Exigen al Gobierno “terminar de una vez” con las usurpaciones en el Sur

“Mientras Aníbal Fernández se dedica a tuitear hay chubutenses que tiene miedo de que les tomen sus tierras”, denunció el senador Ignacio Torres.

El senador chubutense Ignacio “Nacho” Torres exigió al Gobierno nacional que “termine de una vez por todas con las usurpaciones y las tomas de tierras en la cordillera de Chubut y Río Negro”, tras los recientes actos de terrorismo que sufrieron los vecinos de Lago Mascardi y que ahora ponen en vilo a los pobladores de la comarca andina.

“No podemos dejar que ganen los violentos. Ya no es una cuestión solamente de violencia: está en riesgo la soberanía nacional. Por eso, vamos a exigirle al Gobierno nacional junto con otros colegas de la Patagonia, que tomen cartas en el asunto de manera urgente, para acompañar a los gobiernos provinciales y terminar con este tema de una vez por todas”, reclamó Torres.

La semana pasada, grupos violentos otra vez quemaron un puesto de Gendarmería, dispararon a las fuerzas de seguridad y destruyeron cabañas, avanzando sobre las tierras de los pobladores de la zona.

“Mientras el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se dedica a tuitear, en mi provincia hay gente que tiene miedo de que les tomen sus tierras y les prendan fuego sus casas”, indicó Torres contra la “inacción” del Gobierno Nacional.

Estas usurpaciones, a cargo de grupos terroristas, cada vez son más frecuentes en la cordillera e infunden temor en los vecinos de Chubut y Río Negro, que hace años que vienen pidiendo respuestas a las autoridades sin que pase nada, sostuvo el legislador chubutense.

En esta línea, Torres cuestionó que “no estamos hablando de grandes terratenientes, estamos hablando de laburantes que son víctimas de estos delincuentes que quieren amedrentar y generar temor para cometer estos delitos”.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández reconoció el problema y dijo que está trabajando en el tema. Torres le pidió al Gobierno que termine con las ambigüedades y actúe con todo el peso de la ley contra los terroristas. “No podemos avalar la violencia. Esto está pasando hoy en la Argentina y el gobierno decide mirar para otro lado. La ley tiene que ser la misma para todos”, sentenció.

Impulsan un proyecto para modificar el Código Penal sobre delitos de usurpación de tierras

A instancias del titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, y su par Agustín Domingo, la iniciativa propone cambiar los artículos 23 y 181 con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito”.

El presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo.

En ese sentido, remarcó: “Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras”.

Y sumó: “En el art. 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión”.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

A su vez, Domingo explicó que de convertirse en ley “quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede”, y explicó que los cambios propuestos apuntan a “garantizar el derecho de propiedad”.

3401-D-2022

Aprueban ley para “agilizar” la restitución de los inmuebles usurpados

El Senado bonaerense votó una reforma del Código Procesal Penal impulsada por JxC que apunta a la restitución de los inmuebles a los legítimos dueños sin necesidad de esperar “el proceso de desalojo”.

Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la más reciente la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo “una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta” por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones aprobadas.

La principal fuerza opositora es la que vino trabajando la cuestión y fue capaz de lograr un discreto consenso con el oficialismo para la aprobación por unanimidad el proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco.

No obstante, ahora la iniciativa deberá ser considerada por los Diputados para proseguir con el trámite parlamentario y eventualmente encontrar su sanción.

Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense.

Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y advierten sobre “medidas y acciones dilatorias”, que permitirían una mayor permanencia y hasta la venta de tierra, en forma irregular, “a otras víctimas del mismo delito”.

A través de la modificación propuesta, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.

Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente “la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación”.

También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que “sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto”.

El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.

“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”, sostuvo.

Asimismo, agregó, “en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”, concluyó.

Reclaman la restitución de un “tambo usurpado” en Guaminí

Diputados se hacen eco de los reclamos de los propietarios del emprendimiento lácteo, arrendatarios del campo, que denuncian que no pueden ingresar a la propiedad desde hace ya un año.

vaca lechera

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo y Emiliano Balbín presentaron un proyecto de declaración donde expresan su profunda preocupación y alarma por las usurpaciones y tomas de terrenos públicos y privados, urbanos y rurales que se vienen produciendo en el territorio de la provincia.

