En medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, los diputados de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer la utilización de un “curriulum equitativo” y evitar la discriminación laboral por cuestiones como el género, edad, lugar de residencia, entre otras.

La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque oficialista, Diego García Vilas (VJ), y cuenta con el apoyo de los diputados Gastón Blanchetiere y María Sol Méndez (VJ). La misma busca establecer con carácter obligatorio el “Currículum Equitativo” para todos los empleadores en el ámbito de la Ciudad.

Se trata de un instrumento en formato digital por el cual el trabajador presenta su postulación a ofertas laborales en condiciones de equidad y no discriminación; este CV contendrá de forma exclusiva e ineludible solamente la información que sea estrictamente necesaria para desempeñarse en el trabajo que se ofrece.

De esta manera el curriculum y la oferta que lance el empleados no podrá contener: fotografía del postulante; edad; género o sexo; estado civil; y dirección, barrio o lugar de residencia. Tampoco se podrá requerir condiciones de aspecto físico, como ser “buena presencia” u otros; indagar acerca de la ausencia o existencia de hijos o personas a cargo; información referente a la vida sexual de los trabajadores; o cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece y sea fuente de discriminación.

En caso de que el proyecto sea aprobado y que los empleadores no cumplan con la misma, el texto establece sanciones que consistirá en la realización obligatoria de capacitaciones en temáticas de género, inclusión plena y no discriminación.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “el proyecto persigue la tarea de remediar la situación de desamparo e indefensión en que se hallan ciertas personas que se ven imposibilitadas de acceder a un empleo formal o sufren discriminación laboral indirecta a la hora de la contratación” e indicaron que “esta forma de discriminación hace referencia a situaciones, medidas o prácticas aparentemente neutrales pero que en realidad tienen un efecto negativo en las personas, ya que no atañen al desempeño de la tarea o función para la que se postulan, sino que se cifran en cuestiones que hacen a su edad, sexo, identidad o expresión de género, domicilio, lugar de residencia, origen racial, ideología, religión o pensamiento político, estado civil y tener personas a su cargo, ya sea hijos/as o adultos mayores”.

“El proyecto parte de la idea de que, en principio, el único requisito que se precisa para desempeñar una actividad, tarea o función consiste en las  habilidades  y  cualidades  razonables  para  el ejercicio del mismo. De esta forma, cualquier otra exigencia o requerimiento que no tenga que ver con la actividad, tarea o función para la cual se solicita un postulante para un empleo cae dentro del concepto de acto discriminatorio y, como tal, es ilegítimo”, completaron.

Luego de que el presidente Alberto Fernández suspendiera la exportación de carnes, los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su preocupación respecto de “la política errática del Gobierno Nacional en materia de control de precios que impacta sobre el empleo y el acceso a los alimentos”.

Al mismo tiempo que manifestaron que “la fijación de precios máximos está asfixiando a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, las expulsa de las góndolas y, como consecuencia de ello, concentra la economía” y explicaron que “el potencial cierre de las exportaciones de carne traerá aparejado la pérdida de mercados internacionales recuperados en los últimos años y una reducción progresiva de la oferta en el mercado local”.

La declaración también insta al Gobierno Nacional “a modificar el rumbo de la política macroeconómica y evitar seguir aumentando la concentración económica en el mercado relevante de la distribución mayorista y minorista de alimentos”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “la política de control de precios es una constante a lo largo de la gestión económica en Argentina. Sin embargo, nunca ha logrado resultados en el corto plazo, pero además ha tenido efectos muy negativos en la concentración económica y la inflación en el mediano y largo plazo” y explicaron que desde su perspectiva “existe una relación directa entre la fijación de precios centralizado del Gobierno Nacional y una consecuente concentración económica. Lo que parece ser una solución en lo inmediato, asegura sostener el problema en el tiempo”.

“Las políticas de fijación de precios benefician particularmente a las corporaciones más grandes, al menos en un principio, dado que son estas las que están en condiciones de solventar los costos asociados a una política agresiva de precios”, destacaron y concluyeron señalando que “por el contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son incapaces financieramente de sostenerse en esta dinámica. No tienen diversidad de productos ni reservas financieras para sostenerse en el mercado cuando se les exige producir por debajo del costo, tampoco tienen la capacidad de vulnerar los controles a través de los huecos legales que estas medidas siempre tienen”.

La iniciativa lleva la firma de Hernán Reyes, Claudio Cingolani, Juan Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).

Con la intención de fomentar el acceso a una vivienda digna, los diputados de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán fomentar el “alquiler asequible”, lo que permitirá garantizar la ocupación de viviendas ociosas de la Ciudad y fomentar el mercado.

De esta manera, el programa prevé incentivar que más viviendas se incorporen al mercado de alquileres, con el fin de aumentar su oferta para atender la demanda de hogares con recursos insuficientes; lograr que los alquileres guarden una relación razonable con los ingresos familiares; facilitar el acceso a requisitos tales como la garantía, depósito y los costos emergentes de la relación contractual; entre otras cuestiones.

Para ello se propone crear un registro de “Vivienda de Alquiler Asequible”, otro de “Solicitantes de alquiler asequible” y uno de “agentes intermediarios para alquiler asequible”, destinado al registro de inmobiliarias que podrían prestar el servicio.

Es así que para ser consideradas dentro del programa, las viviendas que se pondrían en alquiler no pueden poseer deudas asociadas al inmueble, no estar sometidas a otros regímenes de vivienda social, reunir las condiciones mínimas de habitabilidad, entre otros cuestiones. En tanto los inquilinos deberán acreditar poseer ingresos familiares de entre uno y ocho salarios mínimos, teniendo la capacidad de destinar el 30% de los mismos para el pago del alquiler.

Además el programa plantea darles prioridad en el alquiler a las familias que hayan perdido su vivienda a causa de siniestro; quienes sufran violencia familiar comprobada que pusieren en riesgo la integridad de alguno de los componentes; grupos familiares monoparentales con hijos menores de edad; ex soldados conscriptos que acrediten su condición de combatientes en el teatro de operaciones de las Islas Malvinas y Atlántico Sur; cuando alguno de los miembros de la familia posea un problema de salud que requiera cambios en la vivienda; integrantes del servicio activo de las Entidades de Bomberos Voluntarios o que hayan logrado el subsidio mensual y vitalicio descripto en el Artículo 14 de la Ley 1240; personas que sean o hayan sido víctimas del delito de Trata de personas conforme lo establecido en la ley 26. 364 y su modificatoria ley 26.842; jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

El texto también establece que no podrán acceder a este programa quienes “tengan o posean deudas exigibles e impagas a favor del Gobierno de la Ciudad al momento de solicitar los beneficios” y quienes “registren antecedentes por incumplimiento de cualquier régimen de promoción implementado” dentro del distrito capitalino.

La iniciativa lleva la firma de la diputada de Vamos Juntos Paola Michielotto y del flamante presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ).

Tras tres semanas de disputa judicial entre el Gobierno de la Nación y la Ciudad al respecto de la presencialidad de las clases, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del distrito capitalino. Por lo que el presidente de la Comisión de Educación y diputado de Vamos Juntos, Gonzalo Straface, dialogó con parlamentario.com al respecto de la determinación judicial y advirtió que el mismo “tiene que actuar como un llamado de atención para la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, aseguró estar “muy contento porque si bien este era un fallo que esperábamos, creo que los argumentos de los tres votos fueron contundentes en cuanto a que la Nación no puede estar por encima de la facultad de las provincias de decidir sobre su educación.  Esto volviendo un poco para atrás que, cuando se aceptó que la Ciudad litigue a pesar de que la Nación había rechazado el estatus de provincia de la Ciudad”.

Al mismo tiempo que destacó algunos de los aspectos fundamentales del fallo, sobretodo “el derecho e importancia de la educación que en los votos de los ministros de la Corte dicen claramente que solamente pueden ser vulnerados o suspendidos en una circunstancia excepcional y siempre que haya una concurrencia del Estado Nacional y las provincias en la decisión, lo que no ocurrió con este DNU. Fue una decisión unilateral de la Nación”.

“El fallo dice que en el caso del DNU 241 también aplica a decisiones futuras, creo que debería actuar como un llamado de atención para la provincia de Buenos Aires y las provincias que no tienen clases presenciales, sobretodo porque la Corte dejó en claro que la justificación presentada por la Nación fue insuficiente y que no alcanza para compensar el daño enorme que representa el no tener clases presenciales, sobre todo después de un año completo sin tenerlas”, advirtió.

Además Straface precisó que “esto es una enorme alegría pero lo tomamos con calma, tenemos que seguir trabajando para volver al 100% de la presencialidad cuando la situación sanitaria lo permita… nosotros somos muy respetuosos de esos, pero si creemos que las escuelas son un lugar seguro y donde más se cumplen los protocolos” y concluyó señalando que esto es posible gracias a que “toda la comunidad educativa hace cumplir los protocolos, por eso creemos que este es el camino”.

A pocos meses de cumplimentar su segundo mandato en la Legislatura porteña, la diputada de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victorial Roldán Méndez, renunciará en las próximas semanas a su banca y pasará a ocupar un nuevo cargo en la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Está previsto que la oficialista presente su renuncia en la próxima sesión ordinaria, la cual podría darse entre el 6 y 13 de mayo, para así comenzar a ocupar un cargo en la Subsecretaría de Gestión Comunal, que depende de la mencionada Jefatura de Gabinete.

En tanto será reemplazada en la Legislatura porteña por María Celeste Peña, actualmente funcionaria del área de Gestión Intercomunal del Gobierno porteño, dado a que esta era quien la sucedía en la lista de 2017, a través de la cual Roldán Méndez había renovado su escaño el cual finalizaría el próximo 10 de diciembre. No obstante, aún no está determinado quien será su reemplazante en la Comisión de Planeamiento Urbano.

Cabe recordar que la diputada comenzó su carrera política en la Juventud Pro, luego estuvo en el área de Comunas y al llegar a la Legislatura, en 2013, presidió la Comisión de Salud y, en los últimos años, la de Planeamiento Urbano. Desde ese lugar, estuvo al frente de los debates de los nuevos Códigos Urbanísticos y de Edificación, entre otras cuestiones.  Además fue ganadora de los Premios Parlamentario en reiteradas ocasiones.

El legislador de Vamos Juntos (FdT) Facundo Del Gaiso presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su “rechazo y repudio al accionar sin competencia de los Ministros de Educación y Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Trotta y Martín Soria, al remitir una carta a los directivos de instituciones educativas privadas con el propósito de mantener las aulas cerradas”.

En los fundamentos de la medida, el oficialista explicó que “una vez más asistimos al atropello por parte del gobierno nacional, que intima a los directivos de escuelas privadas a mantener las aulas cerradas” y consideró que “la nota es un nuevo agravio a la autonomía local, dado que carecen de facultades y jurisdicción para solicitar la continuidad virtual de la educación. También queremos destacar que el poder de policía en materia de educación es potestad local  y no de la Nación”.

Al mismo tiempo que remarcó que “el requerimiento de los Ministros se ampara en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°241/2021, que  se entromete y desvirtúa la autonomía de la Ciudad” y aseguró que “es por ello que manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno federal, que implican desconocer las competencias propias de la Ciudad y conferidas por la propia Carta Magna”.

“Consideramos estas actuaciones federales como un detrimento al sistema democrático y a la forma de gobierno representativo, republicano y federal”, añadió y sentenció que “es nuestro deber defender la educación y la autonomía frente a las decisiones arbitrarias e inconstitucionales adoptadas por el presidente de la Nación”.

La iniciativa también lleva la firma de Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, María Luisa González Estevarena, Hernán Reyes y Lucía Romano (VJ).

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara que presentaría un amparo en la Justicia para mantener la presencialidad de las clases, los diputados de Vamos Juntos respaldaron sus cuestionamientos contra la gestión del presidente Alberto Fernández y aseguraron que es necesario “poner poner un límite al atropello del kirchnerismo”.

En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), afirmó que “sin aulas no hay educación, sin educación no hay futuro. La defensa de ese futuro es nuestra principal bandera. Por eso decimos no al cierre de las escuelas dispuesto por el gobierno nacional” e indicó que “la presencialidad cuidada no contagia. Porque las únicas aulas peligrosas son las aulas cerradas, vamos a recurrir a la Justicia para que el lunes haya clase”.

“Tampoco es legítimo desplegar fuerzas federales de forma unilateral, en el territorio de una provincia o ciudad autónoma, en una cuasi intervención. Un gobierno con credibilidad y apoyo popular, no requiere de ninguna fuerza para hacer cumplir sus medidas. Un gobierno desacreditado en cambio, se vuelve autoritario”, aseguró mientras remarcaba que desde la Ciudad seguirán llamando al diálogo.

Sobre esa misma línea el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), aseveró que “ante la improvisación e ineptitud de aquellos que pretenden robarse el futuro de nuestros hijos, usaremos todas las herramientas constitucionales y legales para impedirlo”. Mientras que el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, señaló que “acompañamos al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la defensa irrestricta de la autonomía de la Ciudad, consagrada por la reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema tiene la obligación de poner un límite al atropello del kirchnerismo a los derechos de los porteños”.

Por su parte Victoria Roldán Méndez (VJ) felicitó al alcalde local y a todo el equipo de Gobierno porteño “por las declaraciones en la conferencia de prensa. Firme en la defensa de la autonomía de la Ciudad y en contra de las decisiones inconsultas e incoherentes adoptadas por el presidente” y expresó que confía “en que el diálogo y el trabajo coordinado tienen que ser la manera de llevar adelante todas las políticas públicas que afectan a la vida, la salud y la economía de la gente”.

En tanto Cristina García (VJ) consideró que “las palabras de Larreta fueron muy claras. Estamos viviendo una situación crítica que requiere de diálogo y consenso. Las medidas sorpresivas tomadas por el presidente perjudican el futuro de nuestros chicos que si o si necesitan ir a la escuela”.  Además Daniel Del Sol (VJ) insistió en que “es fundamental que las escuelas sigan abiertas y se tomen decisiones en base a una planificación que no está cumpliendo el Gobierno Nacional. El diálogo es el único camino para superar este difícil momento epidemiológico”.

A la vez que el diputado Matías López (VJ) manifestó su respaldo al alcalde local “para que siga afrontando la pandemia con planificación, transparencia, diálogo y responsabilidad. Defender la salud, el trabajo y la educación es fundamental para el bienestar integral de cada vecina y vecina de la ciudad”; mientras que Gimena Villafruela (VJ) destacó que “la Ciudad lucha contra la pandemia con una gestión rápida y transparente, con testeos masivos y sin vacunados VIP, el Gobierno Nacional lucha contra la educación de nuestros hijos”.

Asimismo Gastón Blanchetiere (VJ) afirmó que “respaldamos el reclamo de Larreta a favor de la autonomía porteña, la educación de los chicos, el sostenimiento del empleo y la continuidad de políticas sanitarias basadas en datos científicos, frente a las medidas compulsivas e inconsultas del Gobierno nacional” y Claudio Cingolani (VJ) aseguró que “el avasallamiento del Presidente sobre la autonomía de la CABA perjudica a los millones de argentinos que habitan la Ciudad. Respaldamos y acompañamos a Larreta en todas las estrategias judiciales que garanticen salud, educación y demás derechos fundamentales”.

Finalmente Hernán Reyes (VJ) sentenció que “la Ciudad respalda a los trabajadores de la salud y la educación. Los chicos necesitan volver a clases. Larreta dio explicaciones fundamentadas en estudios, a diferencia de la improvisación y el atropello del Gobierno Nacional”.

Tras las medidas de restricción anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, los legisladores de Vamos Juntos y del Frente de Todos se cruzaron con dureza en las redes sociales, ya que el oficialismo exigió que las escuelas permanezcan abiertas y la renuncia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. No obstante la oposición consideró que las medidas fueron acertadas.

Tan es así que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, aseguró que “una vez más, el gobierno nacional improvisa soluciones mágicas que solo agravan la crisis social por la pandemia” y consideró que “avanza nueva y peligrosamente sobre la autonomía de la Ciudad. No queremos amenazas de militarización, queremos que se respete la Constitución”.

Al mismo tiempo que el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), explicó que “la lógica indicaría la renuncia inmediata del ministro. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a seguir defendiendo junto a toda la sociedad el derecho a la educación de nuestros niños y niñas con las escuelas abiertas”.

A su vez el oficialista Claudio Romero (VJ) remarcó que “el único presidente del mundo que con dos dosis de vacuna se contagió nos quiere enseñar a cuidarnos. No solo que no tiene autoridad moral, sino que en la Ciudad Autónoma no lo elegimos para que nos gobierne” y precisó que “estamos convencidos que la educación es esencial. El bienestar integral es la conjunción del cuidado de la salud física y emocional”.

“Difícilmente la educación, el trabajo y el esparcimiento cuidado y responsable no sea tenido en cuenta. Más aún, en el único distrito que tiene una estrategia sanitaria, la muestra es que somos solidarios con los testeos y aislamientos de los bonaerenses. Controlen el descontrol de la provincia”, aseveró.

Además Claudio Cingolani (VJ) recordó que “hace 24 hs el ministro de Educación defendía la presencialidad en las aulas. ¡Hoy su gobierno pandémico nos encierra a todos otra vez! ¡Volverán las prórrogas cada 15 días para tener más pobreza y menos libertad. La salud les importa, tanto que inventaron los vacunas vip para ellos!”; mientras que Hernán Reyes (VJ) manifestó que “suspender las clases no tiene ninguna justificación. Tenemos un presidente servil a los intereses mezquinos de un grupo de sindicalistas. Les importa nada los chicos y los docentes”.

Sobre esa misma línea el diputado de la UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma aseguró que “una vez más, la inoperancia de un gobierno que no supo manejar la peor crisis sanitaria del país y que deja al descubierto su constante improvisación, afecta a los establecimientos escolares y a la comunidad educativa con el cierre  de sus puertas” y remarcó que “no quedan dudas que las contradicciones entre el ministro Trotta, quien manifestó abiertamente su oposición al cierre, y las medidas adoptadas tienen que ver más con una lucha de poder entre la posición de la Provincia y sectores sindicales afines al Gobierno”.

Asimismo Manuela Thourte (VJ) recordó que algunos días atrás Trotta había asegurado que las escuelas permanecerían abiertas. “Contradictoria y desacertada la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales. Una medida que podía esperar, cuando los números demuestran que la escuela no es un foco de contagio”, afirmó y destacó que “durante el 2020 quedó en evidencia que la presencialidad no se puede reemplazar. Hoy también quedó demostrado (una vez más) que la Educación no es una prioridad del Gobierno”.

En contraposición la opositora Lucía Cámpora (FdT) le agradeció al presidente por sus anuncios: “todo nuestro apoyo a las medidas que buscan cuidar la salud de todos. Ahora es fundamental que el Gobierno porteño también se haga cargo de cuidar a los porteños y las porteñas. Estamos en uno de los mayores focos de contagio y el sistema de salud privado ya colapsó”, argumentó.

Mientras que el peronista Santiago Roberto (FdT) aseveró que “es un momento crítico de la pandemia en el mundo, en el país y en la ciudad. Acompañamos al presidente y las medidas para cuidar y proteger a todos los argentinos y argentinas. Necesitamos de la reflexión colectiva. Tenemos que estar más unidos que nunca” y que María Bielli (FdT) sentenció que “tenemos un presidente que no especula y está a la altura del momento histórico”.

También se sumaron al repudio contra las medidas del Gobierno Nacional Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Facundo Del Gaiso, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena (VJ), Leandro Halperín, Diego Weck (UCR-Evolución), Sergio Abrevaya (GEN), Alejandrina Barry (FIT) ; mientras que Leandro Santoro, Juan Manuel Valdés, Claudio Morresi, Laura Velasco y Claudia Neira (FdT) las avalaron.

El legislador de Vamos Juntos (VJ) Claudio Romero junto a varios miembros de la bancada oficialista impulsaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una iniciativa de declaración a través de la cual prevén expresar su “profundo pesar por el fallecimiento del periodista y conductor argentino, Mauro Goldfarb, conocido con su seudónimo Mauro Viale”.

El reconocido comunicador falleció el pasado domingo 11 de abril de 2021 a los 73 años, después de contagiarse de Covid 19 y sufrir una falla cardiaca, luego de estar casi dos días internado en el Sanatorio Los Arcos.

En los fundamentos de la medida, los diputados recordaron que Viale nació el 28 de Agosto de 1947, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo, durante fines de la década del 60, para luego dedicarse al periodismo en general.  Debutó como relator deportivo en el año 1967 en Radio Rivadavia, siendo parte del equipo de José María Muñoz.

Durante la década del 70 se consagró como uno de los mejores relatores del país y se dedicó también a plasmar su pasión por el periodismo gráfico trabajando para el diario La Opinión.

Poco a poco Mauro Viale se fue haciendo notar y le empezaron a dar espacio como comentarista de diversos partidos de la primera división de fútbol. En el año 1974 fue uno de los enviados especiales al Mundial de Alemania por el antiguo Canal 11, hoy Telefé. En el año 1977 comenzó su tarea más recordada en el deporte al relatar para Canal 7, que con la proximidad de la Copa del Mundo de Argentina se convirtió en Argentina Televisora Color (ATC).

“De este modo, Mauro Viale impuso su jerarquía a la narración, nombrando sólo al protagonista, sin descripciones inútiles. De esa forma y con el periodista Macaya Márquez, a su lado, acompañó a la Selección, a los Mundiales de 1978, 1982 y 1986. En este último tuvo el privilegio de contar al país las hazañas de Diego Maradona y el título en México. Mauro Viale comenzaba cada transmisión con un latiguillo que quedó para siempre en la memoria de todos: ‘Quién mueve’”, manifestaron los legisladores en los considerandos del texto.

En cuanto a su extensa trayectoria en el mundo periodístico de la actualidad, podemos destacar también su estilo frontal y con tintes de dramatización. Tras su participación en los noticieros de ATC Buenas noches país, en 1989 y Dos horas, en 1990, realizó entre 1991 y 1996 el programa periodístico La mañana, por el mismo canal, que por entonces era el único que transmitía en vivo en ese horario, complementado con otros programas vespertinos similares: Anochecer con Mauro Viale (1993 y 1995) y La tarde con Mauro Viale(1994). 

Durante el nuevo milenio, condujo los programas Impacto 12, Indomables y luego Implacables, siempre desarrollando formatos novedosos y que impactaron en el rating de la televisión argentina dado su contenido y la participación de personajes mediáticos que discutían entre sí y abrían su intimidad al conductor.

En la actualidad se participaba habitualmente como uno de los panelistas de Polémica en el Bar junto a  Mariano Iúdica, Chiche Gelblung y Gastón Recondo. Asimismo, conducía  desde el 2019 el ciclo Más que Noticias  por el canal América 24.

“Mauro Viale siguió conduciendo e informando durante toda la pandemia y solamente faltó a su programa cuando comenzó a sentirse mal físicamente y fue ingresado en el Sanatorio Los Arcos, donde tres días después, lamentablemente falleció”, concluyeron señalando los diputados.

