Funcionarios de la Municipalidad participaron de la organización de la Ronda Multisectorial de Negocios que se realizó en el vecino país junto con la Agencia de Promoción a la Inversión (API) del Gobierno de Canelones y otras intendencias bonaerenses.
En el marco de las políticas implementadas para incentivar la producción local y el comercio internacional, funcionarios de la Municipalidad de Lanús formó parte de la organización de la Ronda Multisectorial de Negocios que se realizó en Uruguay junto con la Agencia de Promoción a la Inversión (API) del Gobierno de Canelones y otras intendencias bonaerenses.
“Desde la gestión del intendente, Néstor Grindetti, consolidamos una red de exportadores de comunas con el objetivo de coordinar iniciativas que faciliten la venta de los productos elaborados por las pymes, tanto en países limítrofes como en el resto del mundo”, explicó el responsable de Promoción de Exportaciones Lanús y coordinador de Red de Municipios Pymes Exportadoras Buenos Aires, Oscar Jofre.
En ese sentido, destacó la relevancia de este último encuentro internacional organizado junto a las intendencias de 3 de Febrero y San Martín al cual, asistieron un total de 14 empresas que tuvieron la oportunidad de generar condiciones favorables para intercambiar sus productos y generar negocios.
“La misión fue muy exitosa y ahora estamos en una etapa de intercambio entre importadores y exportadores a fin de concretar definitivamente las operaciones. Estamos muy contentos porque ya hemos abierto la puerta e incluso estamos planificando una misión inversa para que nos visiten ellos en el corto plazo”, indicó Jofre.
Por su parte, Danilo Melant, gerente de comercio exterior de una pyme dedicada a la producción de infusiones y productos naturales, subrayó: “Vimos un gran atractivo de mercado por la afinidad de las costumbres alimenticias, la cercanía del lugar y la apertura comercial que mostraron. Esto no ocurre en todos los lugares y, por eso, nos interesa mucho”, remarcó.
Canelones tiene 600 mil habitantes y cuenta con una actividad industrial muy similar a la de Lanús lo cual, facilita significativamente la exportación de productos locales. Otro de los objetivos del área de Comercio Exterior del Municipio es replicar este encuentro en Montevideo motivo por el cual, ya se iniciaron las gestiones pertinentes.
Por parte del Gobierno de Canelones, participaron el director general de la Agencia de Promoción e Inversiones (API), Julio Filippini y el subdirector de la Agencia de Promoción a la Inversión, Adrián Miguez. Además, estuvieron representantes bonaerenses y uruguayos de los rubros Alimentos, Metalúrgica, Construcción, Envasado, Artículos de Electricidad y funcionarios municipales.
El ministro de Economía lo dijo durante una conferencia con su par brasileño previo a la cumbre de la CELAC. Diputados de la oposición repudiaron sus dichos y pidieron disculpas al país vecino.
“Yo creo que Uruguay es uno de los hermanos menores del Mercosur, y Brasil y la Argentina tienen la responsabilidad de cuidarlo”, lanzó el ministro de Economía, Sergio Massa, al ser consultado sobre la idea de fortalecer en Mercosur en otros países de América Latina.
La polémica frase del tigrense se dio este lunes, previo a la cumbre de la CELAC, en una rueda de prensa que compartió con su par brasileño, Fernando Haddad. Rápidamente diputados salieron a criticarlo y a pedir disculpas al país vecino.
“Mis disculpas, en nombre de los argentinos coherentes, al pueblo uruguayo. Los dichos del ministro Massa son solo una muestra más de la ignorancia, incapacidad y estupidez del kirchnerismo. Sepan entender”, escribió en su cuenta de Twitter el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
También se sumó la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica): “La torpeza de Sergio Massa llamando “hermano menor al que debemos cuidar” a la República Oriental del Uruguay, en vísperas del arribo de su presidente, es una falta de respeto. Ese país ha sabido conducir su economía con esmero y vínculos c/el mundo. Mucho para aprender de ellos”.
“Ministro Sergio Massa, en vez de agredir a un país vecino, usted debería dedicarse a sacarle la soga del cuello al sector productivo y hacer reformas de fondo que requiere nuestra economía”, lanzó el diputado santafecino José Núñez y le remarcó que “tenemos casi 100% de Inflación y una sequía que pone en jaque nuestra Producción, deje de hacerse el pícaro con este tipo de declaraciones. Y hagan lo que tienen que hacer”.
Las críticas no quedaron ahí, sino que también se dieron del otro lado del rio. El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, tuiteó el video con las palabras del tigrense e ironizó: “Gracias, Massa. Pero no creo que ningún uruguayo quiera ser cuidado con un ministro de Economía que tiene un dólar cotizando a 350 pesos”.
Da Silva no se quedó ahí y para completar su mensaje le dejó una chicana al tigrense: “Por privado le paso el tel de Azucena Arbeleche (ministra de Economía uruguaya). Llámela que le dará unos sensatos consejos”.
El diputado Juan Martín Rodríguez también arrobó a Massa en la red social y le manifestó: “Ocúpese de cumplir con la obligación de cuidar a sus compatriotas. Los uruguayos hace casi 200 años nos cuidamos solitos. Se llama soberanía e independencia”.
Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, también compartió la reacción de Massa y apuntó: “Mamita querida…”.
Por su parte, el ex candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado y principal impulsor de la Fundación Peluffo Giguens, Ney Castillo, fue categórico: “El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos”.
Qué cantidad de integrantes tienen los tribunales superiores en el mundo y cuáles son las características de los mismos.
“¿A cuántos de los ciudadanos de a pie les mejora la vida este funcionamiento de la Corte Suprema que proponen? La verdad es que a ninguno”, lanzó el senador nacional Martín Lousteau durante la sesión del 22 de septiembre pasado en la que la Cámara alta dio media sanción al proyecto de ampliación del Tribunal Superior.
Y en ese marco el senador por la Ciudad de Buenos Aires se refirió a una serie de argumentos que supuestamente justificarían la modificación, entre ellos el de que otros países “tienen cortes de muchísimos miembros”.
“Se citó a España, Francia, Chile. Dijeron: 30, 80, 100 miembros. Pero esas no son cortes supremas. Si uno ‘googlea’… si lo único que hace es ‘googlear’, va a encontrar: Corte Suprema, y después ve el nombre. Pero no son cortes supremas de nuestro sistema, son equivalentes a lo que es una cámara de casación. No son cortes supremas, juegan otro rol. Interpretan el Código Civil y el Código Penal, pero no hacen lo que hace nuestra Corte Suprema, que es el control de constitucionalidad. No hacen eso”, explicó Lousteau, que luego detalló números de los tribunales equivalentes en otros países, ante lo cual endilgó al oficialismo estar pensando en agregar un número de miembros equivalente al promedio de lo que tienen los tribunales que hacen control de constitucionalidad en los países federales.
“Hay un ejemplo. En los fundamentos ustedes pusieron que Alemania tiene 10. ¡No! Alemania tiene 16. Hay un país que tiene 34, pero es la India. Es la democracia más grande del mundo y, además, tiene complejidades sociales que no tiene la Argentina”, planteó el legislador nacional.
Lo cierto es que la realidad indica que más allá de las diferencias planteadas por Lousteau, la Argentina tiene el número más bajo en la materia, solo equivalente a Uruguay. A favor de la idea de ampliar la Corte, el exsenador nacional Miguel Angel Pichetto -hoy en Juntos por el Cambio- argumenta que “la Corte de 5 ya no se ajusta a la realidad política e institucional que tiene la Corte argentina. Solamente hay un país, de reducidas dimensiones y población, que es la República hermana del Uruguay, que tiene 5 miembros”.
Hecha esta introducción haremos aquí un repaso de la composición de las cortes supremas en los principales países del mundo y en los más cercanos al nuestro. Cuestión de sacar conclusiones fundamentadas, analizando puntualmente cada caso.
El Supremo Tribunal Federal (STF) es el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil y posee las atribuciones propias de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional.
Su función institucional es la de servir de guardián de la Constitución Federal, resolviendo casos que implican lesión o amenaza a la misma.
Le corresponde entonces decidir las acciones que versen sobre la constitucionalidad de las normas. Además, le compete resolver las acciones penales, en delitos comunes, contra el jefe del Ejecutivo federal.
Este tribunal tiene 11 miembros, 2 de las cuales son mujeres. No se divide en salas temáticas.
Vale contar también que el número de miembros ha variado a lo largo de la historia. La Constitución brasileña de 1891 estableció una composición de 15 miembros, que durante su gestión Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954) redujo a 11. En 1965 ese número se elevó a 16, pero volvió a ser reducido a 11 en 1969. Desde entonces no hubo más variaciones.
Existe el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que es uno de los dos máximos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Brasil, y cuya función primordial es velar por la uniformidad de las interpretaciones de la legislación federal brasileña. El mismo resuelve en última instancia todas las materias infra-constitucionales no especializadas, que escapan a la Justicia del Trabajo, Electoral y Militar, y que no son tratadas en la Constitución Federal.
La última instancia para la resolución de materias constitucionales es el Supremo Tribunal Federal (STF). Las cuestiones laborales son de competencia del Tribunal Superior del Trabajo (TST), las electorales del Tribunal Superior Electoral (TSE) y las militares del Superior Tribunal Militar (Superior Tribunal Militar o STM).
Como hemos dicho, el país vecino es el único que tiene un número similar al nuestro. Se denomina Suprema Corte de Justicia y sirve como corte de apelaciones de última instancia, además de nombrar y supervisar a los demás jueces del país.
Tiene entonces 5 miembros, de los cuales 3 son mujeres.
Para completar el Mercosur diremos que la Corte Suprema de Justicia paraguaya está integrada por 9 miembros. Se organiza en salas, una de las cuales es constitucional, y elige de entre ellos, cada año, a su presidente.
Entre sus miembros hay una sola mujer.
La Corte Suprema de Justicia del país cafetero es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compone del número impar de magistrados que determine la ley. Así las cosas, está integrada por 23 magistrados (10 son mujeres) que tienen mandato por 8 años.
Unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento.