En tiempos en los que las tomas y usurpaciones ilegales de terrenos privados como los de Guernica en el municipio de Presidente Perón, los terrenos en el barrio de Los Hornos en La Plata o la propiedad de la familia Etchevere en la provincia Entre Ríos; se suma el caso del tambo situado en Ruta Nacional Nº 33 entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del Partido de Guaminí.

Los propietarios del emprendimiento lácteo, arrendatarios del campo, denuncian que no pueden ingresar a la propiedad desde hace ya un año y los usurpadores están vendiendo bienes muebles y la hacienda a través de posteos que publicitan en redes sociales, donde ponen sus celulares de contacto.

La situación es desesperante para los dueños y arrendatarios del campo, quienes cuentan que ya les vendieron 17 animales de forma ilegal y mataron otros; que produjeron daños materiales sobre la propiedad y además sufrieron amenazas de todo tipo ante los reclamos que hacen. Los usurpadores han amenazado con sacar toda la hacienda a la ruta, con el riesgo de que haya un accidente vial y que sean los dueños los responsables penales y civiles de esos posibles siniestros.

Para colmo esta historia no termina solo en la usurpación ilegal y la venta de la hacienda que allí se encuentra. Los usurpadores convocan también vía redes sociales, a más gente a acercarse a la usurpación y para constituir cooperativas de trabajo que no se sabe con qué fines; situación que requeriría el aval del estado provincial o nacional.    

”Nos preocupa seriamente este nuevo modus operandi de toma de tierras, que ahora se empieza a aplicar en el interior de la provincia y que estas personas han llevado adelante en otros establecimientos lecheros”, dice Balbín.

”Hay una evidente e inocultable intencionalidad política desde la inacción y la falta de condena pública por parte del gobierno nacional y provincial con respecto a las usurpaciones. El caso puntual de este tambo que ya cumple un año de usurpado, sorprende por el nivel de impunidad y el total abandono desde el Estado a los arrendatarios y propietarios del establecimiento. Vemos que ideológicamente algunas facciones del gobierno coquetean con la reforma agraria y eso realmente nos tiene en alerta permanente.”, afirmó el legislador Luciano Bugallo

Es ante la desesperada situación de estos productores agropecuarios que los legisladores de Juntos por el Cambio realizan esta declaración en la cámara para instar a la justicia a resolver esta situación pronto, y restituir tanto el bien inmueble, así como los bienes muebles y la hacienda a los propietarios legales y legítimos, y evitar así situaciones peores, como las que amenazan con realizar los usurpadores.

”Claramente el Poder Judicial también ha sido usurpado por la incoherencia y el resentimiento, porque de otra manera no se explica la falta de defensa hacia la propiedad privada.”, cuestionó Bugallo

”Nuestra provincia y el país están pasando una situación de crisis sanitaria y económicas muy graves, que requieren que quienes tienen capacidad productiva y de generación de puestos de trabajo, puedan trabajar seguros, y bajo la protección de la ley, y no que cualquiera les usurpe los campos y les venda su propiedad, sin consecuencias”, concluyó el diputado Balbín.

Senadores buscan “agilizar” la restitución de los inmuebles usurpados

En la sesión de este jueves en el Senado bonaerense se votaría una reforma del Código Procesal Penal impulsada por JxC que apunta a la restitución de los inmuebles a los legítimos dueños sin necesidad de esperar el proceso de desalojo.

Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones.

En la principal fuerza de la oposición la que viene trabajando en la temática y ha logrado el consenso con el oficialismo para que en la sesión de este jueves se apruebe por unanimidad el proyecto presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco. Luego será el turno de Diputados para proseguir con el trámite parlamentario.

Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal.

Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y todas las medidas y acciones dilatorias, que

permiten una mayor permanencia y hasta la venta de tierra en forma irregular, “a las otras víctimas del mismo delito”.

A través de esta modificación, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.

Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación.