Durante la sesión ordinaria de esta jueves, la Legislatura porteña sancionó con 39 votos a favor y 21 en contra una Ley de Participación Ciudadana, que tiene por objeto propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad y afianzar los principios para desarrollar y fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de Gobierno.

La medida contó con el acompañamiento de los bloques VJ, UCR-Ev, PS, GEN y CF; y el rechazo del FdT, FIT, PTS y AyL.

El texto recientemente aprobado, que fue impulsado por Lucía Romano (VJ), busca promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad; favorecer la  eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva; mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía; facilitar a las personas y organismos de participación ciudadana el ejercicio de procesos de deliberación participativa; entre otras cuestiones.

Para fomentar esta participación, el Gobierno podrá implementar: programas de formación para la ciudadanía; para el personal al servicio de la Administración Pública; y medidas de concientización y difusión.

En los fundamentos de la medida, la oficialista había explicado que “la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se asimismo se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, republicana, semidirecta y federal, como lo establece la Constitución de la Ciudad” e insistió en que “el compromiso de la Administración pública es permitir a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”.

Asimismo indicó que “la finalidad última de los procesos de participación ciudadana es llegar a conseguir las condiciones sociales para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos” y remarcó que “este papel relevante se puede y debe reforzar un modelo de gobierno que promueva el diálogo de calidad con la ciudadanía, facilitando su participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de su actuación, y diseñando sus estrategias en un marco de administración gubernamental idóneo”.

“La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos participen en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueve y garantiza respetar y crear políticas más participativas y que, por tanto, el pueblo se sienta parte de un todo”, sentenció.

El debate en el recinto

La encargada de abrir el debate fue la autora de la iniciativa, la oficialista Lucía Romano (VJ), quien explicó que “la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos se involucren en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueven políticas más participativas”.

“La finalidad última de la participación es propiciar condiciones para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de opinar, expresar y dar a conocer su perspectiva en los asuntos públicos, en condiciones de igualdad. Facilitando su participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de su actuación, y diseñando estrategias en un marco de administración gubernamental idóneo”, manifestó.

En contraposición el diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que “este proyecto podría ser una declaración porque, si bien todos coincidimos en que tiene que haber una herramienta de este tipo, hay que dar debate en la forma en la que se garantizará esa participación” y aseveró que “tenemos que empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de su participación ciudadana, para esto se necesita voluntad política por parte del Gobierno y las prácticas de este Gobierno están lejos de esto”.

Sobre esa misma línea la legisladora Marta Martínez (AyL) precisó que “desde AyL votamos en contra de este proyecto porque rechazamos la concepción que tienen estas instituciones, nosotros peleamos para que el pueblo trabajador sea el que tome las decisiones; ahora, con esto, se le da participación pero es el Gobierno quien decide finalmente… es decir, participar podría no servir de nada si hay intereses que van más allá” y se preguntó si “¿se escuchó a los que rechazaban la UNICABA? ¿Se escuchó a los enfermeros que pedían ser incorporados a la carrera profesional?”.

A su vez Sergio Abrevaya (GEN) aseguró que solo acompañó la iniciativa porque se trata de un avance pero que “nosotros le debemos a la Ciudad una ley de participación ciudadana, históricamente la política le restó importancia a este tema, la clase política tiene un problemita con el tema de la participación ciudadana”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) señaló que “esta ley tiene dos puntos importantes a resaltar ya que muestran la forma en la que tenemos que trabajar: el primero es el de la interpretación dinámica de la Constitución, la cual tiene que ir en función del tiempo histórico en que estamos y esta Ley moderniza los mecanismos de participación ciudadana” y detalló que “el otro de los aspectos es el de la incorporación de la tecnología como parte del proceso en la toma de decisiones”. Por su parte el diputado del FIT Pablo Almeida aclaró que “no acompañamos este proyecto,  que nos resulta llamativo que una Legislatura que, en medio de la crisis sanitaria que se vive en nuestra Ciudad, esté debatiendo sobre participación ciudadana cuando no avanzó con ninguna medida que asista a las familias que están atravesando muchas dificultades económicas” e insistió que “nos dicen que tenemos que esto es un avance y que tenemos que apoyarlo, cuando sabemos que todo los proyectos nunca se debaten con el pueblo trabajador”.

Desde el retorno de la democracia, cada 1° de marzo, el presidente de la Nación abre el período de Sesiones Ordinarias dando un mensaje ante la Asamblea Legislativa (diputados y senadores nacionales). En las diferentes legislaturas del país ocurre lo propio, aunque la formalidad del discurso pronunciado por el titular del Ejecutivo de la jurisdicción en cuestión no se da en todas en esa fecha, dado que muchas constituciones provinciales establecen otros días de inicio de su “año parlamentario”. De hecho, en Salta la apertura es el 1° de abril de cada año y en Mendoza el 1° de mayo, por sólo mencionar dos ejemplos.

Podría estar horas escribiendo acerca de las distintas expresiones vertidas tanto por el primer mandatario en el Congreso de La Nación como de las alocuciones de los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de abrir el período de sesiones ordinarias a hoy, pero elijo poner el foco en uno de los puntos del discurso presidencial, referido a la educación.

El 2020 estuvo plagado de desaciertos en lo que se refiere a decisiones del Ejecutivo Nacional, pero sin duda uno de los peores errores fue el indefendible cierre de escuelas durante todo un año y la reticencia a iniciar el ciclo lectivo vigente con clases presenciales, justificando esto último en la falacia de su suspensión “en 190 países”, como refirió Alberto Fernández en su discurso en el Congreso de la Nación. Citando ese número – por supuesto sin aclarar por cuánto tiempo se dio el cierre de establecimientos escolares en esos países- el Presidente intentó avalar la prolongadísima “no presencialidad” escolar, evitando reconocer que su disposición de la prohibición de concurrir a las aulas afectó la salud (entendida en su concepto más amplio) de una enorme cantidad de chicos así como la vida familiar y la dinámica social de todos los argentinos.

Contrasta con esa terca decisión de impedir que los estudiantes estuvieran en la escuela, el enorme compromiso y la insistencia del Gobierno de la Ciudad por el regreso a clases presenciales. Ya desde noviembre de 2020 la Ministra de Educación, Soledad Acuña, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresaron la voluntad de iniciar el ciclo lectivo el 17 de febrero bajo la premisa de al menos 4 horas diarias (una jornada simple) para los chicos de 45 días a 5 años, los primeros tres grados del primario y de modalidad Especial y los primeros dos años del secundario, sumando escalonadamente al resto del alumnado en diferentes fechas hasta completar con los terciarios e institutos de formación profesional y docente la vuelta a la presencialidad de todos los estudiantes en CABA.

En efecto, Rodríguez Larreta, quien abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura porteña en esta ocasión de manera virtual -por estar cumpliendo aislamiento preventivo al regreso de su viaje-, reafirmó en su discurso que la política educativa para el 2021 tiene como eje el garantizar que los chicos estén en las escuelas, y acompañar las distintas realidades de los alumnos, dando como ejemplo de programa el llamado “Decí presente”, que en 2020 tuvo como objetivo revincular a los 6500 estudiantes de nivel primario que habían perdido toda conexión con la escuela y estuvieron a punto de dejar sus estudios y que este año se extenderá a los del nivel secundario. De hecho, uno de los nefastos efectos colaterales de la virtualidad fue el aumento de la deserción escolar. En los últimos 10 años, con mucha inversión por parte del Estado, y firme decisión del GCBA, en la Ciudad logramos bajar varios puntos el abandono en la escuela, esfuerzo que voló por los aires con las aulas cerradas.

No puedo dejar de marcar las hondas diferencias entre la actitud del gobierno nacional y la del de la Ciudad de Buenos Aires. Y es que en este último caso, considerando las consecuencias negativas de todo un año de escuelas cerradas, se entendió que ya no había lugar al debate de si los chicos podían volver a la escuela. Múltiples razones explican y dan cuenta del énfasis en querer retomar la presencialidad. Una de ellas es que en aquellos países que pudieron mantener sus aulas abiertas no se generó mayor circulación del virus, y el balance de este mes de clases presenciales muestra que no ha habido contagios masivos en el ámbito educativo. Eso sí, mientras muchos criticaban la apertura de las escuelas, paradójicamente, no objetaron que se reabrieran los casinos y bingos, los bares, los gimnasios, ni siquiera el hecho de que se juntaran más de un millón de personas en un velatorio con escaso o nulo protocolo.

La presencialidad escolar nunca fue un capricho. Continuando con los motivos para promoverla, uno de los más significativos es la demostrada afectación a la salud integral en una gran proporción de estudiantes, entre quienes se detectaron trastornos de ansiedad y/o alimentarios, alteraciones en el sueño, dificultad para la concentración, por mencionar sólo algunos. Estudios como el que realizó UNICEF junto a la Fundación INECO, así como expresiones de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Academia Nacional de Medicina resultaron contundentes a la hora de establecerse que el encierro y la virtualidad, o más específicamente el alejamiento de las aulas, afecta el bienestar emocional de los alumnos.

Adicionalmente, debemos tener muy presente que la escuela no sólo da pautas y genera hábitos en la vida de los chicos sino que además es el lugar que garantiza inclusión y equidad a la hora de aprender. Después de un año lejos de las aulas, con las dificultades en el proceso de aprendizaje que trajo aparejadas en muchos casos la modalidad virtual, se vio afectada la calidad educativa. Y así como tras una década de mucha inversión en recursos humanos, en capacitación de personal docente, en coordinación de políticas educativas, logramos bajar 2 puntos la repitencia en el nivel primario, solamente en el año de pandemia se duplicó la cantidad de chicos que están en condiciones de “promoción acompañada”, que quiere decir que pasan de año, pero raspando, necesitan más tiempo para terminar de realizar los aprendizajes y saber si efectivamente van a promocionar o tienen que repetir. Más aún, en el nivel secundario, 4 de cada 10 estudiantes tienen 3 materias pendientes, o más. En un año común, si no fuese por la decisión de que pasen igual, hubieran repetido.

Por eso desde el Gobierno de la Ciudad se hizo todo lo posible para volver a las clases presenciales, en principio con un modelo flexible que se perfeccionará con el correr de las semanas, pero con la firme convicción de no volver atrás, porque para los chicos nada se compara con volver al aula.

Para cerrar, y volviendo al discurso del presidente Fernández, en el que afirmó “para nosotros la educación es una prioridad”, entiendo que equivocó el “nosotros”, seguramente quiso decir para la Ciudad de Buenos Aires, porque sus acciones indican lo contrario. A más de un año de aquel día en el que decretó la cuarentena que resultó ser eterna, y ante la implementación exitosa de los protocolos de vuelta a clases presenciales queda cada vez más expuesto lo irracional e improvisado de la decisión del Gobierno nacional de tener las escuelas sin chicos, y por tanto a los chicos sin el contacto físico con sus compañeros y docentes.

La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, aseguró que desde Vamos Juntos bloquearon el tratamiento del proyecto que buscaba avanzar con el debate acerca de la creación de un “Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad” en la Ciudad, por lo que ya no podrá volver a considerarse en lo que resta de este año parlamentario.

El proyecto en cuestión unificaba dos iniciativas: por un lado, la impulsada por la diputada del FdT y, por el otro, la de la Defensoría del Pueblo.

Al respecto del rechazo del oficialismo a dar el debate correspondiente, Velasco lamentó “no poder contar en la Ciudad con un organismo jerarquizado tal como existe hoy en el plano nacional, donde por primera vez tenemos un presupuesto con perspectiva de género y un ministerio con una asignación presupuestaria que se ha multiplicado exponencialmente para avanzar en las políticas de género, que cada día son más urgentes e imprescindibles”.

“Sobre todo en relación con la aplicación de leyes que ya tenemos como la Ley Micaela y la 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y garantizar el Ni Una Menos”, manifestó.

Al mismo tiempo que consideró que “es fundamental que tengamos presupuesto y un área jerarquizada que trabaje en pos de más derechos para mujeres, géneros y diversidades en la Ciudad y por eso, vamos a seguir insistiendo en este sentido”.

Cabe recordar que el proyecto de Velasco buscaba adecuar la estructura actual de la Ciudad de Buenos Aires a las nuevas normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos relacionadas con la temática, tal como se hizo en diciembre de 2019 a nivel nacional.

Algunas de las tareas fundamentales que debería abordar esta nueva área de Gobierno serían llevar adelante políticas públicas para prevenir, erradicar y reparar la violencia de género y para asistir integralmente a las víctimas; diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos; velar por el cumplimiento de la normativa vigente e identificar aquellos casos donde haya necesidad de adecuar y/o actualizar leyes en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

También debería coordinar con otras áreas el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género; generar información estadística en materia de violencia y desigualdad por razones de género; diseñar e implementar políticas de formación y capacitación; realizar investigaciones y estudios de género, igualdad y diversidad para el desarrollo de las políticas públicas y diseñar y coordinar con otras áreas de gobierno el diseño e implementación de campañas de comunicación destinadas a la visibilización de las problemáticas de género y diversidad.

En medio de la crisis económica que atraviesa la Ciudad, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Hernán Reyes presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual prevé crear el “Plan de Dinamización de Galerías Comerciales”, que tiene por objeto la recuperación, integración y adaptación económica, comercial y puesta en valor de las galerías comerciales como espacios de trabajo para su inserción en el circuito de innovación, emprendedurismo, creatividad, diseño y las nuevas tecnologías del distrito.

La iniciativa establece que serán beneficiarias del plan aquellas galerías que tengan una superficie menor a los cinco mil metros cuadrados; las cuales podrán inscribirse voluntariamente a través de un simple trámite en la web.

El proyecto en cuestión prevé que se realicen intervenciones en el espacio público particularmente dirigidas a la puesta en valor del ambiente acorde a las necesidades propias de la galería y colaborar con el desarrollo de su potencial económico. Es por ello que la autoridad de aplicación intervendrá sobre “el desplazamiento o instalación de mobiliario público que mejoren el acceso, la visibilidad y el descanso en la galería”, “la mejora en señalización pública o la instalación de la señalización adecuada en las calles que se encuentren en proximidades a la galería” y “el emplazamiento de dársenas para taxis en su acceso”, entre otras cuestiones.

Además plantea que el Banco de la Ciudad ofrezca una línea de crédito con tasas preferenciales, destinados tanto a los propietarios o copropietarios de las galerías como así a los comerciantes de las actividades que se desarrollen allí, a fin de que puedan mejorar su infraestructura, renueven el mobiliario de espacios comunes, inviertan en recambio tecnológico a los efectos de obtener una mayor eficiencia en el consumo de energía, entre otras cuestiones.

También establece que estos comercios quedarán exentos del pago del Impuesto de Sellos y Derecho de Timbre sobre los “contratos de locación, leasing o comodato, respecto de instalaciones, maquinarias y equipamiento ubicados en los comercios situados en las Galerías inscriptas”, “los contratos de seguros que cubran riesgos respecto de comercios situados en las Galerías inscriptas y respecto de instalaciones maquinarias y equipamiento ubicados en los comercios” y los “contratos de locación de obra o de servicios que involucren tareas de construcción, montaje, reparación o mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipamiento ubicados en los inmuebles sitos en las Galerías inscriptas”.

En los fundamentos de la medida, Reyes indicó que “en este contexto difícil que atravesamos debido al impacto de la pandemia del Covid 19, resulta especialmente pertinente la acción conjunta que permita la creación y dinamización de espacios que favorezcan el emprendedurismo y el establecimiento de comercios que generen empleo genuino y del mayor valor económico y social posible para favorecer la recuperación económica” y consideró que “es el momento preciso para desarrollar una política proactiva que promueva el reacondicionamiento de las Galerías Comerciales como zonas modernas para ser herramientas de reactivación y desarrollo”.

“No nos es indistinto el hecho de que ellas y los comercios que contienen fueron de los más golpeados por la situación epidemiológica y las medidas de aislamiento. En un relevamiento que hizo la CAME en 39 ciudades del país, encontraron que la tasa de cierre a nivel nacional alcanzó el 23% en las galerías comerciales. En diciembre de 2020, estimaron que el 19,7% de los locales en galerías en la Ciudad de Buenos Aires se encontraban cerrados”, sentenció.

En el marco del 200 aniversario de la fundaciónde Caballito, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires colocó  una placa conmemorativa en el mástil del Parque Rivadavia, ubicado en el corazón de ese barrio. Por lo que en el acto de descubrimiento de la misma participaron los diputados Ariel Álvarez Palma, Diego Weck, Martín Ocampo (UCR-Ev) y Carolina Estebarena (VJ).

También participaron del acto los oficialistas Cecilia Ferrero, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani, Claudio Romero y Hernán Reyes (VJ); la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri; autoridades de la Comuna 6, vecinos y comerciantes de Caballito que se acercaron al lugar para celebrar su bicentenario.

En ese sentido Ocampo, el autor de la iniciativa, manifestó que “el bicentenario de Caballito despierta en todos los que crecimos en sus  calles una sumatoria de sentimientos, que combina emoción, excelentes recuerdos y un agradecimiento profundo a su gente que es tan especial” y destacó que “la identidad y el sentido de pertenencia que produce nuestro barrio es muy fuerte y se vive con intensidad”.

Por su parte el radical Álvarez Palma, coautor de la misma, indicó que “como vecino de Caballito me genera mucha alegría poder rendir homenaje al barrio que me vio nacer, en el cual me crié, el mismo que me vio comenzar mis estudios en la Escuela Florentino Ameghino, y en el cuál pude formar mi familia y seguir participando activamente de las cuestiones sociales de este gran Barrio”.

“Caballito siempre se caracterizó por ser un ejemplo de barrio de clase media trabajadora, con mucho orgullo de su lugar de pertenencia, tanto vecinos como comerciantes forjaron una convivencia para seguir creciendo, interiorizándose de sus problemas y fomentando la participación ciudadana; por eso siento orgullo de ser y de vivir en Caballito”, completó.

La legisladora de Vamos Juntos Natalia Fidel impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración, a través del cual buscará expresar “su preocupación por las denuncias sobre violación de Derechos Humanos en los centros de aislamiento en la provincia de Formosa y el repudio ante la detención ilegal de dos concejalas en el día 21 de enero”.

En los fundamentos de la iniciativa, la oficialista indicó que “en el contexto primero del aislamiento social preventivo y obligatorio, y posteriormente del distanciamiento, todos tuvimos que adaptarnos a nuevas cotidianeidades” y remarcó que “hay determinadas cosas y principalmente valores que la pandemia no afecta y no puede afectar: la democracia, el modelo republicano; el respeto estricto, inquebrantable e inviolable a las normas constitucionales e internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad que rige a la República que habitamos y que amparan a todos y cada uno de los seres humanos que en ella se encuentran mediante el reconocimiento y la vigencia de sus Derechos Humanos”.

Sobre esa misma línea, indicó que “durante los primeros días de enero y debido a un rebrote en casos, la ciudad de Formosa regresó a la fase 1 del aislamiento obligatorio a efectos de evitar la propagación del coronavirus” y alertó acerca de que “el 16 de enero, Gildo Insfrán -gobernador de la provincia de Formosa-, fue denunciado por las condiciones inhumanas que se mantenían en los centros que dispuso su provincia para aislar a pacientes con Covid”.

“La situación deplorable de condiciones absolutamente indignas generó una manifestación frente a una escuela por parte de varios dirigentes políticos y personas que reclamaban por la visibilización y regularización de la situación en los centros de aislamiento”, señaló y detalló que “en el contexto de esta manifestación, surgida del reclamo por las condiciones inhumanas de los centros, la Policía formoseña arrestó a dos concejales: Gabriela Neme, del Peronismo Disidente; y Ruíz Díaz, de la UCR”.

Asimismo consideró que “es difícil encontrar palabras como legisladores de la Ciudad cuando uno debe ser testigo de que a un concejal que busca legislar y generar un mejor presente para su pueblo al igual que nosotros sufre atropellos tan graves por parte de otro poder del Estado” y advirtió que “el arresto por parte del Poder Ejecutivo a miembros del Poder Legislativo por el solo hecho del cuestionamiento, y no solo un cuestionamiento político, sino el ejercicio de la legítima necesidad de contar con información sobre un centro dependiente directamente del estado donde pueden estar ocurriendo violaciones a DDHH”.

“Lo que hemos vivido en Formosa es realmente preocupante y no podemos dejarlo pasar por alto. No solo por las condiciones deplorables -como mínimo- de los centros de aislamiento, sino por el atropello democrático y avasallamiento absoluto a todo lo que nos define como sociedad democrática que constituye el arresto de dos miembros del poder legislativo local ante el cuestionamiento, la manifestación, y la exigencia de respuestas y explicaciones del accionar del ejecutivo”, sentenció.

El texto también lleva la firma de los diputados Héctor Apreda, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Cristina García, Esteban Garrido, Hernán Reyes, Claudio Romero y Guillermo Suarez (VJ).

A pocas semanas de darle inicio a un nuevo año parlamentario, el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, analizó en diálogo con parlamentario.com acerca de las prioridades que tendrá la bancada oficialista en este nuevo año parlamentario y la forma en la que la reducción de la coparticipación podría impactar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el legislador aseguró que desde el oficialismo buscarán impulsar “iniciativas que acompañen a los vecinos y a los sectores más golpeados” e insistió en que “como funcionarios públicos, no podemos ser ajenos a esta realidad, que es imperante”.

Mientras que sobre la coparticipación alertó que “es un desfinanciamiento muy grande a la Ciudad” y consideró que “los efectos de este desfinanciamiento tendrán un impacto muy fuerte”.

– ¿Cuáles serán las prioridades de este año para Vamos Juntos?

-Venimos de un año parlamentario que nunca paró y logramos convivir con un contexto muy difícil, creo que el desafío es seguir trabajando desde esta perspectiva y continuar impulsando iniciativas que acompañen a los vecinos y a los sectores más golpeados. Esta pandemia no se detuvo y nosotros, como funcionarios públicos, no podemos ser ajenos a esta realidad, que es imperante.

Desde Vamos Juntos, además, dimos apoyo muy fuerte con nuestros equipos a las medidas de prevención y contención de contagios impulsadas por la Ciudad, muchas de las cuales continúan hasta hoy, como la concientización en calles y operativos de detección. A esto se sumaron, durante diciembre y enero, más hoteles de aislamiento para pacientes leves de Covid, grandes centros de testeo vehicular (como el de Costa Salguero y La Rural) y próximamente los centros de vacunación. Es fundamental que estemos enfocados en hacer todo lo posible para mitigar la propagación de casos de Covid y estar más presentes que nunca.

– Uno de los proyectos que aguarda segunda lectura es el de la rezonificación de Boedo. ¿Será uno de los temas prioritarios en la agenda?

-Este proyecto tuvo un apoyo muy grande el año pasado y se votó casi de manera unánime. Pero además de su aprobación  en la Legislatura, es destacable que la misma Ley establece un proceso participativo vecinal muy importante.

Asimismo, tal como vos decís, se trata de una ley con segunda lectura, por lo que deberá pasar nuevamente por el recinto. Antes, deberá realizarse la audiencia pública correspondiente, que ya tiene fecha asignada: comienza el 24 de febrero. A partir del 25 de enero todos los vecinos y vecinas que quieran participar pueden inscribirse en la página de la Legislatura.