La Corte Suprema de Justicia colombiana se divide en cinco salas. Estas son: Sala Plena; Sala de Gobierno; Sala de Casación Penal (conformada por 9 magistrados); Sala de Casación Civil y Agraria (7 magistrados); y Sala de Casación Laboral (7 jueces).
La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la democracia de la Constitución. Tiene 9 miembros (3 mujeres, incluida la presidenta).
La Corte Suprema de Justicia trasandina es el máximo órgano jurisdiccional dentro de los tribunales integrantes del Poder Judicial chileno.
Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la República de Chile, exceptuado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales.
Cuenta con 21 miembros, 7 de los cuales son mujeres. En la actualidad tiene una vacante.
A su vez, existe el Tribunal Constitucional de Chile es un órgano jurisdiccional del Estado chileno, tribunal colegiado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Está compuesto por 10 miembros.
La Corte Suprema de los Estados Unidos o Tribunal Supremo es el tribunal de mayor rango existente en los Estados Unidos. Está compuesta por 9 miembros y no se divide en salas.
Sus integrantes son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados mediante el “consejo y consentimiento” del Senado de los Estados Unidos.
Los jueces de la Corte Suprema norteamericana tienen mandato de por vida y solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante un proceso de impugnación (impeachment). Pueden renunciar a su cargo por voluntad propia.
Cabe acotar que ningún juez ha sido destituido de su cargo en ese país, aunque muchos se han retirado o renunciado.
La Corte Suprema de los Estados Unidos es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos. Todos los demás tribunales han sido creados por el Congreso.
Posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federal y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas.
De sus 9 miembros, 4 son mujeres. Hay 2 negros en su integración.
En España hay dos instancias superiores. El Tribunal Constitucional Español se compone de 12 miembros, quienes duran 9 años en el cargo. Tiene 2 salas de 6 magistrados. Cada una de las salas se divide además en dos secciones formadas por 3 magistrados.
Su misión es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar en el gobierno de la República.
De sus 12 miembros, 3 son en la actualidad mujeres y hay hoy una vacante. Así se eligen:
El Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional, que es independiente del poder judicial.
Es el principal tribunal español de casación, y tiene la misión de garantizar la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional, y asegurar que los órganos judiciales de todo el país aplican los mismos criterios interpretativos de estas.
Cuenta con 79 magistrados que se reparten entre las cinco salas que componen el tribunal, una por cada orden jurisdiccional. (Civil, Penal, Contencioso Administrativo, Social, Militar) y cuatro salas especiales.
La Corte de Casación es el más alto tribunal del Poder Judicial de Francia. Es un tribunal permanente que consta de seis salas.
Es el órgano competente para el conocimiento de los recursos de casación y la posible anulación de las decisiones judiciales que se hayan dictado en contravención de la ley. Por el contrario, si desestima el recurso, confirma que la decisión del tribunal de apelación sea definitiva y su sentencia firme.
La Corte no es competente para conocer de las demandas contra los administradores o los organismos públicos, que son competencia de los tribunales administrativos, en los que el Consejo de Estado actúa como tribunal supremo de apelación; ni de los casos relativos a cuestiones constitucionales, que son competencia del Consejo Constitucional; ni de los casos relativos a litigios sobre cuál de estos tribunales es competente, que son conocidos por el Tribunal de Controversias Jurisdiccionales. En conjunto, estos cuatro tribunales constituyen el nivel más alto del sistema judicial francés.
La Corte de Casación francesa es el tribunal supremo y se compone de 6 salas: 3 Civiles, 1 Comercial Financiera y Económica, 1 Social y 1 Criminal. Se compone de 120 consejeros.
El Tribunal Federal de Justicia de Alemania es el órgano supremo en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, la última instancia en materia civil y penal.
El Tribunal Constitucional Federal alemán es el órgano constitucional encargado del control de constitucionalidad de las leyes en la República Federal de Alemania.
Está compuesto por dos senados, cada uno de los cuales tiene 8 miembros, de los que 4 son elegidos por un comité del Bundestag y otros cuatro por el Bundesrat, siempre con mayoría de dos tercios. Este elevado quórum hace necesario acuerdos o compromisos de la mayoría política con la oposición, con lo cual se pretende garantizar la independencia política y la imparcialidad de los jueces. Generalmente, las personalidades elegidas no pertenecen a ningún partido político.
Sus integrantes duran en su cargo 12 años. No se dividen en salas temáticas.
La Corte Suprema del Reino Unido es el más alto tribunal civil del Reino Unido. Constituye el máximo tribunal de apelación y de recursos de la nación. Resuelve conflictos entre los poderes del Estado y sobre leyes aprobadas por el Gobierno.
Asumió parte de las funciones que hasta ese momento ejercía la Cámara de los Lores, que, aparte de tener funciones legislativas, también tenía competencias judiciales. Dada la doctrina de soberanía parlamentaria presente en el Reino Unido, el Tribunal está limitado en sus funciones en ese sentido.
Está integrado por 12 miembros (una de ellas es mujer) y actualmente tiene 2 vacantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución de la Unión Europea a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales.
Está compuesto por 27 jueces (uno por cada Estado miembro) y 11 abogados generales.