También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto.

El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.

“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”.

Además, agregó que “asimismo, en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”.

Proponen suspender beneficios sociales a usurpadores

Se trata de una iniciativa del diputado del Pro Ignacio Torres, quien también promueve “mayores penas” para quienes incurran en ese tipo de delitos.

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres presentó junto a colegas del interbloque dos proyectos de ley que endurecen las penas previstas para el delito de usurpación, y suspenden los beneficios o planes sociales a quienes resulten culpables. Las iniciativas responden a la agudización del problema de toma de tierras en distintos puntos del país, incluyendo la provincia del Chubut.

Al respecto Torres manifestó que “queremos brindar herramientas más sólidas a la justicia a la hora de abordar estos delitos que atentan no contra la propiedad privada, sino contra el fruto del trabajo de los laburantes” y agregó “Este tipo de delitos no sólo ahuyentan a grandes inversores, evita la apuesta de pequeños productores, espanta al turismo, y siembra miedo en la población que con mucho esfuerzo hace su casa o compra un terreno”.

En concreto, uno de los proyectos eleva las penas del delito de usurpación, consagrado en el artículo 181 del Código Penal de la Nación, pasando la mínima de 6 meses a 1 año de prisión, y la máxima de 3 a 6 años, en la configuración más simple del hecho.

Además, agrega la figura de la usurpación grupal, elevando aún más la pena, y contempla los casos en que el territorio tomado corresponde a un parque nacional. Asimismo, incluye la inhabilitación perpetua para funcionarios que fueran parte del delito.

Por otro lado, el segundo proyecto propone excluir a las personas condenadas por el delito de usurpación, del acceso a planes, prestaciones, programas o subsidios otorgados por el gobierno nacional, provincial o municipal.

En este sentido el diputado indicó que “hay casos donde los terrenos usurpados pertenecen al ejército nacional, o corresponden a Parques Nacionales. Defender esa propiedad es una cuestión de soberanía interna”.

Finalmente, Torres expresó que “nuestro rol como legisladores es brindar nuevas herramientas o mejorar las existentes, para que los poderes que tienen que controlar y accionar, puedan hacerlo efectivamente”, y agregó: “reformar leyes para evitar lagunas legales, o actualizar aquellos institutos legales que no cumplen su objetivo, es parte del trabajo para proteger al vecino que trabaja todos los días, y que no tema perder el fruto de su esfuerzo de un día para el otro por la avivada de unos pocos”.

Ritondo pide elevar las penas para los usurpadores

Conforme el incremento de las tomas de tierras, el jefe de la bancada Pro quiere duplicar las sanciones para ese tipo de delitos.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de ley para elevar las penas del delito de usurpación.

La iniciativa propone modificar el artículo 181 del Código Penal, que actualmente establece una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Esa pena pasará a ser de 1 a 6 años de cárcel. Además, se considerará agravante cuando en la toma participen más de 3 personas. En ese caso la pena será de 2 a 7 años. Pero si el inmueble usurpado fuere un parque nacional o una explotación productiva, la pena será de 2 a 7 años, y de 3 a 8 años si participan más de 3 personas. Por último, si de la toma participan empleados o funcionarios públicos quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cargos.

Al referirse al proyecto, Ritondo afirmó: “Los argentinos no merecen que les usurpen el futuro. Como oposición responsable haremos todo lo que está a nuestro alcance para defender la propiedad privada y la libertad, como corresponde en una república. El espectáculo de usurpaciones que vemos en los medios nos avergüenza. No es la Argentina del trabajo que heredamos de nuestros abuelos”.

Además, Ritondo denunció la ausencia del estado en defensa de los propietarios que ven vulnerados sus derechos, y señaló que funcionarios fogonean las tomas al favorecer a los usurpadores con entrega de materiales, subsidios y alimentos. “El mensaje que se transmite es nocivo y altera la convivencia democrática”, señaló.

Acompañan el proyecto los diputados PRO Martín Medina, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Camila Crescimbeni, Hernán Berisso, María Luján Rey, Pablo Torello, Juan Aicega, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, Sebastián García De Luca, Álvaro González, Fernando Iglesias y Luis Juez.