– En cuanto a sus propias iniciativas ¿Con cuáles de ellas insistirá este año y por qué?

-En 2020 logramos avanzar con iniciativas muy importantes que presentamos desde Confianza Pública, como la Ley de prevención de Ludopatía, el Comité de Equidad Salarial, la Oficina de Integridad Pública (que forma parte la Ley de Integridad Pública) y leyes destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, entre  otras. Tenemos una agenda vinculada a la ampliación de derechos, a la inclusión y a la transparencia institucional, pero además es muy importante acompañar y fomentar iniciativas que tengan como objetivo dar apoyo a los sectores más afectados por la pandemia.

– ¿Cómo ve el futuro de la Ciudad debido al recorte en la coparticipación? ¿Cree que eso podría terminar afectando a áreas esenciales?

-Estamos a la espera de la resolución de la Justicia sobre esta quita de fondos que decretó Alberto Fernández y que luego acompañó todo el arco kirchnerista. Es un desfinanciamiento muy grande a la Ciudad, que se calcula en 13 mil millones para el 2020 y más de 53 mil millones para el 2021, todo esto en pleno contexto de pandemia. Fue una quita unilateral e intempestiva que no respeta la Constitución ni nuestra autonomía.

A partir de esto, se diseñó y aprobó un presupuesto de contingencia, que pueda estar sujeto a modificaciones, pero que proteja las áreas más sensibles como Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. No obstante, los efectos de este desfinanciamiento tendrán un impacto muy fuerte. Por dar un ejemplo, se prevé la suspensión de obras, que sabemos que hacen al avance de la Ciudad y al desarrollo de las distintas comunas.

Es lamentable y absolutamente injusto que se castigue a los porteños de esta manera, quitándole los recursos que les pertenecen legítimamente. Desde nuestro lugar, vamos a dar la pelea que corresponde en todos los canales institucionales.

– Desde el oficialismo evalúan la posibilidad de avanzar con el tratamiento de la iniciativa de Sergio Abrevaya para pedir reembolsos por las movilizaciones que se realizan en la Ciudad?

 -Si bien se trata de una propuesta interesante, me parece a priori bastante compleja su aplicación, que implicaría determinar  cierta jurisdicción de una movilización y de los posibles daños cometidos. No obstante, todos los proyectos se presentan de manera oficial en el inicio del año parlamentario, así que es algo pronto para evaluar o adelantar su tratamiento. En este momento, los esfuerzos están puestos en contener el rebrote de Covid, que es fundamental no solo a nivel sanitario sino también a nivel económico.

Los diputados de Vamos Juntos y la UCR-Ev iniciaron en las redes sociales una cruzada para garantizar que el ciclo escolar 2021 se realice en las aulas y remarcaron que la virtualidad solo debería ser un complemento. Además insistieron con el plan del Gobierno de la Ciudad de que las clases comiencen el 17 de febrero.

En ese sentido el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), manifestó que “por todo lo aprendido, y porque la educación de niños y niñas es la principal prioridad para nuestro Gobierno, es que sostenemos y trabajamos por el regreso a las aulas en la Ciudad el 17 de febrero” e indicó que para el ciclo lectivo 2021 esperan “lograr la mayor presencialidad posible de forma gradual, todos los chicos, todos los días, al menos en jornada simple”.

Además pidió “priorizar a los estudiantes de menor autonomía y a quienes cambiaron de nivel” y “utilizar a la virtualidad como complemento o alternativa a la presencialidad”. Al mismo tiempo que exigió que se garantice la “continuidad pedagógica”, así como también la “planificación y flexibilidad del sistema”; mientras que para disminuir los riesgos de contagio en las aulas, el oficialista pidió la “puesta en marcha de las escuelas en términos de limpieza, bioseguridad y ventilación”.

“La digitalización de la capacitación docente fue convocante y valorada positivamente, aunque la participación decreció a lo largo del año”, advirtió y recordó que se puso “en marcha el Plan Decí Presente, con más de 250 mil visitas a domicilios, acciones de revinculación en polideportivos y entrega de computadoras”.

Sobre esa misma línea, Straface consideró que “aunque la vuelta a clases presenciales es de una necesidad urgente y evidente está fuera de discusión para los que defendemos de verdad el derecho a la educación, siempre es imprescindible respaldar con datos y evidencia las políticas y propuestas” y precisó que “la no presencialidad acrecentó el riesgo de abandono de los estudiantes de los sectores más vulnerables o con menos apoyo en sus hogares”.

Asimismo afirmó que “el 62% de las familias mostró su preocupación por la pérdida de contacto social de los chicos” y destacó que las mismas coincidieron en que “lo más difícil fue: no ver a sus amigos, no poder ir a las escuelas o facultades, no ver a sus familiares, estudiar en casa”.

Por otra parte, Guillermo González Heredia (VJ) aseveró que “es inadmisible que se ponga en duda el regreso a la escuela, los chicos no pueden perder otro año de clases, sería una catástrofe en todo sentido. Debemos reparar el daño producido por la falta de actividades presenciales, ellos son el futuro”; mientras que Gastón Blanchetiere (VJ) subrayó que “la educación es prioridad, por eso abran las escuelas”.

A su vez Claudio Cingolani (VJ) destacó que “policías, médicos, enfermeros, transportistas públicos y la mayoría de las actividades sociales y comerciales trabajan y se cuidan frente al Covid. La educación no puede ser la excepción. ¡Que vuelvan las clases, con todos los cuidados y protocolos sanitarios!”.

En ese mismo sentido la oficialista Natalia Fidel (VJ) expresó que la “sorprende que cualquier Gobierno, pero más aún uno que se define como progresista, milite con tanto entusiasmo la permanencia de las niñas y niños fuera de las aulas. Eso sí, corrieron para abrir los casinos. Se ve que la timba es prioridad”.

Al mismo tiempo que el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) consideró que “el Gobierno nacional debe corregir los errores de su gestión y asegurar el inicio de clases presenciales para todos los argentinos” y que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) señaló que “el 17 de Febrero la Ciudad de Buenos Aires vuelve a clases presenciales con protocolos sanitarios. Involucrate y defendamos juntos la educación”.

Mientras que Inés Gorbea (UCR-Ev) explicó que “los pibes tienen que volver a la escuela, esa debe ser la prioridad, cualquier otra propuesta es una crueldad inadmisible” y concluyó señalando que “los docentes deben volver a trabajar de manera presencial, como otros profesionales y trabajadores que lo hacen desde el día uno”.

Tras un año legislativo atípico por la pandemia del Covid 19, la legisladora de Vamos Juntos Carolina Estebarena presento su informe anual acerca del trabajo que llevó adelante en la Legislatura porteña y celebró la aprobación de diversos proyectos de su autoría, así como también destacó que a lo largo del año pasado presentó 22 nuevas iniciativas.

En ese sentido, la oficialista explicó que “desde que asumí mi banca como legisladora de la Ciudad, cada año que finaliza es para mí no sólo un momento de hacer un balance de lo hecho sino también de cumplir con un compromiso personal que tengo con la transparencia activa, que se traduce en la elaboración de un informe de gestión anual, así como de otros documentos generados bajo el mismo concepto, pero con otra periodicidad” y agregó: “este 2020, como sabemos, fue un año muy especial para todos. Atravesados por la pandemia, en la Legislatura debimos modificar nuestra forma de trabajo, incorporando herramientas digitales”.

Al igual que en 2019, indicó, asistió a “todas las sesiones legislativas” y participó de “todas las reuniones de diputados de las comisiones que integro, así como también de muchas otras que no integro, como las de planeamiento urbano y presupuesto”.

“Y estuve en diversas audiencias públicas relativas a proyectos de mi autoría tanto como a otros de especial relevancia para la Ciudad”, agregó la legisladora.

Según indicó, en 2020 presentó 22 proyectos y fue coautora de otros 94. Asimismo, expuso como oradora en varios eventos, ya sea sobre temas ambientales o relacionados con el ámbito educativo o acerca del trámite parlamentario de los proyectos en la Legislatura. “Aparte del trabajo específicamente parlamentario, seguí con las actividades de cercanía, readecuadas a la modalidad virtual. Tuve reuniones zoom con vecinos por distintas problemáticas e inquietudes, así como llamados e intercambios de mails supliendo la presencialidad que se vio imposibilitada por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) e incluso con el cambio a DISPO (Distanciamiento)”, explicó.

Entre otras actividades en las que participó junto con su equipo, Estebarena destacó su colaboración en el programa Mayores Cuidados, en el operativo DetectAR, así como en las actividades de concientización en esquinas y centros comerciales.
Por otro lado, hizo hincapié en su papel “provida” en la Legislatura. “No puedo dejar de referirme a un tema que me ocupó durante gran parte del año: la defensa de las dos vidas”, afirmó al tiempo que añadió: “primero, en el nivel local, se puso en tratamiento la adhesión de la Ciudad al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Nación, proyecto que se aprobó el 16 de julio en la Legislatura Porteña y que, por supuesto, no contó con el acompañamiento de mi voto”.

Bajo esta línea, la legisladora de Vamos Juntos indicó que, tras el debate, “nació la idea de crear la Red de Legisladores por la Vida, iniciativa que, gracias al entusiasmo y acompañamiento del senador provincial Lucas Fiorini, logramos concretar apenas dos meses después, invitando a sumarse a concejales de todos los municipios del país, diputados y senadores provinciales, así como diputados y senadores nacionales, con mandato vigente y perteneciente a diferentes espacios políticos”.

Por otro lado, enumeró los proyectos de su autoría presentados en 2019, y que fueron aprobados el año pasado, Estebarena mencionó la Ley 6311, en el que propuso al 2020 como “el año del 250° aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano”; la Ley 6320, que remite a la “aceptación de la donación de un busto en homenaje al doctor António Agostinho Neto”; y la Ley 6369 que dio lugar a que la sede de la jefatura de Gobierno reciba el nombre de “Casa de la Ciudad”; entre otros.

Finalmente, se refirió a varios otros presentados y aprobados el año último, como la resolución 156 que permitió a la emprendedora Florencia Gallino recibir un diploma en reconocimiento por su colaboración con el medioambiente; y la resolución 199, que permitirá celebrar los 200 años del barrio de Caballito.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara que dio positivo para coronavirus tras haber realizado un viaje a la costa atlántica, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) y Vamos Juntos (VJ) le expresaron su apoyo a través de las redes sociales e insistieron en la necesidad de intensificar los cuidados para evitar el avance del Covid 19.

En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), le deseó “una pronta recuperación a nuestro jefe de Gobierno” y aprovechó la ocasión para pedirle a los ciudadanos que si tienen “algún síntoma o estuvieron en contacto con alguien que dio positivo, háganse el test. Sigamos cuidándonos entre todos”.

Sobre esa misma línea el jefe del bloque oficialista, Diego García Vilas (VJ), manifestó: “¡fuerza, Horacio! Te deseo una pronta recuperación y vuelta al ruedo. A todos los demás, les pido que sigamos cuidándonos, que cuidemos a los nuestros y que ante el primer síntoma no dudemos en hisoparnos. La pandemia todavía no terminó”.

Mientras que el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés expresó su anhelo de “una pronta recuperación para Rodríguez Larreta” y puso el foco en que “debemos reforzar los cuidados para frenar los nuevos contagios”.

A los mensajes de aliento para el jefe de Gobierno se sumó la ex ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora de VJ, Ana María Bou Pérez, y los oficialistas Gastón Blanchetiere y Natalia Fidel (VJ).

Con el objeto de mitigar el impacto de cambio climático, el legislador de Vamos Juntos Hernán Reyes presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca promover la inclusión de los principios de la economía circular al diseño e implementación de políticas públicas de la Ciudad, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de Carbono Neutral 2050.

De esta manera la iniciativa busca “implementar mecanismos concretos para la adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático, promoviendo una gradual adopción de una economía baja en carbono” y promover “la maximización de la eficiencia energética y de recursos y la responsabilidad en la producción y el consumo, reduciendo la obsolescencia, los desechos y desperdicios de recursos en la economía”.

Asimismo fomenta “los proyectos de investigación, desarrollo e innovación públicos y privados cuyos fines radiquen en la obtención de un impacto positivo en el ambiente y, por ello, en la vida y el bienestar de las personas”; así como también concientizar “a la población respecto del efecto que los productos, servicios y sus residuos tienen sobre el ambiente, la salud y la economía a largo plazo, e informar acerca de los beneficios de una economía circular”.

Es que según establece el proyecto de ley, la economía circular es un modelo económico de producción y consumo que promueve la generación de valor y que optimiza el uso de los recursos naturales a partir del cierre y/o la extensión de los ciclos de vida de los procesos y recursos, minimizando los impactos ambientales y fomentando la eficiencia a través de cambios en los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

En los fundamentos de la medida, Reyes explicó que “para lograr los objetivos que proponemos, resultará menester la cooperación público-privada, el fomento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y la concientización de la población respecto del efecto que los productos y sus residuos tienen sobre el ambiente, la salud y la economía, informando acerca de los beneficios de una economía circular”.

“Para cumplir sus fines, el proyecto prevé la elaboración de una Estrategia de Economía Circular que articulará el conjunto de medidas, políticas, e instrumentos desarrollados para el cumplimiento de los objetivos”, indicó y remarcó que “está Estrategia tendrá como ejes el desarrollo de bienes, productos y servicios sostenibles ambientalmente; el análisis de los sectores comerciales, industriales y residenciales con mayor utilización de recursos; el fortalecimiento de la educación e información ambiental para los consumidores; el uso y consumo eficiente de energía; y la jerarquización en la gestión de los residuos”.

Además señaló que “la Estrategia será confeccionada por la Autoridad de Aplicación en conjunto con el Gabinete de la Economía Circular. Este Gabinete de la Economía Circular, que será coordinado por la Autoridad de Aplicación, y cuya función será articular entre las distintas áreas de gobierno de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá a su cargo la implementación de la Estrategia de Economía Circular”.

La medida también lleva la firma de Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Juan Facundo Del Gaiso, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ).

En medio de la puja entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación por los recursos coparticipables que percibe el distrito capitalino, los legisladores del oficialismo porteño expresaron su apoyo al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, tras su decisión de no reunirse con el presidente Alberto Fernández para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento. Al mismo tiempo que le respondieron a los diputados del Frente de Todos (FdT), dado a que estos difundieron un comunicado en el que condenaron la actitud del jefe de Gobierno porteño.

Es así que el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), afirmó que es “inexplicable  que el Gobierno Nacional, autor de la quita de recursos más voraz que se recuerde de la Ciudad, convoque a un show mediático que solo busca avanzar sobre la autonomía de nuestro distrito” y señaló que respaldan “la decisión del jefe de Gobierno y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación que el kirchnerismo se apropió por el solo hecho de ser un distrito gobernado por la oposición. No sorprende que los legisladores respalden este gravísimo atropello, atacando en manada y muy lejos de trabajar para todos y todas”.

Mientras que Gimena Villafruela (VJ) explicó que “desde Vamos Juntos respaldamos a Larreta “en su decisión de no participar del show mediático del Gobierno Nacional” y consideró que “el presidente esconde la quita más voraz que recuerda la Ciudad para destruir un distrito gobernado por la oposición”. En tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), pidió: “no al show mediático que pretende instalar el Gobierno Nacional, es cínico y pretende esconder la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”.

Por su parte el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, respaldó “de manera absoluta la decisión del jefe de Gobierno de no participar de un show mediático y cínico que esconde la decisión de avanzar sin contemplaciones sobre la autonomía de nuestro distrito”; mientras que Cristina García (VJ) consideró que es “lamentable que el Gobierno Nacional, convoque a un show mediático para blanquear la quita de fondos. Desde Vamos Juntos respaldamos la decisión de Larreta y confiamos en que la Corte Suprema restituya a los vecinos los fondos para seguridad, salud y educación”.

A la vez que el diputado Hernán Reyes (VJ) le respondió a los legisladores del FdT por su comunicado y manifestó que es “inexplicable que sean legisladores de la Ciudad y entreguen la autonomía como si nada”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) advirtió que “resulta inexplicable que aquellos que arrebataron a los porteños los fondos necesarios para el correcto funcionamiento de la Policia de la Ciudad exijan la  participación de Larreta para debatir al respecto mediante el diálogo y el consenso”  y aseveró que “el autoritarismo ejercido por Alberto Fernández para la quita de dichos fondos fue celebrada por quienes hoy, bregan por el diálogo para la resolución de este conflicto. No olvidemos que esta decisión estuvo pensada estratégicamente para debilitar al referente de la oposición”.

Asimismo Leandro Halperín (UCR-Ev) inistió en que “una condición indispensable para un dialogo, es que las partes estén dispuestas a ceder algo y no es lo que ocurre con los fondos de la seguridad para la CABA que sin aviso, ni diagnósticos; el kirchnerismo resolvió quitarle a la ciudad cuando los apretó la bonaerense”.

Sobre esa misma línea el legislador Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) expresó que “la convocatoria a una mesa de diálogo a Horacio Rodríguez Larreta luego de lo que fue la expropiación de fondos más grande que haya sufrido la Ciudad, no hace más que revelar un cinismo inescrupuloso por parte del Gobierno Nacional” y destacó que “aquellos que se rasgan las vestiduras por la negativa a participar de ese show mediático, son los mismos que avalaron la quita de recursos que va a afectar a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad”.

“Seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia haga honor a su nombre y vele por los derechos de los ciudadanos de la ciudad que son rehenes de una jugada política que busca debilitar a quien sea oposición del Ejecutivo Nacional”, aseveró.

Finalmente, el diputado del GEN Sergio Abrevaya indicó que “apuran a la Ciudad a reunirse para acordar los fondos porque temen un fallo favorable a la Ciudad, y seguir sacándonos más. Los porteños aportamos el 23% del PBI y la Nación se queda con más del 90% de lo que producimos. ¿Será por las pensiones y sueldo de Cristina Fernández de Kirchner que salen mucha plata?” y afirmó que “la Justicia es el poder encargado de tachar de inconstitucional una ley. Si Larreta reclamó ante la Corte, que apuro tiene en contradecirse. Giren a cuenta y vemos tras el fallo, cualquier acuerdo sería avalar la ley, que es inconstitucional”.

“Hay que aprender a respetar el orden constitucional, y sus instituciones. La Corte es la encargada de decidir si una ley viola la constitución. Debe resolver rápido”, sentenció.

También sumaron su apoyo al jefe de Gobierno los legisladores Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena, Gonzalo Straface, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Daniel Del Sol, Claudio Cingolani (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

¿Saben  por qué se considera al aborto una cuestión de salud pública? se considera problema de salud pública a toda causa de muerte o morbilidad evitable,  además se produce en población joven y sana y no puedo evitar resaltar que se incluye dentro de los problemas de equidad de género, ya que el aborto sólo afecta a las mujeres y sus complicaciones se producen fundamentalmente en mujeres pobres.

En mi trabajo hospitalario he acompañado a muchas pacientes en el transcurso de complicaciones severas en casos de aborto clandestino, no así en mi actividad privada, donde habitualmente no se presentan complicaciones.   

Mi vida profesional  me llevó a ocupar cargos de ejecución y conducción  dentro de un hospital público en donde tuve que  compartir mi día a día con personas que tenían culturas diversas, historias particulares, motivos tan especiales por los que decidían y resolvían sus conflictos, que la única manera en la que yo podía ayudar era -primera premisa- no juzgar, ser profesional, ofrecer  varias soluciones dentro de las posibilidades para mejorar el conflicto,  y así quizás esa persona podía acceder a alguna forma de cuidado por parte del Estado. Aprendí que yo no podía imponer mis creencias sobre alguien que tenía una vida con experiencias tan diferentes a las mías, que nunca mi juicio podía acceder a igual análisis que el suyo ante un mismo problema, y que, a pesar de las diferencias, todos necesitamos en salud un Estado presente.

Quiero correrme del lugar de sanitarista porque, aunque no lo fuera, estaría aquí diciendo que quiero que sea ley.     

Por fin llega al recinto este tema que hace muchos años es tratado como tema tabú. Ni la pandemia pudo con la persistencia, el trabajo, la seguridad de un grupo de mujeres que no claudicó en tantos años haciendo realidad que la política inteligentemente abriera paso a esta discusión. Tenemos claro que es un tema que nos cuestiona como individuos, que nos lleva a tomar posición, que nos diferencia y al mismo tiempo (empáticamente) nos hace sentir que algunas personas son más cercanas que otras.

El aborto existió, existe y existirá. Sería ingenuo creer que la falta de legislación puede evitar una práctica que se desarrolló históricamente, en donde las mujeres tuvieron que, como en muchas otras circunstancias, desarrollar alguna destreza para poder seguir adelante. El debate, en todo caso, tendría que ser solo sobre las condiciones en que se practica el mismo.

 Un estudio del Observatorio de la Juventud (Dirección General de Políticas de la Juventud, 2017) informa estos datos sobre interrupciones de embarazo: el 11% de las mujeres jóvenes que estuvieron embarazadas alguna vez, informó haber interrumpido su embarazo, y esa proporción aumenta con la edad. Las jóvenes de entre 20 y 29 años declararon haber interrumpido un embarazo en mayor medida (alrededor del 10%) que las adolescentes de 15 a 19 (8%). Por otro lado, si se considera la zona, la proporción de jóvenes que interrumpieron su embarazo era más alta en zona norte (16,7%), menor en zona centro (13,3%) y casi 10 puntos más baja en zona sur (7,7%)

Nuestro país, dentro del código penal tiene una ley de aborto no punible, desde hace 100 años.  Esta ley ya entiende de la importancia de la intervención a mujeres con embarazos no intencionales o enfermedades que pusieran en riesgo la vida de ellas dándole al Estado la función de cuidado.

Durante estos 100 años esta ley muchas veces se ignoró, mujeres violadas o con enfermedades gravísimas no llegaban en muchos casos a poder acceder a una práctica médica segura para solucionar su estado de salud mediante un aborto. Como sabemos, existen trámites burocráticos que en forma innecesaria y enmascarando cuestiones religiosas o morales prolongaban la decisión hasta hacer imposible llegar a realizar la práctica.

 Llegó el momento. Como en tantos otros asuntos, el Sistema de Salud debe ser transparente sobre este tema. Sus avances facilitan los tratamientos, haciendo de ellos procedimientos seguros. Sabemos que tenemos equipos interdisciplinarios que tienen la formación específica para acompañar a las mujeres en cualquiera de sus decisiones, que este sistema tiene un compromiso fuerte con la salud sexual y reproductiva, asesorando e indicando educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto seguro para no morir.

Sabemos que el aborto es ejemplo de desigualdad en nuestro país.  Golpea fuertemente a las mujeres más vulnerables. Sólo fijarnos en quiénes son las mujeres que mueren o sufren prácticas clandestinas inseguras confirmamos este dato. Este tema no puede ser abordado con mirada moral o religiosa; nosotros legislamos.