La Corte Suprema de Australia es el tribunal de más alta jerarquía de Australia. Trata casos de competencia original como apelativa y posee la facultad de revisión judicial sobre las leyes aprobadas en el Parlamento de Australia y en los parlamentos de los estados australianos.
Cuenta con 7 miembros, 3 de los cuales son mujeres.
La Corte Suprema es la máxima autoridad de justicia en Japón. Es responsable de nominar a los jueces para las cortes más bajas, de determinar procedimientos judiciales, de supervisar el sistema judicial, incluyendo las actividades de fiscales y jueces y todo otro personal judicial. No todas las decisiones son tomadas por la totalidad de los 15 miembros que tiene.
La Corte Suprema de India se compone de un presidente y 25 jueces designados por el presidente de India. Los jueces de la Corte Suprema deben retirarse al alcanzar los 65 años de edad. Integran 33 comités para ocuparse de los asuntos administrativos.
| País | Integrantes |
| Brasil | 11 |
| Uruguay | 5 |
| Paraguay | 9 |
| Colombia | 23 |
| Chile | 21 |
| Estados Unidos | 9 |
| España | 12 |
| Francia | 120 |
| Alemania | 16 |
| Gran Bretaña | 12 |
| Suiza | 30 |
| Canadá | 9 |
| Bélgica | 12 |
| Australia | 7 |
| México | 11 |
| Japón | 15 |
| India | 26 |
Las internas abiertas llegaron a la política argentina hace poco más de una década, por lo que apenas fueron implementadas media docena de veces. Y en general han sido los oficialismos los más refractarios a utilizarlas. Han motivado numerosos proyectos para modificarlas: 14, en los últimos tres años. Seis para eliminarlas.
Por José Angel Di Mauro
Impulsadas en 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota sufrida en las elecciones del 28 de junio de 2009, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nunca despertaron el mayor interés de parte del kirchnerismo.
En eso ha sido constante ese espacio, cuyo creador, Néstor Kirchner,fue el mentor de las primarias tras sufrir en carne propia la citada derrota. Hasta entonces mucho se hablaba de las primarias y la posibilidad y conveniencia de adoptarlas en nuestro medio, mas sin convicción de adoptar una modalidad que sin ir más lejos era implementada desde hacía una década en Uruguay.
De hecho, por entonces se solía analizar la experiencia uruguaya como posibilidad de adoptar aquí, mas nunca avanzó esa alternativa hasta que en 2009 el kirchnerismo gobernante impulsó nuestra versión autóctona de las primarias.
Veamos entonces cómo funciona el sistema en la otra orilla. La reforma electoral se implementó en Uruguay en 1997, luego de la reforma constitucional realizada un año antes. La norma aprobada obliga desde entonces a los partidos a presentar una candidatura única para presidente y vicepresidente, y terminó con el doble voto simultáneo para la elección presidencial. Dicho sistema permitía que los partidos presentaran en las elecciones más de una fórmula presidencial, de forma tal que los electores podían votar por un partido y luego seleccionar una de las fórmulas presidenciales que ese partido presentaba.
Según detalla un exhaustivo informe elaborado por Daniel Buquet y Rafael Piñeiro, hasta entonces la fórmula electa era la más votada dentro del partido más votado. En la práctica, esta era una suerte de ley de lemas que servía para que en un mismo acto electoral actuaran de manera simultánea las internas partidarias y la elección presidencial.
Ese sistema de “doble voto simultáneo” dejó de existir con la reforma de 1997, que estableció las elecciones primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos, para elegir candidatos presidenciales. En rigor, el sistema de “sublemas” sigue funcionando en Uruguay para otros cargos, menos para presidente.
La particularidad del nuevo sistema, cuentan Buquet y Piñeiro, radica en que los partidos están obligados a realizar estas elecciones de manera simultánea cuatro meses antes de la elección nacional. En esas primarias resultan electos dentro de cada partido aquellos candidatos que obtienen la mayoría absoluta de los votos dentro de su partido, o un 40% y al menos 10 puntos porcentuales de diferencia con quien entre en segundo lugar.
Si ningún candidato alcanza alguno de estos dos requisitos, la nominación queda en manos de un colegio elector nacional elegido en la misma instancia.
El sistema ha ido reduciendo en los partidos el número de candidatos, reduciéndolos en general a dos competidores. Y a diferencia del sistema argentino, en Uruguay las fórmulas se arman después de las primarias. Con eso se observa una regularidad estratégica: los partidos con internas competitivas entre dos candidatos principales tienden a armar su fórmula presidencial con el ganador como presidente y el segundo como vicepresidente. Una estrategia que Buquet y Piñeiro atribuyen a la necesidad de evitar, por un lado, que las críticas realizadas por el perdedor de la primaria puedan ser utilizadas por los rivales y, por otro lado, que sus votantes deserten del partido como consecuencia de la derrota.
Como dijimos, la reforma política de 2009 creó un sistema cerrado de primarias, de modo tal que para los cargos ejecutivos el perdedor queda invalidado para participar en las elecciones generales. En rigor, el objetivo de Néstor Kirchner al impulsar esa ley que como ministro del Interior implementó el hoy diputado nacional Florencio Randazzo fue evitar fugas internas: que los “heridos” por el cierre de listas se sumaran a otras fuerzas.