Torres pide la intervención del Gobierno nacional en las usurpaciones de tierras en la Patagonia

Ante la sucesión de episodios en la comarca andina, el diputado chubutense reclamó la inmediata intervención del Ejecutivo en el conflicto.

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres se refirió a las tomas y ocupaciones de terrenos en la región andina manifestando que “los vecinos están muy preocupados, pedimos la intervención de Nación y que informen las acciones realizadas”.

“Hace unas semanas vecinos de la Comarca Andina se comunicaron conmigo, preocupados por las tomas de terrenos y campos de producción agropecuaria en Puelo y alrededores”, dijo el legislador nacional y agregó que “por la gravedad de la situación pedí la inmediata intervención del Ejecutivo Nacional en el conflicto”.

Mediante el proyecto de resolución, Torres solicitó semanas atrás al Poder Ejecutivo que disponga solucionar la toma y usurpación de campos de producción agropecuaria en la Patagonia. Asimismo recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió de forma unánime hace unos días, poniéndole un límite a estas prácticas.

Por otro lado, el diputado del Pro recordó que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación está convocado para responder las consultas en la Cámara baja, por lo que indicó que “estoy presentando un cuestionario para que el jefe de Gabinete informe qué medidas implementaron desde el Poder Ejecutivo para solucionar la toma y usurpación de esos campos productivos y terrenos privados”.

Finalmente, Torres expresó que “la usurpación de tierras en la Argentina es posible porque hay un gobierno que no se hace cargo del problema, y mientras tanto, hay un delito que crece a la sombra de la inacción política”.

4696-D-2020

Quieren saber si el plan del Ejecutivo es trasladar usurpadores a municipios del interior

Atento a las últimas tomas ilegales de tierras, Alberto Asseff quiere saber cuáles son las garantías que posee el Plan Nacional de Suelo Urbano para evitar que se interprete como una herramienta para descomprimir las usurpaciones.

El diputado nacional Alberto Asseff,  del bloque JxC y presidente del Partido UNIR, solicitó al Gobierno que explique cuáles son los criterios para la ejecución del Plan Nacional de Suelo Urbano en los municipios de todo el país, y si las condiciones de accesibilidad son solo para los residentes de la zona, evitando así posibles traslados de usurpadores.

Al respecto el titular del Partido UNIR pide que el Ejecutivo informar sobre la cantidad metros cuadrados de tierra pública apta que poseen las provincias  incluidas en la ejecución del plan; así como saber cuáles son los criterios de financiación para acceder a los beneficios del plan y el  sistema de rendición de cuentas establecido en por DNU 782/2019 contará con un control de auditoría externa al Estado para la ejecución del plan.

Atento a las últimas tomas ilegales de tierras, Asseff quiere saber cuales son las garantías que posee el Plan Nacional de Suelo Urbano para evitar que se interprete como una herramienta para descomprimir las usurpaciones que se están dando por todo el país, y como se puede garantizar que el plan sólo beneficie a personas residentes del municipio donde se aplica.

Por último, el diputado Alberto Asseff quiere saber si la política de usos del suelo para fines urbanos tendrá todo su eje sobre el dominio público o bien, se darán condiciones factibles y accesibles para el desarrollo privado. Lo que está unido a la partida presupuestaria se destinará para la ejecución del plan cómo será financiada dicha partida. Dado, que “ante un contexto nacional sumamente grave respecto de la violación de la propiedad privada, como así también fiscal, dada por las usurpaciones este plan descripto genera incertidumbre y sospechas”.

De tal modo que “dado el marco de crisis socio económica que atraviesa el país, es necesario conocer las formas de financiación y el armado del presupuesto para la ejecución del plan en cuestión”.

Prorrogan la suspensión de los desalojos hasta marzo del 2021

Los diputados de la provincia de Buenos Aires lograron ponerse de acuerdo para prorrogar, con algunas modificaciones, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales que rigen desde marzo.

Tomas de terrenos

El bloque oficialista del FdT empujó el tratamiento de la prórroga de la ley 15172, que suspende, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hasta el 31 de marzo de 2021 las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”.

