hacen ruido. No son socialistas ni comunistas, son diferentes. Son ultraizquierda.

La aparición de la Libertad Avanza en el desierto no es casual. Los tiempos han cambiado, las estructuras partidarias carecen de valor propio, el discurso en todas las expresiones partidarias se ha desangelado, los relatos tienen escasa incidencia. En un momento en que las redes y la informática reinan, hasta las palabras dejan por momentos de tener sentido. En ese marco la sociedad está desvanecida, lastimosamente automatizada.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, se convirtió este viernes en el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que sucederá al diputado nacional Martín Lousteau. El joven de 36 años es el más joven en los 135 años de historia del partico y llega propuesto por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, referente de Provincias Unidas.

“Me siento muy feliz, orgulloso y emocionado de ser el presidente de la Unión Cívica Radical de la República Argentina”, afirmó el jefe comunal venadense, quien remarcó que ocupar el sillón de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Ricardo Balbín o Raúl Alfonsín representa “el mayor desafío de mi militancia política”.

Ya en el cargo, Chiarella reivindicó la gestión de los gobiernos radicales a nivel provincial y local: “No son ideas, son hechos, ya lo estamos haciendo porque gobernamos mirando a los ojos a la gente, demostrando que se puede gobernar con honestidad, porque la honestidad no se pregona: se demuestra”.

El nuevo titular la UCR nacional estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández, quien quedó en el cargo de secretaria general; la riojana Inés Brizuela y Doria será vicepresidenta primera; el cordobés Javier Bee Sellares, segundo; y la jujeña María Inés Zigarán, tercera. En la mesa también estarán como secretarios el senador pampeano Daniel Kroneberger, la senadora correntina Gabriela Valenzuela, el chaqueño Marcos Ressico, la exdiputada Danya Tavela, el cordobés Ramón Mestre, la rionegrina Agustina Madariaga y Daniel Angelici.

El jefe comunal venadense, que además, el vicepresidente de la UCR en Santa Fe, le agradeció al mandatario por "el respaldo, confianza, ejemplo militante y por todo lo que venimos transformando la provincia, con quien comparto la militancia desde hace casi veinte años”.

Chiarella nació el 18 de diciembre de 1988, inició su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto y participó en la creación del Centro de Estudiantes, el cual presidió en 2006. También integró la Juventud Radical, espacio que llegó a conducir a los 18 años. Más tarde, ya radicado en Rosario, cursó sus estudios en la Universidad Nacional de Rosario y obtuvo el título de abogado.

Durante su etapa universitaria militó en la Agrupación Estudiantil 1983, formó parte del consejo directivo y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. Además, colaboró con diversas organizaciones no gubernamentales. En 2015 fue elegido concejal, función que desempeñó hasta 2019.

La Unión Cívica Radical elegirá este viernes a su nueva conducción nacional para el período 2025-2027, durante el plenario de delegados que se reunirá a partir de las 15.30 en la sede del Comité Nacional ubicado en Alsina 1786 (CABA).

La mesa reemplazará a la actual, que estuvo presidida por el flamante diputado Martín Lousteau.

Los radicales elegirán un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, un protesorero y siete secretarios.

El plenario de delegados lo integran cuatro representantes por provincia más dos representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Tras la declinación del exgobernador correntino Gustavo Valdés de ir por la conducción del partido (encabezaba la danza de nombres semanas atrás), en las últimas horas surgió la chance de que el lugar quede para un "tapado". Se trata del intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, de 36 años, cuya figura apuesta a la renovación del centenario partido.

Si se confirma lo que anda dando vuelta para la @UCRNacional mañana puede ser un gran día para todos los valientes que no especulamos y jamás dejamos de creer…

— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) December 11, 2025

En vísperas de un nuevo recambio parlamentario, el senador radical Maximiliano Abad se hizo presente en el restaurante Lalín para presentar análisis y reflexiones junto a más de 200 dirigentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical. Autocrítico, el legislador sintetizó: “No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas, quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”.

Junto al senador nacional estuvieron, entre otros dirigentes, el exintendente de San Isidro, Gustavo Posse; y el exvicegobernador Daniel Salvador. Entre varias reflexiones que Abad expresó, subrayó que “durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria, pero la falta de visión de futuro nos debilitó”. “Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, añadió.

“No hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires”, explicó el senador, quien luego, advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”. En las últimas elecciones legislativas, la UCR fue parte de la alianza Provincias Unidas, tras una década de haber formado parte de Cambiemos/Juntos por el Cambio.

En el final, Maximiliano Abad se mostró optimista de cara al futuro y auguró: “Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno”. “Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”, concluyó.

En otro tramo de la reunión, el exjefe comunal de San Isidro señaló que “así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”. Sus palabras fueron expresadas después de un video homenaje a Raúl Alfonsín.

El último en tomar la palabra fue Daniel Salvador quien remarcó que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión”, y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.

Después de que el tablero electrónico marcara la frase "hay quórum", el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció el inicio de la sesión especial que pretende aprobar el proyecto de financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.

La oposición logró el quórum a las 12.20 cuando 131 diputados nacionales se sentaron en sus bancas. En medio de los aplausos exclamados desde el flanco izquierdo del hemiciclo de la Cámara baja, los legisladores de La Libertad Avanza, el Pro y varios provinciales se sumaron a la cita en el recinto.

A los integrantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, se le sumaron siete integrantes del bloque radical: Karina Banfi (quien llegó a las 11.58), Martín Tetaz, la santacruceña Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y el tucumano Roberto Sánchez.

Por su parte, el jefe de bancada de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, junto a Pamela Verasay, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri y Natalia Sarapura no asistieron en tiempo y forma.

Según supo este medio, la diputada jujeña era la única que tenía intenciones de llegar a tiempo, pero la celeridad con la que se logró el quórum la dejó fuera del conjunto de 131 legisladores que se sentaron en sus bancas a las 12.20 cuando inició la sesión especial.

También se sentaron en su banca en tiempo y forma, la diputada monobloquista Lourdes Arrieta, el santafesino de Unidos Mario Barletta y el santacruceño Sergio Acevedo, quien responde al gobernador Claudio Vidal.

En los bloques de la oposición, estuvieron ausentes el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santacruceño Jorge “Loma” Ávila y el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal; y el jefe de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien arribó al recinto pasadas las 12.35.

Los integrantes de Innovación Federal e Independencia, bancadas que responden a las gobernaciones de Salta, Misiones, Río Negro y Tucumán, no aportaron al quórum. La salteña Pamela Calletti estuvo en el recinto a las 11.55, dejó sus pertenencias en el asiento y se retiró. Luego, bajó al recinto segundos antes de que se izara la bandera nacional.

En síntesis, el aporte fue de 87 miembros de Unión por la Patria; 13 de Encuentro Federal; 11 de Democracia para Siempre; 5 del Frente de Izquierda; 5 de la Coalición Cívica; 7 del radicalismo; 2 monobloquistas; y un santacruceño.

Según un relevamiento de la consultora Isasi-Burdman, realizado entre el 2 y el 8 de junio en las principales ciudades de la provincia, Eduardo Vischi lidera la intención de voto entre los aspirantes del radicalismo para las elecciones provinciales del 31 de agosto. Sobre un total de 1.141 casos, el sondeo revela que la sucesión de Gustavo Valdés aún está abierta, y que el respaldo del mandatario a su hermano Juan Pablo Valdés no alcanza, por ahora, para consolidarlo como favorito.

En el escenario sin alianza con La Libertad Avanza, Vischi recoge un 30,9 % de intención de voto frente al 28,1 % de Juan Pablo Valdés. Al incorporar la hipótesis de una coalición con el espacio libertario, la ventaja de Vischi se amplía: 33,6 % contra 31,8 %.

Un dato llamativo del estudio es que Vischi aparece como el único candidato del oficialismo que crece en intención de voto al sumar ese apoyo externo, consolidando su perfil de dirigente con mayor proyección para asegurar una victoria en primera vuelta y promover un armado de unidad más amplio.

Por detrás, el exgobernador Ricardo Colombi (ECO) se mantiene competitivo, mientras que el peronismo continúa sin levantar cabeza en las mediciones.

Las señales políticas refuerzan esta tendencia: la reciente foto entre Valdés y Vischi en Casa Rosada alimenta la posibilidad de que el gobernador se incline finalmente por su figura como articulador de una fórmula de consenso que integre a la UCR, sus aliados y —eventualmente— a La Libertad Avanza.

A partir de los recientes hechos de público conocimiento, el diputado radical Julio Cobos encabezó la presentación de un proyecto de ley para la protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados con Inteligencia Artificial y montajes audiovisuales.

“Estamos ante un fenómeno que todavía es inconmensurable e imprevisible y como toda acción que impacta en la vida de las personas, tiene su uso y difusión una dimensión ética y moral y los límites son aún difusos”, presentó Cobos. Asimismo, advirtió que “esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados electorales”.

La presentación del proyecto de ley reunió gran consenso entre el espectro político de la Cámara de Diputados. Atilio Benedetti del radicalismo; Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Marcela Coli, Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Mario Barletta, monobloquista santafesino; Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica; Marcela Pagano de La Libertad Avanza; y los mendocinos Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Martin Aveiro y Lourdes Arrieta fueron quienes acompañaron el texto con su firma.

La noche previa a las elecciones porteñas, se viralizó en X un video creado con Inteligencia Artificial donde, tras un trabajo de montaje audiovisual, aparecía Mauricio Macri anunciando una falsa baja de la candidatura de Silvia Lospennato. El hecho fue repudiado por la oposición dialoguista y desde el Pro elevaron la correspondiente denuncia judicial.

Sobre este episodio, agregó que “recientemente hemos vivido un episodio en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con un video falso creado con esta tecnología que llegó a tener más de 14 millones de vistas y circuló por los teléfonos de todos los ciudadanos”. Luego, enfatizó que “esto es peligroso e inaceptable”.

Con relación al uso malintencionado de contenido manipulado con Inteligencia Artificial, cargó que “su efecto concreto es difícil de medir, pero claramente generó una situación falsa que perjudicó a uno de los sectores que competía en los comicios”. “Más allá de que después se desmintió la veracidad del mismo, el daño estaba hecho”, lamentó Cobos.

“En los próximo meses Argentina enfrentará su primer proceso electoral nacional en un contexto de inteligencia artificial generativa, donde la desinformación impulsada por esta tecnología puede contaminar de forma inédita los ecosistemas informativos”, expresó.

Cerca del cierre, el diputado mendocino manifestó: “Actuemos antes que esto suceda y tiña de forma irremediable la contienda electoral. Por eso proponemos la modificación del Código Nacional Electoral, en límites temporales y procedimientos específicos, para evitar el uso de contenidos manipulados con fines de desinformación electoral”.

Los puntos principales del proyecto de ley

El proyecto de ley presentado por Julio Cobos propone la incorporación del Capítulo IV ter del Código Nacional Electoral, con el nombre de “Protección del Régimen Electoral frente a la desinformación generada por contenidos manipulados”.

Luego define los conceptos de contenido manipulado; contenido materialmente engañoso; plataforma digital de gran alcance; medio de comunicación audiovisual; publicidad electoral; y período de restricción.

Después, establece un protocolo de eliminación obligatoria de contenidos: “Las plataformas digitales de gran alcance deberán desarrollar e implementar procedimientos técnicos para detectar y eliminar contenidos materialmente engañosos si se cumplen las siguientes condiciones”.

Y contempla dentro de esta eliminación obligatoria a contenido que muestra a una persona candidata realizando o diciendo algo que no hizo ni dijo; a una autoridad electoral diciendo o haciendo algo falso que pueda socavar la confianza en el proceso electoral; o muestre a una autoridad electa diciendo o haciendo algo falso que afecte la percepción sobre la legitimidad del proceso electoral.

También exige un plazo para la eliminación y un etiquetado hasta que se efectúe esa eliminación, siendo este no mayor a 48 horas desde su reporte. Sobre la etiqueta propuesta, aparecerá como “este [imagen/audio/video] ha sido manipulado y no es auténtico”, siendo visible y que permita al usuario acceder a más información explicativa con un clic.

Por último, señaló que quedan exceptuados los contenidos publicados por medios periodísticos que acompañen dicho contenido con una advertencia clara sobre su carácter ficticio; las transmisiones en medios de comunicación que formen parte de coberturas periodísticas, documentales o comentarios de interés público, siempre que se incluya una advertencia clara sobre su falsedad; y contenido satírico o paródico.

El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto de ley para incorporar un nuevo articulo al Código Penal con el fin de endurecer las sanciones penales para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, la salud y el transporte público durante el desempeño de sus funciones. La propuesta del bonaerense es de elevar un tercio.

Bajo el nombre de la incorporación del articulo 41 sexties, Abad propuso aumentar en una tercera para a las penas de cualquier delito del mínimo y del máximo cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima cuando ésta sea docente, integrante del equipo de salud o trabajador del transporte público.

La problemática ha tenido una alarmante crecida en los últimos años, sobre todo, en el conurbano bonaerense donde se conocen trascendidos de ataques a choferes de colectivos o docentes. “Estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales y si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica porque necesitamos vivir en una Argentina normal”, señaló.

“Estas conductas, atemorizan y conspiran contra la correcta convivencia de los ciudadanos y a la eficaz atención de servicios, tal como se vio reflejado en hechos de las últimas semanas”, expresó el senador radical, quien recordó que “existe actualmente un agravamiento delictual resultando víctimas quienes prestan servicios esenciales, que padecen el accionar típico por su calidad y condición de tal”.

La iniciativa destacó que la agresión a estos sectores repercute en toda la comunidad: suspensión de clases, cierre de guardias y paralización de líneas de transporte. Por eso, el proyecto plantea que cualquier lesión, amenaza, robo o daño cometido mientras la víctima desempeña —o a causa de haber desempeñado— su función reciba un castigo mayor que el contemplado hoy.

“Propongo entonces que las penas de los condenados por delitos contra trabajadores del transporte, docentes o médicos, enfermeros o prestadores de salud, se agraven respecto de sus originales, puesto que quien lo comete demuestra desprecio a quien los educa, transporta o los cura”, planteó Abad.

También subrayó que el texto recoge reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte: “Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico. Agravar las penas es un mensaje claro porque la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.

Ya con los ánimos menos caldeados que en el comienzo de la sesión especial, tomó la palabra el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo, quien justificó la postura de su bancada sobre apoyar el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.

Mesurado, el cordobés mencionó el prestamos tomado en la gestión de Mauricio Macri y explicó que “de ninguna manera es un fin, es un medio”. En tal sentido, cargó que el Gobierno “gana tiempo valioso” con este nuevo programa, pero advirtió que “no resuelven el fondo de la cuestión”.

Así las cosas, señaló que “22 veces fue la Argentina al Fondo Monetario Internacional”, y agregó que esa es la “absoluta evidencia de que no es un fin ir al FMI”. En ese punto, afirmó que “vamos al Fondo porque no tenemos dólares, porque estamos flacos de dólares y están flacas las reservas”.

El presidente de bancada radical se mostró tranquilo en su intervención y criticó a aquellos que sugieren no abonar los vencimientos de deuda con los acreedores: Primero, afirmó que “eso nos trae consecuencias porque de acá a 4 años debemos abonar cerca de 20.000 millones de dólares entre deuda e intereses”.

En segunda instancia, dejó en claro que “estamos lejos de tener buenas tasas de riesgo país”. Allí, destacó que los países de la región, “aún con más pobreza que Argentina, tienen de 100 a 300 puntos”.

Por último, Rodrigo de Loredo señaló que este nuevo acuerdo con el Fondo “puede dar la posibilidad de salir del principal obstáculo económico que tenemos que son el cepo y la brecha”. Antes de finalizar su intervención en el recinto, afirmó que "hay una situación de necesidad y urgencia". 

Con la mirada puesta sobre los comicios de medio término que se llevarán a cabo este año, la Unión Cívica Radical ya dejó en claro que buscará ser una alternativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: es que aparecieron pintadas en rojo y blanco presentando la candidatura de Martín Lousteau.

A lo largo del distrito capitalino aparecieron pintadas que sostenían “Lousteau 2025” y que contaban con el aval de todos los sectores internos del radicalismo porteño, tanto el de Emiliano Yacobitti y de Daniel “el Tano” Angelici.

A través de sus redes sociales, el diputado de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Francisco Loupias lanzó: “somos la alternativa para la Ciudad. Lousteau 2025”.