Las leyes buscan equiparar a las personas ante sus necesidades. La política está para solucionar los problemas de desigualdad, no para reafirmar nuestras creencias morales. La democracia está para vivir con las diferencias.

El aborto hoy es una cuestión política. Si una mujer hoy no puede acceder a un tratamiento gratuito y seguro para realizar una interrupción legal del embarazo y otra lo realiza pagando honorarios y no hacemos algo para igualar condiciones, estamos avalando vidas de primera y segunda clase.

 En este siglo que ha tomado el tema de los derechos de la mujer como eje transversal en el mundo, no podemos perder la oportunidad de fortalecer y reafirmar el trabajo de nuestros equipos de salud con un protocolo que formalice la práctica.  Este es otro de esos momentos en que nuestros representantes tiene la oportunidad de  otorgar los mismos derechos a todas las ciudadanas de nuestro país.

Acepté participar en la política para mejorar la vida de todas y todos. Por eso, como persona humana, como mujer, madre y abuela y como médica, les pido a mis colegas que acompañen esta igualación de derechos entre quienes pueden acceder a prácticas seguras y quienes no tienen por diversas razones esa posibilidad.

Que sea ley.

En el marco de la sesión especial de este martes, el presidente del bloque Vamos Juntos y uno de los hombres de confianza de Graciela Ocaña, Diego García Vilas, dialogó con parlamentario.com sobre el informe que brindó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, acerca de la gestión que viene desarrollando el actual Gobierno de la Ciudad e insistió en la necesidad de que los diputados nacionales defiendan los recursos coparticipables.

En ese sentido, el oficialista consideró que “siempre es importante que un jefe de Gabinete rinda cuentas y fue muy claro en su presentación, resaltó las mejores cosas que se vienen desarrollando en las distintas áreas como salud, educación, entre otras” e indicó que “nos tiene que llamar a la reflexión a todos los sectores políticos, es el llamado que le hizo a los distintos diputados nacionales a defender los recursos de la Ciudad, entendiendo que todos hemos sido votados en función con la Constitución nacional, de la Ciudad y tenemos entre nuestras funciones defender esos recursos”.

Asimismo precisó que “en función de esta quita unilateral que efectuó el Gobierno nacional, es algo que todos tenemos que condenar, independientemente del lugar político que estemos ocupando”.

A su vez García Vilas se refirió al ajuste que el Gobierno de la Ciudad deberá efectuar sobre su Presupuesto para el próximo año debido a la reducción de la coparticipación, por lo que explicó que “lo que tiene que quedar en claro que este es un presupuesto de contingencia, estamos a la espera de que ver que resuelve la Corte Suprema de Justicia, dado que nosotros iniciamos una acción legal para defender lo que entendemos que nos pertenece” y recordó que “ese dinero fue producto de una transferencia de facultades en materia de seguridad, que les fueron transferidas a la Ciudad de Buenos Aires”.

“En ese contexto lo más importante que el daño económico que le ocasiona a todos los vecinos de la Ciudad lo tenemos que compensar de alguna manera. Es como si una familia estuviera acostumbrada a vivir con diez pesos y nos quitan dos pesos, obviamente esos dos pesos tenemos que buscar la manera de recuperarlos”, señaló e insistió en que “una de las opciones es reducir el gasto lo máximo posible, obviamente esto va a traer alguna renegociación de contratos y probablemente obras que no se van a poder llevar adelante”.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “estamos apelando a que por favor nos escuchen y tengan en cuenta que esto no es posible, no podemos seguir construyendo la Argentina entre todos en función de si nos gusta o no el gobierno de turno. Hoy le toca a la Ciudad, pero mañana le puede tocar a cualquier provincia del país”.

Luego de que la líder de la CC ARI, Elisa Carrió, fuese citada a indagatoria por la causa de espionaje ilegal, los diputados de Vamos Juntos y el jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, manifestaron su apoyo a la dirigente política y advirtieron que la medida judicial se debe a que quienes “gobiernan los que no pueden explicar su patrimonio”.

En ese sentido, Larreta expresó en sus redes sociales su “solidaridad con Carrió frente a este pedido de indagatoria; sé de su honestidad, de su incansable lucha por la transparencia y por el bien de la República. La acompañamos, como siempre”.

Mientras que Santilli aseguró que “en un país donde no hay justicia y lo único que busca el Gobierno es impunidad para Cristina (Fernández de Kirchner), a Carrió la citan  a indagatoria en una causa que se armó para tapar la causa de los cuadernos” e insistió en que la líder de la CC ARI “no tiene miedo y sin fueros los enfrentará como lo hizo toda la vida”.

Por su parte la oficialista Lucía Romano (VJ) señaló que “en el mundo del revés, los que siempre defendieron la República, las instituciones y levantan la bandera de la lucha contra la corrupción, son llamados a indagatoria. En ese mismo mundo, gobiernan los que no pueden explicar su patrimonio”.

A la vez que Facundo Del Gaiso (VJ) afirmó que “CFK quiere a Elisa Carrió presa para asegurarse la impunidad” y advirtió que “ella lo va a afrontar sin fueros, como una ciudadana común como en el 2007. No tenemos miedo y seguiremos peleando por un país con justicia y sin impunidad”. Además precisó que “piden allanar a Carrió, esto van a encontrar en su caja fuerte: aceite de oliva y fideos. No dejaremos de pedir ‘recuperar lo robado’ durante el kirchnerismo donde se saqueó al país”.

Sobre esa misma línea el diputado de Vamos Juntos Claudio Cingolani alertó acerca de que la indagatoria “es la venganza contra una dirigente valiente que se animó y se sigue animando a denunciar la corrupción; pero no podrán callarnos, ni frenar el trabajo de tantos años en busca de verdad y justicia”.

En tanto Hernán Reyes (VJ) aseveró que “quieren presa a Carrió para disciplinar a todo un pueblo. Lo que no saben, es que con todo el pueblo la vamos a defender y vamos a tener paz y justicia para siempre” y Ceciclia Ferrero (VJ) concluyó compartiendo un mensaje que rezaba: “Cristina Kirchner quiere a presa Elisa Carrió, cuéntenla como quieran. La venganza por el valor de haberla denunciado cuando nadie se animaba, el odio de no poder reconocerse una ladrona”.

Los diputados de Vamos Juntos (VJ) y el Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de declaración mediante los cuales prevén expresar su profundo pesar por el fallecimiento del productor de cine y político argentino Fernando Ezequiel Solanas, conocido como Pino Solanas, el pasado 6 de noviembre en París a causa del Covid 19.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que Solanas nació el pasado 16 de febrero de 1936 en la localidad bonaerense de Olivos. “Como político, fue el fundador y referente del partido político movimiento Proyecto Sur,  diputado nacional en 2009 y senador nacional en 2013, en ambos casos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde julio del corriente año hasta su fallecimiento el 6 de noviembre fue embajador de Argentina ante la Unesco”, precisaron.

Al mismo tiempo que detallaron que “posee una gran trayectoria en la política. Inició su participación en la política luego de los hechos ocurridos durante 1991, año en el que luego de criticar la gestión presidencial de Carlos Menem por su impronta privatizadora, fue querellado por el ex presidente y luego baleado al día siguiente de haber ratificado sus declaraciones ante la Justicia”.

“Como líder de Proyecto Sur, siguió una línea política de centroizquierdista, progresista y relacionada con la ecología política, con el objetivo político principal de aplicar una propuesta política, económica, social y cultural que sintetiza experiencias, estudios e investigaciones de profesionales, técnicos y trabajadores, y grupos sociales sobre la realidad nacional, latinoamericana e internacional, apoyando e impulsando proyectos como los frentes universitarios y estudiantiles, los frentes sindicales y sociales, y propuestas políticas”, manifestaron.

Sobre esa misma línea, los diputados aseveraron que Pino “es despedido con profundo dolor por la sociedad argentina y por dirigentes políticos de todos los partidos e ideologías quienes han expresado sus más sentidas condolencias” y concluyeron señalando que “será recordado sin dudas por su compromiso político y por su arte como uno de los referentes y pioneros del cine político argentino, con una mirada siempre crítica de la realidad”.

Las iniciativas llevan las firmas de Ana María Bou Pérez, Héctor Apreda, Mercedes De Las Casas, Natalia Fidel, Matías López, Lucía Romano (VJ), Claudia Neira, Javier Andrade, María Bielli, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Con la intención de reconocer su labor al campo de la medicina, la diputada de Vamos Juntos (VJ) María Luisa González Estevarena impulsó en la Legislatura porteña un texto de declaración a través del cual buscará expresar su beneplácito por la distinción otorgada a Marta Cohen, médica argentina, como “Oficial de la Orden del Imperio Británico” debido a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

En los fundamentos de la medida, la oficialista señaló que el galardón que recibió Cohen –que es oriunda de Trenque Lauquen- “es uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido” y destacó que la médica, que actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield, pasa a formar parte de la “Excelentísima Orden del Imperio Británico”, fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

Cohen es egresada de la Universidad de La Plata (UNLP) y Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield. Cuando el premio se hizo público, el sábado 10 de octubre y recibió la llamada del director CEO del hospital, manifestó sentirse feliz como argentina egresada de una universidad pública de haber llegado a recibir esta distinción. Vale remarcar que se trata de un galardón que han recibido figuras como Paul McCartney (1965), John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades.

“Es tradición en el Reino Unido que para el cumpleaños de la soberana se otorguen este tipo de distinciones a ciudadanos que se han destacado en arte, ciencia o deporte. En el pasado mes de mayo le habían informado desde la Oficina de Gabinete británico que había sido propuesta para la lista, solicitándole absoluta reserva”, aseveró la legisladora.

Cabe destacar que la médica es además profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del Hospital de Sheffield, hizo en Argentina una residencia en Patología General en el Hospital de Clínicas y la residencia en Patología Pediátrica en el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez.

Obtuvo una beca en Patología Pediátrica en la Red Cross War Memorial Children’s Hospital, Ciudad del Cabo, Sudáfrica; fue directora del curso avanzado de posgrado de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre 2014 y 2018, donde continuará hasta junio de 2021.

En su destacada trayectoria, presidió la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre el 2016 y 2018; y en Inglaterra es miembro del Grupo de Referencia Clínica de Servicios para Mujeres y Niños del NHS Inglaterra, como se denomina al Servicio Público de Salud de ese país.

Fue miembro de la Junta y directora en representación de la Sociedad Europea de Patología de la Colaboración Internacional para la Notificación del Cáncer (ICCR) y fue nombrada en 2015 como una de las patólogas más influyentes e incluida en la Power List “The Pathologist 2019”, que presenta a 100 de los principales expertos del área.

A más de siete meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio, el diputado de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para expresar su beneplácito por la implementación del programa de contención por Covid 19 denominado “protocolo de visitas, acompañamiento y despedida final en pandemia”, llevado adelante por parte del Sanatorio Güemes.       

En relación al programa, el diputado señaló que el mismo “buscó la manera de valorar y respetar la dignidad de la persona durante su internación, y aún más si estaba transitando momentos de riesgo de vida” y remarcó que “se procuró de esta manera respetar el principio de proporcionalidad que, sin dejar de lado los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, eviten restringir derechos inalienables contemplados en la legislación nacional e internacional como lo son morir acompañado, despedirse de un ser querido y realizar un duelo adecuado, entre otros”.

Asimismo señaló que “este protocolo pretende crear un marco de contención psicológica, espiritual y afectiva al paciente, su familia y al equipo de salud” y destacó que “el objetivo es establecer lineamientos para facilitar y promover de manera segura el acompañamiento familiar del paciente durante su internación en período de pandemia, lo que incluye la situación de últimos días y la despedida final, en un marco de información y contención”.

“Dicho protocolo consta de varios puntos a tener en cuenta: requisitos de acompañantes y visitas, consentimiento informado, despedida final, ingreso y egreso al sanatorio, etc”, remarcó Del Gaiso y precisó que “además se realizó una estrategia de capacitación y cuidado del personal de salud, poniendo énfasis en las entrevistas para lograr una comunicación correcta y efectiva con pacientes y familiares”.

Es por ello que el oficialista consideró que debido a “esta sumatoria de esfuerzos, y la apuesta que hace el Sanatorio Güemes a la valoración de la dignidad de la persona humana, dando respuesta a las necesidades de acompañamiento, contención emocional a los pacientes y sus familiares con el diseño y puesta en marcha de circuitos adecuados y favoreciendo la comunicación, es que creemos necesario otorgarles nuestro reconocimiento”.

Tras la masiva movilización del pasado 12 de octubre en contra del Gobierno nacional, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual buscará manifestar “su enérgico repudio a las expresiones vertidas por Raúl Enrique ‘Dady’ Brieva en razón de la manifestación popular, así como a toda otra declaración que fomente la violencia en nuestro país”.

El humorista había asegurado en su programa radial ‘Volver mejores’ que al ver la movilización le dio “ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio” y remarcó que “a nosotros (por el kirchnerismo) nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.

En los fundamentos de la medida, el oficialista recordó que “el pasado 12 de octubre se realizó en las inmediaciones del Obelisco una multitudinaria manifestación pública de protesta a la gestión del Gobierno nacional, principalmente vinculada con cuestiones referentes al proyecto de ley de reforma de la justicia, al traslado de jueces nacionales y, en general, al manejo de la pandemia desatada por el Covid 19”  y consideró que los dichos de Brieva “son los que incitan a la sociedad a la violencia, los que generaron la tan denostada ‘grieta’ en nuestro país y lamentablemente no hacen más que agrandarla día a día”. 

Asimismo afirmó que “es en estos momentos en donde hay que abogar por la paz y la tranquilidad, y en particular son los llamados ‘líderes de opinión’ quienes tienen un rol esencial a la hora de apaciguar los ánimos y no exaltar ni generar violencia innecesariamente” y advirtió que “cuando una persona cumple un rol destacado en el debate público, debe tener siempre presente que sus palabras tienen un gran impacto en la sociedad y por lo tanto deben medir sus palabras para evitar exacerbar los ánimos de la ciudadanía, principalmente en momentos de gran zozobra como los que estamos viviendo en el marco de la pandemia producto del Covid en conjunción con una gran crisis social y económica”.

La contracara del repudio

Pero este no es el único repudio que recibió la Legislatura de la Ciudad en las últimas horas, es que la diputada Victoria Montenegro (FdT) presentó otro proyecto de declaración en el que buscará expresar su “más enérgico repudio” a una nota publicada en la versión digital del diario Clarín, en la cual se convocó como punto de encuentro de una movilización el domicilio particular de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En los considerandos del texto, la kirchnerista indicó que “a pesar de encontrarnos en el marco de una pandemia y bajo una gran cantidad de contagios, como así también de muertes, este medio de comunicación decidió omitir la prudencia e incito a la concentración y expuso el domicilio particular de quien fuera otrora dos veces presidenta de la Nación” y destacó que aunque editaron “la nota (borrando la dirección del domicilio particular) la noticia trascendió y se dio a conocer de forma viral, causando un daño que ya no podía ser subsanado”.

“Lejos de ser un error,  los sucedió configura como un método de intimidación inaceptable que no pueden tener lugar ni deben ser tolerados en un sistema democrático. Lo ocurrido deja abierta la posibilidad de para hacer de los domicilios particulares epicentros de prácticas que no son compatibles con los acuerdos democráticos establecidos y que en el marco de una emergencia sanitaria pone en riesgo a todos las y los vecinos de las inmediaciones”, sentenció.

Luego de que se viralizaran en las redes sociales las imágenes de la golpiza que recibieron, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de declaración a través de la cual buscarán expresar “su más enérgico repudio ante los ataques homofóbicos sufridos por Cristian ‘Yaco’ Jacobsen y su novio Pablo Cavaignac, en el barrio de Palermo, por parte de un grupo de transeúntes”.

Asimismo señalaron que esa Casa “brega por el derecho a la igualdad y libertad que merecen todos sus habitantes, amparándose en los principios de nuestra Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En los fundamentos del texto -que lleva la firma de Lucía Romano (VJ)-, los oficialistas recordaron que el violento ataque ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando los dos jóvenes fueron agredidos físicamente en el barrio de Palermo por tres hombres desconocidos, de forma brutal. La pareja que se encontraba caminando y, según explicaron, “fue sorprendida por la espalda luego de demostrarse su amor con un simple beso, y si bien en un principio creyeron que estaban siendo víctimas de un asalto, el desenlace de los hechos les demostraría que estaban siendo golpeados por ‘odio’ a su condición sexual”.

Es por ello que los diputados consideraron que se trata de un episodio “tan inusitado como violento y repudiable” e insistieron en que “como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires consideramos la homofobia como extemporánea, fuera de tiempo y espacio, sin embargo, actos como este nos recuerdan que aún existe este tipo de violencia y discriminación, y que por ello es necesario seguir trabajando políticas públicas que fomenten el respeto por las libertadas individuales y la igualdad”.

Luego de recibir las agresiones, las víctimas se dirigieron hasta la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad para radicar la denuncia que quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.

“La violencia y el ataque que Cristian y Pablo recibieron no representa un acto aislado, o poco común, por lo contrario, lo sucedido viene a mostrarnos que todavía falta y debemos seguir trabajando en pos de una sociedad pacífica, que respete los valores básicos de la convivencia democrática, plural y diversa, y en la que no haya lugar a este tipo de situaciones que atentan contra el orden social y tienen como víctimas mayoritariamente a miembros de las colectividades y minorías sociales”, sentenciaron los diputados.

El proyecto también lleva la firma de Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Leandro Halperín, Hernán Reyes, Victoria Roldán Méndez, Claudio Romero y Guillermo Suárez (VJ).

Con la intención de visibilizar la problemática, los legisladores de Vamos Juntos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su profunda preocupación por los focos activos de incendios que continúan afectando a más de nueve provincias de la Argentina.

Asimismo prevén manifestar su agradecimiento y solidaridad con cada uno de los bomberos que “arriesgan su vida en el esfuerzo por aminorar el daño de los incendios forestales”, los cuales ya se extendieron por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas explicaron que “el Servicio Nacional del Manejo del Fuego emite un informe diario en el cual se va actualizando día a día reportando el estado de los incendios que llevan tanto tiempo azotando a nuestro país, y si bien se han reportado que nueve provincias mantienen focos activos, resulta de extrema preocupación la situación en Córdoba y San Luis”.

Al mismo tiempo recordaron que el director de la Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Cruz Molina, explicaron que “los incendios forestales ya quemaron alrededor de 191 mil hectáreas en la provincia” y consideraron que “este número impactante y verdaderamente tristísimo, lamentablemente, representa un ‘récord de los últimos 20 años’”.

“Para tomar noción de la gravedad de la situación, estamos cerca de llegar al doble del registro de los incendios de 2013, que habían sido 106 mil hectáreas y que se mantenía hasta este momento como la mayor cifra de las últimas dos décadas”, aseveró y remarcaron que “un incendio forestal ya de por sí genera un daño irreparable: en propiedad, en personas, en herramientas y oportunidades de trabajo, arrasando con todo a su paso en uno de los fenómenos naturales más violentos y difíciles de controlar cuando se salen de control”.

A su vez afirmaron que “es motivo de tristeza el daño irreparable que ha quedado ya marcado en la biodiversidad de Córdoba, en su paisaje, su superficie productiva, sus pastizales, sus bosques y su forestación” e indicaron que “debemos solidarizarnos con los departamentos Cruz del Eje, en el noroeste de nuestro país, y con Río Cuarto, en el sur, ya que mantienen dos focos activos de incendios contra los que incontables personas coordinan esfuerzos para poder paliar”.

Sobre esa misma línea, los diputados manifestaron que “más de 500 bomberos se encuentran trabajando sobre esos focos, pertenecientes a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y agentes del Plan Nacional del Manejo del Fuego; coordinando esfuerzos y haciendo entrega de su cuerpo para combatir nuestro patrimonio natural como país, nuestro verde, nuestros paisajes, y nuestro futuro”.

“Estos desastres ya no podemos llamarlos naturales. El 98% de los incendios que hoy nos azotan como país y que no podemos dejar de visibilizar por un segundo mientras sigan habiendo focos activos, fueron provocados por la mano del hombre”, señalaron y concluyeron afirmando que “debemos tomar esta oportunidad y esta tragedia para reflexionar todos sobre nuestra relación con la naturaleza, y el impacto que tiene en el presente y en el futuro cada decisión que tomamos”.

La medida lleva la firma de Natalia Fidel –como autora-, Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Cecilia Ferrero, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Lucía Romano, Claudio Romero y Guillermo Suarez (VJ).

Tras el asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Roldán a manos de un hombre que lo acuchilló en reiteradas oportunidades, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa en la que buscarán expresar su repudio a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, relacionadas con la actuación de la Policía de la Ciudad, el 28 de septiembre cuando fue brutalmente atacado el inspector.

Es que luego de que se difundieran las imágenes, la funcionaria realizó varias manifestaciones sobre la actuación de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona y consideró que los efectivos “tuvieron temor” y que “capaz no sabían qué hacer”. Al mismo tiempo que se preguntó “¿por qué no se convocó al SAME? Tendría que haber intervenido porque el agresor no era un delincuente, era una persona con un brote psicótico que era una amenaza y terminó siendo un homicida”.

Al respecto de las declaraciones de la ministra, los oficialistas explicaron que “más allá de esta declaraciones, que no ayudan a mejorar la situación que nos encontramos atravesando, aseguramos encontramos orgullosos por el correcto accionar de los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que aplican los protocolos vigentes para estos casos y que trabajan en forma conjunta y con alto profesionalismo” y volvieron a expresar “el profundo pesar por el deceso de Juan Pablo Roldán y el acompañamiento a su familia”.

Asimismo recordaron que “la Ciudad cumple estrictamente con lo determinado en la Ley N° 5.688, que establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad Pública en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública”.

En este marco, señalaron que “la misma define como seguridad pública a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad”.

“El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad tiene como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la violencia y el delito, así como las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja”, completaron.

El texto presentado en la Legislatura porteña también lleva la firma de Héctor Apreda, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Matías López, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Paola Michielotto, Lucía Romano, Claudio Romero, Gonzalo Straface y Guillermo Suarez.

Tras varios meses de suspensión de las clases presenciales y de varios intentos por volver a las aulas, los diputados porteños de Vamos Juntos (VJ) publicaron en sus redes sociales un comunicado en el que insistieron en la necesidad de recuperar los espacios de encuentro educativo para garantizar la educación de los chicos.

En ese sentido, la misiva recuerda que “el 15 de marzo de este año el Poder Ejecutivo nacional resolvió la suspensión de clases en virtud de la emergencia sanitaria” y explicaron que “desde esa fecha, la suspensión se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni plan alternativo de retorno progresivo a la presencialidad; son más de seis meses de incertidumbre para los estudiantes y sus familias”.

Asimismo consideraron que “la coordinación nacional no puede negar la autonomía que cada jurisdicción educativa tiene que tener para pensar como atender la situación que estamos viviendo y tenemos que encontrar respuestas flexibles y dinámicas que nos permitan, poniendo a la escuela en el centro de la escena, diseñar el camino para la reapertura de las escuelas” y afirmaron que “las instituciones, alumnos, docentes y familias vienen sosteniendo un vínculo escolar y la continuidad pedagógica con innumerables esfuerzos”.