En la práctica está dicho que el kirchnerismo en general no ha hecho uso de su invención. Y cuando lo hizo, la experiencia le dejó magullones, como en 2015 la interna traumática que protagonizaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez para la gobernación bonaerense.
Hay también una explicación que justifica esta modalidad: los oficialismos suelen ser refractarios a las PASO. Tiene sentido, pues en todo oficialismo ordenado que se precie, la lapicera queda en manos del presidente y ninguno es partidario del “libre albedrío”.
Así las cosas, de las seis experiencias de elecciones primarias que ha habido desde 2011 al presente, en cuatro de ellas el kirchnerismo fue oficialismo. Cuando a Cambiemos le tocó ser oficialismo, solo implementó las primarias en contadísimos distritos.
De hecho, el 27 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, impulsó un proyecto para “dejar sin efecto las llamadas PASO”. Esa iniciativa de quien nunca estuvo de acuerdo con la Ley 26.571 que creó ese sistema establecía que las internas de los partidos políticos se realizaran a partir de la derogación de esa norma tal como ocurría antes: de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.
“Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.
“La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general”, planteaba el diputado del Pro que presentó esa iniciativa luego de las PASO en las que el Gobierno de Cambiemos experimentó una severa derrota que por su magnitud presagiaba el resultado irremontable de octubre. De tal manera, las primarias dejaron herido de muerte al gobierno de Mauricio Macri cuatro meses antes del recambio presidencial, más allá de la remontada que tuvo en octubre.
La de Tonelli no es la única iniciativa que se ha presentado desde 2009 sobre las PASO. Ni tampoco la única que propone eliminarlas. Veamos cuáles son las presentadas durante los últimos tres años en ambas cámaras, muchas de ellas todavía con estado parlamentario.
La más reciente es del 18 de marzo pasado y fue presentada por la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo, precisamente para evitar su suspensión.En rigor, reproduce el texto de un proyecto similar presentado cuando se rumoreaba la posibilidad de suspensión de las elecciones de 2021, el cual obviamente perdió estado parlamentario.
La iniciativa introduce un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley 26.571 que expresa lo siguiente: “Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.
Asimismo el proyecto de Carrizo modifica la fecha de las primarias, estableciendo que “deben celebrarse el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales”.
“La suspensión de las reglas electorales es una práctica que no sólo genera incertidumbre, sino mayores males públicos como una merma de la calidad del régimen democrático”, plantea en su iniciativa, en la que también aclara que “las leyes no se suspenden; pueden mejorarse o derogarse, pero nunca suspender un derecho”.
Admite la iniciativa de Carrizo que hay dos críticas adicionales a las PASO: que la ciudadanía ocupa gran parte del año en procesos electorales, y que no se usan por parte de las alianzas y partidos políticos. La diputada piensa que esos dos puntos pueden regularse mejor, de ahí que proponga “garantizar la permanencia de las PASO declarándolas no susceptibles de ser suspendidas, para generar certidumbre e institucionalización de las reglas”.
También sugiere, con el cambio de fecha de las primarias, acortar el tiempo entre las mismas y las generales, “con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año”.
El proyecto propone también disminuir los topes de gastos de campaña, y que el orden de los candidatos y candidatas respete los votos y la paridad de género por lista interna a la hora de la conformación de las listas para la elección general.
La diputada del Pro Mercedes Joury presentó en marzo de este año un proyecto para modificar las leyes 26.571 y 19.945 para excluir de las PASO la selección del candidato a vicepresidente, habilitando a que los candidatos a presidente resulten proclamados en dichos comicios puedan seleccionar a quien lo acompañe en la fórmula.
“Buscamos fortalecer el esquema de alianzas electorales y promover la competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, algo que no se ha logrado desde la sanción de la Ley 26.571, a pesar de haber sido uno de los objetivos prioritarios de dicha reforma”.
El proyecto que acompañaron Cristian Ritondo, María Luján Rey, Alvaro González, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Graciela Ocaña y Omar De Marchi, reconoce que “las PASO no han logrado cumplir con uno de sus objetivos prioritarios que era el de promover una mayor competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, y en el caso particular de la categoría presidente y vicepresidente esto ha sido muy notorio. De hecho, en los años 2011 y 2019 la totalidad de las agrupaciones políticas que participaron de las PASO oficializaron listas únicas de precandidatos en dicha categoría”.
“Sólo en el año 2015 hubo competencia interna en la categoría presidente y vicepresidente en 3 agrupaciones políticas (Cambiemos, UNA y FIT), aunque se trataron de internas poco competitivas”, comenta el proyecto que advierte entonces que “la falta de competencia en las elecciones primarias ha ocasionado que desde su implementación las PASO funcionen más como una gran y costosísima encuesta nacional que en un mecanismo eficaz para la selección de candidaturas”. Pero advierte además que “en el caso de las elecciones presidenciales, esta circunstancia ha provocado que sus resultados sean asimilados a una primera vuelta electoral, pero efectuada cuatro meses antes de la finalización del período presidencial. Así, en caso de un resultado adverso del oficialismo podría impactar negativamente sobre la legitimidad del gobierno y vulnerar el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que justamente buscó evitar largos períodos de transición”.