“Lo venimos diciendo desde hace un tiempo, El radicalismo tiene gestión, historia y candidatos para presentar una alternativa distinta, no creemos que Javier Milei y el kirchnerismo lo sean. Martín Lousteau es un dirigente que representa las ideas del partido y que no tenemos dudas harían que la Ciudad sea más justa y equitativa”, añadió luego en diálogo con Noticias Urbanas.

Al mismo tiempo que planteó que los ejes de campaña para el radicalismo serán la educación pública, salud pública y la seguridad. “Esos son ejes centrales de nuestra agenda, son temas que ni la Libertad Avanza ni el kirchnerismo buscaron solucionar, todo lo contrario”, precisó.

“La identidad del partido es algo a lo que no vamos a renunciar. El radicalismo quiere seguir representando al votante qué está descontento con el pasado y con el presente”, continuó y concluyó señalando que “el anclaje territorial del radicalismo en la Ciudad es inmenso, trabajamos fuertemente junto a los clubes de barrio, los centros de jubilados, las organizaciones en general, con el objetivo de estar cerca de los vecinos y encontrar soluciones. Desde la Legislatura trabajamos arduamente en ese sentido”.

Después de que Jorge Macri anunciara el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el legislador de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Francisco Loupias anunció que ese espacio buscará conformar una alianza de cara a los comicios del 2025 y así enfrentar a La Libertad Avanza (LLA).

“En el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical de la Ciudad siempre dejamos en claro que no vamos a compartir ningún espacio político con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza. Creemos en otra forma de hacer política. Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, aunque parezcan cosas muy distintas, tienen grandes similitudes, sobre todo en cuánto a la construcción de poder y de autoritarismo político”, comenzó explicando el radical.

Al mismo tiempo que señaló que “la UCR porteña, va a formar parte de una coalición, como lo ha hecho durante estos últimos años, que represente los valores democráticos y la construcción de consenso como matriz política”.

Respecto del anunció de Macri sobre el desdoblamiento de las elecciones, Loupias afirmó que “en cuanto al anuncio del jefe de Gobierno creo que es fundamental defender la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido el planteo de Jorge Macri va en esa dirección. El desdoblamiento de las elecciones genera que podamos discutir más en profundidad las problemáticas de los porteños sin que la política nacional nos absorba”.

“Siempre estuvimos a favor, pero creo que no se requieren particularmente en el caso de votar únicamente legisladores. Es una buena oportunidad para que los partidos políticos internamente discutan qué candidatos figuran en las boletas; descontando que esta medida permite reducir el gasto en este aspecto”, completó.

Este jueves ocurrió la reunión entre el presidente de la Nación, Javier Milei, con integrantes del bloque radical en Casa Rosada. En tal sentido, el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presente en Balcarce 50, amplió detalles sobre el encuentro y afirmó que la reforma electoral no fue tema de conversación.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería manifestó que tuvo la oportunidad de plantear cuestiones relacionadas a la provincia de Entre Ríos y también habló sobre temas vinculados al sector agropecuario y agroindustrial. “Mi pedido fue para que avancen los proyectos de la oposición o el RIMI que es del oficialismo”, señaló.

Entrevistado por parlamentario.com, Benedetti fue consultado sobre lo ocurrido con Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por portar 211.000 dólares sin declarar y posteriormente expulsado del Senado, y remarcó que “sentí vergüenza y la verdad que no sé si decir enojo y tristeza porque en realidad, afecta a toda la política entrerriana su actitud y el comportamiento”.

Del mismo modo, explicó quela reunión en Casa Rosada comenzó con un repaso de los logros de gestión en materia económica y recordó que el jefe de Estado le agradeció al bloque radical su cooperación con la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

- De la reunión de este jueves en Casa Rosada, ¿cuáles fueron los proyectos que se mencionaron para ser tratados próximamente?

- Asistimos invitados formalmente por el presidente de la Nación a través de nuestro presidente de bloque, Rodrigo de Loredo, y fue una reunión donde el presidente hizo un repaso de los logros en política económica. Por supuesto, su mayor logro es haber estabilizado las variables y analizó cada una de estas variables pormenorizadamente. Luego, tuvo un agradecimiento hacia el bloque de la Unión Cívica Radical, que más allá de distintos matices, cooperamos de una manera significativa para lograr la Ley Bases, que era la herramienta fundamental a través de la cual, quería llevar su plan de gobierno el actual presidente. Después de ese repaso que hizo el presidente, tuvimos la oportunidad de hacer preguntas y consideraciones. En mi caso, hice consideraciones desde dos lugares: en primer lugar, como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde le manifesté que más allá de gestos y discursos, y que comprende la situación, es uno de los sectores que ha quedado más sometidos, por llamarlo de alguna manera, a una fuerte presión fiscal. En este sentido, le manifesté la intención de que puedan avanzar proyectos de ley, incluso uno, similar al RIDA que aprobamos en la Comisión, llamado RIMI propuesto por el propio oficialismo, así que tuve la oportunidad de pedirle al presidente todo el apoyo político para que avancen estas ideas.

- ¿Hubo un compromiso de parte del Ejecutivo para avanzar con un proyecto que aliviane la presión fiscal en el sector agropecuario?

- No digo que se comprometió. En todo caso, mi pedido estuvo en línea con que avancen los proyectos de ley tanto como con los que hemos presentado desde la oposición como uno que ha presentado el propio oficialismo el pasado 28 de noviembre: Un proyecto que se RIMI y que es un régimen para incentivar las inversiones en el sector agropecuario y agroindustrial. El presidente, en toda su alocución, demostró conocimiento del tema, conocimiento de la disparidad de las reglas del juego para la economía real, la que está soportando la marcha del país, y lo que se aprobó bajo los denominados proyectos RIGI. El presidente reconoció que con esta presión fiscal es difícil, sobre todo al sector que represento, pero ha todos, de alguna manera, darle la posibilidad de avanzar a la marcha de la economía y que se concrete ese 4% que algunos analistas dicen para el año próximo. El presidente se mostró muy optimista y cree que eso va a ser la base y que iremos mas arriba de ese 4%.

- También tuve la oportunidad de plantearle temas de Entre Ríos al presidente tales como que pueda abordar el tema de rutas nacionales y le pedí por el cumplimiento de las deudas con motivo de las cajas no transferidas que tienen con nuestra provincia.

- Se sabe que el oficialismo irá fondo por eliminar las PASO, ¿qué opinión tiene al respecto?

- Soy contrario a eliminar las PASO. Sí, estoy de acuerdo en alivianarlas, no hacerlas obligatorias para los espacios que no la necesitan, pero este no fue tema de la reunión, no fue abordado en lo absoluto. No se habló de ningún proyecto electoral en la reunión de hoy. En todo caso, una legisladora de nuestro espacio aprovechó la oportunidad, en su intervención, para reclamar por ficha limpia y el presidente se comprometió a impulsarla y dijo que estaba un equipo técnico trabajando para presentar el proyecto que ellos quieren impulsar.

- Siendo entrerriano, ¿qué pensó cuando se enteró lo de Edgardo Kueider?

- como entrerriano sentí vergüenza y la verdad que no sé si decir enojo y tristeza porque en realidad, afecta a toda la política entrerriana la actitud y el comportamiento del (ex) senador Kueider. Mas allá de que si el dinero ese era de él o no era de él, estaba realizando una acción ilegal como lo es transportar una cifra en efectivo de esa magnitud. Eso es ilícito, más allá de que él pueda demostrar que era de un pariente o de no sé quién, estamos siendo los entrerrianos noticia a través de hechos de corrupción como en el que está imputado el exgobernador Urribarri y espero que salgamos de esa lógica porque Entre Ríos tiene otra dirigencia y no me parece bueno que estemos en los medios por estos temas.

El diputado nacional Mariano Campero, uno de los tres expulsados de la Unión Cívica Radical por el Tribunal Nacional de Ética del partido, defendió su acercamiento al Gobierno nacional, cuestionó duramente a Martín Lousteau y se mostró dispuesto a ir en un frente electoral con La Libertad Avanza.

Respecto de la expulsión de la UCR, el legislador señaló que "todavía falta que se reúna la Convención Nacional", la cual preside Lousteau, de quien dijo: "Era uno de los que quería darle palos al Gobierno y nosotros colaborarle".

"El pedido de expulsión viene por una mirada egoísta y hasta infantil por parte de Lousteau", expresó el tucumano y resaltó que el "tándem" que maneja la UCR es "el tándem que está más cerca del kirchnerismo, que estuvo con (Sergio) Massa en el balotaje".

En ese sentido, consideró que a este sector "le molestó profundamente nuestro aporte al Gobierno en términos parlamentarios" y que además, "lejos de irle mal, le está yendo muy bien al Gobierno".

"(Facundo) Manes y (Pablo) Juliano en distintas votaciones votaron distinto al bloque y además se fueron del bloque", reprochó.

Durante una entrevista en el canal TN, Campero sostuvo: "Nosotros creemos que hay muchos más de cinco que queremos darle las herramientas al presidente, que queremos que le vaya bien al Gobierno, que entendemos que el electorado de Juntos por el Cambio gran parte está con (Javier) Milei".

Y, sobre las elecciones del año próximo, observó que se va a una polarización "Milei-Cristina", donde se medirá "el pasado del kirchnerismo o el futuro con un enorme desafío".

A continuación, el diputado manifestó su deseo de ir a una alianza con LLA: "A mí me gustaría que podamos decantar en un armado que termine en un frente electoral, que consolide la transformación que se está llevando adelante en Argentina".

"En el tema de las formas hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo; nosotros miramos el plan económico que le hace bien a la Argentina, no podemos tener una mirada desde lo personal, que creo que es el error que comete Lousteau, que tiene un tema de envidia", agregó.

También reveló que una decena de diputados del bloque radical se reunirán con el presidente Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con "agenda abierta".

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical resolvió este jueves la expulsión del partido centenario de Mariano Campero, Luis Picat y Mariano Arjol. El tribunal de ética resolvió esto a partir de que estos 3 diputados nacionales colaboraron en los blindajes de los vetos a las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

La sanción no contempla a Pablo Cervi porque en la votación para insistir con el financiamiento a las casas de altos estudios se abstuvo. Así las cosas, desde el tribunal explicaron que "la separación de las filas partidarias" se debe a que incurrieron "en grave conducta partidaria que afecta la dignidad de la UCR en los términos del artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria".

Desde que estos cuatro diputados apoyaron al presidente Javier Milei en sendos vetos, el bloque sufrió el éxodo de 12 integrantes: El grupo de Facundo Manes y quienes responden a Martín Lousteau, presidente del partido a nivel nacional, conformaron Democracia para siempre, dejando al bloque radical de la Cámara baja con solo 21 integrantes.

La polémica respecto a los “radicales con peluca” comenzó cuando el propio jefe de Estado vetó la ley de movilidad jubilatoria y dos días antes de la sesión especial del 11 de septiembre pasado que pondría el veto a consideración del Cuerpo, el grupo de los 5 mencionados fue a Casa Rosada para acordar con Milei que aportarían su voto en blindar la derogación presidencial.

Al mes siguiente, el 9 de octubre, la Cámara baja volvió a insistir con el tratamiento de la ley de financiamiento universitario que ampliaba el aumento salarial al personal docente, científico y no docente y nuevamente Campero, Picat, Arjol y Tournier colaboraron con su voto para blindar el veto presidencial.

El pasado 12 de octubre falleció el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani y con ello, su banca pasó a ser objeto de disputa entre dos candidatos que seguían en la lista por la que accedió a la Cámara de Diputados en noviembre del 2021. Finalmente, este jueves salió el fallo y el escaño correspondiente a Tierra del Fuego ya tiene ocupante.

El juez federal Federico Calvete dio lugar al recurso de amparo que presentó la radical Dalila Nora, quien promovió su reclamo por el Movimiento de Mujeres Paritaristas de Tierra del Fuego. Justamente, el planteo fue por una interpretación de la ley de paridad de género. Ricardo Garramuño, del partido provincial Somos Fueguinos, era el primer suplente en la lista.

Originalmente se interpretó que el lugar le correspondía, por la Ley de Paridad de Género, a Garramuño. Sin embargo Nora hizo un planteo al considerar que ella debía completar el mandato de Stefani por cuanto solo ellos figuraban como candidatos “titulares” de esa lista. Garramuño era el primer suplente. Dalila Nora se fundamentaba en que la ley establece que ante un caso como el sucedido con Stefani, el mismo debería ser sucedido por el candidato de su mismo sexo que figure en la lista como “candidato titular”.

En un fallo que traerá polémica, la Justicia le dio la razón a quien figuró segunda en la lista.

Dalila Nora basaba su reclamo en la Ley 27.412, que en su artículo 3° indica que el artículo 164 del Código Electoral Nacional establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y plantea que “una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

En caso contrario, sostenía Nora, “no se estaría dando la paridad en Diputados; en 2021 se perdieron más bancas femeninas que masculinas y eso nos puso en desventaja”.

La novedad causó cierta sorpresa en la Cámara de Diputados, donde consideraban que a Stefani debía reemplazarlo un varón, según la ley. Se estimaba que el reemplazo correspondía al primer varón de la lista. Consideraban que la búsqueda de un varón entre los titulares se agota en Stefani, de ahí que se debía buscar entre los suplentes. El juez federal interpretó otra cosa.

Asesora ad honorem de Stefani, Dalila Nora acompañó en la boleta de Juntos por el Cambio al difunto legislador “Tito” Stefani. Con el fallecimiento del diputado fueguino, el bloque Pro quedó con 37 integrantes, y la Unión Cívica Radical pasaría a tener 21.

Con este fallo, la Cámara de Diputados vuelve a quedar completa y se espera que la semana próxima, en la sesión especial pedida por el oficialismo y los aliados para tratar ficha limpia, Dalila Nora jure ante el Cuerpo y asuma su banca.

Los diputados de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Confianza Pública (CP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar “su más enérgico repudio” a los actos de vandalismo y violencia perpetrados contra el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ocurridos el pasado 2 de noviembre.

Además, solicitaron el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, y manifestaron su rechazo “a todo agravio a las instituciones democráticas independientemente al partido político al cual pertenezcan”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “el pasado 2 de noviembre en horas de la madrugada, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ubicado en la calle Adolfo Alsina 1786 de esta Ciudad, fue víctima de un hecho de violencia y vandalismo perpetrado por un grupo de personas de identidad desconocida. Los mismos accedieron al comité mediante el edificio lindero” e indicaron que “desafortunadamente este tipo de acciones aún tienen espacio en nuestro país, pero es de interés repudiar y recordar que la democracia se construye a través del diálogo, el respeto y la tolerancia”.

“De acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad, al menos cinco personas entraron a las 1:30 hs. de la madrugada, permaneciendo en el edificio durante aproximadamente una hora. Uno de ellos vigiló desde la calle mientras los otros destrozaban la oficina del presidente del partido, Martín Lousteau”, señalaron.

Sobre esa misma línea, los legisladores aseveraron que “de acuerdo a lo declarado por la UCR mediante un comunicado, el atropello al edificio consistió en destrozo de muebles, computadoras, revolvieron carpetas, papeles y archivos, y se fueron sin robar nada” y alertaron que “el episodio tiene características similares al que sufrió el jueves 31 de octubre la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), apenas a 100 metros de la Casa Rosada”.

“La casa de altos estudios alertó, denunció y comunicó sobre el ingreso de un grupo de personas no identificadas, a la sede que se ubica en la calle porteña de Defensa. Del hecho se registró la sustracción de documentación digital y en papel, además de generar rotura de muebles y computadoras, incluso en la biblioteca”, sentenciaron.

Si bien se pasó del lunes a este miércoles, funcionarios del Gobierno nacional encabezaron el periódico encuentro en Casa Rosada con miembros del oficialismo de la Cámara de Diputados, y legisladores de bloques aliados. En esta ocasión, se sumaron integrantes que integran la bancada de la Unión Cívica Radical.

En medio una interna sin definiciones, el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, acompañado por los diputados nacionales Soledad Carrizo, Luis Picat, Lisandro Nieri y Roxana Reyes, respondió a la invitación formal para tener en Balcarce 50 una "reunión constructiva de abordaje parlamentario". En el encuentro, le solicitaron al Poder Ejecutivo mantener el 1% del PBI, de los 6% destinados a Educación, que sigan financiando Ciencia y Tecnología.