“Aun así, la realidad actual, con sobrada evidencia, nos demuestra que la salud emocional e incluso física de nuestros alumnos y alumnas se está deteriorando fuertemente a la vez que percibimos retraso o disminución en los procesos de contenidos cognitivos y habilidades adquiridas en términos de calidad educativa, que en un mediano plazo afectará a la gran mayoría de los estudiantes”, aseveraron los legisladores.

Sobre esa misma línea, desde Vamos Juntos señalaron que se ven en la actualidad “en la urgente premisa de manifestar, haciéndonos eco de las voces de muchas familias, estudiantes y docentes, que más que nunca necesitan volver a la escuela. Qué recuperen la presencialidad es volver al vínculo y tenerlos cerca” y subrayaron que “la escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”.

Además aseguraron que “a la dirigencia se nos exigen decisiones. El Gobienro nacional ha mostrado hasta ahora el silencio del mutismo en un tema que nos atraviesa como sociedad y sobre el que se construye la comunidad como lo es la educación” y aseveraron que “al igual que se requiere de un plan económico que marque cual es el camino por el que debemos transitar como país, también se requiere de una decisión clara en torno al regreso a la escolaridad”.

“Apelamos a la coherencia de las autoridades nacionales, a la reflexión de los sectores sindicales y a la sociedad toda para recuperar espacios de encuentro educativo, cuidadosos y respetuosos de las medidas de salud y de estrictos protocolos. Es posible y es urgente”, concluyeron.  

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentara en el Congreso un proyecto para profundizar aún más la rebaja en la coparticipación que percibe la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de Vamos Juntos y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaron duramente la iniciativa a través de sus cuentas Twitter.

En ese sentido el alcalde local manifestó que toda su vida eligió “el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo” y remarcó que “por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos”.  Mientras que el vicejefe, Diego Santilli, añadió que “¡este es el camino, solo con diálogo y consenso vamos a poder superar este momento y salir adelante!”.

A su turno el oficialista Guillermo González Heredia (VJ) explicó que “lo que están haciendo con los recursos económicos de la Ciudad es una vergüenza. Pasamos del 3.50 de coparticipación a un 2.32 la semana pasada y ahora enviarán un proyecto al Congreso para reducir aún más los fondos con el objetivo de fijar la coparticipación en 1.40” y advirtió que “está claro que la intención del presidente y de la vicepresidenta es vaciarnos de recursos para poner ‘de rodillas’ a la Ciudad de Buenos Aires y someterla”.

“Los gobernadores deben alzar la voz, hoy le tocó a la Ciudad de Buenos Aires, mañana puede ser otra provincia. Estas decisiones revanchistas que solo buscan seguir dividiendo a los argentinos deben ser enérgicamente rechazadas”, aseveró.

Al mismo tiempo que Facundo Del Gaiso (VJ) indicó que “no es causal el día elegido por Fernández para mandar al Senado la quita de la coparticipación y abrir  una zanja entre los que viven en un lado de la Genral Paz y el resto del país. El 17 de setiembre de 1861 se libraba la batalla de Pavón, nos van a tratar de ‘salvajes unitarios’” y remarcó que “la Ciudad opulenta no emite, no tiene la maquina fabricar billetes. Cada cama de terapia que la Ciudad incorporó cuesta por mes de gasto corriente tres millones, sumamos 450 camas, al año es un gasto extra de 16000 millones”.

En tanto la diputada Carolina Estebarena (VJ) aseguró que son “malas noticias que no dan respiro… tendría que escribir decenas de tuits para abarcarlas todas, pero por hoy me quedo con la especial desazón por esta” y le pidió al presidente que “reconsidere su actitud para con los porteños”.

“Ya nos venía atacando en declaraciones, luego con hechos concretos como el decreto 735/2020 y ahora esto… ¿no entendió que la Constitución es clara en cuanto a la transferencia de recursos cuando se traspasan competencias, funciones y servicios de la Nación a una jurisdicción?”, completó.

Después de que el sábado 12 de septiembre un local partidario perteneciente a la agrupación Kolina –que es dirigido por la diputada Victoria Montenegro (FdT)- sufriera un ataque con un arma de fuego, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) presentaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña para repudiar estos “actos violentos e intimidatorios” y exigir el “esclarecimiento de los hechos e imposición de sanciones a quien corresponda”.

En los fundamentos de la medida, la cual lleva la firma del oficialista Matías López (VJ), los diputados consideraron que “estos hechos repudiables y antidemocráticos, que solo pueden ser interpretados como manifestaciones de intolerancia, violencia y odio resultan inadmisibles en nuestra sociedad, comprometida con el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, consagrados en nuestra Constitución Nacional y local”.

“En tal sentido, si bien la investigación acerca de los hechos referidos ya se encuentra en manos de la justicia, consideramos necesario y fundamental que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exprese su preocupación y visibilice su posición y compromiso democrático, toda vez que, como bien manifestaron legisladores de esta casa ‘resulta inadmisible aceptar y naturalizar la violencia como práctica política’”, concluyeron.

Cabe destacar que el ataque en cuestión ocurrió el sábado, a fin de realizar la olla popular habitual, quienes frecuentan el local de la agrupación Kolina, sito en la calle Batlle y Ordoñez al 5801, detectaron que el vidrio del frente del local se encontraba roto, producto de un balazo.

El texto también lleva la firma de Héctor Apreda, Gastón Blanchetiere, Ana María Bou Pérez, Claudio Cingolani, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, María Sol Mendez, Paola Michielotto, Hernán Reyes, Victoria Roldán Méndez, Lucía Romano, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez y Gimena Villafruela (VJ).

En medio de una tensa discusión que había comenzado a raíz de un proyecto del Frente de Todos (FdT), el oficialismo porteño aprobó una tabla en la que expresó su rechazo de la reducción de la coparticipación y convalidó los reclamos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque cuestionó los mecanismos que implementaron para llevarlos a cabo.

Así, tras varias horas de debate, expresaron su “categórico rechazo y profunda preocupación por el decreto 735/2020 del señor presidente de la Nación en tanto implica la decisión unilateral e inconstitucional de la reducción presupuestaria histórica de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social, económica, fiscal y de seguridad a partir de la pandemia”.

“En igual sentido expresa su profunda preocupación por los hechos ocurridos durante la manifestación de la policía bonaerense en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, asimismo convoca a las partes involucradas a la pronta resolución de los legítimos reclamos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron los legisladores y concluyeron afirmando que “este cuerpo reafirma su compromiso inclaudicable en defensa de la democracia y el respeto de las instituciones”.

Sin embargo, al momento de la votación el FdT decidió abandonar el recinto de sesiones. Es que el debate había comenzado a raíz de un proyecto del diputado Juan Manuel Valdés (FdT) en el que se instaba a la Legislatura a expresar su “profunda preocupación por los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Quinta de Olivos donde personal de la policía bonaerense se manifestó exhibiendo sus armas”; un texto con el que el oficialismo porteño no estaba de acuerdo.

Es por ello que Martín Ocampo (UCR-Ev) terminó proponiendo el texto que finalmente se votó, aunque en reiteradas oportunidades el FdT insistió en que se debería tratar la tabla que se había presentado en primera instancia e inclusive Valdés solicitó que se retirara su proyecto. No obstante, el oficialismo continúo adelante con el texto que propuso y el bloque conducido por Claudio Ferreño (FdT) terminó abandonando el recinto.

Cabe destacar que algunas horas antes de que la Casa aprobara esta tabla, el FdT había logrado bloquear el tratamiento de un proyecto de declaración de Vamos Juntos en el que buscaban rechazar la decisión presidencial sobre la coparticipación. No obstante, al final de la jornada, el oficialismo porteño logró su cometido y pudo llevar adelante el repudio que había buscado en primera instancia.

Al respecto de la iniciativa en cuestión, el trotskista Gabriel Solano (PO)  se preguntó: “¿qué sentido tiene venir a pedir un repudio al motín policial de ayer y ahora lo vimos al presidente entregar todos los reclamos?” y advirtió que lo de este miércoles “fue un motín policial y ustedes lo reconocieron, ustedes le entregaron a la policía lo que no le entregan a los docentes… la policía se llevó un 40%, ¿los docentes tienen un aumento de ese tipo? ¿lo tendrán los enfermeros? La respuesta es no”.

“Está claro que cuando otros trabajadores reclaman por sus salarios se los reprime, pero cuando la policía hace un motín los premian con un aumento del 40%”, concluyó Solano mientras que Myriam Bregman (PTS) consideró que se trató de “un chantaje armado por estos policías, rápidamente se les fue concedido”.

En tanto el radical Leandro Halperín (UCR-Ev) advirtió que “es un momento de suma preocupación para toda la sociedad, no es concebible que a tantos años de haber recuperado la democracia no nos hayamos puesto de acuerdo en que formas de seguridad son las que forjamos” y destacó que “a principios de la pandemia advertimos el peligro de empoderar a la Policía bonaerense para controlar a la población, pero en lo que va de la pandemia ya hay 30 personas que no tienen más la vida y es esta misma policía la que no puede garantizar la seguridad de los bonaerenses. Es cierto que son mal pagos y si bien compartimos sus reclamos, esta no era la forma”.

“Estuvimos junto al presidente trabajando en conjunto, lo apoyamos y cuando nos dimos vuelta nos clavaron el puñal. Ganaron los más violentos de la sociedad, los que extorsionan con violencia a la democracia. El presidente de la Nación se equivocó y cedió frente a la presión”, completó.

Por su parte la legisladora de Autodeterminación y Libertad (AyL) Marta Martínez repudió “que los gobiernos sigan destinando los recursos de los ciudadanos para fortalecer las fuerzas de seguridad, fortalecieron el aparato de represión interno” e insistió en que “este es un modelo de país que no da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora”.

En ese sentido la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), manifestó que “es legítimo el reclamo salarial de los y las policías bonaerenses, pero no es la manera ni el lugar. Rodear la residencia presidencial con patrulleros y efectivos armados es intimidatorio” y se refirió a la reducción en la coparticipación de la Ciudad: “ha quedado demostrado que el Gobierno nacional tiene muy presente a la Ciudad, la última medida de inversión fuerte que tomó fue el empoderamiento del Ministerio de Educación y está financiando a 6.500 chicos para que puedan continuar sus estudios. Quiero llevar tranquilidad, el Gobierno nacional se va a seguir ocupando del distrito pero hay una banda presidencial que exige solidaridad con los distritos que no tienen las mismas posibilidades”.

A su vez el oficialista Guillermo González Heredia (VJ) indicó que “el presidente decidió sacarnos 1,20% de la coparticipación, esto no es sorpresa para nadie porque estuvo delicadamente planificado; hace algunos meses la escuchamos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, al respecto de esto y al propio Alberto Fernández sobre lo opulento e “injusto” de la Ciudad”.

“Algunos gobernantes administraron mal los recursos y otros, como los nuestros, pudieron hacerlo bien”, manifestó y consideró que “este modus operandi es claramente kirchnerista, todos sabemos que el kirchnerismo ha dividido todo lo que ha tocado y lo hacen para reinar. Hay que tener mucho cuidado porque la grieta, de una manera inédita, pasó a lo territorial”.

Sobre esa misma línea, el socialista Hernán Reyes (PS) señaló que “desde el bloque Partido Socialista manifestamos nuestra preocupación por lo sucedido en la Quinta de Olivos, es una imagen que no queremos ver en nuestra democracia y no debe ser tolerable” y remarcó que “para resolver ese conflicto, el cual no pudo resolver el gobernador Axel Kicillof, el presidente nos redujo la coparticipación; la intención de recortar esos fondos no es nueva, ya en marzo el presidente lo tenía decidido pero la medida se postergó por la pandemia del coronavirus”.

Además Claudia Neira (FdT) consideró que “hay momentos en el que no son válidos los peros, hubo efectivos policiales que fueron a manifestarse armados frente a la Quinta de Olivos… no lo hicieron en la Casa Rosada, fueron a donde vive el presidente junto a su familia” y advirtió que “el presidente tomó esta decisión como todas las que viene tomando desde el principio de la pandemia: pensando en todos los argentinos”.

“No se le está quitando un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, se está corrigiendo algo que en el momento de la transferencia de la PFA al distrito se había calculado mal”, sentenció la peronista.

Asimismo Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) explicó que “es una decisión unilateral y arbitraria la que ha tomado el Presidente, el diálogo tiene que ser sincero, sin medias tintas ni medias verdades, como el ocultamiento al jefe de Gobierno y a los intendentes de la oposición de la reducción en la coparticipación de CABA hasta último momento” y alertó acerca de que “no  se puede subsanar las impericias de otras gestiones quitando los recursos a los distritos de distinto color político; una vez más se castiga a los porteños”.

En contraposición el radical Juan Francisco Nosiglia (UCR-Ev) destacó que “es mentira que esta decisión del presidente fortalece el federalismo” y recordó que “el principio ordenador del federalismo es la autonomía de las provincias, y esta decisión violenta la autonomía de la Ciudad, fortalece la concentración de poder y la discrecionalidad con que se administran otros programas de transferencias que dispone el Ejecutivo Nacional y que ya vienen beneficiando a la Provincia de Buenos Aires por sobre otras”.

“Si realmente hubiera una decisión de federalizar recursos y de hacer una distribución más equitativa ¿Por qué no se distribuyen esos recursos en las 22 provincias restantes?”, añadió y concluyó: “la Ley de Coparticipación es uno de los pilares del federalismo y uno de los acuerdos más importantes de nuestra democracia. Modificarlo en perjuicio de un distrito, de esta manera, es una decisión inconstitucional, inoportuna en contexto de pandemia, insostenible políticamente, injusta en términos tributarios, e insolidaria con la Ciudad, que recibe mucho menos de lo que aporta al producto nacional”.

En medio de un fuerte reclamo por parte de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en pos de una mejora salarial y de elementos de trabajo óptimos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que reducirá la coparticipación de la Ciudad y que destinará esos fondos a dicha fuerza de seguridad. Esta decisión profundizó la grieta en el distrito capitalino y los diputados del oficialismo y la oposición mantuvieron fuertes encontronazos en Twitter.

En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), consideró que “las decisiones unilaterales se alejan del diálogo y la centralidad política y pretenden crear una nueva grieta: Ciudad – Provincia” y consideró que con esta medida “el presidente acaba de renunciar al objetivo de unir a los argentinos”.

En tanto el oficialista Daniel Del Sol (VJ) insistió en que “el presidente dice que es un hombre de diálogo, pero lo único que logra siempre con sus declaraciones es agrandar la grieta” e indicó que “la Ciudad paga los platos rotos producto de un mal manejo de la situación del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires”. Asimismo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), manifestó que “los problemas no se arreglan desnudando el presupuesto de la Ciudad. Se arreglan gestionando y con un plan de gobierno, cómo tenemos desde 2007. Aunque al mono lo vistan de seda, mono queda”.

Sobre esa misma línea, Lucía Romano (VJ) lanzó un contundente mensaje para Fernández: “si tan sólo recordara que es la Capital Federal de la Nación, que brinda servicios no sólo a sus habitantes sino a otros tres millones que ingresan diariamente a ella, que es la que más recursos coparticipables genera y la que menos recibe” y advirtió que “frente a un conflicto con la Policía bonaerense y perdido en el manejo de la pandemia, el presidente explicita la única estrategia que ha vislumbrado en estos nueves meses de Gobierno, elegir como enemigo a la Ciudad y castigar a sus habitantes. ¿Sorpresa? La verdad que no”.

Si tan sólo recordara que es la capital federal de la nación, que brinda servicios no sólo a sus habitantes sino a otros 3 millones que ingresan diariamente a ella, que es la que más recursos coparticipables genera y la que menos recibe… #AlbertoMiente

— Lucía Romano (@LuciaRomanoOk) September 10, 2020

En tanto Facundo Del Gaiso (VJ) consideró que es “una imagen patética la de Alberto Fernández quitándole 35 mil millones en seguridad a la Ciudad, sin avisar, hasta con los intendentes de Cambiemos atrás de él… no sabían a la emboscada que iban. El que depositó Albertos, está cobrando Cristinas” y recordó que “hace 13 años decía que los porteños eran soberbios y votaban como una isla. Hoy se vengó y quiere fundir la ciudad y dejarla sin seguridad sacándole el 40% del costo de la seguridad”.

Además Gimena Villafruela (VJ) destacó que “la Ciudad ha mostrado gran predisposición al diálogo durante estos meses difíciles. El avance unilateral del Gobierno Nacional con esta medida es un atropello contra todos los porteños”; mientras que Gonzalo Straface (VJ) explicó que “un reclamo legítimo es utilizado por el presidente para castigar a los porteños y premiar la incapacidad del Gobierno de la Provincia para solucionar el conflicto”.

La diputada Cecilia  Ferrero (VJ) consideró que “castigar a la Ciudad para solucionar la ineptitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires solo puede ser obra de la desesperación y la venganza. La Ciudad opulenta en la que nació y eligió vivir el presidente de la Nación es víctima de su desprecio” y Claudio Cingolani (VJ) aseveró que “el Gobierno nacional le metió la mano en el bolsillo a todos los porteños. Nos sacan 1 punto de coparticipación; en la Ciudad trabajan, transitan y usan sus beneficios como también su espacio público y sistema de salud el doble de habitantes que viven en ella”.

En tanto Hernán Reyes (VJ) señaló que “la decisión de Alberto Fernández es cobarde, artera e inconstitucional.  La quita de la coparticipación en medio de la pandemia, pone en jaque muchos de los programas sanitarios, sociales y de reactivación que estamos llevando adelante; puro egoísmo y prepotencia”.

Por otro lado, la radical Manuela Thourthe (UCR-Ev) afirmó: “el Gobierno nacional tiene fondos para financiar una reforma a la Justicia federal pero ¿tiene que quitarle presupuesto a la CABA para aumentar salarios a la policía?” y Martín Ocampo (UCR-Ev) aseveró que tanto “Alberto como Cristina Kirchner apuestan al conflicto político para solucionar los problemas de gestión. Me toco hacer la transferencia de las competencias de seguridad a la Ciudad y la Ciudad no se llevó ni un peso de más de lo que correspondía”.

El gobierno nacional tiene fondos para financiar una reforma a la justicia federal pero tiene que quitarle presupuesto a la CABA para aumentar salarios a la policía? 🤔

— Manuela Thourte (@manuelathourte) September 9, 2020

A su vez Leandro Halperín (UCR-Ev) alertó acerca de que “la decisión de reducir el presupuesto de CABA, iguala para abajo. Se premia las malas administraciones y se castiga las mejores; no es fruto de diagnósticos serios ni de acuerdos responsables, el Gobierno debe dialogar con la Ciudad y ser responsable en estos momentos”; mientras que Ariel Álvarez Palma (UCR-Ev) afirmó que “sin previa consulta a la CABA, el presidente tapa un problema de la provincia de Buenos Aires modificando la coparticipación  siguiendo con la lógica de nivelar para abajo y no hacia arriba. Una vez más la ciudad de Buenos Aires es víctima de impericias de gestión ajenas”.

En esa misma línea el diputado del GEN Sergio Abrevaya advirtió que “el anuncio de mandar cuatro mil efectivos, costo 10000 millones, fue la gota que rebalso el vaso y terminó en conflicto. Porque esa plata no iba a sueldos, y porque la bonaerense perdía territorio. Los ministros de seguridad peleados… es como nafta al fuego” y afirmó que “el presidente pidió dialogo, y le sacó unilateralmente 1 punto de la coparticipación a CABA. Habrá que ir a la Corte”.

Mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) subrayó que “el Gobierno  reconoció el 98.5% de una deuda usuraria en beneficio de BlackRock mientras le quita 35 mil millones de pesos a la Ciudad. Si vamos a sacarle a los opulentos vayamos sobre los fondos de inversión o el FMI” e insistió en que “los golpistas policiales se salen con la suya. El Gobierno nacional le quita fondos a CABA para la maldita bonaerense”.

Los porteños y porteñas debemos saber que el Gobierno de Alberto está cuando lo necesitamos. Basta ver el contraste entre la asistencia durante la pandemia por parte del Estado Nacional frente a la inacción del Gobierno Porteño: pic.twitter.com/lBu70VP3xX

— Claudia Neira (@NeiraClaudia) September 10, 2020

En contraposición la diputada Claudia Neira (FdT) explicó que “los porteños y porteñas debemos saber que el Gobierno de Alberto está cuando lo necesitamos. Basta ver el contraste entre la asistencia durante la pandemia por parte del Estado Nacional frente a la inacción del Gobierno porteño” y se refirió a la coparticipación que percibe la Ciudad: “pese a la baja  del 3.75% al 3.5% en el 2018 -también por Decreto- una gran diferencia persistió los cuatros años de la gestión macrista. Si se los suman y actualizan a valores del 2019, nos encontramos con que la Ciudad recibió más de cien millones extras”.

Al mismo tiempo que Laura Velasco (FdT) recordó que “Mauricio Macri aumentó más de dos puntos la coparticipación para la Ciudad, volver atrás un punto para corregir estos desequilibrios es lo que plantea Alberto” y Matías Barroetaveña (FdT) señaló que “todos en la Ciudad sabemos que Macri por decreto le dio a la ciudad el doble de lo que debería haberle dado por el traspaso de la policía; implicó recibir en estos años 100 mil millones de más, por eso ya había acuerdo en que debía retrotraerse parte de esta decisión. No mientan”.

Finalmente María Bielli (FdT) concluyó pidiendo: “digamos las cosas como son, el problema de la Ciudad no son los recursos, sino las prioridades de quien la gobierna. Y que no intenten confundir, el Gobierno nacional está cuidando a los porteños y las porteñas”.

Después de una seguidilla de muertes en el país ocasionadas por el consumo de dióxido de cloro y clorito de sodio, los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa para que los proveedores, importadores, fabricantes, distribuidores y comerciantes que exhiban y/o expendan esos productos incluyan en los mismos una etiqueta que advierta que la ingesta del mismo puede “causar graves problemas de salud o la muerte”.

El proyecto de ley también plantea que los responsables de los sitios de expendio de estos productos deben asegurar que en el lugar destinado a su exhibición o publicación se encuentre colocado un cartel o aclaración con la leyenda “producto toxico”, a fin de que los consumidores puedan conocer los riesgos de su manipulación.

Al mismo tiempo que prevé unas modificaciones en el Régimen de Faltas, a fin de que quienes no cumplan con la normativa –en caso de que esta se apruebe- sean sancionados con una multa de 250 unidades fijas, que equivaldría a 5.350 pesos, y el decomiso de la mercadería.  Asimismo establece que el Poder Ejecutivo deberá organizar campañas de difusión pública tendientes a informar y prevenir sobre los riesgos y/o peligrosidad de la ingesta del dióxido de cloro y clorito de sodio.

En los fundamentos de la medida los oficialistas advirtieron que “el dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio (solución al 28% en agua destilada); ambos son peligrosos productos químicos que en los últimos meses han sido erróneamente difundidos como prevención y/o cura del Covid 19, entre otras enfermedades”  e insistieron en que “lejos de ser soluciones, estas fórmulas similares al cloro utilizadas para desinfectar, descontaminar y blanquear, resultan un riesgo para la salud y no deben ingerirse bajo ninguna circunstancia”.