A tal fin sugiere el proyecto consagrar “la modalidad de fórmula presidencial abierta, otorgando la posibilidad a quien resulte proclamado como candidato a presidente de la Nación de elegir al candidato a vice que lo va a acompañar en la fórmula presidencial. De esta manera, a través del incentivo que implica la posibilidad de que aún en caso de derrota puedan integrar la fórmula presidencial, se promueve la competencia dentro de las agrupaciones políticas y permite el surgimiento de diversas candidaturas dentro de un mismo espacio político”.
El proyecto compara con el régimen vigente en CABA, donde el candidato a jefe de Gobierno de cada agrupación política tiene la posibilidad de elegir su compañero de fórmula dentro de las 48 horas de recibida la notificación de su proclamación. Y dentro de la experiencia comparada, menciona el caso de Estados Unidos, donde con un sistema electoral distinto y elecciones primarias que no son similares, se coincide con el espíritu de la reforma que buscan implementar.
Con todo, se deja claro que la selección del candidato a vicepresidente no puede recaer en ciudadanos que hubieran participado de esas primarias como precandidatos de otra agrupación política, excepto que formaran parte del mismo acuerdo electoral.
Otro proyecto sobre las PASO es el que presentó el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, acompañado por sus compañeros del bloque Encuentro Federal: Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. El proyecto elimina el carácter obligatorio del voto y establece la participación opcional de las agrupaciones políticas que hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría.
Asimismo y para que la agrupación política pueda ejercer la opción de no participar en las elecciones, pasando directamente a las generales, el proyecto contempla que las mismas deberán haber obtenido, en la elección general próximo pasada, el mínimo de votos igual o superior al 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la respectiva categoría.
Este proyecto también propone la posibilidad de que el candidato presidencial pueda seleccionar al candidato a vicepresidente que lo acompañará en la fórmula.
También la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó en marzo pasado un proyecto para cambiar el carácter obligatorio del voto en las PASO. “Entendemos que forzar a todos y cada uno de los votantes a inmiscuirse en la vida interna de los partidos mediante la participación compulsiva en sus elecciones internas resulta, como mínimo, desacertado y, por consiguiente, se impone cambiar la condición de obligatoriedad del sumario”, expresa el proyecto de solo tres artículos.
La diputada Carla Carrizo presentó también otro proyecto sobre el tema, en este caso para que los argentinos residentes en el exterior puedan participar de las PASO, cosa que en la actualidad la ley no contempla.
El 30 agosto de 2021 el entonces diputado del Pro José Luis Patiño presentó un proyecto que modifica el Código Electoral en lo referente a la obligatoriedad de debates electorales. La norma extiende esa obligatoriedad a los precandidatos no solo presidenciales, sino también de uno de los dos precandidatos a senadores de la Nación y uno de los dos primeros precandidatos a diputados nacionales de las listas oficializadas de las agrupaciones políticas que presenten más de una lista en las PASO.
El proyecto de Patiño pretende reparar una omisión que entiende existió en la Ley 27.337 de Debate Presidencial Obligatorio con los legisladores nacionales. Y además, plantea que “con el objetivo de revalorizar las PASO se propone que los precandidatos de una misma agrupación política participen de debate público, similar al presidencial, en la provincia donde serán electos”.
El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó el 15 de abril de 2021 un proyecto para eliminar las PASO. Más allá de considerar “una mentira total” el objetivo promovido de crear las PASO para “transparentar la política”, plantean que la obligatoriedad a participar en las mismas supone “una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos”. Pero además repudia el proyecto las PASO por el piso del 1,5% fijado como filtro para todas las fuerzas políticas.
“No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa”, plantea el proyecto.
También plantea derogar las PASO el proyecto de la diputada nacional (MC) Alma Sapag (MPN) presentado el 30 de marzo de 2021, que considera entre otras cosas que “desde su implementación, los partidos políticos no dirimen su interna en ellas, ya que por lo general, prefieren evitar la competencia presentando listas únicas; por lo que no resultaron ser un mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos políticos y devinieron en un elemento imprevisto de inestabilidad política y por lo tanto económica y social”.
Y llegamos a una oficialista que presentó un proyecto sobre el tema: la sanjuanina Graciela Caselles, que lo presentó el 18 de marzo de 2021, y no contempla eliminarlas. Por el contrario, considera a las primarias “necesarias” y “sanas para la democracia”, como así también considera “un avance” que el Estado las garantice. Lo que para la autora “no tiene ningún sentido es que cuando en algún espacio político se hayan consensuado las listas de candidatos, se los obligue a participar de esa interna y tampoco lo tiene que se obligue a los electores independientes o a los no interesados a elegir la propuesta electoral de algún espacio político, tal cual establece la legislación vigente”.
Por eso pretende que las PASO pasen a ser no obligatorias, manteniendo simultaneidad para todas las fuerzas políticas que decidan elegir sus candidatos con este instrumento.