Al salir de la Rosada, el diputado cordobés dialogó con la prensa y confirmó que “logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año”. La afirmación fue ratificada, minutos más tarde, en X, donde añadió que “la Ley de Financiamiento Educativo garantiza un 6% del PBI para educación (Art. 9), y la Ley de Ciencia y Técnica establece un 1% para investigación e innovación (Arts. 5-7)”. “Seguimos defendiendo el futuro de nuestra educación y el desarrollo científico del país”, concluyó.

Con la interna feroz dentro del bloque, el diputado radical Fernando Carbajal, referente del sector que responde a Facundo Manes que se desmarca del Gobierno nacional, acusó a sus compañeros de bancada en X: “Todos con la peluca puesta. Sobreactuando oficialismo. La oposición responsable daremos el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara para defender la Universidad, las Provincias y municipios y a los jubilados”.

Todos con la peluca puesta. Sobreactuando oficialismo. La oposición responsable daremos el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara para defender la Universidad, las Provincias y municipios y a los jubilados. pic.twitter.com/3GaESqGwU7

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) October 23, 2024

Originalmente, la invitación del Gobierno nacional, para que asistiesen integrantes de todos los sectores que conforman la bancada de la Unión Cívica Radical, estaba destinada a todos los espacios dentro del bloque. Sin embargo, desde el sector de Manes consideraron que no debían ir, por lo que no aportaron presencia en la reunión con los funcionarios. Tampoco hubo representantes del sector que responde a Martín Lousteau.

Por su parte, la diputada santacruceña Roxana Reyes, una “líbero” dentro del bloque, destacó la mesa de diálogo con el Ejecutivo Nacional y añadió: “Creemos que la política es encontrar acuerdos, marcar las diferencias, pero fundamentalmente darle una respuesta a los argentinos hartos de las continuas grietas y peleas”.

Por otro lado, recibieron a los miembros de la Cámara baja el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

Mientras que, en representación de la Cámara, estuvieron, Martín Menem, presidente del Cuerpo; y los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Santiago Santurio, Carlos Zapata y Manuel Quintar; del Pro, Cristian Ritondo (presidente del bloque) y Silvana Giudici; y los radicales mencionados.

A la salida, también, la diputada nacional Silvana Giudici relató que “durante el encuentro, se abordaron temas clave de la agenda legislativa, entre ellos, la Ley de Hojarasca, la disolución de la Defensoría del Público y la privatización de Aerolíneas Argentinas, además de cuestiones relacionadas con la sanción del Presupuesto 2025”.

Y cerró: "Tratamos muchos temas de agenda y estamos trabajando para avanzar en su resolución de manera coordinada".

Otro radical presente, el mendocino Lisandro Nieri, calificó como “muy buena” la reunión y al hablar de la agenda prevista para el resto del año citó ficha limpia; reiterancia, juicio por jurado y el voto de argentinos en el exterior.

“Valoramos mucho que miembros de otros partidos se sumen a discutir ideas y proyectos. No importa el signo político”, agregó el legislador alineado con el gobernador Alfredo Cornejo.

El senador nacional Maximiliano Abad destacó el dictamen que se llevó a cabo en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la de Justicia y Asuntos Penales la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta.

En su intervención, señaló que “es fundamental para mejorar la investigación criminal en el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva”.

También, agregó: “Sin duda la inseguridad es uno de los grandes problemas que la sociedad nos está pidiendo a gritos que resolvamos y este proyecto va en este sentido, así que quiero expresar mi apoyo. Es importante destacar que este proyecto no solo es muy útil en la resolución de delitos, también va a ser de gran ayuda para poder encontrar a las personas desaparecidas o extraviadas”.

Además, Abad destacó que este tipo de registros están probados en el mundo y destacó países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay donde “es una muy buena herramienta para combatir el crimen trasnacional, es decir el narcotráfico”, resaltó Abad. También resaltó el caso de Mendoza, donde gracias a este registro creado en 2016 se resolvieron más de 4000 causas y mencionó que La Pampa también cuenta con esta herramienta.

“Creo que los datos hablan por sí solos y sumado a estas experiencias locales es importante destacar que el proyecto logró dos tercios en la Cámara de diputados, un consenso poco común”, sostuvo.

“Hoy avanzamos en un proyecto de ley que vincula demandas ciudadanas con una causa común: la lucha contra el crimen y la inseguridad. Ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, permite resolver delitos. Una colaboración esencial para el funcionamiento de la Justicia y demuestra que necesitamos contar con un Estado inteligente y eficiente”, finalizó Maximiliano Abad.

La reunión de los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical en Casa Rosada y el posterior giro en sus votos cuando se trataba el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que finalmente ratificó la decisión del presidente Javier Milei, sigue dando que hablar dentro del radicalismo. Este lunes, la mesa directiva de la Convención Radical resolvió suspender preventivamente a Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y Mariano Arjol. Ellos son cuatro de los cinco diputados del bloque UCR que concurrieron a la Casa Rosada para reunirse con el presidente, con el que luego se sacaron fotos. El quinto es Federico Tournier, pero no es del radicalismo, sino un liberal correntino que se sumó a la bancada que encabeza Rodrigo de Loredo.

A través de un comunicado firmado por Gastón Manes, en su rol de presidente de la Convención Nacional de la UCR, y por el secretario general Hernán Rossi, incluyeron a la santacruceña Roxana Reyes y al chaqueño Gerardo Cipolini -ambos pasaron del voto afirmativo al ausente en el recinto de la cámara de Diputados- en la elevación del pedido para analizar conductas. Sin embargo, estos últimos no fueron contemplados en la suspensión.

Por otro lado, fuentes del bloque radical mencionaron a parlamentario.com que este martes por la tarde podría llevarse a cabo una reunión de la bancada para analizar el pedido de Facundo Manes respecto a "reordenar el bloque" y "expulsar" a los cuatro diputados suspendidos y al correntino Tournier.

En ese marco, el domingo pasado la diputada Carla Carrizo dijo en Radio con Vos dijo que “está en discusión” la presidencia de De Loredo, tras no haber podido controlar a los cinco diputados que se acercaron a los libertarios.

Por otra parte, trascendió que un diputado alineado con Manes habría puesto en el chat de los 33 diputados la resolución de la Convención, exigiendo que el bloque tome medidas en una reunión en la que no pueden estar presentes los cinco díscolos. También solicitó que se los saque del chat del bloque.

Manes junto a Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela pidieron un "reordenamiento" del bloque y repudiaron pública y explícitamente el accionar del grupo integrado por Campero, Arjol, Picat, Cervi y Tournier.

En contraposición, otros diputados radicales como Francisco Monti, Pamela Verasay y Soledad Carrizo, salieron a repudiar este lunes la medida adoptada por la Convención Nacional de la UCR y apuntaron contra el titular del partido, el senador Martín Lousteau.

Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta. https://t.co/lTLFNiSRWZ

— Pamela Verasay (@PameVerasay) September 16, 2024

La cordobesa Soledad Carrizo llamó a honrar “la historia de nuestro centenario partido con la reflexión y la mesura. Nuestro país demanda unidad, y la UCR debe ser el reflejo de ese camino. Excluir a estos diputados es excluir la representación de miles de argentinos y afiliados. Hago un llamamiento a las autoridades de la UCR Nacional para lograr una convivencia democrática, plural, y receptiva de las diferencias”.

A su vez, el diputado cordobés Luis Picat se refirió a la suspensión e indicó: "Mantengo y refuerzo mi posición anti-kirchnerista". "Orgulloso que en el interior todavía hay intendentes y gobernadores que siguen estos valores. Lamentablemente estos preceptos y valores no son parte de la identidad de los que conducen hoy el Comité Nacional de la UCR", aseveró contra el senador radical.

A pocas horas de que la oposición no lograse sostener el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria en el recinto de la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores radicales se dirigió al jefe de bancada Rodrigo de Loredo, a través de una carta, refiriéndose al accionar de los cinco miembros que votaron en favor del veto presidencial.

Los firmantes del escrito señalaron: “Expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la Ley Previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía”.

Asimismo, ratificaron que “es nuestro deber político actuar con responsabilidad y firmeza en la defensa de las convicciones y valores, como lo hicimos en el pasado reciente contra el anterior oficialismo”, y cargaron: “Con la misma convicción debemos poner frenos a los desbordes del actual gobierno, sin perjuicio de acompañar las iniciativas que sirvan al interés nacional”.

Por otro lado, los firmantes hicieron referencias a la actitud tomada por Mariano Campero, Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier y Mariano Arjol, quienes al reunirse con Javier Milei publicaron fotos en sus redes. En la carta, lo catalogaron de “sobreactuación innecesaria”, y añadieron que “constituyen un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo, que resulta incompatible con la pertenencia al bloque radical que no integra el gobierno actual”.

Buena reunión con el presidente @JMilei y colegas diputados.
Hablamos sobre el contexto actual, el futuro y la necesidad de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/kv1CRQIsVK

— Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) September 10, 2024

Con relación al proyecto vetado, los diputados radicales de la carta afirmaron: “Asumimos la responsabilidad de asegurar el equilibrio fiscal en Argentina, pero no con el sacrificio de los más débiles como los jubilados”. Asimismo, propusieron que “es necesario un replanteo y un reordenamiento del bloque de Diputados de la UCR, dejando que quienes han elegido otro camino lo transiten, y reafirmando los valores de identidad de nuestro espacio político”.

Los diputados firmantes de la carta fueron Facundo Manes, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.

Por último, expresaron: “No nos resignamos a que la opción sea regresar al pasado, o adaptarnos a un presente que se construye con una práctica autoritaria. Tenemos el deber de constituir una alternativa para el futuro y hacerlo rescatando los valores democráticos de la UCR como la educación, el desarrollo, el bienestar y la equidad”.

Luego de la convocatoria fallida el pasado miércoles 7, en la Cámara de Diputados se presentaron tres pedidos de sesiones diferentes entre el próximo miércoles 14 y jueves 15 de agosto.

Después que el bloque Encuentro Federal solicitara abrir el recinto para tratar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE; y que el oficialismo hiciera lo propio, junto a sus aliados del Pro, replicando el temario que no se pudo tratar y sumando el proyecto para declarar la educación como servicio esencial, la Unión Cívica Radical presentó otro pedido.

En la solicitud, los radicales llaman a sesionar el miércoles 14 a las 14, "o al término de la sesión especial" que fue pedida por macristas y libertarios a las 11. El temario tiene como único tema el orden del día referido al proyecto sobre financiamiento universitario.

El pedido lleva las firmas de Danya Tavela, Mario Barletta, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Rodrigo de Loredo, Fernando Carbajal, Julio Cobos, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriela y Martín Tetaz.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione "con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones". "Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria", aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Ante la prórroga del Presupuesto 2023 por parte de la gestión libertaria y la falta de actualización en las partidas, lo que despertó el fuerte reclamo desde las casas de altos estudios, el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento.

Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. "Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada", resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para "alcanzar una mayoría", dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

En la nota enviada al presidente del Cuerpo, Martín Menem, los radicales pidieron que la sesión sea a las 14 o al término de la otra pedida para ese día, "para que no haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer", dijeron.

El oficialismo logró dilatar el tratamiento de los DNU 614 y 656/2024, por los que el Gobierno nacional reestructuró a la Secretaría de Inteligencia De Estado y le otorgó 100.000 millones para gastos reservados, cuando este jueves la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó sumar esos decretos al temario.

Los miembros de Unión por la Patria en acuerdo con el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) tenían preparado un dictamen de rechazo contra el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de julio, pero la moción fue rechazada: el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann -ambos del radicalismo- no acompañaron el pedido de la oposición.

La votación no alcanzó los nueve votos necesarios y las autoridades de la Bicameral optaron por establecer el debate de los DNU, respecto a la conformación y presupuesto de la SIDE, para una reunión que se hará en dos semanas. “No acompaño el dictamen del kirchnerismo”, alegó el catamarqueño Monti. Por su parte, Zimmermann optó por acompañar la postura de las autoridades de la comisión, de la cual él es secretario.

Desde Unión por la Patria no ocultaron su malestar ante la postura de los legisladores de la Unión Cívica Radical y salieron a cruzarlos vía X. El primero en protestar fue Leopoldo Moreau, quien estuvo presente en el Salón Illia este jueves y como actual presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (hasta que el oficialismo la vuelva a conformar) negó que la misma tenga competencias en el tratamiento de los DNU de la SIDE.

Hay dos UCR ?. Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el " urgente " tratamiento ( para rechazarlo ) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los…

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 8, 2024

Luego, cargó: “¿Hay dos UCR? Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el ‘urgente’ tratamiento (para rechazarlo) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los representantes de la UCR se sumaron al mileismo y el PRO y bloquearon su tratamiento”.

“¿Qué pasó?”, cuestionó, y agregó: “Están dilatando su consideración a la espera de la constitución de la Bicameral de Inteligencia para después pretextar que dicha comisión es la que fiscaliza los fondos reservados y que con ese control es suficiente”. En el final acusó que “así ‘le salvan’ los 100 millones de dólares que el gobierno quiere entregarle a la SIDE. Guarden este tuit”.

Con el recorte del comunicado que pedía “tratamiento urgente” del DNU en cuestión por parte del radicalismo, el jefe de bancada de Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, añadió: “No me sorprende que los libertarios y el PRO banquen la decisión de Milei de darle 105 millones de dólares a la SIDE para gastos reservados”. “Pero... ¿la UCR? ¿Acaso no sacaron un comunicado hace 9 días pidiendo por el rechazo a los DNU de Inteligencia? Inconcebible”, ironizó..

Integrante de la Bicameral de DNU, la diputada Vanesa Siley sumó: “Hoy La Libertad Avanza y sus aliados, la UCR y el Pro, se negaron a tratar el decreto 656/24 que le da 100 mil millones extras a la SIDE para FONDOS RESERVADOS. Mientras, no sabemos en qué se la estan gastando”.

En el final de la reunión, las autoridades lograron establecer como próximas reuniones de esta Bicameral a los días 22 de agosto, el 5 y 19 de septiembre. Sin embargo, a partir del próximo 15 de agosto los decretos en cuestión están habilitados para ser llevados al recinto de ambas cámaras.

Un grupo de intendentes radicales se congregó este martes en la ciudad de La Plata para reunirse con el titular de la Unión Cívica Racidal en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, a días de iniciarse el proceso de renovación de autoridades del órgano de conducción bonaerense.

El encuentro en la capital fue aprovechado por algunos jefes comunales para trasladarse a la sede del Gobierno bonaerense, en busca de una respuesta al atraso que sufre el envío de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, cuyo plazo de pago venció el pasado 31 de julio.

Según pudo saber La Tecla.info, los mandamases del radicalismo se llevaron una fecha imprecisa para el cobro. “No tenemos una fecha cierta, nos dijeron que entre el final de esta semana y comienzos de la otra estarían haciendo la transferencia”, respondieron desde la Gobernación.

La misma respuesta lanzaron desde municipios gobernados por peronistas o “amarillos”, mostrando su inquietud por el retraso y por carecer de una fecha concreta para tener buenas nuevas.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había asegurado el lunes último que el ministerio de Economía está trabajando en ese tema y que no podría indicar qué día se abonaría, aunque sostuvo que será “a la brevedad”.

Los jefes comunales del Pro estallaron y dieron a conocer un comunicado, en el que sostienen que “en estos momentos se está incumpliendo una ley provincial, lo que representa una violación de la reglamentación aprobada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”.

Al respecto, consideraron que “la explicación no puede ser que la provincia depende de la disponibilidad de caja, como expresó uno de sus funcionarios. Estos fondos debieron haber estado presupuestados y previstos dentro del planeamiento fiscal del año, dado el compromiso legal asumido con los municipios”.

“Por esta razón, los intendentes del Pro de la provincia de Buenos Aireas elevamos este reclamo político con respeto y firmeza, esperando una solución rápida y así evitar tener que proceder con sendas denuncias en el Honorable Tribunal de Cuentas y en la Justicia por incumplimiento de la normativa provincial”.

La primera cuota de dichos fondos se pagó a mediados de febrero (10%), la segunda durante el mes de abril (30%), y la tercera, por el mismo porcentaje, debería haberse depositado antes del 31 de julio, según lo estipulado por la ley N°15.480, votada a finales de 2023 por la Legislatura provincia.

El pago de la segunda cuota fue condicionado por el Ejecutivo a que los intendentes pasen por la Casa de Gobierno a firmar, incluso a hacerse una foto, lo que provocó la furia de los alcaldes. Ante la pregunta de si creen que en esta ocasión será igual, un jefe comunal boina blanca expresó su deseo: “Ojalá que no, porque no es serio, pero no tenemos confirmación”.