A su vez remarcaron que “no existe comprobación científica ni estudio médico que avale un tratamiento exitoso con estos componentes, mientras que sí se han publicado informes de toxicidad y, por ende, no están autorizados como medicamentos” y alertaron acerca de que “la ingesta de dióxido de cloro o clorito de sodio puede producir deterioro en los tejidos humanos, irritación en el estómago, esófago, náuseas, vómitos, diarrea y complicaciones severas como falta de oxigenación de los órganos y graves trastornos que provocan la muerte por falla multiorgánica”.

Los diputados también recordaron que “en agosto se conocieron dos casos en nuestro país de personas fallecidas luego de consumir dióxido de cloro: un niño de cinco años en Neuquén (sus padres le dieron el líquido) y un hombre de 51 años en Jujuy. Ambos sufrieron un paro cardiorrespiratorio” y destacaron que “previamente, en Mendoza, al menos dos mujeres, de 33 y 36 años, presentaron un cuadro severo de intoxicación con el mismo antecedente”.

“A la espera de una cura oficial y autorizada para el coronavirus, la única manera de prevenir el contagio es quedarse en casa”, argumentaron y concluyeron afirmando que “el objetivo de este proyecto es informar el correcto uso de estos productos, y alertar a los vecinos de la Ciudad para que sepan los riesgos a los que se enfrentan, más allá de cualquier consejo o recomendación falsa, sin sustento científico”.

La medida lleva la firma de los legisladores Daniel Del Sol, Mercedes De Las Casas, Cristina García, Guillermo González Heredia y Paola Michielotto (VJ).

Luego de que el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, saliera al cruce de la diputada Lucía Cámpora, el vicepresidente primero del Frente de Todos (FdT), Javier Andrade, le respondió al oficialista e insistió en la necesidad de que se debatan los proyectos que la oposición presentó a lo largo de la pandemia en la Legislatura porteña. En tanto el vicepresidente primero de esa Casa, Agustín Forchieri (VJ), salió al cruce de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Es que hace unos días García Vilas había asegurado que el Parlamento “ha funcionado de manera ejemplar desde el inicio de la pandemia, en gran parte por los diputados y diputadas de todos los espacios que, de acuerdo o no, buscaron consensos para tratar las iniciativas de unos y otros” e insistió en que “a diferencia de lo que pasa en Diputados, acá trabajamos de manera coordinada y transparente en un cambio de reglamento interno que permitiera sesionar desde el principio”.

En contraposición, Andrade explicó –a través de su cuenta de Twitter- que “no hay lugar para ironías, los diputados del Frente de Todos participamos de las sesiones por la responsabilidad que asumimos ante la ciudadanía y por los más de 700 mil votos que nos acompañaron en la última elección, ese es el único reconocimiento que buscamos” y añadió que “tampoco jactarse de ser los primeros en empezar, y menos con comparaciones inútiles que surgen de un pensamiento centralista que cree que la Legislatura de la Ciudad es igual a la Cámara de Diputados de la Nación”.

Asimismo consideró que “siendo la ciudad más rica del país, habría sido bueno que fueran los primeros en garantizar la continuidad pedagógica resolviendo la conectividad a tiempo, en vez de descubrir hace apenas días que hay ‘5000’ pibes sin educación en plena pandemia” y remarcó que “somos oposición en la CABA y somos responsables, por eso presentamos más de 140 proyectos en el marco de la pandemia que atienden a distintos sectores. ¿Cuántos trataron en comisión? ¿Cuántos dictaminaron? ¿Cuántos fueron llevados al recinto? Ninguno. ¿Eso es buscar consenso?”.

“Hace más de doce años como oficialismo, antes como macrismo y hoy como VJ, llevan adelante la tarea parlamentaria como si fuera una escribanía, como una inmobiliaria. Así, entre (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta, ya vendieron más de 400 hectáreas de la Ciudad de Buenos Aires”, aseveró y advirtió que “votan modificaciones estructurales de organismos y legislación de la Ciudad y aprueban gastos millonarios absurdos. Mientras tanto, falta el agua en los barrios y los enfermeros siguen esperando ser reconocidos como  profesionales de la Salud”.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “lamentablemente, como minoría en el Congreso de la Nación, se destacan por su irresponsabilidad y traban el tratamiento de proyectos que generan mejoras en el abordaje de la pandemia y permiten beneficiar a muchos argentinos”.

Por su parte, Forchieri también salió al cruce de CFK luego de sus filosas críticas contra la Legislatura porteña y el trabajo que lleva adelante Vamos Juntos. “Doctora Cristina Kirchner es importante aclarar que la Legislatura de la Ciudad, con las diputadas y diputados que la componemos, no respondemos a una persona en particular sino a toda la ciudadanía a la cual representamos en su diversidad” y sentenció que “trabajamos con el diálogo y la búsqueda de consensos, incluso sin mayoría parlamentaria por diez años (2007-2017), abrazando la práctica afianzada de debate parlamentario para ponernos de acuerdo en beneficio de toda la sociedad”.

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Entre los múltiples impactos negativos producidos por la pandemia Covid 19 y la larga cuarentena que estamos transitando hace más de 150 días, el efecto del aislamiento en la educación de niños, niñas y adolescentes es, quizás, uno de los menos mencionados pero que más debe ocuparnos.

De acuerdo con un estudio de conjunto de UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial el tiempo fuera de las escuelas es directamente proporcional al aumento de la deserción, con especial incidencia en aquellos niños más pobres, aumentando también el riesgo de embarazo adolescente y las situaciones de violencia. Asimismo, la pérdida de la interacción con compañeros y docentes y la ausencia de rutinas son causantes de estrés y ansiedad, disminuyendo la capacidad de aprendizaje.

Estas son solo algunas de las consecuencias negativas que, pese al compromiso y esfuerzo de todo el sistema educativo para mitigar los daños a partir de la educación virtual y otras herramientas de contacto con los alumnos, nos dejará este ciclo lectivo.

Para hacer frente a esta realidad, el ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires junto a los supervisores, las conducciones de las escuelas y los docentes, ha dispuesto una conjunto de medidas para asegurar la continuidad pedagógica en todos los niveles, organizadas en los siguientes ejes: utilización de modalidades de aprendizaje a distancia, movilización y formación del personal, atención a la salud y bienestar integral de las y los estudiantes.

Entre las medidas más importantes podemos mencionar: la entrega de 12.500 netbooks para los alumnos de sectores más vulnerables; la eliminación del consumo de datos en las plataformas educativas; una biblioteca digital con más de cinco mil recursos gratuitos; apertura de aulas virtuales, canales digitales de comunicación y Red de Apoyo Escolar para la enseñanza en los hogares; capacitación en línea de 20 mil docentes sobre herramientas educativas virtuales; la continuidad en el servicio de alimentación a través de la entrega de 4.600.000 canastas nutritivas; y el asesoramiento en tiempo real a las familias, contestando y resolviendo más de 179 mil llamados y consultas de las familias sobre las plataformas, hábitos y rutinas.

A pesar de la dedicación y el trabajo incansable de los involucrados, no todos los alumnos han logrado sostener el vínculo pedagógico suficiente con las escuelas o, en los casos más preocupantes, lo han perdido. Este universo, estimado en 6.500 estudiantes, necesita de nuestra especial atención e implementación de medidas específicas, que permitan prevenir el abandono escolar en los que presenten mayores dificultades, desde una visión integral y adaptando las estrategias pedagógicas a cada caso.

Con este objetivo, se ha propuesto un regreso parcial y controlado a las escuelas, para que aquellos más afectados por la falta de clases presenciales, puedan concurrir a los establecimientos, utilizar los recursos informáticos, recrear el vínculo con los docentes y sostener con estos encuentros sincrónicos y de apoyo en la realización de las tareas.

No se trata solamente de sostener el vínculo pedagógico, objetivo de por sí de la mayor relevancia, sino también de devolverle a la escuela en forma progresiva su rol ordenador en nuestra vida diaria, necesidad aún mayor para las familias monoparentales y en especial para las mujeres, que han visto aumentada en forma exponencial y desigual su carga en las tareas de cuidado.

No obstante lo descripto, el ministerio de Educación de la Nación, según lo dicho por su titular, ha optado por privilegiar los intereses políticos y gremiales por sobre las necesidades pedagógicas de niños y niñas, rechazando el protocolo presentado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el regreso prudente, paulatino y cuidado de docentes, personal no docente y alumnos a las escuelas.

El interés superior de los niños y su derecho a la educación deben ser siempre la guía de nuestras acciones, en especial para quienes ocupamos lugares de decisión, debiendo buscar incansablemente los consensos necesarios que produzcan políticas educativas que generen inclusión y calidad; y en este contexto inédito que nos toca vivir, brindarles a las familias mediante la vuelta progresiva de las clases presenciales, un horizonte posible de regreso a la normalidad.

Gracias a una iniciativa impulsada por Blanchetiere (VJ) junto a otros oficialistas, la Legislatura porteña avanza con el tratamiento de un proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado que busca establecer “la responsabilidad de la Ciudad los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas”.

El texto consta de once artículos, cuyas disposiciones comprenden a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.

Al respecto de la medida Blanchetiere le explicó a parlamentario.com que están “llevando a debate este proyecto de ley, en el que hemos logrado un consenso muy amplio” y recordó que “tenemos como antecedente la ley nacional 26944: se respetan los principios de esta ley, pero los mejora en algunos aspectos”.

“Se trata de un proyecto en el que buscamos lograr acuerdos para obtener el mejor texto posible”, indicó y precisó que “no solo se busca resguardar los intereses del estado sino que se protege los intereses de los individuos, de las personas frente a algún hecho generado por el Estado que genere un daño y deba ser reparado”.

El proyecto exime de responsabilidad a la Ciudad cuando “los daños y perjuicios se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por la Ciudad expresamente por una ley especial”, “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien la Ciudad no debe responder” o “cuando se demuestre, en los casos de responsabilidad por falta de servicio, que la actuación estatal no fue irregular o contraria a derecho”.

Al mismo tiempo que fija como requisitos de la responsabilidad por actividad e inactividad ilegítima al : “daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero”, “imputación material de la actividad o inactividad a un órgano estatal”, “relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue”, “falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte de la Ciudad” o “la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado”.

Asimismo indica que “el plazo para demandar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres años computados a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita”; también fija las indemnizaciones por actividades legítimas, las responsabilidades de servicios públicos o contratistas, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, Blanchetiere señaló que ante la “ausencia de un régimen normativo específico, la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad y las distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han ido dirimiendo los casos concretos de responsabilidad patrimonial del Estado local sometidos a su conocimiento y decisión”.

“Con la finalidad de unificar criterios, evitar la aplicación de otros ordenamientos jurídicos por vía de la analogía, y contribuir a la seguridad jurídica dotando de previsibilidad al particular y a las autoridades públicas que deben velar por el sostenimiento del erario público, es que se propone este corpus normativo único para el ámbito de la Ciudad”, añadió y concluyó recordando que “el régimen de la responsabilidad estatal atiende a la relación equilibrada de la persona en su relación con la comunidad”.

Se prevé que la iniciativa –que también lleva la firma de Daniel Del Sol y María Luisa González Estevarena (VJ)- podría ser debatida este jueves 27 en el recinto de sesiones, en el marco de lo que será una nueva sesión ordinaria.

Tras la masiva movilización que se realizó el 17A bajo los lemas “no a la reforma judicial” y “juntos contra la impunidad”, los diputados porteños del oficialismo y la oposición se cruzaron duramente a través de las redes sociales. Es que mientras los legisladores de la CC ARI respaldaron la marcha, desde el Frente de Todos (FdT) exigieron que “dejen gobernar” al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En relación a la marcha Hernán Reyes (VJ) explicó que “salimos todos a la calle por responsabilidad del mismísimo Gobierno nacional que en vez de construir una agenda de unidad para enfrentar la pandemia, avanza con cinismos y prepotencia hacia la impunidad. Ni quietos ni callados” e insistió en que “mientras todos el país vive una terrible crisis social y sanitaria, el Gobierno nos quiere obligar a correr tras la urgencia de una sola persona. No cuenten con nosotros”.

“Todos entendemos el contexto y lo que significa movilizarse en pandemia pero el irresponsable es el Gobierno, que en plena crisis provoca a media Argentina con una agenda de fractura, con reformas y acciones directas asegurar impunidad”, señaló.

A su vez Claudio Cingolani (VJ) indicó que “salimos a repudiar la reforma judicial, le dijimos al Gobierno nacional: ‘no a la utilización de la pandemia para poder ganar impunidad en la justicia’” y remarcó que “vamos a marchar y pronunciarnos cada vez que quieran atropellar a la República”.

Salimos a repudiar la reforma judicial, le dijimos al gobierno nacional <No a la utilización de la pandemia para poder ganar impunidad en la justicia>
Vamos a marchar y pronunciarnos cada vez que quieran atropellar a la República! #17AJuntosContraLaImpunidad pic.twitter.com/DOB55TksQV

— Claudio Cingolani (@claucingo) August 17, 2020

En contraposición la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora del FdT, Victoria Montenegro, afirmó: “que se marche, en el peor momento de la pandemia, es una decisión política. Los mismos dirigentes de la oposición que convocan a marchar, son los que gasearon y golpearon jubilados” y aseveró que “la oposición política debe asumir la derrota electoral del 2019 y dejar gobernar. No les importo la gente cuando gobernaban ¿por qué les importaría ahora?”.

En tanto Claudio Morresi (FdT) manifestó que “los trabajadores y trabajadoras de la Salud son quienes hoy mayor homenaje le rinden al General San Martín, no solo defendiendo la patria sino también la vida de los argentinos y argentinas. Hacer patria es cuidarnos y agradecer a quienes nos cuidan”; mientras que María Bielli (FdT) expresó que no marchaba “porque nos guían grandes sentimientos de amor, a los otros y a la Patria Bandera de Argentina. Orgullo la militancia que, cuidándose, está cerca de quienes más lo necesitan”.

Asimismo Laura Velasco (FdT) manifestó que “vamos a salir adelante, como lo hemos hecho tantas veces, con la solidaridad y la responsabilidad del pueblo” y compartió otro mensaje en el que sostuvo que “donde algunos se movilizan para desparramar  odio, nosotros seguimos pensando en cómo salir adelante”.

Por su parte, Matías Barroetaveña (FdT) responsabilizó al Pro por la convocatoria y compartió un cartel que ese espacio difundió en sus redes en el que sostenían que “hace más ruido un hombre gritando que cien callando”. “Es triste que hayan convocado, más triste es que crean que la gente fue porque la convocaron ustedes, fueron sus jefes”, sentenció el legislador.

Es triste que hayan convocado. Más triste es que crean que la gente fue porque la convocaron ustedes. Fueron sus jefes. https://t.co/7PyXy1RXPn

— Matías Barroetaveña (@mbarroetavena) August 18, 2020

Asimismo Claudia Neira (FdT) expresó que “el presidente Alberto Fernández construyó un enorme consenso democrático para enfrentar la pandemia. Las medidas que se toman se discuten con cada gobernador y las anuncia sentado con Horacio Rodríguez Larreta. Pero el partido opositor (que integra Larreta) habla de dictadura. Es surrealista”. Mientras que Lorena Pokoik (FdT) insistió en que quienes marcharon lo hicieron con “el odio como combustible. La bronca sin argumentos como protesta. La sinrazón como sentido común” y consideró que “marchan en contra de un Gobierno que los cuida. Marchan en nombre del poder sin pertenecer. Marchan sin respeto por la vida, por ellos, por el otro. Marchan en contra de las mayorías”.

Finalmente el trotskista Gabriel Solano (PO) aseguró que “los que marchan por el 17A se han salido con la suya: lograron que el gobierno archive el proyecto de Vicentin, la participación de la Anses en las empresas que reciben el ATP y el impuesto a las fortunas. Anotá que pasa lo mismo con la reforma de la Corte Suprema” y concluyó señalando que “si marchás por la ‘libertad’ y no planteas romper con el FMI lo que querés es tener libertad para fugar guita. Nada más”.

En medio de un aislamiento social que ya se extendió por casi 150 días, la diputada de Vamos Juntos (VJ) María Luisa González Estevarena impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración para que el Gobierno establezca un protocolo que permita el acompañamiento excepcional de familiares a pacientes menores de edad, con discapacidades psíquicas, en situación de dependencia y/o que se encuentren frente al fallecimiento inminente, asegurando en este último caso la posibilidad de despedirse.

En los fundamentos de la medida, la oficialista explicó que a pesar de la pandemia del Covid 19, “para brindar una atención integral a los pacientes es de vital importancia garantizar el acompañamiento y contención espiritual y psicológica” e insistió en que “debemos repensar la situación por la cual se encuentran atravesando los pacientes terminales que hoy están internados en hospitales o instituciones”.

Al mismo tiempo consideró que “las medidas que prohíben las visitas a estos pacientes tengan o no Covid, deben respetar el principio de proporcionalidad, de manera que sean solo las indispensables, para conseguir evitar la propagación de la enfermedad, sin restringir derechos contemplados en la legislación nacional e internacional”.

“Si bien como consecuencia directa de la epidemia no está permitido el acompañamiento de familiares de paciente; no obstante, siempre bajo criterio clínico, existen determinados pacientes en los que estaría justificado el ejercicio del derecho al acompañamiento presencial. Entre ellos, debemos mencionar: personas en situación de dependencia, menores de edad, personas con discapacidad psíquica, fallecimiento inminente, otros supuestos que de forma excepcional y justificada se autorice”, explicó.

González Estevarena también indicó que “en todos los casos, el derecho de acompañamiento debería permitirse tomando las precauciones correspondientes, para evitar la expansión de la pandemia y posibilitar la prestación de la asistencia médica tanto al propio paciente como a terceros”.

Sobre esa misma línea, concluyó señalando que es necesario contar con protocolos que contemplen “el concepto de empatía toma toda su importancia, empatía que debe darse tanto con el paciente como con su familia” y que den una respuesta a las necesidades personales de acompañamiento en los pacientes ingresados a hospitales durante el aislamiento obligatorio; brinden contención psicológica al paciente y su familia desde el momento de su internación; den “un acompañamiento y preparación psicológica para los familiares de aquellos pacientes que evolucionan en forma negativa, preparándolos para despedirse de quien esté cursando el final de su vida”; y se creen circuitos adecuados y proporcionados de comunicación para los familiares de los pacientes que puedan estar en situación de riesgo inminente de vida.

En medio de la disparada de casos positivos y de aumento de las muertes por Covid 19, el legislador de Vamos Juntos Facundo Del Gaiso impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca garantizar que los pacientes críticos de coronavirus puedan despedirse de sus familias y afectos cercanos a través de medios electrónicos.

El texto establece que el paciente tendrá derecho a recibir a un familiar en su habitación, para ello la persona designada no debe pertenecer a un grupo de riesgo, ni tener síntomas de Covid. Para evitar que este se contagie, se lo equipará con los mismos elementos de protección que usan los médicos y deberá permanecer dentro de la habitación el tiempo que dure su visita, el cual deberá estar compuesto por un camisolín, repelente de fluidos, barbijo quirúrgico, protección ocular o facial, guantes, botas y cofia. 

Asimismo se le permitirá al paciente la posibilidad de que, a través de un dispositivo electrónico como tablet o celular, pueda ponerse en contacto con el resto de la familia para despedirse.  Tanto el paciente como el familiar acompañante podrán recibir apoyo psicológico.

La iniciativa que impulsó el oficialista se basa en la campaña “el derecho a decir adiós” que se inició en Europa en medio de la pandemia mundial; la misma permitía a los familiares de pacientes de Covid 19 que estén a punto de morir, poder despedirse de sus seres queridos a través de medios electrónicos.

Al respecto de la medida, Del Gaiso explicó que “genera mucha angustia tener un familiar internado por coronavirus con pronóstico reservado, cabe la posibilidad de que no podamos volver a verlo, y muere solo” y destacó que “son miles las personas que se han contagiado de Covid-19 y muchas de ellas han tenido que finalizar sus vidas en soledad, sus familiares no han podido ni velar su cuerpo”.

“Es una enfermedad muy cruel.  Tenemos que darles la posibilidad a los familiares de poder despedirse.  Con este proyecto  queremos que el enfermo pueda estar acompañado en sus últimos momentos por sus seres queridos, cumpliendo con todos los recaudos impuestos por el personal médico”, concluyó.

Luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara que respetará el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -recientemente aprobado por la Legislatura porteña- y anunciara un programa de acompañamiento para las personas gestantes durante el embarazo y garantizar la entrega gratuita de anticonceptivos; los siete legisladores de Vamos Juntos que votaron en contra de la ILE, salieron a respaldar las medidas promovidas por el alcalde local.

De esta manera, los diputados Paola Michielotto, Carolina Estebarena, Claudio Cingolani,  Guillermo González Heredia, Facundo Del Gaiso, María Luisa González Estevarena y Claudio Romero (VJ) explicaron que son medidas que “propenden tanto a la asistencia y acompañamiento de las mujeres con embarazos indeseados o vulnerables como a la defensa de la vida de la persona por nacer”.

Asimismo destacaron que la creación del plan “A la par” permitirá agilizar y simplificar los procesos de adopción; permitirá que instituciones médicas con un ideario contrario a la práctica del aborto puedan derivar los casos que requieran de la aplicación del protocolo ILE; establecer “con mayor claridad de los períodos gestacionales alcanzados por el protocolo”; y la garantizar la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en caso de controversias referidas a la atención de menores.

Es así que en un comunicado, los oficialistas insistieron en que “son acciones por parte del Gobierno de la Ciudad para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y para acompañar a las embarazadas garantizando que accedan a información que les permita el pleno discernimiento de la elección que enfrentan” y concluyeron “reafirmando nuestra clara vocación por defender la vida desde el momento de la concepción, nos manifestamos a favor de lo propuesto por Rodríguez Larreta”.

En el marco de la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, informó a los legisladores acerca de la gestión de Horacio Rodriguez Larreta, el presidente de la Comisión de Presupuesto y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, celebró los anuncios del funcionario y aseguró que desde el Gobierno local buscarán generar incentivos para reactivar la económia.

En ese sentido, el oficialista aseguró que “la exposición fue muy lógica y quedó claro el manejo excepcional que tiene el Gobierno de la Ciudad en esta crisis que generó esta pandemia sin precedentes” y recordó -en diálogo con parlamentario.com– que “hubo que hacer un giro sobre el plan de Gobierno que había, sobre el presupuesto que se presentó y lo que quedó claro es que los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires junto con las autoridades del Gobierno nacional está haciendo un trabajo formidable en el manejo de esta pandemia”.

