Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre advirtieron que luego de tres meses de haber solicitado al procurador nacional del Tesoro, Carlos Zannini, explique el retiro de la querella de la Administración de Parques Nacionales en la causa por la usurpación de tierras en Villa Marcardi, no se han brindado respuestas y los incidentes y hechos de violencia siguen sucediendo como los protagonizados recientemente por un grupo de encapuchados en la ruta 40.
Los diputados insisten en que la Procuración debe explicar los fundamentos en los que se basó para justificar la evasión de responsabilidades propias de la Administración de Parques Nacionales en la fiscalización de tierras de propiedad del Estado Nacional para evitar la usurpación de las mismas.

Alfredo Cornejo señaló: “El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión”.

Para la diputada Latorre, “Zannini abandonó la defensa del Estado Nacional al ordenar que Parques Nacionales deje de ser parte del juicio por la usurpación de tierras. Hace ya tres meses que pedimos explicaciones sin ninguna respuesta. Solo sabemos con certeza que este gobierno no respeta el derecho de propiedad ni defiende el patrimonio de los argentinos como en el caso de las tierras en Parques Nacionales”.

Según los diputados, el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable.

La Procuración del Tesoro representa o patrocina al Estado Nacional en juicios de relevante significación económica o institucional, cuando el Presidente de la Nación así lo determina, o por decisión del Procurador, en uso de una facultad delegada.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.
Al respecto, el artículo 4º de la Ley N° 17.516 prevé que el Estado podrá asumir la función de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público y, particularmente, cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y el patrimonio o rentas fiscales.

Por todo lo expuesto, los diputados solicitan nuevamente a la Procuración Nacional del Tesoro que informe acerca de las acciones llevadas adelante relativas a la causa judicial señalada.

Los diputados Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, solicite a la Administración de Parques Nacionales dejar sin efecto la decisión de retirar la querella y no impulsar la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de tierras en “Villa Marcardi”. Además se solicita evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo.

Por esta resolución conjunta firmada por el directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN), se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos “a no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en la causa judicial caratulada “JARAMILLO MARTHA LUCIANA Y OTROS S/ USURPACION ART. 181 C.P. (EXPTE. Nº 26.511/2017)” en trámite por ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche”.

La medida resulta de una gravedad institucional sin precedentes, sostienen los legisladores de Juntos por el Cambio, atentos a que la APN es el organismo guardián de los Parques Nacionales, tiene a su cargo el control y fiscalización de dichos parques que son propiedad del Estado Nacional, evadiendo así sus responsabilidades primordiales ínsitas en la Ley 22.351.

“No nos sorprende que detrás de estas intromisiones en la justicia esté el señor Eduardo Zanini, que no quedará en la historia de nuestro país por la defensa de los intereses de los argentinos” afirmó Alfredo Cornejo.

“Una vez más somos testigos del manejo discrecional que hace este gobierno de la propiedad del Estado y en este caso además va en contra de los intereses de los recursos naturales del país”, sostuvo la diputada Jimena Latorre.

Entre los fundamentos que motivaron la medida se destaca la opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación que refiere a doctrina de “larga data” según la cual “la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (…)”. (Nota N°2021-54857139-APN-PTN).

Se alega, además, que según surge del Acta N° 35/2021, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la APN que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu.

Es decir, la Administración de Parques Nacionales, está desligándose de la responsabilidad de su función propia en relación a las áreas protegidas nacionales, nada menos que ante la existencia de un delito de usurpación, que nada tiene que ver con los derechos reconocidos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994, relacionado al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina.

Es necesario recordar que, el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área correspondiente a “Villa Mascardi” ha sufrido las consecuencias correspondientes a la descripción del delito de usurpación de tierras, prevista como tal en el Código de Derecho Penal de la Nación.

“Es así que el hecho de que el organismo responsable a nivel nacional de la fiscalización de las tierras de propiedad nacional como lo son los Parques Nacionales de la República Argentina decida no presentarse en la etapa de clausura de la instrucción y de elevación a juicio en dicha causa judicial, resulta inadmisible para la protección de los intereses y el Patrimonio Nacional, resultando afectado el derecho de propiedad del Estado Nacional sobre tierras de un valor inconmensurable. El hecho aparece, a todas luces, como un incumplimiento palmario y manifiesto de los deberes de los funcionarios públicos firmantes del acto administrativo referido, así como de todos aquellos involucrados en forma indirecta con dicha decisión” concluyó el documento firmado por los diputados.

Más de 5.500 productores y pequeños y medianos empresarios de Misiones, nucleados en la Mesa Chica de Autoconvocados contra Delitos Rurales de  esa provincia, emitieron un comunicado de repudio a las declaraciones del diputado nacional Hector “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos – Misiones), que tildan de “amenazantes” y “violentas”. El escrito critica los dichos del legislador por enfrentarse a un juez “que tuvo la valentía de defender el principio de propiedad privada y convocando a ciudadanos para volver a tomar dichas tierras, configurando un claro delito”.

“Repudiamos tal conducta por ir contra los principios establecidos en la Constitución Nacional, por ir contra los derechos de los propietarios de tierras y por poner en serio riesgo la seguridad jurídica de la provincia de Misiones, desalentado a los productores y a las empresas a seguir apostando en la producción de riqueza de nuestra región”, argumentaron los productores.

En el mismo sentido, los Autoconvocados contra Delitos Rurales mostraron su apoyo las acciones del Gobierno misionero “en cuanto a la defensa de la propiedad privada, actuando con decisión ante hechos de usurpación de chacras de colonos en los últimos meses”.