El diputado radical Mario Barletta presentó un proyecto de ley por el cual se propone incorporar al Plan Médico Obligatorio (PMO) algunas prestaciones ambulatorias y así contemplarlas en la Ley Nacional de Salud Mental, por el cual busca fortalecer la atención primaria y secundaria con base comunitaria.

A través de esta iniciativa, se incorporarían al PMO prestaciones como Módulo de admisión/evaluación; módulo de evaluación neuropsicológica y otras evaluaciones integrales ambulatorias; psiquiatría (12 consultas ambulatorias anuales); talleres psicoeducativos y de acompañamiento; terapia ocupacional, psicopedagogía, fonoaudiología, musicoterapia y psicomotricidad; módulo de seguimiento intensivo Post Alta; y centro de rehabilitación psicosocial media jornada / jornada completa.

Ante esto, el legislador de la UCR expresó que “la prevención y el tratamiento de la salud mental debe ser prioridad para mejorar la calidad de vida de las personas”. “Queremos adecuar el PMO a la Ley de Salud Mental”, agregó.

“En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario”, amplió.

Y siguió que “la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años”.

Por su parte, añadió que “en Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias”.

“Frente a este escenario y en el marco de los cambios de paradigma en relación a la salud mental que estamos atravesando, donde las prácticas ambulatorias cobran protagonismo y se requiere la ampliación de servicios de salud mental del primer y segundo nivel de atención con base comunitaria, resulta imperiosa la revisión del PMO y la realización de cambios que redunden en la mejora del acceso a los servicios de salud mental en el país”, afirmó Barletta.

El proyecto fue redactado en conjunto con la exdiputada Ximena García y fue acompañado con las firmas de Julio Cobos, Martín Arjol, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Fabio Quetglas, Melina Giorgi y Natalia Sarapura.

Con las acusaciones de fraude electoral y la sorpresa generalizada a nivel global, el bloque de senadores radicales emitió un comunicado en donde anunció que desconoce el resultado que fue anunciado por las autoridades de Venezuela, el cual consignó que Nicolás Maduro se impuso ante Edmundo González Urrutia en las elecciones de este domingo.

“No vamos a ignorar el grito de cambio que millones de venezolanos han manifestado democráticamente en las urnas”, manifestaron desde la bancada presidida por el correntino Eduardo Vischi en la Cámara alta. Temprano, desde el bloque radical en Diputados convocaron “a la comunidad internacional a exigir transparencia en Venezuela y a rechazar el fraude electoral”.

De igual manera, señalaron: “Exigimos que se garantice total transparencia en el proceso de conteo de votos y que se permita que veedores internacionales imparciales y no comprometidos con el gobierno puedan auditar los resultados”, y aseveraron que “estamos en presencia de uno de los fraudes más grandes de la historia de América Latina, y por ello, solicitamos al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional que activen todos los mecanismos necesarios para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano”.

Otros espacios también hicieron referencia en la misma línea contra el régimen venezolano a cargo de Maduro. En las últimas horas, desde la Cancillería Venezolana, a cargo de Yvan Gil, tomaron la decisión de retirar todo el personal diplomático de la embajada venezolana en Argentina, entre otras.

Durante su discurso de esta madrugada, Maduro, mientras se proclamaba ganador de las elecciones, cargó munición gruesa contra el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, a quien invitó a pelear y llamó “vendepatria”.

La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario “no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad”. El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.

Pedimos al Senado el rechazo del acuerdo del abogado Lijo como candidato a la CSJN, fruto podrido del acuerdo de impunidad entre MILEI, los K y los operadores de siempre. La @UCRNacional no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad. #NOALIJO pic.twitter.com/aUsP1zQLE1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) July 29, 2024

En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que “se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional”.

De ese modo, acusaron al juez como “presunto integrante de una asociación ilícita” y explicaron: “En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano— y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió”.

Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es “quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo”.

En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.

“Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF”, agregaron.

También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa “siemens”, donde “se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach”.

Según lo presentado por la UCR, “el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens”.

En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo “desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, que están cargo del mencionado magistrado.

En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por “acercar” el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y “la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí”.

Tras más de 40 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el gobernador correntino Gustavo Valdés por "supuesto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes en su rol de funcionario público".

Ante esto, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical, presididos por Eduardo Vischi -cercano al mandatario-, publicó este miércoles un comunicado en el que rechazan el accionar del del representante del Ministerio Público.

Cabe recordar que el mandatario provincial había hecho una publicación en X el pasado 29 de junio en la que confirmaba que “se había dado un gran paso en la resolución del caso”. Días después se retractó y justificó que fue “por ansiedad”.

Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan.

— Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) June 29, 2024

Del mismo modo, aseveraron que “nuestra preocupación es la pretensión del fiscal de entrometerse en la causa que busca encontrar al niño, violando claramente el alcance de sus funciones y competencias”. También señalaron que “La denuncia solo se entiende de un inoportuno protagonismo mediático en una causa que no tiene delegada ninguna función específica”.

"Adherimos a lo suscripto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre que 'involucrar al Gobernador Valdés es una barbaridad'. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas", expresaron desde la bancada radical en la Cámara alta.

En el texto, los legisladores radicales exigen que “los esfuerzos de todos los actores deben enfocarse en esclarecer el caso, pero primordialmente para dar con Loan. No para ser protagonista mediático en un momento de angustia generalizada”.

Para terminar, el comunicado reafirmó que “respaldamos plenamente al gobernador Gustavo Valdés y rechazamos toda acción que pretenda desviar maliciosamente la atención, con fines extrajudiciales”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, presentó un proyecto de declaración por el cual le exige al Gobierno Nacional que se realice, en el marco del Pacto de Mayo, la reglamentación e implementación de la Ley de Cédula Escolar Nacional.

El legislador radical señala que esta iniciativa “es herramienta eficaz para mejorar el sistema educativo y combatir la delincuencia juvenil desde una estrategia proactiva y superadora, al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación”.

“En el año 2019, el Congreso de la Nación aprobó el Programa Cedula Escolar Nacional (Ley 27.489), el que prevé saber en tiempo real la asistencia de los alumnos las escuelas de todo el país, y establece mecanismos interdisciplinarios para efectivizar esa asistencia en caso de deserción escolar”, recordó.

Además, mencionó que propone “acompañar a las familias y dotar al Poder Ejecutivo de toda la información necesaria para desarrollar políticas educativas de acuerdo a la necesidad real que el sistema informa, ya que se nutre de la información automática y relevante que el SINIDE brinda”.

En esa línea, manifestó: “En el contexto actual de Argentina, la problemática de la delincuencia juvenil ha adquirido una relevancia significativa en el debate público”, y agregó que “la creciente participación de menores en actividades delictivas y la preocupación por su rehabilitación y reinserción en la sociedad requieren una respuesta integral y multifacética”.

En efecto, se refirió al Pacto de Mayo que se realiza este 9 de julio e indicó que el presidente de la Nación, Javier Milei, “debe proponer la implementación inmediata de la Ley de Cédula Escolar como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos”.

Agregó, además, que “en lugar de enfocarse únicamente en medidas punitivas, la Ley de Cédula Escolar fomenta la rehabilitación y reintegración de los jóvenes en conflicto con la ley, al proporcionar un seguimiento constante y apoyo educativo, se crean oportunidades para que los menores rectifiquen su comportamiento y se reincorporen positivamente a la sociedad”.

“Esto beneficia a los propios jóvenes, y también contribuye a la reducción de la reincidencia delictiva a largo plazo”, afirmó el mendocino Julio Cobos.

Para terminar, consideró que “la implementación de la Ley de Cédula Escolar en el marco del Pacto de Mayo representaría una estrategia integral y preventiva para abordar la delincuencia juvenil en Argentina”. “Al centrar los esfuerzos en la prevención, intervención temprana y rehabilitación, se puede reducir significativamente la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores”, señaló.

Por último, Cobos afirmó que “este enfoque no solo protege a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que también fortalece el tejido social y promueve una sociedad más segura y equitativa”.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, presidido por el senador nacional Martín Lousteau, se solidarizó con el fueguino Pablo Blanco y repudió los escraches que sufrió en el Aeropuerto de Río Grande con carteles con su imagen y la frase “Tiro al Blanco”.

A través de un comunicado, el partido que integra Blanco expresó que “tenemos la convicción de que nadie puede ser víctima de un escrache violento por sus opiniones, sus posiciones políticas y sus votos en el Congreso Nacional porque eso implica lesionar la convivencia republicana”.

“Los radicales de todo el país le acercamos nuestro abrazo solidario al senador Blanco frente a las amenazas y rechazamos estas actitudes violentas, provengan de donde provengan del espectro ideológico y ataquen a quien ataquen”, agregaron en el texto publicado en el perfil oficial de la UCR.

Asimismo, reafirmaron que “nuestro partido siempre será el abanderado de la paz y la democracia”, y cerraron que “la sociedad argentina hace muchos años que decidió que la violencia no es el camino y actitudes patoteras como las que tuvo que soportar el senador blanco no deberían ocurrir nunca más”.

Así las cosas, el senador Blanco reposteó el comunicado, y agregó que “la democracia se sostiene en base al diálogo y la tolerancia”. “Gracias a mis correligionarios radicales y a los mensajes de solidaridad que recibí desde otros partidos políticos y de todos los rincones del país”, enfatizó.

La democracia se sostiene en base al diálogo y la tolerancia. Gracias a mis correligionarios radicales y a los mensajes de solidaridad que recibí desde otros partidos políticos y de todos los rincones del país. https://t.co/MEC5enSmOi

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) June 14, 2024

El legislador porteño Lucio Lapeña (UCR) presentó un proyecto de ley para que Autopistas Urbanas SA (AUSA) coparticipe el 25% de los ingresos netos de impuestos y gravámenes a la cuenta del Fondo Permanente destinado a la Ampliación de Subterráneos. También propuso que el 5% esté destinado a financiar programas que se encuentren comprendidos dentro del Plan de Movilidad Sustentable 2030.

"El subte es fundamental para el desarrollo de la ciudad y hacer más eficiente la política de integración social. Este proyecto tiene como objetivo multiplicar el aporte de AUSA a la extensión de la red de Subtes redistribuyendo recursos destinados a la inversión en obras viales", amplió el radical en el texto.

En la actualidad, AUSA destina el 5% para el Fondo Permanente de la Ampliación de Subtes, un 40% del dinero recaudado al mantenimiento de autopista y el porcentaje restante (55%) se invierte en obras públicas. Del mismo modo, la empresa funciona como constructora vial y se encarga del diseño, la gestión y la construcción de autopistas.

También, la empresa recauda ingresos en concepto de peaje de la red concesionada, lo que totalizaron $11.364 millones, como se informó en el balance del 2021.

Pasadas las 12 horas de sesión, el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo, llevó a cabo el cierre de su bancada, donde remarcó su oposición al proyecto y le apuntó con munición fuerte a la Unión Cívica Radical: “Nosotros desde el Pro nos proponíamos no prestarnos al show que el radicalismo junto con su nuevo socio el kirchnerismo quería hacer en este recinto”.

Entre aplausos y rechazos dentro del recinto, el titular de bancada Pro siguió: “Vengo escuchando ese discurso de excusarse y escuchando a diputados hacerse los economistas sin entender que la sociedad argentina votó el cambio profundo, incluso mayor que el nuestro”, en alusión a lo que se conoció como Juntos por el cambio integrado por el Pro, la UCR, la CC y el pichettismo.

Lejos ya de la alianza que apoyó la candidatura de Patricia Bullrich, Ritondo agregó que “hay una pandemia de populismo que se va extendiendo en el Congreso de la Nación”, y cargó puntualmente contra la bancada radical: “Hay algunos que entraron con la camiseta de Boca y en el entretiempo se pusieron la de River”.

Ya dirigido contra Unión por la Patria, remarcó que los haberes jubilatorios “cayeron un 32,4% desde diciembre del 2019 a diciembre del 2023 y un 42,9% en bruto”. “¿Se acordaron ahora caraduras?”, fustigó.

Asimismo, defendió el despacho que presentó su bloque, pero aclaró que desde el Pro “no votamos por La Libertad Avanza ni por Javier Milei, votamos por los argentinos”. “No somos gobierno ni cogobierno, somos coherentes”, señaló Ritondo.

En medio de abucheos e interrupciones, ironizó: “Los escucho hablar pavadas y no digo nada”. Allí, nuevamente cargó contra los radicales: “Para hablar de gobernabilidad hay que ejercerla, pero hay sectores de los que no esperó nada”.

Para cerrar, guardo más ironías y acusaciones contra el bloque que preside Rodrigo de Loredo: “Los creía republicanos, abiertos y comprometidos con el cambio de verdad, pero no me presto al circo y vamos a votar en contra”. “Dime con quien votas y te diré quién eres”, cerró.

Fue oficializada la sesión especial para este martes 4 de junio a las 11 que había sido convocada por el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, quienes hicieron el pedido formal ante el titular del Cuerpo, Martín Menem, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria.

El temario incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

Sin embargo, salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) ambos sectores de la oposición-la más férrea y los dialoguistas- no quedarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto a la fórmula y la recomposición.

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez con 33 firmas y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.

Desde la sesión trunca del 13 de marzo, la cual fue pedida por la Coalición Cívica cuando aun formaba parte de HCF. En esa ocasión, solo acompañaron UP, el FIT y menos de la mitad de la UCR por lo que el quórum no se logró. Allí comenzó el tratamiento en comisiones.

A los pocos días, el Gobierno de Javier Milei publicó el DNU 274/2024 que modificaba la movilidad previsional para que desde abril se actualicen los haberes por la inflación de dos meses atrás. Así, en abril además de la inflación de febrero (13,24 por ciento) se iba a otorgar un 12,50 por ciento por la inflación de enero, que fue 20,61 por ciento.

Ante esto, la oposición no logró unificar los dictámenes, aunque no estarían lejos. Por lo pronto, UP había anunciado que iba a pedir una sesión para el mismo 4 de junio para tratar financiamiento universitario y la recomposición del FONID asi que no sería descabellado que pidan ampliar el temario.

Finalmente fue oficializada la sesión especial de este martes a las 14 que había sido convocada por el bloque radical -en su totalidad- para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

El pedido formal había sido elevado por el bloque radical y tiene un temario con proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).

Con la intención de frenar la sesión, el oficialismo había convocado a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para continuar el debate el próximo jueves a las 16. Sin embargo, entre varias idas y vueltas de este lunes, los radicales optaron por ir directamente al recinto.

En las primeras horas de este lunes, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que darán quórum “coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”. Del mismo modo, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Según pudo saber parlamentario.com, la confirmación de la sesión especial estaba sujeta al resultado de “una conversación de los rectores de universidades y el Gobierno con el propósito de ver si se encuentra solución a la actualización del presupuesto universitario para este año”. En efecto, esto no fue reparado.

A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Agregaron, además, que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

Para el bloque radical, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo. "Están retrasando el dictamen porque no tienen el aval del Gobierno", había deslizado a este medio

Posterior a la sesión trunca, cuatro fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la comisión que preside el macrista Alejandro Finocchiaro. Sin embargo, no hubo señales de dictaminar hasta el pedido de sesión de los radicales, pues este lunes el oficialismo convocó a un plenario de Educación y Presupuesto y Hacienda para desactivar la llegada de los proyectos al recinto. El radicalismo ratificó su idea de sesionar.

El temario con proyectos sin dictamen

Fueron ratificados en el temario de la sesión la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Ahora bien, según lo indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tal cual informó este medio, ese número solo se podría alcanzar si la totalidad de la oposición más dura y los bloques dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, los dos de Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo sumados a los mencionados anteriormente), acompañaran con su voto afirmativo. De todos modos, el número es proporcional a los legisladores presentes en el recinto.

A última hora del viernes y con el foco puesto en el Senado por el tratamiento en plenario de comisiones de la ley Bases, el bloque radical -en su totalidad- convocó a una sesión especial para este martes 21 a las 14 con el fin de tratar el incremento del financiamiento de las universidades y la declaración de emergencia presupuestaria educativa.

El temario que acompaña el pedido formal dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está compuesto por 9 proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, del radicalismo y uno de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Cabe recordar que el bloque radical apuró la cuestión a partir del comunicado del Ministerio de Capital Humano, en donde que afirmaron que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado, a partir de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR”.