No sin algunas sobreactuaciones, el proyecto de ley logró ingresar en el temario e inició su trámite parlamentario a paso firme, pues ahora deberá ser considerado por el Senado, pero en un marco de acuerdo.

Sucede que el proyecto fue apuntado como un soporte para que la Justicia no actuara en las usurpaciones que se suceden en la provincia. Y ambos espacios políticos tienen sus intereses en el tema y el tironeó no deja de ser un simulacro de posiciones concretas.

La letra chica del articulado tal vez sea materia de discordia, pero en principio el proyecto de Ley ingresado fuera de hora por el Poder Ejecutivo que se limita a prorrogar la ley 15172 fue aprobado con las modificaciones propuestas por la oposición de JxC, que busca evitar la persistencia de la confusión que invadió a algunos magistrados reticentes a impedir “tomas de terrenos” en la provincia, por lo que se agregó un ítem específico.  

En la normativa se dispuso la suspensión de determinados desalojos y lanzamientos, en vista de proteger el derecho a la vivienda digna y adecuada en el marco de la pandemia.

En el texto de la ley se sostiene que la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título singular o universal.

También se suspende la ejecución de parte indivisa prevista el artículo 2207 del Código Civil y Comercial de la Nación siempre que la parte deudora integre el condominio, o quienes la sucedan a título universal, sean ocupantes de la vivienda; y los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA); planes de ahorro para adquisición de vehículos automotores; también son suspendidas.

Además, toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales.

Toda ejecución o lanzamiento, sea en sede civil o penal, en que la demandada sea una unidad de producción cuya gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras (Fábricas Recuperadas), que hayan resultado expropiadas; quedarán suspendidas.

De todas formas, en el marco de la oleada de tomas de terreno en la provincia, se incorporó un artículo donde precisa que quedan excluidas de la suspensión todas las usurpaciones y también las tomas colectivas de terrenos, para “dejar en claro que los jueces tienen las herramientas necesarias para producir los desalojos ante la una situación de usurpación ilegal”.

“Creemos que con las modificaciones que propuso nuestro bloque, la ley ha quedado más precisa, y que de ninguna manera no podrá ser invocada ante la justicia para querer pretender dilatar el proceso de desalojo de las tomas y usurpaciones”, dijo el diputado de JxC Daniel Lipovetzky.

Presentan proyecto para crear suelo urbano y frenar la toma de tierras

Aspira a multiplicar el acceso a la propiedad de la tierra en ciudades de menos de 300 mil habitantes. El proyecto de ley fue presentado a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.

En el marco de la tensión por las tomas de tierras, presentan un proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Urbanización Social, con el objetivo de facilitar a las municipalidades la generación de suelo urbano y producir empleo en las ciudades menores de 300 mil habitantes.

El plan aspira a mejorar las oportunidades de acceso al suelo a los sectores de ingresos medios bajos y bajos y se propone como una solución al problema que plantean la toma de tierras. Su autor, el diputado Fabio Quetglas (UCR-JxC), manifestó que “las tomas son un tema de seguridad, no solo por la tensión que generan, sino por las circunstancias en las que niños y ancianos acampan por semanas. Es obligación de las autoridades gestionar la emergencia y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios.

El Fondo de Urbanización, busca contribuir a resolver el déficit habitacional; y además, el acceso a la propiedad puede operar como un organizador demográfico para evitar la conurbanización patológica. “La generación masiva de suelo urbano es parte de la solución, porque con una tasa de inversión accesible, genera empleo, estimula el arraigo y se bajan los niveles de tensión social. Además, estimula una cultura de inversión pública y privada, manifestó Quetglas.

“Las tomas”, que generalmente constituyen barrios en lugares inadecuados, generan tensión y vulneran el derecho de los propietarios, requieren de una política sostenida en el tiempo, que vincule responsabilidad colectiva y esfuerzo individual.  El proyecto de ley espera tratamiento en la Comisión de Vivienda y Planificación Urbana de la Cámara de Diputados, además de haber sido presentado la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.