El audio

Este fin de semana comenzó a circular un audio de WhatsApp en el cual se escucha al diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro instigando a la toma de tierras, a pesar de reconocer que son propiedad privada. 

En el audio, el legislador misionero anuncia una presentación judicial pidiendo anular una sentencia contra los usurpadores de una propiedad privada en Picada Guaraní (San Vicente). También se lo escucha convocar a una movilización ante el Juzgado de Instrucción 3 de esa ciudad, “entre lunes y martes” y un corte de la ruta 14.

“El lunes tenemos que convocar a la gente al juzgado de vuelta, a todos, a los que podamos, y después nos vamos a cortar la ruta, y después al Concejo Deliberante a entregar un petitorio ahí, al intendente (Fabián Rodríguez de San Vicente), a todos, tenemos que movernos, si no esto se va a enfriar la sopa, y ustedes no van a poder entrar”, menciona Bárbaro, en referencia a las tierras desalojadas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el fragmento del audio en el cual el misionero reconoce que “es propiedad” y alienta a las personas a “volver” a ocupar las tierras para forzar a una compra por parte del Gobierno. “Ahí vamos a apretar al Gobierno para que compre las tierras que estamos ocupando”, asegura.

Por su parte, el diputado nacional, quien es líder del Partido Agrario y Social y aliado del Frente de Todos, justificó sus dichos en el audio, pero aclaró que lo habían entendido mal. “En ese audio se entiende mal, como que yo voy por la intrusión de esa tierra. Y no es así. Yo participé de muchos cortes de ruta. Hace siete años no voy más a la ruta, desde que armamos (la) ACTIM (Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones). Pero pasó una semana, no le dieron respuesta y yo no puedo mirar para el costado”, señaló en Radio Libertad.

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley en el que propone agravar las penas para quienes usurpen u organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas.

“El delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo. Claro que existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, señaló.

La iniciativa pretende, además, diferenciar las usurpaciones del artículo 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo reducido, de aquellas que se producen masivamente.

“Esta modificación planteada viene en relación al incremento de usurpaciones que se han registrado en el último tiempo en nuestro país”, explicó el exgobernador de Río Negro, provincia en la que se registraron conflictos en distintos terrenos con miembros de la comunidad mapuche.

El legislador argumentó que “la usurpación masiva implica no solo una menor posibilidad de resistencia para la víctima, sino una mayor dificultad para la Justicia a la hora de proceder con las investigaciones correspondientes”.

“Incluso, muchas veces los organizadores de las tomas, si no procedieron a ser parte del despojo quedan impunes, o solo serían alcanzados por el delito de instigación, por lo cual se plantea una figura específica para ellos, que hasta aquí no existe”, agregó.

El proyecto estima que si los delitos se producen por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión, para todos los que hayan participado del hecho. Mientras que los organizadores serán reprimidos con penas de 3 a 6 años de prisión.

También propone un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión, “cuando un grupo de usurpadores invocando injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas”.

“Esto tiene que ver con las ocupaciones de personas que muchas veces ni siquiera son parte de pueblos originarios y aprovechan dichas situaciones para tomar tierras, dañando propiedades o sembrando el terror en la comunidad. En este caso, para estos grupos se establece una pena que no sería excarcelable”, remarcó Weretilneck.

El senador consideró que “esta reforma es una manera de ir aggiornando la legislación penal a las necesidades de la gente hoy, protegiendo la propiedad privada y desalentando la continuidad de estas usurpaciones masivas”.

El exgobernador planteó la reforma del artículo 23 del Código Penal, agregando dentro de las medidas cautelares el desalojo preventivo, que busca que en todo el país se pueda resolver anticipadamente el desalojo y la restitución del bien a quien lo poseía, sin necesidad de tener que esperar hasta el final del proceso, ya que ello puede llevar años de tramitación.

El artículo establece que luego los códigos procesales serán donde se establecerán las formas específicas para tal fin, en función del sistema procesal que cada provincia establezca.

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó la comparación que el gobernador Axel Kicillof hizo entre la toma de tierras y la situación de los barrios privados.

“Pretender transformar las usurpaciones en una cuestión de clases contiene un mensaje que lleva a enfrentar a una sociedad ya suficientemente castigada con desempleo, pobreza y una profunda incertidumbre acerca del futuro”, dijo Abad.

“Sin reglas de convivencia no hay contrato social posible y cuando desde el propio gobierno se relativiza o se banaliza el quiebre de la legalidad, se puede entrar en un ‘vale todo’ peligroso para la paz social que tanto ansían la inmensa mayoría de los argentinos”, apuntó.

El legislador sostuvo que el gobernador “expresa una mirada que preocupa, una mirada de lucha de clases, de necesidad de echar las culpas de todo a los demás y de reivindicarse a sí mismo, como entendiendo que el mundo es malo y que no le reconoce sus méritos. Esto está lejos de las respuestas que necesitan los y las bonaerenses”

Abad le viene reclamando al Gobierno provincial que debata las políticas para resolver los problemas y amplíe sus canales de diálogo con la oposición. “Legalidad, responsabilidad y muchísima prudencia necesitamos de parte del gobernador. No necesitamos más aportes a la incertidumbre sino propuestas para salir de la grave crisis que atravesamos. Para recuperar la confianza y bajar la incertidumbre hay que expresar moderación”.

“No puede analizarse un momento como este desde una perspectiva cerrada. Comparar un proceso de regulación de barrios y pago de impuestos con el delito de tomas de tierras y usurpaciones demuestra el conflicto ideológico de un gobierno que no tiene propuestas, no aporta soluciones, ni expresa claramente el rumbo que tiene la Provincia”, concluyó.