En rigor, el bloque radical en la Cámara baja asume que esto no soluciona la cuestión debido a que el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno un reconocimiento a la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

A partir de ello, la bancada presidida por el cordobés Rodrigo de Loredo exige que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Dicho esto, se da por concebido que esta vez la sesión no se caería como ocurrió el pasado 24 de abril y el quórum estaría garantizado. Es muy probable que también acompañen la Coalición Cívica, parte de Hacemos Coalición Federal (Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y los socialistas de Santa Fe), los dos santacruceños y el neuquino Osvaldo Llancafilo.

Un día después de la multitudinaria marcha de la comunidad universitaria, UP fue al recinto con estos mismos proyectos, pero no logró el quórum requerido. En esa ocasión, solo una decena de radicales bajaron al recinto, mientras que la gran parte del bloque optó por seguir el camino en comisiones.

Ahora bien, las nueve iniciativas llegarán al recinto sin los respectivos dictámenes de la Comisión de Educación, los cuales fueron debatidos en cuatro reuniones. Desde la oposición más dura comentaron a parlamentario.com que “están retrasando el dictamen porque no tiene el aval del Gobierno”.

Según indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara baja, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tomando como referencia el temario, podrían estar presentes los 99 de UP, los 34 radicales, los 8 de Innovación Federal y los 5 del FIT. Esto resulta en 146 diputados. Un holgado quórum, pero muy lejos de la mayoría calificada requerida para lograr las medias sanciones.

Así las cosas, para que estas iniciativas avancen también serán necesarios los votos del resto de los bloques dialoguistas. Si contamos a los 16 de HCF, a los 6 “lilitos”, los dos santacruceños y el monobloque de Neuquén la suma da 25, y es justamente el número que necesitan las bancadas que impulsan esta sesión para concretar los dos tercios requeridos en la votación.

Si contamos a La Libertad Avanza, al Pro, al MID, a Buenos Aires Libre y a los 4 tucumanos (3 de Independencia y a la monobloquista Paula Omodeo) la cuenta da 86 diputados. En el caso de que la totalidad de estos bloques optara por bajar a sesionar, la oposición más dura y los dialoguistas requerirán del voto afirmativo del 99% de sus integrantes para lograr el objetivo de avanzar con la actualización presupuestaria de las universidades nacionales.

El bloque de diputados nacionales de la UCR realizó este viernes un pedido de sesión especial para el próximo martes 21 a las 14, con el objetivo de tratar varias iniciativas por las cuales se buscar garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país.

La sorpresiva convocatoria efectuada por la bancada radical vino inmediatamente después de un comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que afirman que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido este viernes, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Allí indican que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

pic.twitter.com/g5HdCUbiit

— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) May 17, 2024

Para los radicales, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

“El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles”, dijeron los radicales a través de un comunicado.

Así las cosas, el bloque envió este viernes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pidiendo una sesión especial el próximo martes 21 de mayo a las 14 para tratar los proyectos sobre financiamiento de universidades y declaración de la emergencia presupuestaria en educación.

El pedido fue firmado por los 34 integrantes del bloque radical en la Cámara baja. Asimismo, el temario propone proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal. De este modo, el quórum estaría garantizado y la sesión no se caería como ocurrió el pasado 24 de abril cuando gran parte del bloque de la UCR no acompañó a la oposición.

Tras la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo.

En el temario están incluidos la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá; una actualización presupuestaria de Mónica Litza; y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro; las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo y Julia Strada; la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria; y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

El diputado nacional Martín Tetaz (UCR – CABA) manifestó so postura contraria al regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y señaló que “es un delirio e inmundo”.

“No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, aseveró el radical.

Asimismo, consideró que “necesitamos darle a la Argentina herramientas para construir estabilidad”. “Queremos sumarle al Gobierno las que creemos que son fundamentales como la reforma laboral”, añadió.

Por último, Tetaz sostuvo que “queremos derogar leyes del 90 que generan problemas en el mercado laboral”. “Nos gustaría que se respete el derecho a la libre afiliación. Le vamos a pedir al miembro informante que se prohíban las contribuciones sindicales que hoy son obligatorias y deberían ser optativas”, cerró.

Presente en la movilización de este martes junto al casi millón de personas que reclamaron por el presupuesto universitario, el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo, explicó las razones por las que no se hizo presente en el recinto para dar quórum y acompañar la sesión que pretendía tratar el incremento de partidas presupuestarias para las casas de altos estudios.

En las afueras del Congreso, el cordobés criticó la postura de Unión por la Patria y señaló que “hay un sector político intentando apropiarse de una marcha que excede las banderías políticas que convocó a una sesión que no resuelve el fondo de la cuestión”. “En esta sesión ¿se podía resolver el problema de fondo?”, agregó.

Durante la jornada del 23 de abril, el jefe de bloque de UP, Germán Martínez, había expresado que “mientras está la multitud en la calle en defensa de la universidad pública, bloques que se dicen opositores están negociando la ley Bases con funcionarios de Milei en el 1° piso de Diputados”, en clara alusión a las autoridades de los bloques “dialoguistas”.

Del mismo modo, fue consultado sobre la recepción que vivió durante la manifestación que movilizó a casi un millón de personas desde la Plaza de los dos Congresos hasta la Plaza de Mayo: “La gente a mí me trata bien. Llevo 20 años marchando”. “Ayer tuve que marchar con La Cámpora y el peronismo”, relató.

Con relación a su ausencia y gran parte del bloque radical en la sesión de este miércoles, señaló que “esto podía ser politizado como la marcha y no podía resolverlo”, y añadió que “es importante que se expliquen estas cosas”.

Recordó, en esta línea, la sesión trunca que había convocado Hacemos Coalición Federal hace algunas semanas para tratar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria -la UCR tampoco dio quórum y luego quedó al mando de la Comisión de Previsión y Seguridad Social- y sostuvo que “el radicalismo no va a ceder”.

Respecto a las críticas que su bloque recibe, defendió que “siento que molesta e incómoda la postura del radicalismo porque es una postura equilibrada”. “No estamos en un lado (libertarios), ni en el otro (peronismo) y esto va a ser resuelto en una sesión conducente”, advirtió.

Asimismo, se refirió a la presencia de Sergio Massa y Cristina Kirchner (sin nombrarlos) en la marcha y afirmó que “destruyeron la educación en el pais”. Para cerrar, concluyó que “nosotros no manoseamos las cuestiones que son sagradas en el país”.

Con la presencia de diez diputados y tres senadores nacionales, se llevó a cabo la tercera reunión de este nuevo frente agropecuario que reúne voluntades de todos los espacios políticos

Nuevamente, se plantearon diferentes líneas de acción para comenzar a trabajar en conjunto y los legisladores coincidieron en que “existe una oportunidad para lograr acuerdos que permitan el desarrollo sostenible de las pymes, la infraestructura y conectividad, teniendo en cuenta las diferentes realidades productivas”.

De la Cámara baja, Estuvieron presentes en esta reunión: Soledad Carrizo, Marcela Antola, Pedro Galimberti y Gabriela Brouwer de Koning, del radicalismo; Sofía Brambilla, Patricia Vásquez y Martín Maquieyra, del Pro; Daniel Arroyo, de Unión por la Patria; el rionegrino Agustín Domingo (Innovación); y Francisco Morchio (HCF).

En representación de la Cámara alta, estuvieron el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) y los radicales, Gabriela Valenzuela (Corrientes) y Daniel Kroneberger (La Pampa). “Cuando trabajamos juntos, logramos buenos resultados”, coincidieron los legisladores.

Asimismo, se debatieron sobre temas específicos como transporte -específicamente ferrocarriles e Hidrovía-, economías regionales, derechos de exportación, seguros agrícolas, riego, seguridad rural, entre otros.

Estos 13 nuevos invitados se suman a los 24 que ya estuvieron en las anteriores. Del mismo modo, anticiparon que este encuentro se seguirá realizando.

En medio del brote del virus del Dengue y el posterior anuncio del Gobierno, donde autorizaba la importación de repelentes, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo Nacional informe el porqué de la demora en la apertura de llegada del producto desde el exterior.

“Una mayor oferta bajaría los precios exorbitantes y resolvería la escasez ¿Por qué esperar ante una situación tan urgente?”, cuestionó en la iniciativa.

También, le solicita al ministro de Salud, Mario Russo, y a la titular de la de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, que detallen las medidas preventivas y de control para el brote de Dengue que ataca al país, en especial al desabastecimiento de repelentes.

Acompañaron el texto de Banfi, los diputados nacionales Julio Cobos, Danya Tavela, Carla Carrizo, Marcela Antola, Gerardo Cipolini y Roberto Sánchez.

El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial” en el marco de lo establecido en los artículos 14 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional.

En un comunicado, explicaron que “nuestro país vive un proceso de cambios. La educación es y debe ser, de manera inexorable, parte de esa discusión pública y del debate legislativo”. El proyecto propone distintas propuestas y aportes tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores nacionales, a los que suma aspectos como el referido a la incorporación de la educación emocional.

Esta iniciativa propuso:  Garantizar la cobertura de servicios educativos mínimos de al menos un 75% de su prestación normal; Añadir lineamientos para la evaluación de la carrera docente; Fomentar el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas; Incorporar al finalizar el secundario de un examen censal obligatorio; y la implementación de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.

Con respecto a la Educación Superior Universitaria, se propone la modificación de la Ley 24.251, estableciendo que los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal serán gratuitos, permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros; se propone la aplicación universal de mecanismos de nivelación para el ingreso; la obligatoriedad de evaluaciones externas para las instituciones; y que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función de los criterios que se acuerden con el Consejo Interuniversitario Nacional.

“Entre los cambios que la Argentina necesita, la educación juega un rol fundamental, formando a niños y los jóvenes como personas y preparándolos para los empleos del futuro, en una comunidad global que presenta desafíos cada vez más grandes y que avanza cada vez a una mayor velocidad, pero que también ofrece enormes oportunidades de desarrollo”, añadieron desde el bloque radical.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Julio Cobos (UCR – Mendoza), propuso este miércoles cambiar el huso horario en toda la región argentina para ahorrar energía.

El radical lo explicó a través de su perfil en x y amplió que “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes”.

“Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, agregó en relación a la iniciativa que llevó al Congreso.

Además, señaló que nuestro país “se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5. Sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”.

En este caso, lo que Julio Cobos propone sería adelantar una hora los relojes de todo el país y así poder aprovechar mas tiempo las horas de luz. De esta manera se busca promover el ahorro de energía.

Cabe recordar que cuando el mendocino fue vicepresidente de la Nación durante el primer mandato de Cristina Kirchner (2007 – 2011), esta medida fue llevada a cabo durante los veranos de los años 2008 y 2009.

NOTICIA EN DESARROLLO

Luego del rechazo al DNU 70/2023 en el Senado, los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco) emitieron un comunicado donde remarcaron que “queremos un cambio en el país y una UCR moderna”, cuestionando a Martín Lousteau actual titular del partido centenario, quien votó por negativamente en el recinto.

El comunicado también lleva las firmas de los presidentes de bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, y en Diputados, Rodrigo de Loredo. “La Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia que nos sometió el kirchnerismo durante años”, aseveraron.

“Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, continuó el texto.

Asimismo, este sector de la UCR ratificó su postura con relación al Gobierno Nacional: “Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy Argentina”.

En tal sentido, afirmaron que “apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado Nacional, la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento como país”.

También, añadieron: “Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el Gobierno Nacional, para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kirchnerismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto”.

“Pero también abogamos para que estas reformas sean fruto del consenso y, por eso, el Ejecutivo Nacional no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral. Somos muchos los que queremos cambios profundos en la Argentina”, indicaron.

Antes del cierre, manifestaron que “desde el lugar que ocupa cada uno, debemos contribuir con acciones conducentes a lograr los acuerdos que ayuden a sacar a nuestra sociedad de la profunda crisis que está atravesando”.

Por último, los firmantes de la UCR expresaron: “Queremos un cambio, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia”.

Comenzó este miércoles la reunión constitutiva de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la cual pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 11. La designada para presidirla era Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba), pero una intromisión reglamentaria impidió que sea designada.

La documentación que confirmaba el cambio entre la radical cordobesa en lugar del mendocino Lisandro Nieri no llegó a tiempo -la reunión comenzó pasadas las 16 y hubo un cuarto intermedio de 10 minutos- y se decidió esperar un día más. Por el momento, la Comisión de Previsión y Seguridad Social estará presidida por Karina Banfi.

Cabe recordar que previo a la sesión trunca, el nombre elegido era el del diputado nacional Carlos D’Aleesandro (LLA -San Luis). Sin embargo, La Libertad Avanza le ofreció la Presidencia a la UCR minutos antes del inicio de la reunión constitutiva y fue por eso que se ocasionó el retraso en las oficializaciones.

Según supo parlamentario.com, Brouwer de Koning le ganó la pulseada a Martín Tetaz en la puja por la titularidad de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la cual será designada el jueves a las 11 en la reanudación de la reunión.

En el inicio de la reunión, el jefe de bloque libertario, Oscar Zago, insistió con un cuarto intermedio de 15 minutos para esperar si llegaban las notas y ordenar la cuestión. Asimismo, Banfi ya había propuesto el nombre de Brouwer de Konig para presidir la comisión.

Pero desde Unión por la Patria y la Coalición Cívica, dos de los bloques presentes en el recinto cuando la sesión impulsada por Hacemos Coalición Federal para tratar la actualización de los haberes jubilatorios fue desactivada por falta de quórum, esperaban atentos para confrontar contra el oficialismo y los radicales.

Germán Martínez, jefe de bancada de UP, señaló que “hay un acuerdo de no dar quórum para darle esta presidencia a la UCR”. Del mismo modo, Maximiliano Ferraro (HCF) consideró que “lo mínimo que hubiéramos esperado es que el oficialismo o quienes conducen esta Cámara, hubieran ordenado de otra manera el inicio de una comisión central para una prioridad que es darle respuesta a los jubilados con el cambio de movilidad jubilatoria en la Argentina”.

Además, el titular de la CC-ARI enfatizó que “tenemos una inflación interanual del 276%, que los jubilados en todo ese recorrido anual tuvieron solamente un incremento de más del 130%, que en el primer bimestre la inflación fue del 36,6% y el incremento fue solamente del 27%, que se dispararon dos rubros que son prioritarios en la Argentina que son el 300,3% en alimentos, el 300,6% en salud y principalmente lo que es medicamento”.

En esa línea, exigió que se les dé tratamiento a las iniciativas del Frente de Todos, de la Coalición Cívica – ARI (presentados en 2023), a uno de María Eugenia Vidal y a todos los proyectos sobre actualización de las prestaciones previsionales. “Pido trazar una hoja de ruta clara, precisa y previsible para los miles y miles de jubilados que esperan una respuesta”, aseveró Ferraro.

A su vez, remarcó la necesidad de realizar una reunión plenaria junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el nuevo integrante de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y solicitó que se inicie el tratamiento el miércoles 20 a las 12 y que el dictamen no se pase del próximo 9 de abril.

Finalizado el cuarto intermedio solicitado por Zago, la presidenta -provisoria- de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Karina Banfi, comunicó el pase a un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 11. Como se mencionó, no llegó la oficialización del reemplazo de Brouwer de Koning por Nieri, y por ende no tenía la autorización para ser la titular de la comisión.

En el cierre, la diputada nacional Paula Penacca le reclamó a Zago que “haga las gestiones necesarias y así todos los bloques tengamos la cantidad de integrantes y las autoridades”.

Cecilia Moreau repudió la maniobra

Rápidamente, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se manifestó respecto al tema: “Inédito papelón en el Congreso, quieren designar como presidenta de la comisión de previsión a una diputada que no es miembro de la misma”.

“No hay antecedentes en la historia parlamentaria de modificar la composición una vez iniciada la comisión. Lo bien que hicimos desde el bloque de Unión por la Patria de haber participado de la sesión especial por la fórmula de movilidad jubilatoria y no entrar en ninguna negociación para dilatar el tratamiento de los proyectos”, aseveró en X.

Asimismo, defendió a la legisladora designada y expresó que “lamento el manoseo a la que fue expuesta Gabriela Brouwer de Koning con la que tuvimos el honor de sancionar la ley de creación de la Universidad de Rio Tercero, hoy paralizada por este Gobierno”.