En cuanto a la situación económica que atraviesa el distrito, explicó que “los alivios fiscales no son suficientes pero siempre dijimos que no sabemos en que parte del tunel estamos: si estamos al principio, en el medio o al final. Todo lo que pueda hacer la Ciudad de Buenos Aires para poder ayudar, lo va a hacer; nosotros somos una ciudad fundamentalmente de servicios y que el 80% de nuestra economía tiene que ver no solo con los servicios sino con los comercios” e insistió en que “todas las medidas que podamos tomar de aquí en adelante, vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo”.

Al mismo tiempo que le respondió a Leandro Santoro (FdT), quien cuestionó duramente la “falta” de un plan económico por parte del Gobierno local. “Nos piden un plan los que no tienen un plan, a mi me gustaría saber cual es el plan del Gobierno nacional, que ganó las elecciones y no tienen presupuesto. Me parece que primero hay que mirar la paja en el ojo propio y luego en el ojo ajeno”, manifestó  y consideró que “la Ciudad todavía no terminó y que en la recuperación económica, sin dudas, va a haber algún tipo de acompañamiento, pero también hay que dejar en claro que la Ciudad no tiene la maquina de imprimir billetes como si lo tiene la Nación, que ya llegó a su tope. Las medidas van a tener que ser en conjunto”.

Por otro lado, Romero se refirió a la decisión presidencial de suspender las reuniones familiares por 15 días, por lo que consideró que el Gobierno nacional “hasta ahora está haciendo un manejo correcto en lo que es lo macro, pero también lo que no podemos hoy es estar detrás de problemas que hay en una jurisdicción o en otra. Cuando termine el problema en la Ciudad de Buenos Aires o se achique en la provincia, va a seguir por las grandes urbes porque esta es una pandemia que se va diseminando geograficamente y entonces no es todo lo mismo”.

“La Ciudad ha hecho un gran esfuerzo y me parece que nos merecemos poder comenzar a visitar a nuestros padres, hijos y familiares. La angustia es muy grande, hay terribles informes psicologicos de lo que le está pasando a la gente y me parece que tenemos que estar preocupados por lo que ellos quieren y no por la psicosis o mala administración de algun gobierno provincial”, argumentó. Finalmente, el legislador concluyó destacando el trabajo conjunto entre el Gobierno local, el provincial y el nacional. “Hay que seguir con el trabajo coordinado porque es la unica manera en la que podemos salir de esta crisis, este es un enemigo invisible que lo tenemos que enfrentar entre todos sino no le va a poder ganar nadie”, sentenció.

Debido al incremento del trabajo a distancia por la pandemia del Covid 19, los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca regular la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que por su naturaleza y características lo permitan, sin perjuicio de las condiciones particulares que se establezcan en los Convenios Colectivos de Trabajo.

La medida entiende al teletrabajo como “toda realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento organismo contratante, mediante la utilización de cualquier tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC)”.

Asimismo, el texto prevé que “los Convenios Colectivos de Trabajo deben, acorde con la realidad de cada actividad, establecer una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo” y establece que “la persona que trabaja bajo la modalidad telemática no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial”.

Además plantea que “la vinculación a través de la modalidad de teletrabajo resulta del consenso entre el trabajador y el organismo contratante. El traslado de una posición de quien trabaja de manera presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor, debe ser voluntario y su consentimiento prestado fehaciente por el trabajador”.

 No obstante, indica que “en caso de que la modalidad de teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en 30 días hábiles” y remarca que “esta opción reversibilidad solo podrá ser utilizada una vez por año y deberán aducirse causales que justifiquen la misma”.

Por otra parte el proyecto de ley también establece que “la persona que trabaja bajo la modalidad de telemática tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o dispositivos de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencia. Durante estos períodos nos podrán exigirse tareas vinculadas a su labor”.

A su vez plantea que el empleador será el encargado de proveerle al empleado los elementos técnicos para desarrollar su trabajo: equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte técnico necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización y mantenimiento de herramientas propias de quien trabaja.

El articulado de la medida consta de 22 puntos, entre los cuales se contempla la capacitación de los empleados, compensaciones de gastos, higiene y seguridad laboral, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas explicaron que “la pandemia aceleró diversos procesos de cambio de conductas en la sociedad estrechamente asociado al uso de tecnología, donde podemos destacar el caso del trabajo a distancia o teletrabajo que ha resultado en una herramienta que brindó una respuesta favorable y eficiente a innumerables situaciones desatadas durante la emergencia sanitaria declarada en nuestro país y en diversos países del mundo, permitiendo de algún modo el desarrollo de esta nueva normalidad”.

“Existen informes que indican que aproximadamente 2,2 millones de trabajadores podrían realizar tareas laborales por medios telemáticos”, recordaron e insistieron en que “esta modalidad es clave para sobrellevar la emergencia actual del Covid-19 así también como para pensar a mediano y largo plazo en una regulación general en el ámbito de las relaciones laborales públicas y privadas”.

Al mismo tiempo que señalaron que “el home office, teletrabajo o trabajo remoto permite, entre otros beneficios, ahorrar tiempo y costos al evitar el desplazamiento entre el domicilio y el trabajo, reducir la congestión de tráfico y las emisiones de carbono para cuidar el medio ambiente, conciliar la vida familiar, social y laboral, evitar el contagio masivo de enfermedades de transmisión viral, reducir el espacio de trabajo en instalaciones del organismo o facilitar la existencia de otros espacios con diferentes costos, incrementar la productividad teniendo en cuenta mayor autonomía, libertad y comodidad de los trabajadores, disminuir la tasa de ausentismo laboral y en general optimizar la relación laboral”.

“Esto es una realidad aún más en un contexto de pandemia en el cual quedó desmostrado que el trabajo remoto es una herramienta que garantiza eficiencia y eficacia independientemente de la presencia física del trabajador en su lugar de trabajo”, sentenciaron.

La medida lleva la firma de los legisladores Facundo Del Gaiso -autor del proyecto-, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes y Lucía Romano (VJ).

A casi cuatro meses del inicio del aislamiento social obligatorio, los diputados del bloque Vamos Juntos se reunieron este lunes -a través de la plataforma Zoom- con el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, acerca de cómo fue la evolución de la pandemia del Covid 19 en los últimos días y de qué manera se viene desarrollando la apertura de nuevas actividades económicas.

En ese sentido, el oficialista Esteban Garrido (VJ) explicó en sus redes sociales que con el funcionario dialogaron “sobre la situación sanitaria de la Ciudad y de esta segunda semana del Plan de Puesta en Marcha en la que se suman nuevas actividades”. Mientras que Carolina Estebarena (VJ) definió al encuentro como “súper interesante” y destacó que “respondió a nuestras preguntas. ¡En la Ciudad, hay equipo!”.

Cabe destacar que este Plan de Puesta en Marcha es una “estrategia centrada en el bienestar de todas las personas que viven, estudian y trabajan en Buenos Aires durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus” y comprende medidas para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros, y recuperar la actividad económica de la Ciudad.

El mismo consta de seis etapas y contempla cien protocolos para la apertura progresiva de la actividad comercial, cultural, recreativa, deportiva, turística, de servicios, industrial, del espacio público, de la salud programada y de la educación.

En el encuentro estuvo presente el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), quien en los últimos días dio positivo para Covid 19; así como también participaron los legisladores Daniel Del Sol, Gonzalo Straface, Gastón Blanchetiere, Cristina García, Ana María Bou, Cecilia Ferrero, María Luisa González Estevarena, Matías López, Diego García Vilas, Claudio Romero, Jorge Apreda, Paola Michielotto, Mercedes De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Sol Mendez, Victoria Roldán Méndez, Guillermo ‘Willy’ González Heredia, Hernán Reyes y Claudio Cingolani (VJ).

Un grupo de diputados de Vamos Juntos que se identifica con el movimiento de pañuelos celestes presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley que tiene por objeto proteger y promover el derecho de la persona gestante a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte gestacional y neonatal.

Con esta iniciativa los oficialistas prevén visibilizar la problemática de la muerte gestacional y neonatal otorgándole ciertos derechos innegables a las mujeres que atraviesan esta dificultad. Entre los derechos que busca establecer el texto se encuentra la “atención integral, oportuna y humanizada con la asistencia de equipos profesionales multidisciplinarios que contemple el derecho a la intimidad y a ser tratada en forma digna y respetuosa” y la posibilidad de inscribir voluntariamente al niño no nacido en el Libro de Defunciones del Registro Civil con los nombres y apellidos elegidos, sin que esto implique modificar los derechos o efectos dispuestos por el Código Civil y Comercial de la Nación vinculados a estas situaciones. 

Asimismo, le permite a la persona gestante “poder tomar contacto con los restos del niño no nacido, decidir su destino final y realizar la inhumación o cremación conforme a sus creencias en el marco de las leyes sanitarias mortuorias vigentes”, así como también estar internada en un espacio adecuado distinto al servicio de la maternidad y recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de ésta.

La iniciativa lleva la firma de los legisladores Facundo Del Gaiso, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Maria Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Paola Michielotto y Claudio Romero (VJ), quienes en los fundamentos de la misma aseguraron que “la muerte gestacional y neonatal significa la muerte de un hijo esperado, la frustración de un proyecto de maternidad deseada, significa un gran dolor tanto para la persona gestante como para su pareja y familia”.

Al mismo tiempo que señalaron que “ese hijo esperado ocupaba un lugar importante en sus pensamientos, tenía quizás ya un nombre elegido, ropa y una habitación preparada; el duelo puede ser invisibilizado por los distintos actores que intervienen en el proceso y mal elaborado, lo que puede traer graves secuelas físicas y psicológicas para la madre y su entorno familiar” y remarcaron que “es por ello que frente a esa muerte prematura, se propone abordar esta circunstancia de una manera integral, con una mirada humanista. Muchas veces surge la necesidad de darle significado a la gestación que no pudo darse”.

“Creemos que en la posibilidad de que, en caso de que la persona gestante lo desee, darle un nombre al niño deseado pero lamentablemente no nacido, pueda ser  de ayuda  en este doloroso momento de aceptación”, indicaron y recordaron que con esta medida “se pretende que la persona gestante sea sujeta de derechos que no pueden estar subordinados o condicionados por criterios como el peso o la edad gestacional del feto.  Debemos enfocarnos en la necesidad de que quien atravesó por un embarazo que no llegó a su fin, pueda realizar un adecuado duelo.  Es, por ello que no se establece ni edad ni peso del feto en el proyecto”.

A su vez los oficialistas recordaron que son numerosos los Estados que han legislado al respecto: Francia, España, Alemania, Austria, Irlanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia y Chile.  “Aún con diferentes criterios, todos estos países han reconocido la facultad de individualizar con nombre y apellido y registrar a los bebés que no han nacido vivos”, aseveraron.

En tanto indicaron que “el vínculo de la persona gestante con su hijo desde el primer momento es indescriptible, de una fuerza imposible de traducir en palabras. Los que hemos pasado por ese momento maravilloso, sabemos bien de ese sentimiento y de la dificultad para traducirlo en palabras” y concluyó señalando que “nunca se está preparado para una pérdida durante el embarazo; este proyecto ayuda a los padres a transitar el dolor más grande que puedan atravesar mediante un proceso más humano y con mayor dignidad”.

En medio de la pandemia del coronavirus, la legisladora de Vamos Juntos Lucía Romano impulsó una iniciativa de ley a través de la cual se asegure el acceso a la protección de la salud mental de los profesionales y del personal del servicio de salud en los hospitales públicos de la Ciudad, por lo cual solicitó que se cree un gabinete se salud mental.

Dicho gabinete tendrá como función la contención y atenciones de los profesionales y el personal del servicio de salud ante situaciones traumáticas o de estrés desencadenadas en la institución en la que desempeñan sus tareas. También se encargará de diseñar protocolos, establecer capacitaciones y métodos para abordar dichas situaciones de manera idónea y profesional.

De esta manera el objetivo de la norma es resguardar y asegurar el acceso a la protección de la salud mental de todo el personal hospitalario. De acuerdo al texto habrá uno de estos gabinetes en cada una de las unidades programáticas de los Hospitales Generales de Agudos, dentro del ámbito de los Hospitales Generales de Niños y de los Hospitales Especializados de la Ciudad.

Al respecto de la iniciativa, Romano manifestó que “el estrés laboral es uno de los riesgos psico-sociales más importantes en nuestra sociedad, en el ámbito del sistema de salud afecta a los profesionales y al personal en general, quienes trabajan a diario con una gran presión que puede derivar en ansiedad, depresión y agotamiento” e insistió en que “la estabilidad emocional de esta población debe ser una prioridad absoluta ya que es un trabajo esencial que se realiza en pos del bien común”.

Por otro lado remarcó que “el contexto de la pandemia de Covid-19 dejó al descubierto los riesgos, cuidados y restricciones que los profesionales y el personal del servicio de la Salud enfrentan diariamente” y consideró que “lamentablemente también nos mostró que están expuestos a la estigmatización y agresiones por parte del resto de la sociedad, tal como sucedió con algunas personas que señalaron al personal de salud como posibles transmisores del virus entre los vecinos de los edificios, generando un fuerte impacto negativo”.

Romano finalizó sosteniendo que “detectar esta problemática y actuar en consecuencia para brindarles una mejor calidad de vida a quienes trabajan al servicio del cuidado de la sociedad, es esencial no sólo para su bienestar sino también para garantizar una mejor atención de los pacientes”.

Con la intención de destacar su labor y a fin de brindarle un sentido homenaje, los legisladores del Frente de Todos (FdT) y Vamos Juntos (VJ) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán manifestar su profundo pesar por el fallecimiento de Julio Bernardo José Maier, uno de los referentes del derecho procesal penal argentino y ex juez de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires.

El deceso del destacado jurista se produjo el martes por la madrugada a sus 80 años y el encargado de confirmar la información a través de las redes sociales fue el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Matías Bailone.

En los fundamentos de la iniciativa, los  diputados manifestaron que “su trayectoria académica, particularmente enfocada hacia el derecho procesal penal, incluyó la publicación como autor y coautor de más de una decena de libros y un centenar de artículos que fueron motivo de numerosos reconocimientos, tanto en el ámbito jurídico nacional como internacional” y recordaron que “entre las distinciones que recibió a lo largo de los años, pueden mencionarse sus designaciones como presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro honorario de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, además de doctorados honoris causa, premios y homenajes en diversas partes del mundo”.

Asimismo remarcaron que “su labor no se limitó al ámbito académico. Luego de haberse desempeñado como funcionario y magistrado del Poder Judicial de la Nación, ejerció particularmente la profesión de abogado hasta que en 1998 fue designado juez en la primera integración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo en el que permanecería hasta su jubilación, en 2009”.

“En virtud de su extensa experiencia académica y profesional, que  así como por su invaluable legado, corresponde recordar al Dr. Maier y es por ello que solicitamos a esta Legislatura que apruebe el presente proyecto de declaración, manifestando el profundo pesar por su fallecimiento y haciendo llegar sus condolencias a sus familiares, allegados y allegadas”, concluyeron. La iniciativa lleva la firma de los diputados Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Victoria Montenegro, Lorena Pokoik, Lucía Cámpora, Javier Andrade (FdT) y Diego García Vilas (VJ).

La Comisión de Planeamiento Urbano -presidida por Victoria Roldán Méndez (VJ)- y la Junta de Ética -encabezada por María Luisa González Estevarena (VJ)- se reunió este jueves para avanzar con la designación de los nuevos técnicos que representarán a la Legislatura porteña en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y el Frente de Todos (FdT) expresó su rechazo a la medida, dado que advirtió que no fueron incluidos en el mismo.

En este sentido, el kirchnerista Javier Andrade (FdT) expresó su “preocupación por esta situación, al margen de los marcos legales que también tenemos en cuenta” y aseguró que “en la propuesta que acercaron se está instituyendo una novedad, es la primera vez en todo este tiempo, que en la integración del COPUA no encontramos ningún representante que represente a la segunda minoría de la Ciudad”.

Asimismo precisó que “el COPUA se integra con nueve técnicos a propuesta del Ejecutivo y representantes de la Legislatura, pero de todos los candidatos no hay ninguno que haya sido propuesto por el Frente de Todos, quienes sacamos el 35% de los votos en la Ciudad y hoy somos 17 legisladores dentro de esta Casa”.

“Es un hecho inédito, hasta el momento teníamos tres representantes dentro del COPUA y algunos tuvieron que renunciar porque debieron asumir cargos en el Gobierno nacional. Hoy en día vemos cercenada la posibilidad de presentar a nuestros representantes. ¿Está garantizada la representación de la Legislatura sin el FdT?”, aseveró.

En tanto el diputado Manuel Socías (FdT) consideró que “este dictamen es una provocación, sobre todo teniendo en cuenta que el oficialismo nos propuso hace algunas semanas tener un trabajo en conjunto, el cual espero que sea sincero después de este dictamen” y remarcó que “cuesta creer que el mismo Horacio Rodríguez Larreta que se sienta al lado del presidente, sea el mismo que ahora avala este dictamen”.

Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) señaló que “es la primera vez que en un organismo de integración plural se excluye abiertamiente a una segunda minoría” y agregó que “esto es un avance contra la convivencia democrática y confirma que el interés del oficialismo es avanzar con proyectos inmobiliarios sin ningún tipo de control ciudadano”.

“Excluir un bloque de 17 diputados y diputadas de la participación de un órgano plural no es únicamente un intento de acallar a la principal fuerza de oposición sino que implicar soslayar la voluntad de cientos de miles de porteños y porteñas que se expresan con su voto” y concluyó señalando que “frecuentemente, integrantes del oficialismo porteño se vanaglorian de las formas republicanas en los medios de comunicación; sin embargo, en la práctica legislativa de esta casa buscan excluir cualquier debate democrático de los organismos plurales”.

Por otro lado el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, precisó que “está claro cuando uno lee la Ley Nº71 que aclara quienes son los miembros que lo integraran, la cual establece cual es la diversidad de quienes lo integraran” e insistió en que “en ningún lado se habla de la proporcionalidad, esto es algo que ya lo planteo el diputado Andrade”.

Además subrayó que “es falso que no hay presentación, porque hay representantes de Consenso Federal, GEN, UCR-Evolución y de Confianza Pública. Cuando otros espacios no tenían representación, no escuche a nadie de este espacio reclamar por su inclusión… los reclamos deberían ser parejos en todas las ocasiones”.

A la vez que el vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri (VJ), explicó que “la ley es clara y no habla de mayorías, tampoco lo habla en el Banco Ciudad y ahí si el FdT tiene una representación” y sentenció: “omo cada ley que no establece ninguna mayoría, se requiere de acuerdos políticos y en este caso hay representación de varios bloques”.

Cabe destacar que el COPUA es un organismo que procura encontrar soluciones a los problemas urbano-ambientales comunes; impulsar las inversiones públicas y privadas para generar mejoras, dotando de similares condiciones de vida a todo el territorio, impulsando el empleo, sobre la base de valores esenciales como son la solidaridad, la innovación, la sostenibilidad y la calidad; analizar las consecuencias urbanas y ambientales del conjunto de las acciones incluidas en el Plan en forma simultánea a las diferentes etapas de su elaboración; entre otras cuestiones.

Luego del recrudecimiento del aislamiento social obligatorio, Diego García Vilas y María Sol Méndez (VJ) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscan instar al Gobierno a implementar horarios especiales y exclusivos para salidas recreativas y horario preferencial de atención en comercios entre las 8 y las 10 de la mañana  para adultos mayores.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas señalaron que “en este escenario de prórrogas del confinamiento, sin solución de continuidad, se hace necesario atender problemáticas de los vecinos adultos mayores de la Ciudad que empiezan a ser cada vez más recurrentes” y recordaron que “es contundente la opinión de los expertos respecto de que la extensión del aislamiento social repercute de manera directa en la salud de las personas y esto se amplifica cuando se trata de adultos mayores”.

Asimismo señalaron que “el impacto negativo en la salud integral de los adultos mayores se manifiesta en el deterioro físico, psicológico y hasta cognitivo” y aseguraron que “el confinamiento provoca además, de manera directa, un detrimento en las afecciones y sentimientos de las personas mayores, esto se traduce en decaimientos, tristezas, cuadros de ansiedad etc. que socaban la salud física. Este deterioro, conlleva un aumento de atención médica y/o consumo de medicamentos, transformándose en una situación compleja que tiene que ser atendida por el Estado”.

Mientras que sobre el establecimiento de horarios prioritarios de atención en los comercios, los legisladores manifestaron que ya se comenzó a implementar “en algunas cadenas de supermercados, sin embargo, sería adecuado como una práctica generalizada en todos los comercios minoristas y mayoristas de la Ciudad, con el objetivo de garantizar una franja horaria en la cual los adultos mayores tengan la entera certeza de que serán atendidos de manera prioritaria cuando tengan que realizar las compras de productos básicos”.

“Es necesario establecer horarios especiales tanto para salidas recreativas como para la realización de compras de consumo en locales comerciales y así por medio de una articulación, que contemple de manera exclusiva a los adultos mayores, alivianarles un poco la vida diaria”, añadieron y concluyeron señalando que “se trata de un colectivo de personas que se encuentran permanentemente en estado de vulnerabilidad y necesitan un acompañamiento del Estado. Más aún, cuando todas las reglas de sus vidas normales han sido tan modificadas por la pandemia, lo cual les genera más incertidumbres, angustias y afecciones”.

Debido a las experiencias exitosas que se dieron a raíz de este tratamiento, los diputados de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscarán crear el programa de “Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de Covid 19” a fin de promover acciones que favorezcan la donación voluntaria, la colección y el almacenamiento de plasma de pacientes recuperados de coronavirus.

De esta manera, la iniciativa establece que podrán ser donantes aquellas personas mayores de 18 y menores de 60 años que “presenten anticuerpos positivos anti coronavirus determinados de acuerdo a las técnicas disponibles, que voluntariamente y manteniendo los principios de altruismo y donación no remunerada, decidan donar plasma sanguíneo y cumplan con los criterios vigentes de elegibilidad, conforme la normativa de donación de sangre vigente”.

Asimismo plantea que los pacientes que se encuentren internados en efectores del sector público o privado, gozarán del mismo derecho a recibir el plasma de sangre. Al mismo tiempo que se plantea la necesidad de que los directores de los efectores de salud realicen un registro de pacientes recuperados de Covid 19, a fin de avanzar con una posible donación de plasma.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “un informe reciente de la Organización Mundial de la Ssalud (OMS) se indica que los primeros resultados con el uso de plasma de convaleciente sugieren que puede ser una modalidad de tratamiento potencialmente útil para el Covid 19”.

Al mismo tiempo que señalaron que “aquellas personas confirmadas de coronavirus están en condiciones de donar su plasma por un método denominado de aféresis, pasados al menos 14 días de su recuperación y contando con dos pruebas negativas para Covid 19 realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra nasofaríngea” e insistieron en que “la OMS ha señalado la necesidad de que los Sistemas de Sangre de cada país realicen una evaluación de su capacidad para colectar y almacenar este tipo de donaciones”.

“Dado que el éxito del programa en gran medida depende de la cantidad de sangre que voluntariamente donen aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad, se asigna la Poder Ejecutivo la misión de garantizar la difusión y concientización de la donación de plasma sanguíneo, siendo un tratamiento que en la actualidad está salvando la vida de seres humanos que padecen esta enfermedad y que debemos asegurar su funcionamiento adecuado a fin de garantizar el derecho a la salud consagrado por la Constitución de la Ciudad”, sentenciaron.