Un bonus track de esta diputada oficialista: la iniciativa propone también la implantación de la boleta única de sufragio en papel. Entre otros argumentos, porque “con la boleta única también se garantiza al votante que encontrará todas las opciones de candidatos, y garantiza a todos los espacios políticos que sus candidaturas estarán disponibles para los votantes. Es decir garantiza una oferta electoral completa y el derecho a elegir y ser elegido”.
En el Senado también han presentado iniciativas que tienen que ver con las PASO. Como la que la neuquina Lucila Crexell presentó el 17 de marzo de 2021 un proyecto bien distinto a los que hemos citado hasta aquí. Ella propuso regular la necesidad de que los partidos políticos o alianzas electorales, al momento de oficializar la lista de precandidatos y candidatos a presidente y vicepresidente en elecciones primarias o generales nacionales, publiquen junto con su plataforma electoral un presupuesto plurianual de al menos cuatro años, de manera que los ciudadanos, las organizaciones civiles y demás interesados accedan a dicha información con anterioridad a la elección.
En cambio su par oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó en el Senado el 2 de marzo de 2021 un proyecto bien concreto, de apenas dos artículos, uno de ellos de forma, que plantea directamente la derogación del título II de la Ley 26.571 sobre las PASO. Ello es debido a que “este mecanismo es poco utilizado por los partidos políticos, no tienen sentido y, en tales condiciones, el gasto para la ciudadanía resulta exorbitante”, plantea.
Ya sin estado parlamentario, pero solo para conocer el espíritu de legisladores que actuaron durante esta gestión como una suerte de “satélites” del oficialismo, el diputado (MC) José Luis Ramón (Mendoza) había presentado el 27 de octubre de 2020 la suspensión de las elecciones primarias de 2021 “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Recordemos que en ese mismo sentido el entonces diputado tucumano Pablo Yedlin presentó más tarde, el 11 de diciembre de 2020 un proyecto también para suspender las PASO venideras con un argumento similar y a pedido de los gobernadores peronistas: “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Una iniciativa que por un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno no alcanzó siquiera a ser debatida.
A esta lista de 14 iniciativas podría sumarse en los próximos días, según ha dicho su propio autor, un proyecto del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), con el fin de derogarlas, tal cual ha anticipado. Sería después de la aprobación del Presupuesto en la Cámara baja y, de llegar a tratarse, podría ser el golpe definitivo para un sistema impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace 13 años y que, como vemos, siempre despertó adhesión y rechazos, según el lugar desde donde la viera el observador.
El diputado del FdT dijo que “el convenio internacional retrasa la agenda del Mercosur” y sostuvo “que el mundo se maneja por regiones”.
El diputado nacional Eduardo Valdés analizó el impacto que podría tener a nivel regional el avance de un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China, y en ese sentido manifestó que “me sorprende que China rompa el Mercosur con el acuerdo de libre comercio con Uruguay”, y agregó: “La condición para ingresar al Mercosur era que los países debían tener gobiernos democráticos”.
Entrevistado por Diputados TV, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados señaló: “El mundo se maneja más por regiones, eso nos fortalece”. Además, lo comparó con la formación del Frente de Todos: “Soy frentetodista porque la unidad nos fortalece y los procesos tienen que ser colectivos”.
El legislador porteño remarcó que “el Mercosur nació con la democracia argentina y eso fue contagiando a los países hermanos”, por lo que afirmó: “No me parece bien que hoy no se lleve adelante la agenda del organismo, por el acuerdo entre Uruguay y China. Del presidente de Uruguay me duele, pero que China lo concrete me duele más”.
Respecto a política internacional, Valdés planteó que “hay un malestar en las sociedades del mundo: Se cuestiona todo lo que ocurre por factores externos a la acción humana, como se cuestionó la pandemia, el virus, las vacunas”. Además, añadió que “en el medio viene la guerra, que sí es una acción humana, y eso es la imposibilidad de diálogo, la falta de civilización” y agregó que “las regiones que más padecen son las que están más lejos del conflicto: África y América Latina”.
Por otro lado, el legislador oficialista sostuvo que “el mundo del siglo 21 trajo el surgimiento de algo doloroso que es la economía informal”, y relató que “el papa Francisco generó los primeros encuentros en el Vaticano con trabajadores de los movimientos sociales liderados por Evo Morales”. Además, agregó que “el sumo pontífice viajó a Santa Cruz de la Sierra, donde surge la consigna de Tierra, Techo y Trabajo”.
A su vez, el diputado advirtió que “no se pueden tener esas intermediaciones que no hacen bien”. Además, enfatizó que “esas multitudes en el mundo existen y tienen que generar políticas para esos sectores donde el salario básico universal genere mejor calidad de vida para estas personas”.
Consultado sobre las declaraciones de Eduardo Belliboni criticando duramente a Alberto Fernández y la vicepresidenta, declaró: “No me gustó Belliboni hablando muy mal de Cristina y del presidente”.
El diputado del Pro mantuvo un encuentro con el presidente uruguayo en el que coincidieron sobre “la necesidad de mejorar los procesos de integración”.
El diputado nacional Rogelio Frigerio (Pro-JxC) mantuvo un encuentro con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tras el cual resaltó que “necesitamos fortalecer el histórico y fraternal vínculo que tiene nuestra provincia (Entre Ríos) con el país vecino”.