Inédito papelon en el congreso, quieren designar como presidenta de la comisión de previsión a una diputada que no es miembro de la misma. No hay antecedentes en la historia parlamentaria de modificar la composición una vez iniciada la comisión. Lo bien que hicimos desde el… pic.twitter.com/HMoG0H2gdZ

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) March 13, 2024

El jefe de bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, también estuvo presente en el AmCham Summit -foro que nuclea a las empresas de Estados Unidos en la Argentina- y se refirió a la composición de la Cámara alta: “Hay cambios importantes porque el peronismo ya no es mayoría y el partido del Gobierno Nacional tiene 7 senadores sobre 72, cuestiones a tener en cuenta y que hablan de la necesidad de trabajar en consensos”.

Del mismo modo, planteó que “sin dudas, hay que reformar la ley laboral”. “Los números son clarísimos, la mitad de los trabajadores argentinos están en negro. Hay que disminuir las multas, estirar el periodo de prueba y hacer una democratización de las entidades sindicales”, señaló.

Así las cosas, sostuvo que “estamos ante el momento ideal, no tenemos que perder esta oportunidad para dialogar y generar acuerdos. Más allá de las diferencias que tenemos entre los distintos bloques, hay muchas cosas en las que podemos coincidir”.

Con relación al bloque de la UCR en el Senado, manifestó: “Debemos trabajar juntos. Invitamos permanentemente a dialogar a quienes producen e invierten”. “Aprendemos de su liderazgo y confiamos en su capacidad para afrontar los cambios”, agregó.

“El Estado y la burocracia no les debe sacar tiempo, ellos deben estar abocados a los desafíos que suponen el cambio climático o las nuevas tecnologías, todas las cosas que le preocupan hoy al mundo”, enfatizó Vischi.

Finalmente, expresó que “otro aspecto a sopesar es que en el Senado están representadas todas las provincias argentinas de igual manera, es el espacio más federal que tenemos. Necesariamente, el diálogo es el camino”.

Vischi compartió el panel “El nuevo Congreso” junto a los diputados nacionales Juan Manuel López (Coalición Cívica – Provincia de Buenos Aires), Germán Martínez (Unión por la Patria – Santa Fe) y Florencio Randazzo (Hacemos Coalición Federal – Buenos Aires).

El diputado nacional Mario Barletta presentó un proyecto de ley este lunes para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2024, tras de los asesinatos y la violencia callejera en la ciudad de Rosario.

El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”.

Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

Este tema había sido reclamado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual había sido incorporado por la oposición “dialoguista” en el tratamiento de ley ómnibus que finalmente se cayó el 6 de febrero pasado. Sin embargo, el bloque radical tendrá la oportunidad de tratarlo sobre tablas este miércoles en la sesión especial convocada para debatir sobre movilidad jubilatoria.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) ratificó este lunes los proyectos de ley que viene presentando desde el 2018 -perdieron estado parlamentario- respecto a la democratización en sindicatos y obras sociales con el fin de “promover la alternancia en los órganos de dirección y administración, y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción”.

En línea con uno de los textos que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en la Asamblea Legislativa dentro del paquete de leyes que enviará en el corto plazo al Congreso, la legisladora radical propone “limitar la reelección indefinida, estableciendo un límite de 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno”.

En el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado anticipó que propondría “una sola reelección”. “Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral”, había anunciado Milei.

El texto de Carrizo obligará a las asociaciones sindicales “a modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley en el plazo de un año de promulgada la presente”, y agregó que “se considerará que inician su segundo periodo consecutivo aquellas autoridades sindicales que pretendan renovar su cargo en las primeras elecciones luego de entrada en vigencia esta ley”

Respecto a las obras sociales sindicales, Carrizo propuso “establecer la incompatibilidad para el ejercicio simultaneo de cargos electivos en obras sociales y sindicatos, lo que hoy constituye uno de los principales incentivos para la corrupción y la generación de ilícitos dentro de estas entidades”.

El diputado nacional Pablo Cervi (UCR – Neuquén) presentó un proyecto para solicitar la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, en la Cámara de Diputados para que dé a conocer algunos temas referidos a las políticas en materia de comercio exterior que el Gobierno Nacional llevará a cabo durante su mandato.

Además. El texto exige que la funcionaria explique sus afirmaciones sobre la decisión del Gobierno “de no intervenir en las relaciones exteriores, dejándolas en manos de actores privados”.

La iniciativa, además, propone conocer detalladamente las negociaciones comerciales, especialmente en el caso de las PyMEs, y quién será responsable de acordar en materia de aranceles y regulaciones sanitarias.

Del mismo modo, solicita información respecto a la posible reducción de funciones de embajadas y agregadurías comerciales, cuestionando si esta medida implicará una disminución en la estructura y el personal del Servicio Exterior de la Nación.

Finalmente, el proyecto de Cervi pide explicaciones sobre la designación de un nuevo embajador en Brasil luego de la renuncia de Daniel Scioli, la posible expansión del Gasoducto Néstor Kirchner, y la generación de lineamientos en política exterior que garanticen previsibilidad, transparencia y desburocratización para las inversiones en exportaciones e importaciones.

El proyecto fue acompañado por la vicepresidenta del bloque Karina Banfi y los diputados nacionales Carla Carrizo, Pamela Verasay, Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Julio Cobos, Manuel Aguirre, Atilio Benedetti y Lisandro Nieri.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba) presentó un proyecto de ley para fortalecer el proceso de construcción de acuerdos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, mediante la reforma a la Ley 24.013 de Empleo.

La legisladora radical expresó que “la razón de la presentación de esta iniciativa tiene que ver con la situación económica y con la necesidad de fortalecer los mecanismos para el funcionamiento periódico y el cumplimiento de la función social que cumple el SMVM”.

“Este sueldo básico tiene un impacto enorme en las dinámicas de convivencia económica argentina, es utilizado como referencia para diferentes programas sociales como el programa Potenciar Trabajo (Equivale al 50% de un salario mínimo, vital y móvil) o se utiliza como límite en otros programas administrados por ANSES como las Becas Progresar (el grupo familiar del solicitante no debe superar tres SMVM) o la AUH”, explicó.

Entre los fundamentos del texto, propone: Modificar el inciso a) del artículo 135 de la Ley de empleo para establecer que la determinación periódica del Salario Mínimo Vital y Móvil sea prevista para todos los meses del año y de esta forma evitar la no determinación por falta de convocatoria a sesión, especialmente en el receso, como ha sucedido en el pasado mes de enero.

También, modificar el artículo 137 de la Ley de empleo a fin de especificar el proceder en materia de plazos en caso de no lograrse la mayoría requerida para la toma de una decisión en una primera sesión. Para esto se especifica que debe convocarse a una nueva sesión en un plazo no mayor a 10 días, la cual debe tener carácter presencial. Ante el fracaso de la segunda reunión el presidente del cuerpo tiene el deber de laudar, sin embargo, la ley no se establece un plazo para ello, por lo cual la propuesta aquí vertida fija una tiempo límite de 7 días.

Y finalmente, incorporar la variación del índice de precios al consumidor como criterio para definir el quantum del SMVM. En este caso, existen antecedentes en países de la región como en el artículo 17 de la Ley 10.449 de la República Oriental del Uruguay o en el artículo 8 de la Ley 278/96 de la República de Colombia.

El proyecto lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Cervi, Julio Cobos, Pedro Jorge Galimberti, Marcela Coli, Gerardo Cipolini, Mario Barletta, Manuel Ignacio Aguirre y Mariela Coletta.

En tal sentido, Brouwer de Koning cerró: “Con esta propuesta pretendemos que SMVM cumpla con el objetivo por el cual fue creado, esto es garantizar un ingreso mínimo por trabajador que le permita acceder a una canasta mínima de bienes y servicios, como asi también, ser una herramienta en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso”.

Por un lado, diputados naciones de Unión por la Patria y por otro, de la Unión Cívica Radical, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que actualice, a través del ajuste por inflación, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.

El proyecto de UP fue encabezado por Leopoldo Moreau y acompañado por la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el jefe de bancada, Germán Martínez; y los diputados nacionales: Blanca Osuna, Itaí Hagman, Paula Penacca, Eduardo Valdes, Carolina Galliard, Pablo Carro, Sabrina Selva, Mónica Macha, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra, Hugo Yasky, Daniel Gollan, Sergio Palazzo, Mónica Litza, Carlos Castagneto y Rogelio Iparraguirre.

El Texto de la oposición más férrea sostuvieron que las universidades “se encuentran al borde de un escenario de colapso, que en un lapso no mayor de dos o tres meses puede llegar incluso a paralizar las actividades académicas, de investigación e incluso las prestaciones de sus Hospitales Escuela”.

Asimismo, propusieron tratarlo de manera “urgente e inmediata” desde el 1ero. de marzo cuando, tras la Asamblea Legislativa, comience el período ordinario en la Cámara de Diputados.

El texto de la UCR

Por el lado del radicalismo, se presentó un proyecto a través del cual expresa su preocupación ante la falta de actualización presupuestaria en materia universitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, le solicitan al Gobierno que incremente esas partidas, teniendo en cuenta la situación de emergencia declarado por universidades nacionales.

El proyecto fue encabezado por la diputada nacional Marcela Coli y acompañado por Manuel Aguirre, Marcela Antola, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Danya Tavela y Gabriela Brouwer de Koning.

En tal sentido, Coli señaló que “son varias las universidades nacionales que han declarado emergencias en virtud de la situación que atraviesan”. “La Universidad Nacional de La Pampa declaró la emergencia de su sistema de comedores universitarios a raíz del congelamiento de los gastos de funcionamiento”, agregó.

También, expresó que “así como la Universidad de Buenos Aires resolvió manifestar el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria respecto de la situación presupuestaria”, y recordó que la Ley de Educación Superior dispone en su artículo 2 que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”.

Para concluir, señaló que “la defensa de la educación pública constituye un deber histórico, parte del patrimonio nacional, en este caso, la universidad nacional es un pilar de desarrollo equitativo y federal, que contribuye al país con conocimiento, innovación, investigación, ciencia, tecnología y sus actividades de extensión”.

“Comprender su rol protagónico e importancia es indispensable y para esto defender su financiamiento es una tarea del parlamento que se lleva adelante mediante esta iniciativa”, concluyó Coli.

Acompañado por el presidente de bancada, Rodrigo de Loredo, un grupo de diputados nacionales del bloque radical presentó una denuncia en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal con el objeto de que se investigue la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo respecto de los dichos del presidente Javier Milei que involucran a legisladores nacionales.

En la denuncia formal, los diputados radicales relataron que “las primeras declaraciones en este sentido corresponden al 2023, oportunidad en el que en el canal LN+, el presidente afirmó ‘a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Este DNU apunta contra los corruptos’”.

Del mismo modo, agregaron que en otro reportaje, Milei expresó que “hay un conjunto de traidores, estafadores, que ponen por encima sus privilegios de casta, sus negocios personales, por encima de los intereses del país, ingresan a la política y así robar el dinero de los pagadores de impuestos”.

Un conjunto de Diputados de la UCR nos autodenuciamos ante la Justicia para que los Tribunales resuelvan si es verdad que hubo coimas en el tratamiento de la Ley Ómnibus. Ante las irresponsables declaraciones de las máximas autoridades del país es imprescindible echar luz. pic.twitter.com/yQiFlUh1ug

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 14, 2024

En tal sentido, solicitaron que el presidente de la Nación sea citado a declarar para informar los nombres de los legisladores que habrían percibido sobornos; informar el nombre de quienes habrían pagado dichos sobornos; y aportar los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido.

Además del jefe de bancada radical, la denuncia lleva las firmas de los diputados nacionales Fernando Carbajal, Manuel Aguirre, Julio Cobos, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Martín Tetaz, Pedro Galimberti, Juan Carlos Polini y la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi.

Los avances en las negociaciones para que el Pro y la Libertad Avanza se fusionen en una alianza para gobernar la Argentina es casi un hecho y lo que falta para terminar de cerrarla es una cumbre en la que Mauricio Macri y Javier Milei le den la puntada final de los alcances de ese acuerdo.

Se habla como un paso prácticamente casi dado de una alianza parlamentaria en donde los bloques tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores articulen las estrategias a seguir en el Congreso Nacional y sumar de esta forma volumen político en el ámbito legislativo.

Lo que aún falta saber es si esta nueva alianza política implicaría la incorporación de nuevos funcionarios provenientes de las filas del PRO al gobierno nacional tal como ya sucedió con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich pero esta vez como consecuencia de un acuerdo global entre los partidos y no por la decisión unipersonal de eventuales nuevos funcionarios del Pro que se quieran sumar al gabinete nacional.

En este contexto, ya es un hecho que la alianza que fuera creada en 2015 y que hasta el año pasado integraban un mismo frente electoral entre el PRO, la UCR, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica bajo la denominación de Juntos por el cambio esta fracturada y prácticamente herida de muerte.

Pero habiendo definido el Pro su nuevo rumbo, aún falta saber qué hará el centenario partido fundado por Alem e Yrigoyen que hoy se encuentra dividido entre aquellos radicales que están decididos a dialogar con el nuevo gobierno y llegar a acuerdos básicos con algunas de las propuestas impulsada por los libertarios. Y quienes consideran, por el contrario, que la Unión Cívica Radical tiene que cumplir un rol más claro de oposición.

Sin dudas, que estamos frente a una oportunidad para que el radicalismo recupere su identidad y cumpla un verdadero y activo rol de oposición a las políticas que nada tienen que ver con el ideario de la UCR poniendo un freno a la liberalización y dolarización de la economía, al ajuste sobre la clase trabajadora, los jubilados y la clase media, la ola privatizadora y la tendencia autoritaria que surge de la impronta gubernamental.

La Unión Cívica Radical, encabezada por el  presidente del Comité Nacional y senador Martín Lousteau, le exigió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que designe a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El pedido fue acompañado por los presidentes y vicepresidentes de bloque de ambas cámaras, Rodrigo de Loredo y Karina Banfi, por Diputados; y Eduardo Vischi y Pablo Blanco, por el Senado; y de los vicepresidentes del partido centenario, Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff.

La nota afirma que “la Constitución Nacional es clara al establecer que esta comisión reviste carácter permanente”. Y señala que la no designación “es una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno”.

“Su persistente demora en conformar la comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos”, consideraron, luego de remarcarle que la vicepresidenta Victoria Villarruel ya designó a los ocho integrantes de la Cámara alta.

Los designados por el Senado fueron: el riojano Juan Carlos Pagotto, por el oficialismo; el cordobés Luis Juez (Pro); el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR); el salteño Juan Carlos Romero (CF); y por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González.

La demora de Menem en la designación de los integrantes por la Cámara baja responde a una puja con Unión por la Patria por la cantidad de miembros que le corresponden. Mientras el presidente del cuerpo dice que son tres, desde el bloque de la primera minoría reclaman cuatro lugares.

Durante todo el período extraordinario, el oficialismo ha estirado así la conformación de esa bicameral, donde la oposición quiere tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía.

Al cumplirse el plazo desde que el decreto ingresó al Congreso para ser tratado en comisión, UP en el Senado pidió dos sesiones para directamente debatirlo en el recinto. Sin embargo, Villarruel se negó a convocar el pasado 1ro. de febrero. La próxima fue solicitada para este jueves, y correría la misma suerte.

Exigimos respeto a la constitución nacional ⬇️ https://t.co/SbwbRZUoVT

— Francisco Monti (@franmmonti) February 12, 2024

El jefe de bancada radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, lamentó la vuelta a comisiones del proyecto de ley Bases y al borde de quebrarse señaló que “había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina”.

También se refirió a los “likes” del presidente Javier Milei y agregó que “las que son fake news son más suaves que las que son oficiales, de manera que el diálogo está cortado. No es un buen sendero porque no avizora nada bueno para los argentinos una dinámica de ese tipo”.

“Personalmente estoy triste y frustrado porque trabajamos mucho para que salga un texto legal que le sirva a los argentinos, pero los fundamentalismos lo impiden y el radicalismo permitió que haya dictámenes y que se apruebe en general”, aseveró el cordobés.

Del mismo modo, cuestionó al oficialismo: “La pregunta que le formulé es si efectivamente querían aprobar estos textos, si querían aprobar estas reformas de ley, porque las cosas que se mezclaban, el ímpetu con que las traían, me hacía dudarlo, pero pregunté de buena leche ¿ustedes quieren que se apruebe esto?”.

Además, enfatizó que “la lógica del todo o nada sirve para las elecciones. Por eso no nos va bien en las elecciones, porque no somos amigos de esas lógicas, garpa, pero no termina cambiando las cosas”. También, remarcó que le avisó al LLA que “no te confíes de los gobernadores peronistas”.

