Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Lidia Ascárate, presentaron un proyecto para solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, por el caso de la joven de 19 años Ursula Bahillo, quien el lunes pasado fue apuñalada y asesinada por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.

“Es necesario que los funcionarios nacionales nos expliquen a los representantes del pueblo cómo está trabajando en este flagelo, cuáles son sus políticas públicas y cómo utiliza su presupuesto en la lucha contra la violencia de género”, indicó la parlamentaria radical. El cuestionario incluye varias cuestiones relacionadas a la ejecución presupuestaria del área, las medidas de seguridad que se brindan a víctimas de violencia de género y las herramientas de monitoreo y seguimiento de estos casos, entre otras cuestiones.

“Nuestro país se encuentra en un inicio de año marcado por la violencia de género. A las 320 femicidios de 2020 se suman 26 muertes más solo en el mes de enero de este año. Entre ellas la de Úrsula, que a pesar de haberlo denunciado ante la Justicia 18 veces, su pedido de auxilio fue en vano. Hoy el país entero lamenta su muerte”, manifestó Ascárate.

La diputada radical comparó lo sucedido hace unos días, con el brutal femicidio de Paola Tacacho ocurrido en noviembre del año pasado en Tucumán: “En nuestra provincia lloramos el femicidio de Paola, quien denunció en 17 oportunidades a su acosador y asesino ante la Justicia, y que también, al igual que con Ursula, actuó con silencio e indiferencia. No podemos seguir viviendo con un Estado que hace oídos sordos a una realidad que lamentablemente padecemos”, finalizó la diputada.

Acompañaron la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Mario Arce, Sebastián Salvador, Federico Zamarbide, Hernán Berisso, José Cano, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Mónica Frade, Ximena García, Gabriela Lena, Claudia Najul, Cármen Polledo y José Luis Riccardo.

La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara baja, presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género.

En los fundamentos del proyecto señalan  que el caso de Úrsula Bahillo ha vuelto a hacer visible la problemática de la violencia de género y donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas.

“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, explica el proyecto que establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia, y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.

En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos  propone dos supuestos: el primero, que considera  la situación cuando la “desobediencia”  del agresor se produzca ante una  resolución judicial que tuviera por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la pena será de 3 a 5 años de prisión.

En el segundo caso, se trata de aquellas situaciones donde la desobediencia  se dé frente a una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la cual  la pena también será de 3 a 5 años de prisión.

Junto a sus pares Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Mayda Crespo, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto y Nelly Daldovo, el proyecto de la diputada por Entre Ríos, incorpora además un párrafo en el marco del artículo 239 del Código Penal -Ley 11.179- en el cual se establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Celeridad

El proyecto busca resolver la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.

También el proyecto prevé los casos de desobediencia que puede cometer alguien denunciado por violencia de género, ante un incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de 24 horas”.

El proyecto, que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de Diputados, dispone además  sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.

Básicamente la norma se encuadra en el marco de  la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” que en su artículo 26 prevé la imposición de medidas urgentes “de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, encontrando en esa enunciación aquellas medidas que directamente se toman para proteger la vida y la integridad física de las mujeres y sus familias, explica el proyecto.

En muchas bancas del recinto de Diputados que volvió a funcionar con muchos miembros de manera presencial colocaron carteles haciendo referencia al crimen de la joven de 19 años Ursula Bahillo. Y sobre el tema expuso, a la hora de las cuestiones de privilegio, el diputado de izquierda Nicolás del Caño. “Estos días son de dolor y de bronca por el brutal femicidio de Ursula -dijo-. Una joven de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires”.

Del Caño habló de “una enorme indignación que recorre el país”, a partir de la cual se expresaron “millones de mujeres que están hartas de la violencia machista”. El legislador señaló que “en este aberrante hecho queda más que claro lo que muchas organizaciones de mujeres denuncian hace tiempo: que el Estado es responsable; porque Ursula hizo todo lo que dicen que hay que hacer, múltiples denuncias que no fueron escuchadas”.

Agregó que “Martínez, el femicida de Ursula tenía muchas denuncias de otras mujeres, cerca de 40 en total, y sin embargo en la Comisaría de Rojas se lo protegió, por eso el Estado es responsable. Es responsable porque la Justicia también es cómplice”.

Luego apuntó hacia la policía. Del Caño dijo haber visto el día anterior un acto en el que el gobernador Axel Kicillof y el mnistro Sergio Berni “entregaban patrulleros y chalecos para las fuerzas represivas”, y en ese marco el ministro de Seguridad no había dicho una sola palabra sobre el tema, siendo que el homicida no solo era parte de la misma, sino que la policía “lo había encubierto”.

“Llevamos la cifra de 44 femicidios en apenas 42 días de este año -agregó-. Correpi publicó que de estos femicidos, el 20% son perpetrados por miembros de las distintas policías y fuerzas de seguridad, y esa fuerza es premiada, protegida”.

Sobre el final, Del Caño recordó que con Myriam Bregman en 2015 presentaron un proyecto de emergencia en la materia, con medidas que podrían combatir la violencia machista, los femicidios. “Nunca se trató. Muchos discursos, pero cero recursos. No quieren poner un centavo”, denunció. Y concluyó con un ejemplo: Ursula estaba en lista de espera para recibir el botón antipánico.

Sigue dando que hablar el femicidio de Ursula Bahillo, la joven de 19 años apuñalada por su expareja. Sobre el tema se pronunció este miércoles la senadora nacional Beatriz Mirkin (Frente de Todos – Tucumán), quien reclamó a la Cámara de Diputados tratar un proyecto de su autoría que cuenta con media sanción del Senado.

El mismo consiste en que se le pongan tobilleras electrónicas a los agresores a los que ya se les ha dictado prohibición de acercarse a las mujeres. “Las tobilleras permiten a la policía detectar si el agresor  no cumple y se acerca”, explicó la senadora tucumana. Y agregó: “No podemos permitir que las mujeres sean las que están privadas de libertad de circular por miedo. El feminicidio es la forma extrema de la violencia contra las mujeres y las leyes deben cumplirse para protegerlas”.

Gran conmoción causó un nuevo femicidio. Hablamos del crimen de Ursula Bahillo, la joven de 19 años asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas a manos de su exnovio, un policía bonaerense. El hecho generó una gran protesta en esa ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, donde la gente causó destrozos en la comisaría local.

Según pudo saberse, la víctima había denunciado al suboficial bonaerense Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, por violencia de género, y se le había impuesto por eso una restricción perimetral.

La joven asesinada era hija de un primo del exdiputado nacional entrerriano Juan José Bahillo, electo en 2017, y quien dejó su banca en 2019, para asumir como ministro de Producción en su provincia. En su lugar asumió Carolina Gaillard, quien completará su mandato hasta 2021.