Cabe destacar que la medida lleva la firma de Juan Facundo Del Gaiso, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes y Lucía Romano.

Los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su “preocupación y enérgico repudio” a las amenazas recibidas por la intendenta de la Ciudad de la Rioja, Inés Brizuela y Doria, quien denunció que integrantes de la agrupación Barrios de Pie evaluaron la posibilidad de secuestrar a su hija.

Según informaron fuentes cercanas a ella, la ex senadora ya había recibido amenazas por parte de esa misma organización. “Estaría bueno secuestrarle a la hija, si pudiéramos encontrar a alguien, secuestrársela, tenerla ahí y que se cague de hambre como nos cagamos nosotros”, sostiene un fragmento del audio que forma parte de la denuncia contra Barrios de Pie.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas explicaron que “estas conductas antidemocráticas, que pretenden pasar por arriba de las autoridades elegidas por los vecinos, no tienen nada que ver con el clima de respeto y convivencia pacífica en el que los riojanos en particular, y los argentinos en general elegimos vivir” e insistieron en que “es imprescindible que Justicia actúe con independencia garantizando la seguridad de todos, y que este tipo de comportamientos no vuelva a repetirse ni en La Rioja ni en ningún lugar de nuestro país”.

Además recordaron que “la distribución de la ayuda social debe llevarse adelante de manera transparente, sin bravuconadas de aquellos que privilegian el clientelismo buscando aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables” y precisaron que “a la fecha, la justicia a raíz de la radicación de la denuncia de Brizuela y Doria, ha dispuesto medidas protectorias tanto para la intendenta como para su hija, y se iniciaron actuaciones contra “autores a determinar”.

“De esta manera la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se suma a expresiones similares, provenientes de todo el arco político, que han expresado su repudio ante las amenazas y su firme convicción de promover comportamientos que contribuyan a la construcción de una sociedad democrática”, concluyó.

Luego de que en la última sesión ordinaria el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidiera que se retirara del temario el proyecto en cuestión, el oficialismo porteño prevé avanzar con una normativa que regule la actividad de las aplicaciones de deliverys en la Ciudad y buscará que la iniciativa de autoría de Cristina García (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev) sea sometida a votación este jueves.

La decisión de García Vilas de posponer el tratamiento del texto se debió a que no habían alcanzado los acuerdos suficientes como para lograr los 40 votos necesarios para aprobarlo. Esto se debió a que los diferentes sectores de la oposición insistieron en las empresas –tales como Rappi, Glovo, Uber Eats, Pedidos Ya, entre otras- tengan más responsabilidades.

De esta manera, el proyecto plantea la posibilidad de incorporar en el mencionado Código de Tránsito la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

También plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos. En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

Debido a que el aislamiento social obligatorio sigue extendiéndose y aún no hay fecha para su posible levantamiento, los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa a fin de avanzar con la habilitación de las reuniones familiares en el distrito capitalino.

Es por ello que la propuesta del oficialismo busca que el Gobierno porteño permita los encuentros entre familiares y/o amigos de hasta un máximo de cinco personas en domicilios particulares, con todas las respectivas recomendaciones y medidas sanitarias de distanciamiento social, higiene y ventilación.

En los fundamentos de la medida, recordaron que “en la actualidad, y a más de dos meses desde el inicio del confinamiento, a raíz de las demandas de distintos actores sociales y las realidades del sistema sanitario, la cantidad de actividades, servicios y ciudadanos exceptuados de cumplir con el aislamiento se fue ampliando” y expresaron que “poco a poco se fueron considerando situaciones más urgentes que otras, flexibilizando con conciencia y estableciendo determinados protocolos de seguridad a fin de permitir la circulación de menores de edad, personas con trastornos derivados del espectro autista, entre otros”.

“Todo el conjunto de medidas dispuestas, conllevan a analizar detenidamente que a raíz de la opinión de los expertos y los fundamentos que basan las mismas, se concluye en que la extensión por tiempo prologando del aislamiento social conlleva trastornos de todo tipo, resultando necesario tomar medidas que permitan paliar los efectos negativos de no tener el contacto social habitual con los familiares y amigos cercanos”, explicaron e insistieron en que “es menester tomar todas las precauciones sanitarias y epidemiológicas necesarias, ya que resulta vital no contribuir a la propagación del virus”.

Sobre esa misma líneas, los diputados preciaron que “se deben tomar de forma y fomentar a los ciudadanos actuar con compromiso y responsabilidad a fin de dar cumplimiento a medidas como el uso del cubre boca, nariz y mentón, limitar los encuentros a no más de cinco personas, llevar a cabo los mismos en lugares abiertos en la medida de lo posible, y en caso de ser lugares cerrados que los mismos cuenten con la ventilación adecuada, evitar el compartir mate, infusiones, utensilios y vajilla, respetar la distancia social recomendada, lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol al 70%, limpieza de superficies con los productos eficientes para eliminar el virus, utilización de pañuelos descartables, etc”.

El texto lleva la firma de Guillermo Suárez, Gastón Blanchetiere, Paola Michielotto, Hernán Reyes y Claudio Romero (VJ).

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anuncio la intervención de Vicentin, los diputados de Vamos Juntos presentaron un proyecto de declaración mediante el cual prevén que la Legislatura de la Ciudad exprese su repudio a la sanción por parte del Gobierno nacional del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020, que dispone la intervención de dicha empresa.

Al mismo tiempo que advirtieron que “tal acto de gobierno resulta inconstitucional y atenta contra la independencia de los demás poderes del Estado”.

En los fundamentos de la medida, los oficialistas aseguraron que “el DNU implica el ejercicio de facultades que el presidente de la Nación no tiene, toda vez que la Constitución Nacional en ningún momento le otorga la facultad de intervenir una sociedad comercial (ni siquiera en forma transitoria, como el DNU pretende)” e insistieron en que “resulta claro que la intervención de la empresa Vicentín S.I.A.C. por parte del Poder Ejecutivo constituye el ejercicio de una atribución que no la corresponde y, por ende, inconstitucional”.

Sobre esa misma línea, explicaron que “la promulgación del DNU constituye una avance ilegal sobre los poderes judicial y legislativo, dado que el primero ya se encuentra tratando la situación de la empresa Vicentín en el marco legal correspondiente y en el ejercicio de las atribuciones que le competen y le son propias (la empresa se encuentra en concurso preventivo ante un juzgado de la provincia de Santa Fe), y solo es el poder legislativo el encargado de, previa sanción de la correspondiente ley de declaración de utilidad pública y expropiación, determinar la toma del control de una sociedad privada por parte del Estado”.

“En tercer lugar, el DNU constituye una violación de la propiedad privada al disponer que un poder -que no tiene facultades para hacerlo- determine la intervención de una empresa que, además, ya se encuentra sujeta a un proceso concursal ante el poder correspondiente (el judicial)”, añadieron y concluyeron destacando que “el procedimiento de concurso preventivo prevé en sí mismo todos los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento de la compañía mientras se resuelve la situación con sus acreedores, resultando completamente improcedente la intervención de cualquier actor externo ajena a la causa judicial en el manejo de la compañía mientras dure el proceso mencionado”.

La medida lleva la firma de María Luisa González Estevarena, Claudio Cingolani, Carolina Estebarena, Natalia Fidel, Guillermo Suarez y Gimena Villafruela (VJ).

En el marco de la pandemia del Covid 19, el diputado de Vamos Juntos Facundo Del Gaiso presentó en la Legislatura de la Ciudad una iniciativa de ley, a través del cual buscará establecer un piso nutricional básico al momento de la entrega de alimentos a sectores que lo necesiten, que se respeten las necesidades nutricionales mínimas de una alimentación saludable. 

Asimismo el texto sostiene que los alimentos entregados deberán cumplir con la pirámide nutricional  a fin de promover la alimentación saludable, variada y segura de los beneficiarios, teniendo en cuenta las Pautas de Alimentación Saludable (PAS) y la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables.

Al mismo tiempo que plantea que la cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio; y debe ofrecer al organismo todos los nutrientes, guardando una relación de proporción entre sí.

Sobre esa misma línea, el proyecto plantea que sea un consejo consultivo interdisciplinario, compuesto por nutricionistas y médicos quienes avalen los alimentos que se incluyan en el “bolsón” y se realicen evaluaciones vinculadas con los hábitos alimentarios existentes en los barrios vulnerables para planificar futuras líneas de acción para mejorar la seguridad alimentaria.

Cabe destacar que la importancia de esta normativa radica en que, debido a la delicada situación económica y social originada por la pandemia, el Gobierno de la Ciudad pasó de asistir a 100 mil personas (al 15 de marzo), entre los 471 comedores comunitarios y los centro de primera infancia, a 300 mil personas al día de hoy, además de la asistencia alimentaria que dan los comedores escolares, cuyo menú se rige por la ley de alimentación saludable.

Al respecto de la medida, Del Gaiso explicó que “la alimentación es un derecho humano fundamental.  El Estado tiene que cuidar la salud y nutrición de las familias de sectores vulnerables en momentos como este” y concluyó señalando: “tenemos que asegurarnos que los alimentos que reciben sean nutritivos”. 

En medio de la pandemia de coronavirus y buscando garantizar la atención médica de la población en este contexto, la legisladora de Vamos Juntos y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Ana María Bou Pérez, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscará establecer las normas básicas que contienen los lineamientos, principios y alcances de los servicios de telemedicina como modo de prestación de los servicios de salud en el distrito capitalino.

La telemedicina es una prestación de servicios de salud a distancia, a través de la utilización de Tecnologías de la Información y de la Comunicación emergentes (TICs), destinadas a la información, atención para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del estado de los pacientes, así como también a la investigación, educación, formación continuada y evaluación, realizada por  profesionales de salud, con la finalidad principal de facilitar y dinamizar el acceso a la salud, mejorar su calidad, eficiencia e incrementar su cobertura, impulsando con nuevos instrumentos estratégicos la Atención Primaria.

De esta manera, el texto establece que este servicio podrá “ser ofrecidos y prestados por todos los profesionales o equipos requeridos al paciente requirente en forma directa, o bien por medio de interpósita persona que represente al mismo, siempre que se cuente con la autorización expresa del paciente para ello” y prevé que en los “casos en que el tercero actúe por impedimento o incapacidad permanente o transitoria del paciente, sea por razones de edad o estado de salud o bien actúe como responsable en la situación, sin que a tal fin deba acreditar vínculo parental alguno no será necesario el consentimiento manifiesto o expreso del paciente”.

Para garantizar la seguridad de ambas partes -es decir, del profesional de la salud y del paciente- el proyecto exige que exista una “identificación recíproca”, para ello deberán utilizarse siempre herramientas que permitan acreditar fidedignamente la identidad de todas las partes participantes e intervinientes en la comunicación o conexión que garantice la seguridad de ambas partes.

Además plantea que debe “almacenarse la herramienta de información o comunicación utilizada en cada servicio de telemedicina prestado durante la comunicación o conexión y una vez concluida la misma” y sostiene que el profesional siempre deberá dejar almacenada y guardada toda la información relativa al paciente, así como toda su actuación, atención y servicio prestado, entendiendo incluidos los datos personales y clínicos completos, consentimientos informados y acciones.

En cuanto a la seguridad, el proyecto de ley -que también lleva la firma de Claudio Romero (VJ)- establece que deben tomarse las máximas medidas de precaución técnicas para que la información resida en el repositorio de datos donde está almacenada en forma segura y  protegida de cualquier ataque externo, y asimismo se obtenga de manera rápida y accesible. Siempre debe encontrarse garantizada su integridad, autenticidad y confiabilidad y exactitud.

Sin perjuicio de las obligaciones de los profesionales o equipos de salud establecidas en los incisos anteriores, se establece que en caso de existir dificultades, desperfectos tecnológicos o cualquier cuestión técnica o relativa a la conexión en la comunicación o sistema de información utilizado en la prestación, externo y ajeno al profesional, y que le impida según su exclusivo criterio desarrollar su tarea o mantener una comunicación acorde, este no incurrirá en responsabilidad profesional ni legal de ninguna índole por no dar curso o no proseguir con el proceso virtual.

En los fundamentos de la medida, Bou Pérez y Romero explicaron que “considerando las transformaciones tecnológicas de este siglo, así como la velocidad de imposición de nuevas tecnologías emergentes, se previene ampliar las fronteras de nuestro conocimiento en general y de la medicina en particular, por lo que es importante reconocer a la telemedicina como herramienta indispensable para mejorar la vida de nuestros vecinos”.

“La emergencia sanitaria que hoy día enfrentamos como consecuencia del coronavirus, nos impone un deber y nos presenta el gran desafío de revisar y actualizar nuestro sistema de salud”, sostuvieron y concluyeron señalando que “telemedicina, será una verdadera oportunidad y aportará un cambio positivo en nuestro Sistema de Salud, acercando soluciones más rápidas, inmediatas y efectivas a los problemas de cada vecino”.

Con el objetivo de garantizar que se escuche la voz de los vecinos en la toma de decisiones, los diputados de Vamos Juntos y UCR-Ev presentaron en la Legislatura porteña un proyecto que busca establecer una “Ley Orgánica de Participación Ciudadana”, mediante la cual se busca  sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa en la toma de decisiones que surjan como políticas y acciones de gobierno.

De esta manera, el texto busca “promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad”, “favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva”, “mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía, “facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de procesos de deliberación participativa”, entre otras cuestiones.

La propuesta del oficialismo sostiene que tienen derecho a la participación ciudadana a través de los mecanismos constitucionales preexistentes “todos los ciudadanos residentes en la Ciudad y las personas extranjeras que cuenten con la residencia permanente otorgada por la autoridad competente”, “las entidades privadas sin fines de lucro”, “las entidades representativas de intereses colectivos” y las “agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica”.

Entre otros puntos, el proyecto prevé que se brinden programas de formación para la ciudadanía y para el personal al servicio de la administración pública; y, medidas de fomento en los centros educativos.

En los fundamentos del texto, los legisladores explicaron que “la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, republicana, semidirecta y federal, como lo establece la Constitución de la Nación Argentina” y consideró que “el compromiso de la Administración Pública de la Ciudad es ofrecer canales y métodos de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”.

“La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos participen en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueve y garantiza respetar y crear políticas más participativas y que, por tanto, el pueblo se sienta parte de un todo”, concluyeron.

La medida lleva la firma Lucía Romano, Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Esteban Garrido, Hernán Reyes, Guillermo Suarez (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).

Debido a que la pandemia del coronavirus modificó la forma de trabajo parlamentario, los legisladores de Vamos Juntos Guillermo Suarez y Victoria Roldán Méndez presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley a través del cual buscarán que la Casa pueda realizar audiencias públicas de manera virtual.

De esta manera, la propuesta establece que “las audiencias públicas convocadas por la Legislatura de la Ciudad podrán celebrarse de manera virtual, a través de sistemas telemáticos que permitan verificar la identidad de los participantes, cuando circunstancias de fuerza mayor impidan la realización de manera presencial, y así lo disponga la autoridad convocante”.

“En el caso de efectuarse de manera virtual se deberá consignar la plataforma o medio electrónico a utilizar para llevar a cabo la misma, como así también todos los datos que permitan el correspondiente acceso y participación”, añade el texto.

En cuanto a las exposiciones de los participantes de dichas audiencias, los legisladores propusieron que las intervenciones orales tengan una duración máxima de cinco minutos y les da la posibilidad de “optar por presentar ante el organismo de implementación las manifestaciones que consideren oportunas, en un plazo no menor al último día habilitado para la inscripción a la Audiencia Pública. Dicha presentación no excederá las 900 palabras, y deberá  adjuntarse en formato papel debidamente suscripta por el participante o por medios digitales habilitados al efecto, de acuerdo a lo que establezca la autoridad convocante”.

En ese sentido, Roldán Méndez y Suarez explicaron -en los fundamentos de la iniciativa- que “muchas veces resulta que ante la gran cantidad de exposiciones y argumentos vertidos por los participantes, los plazos para analizar las mismas por las autoridades y los tiempos previstos para la toma de decisiones no resultan acordes, situación que puede encontrar solución en la propuesta aquí volcada, facilitando la posibilidad a los interesados de volcar sus expresiones de forma escrita, sea por medios convencionales o digitales”.

Asimismo concluyeron señalando que “los legisladores tendrían la posibilidad de acceder al contenido de las exposiciones de forma anticipada a celebrarse la exposición oral, o permitir de este modo a quienes no pueden participar del evento presencial acercar sus fundamentos”.

Debido a la nueva normalidad que la pandemia va a instalar en la sociedad, la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ) impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Ciudad cree el programa de “Actividades Culturales Abiertas”, a través del cual se buscará fomentar y difundir las actividades culturales, en sus diversas expresiones, en espacios abiertos y al aire libre.

Entre las actividades a tener en cuenta, el texto busca fomentar aquellas que les permitan a los vecinos contemplar arte, monumentos, murales, vitrales, edificios históricos, exposiciones de artistas y/o organizaciones sociales, entre otras. Asimismo, prevé que se conformen foros online o espacios de interacción entre los distintos visitantes a las actividades culturales abiertas a fin de que éstos puedan compartir sus experiencias al participar de las mismas.

En los fundamentos de la medida, González Estevarena indicó que “la crisis sanitaria por el Covid 19 ha generado cambios en la sociedad y nuestro estilo de vida, muchos de estos cambios han llegado para quedarse” y remarcó que “en lo que respecta al sector cultural debemos partir de una concepción renovada, donde reivindiquemos su esencia de servicio y bien público; esto implica que, el sector y las actividades culturales en todas sus expresiones deberán transformarse como consecuencia de la crisis sanitaria, adoptando nuevas medidas de seguridad e higiene y promoviendo la realización de actividades en espacios abiertos”.

“El sector creativo se ha visto seriamente afectado por el cierre temporal de sitios de patrimonio y de espacios culturales, la interrupción de la producción y la cancelación o el aplazamiento de actividades y eventos”, precisó y advirtió que “esta situación afecta considerablemente a los artistas, trabajadores independientes y a las industrias culturales y creativas compuestas, en su gran mayoría, por micro, pequeñas y medianas empresa”.

Es por ello que concluyó señalando que es necesaria “la creación de un programa que, en este contexto de crisis sanitaria, fomente y visualice las diversas expresiones culturales que hay en la Ciudad, y que las acompañe, no sólo en esta coyuntura, sino también en los tiempos futuros donde la crisis dejará secuelas y los ciudadanos tendrán más reparos para asistir a actividades culturales en espacios cerrados”.

Con la intención de reconocer su labor a favor de los Derechos Humanos, el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, junto a otros diputados de esa misma bancada impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración, a través del cual buscan expresar su profundo pesar por el fallecimiento Clelia “Chela” Deharbe de Fontana, una Abuela de Plaza de Mayo.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “Clelia nació en la Provincia de Entre Ríos el 28 de octubre de 1931. Allí conoció a quién luego sería su esposo, Rubén Fontana; juntos se trasladaron a la Provincia de Buenos Aires, y residieron en la localidad de Caseros” y precisaron que “Chela y su familia se acercaron a las Abuelas de Plaza de Mayo muy tempranamente cuando ocurrió el secuestro de su hija Liliana, embarazada de dos meses y medio, y su yerno Pedro Sandoval, el día 1 de julio de 1977. Ambos fueron asesinados por la última dictadura militar”.

Asimismo señalaron que “desde este día Chela y Rubén, quien falleció en el 2016, junto con sus otros dos hijos Edgardo y Silvia se dedicaron a la incansable búsqueda de su nieto” y rememoraron que “Chela finalmente pudo encontrarse su nieto, el hijo de Liliana y Pedro, en el año 2006. Aunque al principio fue difícil él llegó a la decisión de ponerse el nombre que sus padres habían elegido para él en el cautiverio: Pedro Sandoval Fontana”.

“Este hecho no significo el cese de su lucha por la verdad y la justicia, por el contrario con sus 88 años, se desempeñaba como segunda vocal en las reuniones de Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. También era la encargada de las actividades que se realizaban en la zona oeste del conurbano bonaerense”, aseguraron y concluyeron destacando que “Chela falleció el 16 de mayo del presente año luego de haber sufrido un ACV. Su lucha incansable, junto con la de cada abuela, es parte fundamental de la Memoria, la Verdad y Justicia que ansía nuestro país”.

La medida también llevaba la firma de Héctor Apreda, Gastón Blanchetiere, Ana María Bou Pérez, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Matías López, Claudio Romero y Gonzalo Straface (VJ).

A pocas horas que la Legislatura porteña lleve a cabo una nueva sesión ordinaria, Vamos Juntos logró llegar a un acuerdo con la UCR-evolución y consiguió los votos necesarios para poder aprobar el proyecto de ley del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para declarar en la Ciudad la emergencia económica y financiera.

Una de las grandes incógnitas es si el Partido Socialista -otro de sus aliados desde las últimas elecciones- y Consenso Federal acompañarán la iniciativa. En tanto el Frente de Todos, Partido Obrero, PTS, Frente de Izquierda y AyL rechazaran la propuesta del Ejecutivo; mientras que el GEN aún esta evaluando sus posibilidades dado que solicitó varias modificaciones al texto, pero en caso de que no le concedieran las mismas, acompañaría la ley en general y votaría negativamente algunos artículos.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con los pagos escalonados para los trabajadores estatales y si bien desde el Gobierno porteño informaron que no le pagará a sus empleados en cuotas, varios bloques de la oposición advirtieron que eso no se ve reflejado en el proyecto.

Luego de que el Gobierno porteño anunciara que a partir del miércoles sería obligatorio el uso de tapabocas y que se multaría a quienes no cumplan con la medida, los legisladores de Vamos Juntos compartieron en sus redes sociales un instructivo para poder realizar un tapaboca de forma casera y así disminuir el riesgo de contagio del Covid 19.

En ese sentido, el oficialista Esteban Garrido (VJ) afirmó que “desde el miércoles 15 va a ser obligatorio el uso de tapaboca en el transporte público y locales de atención al público”, mientras que Claudio Romero (VJ) precisó que “cualquier elemento fabricado en casa con pañuelos y telas de algodón que cubra boca y nariz funciona como tapaboca”.

De acuerdo al breve instructivo que los oficialistas difundieron, para realizar el tapaboca es necesario contar con un rectángulo de unos 25 centímetros de ancho y 45 centímetros de alto, el cual se irá plegando en varias capas y se le colocará una servilleta en la parte interior para potenciar el filtrado y contener las gotas de saliva que pudiesen salir.

Además de Garrido y Romero, se sumaron a la difusión del video los diputados Gonzalo Straface, Gastón Blanchetiere, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes, Cristina García (VJ), entre otros.

Desde el miércoles 15 va a ser obligatorio el uso de tapaboca en el transporte público y locales de atención al público.
Les comparto un vídeo para que puedan realizarlo en casa. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/BLYyO2OXKn

— Esteban Garrido (@EstebanGarrido) April 13, 2020