La iniciativa legislativa, presentada por el senador y presidente del bloque de Hechos Marcelo "Chubi" Leguizamón, apunta a centralizar y simplificar las quejas de los usuarios de peajes electrónicos, forzando a las empresas locales a responder incluso por fallas ocurridas en otras jurisdicciones.

El articulado fija que la norma alcanzará de forma obligatoria a firmas estatales y privadas que operen corredores viales en territorio provincial, mencionando explícitamente a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y las concesionarias del Sistema Vial Integrado del Atlántico.

Según el texto, estas empresas deberán recibir de manera solidaria reclamos por cobros indebidos, dobles lecturas de dispositivos o errores de facturación, actuando como intermediarias obligatorias ante fallas registradas en autopistas de órbita nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por otra parte, el iniciativa parlamentaria introduce un plazo máximo de 72 horas hábiles para que las concesionarias concreten la devolución automática de los importes cobrados en exceso una vez verificado el error informático.

La acreditación del dinero deberá efectuarse directamente en la cuenta bancaria, tarjeta de crédito o billetera virtual asociada al dispositivo de telepase del usuario damnificado.

Asimismo, la propuesta prevé la creación del Centro de Datos de Concesiones Viales y Telepeaje bajo la órbita del Ministerio de Transporte provincial.

Este organismo tendrá la función de recopilar y publicar estadísticas actualizadas sobre el desempeño operativo de las prestatarias, los índices de fallas técnicas por estación de peaje y los tiempos de resolución de los trámites.

Aquellas firmas que incumplan las obligaciones de la norma o se nieguen a suministrar información estadística serán pasibles de sanciones bajo la ley provincial N° 13.133 de Defensa del Consumidor.

En el marco de una reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que encabeza la socialista Mónica Fein, se analizaron una serie de proyectos que promueven el fortalecimiento del sector PyMEs.

Durante el encuentro, Fein manifestó que “hay un planteo de emergencia y un proyecto de Ley Pymes que necesitamos consensuar”, al tiempo que señaló: “Hay un proceso de modernización que debemos encarar para poder alivianar los costos que tienen las empresas y así poder generar incentivos para que sigan trabajando”.

Se analizó un proyecto, impulsado por la diputada Fein, que propone la creación de la Ventanilla Única para PyMEs (VUPyME) dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, con el fin de centralizar en un único punto de entrada los trámites, y una Cuenta Única Fiscal.

Desde Unión por la Patria, el salteño Emiliano Estrada se refirió a la norma que establece la creación del Régimen de incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas empresas, y busca “promover el desarrollo industrial del país, a través de las MiPyMEs”, entre otras cuestiones. “Nuestro bloque tiene consenso respecto a la declaración de emergencia y a las herramientas que tienen que ver con cuestiones tarifarias y tributarias. Creemos que el escenario necesita de regímenes de promoción y de fomento”, aseveró.

Desde el bloque de la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade afirmó que “respaldarán todos los proyectos que propongan mejoras para las Pymes”, al considerar que “son el motor productivo de este país”.

En tanto, la radical Melina Giorgi sostuvo que “queremos fortalecer y proteger a este sector tan importante, que son las Pymes”, pero -pidió- “busquemos un proyecto razonable para acompañar el equilibrio fiscal que plantea el Poder Ejecutivo”.

En la misma línea que su par, el diputado del Pro José Núñez instó a lograr un “consenso fiscal” y pidió “convocar a los ministros de Producción de cada provincia", con el fin de “no perder el equilibrio fiscal”.

Por otra parte, también se analizaron distintos proyectos por los cuales se declaran, entre otros puntos destacados, “la emergencia económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Al inicio de la reunión, se acordó una declaración para que el Poder Ejecutivo disponga reformar la Resolución N° 0220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa para permitir que las cooperativas de primer grado puedan obtener el certificado MiPymes y los beneficios asociados.

Además, desde la presidencia de la Comisión se informaron algunas modificaciones de integrantes y en ese sentido, los diputados del Pro Martín Ardohain y Alejandro Bongiovanni ocuparán el lugar de las diputadas Marilú Quiroz y Verónica Razzini.