Así las cosas, defendió a un integrante de su bloque: “Había dirigentes como Facundo Manes, que de una forma muy transparente y genuina, viene y defiende porque no está de acuerdo con ese inciso de esa delegación y me parece súper válido en la democracia”.

Respecto a la delegación de facultades, De Loredo ejemplificó: “Vayan a Córdoba y vean si Martín Llaryora no tuvo delegaciones cuando gobernó”. “Hubo emergencias y delegaciones en la ciudad, votaron todo en contra porque no recibieron no sé qué y es un comportamiento que a mí no me parece que esté bien”.

Consultado por las declaraciones de Milei, De Loredo profundizó: “En lo personal, me tienen absolutamente sin cuidado. Hace tiempo que lo que diga él a mí me tiene sin cuidado”. “Dice barbaridades, estupideces y no necesito que me agradezca nada tampoco”, cargó.

A su vez, se refirió a los posteos en X del jefe de Estado: “Sube una lista del bien y del mal, y me puso el lado del bien, le pido que me saque el lado ese”, y agregó que “no quiero estar en ninguna de las listas de los lados que arma”.

“No me importa tampoco que nos aplaudan, ni mucho menos que nos insulten. Y lo paradojal es que nosotros tuvimos un comportamiento en simultáneo a los insultos. No me mueve”, aclaró el jefe de bancada radical.

Finalmente, remarcó que “había una gran oportunidad de hacer reformas para la Argentina, pero vienen los fundamentalismos de siempre”. “Se los hunden como país y empieza todo de cero”, concluyó.

Luego de la vuelta a comisión de la ley ómnibus, impulsada por el Gobierno, en la Cámara de Diputados y las reacciones del presidente Javier Milei a través de las redes sociales, desde la Unión Cívica Radical reclamaron que “hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar”.

“El presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus”, señaló el partido centenario, presidido por el senador Martín Lousteau, a través de un comunicado.

También remarcaron las declaraciones en la conferencia de prensa que dio el presidente en Israel, durante la que calificó como un “conjunto de delincuentes” a quienes rechazaron ciertos incisos de la ley.

“Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes. Nada de esto es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia”, sostuvo el radicalismo en el comunicado.
Y finalizó: “Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos basados en el diálogo y la madurez con las que afrontemos los enormes problemas del país. Ese es el camino para salir de la crisis”.

A horas del inicio del debate acerca de la Ley Ómnibus, los legisladores de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) expresaron su enérgico repudio a las pintadas agraviantes que aparecieron en el local partidario de Boedo, en la Comuna 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que los tildaron de “inútiles, vendidos, cagones y dañinos”.

Atentos a esta situación, desde la UCR manifestaron que “a la violencia y la intolerancia: nunca más. Repudiamos el ataque contra uno de nuestros comités del barrio de Boedo. Este tipo de expresiones representan todo lo que no queremos para la Argentina” y destacaron que “el radicalismo camina por la vereda del frente, fiel a sus principios y convicciones históricas. Creemos en el debate, en la construcción a través de las diferencias y el consenso. A la violencia vamos a responder con más trabajo y voluntad democrática”.

En tanto la diputada Aldana Crucitta (UCR-Ev) aseguró que “este tipo de manejos no representan lo que buscamos desde nuestro partido para la Argentina. Repudiamos el ataque contra uno de nuestros comités en el barrio de Boedo. La herramienta para construir consenso es el debate, no estos actos delictivos. A la violencia: nunca más”.

Además, Francisco Loupias (UCR-Ev) expresó su “repudio absoluto a quienes no saben convivir en Democracia y recurren a tácticas violentas, anacrónicas y oscuras para acallarnos. No lograrán su cometido. Nuestra solidaridad y apoyo al Centro de Estudios Claudia Bazze”.

A contrarreloj y tras intensas negociaciones hasta última hora, el oficialismo logró un trabajoso éxito este miércoles de madrugada, cuando pasadas las 1.30 anunció que el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ya tenía dictamen. Y que, tal cual buscaba afanosamente, ese dictamen correspondía al oficialismo, con 55 firmas, 34 de ellas en disidencia parcial.

El primer dictamen de minoría fue de Unión por la Patria, con 45 firmas; el segundo es de la Coalición Cívica, con 3; el tercer dictamen de minoría tuvo 2 firmas, de Margarita Stolbizer y Mónica Fein, y por último el de la izquierda, suscripto por Christian Castillo. “Lo presentó a último momento”, le comento a modo de reproche ante la queja que ya estaba formulando, el presidente del plenario, Gabriel Bornoroni.

La reunión se inició justo a las 21 de este martes con los miembros de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, y concluyó 4 horas y media más tarde.

Fue la séptima y última reunión de este plenario, en la que La Libertad Avanza contó con el apoyo del Pro y un sector de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR, aunque estos tres bloques acompañaron en disidencia y buscarán "pulir" artículos en la sesión que sería convocada para este jueves. La sorpresa también estuvo en la firma de un diputado de Unión por la Patria, el tucumano Agustín Fernández que lo hizo por pedido del gobernador Osvaldo Jaldo.

Como se vio, dentro de las bancadas opositoras hubo divisiones internas. La Coalición Cívica firmó un dictamen propio porque no avalan las facultades delegadas, ni la actualización jubilatoria y tampoco la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.  En tanto, Margarita Stolbizer y la socialista Mónica Fein también prepararon un texto propio. Parte del radicalismo -ligado a Facundo Manes- tampoco firmó el dictamen del oficialismo.

El lunes, el Poder Ejecutivo quitó más de 140 artículos de la redacción original. Sin embargo, las diferencias con la oposición "dialoguista" continuaban respecto a movilidad jubilatoria, retenciones y modificaciones electorales.

Durante este martes, y ante los rumores de suspensión del plenario, la confirmación de "acuerdo" fue manifestada desde el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue confirmada el retraso del plenario de las 18 a las 20.30, pero luego volvió a postergarse para las 21.

El debate

En defensa del proyecto del Ejecutivo habló el libertario Santiago Santurio destacó el debate en comisión y detalló que han pasado 7 secretarios de Estado, ministros nacionales, el Procurador Nacional del Tesoro.

“En poco más de un mes de gobierno hemos discutido sobre la Ley Bases, hemos respondido sobre el DNU y también hemos pasado una evaluación del Gobierno a solo un mes de haber asumido”, indicó y resaltó que “pocas veces ha habido tanta actividad en el Congreso en el mes de enero y para nosotros es un orgullo el trabajo que tenemos para mostrar hacia adelante”.

El bonaerense planteó: “Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que los ciudadanos son la solución, que la política tiene que empezar a dejar de ocupar espacios para que los ciudadanos, para que el sector privado, familia, empresa pueda hacer lo que tiene y sabe hacer, producir, emprender, innovar, hacer cultura. No creemos que el Estado presente sea la solución”.

Y siguió: “Creemos que la solución es que nosotros dejemos hacer, crear las garantías necesarias para que cada ciudadano decida qué hacer, dónde vivir, elegir cómo vivir, qué comprar, qué vender y cuándo hacerlo”.

“Venimos de un deterioro grande porque durante los últimos 4 años los trabajadores perdieron un 30% del poder adquisitivo, los jubilados igual, todos los argentinos estamos mucho peor. Son décadas de decadencia”, cuestionó y planteó: “Nosotros queremos poner esta Ley de Bases para comenzar una reconstrucción distinta en el país. Hay un montón de cosas que queremos hacer, pero sabemos que la Argentina necesita que es que el Estado le saque el pie de encima a los ciudadanos para que puedan crecer”.

Y cerró: “Necesitamos la sanción de esta ley para comenzar el proceso que deje atrás la decadencia que nos metió la política y empezar un proyecto de crecimiento que sea con los ciudadanos como protagonistas”, al tiempo que solicitó y agradeció el acompañamiento de los bloques opositores.

Durante su intervención en el debate, el diputado Martín Tetaz (UCR) chicaneó al presidente de la Nación porque “en el mes de enero trabajamos más que él durante los dos años que fue diputado”. Así, le manifestó que “la inmensa mayoría tenemos la voluntad de acompañar y ayudar al Gobierno en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis”.

Sin embargo, cuestionó que “esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados. Estamos convencidos que no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción y mucho menos a las exportaciones porque cuando le ponemos impuestos, entran menos dólares al país y, entonces Argentina tiene cada 5 años una crisis de balanza de pagos y el precio del equilibrio externo es más alto, y por lo tanto los salarios reales de toda la población es más bajo y la pobreza es mayor”.

“Estamos convencidos que no podemos darle al presidente facultades extraordinarias al presidente que le hemos negado a lo largo de los años a otros”, apuntó y sumó: “Muchas de las reformas incluidas en este proyecto de ley son importantes para discutir como la política, pero que no hacen a la situación de emergencia que tiene que resolver ahora y ameritan un debate profundo a lo largo del año en las sesiones ordinarias con la participación de especialistas”.

En esa línea, remarcó que hay áreas que “no están en emergencia y que hacen al financiamiento del Estado” como el área de cultura y planteó que debe tener un debate en la comisión correspondiente porque “hay mucho por mejorar”.

Tetaz coincidió en reducir las burocracias y en que debe “haber muchas reformas”, pero “tenemos que debatirlas con la profundidad que requieren”. “Estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno, al tiempo que mantenemos la posición en defensa de la jubilación, sectores productivos, división de poderes y el sistema republicano de gobierno”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que habían esperado que el oficialismo se organizara, reconoció que existe una “curva de aprendizaje” que deben cumplir y lamentó que “hasta ahora no han dejado ayudarse por un montón de bloques de la oposición. Porque el país lo necesita y se lo hubiéramos dado a cualquier presidente y a cualquier gobierno”.

“Nosotros no podemos votarla -señaló López sobre la ley-, por eso vamos a tener nuestro propio dictamen, que creemos va a ser una herramienta más seria, más ordenada, pero sobre todo más justa”.

Sostuvo que esta ley “es inabordable en extraordinaria” y destacó que el dictamen que presentarían sería una herramienta “más seria, porque no tiene delegaciones legislativas”. Le recomendó al oficialismo revisar el gasto tributaria y aseguró sobre el paquete fiscal que “es increíble que no se estudie el gasto tributario de Tierra del Fuego, es increíble que no se estudie ese gasto. Es el sector más asistido por el Estado en relación a lo que aporta”.

Respecto de la movilidad jubilatoria, criticó la fórmula que propuso en su momento Alberto Fernández, con la que reemplazó la de Cambiemos de 2017. “Esa fórmula produjo en el último trimestre un ajuste del 53% en el valor de las prestaciones. Y ustedes nos proponen empezar a ajustar a partir de marzo. Los jubilados no dan más y sabemos que se puede hacer un esfuerzo más; el ministro de Economía lo sabe y se puede ir a los valores de diciembre ni bien se sancione la ley”.

Cuestionó también que se ratificara el DNU en la ley propuesta. “No podemos”, dijo, pero resaltó que en las cláusulas transitorias del dictamen de su espacio proponían que se pueda ratificar parcialmente, porque tiene cosas buenas el DNU”.

A continuación, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a las irregularidades que dijo ver en el tratamiento del proyecto, que “no podemos rutinizar”. Negó que fuera la primera vez que hubiera actividad en enero, citando sin ir más lejos al año anterior, cuando el oficialismo de entonces y que él encabezaba impulsó un juicio político a los miembros de la Corte.

Tras advertir que no conocían el dictamen de La Libertad Avanza, le apuntó a los diputados que apoyarían el proyecto advirtiéndoles que “tienen un presidente de la Nación que los trató de idiotas útiles; los amenazó con carpetazos de la AFIP; les echara la culpa del aumento de los dólares financieros, y si embargo están aquí convalidando todos estos agravios, insultos, que se avasallen las facultades del Congreso con estas arbitrariedades”.

“Los aprietan casi por cadena nacional y no dicen nada”, remarcó y sintetizó: “Esta ley es horrible, es invotable”. Luego se preguntó “qué es lo que quieren dictaminar hoy y qué es lo que están avalando. La delegación de facultades más escandalosa que el Congreso está por hacer a un Poder Ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este Congreso”.

Por último, anunció su rechazo porque “este proyecto delega como nunca facultades en el Ejecutivo; porque este proyecto es un trípode de poder construido a la medida de los proyectos hegemónicos de Javier Milei, junto al DNU, que hay que rechazar y la política económica anunciada por Caputo, porque se lleva puesto a los jubilados en la Argentina. Porque este proyecto termina con el FGS y va camino a que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera con el sistema previsional; porque este proyecto hace recaer el ajuste en las provincias argentinas y economías regionales de nuestro país. Por todo esto, nuestra posición es muy clara: tenemos que rechazar este proyecto”.

La primera en hablar desde la izquierda fue Myriam Bregman, quien consideró que “cada artículo del DNU y la ley ómnibus tiene nombre y apellido de un grupo empresario. Nosotros nos dirigimos a la población, a las personas que van a padecer las consecuencias de la ley ómibus si no la enfrentamos”.

“La Libertad Avanza no tiene los números para aprobar este mamarracho, este mamotreto; solamente lo puede hacer porque hay quienes colaboran con este desastre al que quieren llevar a nuestro país… Dialoguistas les dicen, me gustaría saber si los votaron para reventar el FGS; si en la campaña dijeron que iban a meterle la mano a los jubilados; si en la campaña dijeron que le iban a dar la suma del poder público al presidente que ganara”, expresó la diputada de izquierda.

Luego aseguró que “nos quieren venir a correr que el país está en una situación grave. Cuando andaban paneleando por televisión imitando a Leonardo Fabio, nosotros ya veníamos denunciándolo. Hace años que estamos en la calle”.

Sobre el final de su discurso denunció que con esa ley estaban dando “licencia para matar”, y arengó por la medida de fuerza prevista para este miércoles, reclamando que haya “paro y movilización” a lo largo de todo el tiempo que dure el debate de esa ley.

Autora de uno de los dictámenes de minoría, Margarita Stolbizer arrancó comentando que esta administración estaba “abriendo caminos que aun los más viejos en esta Cámara no reconocemos”. Y puso como ejemplo que hubieran empezado a sesionar a las 9 de la noche, con un temario de semejantes características. “Así como nos resulta absolutamente novedoso, quiero poner un foco en lo que entiendo es un deterioro enorme, siendo este Congreso absolutamente responsable: Convalidamos un Poder Ejecutivo que ofrece una cada vez más baja calidad democrática, con un DNU cuando no hay urgencia, y la convocatoria a sesiones extraordinarias con un paquetón enorme”.

“Reconocemos que ha habido un choque del oficialismo con la realidad. Hay un menosprecio de las instituciones, del funcionamiento del estado de derecho”, observó Stolbizer, quien advirtió sobre “lo insuficiente que ha sido este debate, no solo porque no fueron consideradas todas las organizaciones que vinieron, sino que no ha habido el tiempo de debate de los diputados, porque entiendo que hoy no va a ser posible tampoco”.

Consideró también insuficiente la competencia de las comisiones que fueron asignadas al tratamiento del tema. “Esto también contribuye a que no pueda ser un buen resultado lo que salga de todo esto. Imposible discutir y dictaminar sobre cuestiones que deberían tener un tratamiento específico y ni siquiera vinieron los funcionarios que deberían venir a explicarlo. Como el ministro de Economía: ni siquiera se dignaron a traerlo”, reprochó.

Le advirtió a La Libertad Avanza que el respaldo ciudadano que obtuvo Javier Milei el 19 de septiembre “no es un cheque en blanco”, y les recordó que “el primer límite está en la Constitución”.

“Este proyecto tiene en gran medida una mirada antiindustrial. Se le impone casi como un castigo a aquellos que agregan valor creando empleo”, dijo tras haber reparado en que no hay en el proyecto un programa de gobierno, ni de desarrollo productivo.

“Creemos que en el inicio de un nuevo gobierno es necesario que el presidente tenga herramientas, pero el proyecto que tiene trata de responder a algunas expresiones que hablan del 50% de pobreza, pero en el mismo proyecto hablan de la toga y el martillo… Hablan sobre la inflación, y también meten lo de la reventa de entradas de fútbol”.

Por último, adelantó que no iban a acompañar el dictamen del oficialismo.

Otro de los oradores fue Sergio Palazzo, quien reclamó al presidente del plenario que les facilitara el dictamen, pues no lo conocían. “Tenemos acceso a un supuesto dictamen, y estamos discutiendo sobre la base de un supuesto cambio. Si lo tienen, les pido lo compartan a los efectos de que todos tengamos el material suficiente para poder opinar con propiedad”, se quejó.