“Tenemos que trabajar de manera conjunta sobre lo que nos une, que es el río Uruguay. Entre otras cosas es una prioridad mejorar el calado para tener una mejor navegabilidad. También conversamos sobre la necesidad de mejorar los procesos de integración y la importancia del Mercosur en la región”, reveló el entrerriano.
Asimismo, durante su paso por Uruguay, el exministro del Interior recorrió la Casa Partidaria Histórica junto al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y luego compartió un encuentro con el expresidente de Uruguay José María Sanguinetti.
“Hay una relación muy cercana y mucha historia compartida entre Entre Ríos y Uruguay que debemos profundizar y fortalecer”, consideró el macrista.
Este encuentro se trata del segundo que realiza Frigerio, con el objetivo de fortalecer vínculos con Uruguay. A fines de mayo, el diputado del Pro ya había visitado la ciudad de Paysandú, donde se reunió con ministros, funcionarios e intendentes de ciudades costeras al río Uruguay.
El senador nacional del Frente de Todos dijo que ese país “busca presionar y resaltar su condición de paraíso financiero”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, afirmó que la decisión de Uruguay de negociar por fuera del Mercosur “es una bravuconada” y “es una medida que no está dentro de la normativa del bloque” regional de integración.
En declaraciones a Radio Provincia, el senador del Frente de Todos cuestionó la postura del gobierno uruguayo de entablar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur.
Esa decisión se dio a conocer mientras los cancilleres de los países socios del bloque intentaban acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del Arancel Externo Común (AEC) para acelerar una apertura comercial.
Taiana dijo que “acá no hay consenso de los otros países para hacer modificaciones y es una medida contraria a los artículos 1 y 2 del Mercosur. Creo que es una bravuconada de Uruguay que no va a lograr implementarse”.
Agregó que “no está claro que Brasil apoye esta decisión. Lo que hace Uruguay es presionar a Brasil por sus aires de país más liberal”.
Por último, Taína precisó que “Uruguay le tira esto a Brasil para romper. Lo que hace Uruguay es una actitud militante de crítica y resaltar su condición de paraíso financiero”.
El legislador de JxC se refirió al proyecto del gobierno uruguayo, y consideró que “si permitimos que realicen este proyecto en soledad sería el fin de nuestro control en el Río de la Plata”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió la construcción de una isla artificial proyectada por el Uruguay y a la reforma de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Respecto a la construcción de la isla señaló que será de soberanía uruguaya, pero advirtió que estaría en jurisdicción compartida por el tratado del Río de la Plata firmado en 1973.
Dicho tratado dice que cualquier obra importante debe ser con la anuencia de los dos países consoberanos del Río de la Plata.
La isla tendrá un puerto de aguas profundas, porque al estar en la boca de entrada del Río de la Plata da de cara al Atlántico Sur sería el puerto de ultramar de la Cuenca del Plata, no de Montevideo, no del Uruguay; sino de toda la Cuenca del Plata. “Entonces yo pregunto si la Cancillería Argentina sabe de este proyecto”, consideró el diputado Asseff, en diálogo con Jorge Ferrari para su programa Jacke Mate por el canal 520 de Flow.
Por otra parte, sostuvo que “nuestro país debería tomar participación en el proyecto y convertir dicho puerto en el puerto no sólo de Argentina o Uruguay, sino de toda la cuenca, e incluir a Bolivia, a Paraguay y Brasil con la región del Mato Grosso que puede convertirse en un proyecto de integración regional”.
“Si permitimos que Uruguay realice este proyecto en soledad sería el fin de nuestro control en el Río de la Plata. Nosotros necesitamos un puerto de aguas profundas del Plata, y como es muy costoso la solución es hacer una integración real con los uruguayos”, agregó el presidente del Partido Unir.
Y concluyó: “Argentina puede duplicar la producción cerealera en cinco o diez años y eso implica que vamos a necesitar cada vez más trasporte fluvial y marítimo y mejores instalaciones portuarias, además de embarcaciones de mayor calado de lo que lo que permiten nuestros puertos actuales. Entonces se puede unir el complejo portuario del litoral con el puerto de aguas profundas”.
Respecto a la reorganización administrativa de las Fuerzas Armadas, el diputado lamentó que la reestructuración del estatuto de las Fuerzas Armadas no ha tenido avances en el Congreso de la Nación. “Argentina hoy no tiene capacidad operativa en lo que respecta a la aviación o los submarinos”, indicó.
“Teniendo el mar que tenemos es necesario contar con un plan para dotarnos de submarinos. Produce vergüenza que no sepamos defender nuestros intereses más básicos”, manifestó en este sentido.
Sobre la aviación, Asseff adelantó que el Gobierno habla de traer aviones MIG rusos y acotó que parece “que se está dando un giro muy grande con respecto a lo que se viene trabajando desde hace 40 o 50 años con los caza bombarderos”. Además, agregó que “para realizar este cambio debe haber una justificación”.
“Sobre todo esto el Ministerio de Defensa no habla, no existe un plan al respecto y eso es lo que uno vive en la Comisión de Defensa en el Congreso de la Nación”, cerró el diputado.
