La movilización fue decididaante las expresiones de José Luis Espert sobre la natalidad en hogares pobres.
Disruptivo, José Luis Espert encendió la mecha de la polémica al señalar durante una entrevista que “si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria”.
Ese fue precisamente el título de la entrevista que le hicieron en el portal Infobae, donde el legislador habló de la necesidad de “limitar la AUH” por cuanto “no se puede estar subsidiando el aumento de la pobreza”. Y apuntó: “La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es de 4 y 5 veces superior a la población de clase media y media alta. Esto significa que, si Argentina no poen un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria”.
Desde las organizaciones sociales salieron a criticar duramente a Espert y la agrupación Somos Barrios de Pie -alineada con el Gobierno nacional- decidió movilizarse al Congreso para pedir directamente la expulsión del legislador elegido en 2021.
Según la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales, “cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad”.
Morales atribuyó a Espert “rasgos fascistas” y la construcción de “discursos que promueven la discriminación”. A su juicio, Espert “restringe las libertades individuales y somete a las mayorías populares” con sus expresiones.
A instancias de IMA y UTEP, gobernadores, dirigentes sociales, gremiales, empresariales y académicos debatirán sobre un nuevo ordenamiento productivo para el país. Auspician la UBA y UMET.
El Instituto para el Modelo Argentino, en conjunto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizan el seminario “La seguridad es social y se garantiza con trabajo”, en el que dirigentes de primer orden nacional discutirán sobre un nuevo ordenamiento productivo para el país.
Del evento participarán los gobernadores Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Jorge Capitanich, de Chaco; y Ricardo Quintela, de La Rioja. A ellos se sumarán dirigentes como Víctor Santa María, secretario general del sindicato SUTERH; Emilio Pérsico, dirigente social y secretario de Economía Social MDS; Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP; María Fernanda Silva, embajadora argentina en El Vaticano; Martha Arriolla, coordinadora nacional de “Cuidadores de la Casa Común”, entre otros.
También participarán académicos y empresarios PyMe como Juan Cioll, Leo Ezequiel Bilanski, Raúl Zylbersztein, José Luis Di Lorenzo y Pablo Chena.
El seminario cuenta con el aval de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y se realizará los días 16/9, 30/9 y 14/10 de 11 a 13hs, de manera virtual.
El primer encuentro contará con la apertura de Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y las disertaciones de Gildo Onorato, Silvia Ornes y Norma Morales (UTEP); Gringo Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense); Juan Ciolli (empresario Pyme); Martha Arriolla (coordinadora Nacional de “Cuidadores de la Casa Común”); Alicia Kirchner (gobernadora de la provincia de Santa Cruz).
La actividad es no arancelada y se entregarán certificados de asistencia.
Los interesados deben inscribirse en https://forms.gle/4gXSX7FyURCdpmGV9
La UTEP, que nuclea a trabajadores de la economía popular, impulsa un proyecto que avalan Leonardo Grosso, Itai Hagman y Juan Carlos Alderete, entre otros.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de su Secretaría de Mujeres y Diversidad, exigió este miércoles la sanción de una ley para declarar la emergencia social por violencia de género, en el marco de la conmemoración del Ni Una Menos.
El gremio tiene elaborado su propio proyecto, el cual cuenta con apoyo de los diputados nacionales Leo Grosso, Verónica Caliva, Itai Hagman, Federico Fagioli, Juan Carlos Alderete y Claudia Bernazza, todos del Frente de Todos.
La iniciativa busca atacar la violencia machista en los barrios populares, con el foco en la dificultad de la precariedad económica y habitacional.
En ese sentido, propone crear en todo el territorio nacional una red para atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo en aquellos casos en los que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica o la de sus hijos.
Por otro lado, también propone entregar un subsidio a la víctima para poder ayudarla a lograr la independencia económica.
El proyecto también busca fomentar una red de promotoras territoriales de prevención contra la violencia de género, algo que ya existe pero sin reconocimiento ni salario para esas mujeres.
“Hoy más que nunca necesitamos que se trate esta ley. Con el aislamiento obligatorio, la Justicia casi paralizada y sin posibilidad de generar ingresos por cuenta propia, las mujeres que sufren violencia están en una situación desesperante”, advirtió Jakeline Flores, referente de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP.
