La UCR pidió que Frederic y Losardo se presenten ante Diputados por la destrucción de silobolsas

Mario Negri, Ricardo Buryaile y Jorge Vara quieren que las funcionarias expliquen las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos contra el campo.

Diputados de la UCR encabezados por el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentaron este jueves un proyecto de resolución para convocar a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara baja por la destrucción de silobolsas en varias localidades del país.

Los legisladores quieren que las funcionarias den cuenta de las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos que están sufriendo los productores agropecuarios y conocer también si existe algún plan para evitar la propagación de dichos actos de violencia contra la propiedad privada rural, especialmente contra silobolsas.

Junto a Negri firmaron el proyecto de resolución Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria; Atilio Benedetti, extitular de la Comisión de Agricultura; y Jorge Vara, exministro de Producción de Corrientes.

Los diputados radicales reclaman la concurrencia de Frederic y Losardo para evaluar detalladamente esta situación, que se está propagando a lo largo y ancho del país.

“En función de las explicaciones e informaciones brindadas por las ministras se podrá evaluar con mayor precisión la necesidad de realizar ajustes normativos, determinar si la actual legislación constituye una causa efectiva de los llamativos y recientes ataques a los productores agropecuarios, y considerar y evaluar las futuras estrategias para desalentar este tipo de delitos”, explican en los fundamentos.

De esa forma, los diputados se diferenciaron del titular de la Cámara, Sergio Massa, que en las últimas horas presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de “vandalismo rural”.  

Negri, Buryaile, Benedetti y Vara sostuvieron que el Código Penal ya cuenta con sanciones “para quienes cometan el delito de daño y además prevé el agravamiento de la pena cuando ello suceda en circunstancias como despoblado y en banda (artículos 183 y 184)”.  

“Todo sistema legal es mejorable y perfectible, pero no parece que sea una laguna del Derecho la que hace atractiva esta modalidad delictiva. Existiendo sanciones fijadas por la ley para quienes cometan esos actos, las autoridades y los funcionarios públicos pueden y deben tomar cartas en el asunto, sin perjuicio del trámite que puedan tener los distintos proyectos en tratamiento en el Congreso”, agregaron.

Massa propone penas de hasta cinco años para el vandalismo rural

El titular de la Cámara presentó un proyecto para que se tipifique como “delito contra la propiedad”, tras los ataques de los últimos días.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que los actos de vandalismo rural, como los ocurridos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sean considerados “delitos contra la propiedad” y quienes provoquen destrucciones cumplan una pena de hasta cinco años de prisión.

Si bien no es costumbre de un titular de la Cámara presentar proyectos, Massa impulsó la iniciativa acompañado por un diputado de su confianza, Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos).

“Destruir una silobolsa es destruir el trabajo argentino y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, informó Massa.

Por su parte, Gutiérrez explicó que “en el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados ‘delitos contra la seguridad pública’, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.

La iniciativa busca tipificar como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de dos a cinco años de prisión, y también propone una condena de 12 años para quien “libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida”.

En este último caso, si el hecho provoca la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de veinticinco 25 años de prisión, y si esos efectos se producen por imprudencia o negligencia, ese máximo será de quince 15 años.