La presidenta del Senado convocaría para el próximo jueves 15 de agosto a una sesión especial, en la que accedería a tratar nada menos que la movilidad jubilatoria. Ese fue el eje central de controversias durante la última sesión realizada el pasado 4 de julio, oportunidad en la cual en el inicio hubo un intento motorizado por los senadores de Unión por la Patria para debatir sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados.

Como se recordará, ese día los radicales encabezados por el correntino Eduardo Vischi coincidieron en la necesidad de que el tema previsional se tratara lo antes posible, pero le concedieron al oficialismo una suerte de tregua al evitar sumarse a la intentona de UP de avanzar con el tratamiento esa misma tarde, presentando una moción para pedir que el proyecto se tratara en la próxima sesión, con o sin dictamen.

Tras una extensa discusión lo que terminó resolviéndose fue que movilidad jubilatoria se tratara en la próxima sesión, pero cuando tuviera dictamen.

El dictamen ya está, por lo que para cumplir con los acuerdos, si se convoca a sesionar este jueves, movilidad jubilatoria deberá estar sí o sí en el temario.

El dictamen se consiguió el último jueves 7 de agosto, siendo el de mayoría el de Unión por la Patria, que ratifica la media sanción de Diputados. Ese dictamen contó con las firmas de los miembros de UP, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (en disidencia parcial), y el santacruceño José María Carambia.

Recordemos que la media sanción de Diputados fue aprobada por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones, y establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

El dictamen de minoría es el del oficialismo, y propone modificaciones a lo aprobado en Diputados, tales como la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Más allá de la actitud adoptada por los dos radicales en la comisión, no implica que eso vaya a ser lo que resuelvan en el recinto. Según indicaron fuentes consultadas del partido centenario a parlamentario.com, están trabajando “para intentar posiciones” en el tema previsional. “Lo más importante es que colaboremos para que los jubilados puedan cobrar algo mejor”, precisó la fuente consultada, que aclaró que la posición definitiva del bloque se resolverá esta semana.

Cabe recordar que en Diputados se alcanzó un consenso entre los bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, y la oposición más dura, alcanzándose con dos tercos de los votos. Esa mayoría especial podría no repetirse en la Cámara alta, pero si así fuera, tampoco implica nada más que el hecho simbólico de contar con un respaldo mayoritario.

Una vez aprobada la ley, el presidente puede decidir el veto, conforme establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, y ahí retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo y necesitan los 2/3 para confirmar la sanción originaria, en cuyo caso el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal.

El presidente Javier Milei ha dicho que piensa vetar la nueva fórmula jubilatoria si el Congreso la transforma en ley. Pero también puede resultar que el veto sea parcial, en cuyo caso podría el presidente promulgar parcialmente la parte no vetada siempre y cuando el veto no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Las modificaciones estarían en el sentido del contenido del dictamen de minoría, sosteniendo la actualización por inflación -que ya está en el DNU- y aceptaría la recomposición del 8,1%. El Gobierno no quiere en cambio que en marzo de cada año se aplique un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE), ni tampoco el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Otros temas

Las autoridades del Senado estarían analizando qué otras iniciativas podrían incorporarse al temario. Es casi seguro que se avanzará con una declaración sobre Venezuela, conforme el dictamen alcanzado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, donde se expresa “su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral, deportándolos”.

“Además, se le impidió el voto de manera arbitraria a millones de venezolanos en el extranjero”, agrega el proyecto de declaración, en el que se expresa un reconocimiento de las actas presentadas por parte del candidato Edmundo González Urrutia.

También expresan los senadores “su solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso de permanecer atento a la situación en Venezuela; bregando que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos que están siendo violentados por el régimen de Nicolás Maduro y que se proteja la seguridad de las instalaciones diplomáticas y los derechos de los asilados políticos y de las personas que soliciten, de conformidad al derecho público internacional y en particular a tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

El dictamen se basó en proyectos presentados por las senadoras Andrea Cristina, Beatriz Avila, Ivanna Arrascaeta y los senadores Enrique Martín Göerling y Maximiliano Abad.

Otro tema que está listo para ser incorporado al temario es el proyecto que aumenta las penas de tráfico de menores. En la sesión del 4 de julio se aprobó ese tema en general, por unanimidad (63 votos), pero volvió a comisión por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. El pasado 1 de agosto se firmó dictamen para que el proyecto vuelva a comisión, luego de que se modificaran los artículos 139, 139 bis y 139 ter. La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales. Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”. Deseosos de que el dictamen saliera finalmente y pudiera volver cuanto antes al recinto, la autora del proyecto, Carolina Losada, y el oficialista Pagotto accedieron a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad”, y también así “a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

Ese tema, en definitiva, podría ser sumado a la sesión que se trabaja para que sea entonces el próximo jueves.