Según Palazzo, “decidieron poner a la Argentina en venta esta noche y lo hacen con el falso argumento de 100 años de decadencia en la Argentina”.

A su turno, Christian Castillo calificó a la ley de Bases como “un eslabón que necesita el gobierno de Milei para seguir con su política de topadora sobre los derechos de los sectores populares”.

“Vean quiénes son los que están permitiéndole a Milei hacer de monarca”, lanzó, denunciando luego que “es un intento de dictadura civil lo que quieren imponer. ¿Qué puede frenar a Milei? El pueblo movilizado, en la calle”.

Promediando la jornada, la socialista Mónica Fein habló de “un cóctel explosivo para la democracia, enfatizando en la delegación de facultades. “No vamos a acompañar ningún proyecto que afecte a la cultura, a la educación. No vamos a acompañar este proyecto porque en el fondo nos viene a plantear que el único camino es el ajuste de los que menos tienen, que hay que ajustar a los jubilados para que cierren los números”, dijo.

Luego advirtió que “no le vamos a dar un cheque en blanco, menos aún un cheque en blanco en privatizaciones. Regalarle nuestro patrimonio con un cheque en blanco al presidente sería una irresponsabilidad”.

El último orador fue Nicolás Del Caño. Y mientras estaba hablando, a la 1.27 fue quien anunció que habían aparecido las firmas que le faltaban al oficialismo, lo que equivalía a decir que ya estaba el dictamen de mayoría. “Queremos saber qué les hizo cambiar de idea a esos diputados”, dijo, entre aplausos de quienes celebraban que el oficialismo había obtenido la victoria que buscaba.

Mientras tanto, Del Caño seguía criticando, hablaba de ña “Ley Savoy”, en referencia al hotel donde a su juicio “se negociaron entre toma y daca los artículos”.

Del Caño terminaría su discurso convocando al paro y movilización de este miércoles, llamando también a seguir la lucha para voltear el DNU. “Quiero convocar a todos los trabajadores y trabajadoras, que en pocas horas van a participar del paro; quiero saber que les costó mucho ese dictamen, vamos a ver si ahora pueden sacar la ley, si la pueden votar en el recinto. Porque cientos de miles en la calle tenemos que rodear este Congreso para derrotar esta política”.

Tras ese discurso, Gabriel Bornoroni anunció a la 1.33 que ya tenían dictamen de mayoría. Y tras detallar cuántas firmas había obtenido cada dictamen, dio por concluida la reunión.

Mientras el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, publicaba un escrito en X manifestando diferencias con la ley ómnibus por el tema retenciones, el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Formosa) instó a dejar sin efecto la reunión plenaria convocada para las 18.

“La convocatoria a sesión plenaria de las comisiones para las 6 es una provocación innecesaria que solo sirve para ahondar diferencias”, aseveró el formoseño en su perfil de X.

Del mismo modo, remarcó que “instamos a dejarla sin efecto para poder seguir trabajando en los dictámenes. El camino es la racionalidad, no la prepotencia”, en relación a que aún no hay definiciones respecto a si los bloques “dialoguistas” acompañarán al oficialismo.

La convocatoria a sesión plenaria de las comisiones para las 6 es una provocación innecesaria que solo sirve para ahondar diferencias. Instamos a dejarla sin efecto para poder seguir trabajando en los dictámenes. El camino es la racionalidad, no la prepotencia.

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) January 23, 2024

Al momento, y tras la publicación de De Loredo, la UCR aún mantiene diferencias con el oficialismo, por lo que la posibilidad de tener un dictamen propio con Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal no estaría descartado.

También, la otra posibilidad es acompañar en disidencia para evitar que el dictamen de rechazo de Unión por la Patria sea el de mayoría y sea el primero en ser tratado en la sesión que sería convocada para este jueves.

En la antesala del plenario de comisiones para dictaminar la Ley Bases, el jefe de bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, advirtió que “no vamos a acompañar el aumento de retenciones que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional”.

Luego de una reunión con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, el presidente de bancada de la UCR mencionó que analizaron juntos la ley ómnibus y expresó que “su presencia y su defensa por el interior productivo fue determinante para lograr que se retraigan iniciativas contra el potencial de los biocombustibles y las economías regionales”.

“Somos conscientes que tenemos la responsabilidad de construir, donde el Kirchnerismo solo dejo destrucción, pero eso no lo vamos a lograr repitiendo los errores del pasado”, enfatizó el diputado, y añadió: “Logramos un avance mejorando las condiciones de las economías regionales a partir de retenciones 0”.

Así las cosas, De Loredo consideró que “aumentar retenciones en los granos implica aumentar la presión sobre un sector que hoy necesitamos que produzcamos más y no menos”. “Seguiremos peleando porque entendemos que la Argentina saldrá adelante produciendo más”, afirmó.

Del mismo modo, planteó que “las provincias productivas son un sujeto de cambio fundamental para la transformación que necesita Argentina”, y agregó: “Son un eslabón clave para dinamizar las economías, generar fuentes de trabajo y sobre todo para el ingreso de divisas para estabilizar la situación económica y social que estamos atravesando”.

Antes del final, el jefe de bancada radical sostuvo que “necesitamos que la mirada del interior sea incorporada”, y siguió: “El aumento de retenciones que se proponen en la ley ómnibus va a afectar gravemente la competitividad de nuestros productores frente al mercado internacional y lo va a hacer por un beneficio escaso y de corto plazo”.

“No podemos volver a poner en riesgo el largo plazo como lo hizo por décadas el Kirchnerismo”, aseveró Rodrigo de Loredo, en la antesala del plenario de comisiones para dictaminar el proyecto de ley ómnibus, el cual podría llegar al recinto con más de dos dictámenes o ser acompañado en disidencia por la UCR.

El presidente de bancada radical, Rodrigo de Loredo, estuvo presente en el primer debate del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y le mandó un mensaje rotundo al oficialismo: “Nuestro bloque tiene una actitud de contribución, pero el Gobierno deberá establecer las prioridades de la sociedad argentina”.

Sin embargo, señaló que “nos parece oportuno que el Gobierno busque acelerar porque no nos fue bien con el gradualismo”, pero remarcó que “el DNU es inédito en su magnitud, amplio y ya está en la calle surtiendo efectos, pero esta bancada siempre defendió los procedimientos para que las cosas lleguen y se queden en el tiempo”.

En contraposición a la iniciativa, De Loredo diferenció: “Me parece acertado que hubiera sido un paquete de leyes porque este paquete normativo tiene que pasar por 25 comisiones sustantivas”. Así las cosas, aclaró que “no estamos buscándole el ‘el pelo al huevo’ en ninguno de los temas”.

Del mismo modo, hizo referencias contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Nos embarga la actitud del Gobierno ¿Quieren que se aprueben estas herramientas o quieren que el parlamento se lleve la marca y esta discusión devenga en una especie de señuelo?”.

Por otro lado, consideró en el final de su aporte que “va a tener nuestras sanas contribuciones si las medidas son beneficiarias con la República Argentina como lo ha hecho siempre la UCR”.

En la antesala del inicio del debate del proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei, la diputada nacional Danya Tavela (UCR – Buenos Aires) cuestionó varios artículos a través de X y le mandó un mensaje al jefe de Estado: “Habla de libertad, pero no hay libertad sin igualdad”.

El martes y miércoles próximos se realizarán los plenarios de las comisiones de Legislación General (cabecera), Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para iniciar el tratamiento del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Al respecto, Tavela señaló que “las soluciones a la grave crisis tienen que ser sostenibles y tenemos que evitar que provoquen mayores inequidades”.

"La ley elimina la paridad de género, modifica el Código Civil y Comercial quitando derechos a las cónyuges y dejando en situación de vulnerabilidad jurídica a mujeres, niños y niñas con el divorcio administrativo”, aseveró la diputada radical, quien no integra ninguna de las tres comisiones mencionadas.

Asimismo, le envió un mensaje al vocero presidencial: “¿Para debatir estos temas “no hay tiempo” como dice Manuel Adorni?”, con relación a los dichos por él en la conferencia de presan de este lunes.

Además, cuestionó que “en materia económica, el proyecto establece una mega moratoria, un mega blanqueo, una suba de retenciones y la privatización de empresas públicas, temas que merecen ser discutidos con urgencia”.

El diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Formosa) encabezó un pedido, con otros 6 legisladores radicales, para que sea conformada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la cual debe tratar el DNU del presidente Javier Milei.

Acompañaron el pedido, los diputados nacionales: Pedro Galimberti, Marcela Colli, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Juan Carlos Polini y Manuel Aguirre.

El texto fue enviado a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del riojano Martín Menem. Cabe recordar que este jueves fueron establecidas las conformaciones de 4 comisiones: Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

“Si bien el el jefe de Gabinete, Martín Posse, no habría dado cumplimiento, hasta ahora, a su deber de presentar el DNU, ello no afecta el deber que tiene la Comisión Bicameral de abocarse de oficio y sin dilaciones al estudio y consideración del mismo, para la cual le está corriendo un plazo fatal que vencerá el día 18 de enero de 2024”, explicaron los radicales.

Asimismo, remarcaron que “el día 19 de enero de 2024 está Cámara deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU 70/2023 y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido”.

Del mismo modo, cabe recordar que esta semana fueron ratificados los integrantes de la mencionada comisión bicameral en representación del Senado. Así lo informó la titular de la Cámara alta y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a través de un decreto parlamentario.

El senador nacional Pablo Blanco (UCR – TdF) le respondió al jefe de bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, por sus dichos en un programa televisivo contra su provincia: “Él desconoce absolutamente el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego”.

Este jueves, De Loredo estuvo presente en LN+ y había manifestado: “No entiendo porqué no nos metemos con Tierra del Fuego. (Se gastan) mil millones por año y tiene un proteccionismo absolutamente insólito”. A su vez, comparó la situación de la industria fueguina con la empresa Aerolíneas Argentinas.

Del mismo modo, el titular del bloque radical en Diputados cuestionó: ¿Por qué no nos metemos con Tierra del Fuego? Yo estuve en la empresa Arsat y los proveedores tecnológicos chinos tenían un área para desarmar los celulares y llevarlos a esa provincia”.

El Diputado @rodrigodeloredo desconoce absolutamente el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Habla con una liviandad inadmisible. Ahora y siempre voy a apoyar a la industria fueguina y a defender los puestos de trabajo de miles de familias de mi provincia. pic.twitter.com/nzwPNs2oJ6

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 29, 2023

Ante ello, el senador fueguino Pablo Blanco le contestó en X y deslizó: “Habla con una liviandad inadmisible. Ahora y siempre voy a apoyar a la industria fueguina y a defender los puestos de trabajo de miles de familias de mi provincia”.

El presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, publicó una carta en X, donde se refiere al mega DNU del presidente Javier Milei y consideró que “el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.

“Queremos que muchas de las iniciativas que se proponen en el DNU salgan y sean una realidad. Estamos para ayudar y cooperar con el nuevo Gobierno, estamos para que aquellas reformas que necesita el país se lleven adelante”, comenzó el texto del cordobés.

Del mismo modo, amplió que “necesitamos modernizar la legislación del trabajo, promover la competencia para mejorar los precios para los consumidores, terminar con regulaciones excesivas para simplificar procesos y eliminar burocracia, terminar con las trabas, declarar la esencialidad en servicios como la Educación y la Salud”.

También, indicó que hay que “brindar facilidades para trabajadores independientes con pequeños emprendimientos, darle libertad a los trabajadores para elegir su obra social, incentivar una política de cielos abiertos, entre otras”.

De ese modo, aseveró: “Para salir de la decadencia la Argentina necesita construirse sobre bases sólidas y garantizar seguridad jurídica en las decisiones, para que puedan cumplirse y perdurar en el tiempo”. “Debemos evitar que por excesos en la herramienta utilizada no se cuente con esa fortaleza jurídica que les de sustentabilidad, previsión y confianza. Tenemos que evitar una judicialización excesiva de los temas”, enfatizó.

Así las cosas, Rodrigo De Loredo remarcó que “si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”.

“Junto a nuestros equipos técnicos estamos profundizando sobre cada tema en particular, para tener un diagnóstico preciso y una mejor legislación”, concluyó.

En sintonía con su bloque, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR – CABA) consideró este viernes que el presidente de la Nación, Javier Milei, debería retroceder con el DNU y enviar las reformas en proyectos de ley. “No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso”, aseveró.

“Cuando sos minoría no podés imponer, porque usar mal una herramienta de poder tiene su costo”, afirmó la diputada radical. “Legalizar los decretos es un recurso de gobernabilidad en situaciones de emergencia para un presidente con una democracia compleja como la Argentina, que tiene gobernadores, dos Cámaras”, agregó.

En declaraciones a Radio Perfil, Carrizo expresó que “no se debe abusar de los recursos, eso es lo que está en discusión”, y añadió que “todos los presidentes hicieron uso de los DNU, por eso no es la cantidad sino el modo, el formato”.

“En un solo decreto nos presenta unas 300 reformas. Todos los presidentes tienen un montón de decretos, pero es un decreto por reforma, no un decreto para 300 reformas”, aseveró la legisladora, quien señaló que “eso es lo que está en la discusión, porque se tiene temas muy buenos en los que el Radicalismo hace cuatro años que los viene pidiendo”.

Por otro lado, indicó que “en algunas cosas Argentina está atrasada 20 años, como en la declaración de la educación como un servicio esencial”. “No estoy muy de acuerdo con que debatamos una delegación para darle un cheque en blanco para que se privaticen 47 empresas del Estado, porque algunas funcionas está muy bien y en otras muy mal, no son todas lo mismo”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que “hoy es un camino de prevención, no sé si de rechazo”, pero remarcó que “no se puede hacer un decreto con 300 reformas. O hacés 300 leyes, o un decreto por cada una de las reformas, y tratamos uno por uno. No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso, porque no se hace así en ninguna democracia del mundo”.

“No es que Argentina solamente tenga DNU, todos los presidencialismos, salvo Estados Unidos, tienen mecanismos de gobernabilidad por emergencia y funcionan como Argentina está diciendo que tienen que funcionar, en el Congreso”, aclaró.

Por otra parte, subrayó que “lo ideal es que convoque a extraordinarias, pero hay que decir que la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos, que es una comisión permanente integrada por diputados y senadores para analizar los DNU funciona siempre, no hace falta que tengamos convocatoria a extraordinarias u ordinarias”.

Para cerrar, advirtió que “el presidente dio su palabra de que convocaría a extraordinarias, estamos esperando que lo haga”, y concluyó: “Las Cámaras tienen el mismo poder que tiene el presidente dentro del Congreso, una vez que llega la agenda pueden decir sí o no”.

Luego de las medidas impuestas por el presidente Javier Milei a través de un DNU, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical instó este jueves al jefe de Estado a llamar a sesiones extraordinarias “para debatir todas las iniciativas en profundidad”.

“Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo, porque solo se puede aprobar o rechazar en su totalidad”, agregaron. También, sostienen que “en el contenido hay cuestiones positivas, pero otras muy preocupantes”.

Así las cosas, el comunicado del partido centenario señala que “el Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de la confianza política, los consensos y el diálogo parlamentario”.

“No hay ninguna duda de que nuestro país necesita un cambio, pero para que ese cambio sea legítimo y duradero, debe hacerse respetando las formas establecidas en nuestro orden jurídico”, finaliza el comunicado.

Según pudo saber parlamentario.com, desde el bloque radical van a esperar a la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -en la que se oponen a que Unión por la Patria tenga 4 miembros de cada cámara, 8 de 16 en total- y apoyarán “la gran mayoría” de artículos del DNU si es que son enviados al Congreso.

Del mismo modo, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, se manifestó al respecto expresando que “cuando un gobierno firma un DNU, el desafío que se le presenta al Congreso nacional es ‘todo o nada’ y lo que debemos evaluar de ese todo es qué cosas nosotros vamos a acompañar con convicción y qué cosas nosotros podríamos mejorar”.

“Como miembro del bloque radical, creo que lo mejor que podemos darle a la sociedad es estudiar profundamente una serie de leyes que producen cambios fundamentales para la Argentina.”, añadió Banfi.

Para terminar, enfatizó que “en esta nueva legislación hay propuestas muy amplias y muy profundas. Hay que velar por la seguridad jurídica, la transparencia y, por sobre todas las cosas, cuidar a la sociedad argentina para que estas medidas no empeoren su situación”.