En la década del 70 el general Juan Perón advertía a los argentinos que la problemática a la que se aproximaba el mundo sería la comida, que había que aumentar el stock ganadero a 200 millones de cabezas de ganado vacuno. El mensaje era claro: la seguridad nacional del futuro no pasaría por la militarización, sino por la capacidad de producir alimentos. Sin embargo, hoy el bloque de legisladores Unidos por la Patria parece no haber comprendido aquella advertencia histórica. Un sector referenciado en Juan Grabois ha presentado un proyecto para desalentar el aumento de la producción ganadera, en un país que actualmente cuenta con 51.626.000 cabezas y necesita expandirse para sostener su matriz alimentaria y exportadora.

El proyecto -que propone gravar las emisiones de metano de las vacas- nace con una argumentación ambiental de superficie, pero contiene una profunda contradicción: mientras el mundo invierte millones de dólares en tecnologías para reducir emisiones sin frenar la producción, en Argentina se impulsa una medida punitiva que castigaría al productor y a sus vacas por sus “pedos, lo que encarecería la carne en el mercado interno y debilitaría la soberanía alimentaria nacional.

La pregunta cae por su propio peso: o son muy ignorantes, o están trabajando para el enemigo en el marco de la Agenda 2030, esa misma que, aplicada sin inteligencia nacional, termina favoreciendo a las potencias que dominan el comercio global de alimentos.

Porque no es cierto que la única respuesta al problema del metano sea reducir los rodeos. Los estudios científicos de INTA y FAUBA muestran reducciones del 30% en emisiones mediante extractos vegetales autóctonos; investigaciones globales confirman que la dieta, el manejo de pasturas, la genética y los sistemas de engorde son factores decisivos. A esto se suman las tecnologías de captura y aprovechamiento del estiércol, que permiten convertir un residuo en biogás o biometano, es decir, energía limpia y fertilizantes.

No estamos ante un problema sin solución: estamos ante un problema que demanda ciencia, inversión y política, no castigos fiscales.

Y ahora vamos a lo político: ¿a quién beneficia esta obsesión por desensibilizar a la ganadería argentina? A Estados Unidos y a sus satélites agroalimentarios.

Porque mientras acá se discuten impuestos al “pedo de la vaca”, ellos inauguran plantas de captura de metano, subsidian a sus productores y se preparan para abastecer mercados donde otros países -como Argentina- se autoimponen restricciones. Si el productor local vende su plantel por inviabilidad económica y el gobierno liberal debe importar carne, el resultado es obvio: ganan ellos, pierde el país.

La propuesta legislativa de UP se ubica exactamente en ese juego geopolítico, aunque sus autores pretendan ignorarlo. En vez de promover una ganadería moderna, sostenible y con agregado científico nacional, se elige el camino más torpe: penalizar a quienes sostienen la ruralidad, la economía interior y el abastecimiento de alimentos.

Es una lógica que castiga al pequeño y mediano productor, beneficia la concentración y abre la puerta a la dependencia externa. El mismo error que Perón denunció durante toda su vida: creer que la defensa del ambiente consiste en debilitar a la Nación.

La verdadera agenda ambiental argentina debe ser nacional, no importada. Debe apoyarse en la ciencia propia, la tecnología de nuestras universidades e institutos, la cultura del trabajo rural y el federalismo productivo.

Debe reducir emisiones, sí, pero sin destruir la base productiva que alimenta al país y sostiene millones de puestos de trabajo. Por eso la pregunta no es retórica: ¿para quién juega el bloque UP cuando propone leyes que debilitan al productor argentino y fortalecen al exportador norteamericano?

La respuesta determinará el futuro de nuestra soberanía alimentaria y, en última instancia, el rumbo político de la Argentina profunda.